Constituirán las de Familias, Defensa Nacional, Economías, Desarrollo Regional y Seguridad Interior, y la de Mujeres.
Continúa el proceso de activación de comisiones en la Cámara baja. En el verano se habían conformado solo cuatro, tres de ellas para debatir la ley de Bases, la semana pasada se conformó la de Previsión y esta semana se avanzó con la constitución de una decena más.
Este miércoles fue el turno de cinco, ahora serán otras cinco comisiones más, a saber:
A las 10 de este jueves, en el Anexo C, 2do piso, se constituirá la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes, que hasta el 10 de diciembre pasado presidía la radical Roxana Reyes.
A las 12 será el turno de la Comisión de Defensa Nacional, que se constituirá en la Sala 4 (327). Esta es otra de las comisiones que conducía la oposición durante la gestión anterior, en este caso en manos del exdiputado Alberto Asseff. Ahora se espera que sea designado al frente de la misma el diputado de Hacemos Coalición Federal Ricardo López Murphy, quien precisamente fue ministro de ese área durante el Gobierno de la Alianza.
A las 15 se reúne Economías y Desarrollo Regional, que según pudo saber parlamentario.com seguirá estando en manos de Unión por la Patria. Es de imaginar entonces que el formoseño Ramiro Fernández Patri siga al frente de la misma. La cita es en el 2° piso del Anexo C.
Una hora más tarde, a las 16, en el mismo ámbito se reunirá la Comisión de Seguridad Interior, que tal cual pudo saber parlamentario.com, presidirá el diputado del Pro Diego Santilli, quien fuera ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Hasta el 10 de diciembre era presidida por Ramiro Gutiérrez (UP).
La última reunión de las comisiones convocadas para este jueves es Mujeres y Diversidad. Será a las 18, también en el 2° del Anexo C, y la presidencia de la misma será para Unión por la Patria. Con lo cual, se descuenta que Mónica Macha seguirá conduciéndola.
Así las cosas, el jueves a última hora estarán conformadas 15 de las 46 comisiones permanentes de la Cámara de Diputados.
La confirmación se dio a través de un comunicado de la Oficina de Prensa del presidente electo. El radical había sido compañero de fórmula de Patricia Bullrich.
El mendocino Luis Petri fue confirmado este lunes como el próximo ministro de Defensa del gobierno de Javier Milei, según se informó mediante un comunicado de la Oficina de Prensa del presidente electo.
“De esta manera, la fórmula completa de Juntos por el Cambio ha quedado integrada al gobierno de La Libertad Avanza”, agrega el texto, en referencia también a Patricia Bullrich, quien ya fue designada para asumir -una vez más- como ministra de Seguridad.
En el comunicado, se agregó que Milei estuvo reunido este lunes con Petri y Bullrich, además de Nicolás Posse, Luis Caputo, Guillermo Ferraro, Diana Mondino y su hermana Karina Milei.
“Durante el encuentro se discutieron los principales desafíos que deberá enfrentar cada ministerio, así como las reformas que deberán llevar adelante y las primeras decisiones a tomar una vez iniciada la gestión”, se completó.
Petri fue el candidato a vicepresidente de Bullrich. La fórmula cosechó un 24% de los votos en octubre, quedando fuera del balotaje. Sin embargo, 72 horas después de las elecciones generales, ambos manifestaron su apoyo a Milei en una conferencia de prensa, a título personal.
Pese a que los gobernadores de Juntos por el Cambio rechazaron la idea de un co-gobierno, no solamente el Pro tendrá representantes en el nuevo gobierno, sino también la UCR, pues es el partido del que proviene Petri.
El mendocino fue diputado nacional entre los años 2013 y 2021. Presidió la Comisión de Seguridad Interior durante la gestión Cambiemos y fue vicepresidente segundo del cuerpo entre 2017 y 2019. Por otra parte, este año disputó contra Alfredo Cornejo en la interna de Cambia Mendoza por la gobernación.
Con la elección de Bullrich y Petri en Seguridad y Defensa, respectivamente, la vicepresidenta electa Victoria Villarruel se quedó fuera del reparto de esos cargos, que en campaña Milei había anticipado le encomendaría a ella.
El titular de la comisión homónima en la Cámara de Diputados solicitó además que los legisladores puedan visitar distintas unidades y comandos para interiorizarse de la situación de las FF.AA.
El presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, Alberto Asseff (Pro-JxC), presentó un pedido de informes sobre las razones por las que “Defensa es prácticamente la única área del Estado que sufre una disminución real del presupuesto para 2023, calculada en un 43%”, advirtió.
Además, el legislador solicitó que los miembros de la comisión que preside puedan visitar unidades, bases y comandos para interiorizarse sin intermediarios de la situación de las Fuerzas Armadas, poniendo como ejemplo el Comando Conjunto Marítimo “tan importante para proteger ‘la pradera que es el Mar Argentino’”.
En su pedido de informes, el opositor consultó si “el Poder Ejecutivo se hará eco del requerimiento de la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien en su discurso en el Estadio Único de La Plata pidió que la Gendarmería abandone las fronteras para concentrarse en el Conurbano, desnaturalizando así la vital función de ese cuerpo, que fue pensado para custodiar nuestros límites y no para sustituir a la policía”.
“Estamos muy preocupados porque se persiste, a pesar de la retórica, en que la Argentina sea el único gran país del planeta sin capacidades de defensa. Concebimos la defensa como la disuasión de agresiones. Es evidente que con nuestra incapacidad defensiva no se cumple con esa disuasión”, sostuvo Asseff.
Y agregó que “la sólida defensa tiene efectos positivos en todos los planos incluyendo la economía. La potencia tienes múltiples efectos al igual su antítesis. La marcha atrás en la compra de aviones supersónicos para la Fuerza Aérea es una muy mala noticia. Se echan por tierra años de discursos y de promesas en sentido contrario”.
Además, la vicepresidenta sostuvo que “quedaron expuestas las arbitrariedades que se cometieron en este juicio”, y apuntó: “El único ámbito donde se desconocen las leyes es en el Poder Judicial”.
La vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, expuso este viernes ante el Tribunal Oral su propia defensa en la última jornada de su alegato en el juicio por la causa “Vialidad” en la que está acusada por asociación ilícita en la que afirmó: “Se desmontaron las mentiras de los fiscales Luciani y Mola”, y sostuvo que “quedaron expuestas las arbitrariedades que se cometieron en este juicio”. Además, apuntó contra el Poder Judicial porque “es el único ámbito donde se desconocen las leyes”.
Tras la exposición de su abogado Carlos Beraldi y un cuarto intermedio de diez minutos, la vicepresidenta hizo uso de la palabra desde su despacho en el Senado de la Nación pasadas las 11.30
Comenzó su exposición aclarando que hacía estaba “ejerciendo el derecho que me concede el artículo 10 del Código Penal en cuanto que como soy acusada, pero al mismo tiempo soy abogada puedo hacer uso en esta etapa del alegato por mi carácter de profesional”, porque “me fue negado el derecho de hacer mi defensa oportunamente cuando hubo una improcedente y arbitraria ampliación de los alegatos del fiscal sobre pruebas que no habían sido ameritadas y con acusaciones que no habían existido”.
“Por lo tanto cabe aclarar que esta declaración que voy a hacer no es una graciosa concesión del Tribunal, sino que me asiste el 104 del procedimiento por lo cual, si no hubiese sido la suerte de ser abogada, hubiera estado en un estado de indefensión frente al alegato del fiscal”, remarcó.
En primer lugar, felicitó a su abogado Carlos Beraldi y Ari Llernovoy por “el ejercicio profesional de la defensa que desplegaron de una manera tan profesional y fundamentalmente tan clara, en cuanto a escuchar el alegato del fiscal a pasar a los hechos y a la valoración de la prueba y por último a aplicar el derecho”.
“Se desmontaron las increíbles mentiras que desarrollaron del fiscal Luciani y Mola y quedaron expuestas las arbitrariedades que se cometieron en este juicio”, afirmó Cristina Kirchner y contó que siguió las exposiciones de sus abogados “en vivo y en directo y sentí que era como estar en una serie, donde finalmente se encuentra la verdad que es el deber de los juicios, los jueces y los fiscales porque de eso se trata un juicio”.
A continuación, tomó un puñado de hojas y explicó: “Tengo acá en mis manos el desarrollo que hicieron mis abogados con las pruebas, con las intervenciones, con las intervenciones de los testigos, con la exhibición de las pruebas documentales y periciales, y la verdad que no se puede creer cómo se ha llevado adelante este juicio y por qué”.
Y solicitó que “se extraiga testimonio de todas las mentiras de las fiscales contrastadas con las pruebas periciales, testimoniales y documental de este juicio”, y agregó: “Las pruebas tienen que estar en el expediente y confrontado esto con el derecho”.
En ese sentido ejemplificó que “había una documental donde la abogada del distrito de vialidad número 33 decía que a las empresas perteneciente al grupo Báez no se les debía nada. Durante el transcurso del juicio fue citada la doctora Laura Hindie. Ella dijo que no había corroborado nada porque dijo que se había asustado tanto que firmó sin corroborar nada. Esa prueba debería estar destruida”, y apuntó: “Sin embargo el fiscal, como si ese testimonio no hubiese ocurrido, vuelve a incluirlo en su alegato final de acusación”.
Como segundo ejemplo se refirió a la supuesta reunión con Lázaro Báez en Río Gallegos y expresó: “No sé qué le pasa a Comodoro Py con mis reuniones, tuve que soportar 25 tapas de diarios, mis secretarios ir a declarar a Comodoro Py porque decían que yo había mantenido una reunión con el juez Sebastián Casanello. Luego de años se comprobó que los testigos eran falsos y se demostró que era mentira”.
Y recordó la polémica foto del diario Página 12 sobre los partidos de fútbol de los fiscales en la quinta del expresidente Macri: “Que a la luz de otras reuniones que se conocieron con otro presidente de la Nación y con camaristas, con jueces en este mismo Tribunal. Fiscales y jueces juegan en la quinta del presidente Mauricio Macri y a nadie parece extrañarle. Pero parece que era muy delictivo se entrevistara con el doctor Casanello en Olivos. No fue, la entrevista no existió”.
A su vez, contó que conoció al juez Casanello “cuando la Cámara Federal de Instrucción lo obligó a que me indague en la causa de la Ruta del Dinero K sin prueba alguna contra mí y lo obligaron”. Volviendo a la reunión que “de existir no hubiera constituido ningún delito, pero el fiscal la puso como presupuesto fáctico absolutamente probatorio de un plan ‘limpien todo y no se otras cosas’. Toda mentira ese día estaba en un acto en Río Negro”.
En el tercer ejemplo sostuvo: “Escuchamos al fiscal Luciani en una de sus alocuciones artísticas”, y explayó: “Luciani se refirió a una prueba de otra causa: el celular del exsecretario de Obras Publicas José López. El fiscal Luciani en un ejercicio histriónico dijo que estuvo durante meses mirando las 9.000 fojas del teléfono, que controlaron 26.000 llamadas y mencionaron cuatro que mostraban la familiaridad con Báez, se le pasaron por alto más de 400 llamadas con Caputo el hermano de vida del señor Macri, donde denotaba una familiaridad que ninguno de los que estamos en este juicio tenemos entre nosotros”.
Y acusó: “Se le pasó, o la del empresario Carlos Gutiérrez ambos visitantes asiduos en Los Abrojos, la misma quinta en la cual un señor juez integrante de este Tribunal y Fiscal juegan al fútbol”.
Con estos ejemplos, la vicepresidenta señaló que “demuestran las mentiras en las que incurrió la fiscalía y creo yo que estamos ante un claro caso de prevaricato, porque no sólo los jueces tienen la obligación de buscar la verdad, sino todos los funcionarios judiciales”. Por ese motivo indicó que pedirá que se investiguen estos hechos señalados por la fiscalía “donde queda demostrado que los fiscales mintieron, calumniaron y difamaron en el alegato final de acusación”.
La titular del Senado realizó una explicación sobre el funcionamiento del ordenamiento jurídico. En ese sentido remarcó: “Todos hemos pasado en la facultad por una materia Introducción al Derecho y tenemos allí los insumos para interpretar el ordenamiento jurídico de un país”.
Además, dijo que ese orden jurídico “tiene que ser congruentes, no puede tener contradicciones en su interior, que no tiene lagunas”, porque “son los insumos básicos para entender las jerarquías de las normas. En la pirámide del derecho Positivo de Kelsen, en la cúspide no hay nada más importante que la Constitución Nacional y los tratados internacionales del Derecho Humano, nada puede entrar en contradicción con esto -tomando entre sus manos la norma superior-. Después vienen los códigos que son las normativas que son el Código Penal y al Código Procesal Penal”.
Continuó con su exposición: “¿A dónde vamos? En la base están los decretos, las sentencias, los reglamentos de los distintos órganos del Estado que cimientan la base. Eso no puede ir en contra de los códigos ni de la Constitución porque derrama legalidad y legitimidad a todo el sistema. Eso le da legalidad a todo el sistema, una cosa no puede ser lícita en un lado e ilícita en el otro”.
“El único ámbito donde se desconocen las leyes es en el Poder Judicial”.
En otro tramo de su alegato, la vicepresidenta planteó que “todo debe ser hecho de forma coherente en todo el ordenamiento”, e indicó que “el principio de inexcusabilidad del artículo 8 establece que nadie puede ser excusado de cumplir la ley por alegar no conocerla”, y cuestionó irónica: “El único ámbito donde no se alega explícitamente, pero se alega tácitamente y se desconocen las leyes es en el Poder Judicial”.
En esa línea, agregó: “Este principio de inexcusabilidad que se le aplica a rajatabla a todos los ciudadanos, esto tiene una excepción precisamente donde no debiera tenerla y refleja el nivel de crisis sistémica en el que nos encontramos”.
Kirchner manifestó que buscaba entender “cómo encaja este juicio en el sistema jurídico”. Entonces retomó: “Vamos a la acusación que dice que los tres gobiernos constitucionales, a partir del 25 de mayo de 2003 el que encabezó mi compañero y los dos que encabecé yo. Los fiscales dijeron que se trataron de tres asociaciones ilícitas”, ante lo que subrayó: “Nunca hubo ninguna fuerza política que tuviera tres períodos consecutivos de gobierno. Solamente nosotros fuimos reelegidos en dos oportunidades más la misma fuerza política”, y criticó que “frente a eso la fiscalía dice que la asociación ilícita se pergeñó para hacer 51 contratos viales en la provincia de Santa Cruz”.
“O sea, Néstor Kirchner que fue intendente en 1987, gobernador electo en el 91, reelecto en el 95 y re reelecto en el 99 ¿hizo todo eso pensando que llegaría a la presidencia de la Nación para hacer 51 obras viales a través de la provincia que gobernó?”, se preguntó la abogada.
Para la vicepresidenta esta acusación “es ilógica, es absurda, raya en el ridículo. Militamos toda una vida para 51 obras viales”, además siguió “porque no hizo las obras viales cuando fue gobernador”.
“La acusación de los fiscales viola la Constitución Nacional”.
La titular de la Cámara alta señaló que “la realidad no resiste esta acusación a tal punto que llegó a juicio oral”, y preguntó: “¿Cómo se da esto con la Constitución? la acusación de los fiscales viola el artículo 1 de la Constitución Nacional donde habla de la forma adoptada por el país: representativa, republicana y federal, el orden no se cambia”, y remarcó que “la gente elige los gobiernos”.
Se defendió y dijo que “los tres gobiernos, el que encabezó Néstor los que me tocó encabezar a mí, fuimos elegidos por el pueblo jamás podríamos ser una asociación ilícita”.
Al hacer referencia al Estado republicano, Kirchner acusó al Ministerio Público Fiscal de “arrogarse una supremacía sobre los otros dos poderes”, y acusó al Tribunal de no respetar la división de poderes, al tiempo que enumeró: “Esto es, ustedes Giménez Uriburu, Basso, Gorini, fiscales Luciani, Mola, ustedes son más que la representación que tenemos todos nosotros, son mucho más porque pueden juzgar todos los actos”. “El fiscal arrasa con los principios y dice que puede evaluar y juzgar aquellos actos de reserva del Poder Ejecutivo, esto obviamente no es así, pero se hizo en este juicio”, denunció.
En este contexto, explicó que para las decisiones políticas que incurrieran en delitos “tienen un juicio político porque se trata de actos políticos que está contemplado en el artículo 53 de la Constitución Nacional”, y sino “está el otro juicio, el del pueblo cuando no te vota”.
Respecto a la violación del aspecto federal por parte del Tribunal, recordó que Vialidad Nacional “es un ente autárquico que puede construir con las Direcciones provinciales construir, mantener y obras viales”. “Es algo que se viene haciendo desde el año 58, pero para la fiscalía lo presentó como un instrumento de un delito”, lanzó y sumó: “Fue juzgado en Santa Cruz, pero acá estamos de nuevo, y acá se viola de nuevo el sistema porque las provincias no delegaron sus potestades”.
“Esta asociación ilícita no tiene ni pies ni cabeza, pero es profundamente inconstitucional, anti republicana y anti federal”, replicó la vicepresidenta y señaló que “si vamos a aplicar el Derecho penal, apliquemos todo”.
Cristina continuó con su exposición y realizó una comparación: “Por la aplicación de la teoría, todos los actos entonces de la asociación ilícita son ilegales. Entonces todo lo hecho en doce años sería ilegal, el fiscal Luciani no debería estar entonces porque su Decreto lo firmé yo”, lanzó y recordó en este punto que la designación del fiscal Diego Luciani se produjo durante su gestión: “Entonces sería ilegal, no es fiscal bajo ese criterio de la asociación ilícita”.
“Hay que actuar dentro de las competencias que cada uno tiene”.
Por otro lado, indicó que “la competencia determina la responsabilidad, es el conjunto de atribuciones, de facultades, de obligaciones que tienen los distintos organismos que establecen la Constitución. Uno es responsable de la competencia que tiene, no hay competencias por omisión”.
Retomó este punto para referirse que “esto demuestra que hay que actuar dentro de las competencias que cada uno tiene”, y chicaneó al fiscal Luciani: “Parece que en derecho administrativo no le fue bien, anda medio flojo en materia de Derecho Administrativo”.
“Hay que actuar dentro de las competencias que cada uno tiene”
Por otro lado, indicó que “la competencia determina la responsabilidad, es el conjunto de atribuciones, de facultades, de obligaciones que tienen los distintos organismos que establecen la Constitución. Uno es responsable de la competencia que tiene, no hay competencias por omisión”.
Retomó este punto para referirse que “esto demuestra que hay que actuar dentro de las competencias que cada uno tiene”, y chicaneó al fiscal Luciani: “Parece que en derecho administrativo no le fue bien, anda medio flojo en materia de Derecho Administrativo”.
En otro tramo de su alocución, la vicepresidenta afirmó que el juicio “no tiene andamiaje jurídico”, y señaló que “sólo el Poder Legislativo puede dictar leyes”, al tiempo que repasó las competencias del Poder Ejecutivo: “El presidente de la Nación es el responsable político de la administración porque se transfiere al jefe de Gabinete el ejercicio de la administración general del país”, y recordó que el presidente de la Nación “supervisa sólo al jefe de Gabinete por su poder de administración”.
“La fiscalía puso como delitos DNU aprobados por el Parlamento”, dijo Cristina y añadió que “todos los actos generados por un órgano constitucional se consideran legítimos. Llegado el caso puede revertirse ante demanda judicial, pero en el fuero contencioso administrativo no el penal”.
Por lo tanto, consideró que “no puede haber actos que nadie declaró inconstitucionales utilizados como base fáctica de una acusación penal”, y calificó al juicio: “No tiene andamiaje constitucional ni jurídico, es un disparate”.
“Han traído a los pelos la acusación a este juicio porque a la que tenían traer de los pelos a este juicio era a mí y trajeron a la Constitución de los pelos, al Código Penal de los pelos, a las leyes de los pelos”, replicó la vicepresidenta y lamentó: “Esto no ayuda, complica a un país, lo torna poco serio, lo torna ridículo”.
En suma, se defendió: “Yo vivo en Estado de Sitio permanente“, y sostuvo que sus garantías constitucionales “están todas suspendidas desde diciembre de 2015”.
Y volvió sobre su acusación: “Acá estamos como ex presidenta y actual vicepresidenta respondiendo por cosas que pasaban en Santa Cruz, toda una fábula para traerme de los pelos a mí a este juicio”.
En esta etapa de su exposición hizo referencia al ataque que sufrió el 1 de septiembre en manos de Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte y contó: “Hasta ese día pensé que sólo querían estigmatizarme”.
Añadió: “Ustedes señores jueces me acusan de ser jefa de una asociación ilícita, estoy acusada por cinco asociaciones ilícitas, llegaron a decir que firmé el Pacto con Irán para encubrir a los responsables del atentado de la AMIA. Pienso a los pibes y a las pibas judíos que escuchan eso, ustedes armando esto en Comodoro Py”.
Nadie puede pensar que esa banda pensó, ideó lo que me hicieron“.
Hasta aquel jueves “creí que era esto estigmatizarme, engañarme, calumniarme, pero descubrí algo más porque desde el ámbito judicial se dio licencia para que cualquiera haga lo que quiera hacer”.
Sobre los responsables del atentado del 1 de septiembre lanzó: “Nadie puede pensar que esa banda pensó, ideó lo que me hicieron, pero bueno”. “Cuando Luciani finalizó su alegato mostraron en pantalla partida la puerta de la casa, la única que se conoce que es la mía, ahí mismo donde quisieron pegarme un tiro”, agregó.
Cristina remarcó que los abogados del líder de la banda de los Copitos “eran asesores de un senador de la Nación, alguien que se sienta cerca mío. Defienden a quien me quiso matar”, y expresó: “Me siento indefendida”.
Luego de referirse por primera vez a la banda de los copitos, Cristina cerró su alegato defensivo y la audiencia pasó a cuarto intermedio.
Macri habló por radio y dejó una frase que el kirchnerismo la convirtió en eje de campaña a casi una semana de las elecciones PASO. Desde los sectores de Juntos respaldaron al exmandatario.
Diferentes diputados nacionales de distintos sectores que componen el frente Juntos por el Cambio salieron este viernes a respaldar al exmandatario Mauricio Macri y tildaron de “ridicula” la afirmación del kirchnerismo que acusó al expresidente de “golpista” porque afirmar en radio Mitre Córdoba que “el Gobierno cambia o se va a tener que ir”.
Al respecto, el jefe de bloque de Juntos por el Cambio en Diputados, Mario Negri, manifestó: “Si el Gobierno tuviera alguna fortaleza que mostrar no hablaría todos los días de Macri. Pero la gestión es pésima en lo económico, social y sanitario”.
“Si Juntos por el Cambio hubiera cometido la mitad de los errores que el actual gobierno ¿qué habría hecho el kirchnerismo? Militaron 4 años el helicóptero”.
Por su parte, el diputado porteño Jorge Enriquez publicó: “Cafiero, el limitado, ve un intento de golpe donde no lo hay. El que los echará será el pueblo en las elecciones de 2023. También podría ser destituido el presiente por el mecanismo constitucional del juicio político.
A su turno, el diputado bonaerense Waldo Wolff opinó: “Nadie quiere que se vaya. Es más, queremos que venga cada 60 días al Congreso a dar informes tal lo establece el art. 101 de la constitución. Acuérdese de venir como corresponde el 8/9. La última vez que vino se tomó 343 días para volver”.
Con ironía, el diputado porteño Fernando Iglesias disparó: “No seas ridículo, Santi. El club del helicóptero fueron, son y serán ustedes”.
En tanto, el diputado porteño Alvaro de Lamadrid consideró que “el kirchnerismo es golpista la Constitución Nacional no. Hay causas de juicio político a Alberto Fernández y a Cristina Kirchner”.
“Manejo criminal y delictivo de las vacunas, muertes evitables, usar la pandemia de excusa para agredir el orden democrático y buscar la suma del poder público”, concluyó.
El saliente ministro de Defensa se despidió de su cargo en un acto de zarpada de la Fragata ARA Libertad. De la otra vereda de la interna santafesina del Frente de Todos, se confirmó la fecha de presentación de la lista Celeste y Blanca.
En un contexto similar a Juntos en la provincia de Buenos Aires, el Frente de Todos vive días intensos en Santa Fe donde uno de los dirigentes más representativos del kirchnerismo, Agustín Rossi, se alió con la vicegobernadora Alejandra Rodenas para enfrentar en una interna en las elecciones primarias, abiertas, abiertas y simultáneas (PASO) prevista para el 12 de septiembre.
Este viernes, a casi una semana de la confirmación de las precandidaturas, el saliente ministro de Defensa, Agustín Rossi, se despidió de su cargo durante un acto de zarpada de la Fragata ARA Libertad, en una ceremonia en la que agradeció al presidente Alberto Fernández y a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por su “acompañamiento permanente” a su gestión y resaltó que este segundo desempeño al frente de la cartera constituyó “una de las mejores experiencias” de su vida política.
“Me quedo con la absoluta tranquilidad de conciencia de que hice tuve todo lo que tuve a mi alcance para ir concretando los objetivos que nos íbamos marcando”, expresó Rossi, quien deja su cargo para abocarse a la campaña por su precandidatura a senador nacional por Santa Fe.
En su discurso, Rossi evaluó que “nada hubiera sido posible sin el pleno apoyo del presidente y de la vicepresidenta” y aseguró que encontró en el jefe de Estado, ante “cada inconveniente la total predisposición para encontrar los mecanismos y el esfuerzo para resolverlos”.
El funcionario santafesino encabezó el último acto de su gestión, al hablar en la ceremonia de Orden de Zarpada de la Fragata ARA Libertad, próxima a iniciar el viaje de instrucción de la promoción 49º de oficiales navales.
Más tarde, a través de la red social Twitter, el ministro saliente agradeció también a los jefes de las Fuerzas Armadas “por acompañar cada iniciativa” de su gestión y reseñó los “desafíos importantes” asumidos “trabajando en conjunto, detrás de los objetivos” delineados por el Presidente.
“La conducción política de la Defensa es conseguir la sinergia necesaria, no el autoritarismo”, advirtió en la red social y destacó, entre los logros de la cartera, haber regularizado los haberes del personal de las Fuerzas Armadas y la ley Fondo Nacional de la Defensa (Fondef), que garantiza financiamiento al reequipamiento de las fuerzas.
“Si logramos sostener la aplicación del Fondef, seguramente en 10 años vamos a tener unas Fuerzas Armadas equipadas en la medida en que lo requiere nuestro país, para poder cumplir con la misión principal y también con las misiones subsidiarias”, escribió Rossi.
Además, llamó a “no abandonar la mirada de las Fuerzas armadas solidarias” y destacó su labor en la Operación Belgrano de apoyo a la comunidad ante la pandemia, algo que volvió a caracterizar como “el despliegue militar más grande después de la Guerra de Malvinas”.
“Nada de esto podría haber sido posible sin el apoyo del presidente, de la vicepresidenta y sin el trabajo del equipo civil del Ministerio de Defensa, funcionarios y funcionarias con gran conocimiento del área y experiencia de gestión”, resumió.
Durante el acto también ponderó el trabajo desarrollado para “volver a levantar la obra social” de la fuerza que “estaba fundida” y valoró el hecho de haber podido “ordenarla”.
La primera gestión de Rossi al frente de Defensa había sido entre mayo de 2013 y diciembre de 2015, durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
Se lanza la lista de Perotti
Este lunes 2 a las 18, con la participación del gobernador Omar Perotti, la lista Celeste y Blanca del Frente de Todos dará inicio a la campaña presentando a los precandidatos que participarán de las PASO: Marcelo Lewandowski y María de los Ángeles Sacnún para el Senado de la Nación; y para Diputados Roberto Mirabella, que encabeza la propuesta.
También acompañaran Magalí Mastaler, Marcos Castelló, Stella Maris Clerici, Diego Mansilla, María Haydee Maggio, Roly Santacroce, María Soledad Senn y Carlos Kaufmann.
La presentación contará con la presencia de todos los candidatos del espacio en forma presencial y también mediante modalidad remota con referentes, dirigentes y militantes de los 19 departamentos de la provincia de Santa Fe, señalaron desde el entorno del gobernador.
El proyecto busca darle rango de ley a los predios administrados por el Ministerio de Defensa y las FFAA, con el objetivo de garantizar los adiestramientos preservando el medioambiente.
En coincidencia con el Día Mundial de la Tierra, la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados dictaminó este jueves a favor de un proyecto consensuado que busca jerarquizar las Reservas Naturales de la Defensa, otorgándoles rango de ley.
La iniciativa ya contaba con dictamen de las comisiones de Recursos Naturales y de Defensa Nacional, por lo que quedó en condiciones de ser tratada en el recinto en la próxima sesión.
El texto final fue el fruto de la unificación de propuestas de los diputados oficialistas Germán Martínez y Eduardo Fernández, y de Héctor “Toty” Flores (Coalición Cívica).
“Estamos tratando de darle a las Reservas Naturales de la Defensa, que ya existen en Argentina, una jerarquía en términos legislativos que hasta ahora no tienen”, explicó Martínez.
El legislador puntualizó que se trata de “predios que están asignados en uso y administración al Ministerio de Defensa, a las Fuerzas Armadas y algunos organismos descentralizados, que tienen un significado especial desde el punto de vista de la conservación de la biodiversidad, del patrimonio cultural y natural de la Nación, y por lo tanto, merecen ser considerados como Reservas Naturales de la Defensa”.
Martínez informó que desde 2007 existe un Convenio Marco de Cooperación, suscripto entre el Ministerio de Defensa y la Administración de Parques Nacionales, del cual surgieron las 14 Reservas hoy existentes, que ahora tendrán rango de ley.
El proyecto establece que la declaración de un predio como Reserva no afectará los adiestramientos de defensa que se realicen allí.
A su vez, se prohíben actividades que alteren el medioambiente, como la explotación agropecuaria, forestal y minera, la caza, la pesca, y la instalación de industrias (sean o no contaminantes).
Por último, se crea en el ámbito del Ministerio de Defensa un Comité Ejecutivo, y por cada Reserva un Comité Local, para monitorear el cumplimiento de la ley.
• Punta Buenos Aires (Chubut)
• Puerto Península (Misiones)
• Campo Mar Chiquita-Dragones de Malvinas (Buenos Aires)
• Baterías-Charles Darwin (Buenos Aires)
• La Calera (Córdoba)
• Ascochinga (Córdoba)
• Campo Garabato (Santa Fe)
• Isla El Tala (Santa Fe)
• Quebrada del Portugués-Estancia El Mollar (Tucumán)
• Uspallata (Mendoza)
• Isla Martín Fierro (Entre Ríos)
• Faro Querandí (Buenos Aires)
• Manantiales (San Juan)
• Faro Punta Delgada (Chubut)
Diputados de Juntos por el Cambio advirtieron que “no se he hecho nada” desde el hundimiento del ARA San Juan, hace tres años.
Diputados de Juntos por el Cambio encabezados por Alberto Asseff presentaron un pedido de informes dirigido al Ministerio de Defensa para conocer “las previsiones, programas, planes y presupuestos en el corto, mediano y largo plazo a fin de recuperar las capacidades de la Armada Argentina en materia de defensa y control submarino de la plataforma continental”.
“Sabemos que han pasado ya más de tres años del lamentable y luctuoso hundimiento del submarino ARA San Juan, ocurrido el 17 de noviembre de 2017, y no hemos notado que nuestro país haya reaccionado para subsanar las falencias profundas que lo ocasionaron”, advirtieron los diputados en los fundamentos del proyecto.
En ese sentido, mencionaron la “falta de presupuesto adecuado, motivación y reequipamiento, salvo deslindar responsabilidades a fin de preservar a las autoridades civiles, responsables de la desatención y ausencia del Estado Nacional”.
“No hace falta ser un especialista en materia de defensa nacional para darse cuenta del profundo y continuo deterioro que ha sufrido la flota de submarinos de la Armada Argentina, no sólo en los materiales, sino en la cantidad y calidad del personal. Situación que se ha ido agravando permanentemente por la falta absoluta de motivación, reducción y casi nula actividad operativa, aceptación del doble empleo para paliar los bajos salarios, y la falta de reconocimiento a la labor muchas veces riesgosa”, describieron.
El proyecto fue acompañado por los diputados Gerardo Cipolini, Alicia Terada, Pablo Torello, Alfredo Schiavoni, Aída Ayala, David Schlereth, Jorge Vara, Jorge Enriquez, Ignacio Torres, Julio Sahad, Héctor Stefani, Lidia Ascárate, Hernán Berisso y Gustavo Hein.
Fue durante una jornada con numerosas reuniones de comisión en el Senado. Se aprobaron declaraciones de beneplácito sobre la cuestión Malvinas, las elecciones en Bolivia y la Encíclica “Fratelli Tutti”.
En una jornada con sucesivas reuniones virtuales, las comisiones de Relaciones Exteriores y de Economía Nacional e Inversión dieron dictamen a un proyecto de ley que aprueba la adhesión al Fondo Multilateral de Inversiones III (FOMIN III) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Según explicó el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Jorge Taiana, esta ley permitirá “mayores posibilidades de crédito a tasas bajas, que son las que da el BID, e implica una contribución de 18 millones de dólares a lo largo de tres años para integrarlo”.
“El BID nos presta un promedio de 1.300, 1.400 millones de dólares por año a la Argentina. Es una fuente de recursos significativa para la infraestructura. Dándole una media sanción antes de que termine el periodo ordinario, estamos dando un mensaje”, destacó el senador oficialista.
En una reunión anterior, la Comisión de Economía Nacional e Inversión, encabezada por Silvia Elías de Pérez (UCR), evaluó un proyecto del senador Oscar Parrilli -que fue enviado a asesores- para crear un “Programa Nacional de Ahorro para la infraestructura y la Inversión” (PRONAPI).
“Este proyecto intenta darle a aquellos sectores que tienen capacidad de ahorro la posibilidad de buscar un mecanismo que le resguarde su valor, pero además que no perjudique la economía del país, por eso proponemos el PRONAPI”, explicó Parrilli.
El legislador aseguró que “se busca fomentar una rápida inyección de recursos al desarrollo de actividades productivas, de infraestructura, ciencia y tecnología, y a toda actividad que propenda a estimular la producción y el trabajo nacional”.
También se analizó un proyecto de Julio Cobos (UCR) sobre renegociación de contratos para créditos hipotecarios UVA, y otro proyecto consensuado que crea un programa de bancarización y acceso simplificado para adultos mayores, refiriendo a los servicios bancarios prestados por cajeros automáticos.
En otra reunión, la Comisión de Relaciones Exteriores dio dictamen a numerosos proyectos de declaración, entre ellos tres vinculados a la cuestión Malvinas.
Uno de ellos, de la senadora Eugenia Duré (Frente de Todos) que expresa beneplácito por “el reclamo de los legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas”, manifestado por el presidente Alberto Fernández en la inauguración de la 75° Asamblea de la ONU, el pasado 22 de septiembre.
El segundo proyecto, también de Duré, expresa beneplácito por los párrafos referidos a la cuestión Malvinas en la Declaración Ministerial del Grupo de los 77+China, en la reunión anual de ministros de Relaciones Exteriores del grupo, el 12 de noviembre último.
El tercer beneplácito, propuesto por Cristina López Valverde (Frente de Todos), es por la declaración sobre la cuestión Malvinas adoptada por la Organización de Estados Americanos (OEA) en el marco de la 50° Asamblea General, el pasado 21 de octubre.
La comisión también dictaminó otra declaración de beneplácito por “la realización de las elecciones en el Estado Plurinacional de Bolivia en la histórica jornada electoral del 18 de octubre pasado, que transcurrió con paz, tranquilidad y transparencia respecto a los resultados”, que arrojaron la victoria de Luis Arce.
En el mismo texto se manifiesta “el deseo de que se respete la voluntad del pueblo boliviano, que había sido injustamente despojado, y que se restaure el Estado de Derecho” en ese país, y por último, la “convicción de que el retorno a la democracia en el hermano país será el comienzo de la reconstrucción del proceso de integración regional”.
A su vez, recibió dictamen un proyecto unificado entre propuestas de Taiana, Alfredo Luenzo, Inés Blas y Nora del Valle Giménez, que declara beneplácito por la Encíclica Papal “Fratelli Tutti”, sobre la Fraternidad y la Amistad Social.
En otro plenario, integrado por las comisiones de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional, se avaló un Acuerdo de Cooperación en el sector de la Defensa con la República de Italia, firmado en Roma el 12 de septiembre de 2016.
Paralelamente, recibió dictamen otro Acuerdo de Cooperación Mutua para la Vigilancia y Control del Espacio Aéreo con la República de Uruguay, suscripto en Montevideo el 29 de agosto de 2012.
Por último, la Comisión de Defensa dictaminó a favor de un proyecto de Adolfo Rodríguez Saá que establece que el pañuelo o corbata negra usados por la Armada Argentina en sus uniformes simbolizará el luto en honor a los marinos caídos en el conflicto del Atlántico Sur.
La primera norma apunta a aumentar las multas por la pesca ilegal, mientras que la segunda tiene como objetivo reequiparar a las Fuerzas Armadas. Ambas fueron sancionadas por el Senado hace dos semanas.
El Gobierno nacional promulgó este jueves la Ley 27.564 de Régimen Federal de Pesca, mediante la cual se aumentan las multas para quienes realicen esta actividad ilegalmente.
La norma, publicada en el Boletín Oficial, modificó artículos de la Ley 24.922, de 1998, con el fin de indicar los nuevos montos y la forma en que se medirán.
De esta manera, se establecen las Unidades Pesca (UP), equivalentes al precio de un litro de combustible gasoil. “La autoridad de aplicación determinará el procedimiento de fijación del valor en moneda de curso legal de las UP”, señala.
Además, “las UP se convertirán en moneda de curso legal al momento en que el presunto infractor se allane a la imputación efectuada conforme el procedimiento previsto por el artículo 54 bis de esta ley o al momento del pago total de la multa impuesta por resolución firme dictada en sede administrativa o sentencia judicial”.
La multa mínima será de 1.000 Unidades Pesca y la máxima de 300.000 Unidades Pesca. “Cuando la infracción de que se trate sea la de pescar sin autorización de captura, carecer de una cuota individual de captura o pescar en zona de veda, la multa mínima no podrá ser inferior a 3.000 UP”, prevé la Ley.
En tanto, “cuando la infracción de que se trate sea la de pescar sin permiso, la multa mínima no podrá ser inferior a 500.000 UP y la máxima de 3.000.000 UP”.
Entre otros cambios, además de mantener el texto del artículo 54, donde establece que tratándose de embarcaciones extranjeras, la autoridad de aplicación podrá retener el buque y que los gastos que eso demande correrán por parte del propietario, la nueva norma incorpora que “todo ello” será “sin perjuicio de las sanciones penales y/o aduaneras que pudieran corresponder”.
Por otra parte, se publicó también este jueves en el Boletín Oficial la Ley 27.565 que crea el Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF), con el objetivo de reequiparar a las Fuerzas Armadas mediante la recuperación, modernización y/o incorporación de material.
En tanto, para el destino de los recursos deberán tenerse en cuenta los criterios de: favorecer la sustitución de las importaciones, el desarrollo de proveedores y la inserción internacional de la producción local de bienes y servicios orientados a la defensa; promover la innovación productiva, inclusiva y sustentable, por medio de un mayor escalonamiento tecnológico; incrementar las acciones de investigación y desarrollo en los sectores público y privado; y mejorar las condiciones de creación, difusión y asimilación de innovaciones por parte de la estructura productiva nacional.
El FONDEF estará integrado con las partidas presupuestarias de 0,35% para el 2020; el 0,5% para el año 2021, el 0,65% para el 2022; y el 0,8% para el 2023, manteniéndose este último porcentaje para los sucesivos ejercicios presupuestarios.
El aporte al Fondo será independiente de los recursos que sean asignados al Ministerio de Defensa y a las Fuerzas Armadas en el Presupuesto Nacional.
También, estará conformado con los aportes de personas humanas o jurídicas, públicas o privadas, como así también otras fuentes de financiamiento de origen nacional e internacional; y con las donaciones, legados y/o herencias que se efectuaren en su favor.
La Ley prevé que el FONDEF deberá ejecutarse anualmente en su totalidad, pudiendo excepcionalmente disponerse hasta un 10% en concepto de remanente no atribuido al objeto de la norma. En este supuesto, el remanente será imputado al ejercicio siguiente.
Por otra parte, las comisiones de Defensa Nacional de ambas Cámaras del Congreso serán competentes para intervenir en el seguimiento del proceso de reequipamiento de las FF.AA. llevado a cabo a través del FONDEF. A tal efecto se les asigna una serie de funciones como recibir el plan anual de inversiones, recibir informes semestrales, requerir informes al Ministerio de Defensa, verificar la ejecución presupuestaria de los recursos mencionados y formular observaciones y sugerencias.
Fue en una reunión informativa de la Comisión de Defensa. En 80 días de operaciones, se realizaron casi 7.800 tareas orientadas a la protección civil.
La Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados realizó este lunes una reunión informativa por videoconferencia sobre el despliegue de las Fuerzas Armadas en el marco del operativo “General Manuel Belgrano”, relacionado con el Covid-19.
El encuentro, presidido por el diputado Carlos Fernández (UCR), fue encabezado por el ministro de Defensa, Agustín Rossi, quien dio paso a la exposición del comandante operacional general de brigada Deimundo Escobal.
Escobal explicó que el Operativo Belgrano consiste en un plan de operaciones amparado en la Ley de Defensa Nacional, que tiene distintas misiones de protección civil, entre ellas “brindar apoyo al sistema de salud de la Nación”.
Según precisó, en 80 días de operaciones se realizaron 7.785 tareas con una dotación de 61.598 personas y 8.905 vehículos.
El funcionario señaló que se montaron en todo el país “14 comandos conjuntos de zona de emergencia” donde se asentaron militares de todas las Fuerzas, que trabajan a requerimiento del presidente de la Nación, del Ministerio de Defensa, gobernadores y en algunos casos, intendentes.
Las tareas realizadas fueron de asesoramiento y consultoría; repatriación aérea de argentinos en el exterior y también de varados en el interior del país; ampliación de infraestructura hospitalaria; tareas logísticas especiales; y distribución de alimentos.
Al detallar algunas de estas actividades, Escobal mencionó que el laboratorio del Estado Mayor Conjunto se puso a disposición para la fabricación de alcohol en gel; y en la sastrería del Ejército se confeccionaron barbijos y camisolines.
Por otra parte, se acordó que “las unidades militares no puedan albergar a gente enferma” de Covid-19.
“No afectar las instalaciones militares fue un factor de éxito, para que ninguno de los 80.000 militares esté afectado” por el virus, dijo Escobal, y agregó que en este operativo se decidió “acortar la cadena de comando” por la situación de emergencia sanitaria.
En la previa de la reunión informativa del ministro Agustín Rossi, la legisladora chubutense fue electa por sus pares.
La senadora nacional Nancy González (Frente de Todos-Chubut), asumió este lunes como presidenta de la Comisión de Defensa de la Cámara alta, en una breve reunión por videoconferencia.
González fue electa por sus pares a propuesta de Anabel Fernández Sagasti, vicepresidenta del bloque oficialista, en la previa de la reunión informativa del ministro de Defensa, Agustín Rossi.
Como vicepresidente de la comisión fue electo el senador cordobés Ernesto Martínez (Pro), mientras que como secretario fue designado el rionegrino Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro).
Fueron algunas de las medidas que encabezó el Ministerio de Defensa, según informó su titular en una reunión de comisión virtual.
En una nueva reunión por videoconferencia, la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados escuchó un informe del ministro del área, Agustín Rossi, quien reveló que se realizaron casi 500 tareas de emergencia por el Covid-19 y que ya se fabricaron 48.000 barbijos, entre otras medidas para combatir la pandemia.
Acompañado por funcionarios de la cartera que siguieron la reunión desde distintos puntos, Rossi explicó cuál fue el trabajo realizado hasta el momento y remarcó que el presidente Alberto Fernández le ordenó que “ponga toda la capacidad del Ministerio y de las Fuerzas Armadas en particular a disposición para ayudar a que la performance del Estado sea la mejor posible”.
En primer lugar, Rossi aclaró que “la totalidad de las tareas de las Fuerzas Armadas está inscripta dentro del sistema jurídico y legal preexistente a la pandemia”, por lo que “no hubo que hacer ninguna modificación”.
Recordó que la primera resolución tomada fue el 5 de febrero y que tuvo que ver con “medidas sanitarias para las bases antárticas argentinas”, cuando “el Covid-19 solo estaba declarado en China”. “Las bases nos informaron desembarcos de buques chinos y allí aplicamos por primera vez medidas sanitarias preventivas”, repasó.
Otras de las medidas tomadas fueron la creación de un Comité de Emergencia de Defensa y una Comisión de Seguimiento de Donaciones, Contrataciones y Adquisiciones dentro del Ministerio, “con el objetivo de transparentar y mejorar la gestión de compras en el marco de la pandemia”.
“El presidente, desde el primer día que se puso al frente del tema de la pandemia, me indicó que ponga toda la capacidad del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas en particular a disposición para ayudar a que la performance del Estado sea la mejor posible”, destacó Rossi ante los diputados.
El ministro explicó que a lo largo de todo el país se desplegaron 14 comandos conjuntos de emergencia, organizados por el Estado Mayor Conjunto, aunque informó que es el Ministerio de Desarrollo Social el que dispone los lugares donde realizar los operativos de acuerdo a la demanda de los intendentes.
Según detalló, se realizaron en total 493 tareas, de las cuales 284 fueron de distribución de alimentos; 117 fueron de apoyo sanitario; y 92 de infraestructura sanitaria. En el AMBA, por ejemplo, ya hubo 32 intervenciones vinculadas al reparto de comida. En todos los casos, el personal militar está desarmado y custodiado por las fuerzas de seguridad.
Por otra parte, destacó la labor del Ejército al montar en tiempo récord un predio sanitario en la sede de Tecnópolis, donde habrá capacidad para atender a 2.500 personas con coronavirus.
Además, a solicitud del Ministerio de Salud, se hicieron dos viajes con aviones de la Fuerza Aérea, donde se recorrió el Norte argentino para llevar respiradores y otros insumos médicos. En tanto, por pedido de Cancillería se trajo de regreso a 564 argentinos que estaban varados en Perú, y a solicitud del Ministerio del Interior se trasladó a argentinos que estaban en Puerto Iguazú.
El funcionario también detalló que “desde el 12 de marzo, en el taller de sastrería militar del Ejército se está trabajando en la elaboración de barbijos. Tenemos 48.000 barbijos tipo 1 para niños y 1.000 camisolines para personal de salud”. A su vez, en el Laboratorio Farmacéutico del Estado Mayor Conjunto se empezó a fabricar alcohol en gel.
En otro orden, Rossi reveló que se le pidió informes al Servicio Meteorológico Nacional (SMN) sobre el impacto de los niveles de temperatura en el avance del coronavirus. “El rango de temperatura donde el Covid-19 se explaya más y tiene posibilidad de ser más dañino es entre los 5 y los 11 grados. En base a esa hipótesis, el SMN informa las evoluciones de temperaturas mínimas y medias”, puntualizó.
En tanto, comentó que este martes mantuvo conversaciones bilaterales virtuales con los ministros de Defensa de Chile, Paraguay –donde rige la cuarentena-, Brasil y Uruguay –donde no se dispuso esa medida-, y con todos se acordó mantener el diálogo cada 15 días.
