No fue una reunión tranquila; por el contrario, hubo dificultades para acordar, fuertes cuestionamientos y reproches, pero al cabo de la reunión de la Bicameral del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se aprobó el orden de mérito final del concurso para la elección del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Fue así que la Bicameral que preside la diputada radical Natalia Sarapura propuso la designación de María Paz Bertero como defensora, Eduardo Matías Robledo como defensor adjunto y Héctor Iván Vito como defensor adjunto en segundo orden.

La propuesta de los postulantes fue respaldada por siete miembros de la Bicameral, luego de una moción realizada por el senador peronista Daniel Bensusan. La terna elegida será elevada al plenario de ambas cámaras para su tratamiento.

Desde el oficialismo, el diputado oficialista Nicolas Mayoraz votó en contra de la postulación, argumentando que “no hubo transparencia en el examen escrito” y que encontró “muchísimas irregularidades” en el proceso evaluatorio. Esas críticas ya habían sido publicadas por este medio durante el fin de semana. El diputado santafesino dijo haber observado “una falta de paridad de criterio en la evaluación de preguntas, lo cual marca la discrecionalidad en el examen”, dijo Mayoraz. “Lo otro grave es que muchos exámenes tenían errores de puntuación”, aseveró.

Al comienzo de la reunión, la jujeña Natalia Sarapura había puesto en valor “el esfuerzo que hemos hecho todos, no sólo legisladores y organizaciones, sino todo el equipo de trabajo en la elección del Defensor”. Ante los cuestionamientos de su par Mayoraz, le atribuyó la intención de “generar confusión para ensuciar los procesos”.

Luego de que Bensusan pidiera votar por primera vez, sobrevinieron los nuevos cuestionamientos de Mayoraz. Hubo en definitiva tres intentos para votar, que no alcanzaron los votos.

Finalmente la diputada María Sotolano (Pro) hizo un pedido un cuarto intermedio, pues no se ponían de acuerdo en la votación. Al tomar la palabra consideró que se trató de “un proceso difícil en los consensos”. “Hoy llegamos intentando que sea una construcción colectiva, lo que no se puede hacer es ensuciar este proceso, que costó muchísimo y estuvo a la altura de concursos de alto nivel”, manifestó. “Lo que tenemos que poner adelante en la agenda de la Bicameral es la agenda de la niñez”, agregó. “Si no pudimos llegar a un acuerdo en este momento, solicito un cuarto intermedio”, pidió, cosa que apoyó Mayoraz, para volver a reunirse sobre el final de esta semana.

UP no aceptó el pedido de cuarto intermedio y a través de Daniel Bensusan hizo una nueva propuesta a la terna que a la postre sería la ganadora, que era una síntesis de anteriores propuestas. Y esta propuesta sí alcanzó los siete votos necesarios para consagrar a esa terna. Incluidos los de Sarapura y Sotolano,

Ese voto de la diputada del Pro generó la indignación de Mayoraz, que se lo recriminó ampulosamente, ante las explicaciones de María Sotolano. El diputado de LLA y la senadora oficialista Vilma Bedia y su par del Pro Andrea Cristina se habían abstenido de votar.

Luego de una prolongada intervención de la diputada radical Karina Banfi, que celebró que finalmente se cumpliera ese trámite, volvió a intervenir Nicolás Mayoraz, para expresar su enojo: “Realmente aquí no hubo transparencia en los exámenes escritos”, habló de “muchísimas irregularidades”, afirmando que había exámenes que les faltaban la firma del legislador que había corregido, denunció “discrecionalidad en el examen” y aseguró que “muchos exámenes tenían errores de puntuación”.

“Aquí faltó transparencia y hubo irregularidades en el examen”, insistió.

La reunión concluyó con la lectura de Natalia Sarapura de los integrantes de la terna que habían sido aprobados para ser finalmente votados por las cámaras. Al cabo, Mayoraz volvió a tomar la palabra para recordar que en el inicio del proceso había anticipado que Bertero sería la persona consagrada. “Lo dije hace dos semanas, miren ustedes si no estaba ya puesto de antemano el nombre del que iba a ser el defensor... Por eso yo voy en contra de esto que para mí terminó siendo un verdadero circo y un manoseo a todos los que participaron en el examen”.

La Bicameral encargada de la selección del próximo defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes llevó adelante este lunes la tercera jornada de audiencias públicas a los candidatos a ocupar el cargo.

De acuerdo con el cronograma del concurso público, entre el 2 y 21 de septiembre, los integrantes de la comisión realizarán la evaluación final y elaboración del dictamen, mientras que el próximo 22 será la definición del/la candidato/a y elevación a las cámaras, previo reunión de la bicameral y votación de la misma.

Entre el jueves 28 y viernes 29 de agosto, y este lunes 1ro. de septiembre, se escucharon a los más de 70 postulantes que aprobaron el examen escrito anteriormente.

La primera expositora de la tercera jornada de audiencias públicas fue María Alejandra Reyna, quien propuso "una defensoría provincial, con constante interacción con las defensorías provinciales, las existentes y las a crearse". "La problemática de la niñez solamente puede abordarse desde la interdisciplina", remarcó.

Además, expresó que "es fundamental llegar a todos los puntos del país" y consideró que "lo que nos falta es una red, un trabajo conjunto". En ese sentido, habló de trabajar con "referentes comunitarios que conocen la necesidad que se plantea en una comunidad" y con "todos los operadores públicos y privados que trabajen con la niñez".

A su turno, Florencia Trufó destacó la "rapidez, transparencia, eficacia" de la bicameral en el proceso de selección para reemplazar a Graham. "Hubo una respuesta rápida y eficaz, que nos permitió seguir trabajando y desarrollando nuestras actividades con tranquilidad, en un momento de zozobra que pasamos", dijo la socióloga, quien trabajó estos últimos cinco años en la creación e instalación de la Defensoría; antes había estado en la Sedronar.

Sobre su conocimiento del organismo, apuntó que existe un "sobredimensionamiento del área administrativa respecto del área técnica, sobre todo en el nivel jerárquico" y opinó que hay que encontrar un "equilibrio entre lo administrativo y lo técnico-profesional". También, afirmó que hay que "darle funciones específicas a los defensores adjuntos; no se puede seguir trabajando con una sola cabeza que tome todas las decisiones".

Por su parte, Nicolás Ezequiel Casas aseguró que "uno de los flagelos más graves que sufren a diario los chicos" es "el maltrato infantil, algo que cercena y vulnera derechos de los más básicos, y entiendo que en esto faltan cosas por hacer". "No tomamos consciencia de la naturalización que hay", observó.

Sobre la estructura de la Defensoría, sostuvo que "no tenemos que hacer cambios abruptos; en líneas generales debe mantenerse, con algunos cambios" como el de las funciones de los defensores adjuntos para que "estén divididos en sus funciones". Sobre esto, propuso que uno se ocupe de la cuestión federal y territorial y el otro de la incidencia, el litigio estratégico y promover la participación de niños y adolescentes. En línea con su preocupación, planteó que exista "una dirección específica de fortalecimiento en la prevención de maltrato infantil".

En su presentación, Abigail Mercado manifestó: "La infancia no puede esperar. Estoy acá porque pasan los días y un niño pierde una oportunidad que no volverá. Mi plan no es teoría, se trata de una gestión real, con tiempos medibles, protocolos claros, control ciudadano. No se trata de deshacer lo que se vino haciendo hace años, sino de construir sobre lo construido". "Vengo a presentar la decisión de no callar por nuestros niños. Cada día de demora es un chico en la calle, una nena abusada, un adolescente perdido en la droga. Es importante el trabajo en territorio, caminar y estar en el barro", agregó.

En coincidencia con otros postulantes, Matías Robledo señaló que el plan de trabajo "no puede desconocer lo que ya trabajó la Defensoría; hay ciertas bases que tenemos que reconocer". No obstante, su plan es "tener una Defensoría mucho más amigable, humana y sobre todo más cercana a la población" con "un programa de acción con impronta federal".

Exjueza de Menores, Flavia María Graciela Valgiusti planteó una "visión sistémica" con "eje en federalismo y territorialidad". "Si bien los recursos económicos son importantes y tenemos que pensar cómo llegan y se administran, necesitamos pensar en otros tipos de recursos. Argentina tiene excelente recursos humanos, ocurre que a veces no están suficientemente valorados o cuidados", subrayó.

Sobre esto, mencionó que hay un "problema con los recursos organizacionales e institucionales". A continuación, habló de llevar adelante una "articulación entre Nación, provincias y municipios para compartir políticas que tenga la misma visión" y convocar a "mesas de diálogo intersectoriales".

En una segunda jornada de audiencias públicas a los candidatos a ocupar el cargo de defensor de Niñas, Niños y Adolescentes, la bicameral encargada del concurso público se reunió este viernes para escuchar los planes de trabajo de los postulantes.

Esta instancia comenzó el jueves 28 y culminará el próximo lunes 1ro. de septiembre, con el fin de que expongan los 73 aspirantes que lograron aprobar el examen escrito. En tanto, la comisión se fijó el 22 de septiembre como fecha para la selección del sucesor de Marisa Graham.

Las legisladoras Eugenia Alianiello y Natalia Sarapura -presidenta de la Comisión Bicameral-, del lado de la Cámara baja, y Stefanía Cora y Vilma Bedia, representantes del Senado, fueron quienes realizaron diferentes preguntas a las postulantes.

Tras una primera tanda de audiencias centradas en el diagnóstico sobre la situación de los menores en el país, la jornada de este viernes estuvo marcada por las ideas sobre la estructura que se le daría a la Defensoría y el federalismo: el trabajo en y con las provincias.

Primera en exponer este viernes, la abogada Melina Mabel Ghione advirtió que "las infancias y adolescencias están en crisis y la crisis es profunda y compleja". "Necesitamos una estructura eficiente, especializada y descentralizada", consideró y habló de tener "defensores adjuntos con enfoques específicos", seis direcciones y un comité asesor plural.

"No propongo una gestión indivudual ni mirar todo desde Buenos Aires. Hay que ampliar la presencia en las provincias porque no todas tienen Defensoría (provincial)", expresó y señaló que actualmente se cuenta con "una partida presupuestaria muy limitada para el desafío de la presencia territorial" que requiere la tarea.

María Ángeles López, quien trabaja hace una década en la Defensoría del Niño de La Pampa, enfatizó que la Defensoría Nacional "es un organismo de control y para poder controlar debemos trabajar de manera coordinada con el resto de las provincias". "Hay que garantizar una presencia territorial simbólica y material", dijo.

"Es fácil trabajar con las provincias que garantizan derechos, lo complejo y el desafío está en aquellas provincias donde todavía hay que reforzar la implementación de la Convención de los Derechos del Niño y la legislación vigente", subrayó y aseguró que si asume el rol, "regionalizaría el organismo" y haría acuerdos con las provincias.

A su turno, Julián Axat opinó que "la Defensoría del Niño tiene que tener mayor volumen político, tiene que estar y ser protagonista de la agenda pública. La voz de la anterior defensora ha sido importante, pero me parece que le ha faltado proyección. Es necesario que el defensor en su autonomía, independencia y rol protector, sea una voz fuerte de la agenda pública y nacional. Una reforma por arriba desde lo político y una reforma por abajo desde la territorialidad".

El pedagogo y psicologo Roberto Fidel Candiano manifestó que hay que "impactar positivamente en mejorar la calidad de vida de los niños y niñas, sobre todo, de los que más lo necesitan. Yo creo que si después de cinco años de un defensor no se mejora la calidad de vida de los chicos, nos tenemos que ir a nuestras casas y cerrar todo y no gastar más plata. Hay que mejorar la vida de los chicos".

También dentro de los candidatos, la exlegisladora porteña María José Lubertino enfatizó que "los derechos de niñas, niños y adolescentes son una política de Estado, pero eso lo tenemos que hacer realidad con el protagonismo de ellos mismos".

Entre los principios que propone, enumeró: "Federalismo de concertación, territorialización, democracia participativa, diálogo de saberes, acceso a derechos, acceso a justicia, desjudicialización, fortalecimiento del equipo, eficacia, eficiencia, indicadores, visibilidad y transparencia".

La abogada apuntó además que hay que "mirar las legislaciones comparadas provincia por provincia" con el fin de "disminuir los graves desfasajes y desigualdades" entre cada una de ellas. "Hay que trabajar con los gobernadores, con los ministerios, con las Cortes y los Ministerios Públicos federalmente", propuso.

"El primer desafío es construir en red", aseguró y habló de "aprender de las defensorías preexistentes". "No estoy presentando un proyecto ambicioso e irrealizable sino acorde al presupuesto que hay", indicó, al tiempo que vio con buenos ojos "impulsar la creación de defensorías en todas las provincias".

Por su parte, María Fátima Silva señaló que su gestión consistiría en "mucho territorio sin replicar acciones". "Las problemáticas y las cosas a resolver de cada provincia son distintas", aclaró y recomendó el armado de "mesas de trabajo en cada provincia" y la creación de "defensores juveniles voluntarios en todo el país".

"Yo iba a proponer en el plan y no lo quise hacer, porque imaginé que iba a ser un costo enorme, pero pensé en una Defensoría itinerante en algún momento, sin necesidad de replicar estructuras", reveló.

A su turno, María González Lonzieme consideró un honor ser parte de las audiciones para ser defensor de los derechos de niñas, niños y adolescentes, y definió que la creación de este organismo “fue un fruto histórico de lucha y personas comprometidas con la niñez”. Asimismo, afirmó que “la distancia entre las leyes y la vida real de nuestros chicos sigue siendo enrome”.

Acto seguido, G. Lonzieme consideró que “hay una situación crítica porque más de 7.000.000 de chicos, chicas y adolescentes viven en situación de pobreza, lo que representa el 60% de muestra infancia”. También, advirtió que “la deserción escolar avanza”, y remarcó que “la pobreza infantil no es un dato, es una vulneración sistemática de derechos”.

La última audiencia fue la de Ana Belén Mormero, quien destacó “que este concurso estaba más orientado a abogados, pero se necesitan un montón de profesiones que hagan carne la premisa de la Convención de los Derechos del Niño y la Convención de Ginebra de 1957”. Luego, remarcó que “el nodo central de la crisis que estamos atravesando en materia de infancias es, sin dudas, la pobreza infantil”.

“La pobreza infantil hay que ponerla en el centro y varios informes la analizan desde una mirad multidimensional, y tenemos que elevar el concepto como lo clasifica Unicef”, explicó. Además, agregó que “cuando tenemos un niño está afectado en la base de todos sus derechos que es su dignidad”.

Luego de nueve horas de reunión y con medio centenar de exposiciones, la presidenta de la Comisión Bicameral del Defensor de los Derechos del Niño, Niña y Adolescentes, Natalia Sarapura, anunció que las audiencias públicas van a continuar el próximo lunes 2 de septiembre a las 9.30.

Durante tres jornadas, la Bicameral del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes escuchará en audiencia pública a todos los candidatos que superaron el examen escrito y buscan ocupar el cargo que quedó vacante este año con la salida de Marisa Graham.

En la primera jornada de este jueves, que tuvo un cuarto intermedio pasado el mediodía y se reanudó por la tarde, pasaron más de una veintena de postulantes. Las exposiciones continuarán este viernes 29 y el próximo lunes 1ro. de septiembre.

La audiencia, conducida por la presidenta de la comisión, la diputada Natalia Sarapura (UCR), se llevó a cabo en la Sala 1 del Anexo de la Cámara baja.

Los candidatos defendieron sus planes de trabajo e ideas para llevar a cabo desde la Defensoría, al tiempo que expusieron sobre diagnósticos actuales que atraviesan niñas, niños y adolescentes: pobreza, desigualdades, violencias, salud mental, educación, acceso a la justicia, adopción, menores en conflicto con la ley penal, entre otros temas. También recibieron preguntas de los legisladores.

La primera en hablar fue Sonia Gabriela Almada, quien se definió como una "sobreviviente de múltiples violencias vividas en la infancia", lo que la motivó a "tomar el compromiso de proteger a la infancia desde siempre", con el objetivo de que "la infancia pueda estar protegida y tenga una vida sin violencia". En ese sentido, contó que en 2003 fundó una asociación civil de acompañamiento a niñas, niños y adolescentes, desde donde han propuesto la creación de un Ministerio de la Infancia y la imprescriptibilidad de los delitos de abuso sexual contra menores, entre otras iniciativas.

Almada aseguró que desde la Defensoría impulsaría que "Argentina tenga por primera vez un marco de salvaguarda infantil", que consiste en "una cantidad de protocolos para que el Estado cada vez que intervenga -ante una vulneración de derecho- lo haga de una manera que proteja y no dañe, y sea de una forma segura, protectora y eficaz; que no haya maltratos institucionales". Y resaltó que este sistema tiene "bajo costo" y "no implica burocracia extra".

A su turno, la abogada Andrea Mariel Cirulli enfatizó que "el defensor no tiene que hacer el trabajo de un asistente social, es el que está arriba y tiene que coordinar". Y consideró que en una Defensoría "ideal", además de los defensores adjuntos, tiene que "haber un abogado, un psicólogo o psiquiatra y un educador; esa es la pirámide perfecta".

Al hablar sobre distintas realidades de los menores en el país, subrayó que "el régimen penal juvenil es algo que me preocupa mucho" ya que "Argentina no cuenta con datos rigurosos y confiables en la materia", y "en muchas jurisdicciones se continúa con la práctica ilegal de privación de la libertad o sanción penal a las personas no punibles". Asimismo, los lugares de reclusión de menores "son terribles, son medievales", definió.

"El objetivo de mi plan es identificar cosas actuales, prácticas concretas que están pasando y se observan en territorio", dijo y afirmó: "En caso de ser defensora voy a ser una defensora activa, me van a tener que echar de los despachos".

Gabriel Lerner, exsecretario de Niñez, Adolescencia y Familia en los periodos 2011-2015 y 2019-2023, manifestó que él tenía un "balance en términos generales positivos" de la gestión de Graham, "pero también muchos desafíos por delante". En su intervención, señaló que "hay que tener una mirada absolutamente amplia de la protección de los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes de la República Argentina", pero "esta etapa requiere un plus de aporte, de prioridad, mirando hacia los sectores más vulnerables, en particular los niños que están en la pobreza".

"El problema social más grave de la Argentina es la pobreza infantil y la Defensoría no puede tratar este tema del mismo modo que otros", ratificó, al tiempo que opinó que el organismo tiene que mejorar sus herramientas para "combatir la cultura del descarte". Además, al igual que otros postulantes, abogó por "más presencia cotidiana de la voz de los chicos en la gestión de la Defensoría".

Por su parte, la abogada María Amelia Moscoso Cardoso apuntó que "el principal desafío es tener federalismo". "No existe ninguna política pública que solucione problemas si se hace desde un estrado", sostuvo. Sobre su plan, expresó que "el Estado tiene que ser responsable al utilizar los recursos, en esa línea pensé en una estructura austera".

"La Defensoría no es un órgano ejecutivo, de modo que en esta naturaleza extra poder tiene la posibilidad de ser un agente de cambio real, sin asumir compromisos definitivos con ninguna fuerza, ningún gobierno, ninguna instancia política-partidaria, y ninguna ideología", destacó.

En su presentación, Gustavo Álvarez Pereira dio una serie de cifras contundentes que, sostuvo, “no son un accidente, sino síntomas de un sistema que falla en la garantía de derechos”. Por lo cual, propuso un modelo institucional basado en un fortalecimiento y la independencia de la Defensoría.

Así, presentó un organigrama según el cual, entre otras cosas, sugiere una defensoría adjunta con enfoque en la protección integral y el abordaje de situaciones y también la atención. “Propongo cuatro direcciones -dijo-. Una que tenga que ver con la atención integral y denuncias; otra que sea de derechos en situaciones de riesgo; otra de asesoría jurídica, y por último la dirección de fortalecimiento del sistema de protección”.

“Este defensor adjunto deberá tener la capacidad de fortalecer el sistema de protección en el acompañamiento a las situaciones de desprotección de niñas, niños y adolescentes”, señaló, agregando que proponía una Defensoría Adjunta con un enfoque en promoción, prevención y participación, también con cuatro direcciones. Una, la Dirección de Promoción y Prevención; la Dirección de Educación y Formación; la Dirección de Participación y Ciudadanía, y la Dirección de Relaciones Institucionales.

Gisela Judith Clivaggio afirmó que "el foco tiene que estar puesto en representar los intereses de NNyA y sus derechos, y generar una alta incidencia en la materia" con "un carácter federal muy fuerte y un marcado anclaje territorial". "Tratar de estar siempre lo más cerca de chicos y chicas para poder escucharlos, garantizarles el acceso a la justicia y difundir sus palabras", subrayó.

Entre otros, María Emilia Lobelos, docente de todos los niveles y abogada en hospitales de la provincia de Buenos Aires, recordó que los menores "son sujetos plenos de derecho" y "protagonistas de su propia historia". "Por eso, la base de mi gestión sería la de una Defensoría autónoma, basada en la participación activa de NNyA", dijo y aseveró que "las grandes transformaciones las podemos hacer si escuchamos de verdad".

Se realizó este viernes en el recinto de la Cámara de Diputados el primer examen escrito para la elección del nuevo defensor de Niñas, Niños y Adolescentes. Del evento participaron más de 150 postulantes.

Las palabras de bienvenida a los postulantes que asistieron al recinto del Palacio legislativo a rendir el examen del concurso público para la elección del próximo defensor nacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, estuvieron a cargo de la titular de la comisión Bicameral del Defensor de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la diputada nacional Natalia Sarapura (UCR), y del presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem.

Allí, ambos coincidieron en destacar a la instancia del examen como “una herramienta republicana, abierta y transparente”, que reafirma la vocación del Congreso nacional de cuidar y garantizar los derechos de los más vulnerables, especialmente de quienes todavía no tienen vos propia en el debate público, siendo además “un paso firme hacia una Argentina que pone en el centro a la infancia y que trabaja fervientemente en ella”.

La instancia del examen escrito anónimo del Concurso Público, que tuvo una duración de dos horas, busca seleccionar con criterio de méritos, transparencia y excelencia al próximo defensor o defensora nacional de los Derechos del Niño. Esta etapa es una muestra del compromiso de la Cámara de Diputados con el fortalecimiento de las instituciones y la promoción efectiva de los derechos de los más pequeños que son el presente, pero sobre todo son el futuro de nuestra Nación.

“Es necesario fortalecer el sistema de protección integral de los derechos de niñas y niños, en la búsqueda de consensos y con plena conciencia del interés superior de la niñez. Tuvimos el orgullo de recibir en esta casa a más de 150 argentinas y argentinos, que desde distintos puntos del país vinieron a expresar su vocación de ser el próximo defensor o defensora”, aseguró Sarapura, presidenta de la Comisión Bicameral del Defensor de los Derechos del Niño, Niña y Adolescentes.

La legisladora destacó la presencia de consejeros, consejeras y académicos que “han honrado con su acompañamiento técnico a lo largo de todo el proceso”. También remarcó: “Necesitamos una Defensoría que llegue al territorio, que sea más federal, con un abordaje integral y que rinda cuentas de manera transparente frente a los desafíos que atraviesa la niñez”.

“Quiero poner en valor que en este momento todos y todas, desde políticos, defensores y defensoras, especialistas, con nuestra presencia y accionar,  estamos comprometidos con los derechos de la niñez”, concluyó Sarapura.

Según el cronograma, los resultados de los aprobados se darán a conocer el 8 de agosto, mientras que las audiencias públicas con los postulantes serán entre el 28 de agosto y el 1 de septiembre, y se estima que para el 22 de septiembre finalice el proceso de selección.

Muy activa y a paso firme en la elección del nuevo Defensor/a de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes continúa la bicameral encargada de llevar adelante el concurso público, en medio del receso invernal que atraviesa el Congreso, con escasa actividad parlamentaria.

Durante una reunión realizada este viernes, la presidenta de la comisión, la diputada Natalia Sarapura (UCR), señaló que el pasado 21 de julio finalizó el período para recibir impugnaciones sobre los más de 200 postulantes que se inscribieron. "Se han recibido 27 impugnaciones y 8.561 adhesiones, un número altísimo éste. Cada una de las impugnaciones fue remitida a los correos institucionales de los legisladores", informó.

A su turno, la diputada Nadia Márquez (LLA) sugirió dar traslado a las impugnaciones para que cada uno de los impugnados haga su descargo, y luego en una eventual reunión resolver la comisión sobre las mismas.

Según se acordó, el plazo para que puedan responder quienes fueron objetados será hasta después del examen, ya que el reglamento indica que tienen "hasta cinco días antes de la audiencia pública" para contestar, y también pueden hacerlo de manera verbal en esa instancia.

Durante el encuentro, Sarapura destacó que se va a poder utilizar el recinto de la Cámara de Diputados para la realización del examen, el próximo viernes 1ro. de agosto. "Ese hecho marca la importancia que tiene", destacó y agredeció a las autoridades de la Cámara, que "han cambiado la fecha de acciones de reparación que están haciendo para garantizar que el examen se realice allí".

Los miembros de la bicameral acordaron que la acreditación arranque a las 9, para dar comienzo a las 10 al examen, el cual tendrá una duración de dos horas. En tanto, por la tarde, ese mismo día, los legisladores harán la corrección de las evaluaciones.

Un día antes, el 31 de julio a las 14, los miembros de la comisión se abocarán a la confección del examen, compuesto por seis bloques. Para ello, se seleccionaron las siguientes duplas: senador Daniel Bensusán (UP) y senadora Gabriela Valenzuela (UCR), para el bloque 1; diputada Nadia Márquez (LLA) y diputada Sabrina Selva (UP), para el bloque 2; diputada Natalia Saparura (UCR) y senadora Stefanía Cora (UP), para el bloque 3; senadora Vilma Bedia (LLA) y diputada María Sotolano (Pro), para el bloque 4; senadora Andrea Cristina (Pro) y diputada Eugenia Alianiello (UP), para el bloque 5; y el bloque 6 para todos.

La figura del Defensor/a de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes fue creada por el artículo 47 de la Ley 26.061, con la misión de garantizar el respeto y cumplimiento de los derechos de la niñez y adolescencia, intervenir ante vulneraciones y promover políticas públicas orientadas a su protección.

Luego de 12 años de su sanción, la bicameral encargada de seleccionar este cargo se constituyó en 2017. El proceso culminó casi tres años después, con la jura de Marisa Graham como la primera defensora, en febrero de 2020.

Con una duración del mandato de cinco años -y la chance de ser reelegido por otro período- Graham decidió a comienzos de este año autoprorrogarse el mandato. Meses después fue desplazada por la votación de la comisión, que inmediatamente arrancó con el nuevo concurso público.

Tras una última reunión acalorada, la Comisión Bicameral del Defensor de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se dio cita este martes antes de escuchar a una nueva tanda de representantes de organizaciones, en el marco del concurso público que comenzó para elegir al sucesor de Marisa Graham. En esta oportunidad primaron los acuerdos y se resolvió la creación de un Consejo Asesor técnico que asistirá a los legisladores en este proceso.

La presidenta de la bicameral, la radical Natalia Sarapura, sostuvo que la reunión informativa que tuvieron “ha permitido dar cuenta de la importancia de la participación de las organizaciones sociales. Hemos podido escuchar a representantes que nos han marcado una agenda con mejorar la participación de la sociedad civil, el compromiso e interés para el proceso del concurso público”.

“Hemos escuchado la importancia de una agenda temática para que se respete el carácter federal, la importancia del conocimiento académico a la hora de gestionar la Defensoría y el defensor. La importancia de dar cuenta de la transparencia del proceso del concurso”, señaló la jueja. Así, manifestó la importancia de seguir escuchando a organizaciones y ratificó la vocación de la comisión de “seguir con un proceso participativo” para crear el consejo asesor.

Sarapura explicó: “La bicameral ha tomado la decisión de crear un consejo asesor en el ámbito del cuerpo. Tendrá el carácter de asistencia técnica para todo el desarrollo del concurso público”. El mismo estará integrado por 10 miembros, cada uno de ellos propuestos por los legisladores que componen la comisión. Tendrán funciones de dar un acompañamiento técnico en todo el proceso del concurso.

También podrán aportar y hacer sugerencias para las instancias de evaluación, proponer temáticas, temarios, preguntas. Además, podrán sugerir una grilla de evaluación. Tendrá un carácter no vinculante y no lo podrán integrar organizaciones que estén concursando.

Al tomar la palabra, el libertario Nicolás Mayoraz remarcó que Consejo consultivo no es vinculante para los integrantes de la comisión. “Se charló mucho sobre los perfiles que pueda atender todas las realidades de quienes trabajan con la niñez y adolescencia, es decir, perfiles técnicos y el territorio”, expresó.

Mayoraz explicó que el consejo asesor técnico tendrá dos tareas claves: “Presentar los ejes temáticos y, la segunda instancia, quince días antes del examen presentar esos ejes que es el 13 o 14 de julio; y siete días antes la presentación de las propuestas o sugerencias para las preguntas del examen”.

“Reafirmamos la posición del bloque de invitar a la ciudadanía a participar de este proceso, ya que quedan pocos días. Que participen y se presenten para darle a la comisión y, luego, a ambas cámaras las mejores decisiones posibles dentro de las que se tienen que tomar por consenso político. Mientras más participen, se va a ver mejor expresada la sociedad en sus diferencias los distintos perfiles y miradas sobre esta problemática”, planteó y destacó las reuniones informativas con las organizaciones de la sociedad civil porque “nos ayudan a reflexionar sobre el perfil que queremos”.

El santafesino volvió a criticar la gestión de Graham y afirmó que pondrán "toda la energía” para "corregir aquello que nos pareció que no estuvo bien”. Por último, señaló que “hay que preguntarse sobre el rol federal que tiene el sistema o de qué manera podemos garantizar que sea un defensor bien involucrado con todas las realidades que se viven en todas las provincias”, y agregó: “Es importante el perfil de una defensoría de puertas abiertas que escuche a todos, que tenga un compromiso genuino y sin un sesgo ideológico con la tarea que tiene que llevar adelante porque la niñez está comprometida en muchos sentidos y se deben atender y afrontar”.

“No podemos pretender que el defensor sea un superhéroe porque no es la tarea que le asigna la ley y tampoco daría abasto con esa función. El rol articular que debe tener es clave, y esa mirada del sistema de protección de los derechos del niño es fundamental”, aclaró Mayoraz.

“Hemos plasmado buscar un consejo asesor que pueda volcar en los temarios todas esas variedades de problemáticas que nos han plasmado la sociedad civil y que puedan volcarlo en propuesta de preguntas para elegir a los mejores candidatos entre todos”, concluyó.

Por su parte, la diputada Eugenia Alianiello de Unión por la Patria destacó haber llegado a ciertos acuerdos entre todos para el concurso. También ponderó que el Consejo surgió de un aporte que hizo el Pro y expresó: “Es importante darle valor a la integración de este consejo y de las organizaciones que vienen hace años trabajando en niñez que puedan hacer aportes a un concurso que debe ser transparente, ágil y serio. Es importante poder dialogar y acordar pese a las diferencias ideológicas”.

A su turno, la diputada de Pro María Sotolano ponderó la relevancia de las reuniones y el consenso para llevar a cabo este consejo asesor: “Es un paso que muchos no venían viendo y es algo sumamente importante”, y explicó que la tarea del consejo asesor es “darle mucha más transparencia a este concurso, es el proceso más importante de la bicameral”. “Es un paso clave y un ejemplo y motivar a muchos profesionales a dar el paso. Este concurso está avanzando muy bien y eso es parte del consenso entre todos los bloques”, cerró.

La senadora libertaria Vilma Bedia sostuvo que la bicameral se hizo “eco” del reclamo de la sociedad que quiere “en este proceso de selección al futuro defensor. El consejo asesor técnico es fundamental porque será un acompañamiento en el proceso para que sea claro, transparente y para que la sociedad pueda ver todas las instancias evaluativas”.

El debate sobre un nuevo defensor

A continuación, en el marco del proceso de selección de un nuevo Defensor, participaron de la Bicameral organizaciones de la sociedad civil que trabajan de forma integral en la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. “Siempre es importante la participación de la sociedad civil”, destacó Sarapura.

En primer lugar habló Gabriela Tozoroni, de la Red Argentina no Baja, quien sostuvo que el próximo defensor "tiene que continuar profundizando los logros de lo que ya se conquistó y se pudo hacer en la Defensoría". A continuación, aseguró que ese cargo tiene "un rol político" y "tiene que ocuparlo alguien que tenga trayectoria e idoneidad en materia de niñez y adolescencia, pero también debe haber una mirada política".

Por otra parte, cuestionó que "en lugar de entender que (los menores) son sujetos de derecho, tenemos desde el Gobierno nacional una mirada totalmente punitivista, criminalizante de nuestros niños y adolescentes a partir de la propuesta de bajar la edad de imputabilidad". "El niño, niña o adolescente es un sujeto de derecho que no se puede fragmentar", afirmó y pidió: "No miremos desde la mirada criminalizante, miremos qué pasó antes, miremos que hay un casi 70% de pobreza en niños y adolescentes frente a un 2,25% de pibes o pibas que quizás pueden estar involucrados en alguna transgresión a la ley".

A su turno, Gala Díaz Langou, del CIPPEC, apuntó que "las peores condiciones de vida en todo el territorio nacional están concentradas en familias que tienen niños, niñas y adolescentes". Y detalló que "el 52% de niños de 0 a 14 años viven bajo la línea de pobreza, y el 49,2% de niños entre 0 y 5 años viven en la pobreza. Estos datos son alarmantes, por todo lo que representa la pobreza, por las privaciones que conlleva, por la vulneración de derechos que implica".

En ese sentido, resaltó "la relevancia que tiene el rol de la Defensoría en revertir estos datos". También mencionó que "solamente 5 de cada 10 estudiantes finalizan la secundaria a tiempo y solamente 13% de quienes ingresan a la secundaria la terminan con los conocimientos esperados en lengua, matemática y sin repetir".

Guadalupe Correa, del Frente Joven María, también precisó que "más del 50% de los niños son pobres y uno de cada dos niños pobres sufre inseguridad alimentaria". Además, enumeró que "el 57,5% no tienen obra social, mutual ni prepaga; el 49,4% de los niños viven en un espacio con déficit en condiciones de medioambiente; el 23% de los niños entre 3 y 5 años no están escolarizados; y el 9,5% de los niños en edad de primaria no asisten a ningún establecimiento, número que se eleva a 28,9% en secundaria". "La mitad de los niños hasta tercer grado no entienden lo que leen y uno de cada diez que llegan a este curso directamente no sabe leer", sumó y dijo que la cifra de trabajo infantil es de 28,4%.

Por otro lado, criticó que "la Defensoría fue un organismo cooptado por las ideologías y no atento a la realidad, una Defensoría que hablaba del cambio climático, de las niñeces y buscaba eliminar la figura de los padres como protectores. Buscaba entregar asignaciones y más plata, pero no abordaba los problemas de fondo". Y cuestionó que había "una defensora que defendía eliminar a los futuros niños desde el vientre de la madre".

Mariela Cordero, de la Universidad Nacional de Entre Ríos, manifestó: "La Defensoría debe cumplir un rol activo en la incidencia pública, articulando con el Poder Legislativo, el Poder Judicial, organismos internacionales, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil, con el fin de instalar la agenda de los derechos de niñas, niños y adolescentes como prioridad política".

Sobre quien ocupe el cargo, indicó que deberá tener "un conocimiento profundo de los principales desafíos que atraviesan las infancias y adolescencias en Argentina" ya que "hay problemas que urgen ser abordados desde una perspectiva federal, interseccional y con enfoque en derechos".

Desde la Organización Mundial para la Educación Preescolar, Mercedes Mayol Lasalle expresó: "Valoramos el rol asumido desde el 2019 por la doctora Graham, cuya designación tras 14 años de vacancia constituyó un hito histórico. Sin embargo, sabemos que aún queda mucho por hacer para lograr una Defensoría sólida, articulada con las provincias y la sociedad civil, que incida de manera efectiva en el cumplimiento de los derechos de las infancias de todo el país".

Por la asociación civil Doncel, Evelin Rolón señaló que "de esta nueva Defensoría esperamos que nos escuchen, que nos inviten a participar de verdad, queremos un espacio donde podamos hablar de nuestras vivencias, donde nuestras voces no sean decorativas sino tomadas para transformar el sistema". Y sobre el defensor, "que tenga un rol activo en monitorear las políticas públicas dirigidas a las infancias, no alcanza con tener un programa en papel".

Lucía de la Vega, del CELS, advirtió que "de las 50 políticas de cuidados existentes a nivel nacional, solo quedan 4". "Vemos a las familias criando en soledad, las mamás haciendo malabares, con menos tiempo para criar, con multiempleos, endeudándose para comprar alimentos y con la violencia en aumento en los barrios".

Manifestó que en las observaciones del Comité de Derechos del Niño del año pasado se remarcó la "preocupación ante el DNU 70/23" y la "continua disminución de las asignaciones presupuestarias destinadas a la infancia". "La situación del Garrahan es un ejemplo de esto, hoy el Garrahan está sin calefacción", dijo y fue aplaudida.

Además, De la Vega defendió que el plan ENIA, de prevención del embarazo adolescente, sobre el cual "la Defensoría ha iniciado una acción para su continuidad y la justicia le ha reconocido la legitimidad colectiva para impulsarla".

Por el contrario, Daniela Seguí, de Abogados por la Vida, criticó que el plan ENIA "no es una política de prevención, sino una herramienta de control poblacional ideológico y con derivaciones geoestratégicas y demográficas perjudiciales para nuestra Nación y ejecuta en perjuicio de niños, adolescentes, sus familias y Argentina".

Participaron del encuentro Amelia López, Defensoría Provincial de Córdoba; Lucas Parenti, miembro de la Red Argentina por la Adopción; Lorena Álvarez, AAOF (Asociación Argentina de Orientadores Familiares); Mayca Irina Balaguer, FUNDEPS (Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables); Alejandro Osio, docente de UNLPam (Universidad Nacional de La Pampa); Alejandra Castiglioni, Interculturalidad e Infancias; Martina Salituri Amezcua, Observatorio de Derechos de NNyA de la UNICEN (Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires); Mariana Incarnato, Asociación Civil DONCEL; Norma Méndez Simoes, Ponete de Pie; Mariela Cordero, UNER (Universidad Nacional de Entre Ríos); Silvia Ana Fratti, Fundación Reflexión por la Vida; Paula Querido, Asociación Civil Francisco Tonucci; Fernanda Alvarado, ANDHES (Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales); Padre Adrián, Curas Villeros de Soldati; Miryam Monasterolo, Foro Patagónico por la Defensa de la Niñez y Adolescencia; Abigail Herrera, Abolicionistas del Siglo XXI; Bárbara Analia Morelli, Fundación Morelli; Soledad Deza, Fundación Mujeres x Mujeres; Miguel Jorge Haslop, PRODECI (Asociación para la Promoción de los Derechos Civiles); Mariana Lucía Ortiz , Bitácora por la Infancia; Pablo Barbiroto, Juzgado Penal NNyA (Niños, Niñas y Adolescentes) de Paraná; Silvia Stuchlik, Fundación Alem; Lucía Ricoveri, Fundación Proyectos de Vida – CONIN Hurlingham; Liseth Agostina Tula, Tu Vida Vale Mucho – Sede Chubut; Santiago Stura, Faro Digital; Cristian Hernán Fernández, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN); Bernardo Montecino Pardo, Hogar del Sol – Portadores de Cristo; Lucila Galkin Sutton, Amnistía Internacional;  Alejo Brosio, Aldeas Infantiles SOS; Nora Pulido, Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia.

En el marco del concurso público que se inició en el Congreso para elegir a un nuevo defensor/a de los derechos de niñas, niños y adolescentes, representantes de organizaciones que trabajan con la niñez participaron este martes de una reunión informativa de la comisión bicameral encargada de esa selección.

Durante el encuentro, los expositores, quienes plantearon sus distintas miradas en torno a temas como aborto o la ESI, sí coincidieron en pedir por una persona "idónea" con "trayectoria" en el tema y que tenga "autonomía política y partidaria".

A su vez, reclamaron una apertura del organismo, cuestionando la gestión de la ex defensora de las Niñas, Niños y Adolescentes Marisa Graham, y enfatizaron sobre la "grave" situación que atraviesan los menores de nuestro país, estando más del 60% de ellos bajo la línea de la pobreza.

Ramón Dupuy, abuelo de Lucio Dupuy, el niño de cinco años asesinado por su mamá y la pareja de ésta en La Pampa en noviembre de 2021, expresó: "Queremos una Defensoría de puertas abiertas, que esté a la altura quien esté a cargo, con una trayectoria, que conozca la realidad de todo el país, porque en las provincias sí que hay vulneración de derechos".

"A Lucio se le violaron todos los derechos", señaló. Al frente de la asociación que lleva el nombre de su nieto, Dupuy reveló que a Graham le pidió "cinco audiencias y nunca fui escuchado, jamás, nunca se dignaron a levantar el teléfono y solidarizarse con la familia". Por eso, insistió en que se elija a quien "le abra la puerta a los niños y los defienda".

A su turno, Norberto Liwski, presidente de Defensa de los Niños Internacional-Sección Argentina consideró que, de cara a la elección del nuevo defensor/a, "deberíamos tener una evaluación adecuada de los logros alcanzados, de los obstáculos con los cuales se debió trabajar y también de los nuevos escenarios en la que se constituye esta segunda etapa" del organismo.

Remarcó que estamos ante "un deterioro en los sectores de la infancia y la adolescencia" que "no es atribuible a los últimos meses, pero sí agravado en los últimos meses". Además, sostuvo que quien sea elegido debe "contar y gozar de la más amplia autonomía política, ideológica y partidaria para que efectivamente aborde los problemas que están presentes históricamente, los que se han agravado y los problemas nuevos".

Ramón Eduardo Ferreyra, codirector Ejecutivo de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, que forma parte de la red Infancia en Deuda, planteó "tres recomendaciones para garantizar un proceso riguroso" en el concurso público. Entre ellos, enumeró que haya "publicación total de la documentación y los resultados" como así también "la totalidad de los antecedentes y trayectoria de las personas candidatas".

"Que se publiquen los exámenes escritos, sus resultados y los puntajes", continuó y pidió la "conformación de un comité asesor integrado por expertos para asistir a la comisión en la elaboración y corrección del examen". "Un concurso transparente es crucial", expresó.

Otro de los oradores de la jornada fue Francisco Alanis, coordinador de la asociación civil Los chicos de la Cooperativa, que trabaja en el partido de La Matanza, quien subrayó que la Defensoría "tiene que tener presente el contexto donde viven los pibes y la escucha de los pibes". En su opinión, al paradigma de que los menores son sujetos de derecho "hay que seguir fortaleciéndolo y fomentándolo".

Respecto de la baja de la edad de imputabilidad, manifestó que "los pibes no son delincuentes y no tienen la culpa de la situación que les toca atravesar; los pibes son el fruto de una situación del mundo adulto-centrista que les toca pasar, nosotros decidimos sobre la vida de los pibes y las pibas".

Finalmente, Alanis pidió que haya una reunión de la comisión en la que se escuche a los niños y adolescentes, a la vez que el defensor/a lleve adelante su labor "no desde un escritorio, sino desde la realidad" y estando "en el territorio".

Mabel Bianco, presidenta de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer, también parte de colectivo Infancia en Deuda, afirmó: "Para nosotros este proceso de selección no es uno más, es muy importante. Necesitamos que sea lo más transparente, pero también lo menos vinculado a los partidos políticos. Los niños no tiene partido político, los niños son ciudadanos y deben ser tratados como tales. Por eso, para nosotros es muy importante que se los considere sujetos de derecho, no como receptores".

"La situación actual se ha deteriorado y eso nos preocupa", coincidió con Liwski, y se refirió a dos temas a tratar por el organismo. "Para nosotros el embarazo adolescente no es menor, queremos que se ocupe de este tema y sobre todo de algo como el abuso sexual infantil, sobre el que lamentablemente no se está dando una atención como corresponde", advirtió.

En contraposición, Adolfo Francisco Morán, de la agrupación "La Carlos Menem" y miembro del directorio de "Padres Unidos", aseveró: "Nosotros tenemos una deuda pendiente con nuestro propio país que es cuidar a nuestros hijos, los hemos dejado expuestos a la depredación. Los hemos dejado vulnerables, los hemos apartado de las familias y los hemos dejado en manos de gente que tienen una agenda propia. A los chicos nadie los está cuidando".

Al referirse a Graham, la defensora que fue desplazada luego de autoprorrogarse el mandato, opinó que "ha sido una vergüenza y una mancha en la protección de los chicos de este país".

"El aborto infantil es una aberración, el abuso sexual infantil es una aberración, la adoctrinación sexual e ideológica en las escuelas es una barbaridad", expresó y criticó la Ley de Educación Sexual Infantil. También señaló que a los niños se los ha considerado "objeto de derecho" y "no sujeto de derecho" porque "no se podían valer por sí mismos; es la patria potestad y son los padres y la familia los que siempre han velado por la seguridad, el bienestar y la dignidad de ellos".

Por su parte, Paula Wachter, de la fundación Red por la Infancia, compartió con otros expositores "la enorme preocupación que tenemos sobre la situación en la que están viviendo los niños, niñas y adolescentes de nuestro país". Y resaltó que "desde la pandemia no tenemos cifras oficiales, pero sí sabemos que la prevalencia de la violencia está aumentando". En ese sentido, habló de "grandes vacancias normativas y de políticas públicas" para combatir la violencia contra menores, como por ejemplo "las violencias digitales".

Al aportar una larga lista de recomendaciones para el concurso público, reclamó que la persona elegida tenga "autonomía política y partidaria" y se realice "un proceso plural, participativo y transparente para garantizar su legitimidad".

Más adelante, Raúl David Romero, del Centro de Desarrollo Familiar, definió "el perfil que esperamos desde la sociedad civil del próximo defensor: que tenga una mirada amplia de la niñez, que sepa ver y actuar donde los derechos se quiebran, que escuche a las organizaciones que trabajamos en el territorio, que construya redes y no se encierre en una oficina, que tenga un compromiso real hacia la infancia, independiente y sin sesgos ideológicos".

"No quiero dejar de mencionar que la defensora Marisa Graham militó activamente a favor de la legalización del aborto y, sin entrar en debates ideológicos, considero que esto resulta profundamente contradictorio con la función de quien debe velar por el interés superior del niño", lanzó y fue aplaudido por la mitad de la sala. La diputada libertaria Nadia Márquez incluso se paró de su silla.

Ramón Eduardo Ferreyra, integrante de la organización Infancia en Deuda propuso que se realice la publicidad de todos los perfiles que participan en el concurso, así como de los exámenes junto a los resultados, que se conforme un comité asesor para asistir a la comisión, y que se elabore una lista tabulada de puntajes.

A su turno, Teresa Bustillo, co-directora de MIF, exhortó a que se elija “un defensor que vea la necesidad real, que pueda mirar con profundidad, que se haga cargo”.

En representación de la Red de Defensorías provinciales, Rossana Marli Franco, defensora de los Derechos de Niños Niñas y Adolescentes de la provincia de Misiones, señaló que “los antecedentes son fundamentales, pero necesitamos un defensor que sea práctico, que este en el terreno, que resuelva casos”. Y remarcó que “la función del Defensor es controlar que las políticas públicas no vulneren derechos”.

En el mismo sentido, el defensor de los Derechos de Niños Niñas y Adolescentes de la provincia de La Pampa, Juan Pablo Meaca, consideró que “no tiene que tener perfil político, con experiencia en los ámbitos de la niñez y en el territorio”. Por último, remarcó la necesidad de ponderar “la participación federal” para que exista representación de todo el país.

Los expositores coincidieron, además, en la necesidad de un concurso transparente y que cuente con un comité de expertos, en el reconocimiento de los niños como sujeto de derecho, que los jóvenes puedan participar del proceso de selección del defensor, que sea una defensoría de puertas abiertas que atienda la problemática de los niños, niñas y adolescentes en el país, que aborde la salud mental adolescente, en la necesidad de fortalecer las redes institucionales para proteger a los niños y niñas, que el defensor cuente con experiencia en la gestión de gobierno y trabajo en áreas comunitarias, que sea una persona idónea, integra, comprometida y cuente con una mirada federal, entre otros puntos.

Quejas por la lista de expositores

En el arranque de la reunión, los diputados de La Libertad Avanza Nadia Márquez y Nicolás Mayoraz se quejaron de que hubo representantes de organizaciones convocadas por ellos que no pudieron ingresar a la reunión.

La presidenta de la comisión, la radical Natalia Sarapura, indicó que "no estaban acreditadas" y aclaró: "No es ánimo cercenar la voz, la participación y la escucha". "Tenemos criterios distintos", añadió.

Mayoraz salió al cruce: "La iniciativa de escuchar a las organizaciones sociales vino de La Libertad Avanza, no de la presidencia, y usted unilateralmente decidió que sean dos organizaciones por legislador, eso no se consensuó". Y reveló que desde el bloque tenían "más de 40 organizaciones" que querían participar.

"No estamos de acuerdo con esta modalidad", dijo el santafesino y acusó a la titular de la bicameral de decidir por sí sola una próxima reunión informativa para el 1ro. de julio.

Sarapura aclaró entonces que eso se resolvió entre las autoridades de la comisión, no de manera unilateral. "Usted está decidido a acusar a esta presidencia porque claramente tiene otra vocación que no es que el concurso se dé", lanzó la jujeña, a lo que el oficialista contestó: "No le voy a permitir que diga eso".

"Cállese que está hablando la presidenta", salió en defensa de Sarapura el senador de Unión por la Patria Daniel Bensusán. Finalmente, la radical ratificó: "Usted dice todo el tiempo cosas que no son ciertas. Hasta ahora no tomé ninguna decisión unilateral".

Mayoraz ya había protagonizado el momento de mayor tensión, cuando sobre el final de las exposiciones de invitados cuestionó a viva voz al defensor de Niñas, Niños y Adolescentes de La Pampa, Juan Pablo Meaca, por su papel en el caso Lucio Dupuy. Lo cual motivó la intervención de Sarapura, que le reclamo reiteradamente que se callara. Sin mayor éxito por cierto. “Nadie defiende a la jueza”, le aclaró, en referencia a Ana Clara Pérez Ballester, quien fue sometida a un jury por su actuación en el proceso que derivó en la entrega de la tutela a la madre, quien luego fue condenada por el asesinato de Lucio.

“Estoy respetando a la institucionalidad en el Congreso”, gritó la diputada jujeña que exigió que se le permitirá hablar al invitado. Por el contrario, Mayoraz insistió en que le parecía “una falta de respeto a la comisión” la presencia de “este señor”, en referencia a Meaca.

“La víctima estuvo acá y se la respetó; usted debería hacer lo mismo”, le reclamó Sarapura a su par libertario, que replicó a los gritos de otros diputados opositores: “Vergüenza fue haber elegido a Graham de defensora”.

El funcionario pampeano luego señaló que su área no había tenido nada que ver en la muerte de Lucio, pero cuando sobre el final volvió a hablar, Mayoraz insistió en que era “una falta de respeto que haya venido el defensor (en referencia a Meaca), porque ha tenido una actuación deplorable en el caso Dupuy”. Luego le apuntó a Graham, adjudicándole “negligencia” en ese caso, como también en el caso Arco Iris, por haber ido a parar una orden judicial de restitución de un niño “en forma patotera y apelando a sus amistades políticas, para que se frenara una orden de allanamiento para retirar un niño.

Sobre el final, Márquez aclaró que el oficialismo había invitado a 40 organizaciones antes de que les notificaran que eran dos por bloque. “Entonces nos pareció una tomada de pelo”, señaló, aclarando que por eso habían planteado que no les parecía adecuado.

La diputada libertaria concluyó su intervención, sobre el final de la reunión, anticipando que “vamos a seguir trabajando para derogar la nefasta, inconstitucional, inmoral e ilegal, Ley del Aborto en la Argentina”.

Conforme a las fechas que aprobara la Comisión Bicameral del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en su última reunión, este jueves se abrió la inscripción para quienes quieran postularse al cargo.

El proceso de selección, que llevará tres meses, tiene como objetivo designar a la persona que estará a cargo de velar por la protección, promoción y defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes, conforme a los principios consagrados en la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño y la legislación nacional vigente.

La inscripción se realizará de manera online entre el 19 de junio y el 3 de julio. El cargo tiene una duración de cinco años, con posibilidad de una única reelección.

La figura del Defensor/a de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes fue creada por el artículo 47 de la Ley 26.061, con la misión de garantizar el respeto y cumplimiento de los derechos de la niñez y adolescencia, intervenir ante vulneraciones y promover políticas públicas orientadas a su protección.

Los requisitos para postularse son ser argentino/a; haber cumplido 30 años de edad; acreditar idoneidad y especialización en la defensa y protección activa de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Quienes no cumplan con estos requisitos, posean condenas penales firmes o se encuentren inhabilitados para ejercer cargos públicos, quedarán excluidos del concurso.

La inscripción se realizará exclusivamente a través del sitio web oficial de la Comisión Bicameral.

Además, los postulantes deberán presentar un Plan de Trabajo, con los formalismos exigidos por el reglamento, antes del 11 de agosto de 2025.

Posteriormente, deberán presentar la documentación respaldatoria de sus antecedentes en la Secretaría de la Comisión Bicameral, ubicada en Av. Rivadavia 1841, Piso 3°, Oficina 342, Anexo A de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, en la fecha que oportunamente será notificada.

Las personas residentes a más de 100 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán remitir la documentación por correo postal.

Finalizada la etapa de inscripción, la Comisión Bicameral publicará la nómina de postulantes admitidos, junto a sus reseñas personales, en su página web.

El procedimiento de selección se regirá por el Reglamento del Concurso Público de Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo, aprobado por la comisión y disponible para consulta en el sitio web oficial.

Todas las fechas del concurso público

Publicación de la convocatoria: 17 y 18 de junio

Período de inscripción: 19 junio al 3 de julio

Publicación de aspirantes: 4 de julio

Recepción de impugnaciones y adhesiones: 7 al 21 de julio

Análisis, resolución y notificación de impugnaciones: 22 al 28 de julio

Notificación previa al examen escrito: 29 de julio

Examen escrito: 1 de agosto

Corrección de los exámenes: 4 al 6 de agosto

Publicación de resultados del examen: 8 de agosto

Período de vista de examen: 11 y 12 de agosto

Descargo y resolución de impugnaciones: 13 y 14 de agosto

Presentación del Plan de Trabajo: 19 de junio al 11 de agosto

Convocatoria a Audiencia Pública: 12 de agosto

Plazo de recepción de preguntas para la Audiencia: 13 al 20 de agosto

Audiencias Públicas: 28 de agosto al 1 de septiembre

Evaluación final y publicación de dictamen: 2 al 22 de septiembre

Definición de candidato/a y elevación a las cámaras. Reunión de Comisión Bicameral y voto: 22 de septiembre

Luego que la Bicameral del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes abriera el concurso público para elegir al sucesor de Marisa Graham -desplazada por la comisión luego de autoprorrogarse su mandato-, desde las organizaciones que integran el colectivo Infancia en Deuda sugirieron una serie de medidas para ser incluidas en el plan de trabajo.

"Celebramos esta decisión y solicitamos un compromiso de la Comisión Bicameral para que la elección de la nueva defensora o del nuevo defensor ocurra en 2025. Además, señalamos que quien asuma el nuevo cargo, debe hacerlo mediante un proceso transparente, idóneo e independiente de los poderes políticos", pidieron.

La bicameral convocó a concurso público de oposición y antecedentes a partir de este martes 17 de junio, estipulando su finalización tres meses después, el 22 de septiembre. Las inscripciones de aspirantes se desarrollarán del 19 de junio al 3 de julio.

En la reunión del pasado 28 de mayo, la comisión decidió que Graham y su adjunto, Facundo Hernández, cesen en sus funciones. Ambos habían finalizado sus mandatos en febrero de este mismo año, pero los habían prorrogado frente a una posible acefalía.

En su lugar, la bicameral autorizó a Sebastián Medina, actual jefe de Gabinete de la Defensoría, a seguir ejerciendo sus funciones y le sumó las correspondientes a la Secretaría de Coordinación Administrativa y Financiera. Además, convalidó que el secretario Legal y Técnico de la Defensoría del NNyA, Nicolas Sipioni, actúe como representante en juicio. Ambas designaciones se encuentran limitadas en el tiempo al nombramiento de una nueva defensora o nuevo defensor bajo el procedimiento del concurso. La comisión aseguró el funcionamiento institucional de la Defensoría respetando la legalidad del procedimiento.

"Desde las organizaciones que conformamos el colectivo Infancia en Deuda le enviamos una nota a la bicameral solicitando su compromiso para que la nueva autoridad que esté al frente de la Defensoría de la Niñez sea elegida en 2025. También le sugerimos distintas medidas para ser incluidas en el plan de trabajo", señalaron.

Entre las propuestas se encuentran: la creación de un Comité Asesor que asista en el armado y corrección del examen escrito, que debe constar de 70 preguntas múltiple choice y dos preguntas a desarrollar; la elaboración de una tabulación de puntajes de antecedentes y trayectoria, a los que el reglamento les asigna 10% del puntaje total del candidato/a; y el compromiso de difundir toda la información del concurso (antecedentes, exámenes, puntajes totales y parciales, etc.) y asegurar la participación de la sociedad civil en el proceso. En este sentido, el 24 de junio de 2025 habrá una audiencia con participación de los defensores provinciales y sociedad civil.

"En un país donde las infancias más vulnerables crecen sin protección, la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes es el único organismo nacional -con capacidad de intervenir frente al Estado y ante sujetos privados- con herramientas para garantizar sus derechos", resaltaron desde Infancia en Deuda.

Además, mediante un comunicado, el colectivo precisó que "según la Ley 26.061, es el único organismo del sistema de protección integral con capacidad de representar colectiva e individualmente a las niñas, niños y adolescentes que sufren vulneraciones a sus derechos. La Defensoría recibió más de 2.600 requerimientos, que dieron lugar a 310 casos, 463 actuaciones administrativas (solamente en el periodo 2023-2024) y 20 acciones judiciales entre amparos, hábeas corpus, denuncias y querellas, de las cuales 14 se encuentran en pleno trámite".

"Las temáticas de las intervenciones -tal como fue detallado por la Defensoría-, se relacionan con alimentación, becas escolares, construcción de Centros de Primera Infancia y acceso a medicamentos, entre otros. También se destacan un 25% de intervenciones por graves situaciones de violencia, incluyendo abusos sexuales infantiles", agregaron.

Por otro lado, algunos de los litigios que lleva adelante la Defensoría impactan masivamente, como el reclamo por el acceso a becas escolares que afecta a más de 1,2 millones de adolescentes que solicitaron asistencia estatal para sostener su educación. También se destaca una causa en defensa del acceso al agua potable de niñas, niños y adolescentes en Salta, que puede afectar a 375.225 NNyA, de los cuales 81.725 son indígenas.

Varios pedidos, que transmiten preocupación y advertencia, llegaron en los últimos meses al Congreso por parte de distintas ONG’s, instituciones y organismos que trabajan con la infancia a raíz de la inminente situación de acefalía en la que quedará la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, puesta en marcha en plena pandemia, con el final del mandato de Marisa Graham desde el 1ro. de marzo próximo. 

La designación de este cargo es tarea de una comisión bicameral que este año no se constituyó por la falta de designación de senadores. Mientras desde Diputados fueron nombradas Eugenia Alianiello (UP), Nadia Marquéz (LLA), Natalia Sarapura (UCR), María Sotolano (Pro) y Brenda Vargas Matyi (UP), la Cámara alta nunca cumplió con este trámite. 

Tanto Graham como el defensor Adjunto, Juan Facundo Hernández, fueron elegidos por la comisión en abril de 2019 y tomaron juramento ante el Senado en febrero de 2020. También había asumido en aquella ocasión como defensor Adjunto Fabián Repetto, quien renunció meses después por diferencias con Graham. 

La selección de los funcionarios se llevó adelante con un proceso ejemplar, que comenzó en 2017 con la conformación de la bicameral, y culminó casi tres años después porque en el medio se coló la postura que la candidata tenía a favor de la legalización del aborto. Para ese momento, el Congreso ya contaba con una mora de más de una década en la designación del cargo. 

Sancionada en 2005, la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, establece en su artículo 47 la creación de esta figura, encargada de “velar por la protección y promoción” de los derechos consagrados en la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño y las leyes nacionales.

De acuerdo a la norma, el defensor “será propuesto, designado y removido por el Congreso Nacional, quien designará una comisión bicameral que estará integrada por diez miembros, cinco de cada Cámara respetando la proporción en la representación política, quienes tendrán a su cargo la evaluación de la designación que se llevará a cabo mediante un concurso público de antecedentes y oposición. Las decisiones de esta Comisión se adoptarán por el voto de las dos terceras partes de sus miembros”. A pesar de que no exige una votación de ambas cámaras, los pliegos se votaron en los recintos, requiriendo mayoría simple. 

La ley agrega que el defensor “durará en sus funciones 5 años, pudiendo ser reelegido por una sola vez”. 

Cómo fue el proceso de selección de la defensora de NNyA

La Bicameral Permanente del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se constituyó a finales de mayo de 2017. Desde ese momento, hasta octubre de 2018, realizó tres audiencias públicas con más de 130 representantes de organizaciones de todo el país; aprobó su reglamento de concurso de designación y finalizó la primera etapa de selección con más de 70 inscriptos, de los cuales 68 pasaron por un examen escrito.

Dicho examen, que versaba -entre otros puntos- sobre “la situación actual de la niñez y la adolescencia en la Argentina; principales desafíos, políticas públicas y legislación; y recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño a la Argentina”, se tomó a los postulantes el 28 de septiembre de 2018. 

Tras ello, resultaron aprobados 15 candidatos, entre ellos Graham, Hernández y Repetto, quienes pasaron por audiencia pública el 23 de octubre de 2018. Los demás eran Gustavo Álvarez Pereira, Claudia Bernazza, Roxana Contreras, Sergio Greco, Alicia Guerrero Zarza, Marisa Herrera, Gabriel Lerner, María José Lubertino, María Elena Naddeo, Nora Pulido, Nora Schulman y Cecilia Sosa. 

El 25 de abril de 2019, durante un acto en el Salón Pasos Perdidos, la bicameral anunció la elección de Graham, Hernández y Repetto por consenso de todos los bloques, destacándose la transparencia y rigurosidad que se tuvo a lo largo del proceso. 

Juan Facundo Hernández y Marisa Graham

En junio de 2019, los pliegos se votaron a mano alzada durante una sesión de la Cámara de Diputados, pero al pasar al Senado quedaron trabados por meses. La postura de Graham a favor del aborto legal motorizó a un conjunto de senadores a frenar su designación. Aunque ya había pasado tiempo, todavía pesaba en la Cámara alta el rechazo a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, durante el primer intento que tuvo el proyecto en agosto de 2018. 

Pero además de eso, corría la campaña presidencial de ese año. En noviembre de 2019, cuando ya Alberto Fernández encaraba la transición con Mauricio Macri, y ante el pedido de distintas organizaciones, la bicameral se reunió para aclarar la interpretación del plazo para la aprobación de los pliegos. En ese encuentro, se firmó una resolución que indicaba que los 180 días dispuestos debían considerarse como días hábiles legislativos, es decir, aquellos comprendidos entre el 1ro. de marzo y el 30 de noviembre. Por lo tanto, se indicó que esos 180 días se comenzaron a contabilizar a partir de la elevación de la propuesta a ambas cámaras, lo que ocurrió el 25 de abril de 2019 y, según ese criterio, el pliego iba a caducar en la segunda semana de abril de 2020.

En su primer llamado a sesiones extraordinarias, Alberto Fernández incluyó el pliego de Graham en el temario. Para tratarlo, se convocó a una sesión el 28 de febrero. En la previa, un grupo de senadores de Cambiemos, quienes en su mayoría habían rechazado la legalización del aborto, objetaban que el pliego había caducado con la renovación parlamentaria y debía llamarse a un nuevo concurso. Mientras organizaciones “provida” protestaban en las afueras, la designación de Graham fue avalada por 47 votos a favor y 21 en contra dentro del recinto. En esa misma sesión se le tomó juramento. 

Graham juró en el Senado el 28 de febrero de 2020, poco antes de la pandemia

Reclamos a Villarruel por la falta de designación desde el Senado

La lenta conformación de las bicamerales -sumado a las que todavía están pendientes- marcó el primer año parlamentario de la gestión libertaria. Como dijimos, la comisión encargada de monitorear a la Defensoría de NNyA y elegir a su titular fue una de las que no se constituyó. 

Entre los reclamos que hace meses comenzaron a llegar al Congreso, desde el Instituto Latinoamericano del Ombudsman-Defensorías del Pueblo destacaron la gestión de Graham y Hernández: “No sólo han cumplido a cabalidad la tarea encomendada, sino que han construido desde los cimientos mismos esta institución, que es uno de los pilares del sistema integral de protección que fija la ley y permite al Estado Argentino cumplir con los pactos internacionales firmados sobre tan sensible materia e incorporados a la Carta Magna en 1994”. 

“Esta primera gestión de la Defensoría no solo permitió visibilizar en la agenda política los desafíos que aún tiene nuestro país con relación a la garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes, sino que acompañó de forma propositiva a los poderes ejecutivos, judiciales y legislativos nacional y provinciales en aportes para acciones positivas que promuevan, garanticen y restituyan derechos a los más chicos”, agregaron. 

En la nota firmada por la presidenta del Instituto, Amelia López, y el secretario general del mismo, el chileno Robinson Fuentes Lobos, advirtieron que “actualmente, se encuentran en trámite diversas acciones judiciales colectivas iniciadas e impulsadas por este organismo, las mismas corren peligro de continuidad frente a la inminente ausencia de autoridades que puedan proseguir dichos reclamos. Ello implicaría dejar en estado de indefensión a miles de niñas y niños en especial situación de vulnerabilidad ya que dichos juicios están vinculados a la restitución de derechos elementales y afectan a colectivos que no cuentan con agencia propia para efectuar dicha exigibilidad”. 

En ese sentido, pusieron como ejemplo juicios colectivos que giran en torno a la entrega de alimentos, la tramitación de becas escolares, la construcción de espacios seguros para la primera infancia, la provisión de medicamentos para menores que padecen graves enfermedades, la privación ilegítima de la libertad de niñas y niños, y el acceso al agua y a la alimentación de la niñez indígena.

Al recordar que desde el 1ro. de marzo caducará la gestión de Graham, apuntaron: “La norma impone que, antes de esa fecha, esté tomada la decisión de sus propias postulaciones o la de sus sucesores lo que no es, o en todo caso no sólo no es, una decisión política, legislativa o administrativa, sino que deviene de una obligación socialmente urgida”. “Respetuosamente instamos a la vicepresidenta a poner en marcha de inmediato la Comisión Bicameral”, completaron. 

La última reunión de la Bicameral del Niño, en noviembre de 2023

Con textos similares, Emilia María Valle, presidenta de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y Stella Maris Martínez, defensora General de la Nación y coordinadora del Consejo Federal de Defensores y Asesores Generales de la República Argentina; señalaron que la Defensoría de NNyA “ha cumplido con el asesoramiento y recepción de denuncias que afectan a niñas, niños y adolescentes de todo el país, promoviendo medidas judiciales y/o administrativas, y proponiendo acciones a los Estados, habiendo sido reconocida incluso por organismos internacionales”. 

Por ello, reclamaron ante la comisión “evitar la acefalía y virtual parálisis de la institución, y promover de ese modo la continuidad de las importantes acciones que lleva adelante, como institución fundamental para la protección y promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el país”. 

También sumaron lo dicho en el 7mo. reporte periódico del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas al Estado argentino, en el que el organismo afirmó que el país debe “garantizar la continuidad, independencia, financiamiento y mandato” de la Defensoría “para asegurar el monitoreo, la defensa y la promoción de los derechos de los niños”.

Se conformó este viernes la Bicameral Permanente del Defensor de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que quedó presidida por la senadora oficialista Beatriz Mirkin, mientras que la diputada radical Carla Carrizo fue elegida vicepresidenta. En tanto, la diputada Claudia Bernazza (FdT) y la senadora Guadalupe Tagliaferri (Pro) quedaron designadas como secretarias.

En la primera reunión, las 10 legisladoras que integran la comisión acordaron tener un primer encuentro con Marisa Graham, la abogada que juró ante el Senado en febrero pasado como defensora de Niños, Niñas y Adolescentes, un cargo que estuvo vacante por 15 años.

Durante el encuentro, desde el Frente de Todos se manifestaron quejas a la convocatoria que se le realizó a Graham desde la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes de la Cámara de Diputados, presidida por la radical Roxana Reyes.

Mirkin consideró que se le realizó una "convocatoria terrible", porque "se la citó poco cordialmente", y pidió que se emita "una disculpa pública" al tiempo que solicitó a las diputadas de Juntos por el Cambio que intercedan para que se retire ese pedido "para que la defensora pueda venir tranquilamente a la bicameral como corresponde".

En el mismo sentido, la diputada oficialista Claudia Bernazza sostuvo que hay que cuidar "a estos nuevos institutos que costaron tanto crear", y opinó que la citación debe hacerse "en otros términos, con otro lenguaje". "No podemos pretender que (Graham) tenga todas las soluciones" en el breve tiempo que lleva en la función y en medio de "una tragedia planetaria", señaló.

Por otra parte, al asumir como presidenta, Mirkin expresó que "merecen los niños de nuestra patria tener cada vez más derechos", y en ese sentido hizo hincapié en "el derecho a la identidad" para garantizar que "no quede nadie en Argentina sin tener nombre y apellido, que es el derecho básico cuando uno nace".

A su turno, la diputada Carla Carrizo destacó que la elección de la defensora "fue un trabajo de mucha construcción colectiva", por eso "este el momento donde tenemos que cuidar, proteger y construir ese proceso nuevo que es el comienzo de la institución". También dijo que hay que "llevarla a todos los distritos, hacerla conocer" e "instalarla a nivel nacional".

Durante la presentación de cada una de las integrantes, la senadora oficialista Inés Blas aseguró que esta comisión "cobra una relevancia extraordinaria en virtud de que son nuestros niños y adolescentes quienes son los que más están sufriendo las consecuencias del encierro" y "mucha de la problemática que viven está invisibilizada".

En tanto, la senadora macrista Guadalupe Tagliaferri valoró que "todas estamos de acuerdo y coincidimos en que lo que estamos hablando es todo construcción", y abogó por "velar y garantizar" los derechos, al tiempo de pensar en políticas públicas sabiendo que "podemos hacer algo para que esa vulneración (de derechos) con nombre y apellido no se replique en más pibes".

La bicameral quedó integrada por las senadoras Beatriz Mirkin, María Eugenia Duré, Inés Blas (Frente de Todos); Pamela Verasay (UCR) y Guadalupe Tagliaferri (Pro). Y por las diputadas Claudia Bernazza, Jimena López, Paola Vessvessian (Frente de Todos); Carla Carrizo (UCR) y Carmen Polledo (Pro).

La Comisión de Familias, Niñez y Juventudes, que preside la diputada Roxana Reyes, citó para el viernes 24 de julio a las 11 a Marisa Graham, la flamante defensora de los Derechos de los Niñas, Niños y Adolescentes para que brinde un informe sobre el impacto de la pandemia en las infancias y adolescencias. También están invitados los defensores adjuntos, quienes junto a Graham juraron el 28 de febrero tras el aval de las dos cámaras del Congreso.

Para Juntos por el Cambios es fundamental conocer el trabajo de la Defensoría de los Derechos de los Niñas, Niños y Adolescentes en estos más de cuatro meses de trabajo. Sobre todo, porque el interbloque observa que de parte del Ejecutivo Nacional predomina la falta de medidas específicas que garanticen los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. “Es urgente ponerlos/as en el centro de las decisiones y mitigar las consecuencias de la pandemia en sus vidas”, expresaron a través de un comunicado.

“Desde Juntos por el Cambio impulsamos un debate de una agenda básica de temas que no pueden estar ausentes en las políticas gubernamentales ni en el rol de contralor que debe ejercer la Defensoría de los Derechos de los Niñas, Niños y Adolescentes”, expresaron a través de un comunicado suscripto por los presidentes de los bloques que componen Juntos por el Cambio: Mario Negri, Cristian Ritondo y Maximiliano Ferraro.

• Entre estos tópicos, destacan desde Juntos por el Cambio:
• Federalizar la línea 102, crear su APP y una campaña de difusión masiva para detectar, asesorar y contener situaciones de violencia en las infancias y adolescencias.
• Implementar el Programa Alimentar para todos los niños y niñas del país.
• Asegurar el plan de vacunación y el acceso a las consultas de salud, incluida la salud sexual y reproductiva; y garantizar el acceso a tratamientos que deben realizar niños, niñas y adolescentes que atraviesan enfermedades. Implementar el Plan ENIA en todas las jurisdicciones del país acompañado de campañas masivas.

• Instituir medidas para el regreso a clases en todos los niveles con protocolos de higiene, incluyendo la ESI. En estos más 4 meses, los niños, niñas y adolescentes atravesaron no solo la desigualdad en el acceso a tecnología, sino también desigualdades estructurales del clima educativo de los hogares, y las múltiples aristas de la pobreza (hábitat, alimentación, entre otras).
• Instituir medidas urgentes para hacer frente a la violencia contra niños, niñas y adolescentes, en particular la violencia sexual, digital (grooming) y la violencia institucional contra adolescentes en plena cuarentena. Hoy, la sociedad argentina se pregunta por la desaparición de un joven de 22 años, Facundo Astudillo Castro, hace más de tres meses.
• Establecer protocolos para el pronto acceso a la recreación y el deporte, actividades vitales para la salud integral de niños, niñas y adolescentes.
• Definir medidas para los niños, niñas y adolescentes que viven en dispositivos de cuidado formal, hogares o casas de abrigo, garantizar las visitas, el acceso a comunicación, salud integral, educación y alimentación.
• Trabajar por una Ley de Justicia Penal Juvenil en línea con los estándares internacionales.
• Implementar acciones considerando a todas las poblaciones y sus intersecciones: niños, niñas y adolescentes con discapacidad, migrantes, afrodescendientes, indígenas, entre otras.
• Atender la salud mental de los niños, niñas y adolescentes, el ASPO trae consigo viejos y nuevos traumas, ansiedad, depresión y hasta situaciones de suicidio.
• Adaptar los procesos de adopción para que avance el derecho de niños, niñas y adolescentes a tener una familia.
• Cumplir con la Ley Brisa, otorgando con mayor celeridad la reparación económica a hijos/as de víctima de femicidio.
• Emitir mensajes sobre la pandemia en un lenguaje amigable para niños, niñas y adolescentes.
• Crear políticas para que los/as jóvenes puedan acceder a un empleo formal y a viviendas.