El cargo de Defensor de Niños, Niñas y Adolescentes es una figura institucional independiente, con rango constitucional, cuya misión es proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad. Tiene la facultad de exigir políticas públicas, iniciar acciones judiciales y señalar omisiones del Estado. Por su relevancia, se espera que su designación esté por encima de acuerdos partidarios.

Sin embargo, el actual proceso de selección ha sido objeto de múltiples cuestionamientos por parte de legisladores y participantes del concurso, quienes advierten sobre presuntas irregularidades que, según sus planteos, comprometerían la transparencia del procedimiento.

Durante la reunión de la Comisión Bicameral encargada del concurso, el diputado Nicolás Mayoraz expresó su preocupación por la falta de publicación de los exámenes y sus correcciones, lo que —según señaló— impidió a los concursantes conocer cómo fueron evaluados y solicitar revisiones. También indicó que hasta el momento no se han difundido las calificaciones ni el orden de mérito.

Mayoraz agregó que tampoco se han hecho públicos los currículums vitae de los postulantes, lo que —a su entender— impide verificar si cumplen con los requisitos de idoneidad para el cargo. Esta inquietud fue compartida por algunos concursantes durante las audiencias y en comunicaciones enviadas a la Bicameral, que respondió que debía respetarse la ley de protección de datos personales. Para los críticos, este criterio entra en tensión con los principios de transparencia e igualdad de oportunidades que deberían regir el proceso.

Audiencias públicas y criterios de evaluación

Otro punto señalado por fuentes críticas fue la falta de difusión de las preguntas enviadas por las asociaciones para las audiencias públicas. Además, se cuestionó que los interrogatorios a los postulantes habrían sido dispares, con criterios que —según estas voces— podrían reflejar prejuicios ideológicos. Por ejemplo, se habría requerido a candidatos con antecedentes en defensa de la vida por nacer que se pronunciaran sobre la ley de aborto, mientras que a quienes manifestaban posturas favorables a dicha ley no se les habría planteado el mismo requerimiento.

Estas fuentes advierten que, de confirmarse tales prácticas, se estaría favoreciendo a candidatos que no representarían a todos los niños, incluyendo aquellos por nacer, lo que —según sostienen— constituiría una contradicción con el espíritu del cargo.

Durante la misma reunión, Mayoraz también mencionó un posible conflicto de intereses: la participación de Nora Pulido, integrante del Consejo Asesor Técnico, cuya hija María Colombo se desempeña en la actual Defensoría. Según el diputado, seis concursantes pertenecen a esa dependencia, y tres de ellos habrían obtenido puntajes altos. Para los críticos, esta situación debería ser aclarada por la Bicameral y podría ameritar la revisión de las postulaciones involucradas.

Llamado a garantizar transparencia

Desde los sectores que han planteado estas objeciones se insiste en que el cargo de Defensor de Niños, Niñas y Adolescentes no debe convertirse en un espacio de reparto político ni de reubicación de asesores. Advierten que, de no garantizarse un proceso transparente, la institución perdería autoridad moral y política.

En ese marco, se exhorta a los miembros de la Bicameral a priorizar el interés superior de los niños por sobre cualquier interés partidario, recordando que el futuro de millones de niños que enfrentan pobreza, violencia y exclusión depende de una representación genuina y comprometida.

La Comisión Bicameral Permanente del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes dio un paso decisivo este miércoles en el proceso de selección del próximo titular del organismo, al avanzar en la etapa final del concurso público de antecedentes y oposición.

Presidida por la diputada Natalia Sarapura (UCR), la comisión se reunió en el Anexo de la Cámara de Diputados para tratar los lineamientos de ponderación final, los puntajes por instancia y las impugnaciones presentadas por los postulantes. Tras el debate, se resolvió pasar a la firma los documentos correspondientes y rechazar las impugnaciones, al considerar que no cumplían con los requisitos legales.

Durante el encuentro, la senadora Vilma Bedia (LLA) expresó su rechazo a los criterios de evaluación, mientras que el diputado Nicolás Mayoraz (LLA) cuestionó la transparencia del proceso. Sarapura defendió el procedimiento, asegurando que se desarrolla conforme a la normativa vigente y con total transparencia.

El cargo de defensor se encuentra vacante desde la destitución de Marisa Graham, quien fue la primera en ocuparlo desde la creación del organismo en 2005. En la actualidad, Sebastián Medina ejerce la función de manera interina, a la espera de la finalización del proceso de selección.