Desde el 29 de octubre comenzarán las audiencias públicas con los candidatos seleccionados para ambos cargos. La Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo destacó la transparencia del proceso y la necesidad de saldar una deuda institucional.
La Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo se reunió este miércoles en el Salón Arturo Illia del Senado de la Nación para continuar con el proceso de selección del Defensor del Pueblo de la Nación y del Procurador Penitenciario. El encuentro fue presidido por el senador radical Daniel Kroneberger, con la diputada Margarita Stolbizer como secretaria.
Durante la reunión, se aprobó —a mano alzada— la nómina de 38 preseleccionados para el cargo de Defensor del Pueblo y 7 para el de Procurador Penitenciario, quienes deberán presentar su plan de trabajo en un plazo de 48 horas. Las audiencias públicas con los candidatos comenzarán el próximo 29 de octubre, y serán televisadas para garantizar transparencia, publicidad y acceso ciudadano, según destacó la senadora Anabel Fernández Sagasti (Unidad Ciudadana).
Kroneberger celebró el avance del proceso, al que calificó como “una respuesta a los argentinos, que es una deuda de la política”, y subrayó que se trata de un procedimiento “transparente, en tiempo y forma”. Recordó que se inscribieron 76 postulantes para la Defensoría y 17 para la Procuraduría, y que se recibieron avales e impugnaciones, entre ellas una que fue rechazada por “carecer de fundamentos sólidos”.
Durante el encuentro, se oficializó también el reemplazo del diputado Juan Manuel Pedrini por su par Matías Molle, ambos del bloque Unión por la Patria.
La diputada libertaria Lilia Lemoine (La Libertad Avanza) cuestionó el proceso, al considerar que “se está bufonizando” para acelerar la designación del defensor del pueblo en un contexto en el que el oficialismo no cuenta con el tercio necesario en ambas cámaras. Criticó la presencia de candidatos vinculados a la política y la justicia, y sostuvo que “el proceso está mal” por no respetar la Constitución, el federalismo ni el derecho democrático.
En respuesta, Stolbizer defendió la legitimidad del procedimiento, destacando que “ha sido celebrado por numerosas organizaciones de la sociedad civil que reclamaban su apertura desde hace años”. Afirmó que se buscará garantizar “la máxima calidad posible” en la terna final, priorizando la idoneidad y la trayectoria en derechos humanos.
Por su parte, Fernández Sagasti remarcó que “es una responsabilidad de los legisladores que no haya Defensor hace quince años”, y denunció que “el gobierno intentó frenar el proceso por motivos políticos e institucionales”. Reivindicó el compromiso de su bloque para que los candidatos seleccionados representen “la mejor expresión de la institucionalidad argentina”.
Así lo resolvieron Unión por la Patria, la UCR, el Pro y Encuentro Federal durante una reunión de la comisión bicameral. También se abrirá el concurso para el procurador Penitenciario. Las fechas.
Foto: Comunicación Senado
Toda la oposición unida, sin aval de La Libertad Avanza, resolvió en la Bicameral del Defensor del Pueblo iniciar el proceso de selección para la cobertura del cargo vacante hace 16 años, de acuerdo a un cronograma que se extenderá de septiembre a noviembre y culminará con una terna de candidatos.
Así lo definieron legisladores de Unión por la Patria, la UCR, el Pro y Encuentro Federal este miércoles, durante una breve reunión que se realizó en el Salón Illia.
Al comenzar el encuentro, el presidente de la bicameral, el radical Daniel Kroneberger, informó que sus asesores habían trabajado en un cronograma y ya estaban resueltas las fechas. Todos los bloques lo avalaron, salvo las oficialistas Vilma Bedia y Lilia Lemoine, quienes consideraron que la decisión tan rápida tenía tinte electoral.
El consenso entre las distintas vertientes de la oposición no es un dato menor: la designación final del defensor del Pueblo requiere posteriormente de dos tercios de los votos en ambas cámaras.
“Cuando asumimos esta comisión dijimos que teníamos una deuda pendiente con la sociedad, que era la acefalía que existe en la Defensoría del Pueblo”, arrancó Kroneberger y defendió los “lineamientos tentativos” que iba a proponer “amparado en la ley que corresponde”. “Aquí nadie viene a imponer nada”, aclaró.
Posteriormente, el secretario de la comisión leyó la resolución que prevé la publicación de los edictos en el Boletín Oficial este 11 y 12 de septiembre, aunque en el final se resolvió -ante una advertencia de la diputada Margarita Stolbizer- hacer una corrección sobre el tiempo para la publicación en el BO, ya que no es inmediata al pedido; también en las páginas web de ambas cámaras del Congreso y en la de la Defensoría.
En tanto, las propuestas serán recibidas de manera presencial en la oficina de la bicameral situada en el Congreso, entre las 9 y 18 horas, o por correo electrónico, entre los días 17 de septiembre hasta el 8 de octubre.
Además de los requisitos para ser defensor, los postulantes deberán adjuntar copia de CV, DNI, certificado de antecedentes penales, certificado de deudores alimentarios, título terciario o universitario si lo posee.
Entre el 13 a 19 de octubre se recibirán impugnaciones y adhesiones, mientras que el 22 la bicameral se reunirá para anunciar a los pre-seleccionados. Los candidatos asistirán a audiencia pública a la comisión el 29 de octubre.
Finalmente, el 5 de noviembre la bicameral deberá elaborar el proyecto de resolución correspondiente, el cual será elevado a ambas cámaras para su tratamiento y votación.
Las mismas fechas correrán para el concurso del procurador Penitenciario.
“Es imprescindible iniciar este proceso. Un proceso abierto, participativo, prolijo, transparente”, destacó Stolbizer, vicepresidenta de la bicameral, y agregó: “Es lógico que entendamos que por detrás de nuestra mora están los derechos de muchísimas personas”.
A su turno, la senadora de UP Anabel Fernández Sagasti recordó que “quedará pendiente para el año que viene el Comité de la Tortura, que también es un organismo pendiente de resolución”. “Me alegra que estemos cumpliendo con este objetivo”, dijo y señaló que poner el requisito de que los candidatos presenten un plan de gestión, “nos pone la vara un poco más alta para la elección de alguien tan importante”.
Desde LLA, la senadora Bedia opinó que “este no es el momento adecuado”. “¿Por qué no se nos ocurrió el año pasado? Hace más de 15 años está acéfalo y ahora…en un proceso electoral”, expresó.
“La duda que me surge es porque no lo hicimos en 2024, para que no coincidiera con las elecciones porque justamente entorpece el proceso”, planteó Lemoine y admitió: “Hoy está turbulenta la situación en Argentina”.
En esa línea, se preguntó “qué diferencia habría si se elige antes de octubre o en marzo”. “Empezar el proceso y el diálogo, perfecto, pero podría ser hasta por una cuestión partidaria”, afirmó y completó: “Se siente como que se intenta tomar un partido en el cual LLA ni puede participar, incluso con el Pro estamos debilitados”.
“Nadie tiene que ver ningún fantasma en ningún lado”, salió a responder el jefe de UP en Diputados, Germán Martínez, quien sostuvo que “la construcción de los acuerdos para que este plan de trabajo se consolide en la designación definitiva depende de los recintos, no depende de la comisión”.
El santafesino manifestó que “lo importante es que podamos hacer esto de manera que esté todo disponible para la tarea de los recintos”, y recordó que la elección “requiere una mayoría sumamente especial de ambas cámaras”.
“Ni siquiera de esta comisión va a salir un nombre, va a salir una terna”, siguió y también respondiéndole a Lemoine, quien señaló que “la gente no está al tanto”, el opositor dijo: “Puede ser que no sea un tema mediático, pero es un tema sumamente reclamado”. “Es un cronograma exigente que nos va a requerir mucho compromiso. Tenemos una enorme oportunidad y no podemos desaprovecharla”, concluyó.
Por su parte, el diputado radical Fabio Quetglas observó que “la capacidad de acuerdo político es una señal de fortaleza institucional”. “Quizás hubo un exceso en la redacción constitucional con los dos tercios en ambas cámaras, pero ahora tenemos por tercera vez el pedido de la Corte Suprema”, resaltó.
Y sumó: “Es un cronograma que no me parece descabellado, me parece cumplible. El 5 de noviembre estamos después de las elecciones y con esa temperatura política se podrá medir si lo pueden resolver los plenos con esta constitución o con la próxima”.
La bicameral encargada de la elección fue convocada este miércoles a las 11. También se sumó la cobertura del procurador Penitenciario.
El senador Daniel Kroneberger, presidente de la comisión
Luego de un fallo de la Corte Suprema de Justicia en el que se renovó el pedido al Congreso para que designe al defensor del Pueblo, la bicameral encargada de su selección fue convocada este miércoles a las 11 en el Salón Illia del Senado, con el fin de dar inicio al proceso. También se sumó la elección del procurador Penitenciario.
El cargo de defensor del Pueblo se encuentra vacante hace 16 años, desde 2009 cuando renunció Eduardo Mondino.
La última vez que más "cerca" se estuvo de avanzar con la elección de un ombudsman fue en 2017, durante la gestión Cambiemos, cuando la bicameral eligió una terna de candidatos (Humberto Roggero, Jorge Sarghini y Alejandro Amor), pero finalmente no se avanzó en el recinto.
Ese último proceso surgió de un fallo que en agosto de 2016 emitió la Corte, donde frenó los tarifazos de gas dispuestos en ese momento por el gobierno de Mauricio Macri y recomendó por la cobertura del cargo.
De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Nacional, "el Defensor del Pueblo es un órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la Nación, que actuará con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad".
"Su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la Administración; y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas", agrega.
Sobre su designación y remoción, debe ser con "el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de cada una de las Cámaras". Además, "goza de las inmunidades y privilegios de los legisladores". El mandato dura 5 años, pudiendo ser nuevamente designado por una sola vez.
Actualmente, la bicameral está presidida por el senador Daniel Kroneberger (UCR) e integrada por los senadores María Victoria Huala (Pro), Mónica Silva (JSRN), Vilma Bedia (LLA), Anabel Fernández Sagasti, Fernando Salino y Alicia Kirchner (UP); y los diputados Margarita Stolbizer (EF), Emmanuel Bianchetti (Pro), Lilia Lemoine (LLA), Fabio Quetglas (UCR), Juan Manuel Pedrini, Cecilia Moreau y Germán Martínez (UP).
El encuentro fue citado para el miércoles 10 de septiembre a las 11. La convocatoria se generó luego de un nuevo reclamo al Congreso por parte de la Corte Suprema.
Luego de un fallo de la Corte Suprema de Justicia en el que se renovó el pedido al Congreso para que designe al Defensor del Pueblo, la bicameral encargada del proceso de selección fue convocada el miércoles de la semana que viene a las 11 en el Salón Illia del Senado.
El cargo se encuentra vacante hace 16 años, desde 2009 cuando renunció Eduardo Mondino.
La última vez que más "cerca" se estuvo de avanzar con la elección del defensor del Pueblo fue en 2017, durante la gestión Cambiemos, cuando la bicameral encargada de este proceso eligió una terna de candidatos (Humberto Roggero, Jorge Sarghini y Alejandro Amor), pero finalmente no se avanzó en el recinto.
Ese último proceso surgió de un fallo que en agosto de 2016 emitió la Corte, donde frenó los tarifazos de gas dispuestos en ese momento por el gobierno de Mauricio Macri y recomendó por la cobertura del cargo.
De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Nacional, "el Defensor del Pueblo es un órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la Nación, que actuará con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad".
"Su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la Administración; y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas", agrega.
Sobre su designación y remoción, debe ser con "el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de cada una de las Cámaras". Además, "goza de las inmunidades y privilegios de los legisladores". El mandato dura 5 años, pudiendo ser nuevamente designado por una sola vez.
Actualmente, la bicameral está presidida por el senador Daniel Kroneberger (UCR) e integrada por los senadores María Victoria Huala (Pro), Mónica Silva (JSRN), Vilma Bedia (LLA), Anabel Fernández Sagasti, Fernando Salino y Alicia Kirchner (UP); y los diputados Margarita Stolbizer (EF), Emmanuel Bianchetti (Pro), Lilia Lemoine (LLA), Fabio Quetglas (UCR), Juan Manuel Pedrini, Cecilia Moreau y Germán Martínez (UP).
El diputado cordobés Oscar Agost Carreño recordó dos iniciativas de su autoría que apuntan a normalizar la situación, ante la vacancia que data desde 2009.
La Corte Suprema de Justicia exhortó recientemente al Congreso a que designe un defensor del Pueblo, un cargo vacante desde hace 16 años. A raíz de ello, el diputado nacional Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal) recordó dos proyectos que ya presentó para atender esta situación institucional.
El primero de ellos propone modificaciones a la Ley 24.284 con el objetivo de agilizar los mecanismos de designación y garantizar la cobertura de la vacancia. “Debemos arbitrar los medios a efectos de subsanar dicha falencia, ya que la designación del defensor del Pueblo resulta en definitiva el resultado de un acuerdo político, pero no podemos permitir que siga vacante un órgano de control que la Constitución consagró expresamente en 1994”, advirtió.
La iniciativa también incorpora la figura de un defensor Adjunto por Vacancia Prolongada, que asumiría provisoriamente las funciones por un plazo máximo de un año, a fin de evitar la parálisis del organismo.
El segundo proyecto busca reconocer la legitimación procesal activa de los defensores del pueblo provinciales y municipales para que puedan litigar ante la justicia federal en defensa de derechos colectivos y difusos.
“Nos encontramos ante un aspecto de suma trascendencia que debe ser normado atento el vacío normativo actual”, fundamentó Agost Carreño y explicó: “La propuesta contribuye al fortalecimiento institucional por cuanto el reconocimiento de esta facultad potencia a las defensorías como garantes de la legalidad y protectores de derechos fundamentales, en línea con los estándares internacionales de protección de derechos humanos y con la propia jurisprudencia de la Corte Suprema”.
De esta manera, el legislador cordobés plantea no sólo saldar la deuda de designar un defensor del Pueblo de la Nación, sino también dotar a las defensorías locales de herramientas para garantizar la plena vigencia de los derechos colectivos.
Además, el máximo tribunal le pidió al Poder Legislativo por la sanción de una ley que regule los procesos colectivos.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación volvió a reclamar al Congreso que designe al defensor del Pueblo, cargo vacante desde 2009, y sancione una ley que regule los procesos colectivos, al cerrar la causa iniciada para extender el alcance del “fallo Badaro” a todos los jubilados y pensionados en situación similar, según consignó la agencia NA.
En un voto conjunto, los jueces Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz remarcaron que el trámite del expediente se vio condicionado por la falta de un "ombudsman" que pudiera adaptar la demanda a los requisitos fijados por la propia Corte para este tipo de procesos. Además, señalaron que la sanción de la Ley de Reparación Histórica y las demandas individuales resueltas en estos años modificaron el escenario del reclamo.
El juez Ricardo Lorenzetti, en la misma línea, sostuvo que “la extensa demora en la resolución de esta causa se debió, fundamentalmente, a la prolongada acefalía en el cargo de Defensor del Pueblo”, y advirtió que ese organismo no tenía legitimación para representar colectivamente a los jubilados en cuestiones patrimoniales.
El caso se remonta a la acción presentada en 2007 por el entonces defensor del Pueblo Eduardo Mondino, quien buscó que se aplicara a todos los jubilados el criterio de movilidad salarial fijado por la Corte en favor de Adolfo Badaro. La demanda había sido rechazada por la Cámara de la Seguridad Social al considerar que se trataba de derechos individuales, lo que motivó la apelación que llegó al máximo tribunal.
Al reiterar su exhortación al Congreso, la Corte recordó precedentes como el fallo “Halabi” de 2009 y advirtió que lleva más de 15 años pidiendo sin éxito una ley que reglamente el ejercicio de los procesos colectivos en el país.
La última vez que más "cerca" se estuvo de avanzar con la designación del defensor del Pueblo fue en 2017, durante la gestión Cambiemos, cuando la bicameral encargada de este proceso eligió una terna de candidatos (Humberto Roggero, Jorge Sarghini y Alejandro Amor), pero finalmente no se avanzó en el recinto.
La Cámara alta provincial aprobó a un proyecto de Ley que ahora Diputados podría sancionar para otorgarle mayores potestades a la Defensoría del Pueblo.
En una de las últimas sesiones de 2022 se aprobó, por unanimidad, en la Cámara de Senadores bonaerense un proyecto parlamentario del senador bahiense del FdT Marcelo Feliú que modifica la legislación que regula el funcionamiento de la Defensoría del Pueblo de la Provincia.
La modificación plantea la idea, en términos generales, de otorgarle a este instituto mayores facultades, lo que le permitiría cumplir su cometido con mayor efectividad.
Entre las nuevas atribuciones para la Defensoría se incluye la obligatoriedad de que todos los organismos públicos y personas humanas y jurídicas, públicas y privadas, prestadoras de servicios públicos en el ámbito de la provincia de Buenos Aires comparezcan ante una citación del organismo.
“Hasta aquí - explica el autor de la iniciativa- ante una convocatoria para abordar un asunto determinado, acudir o no al encuentro queda librado a la buena predisposición de la institución convocada”.
“Si logramos que esta norma se reforme, supongamos que una prestataria de un servicio público sea la requerida para responder por determinado inconveniente, deberá asistir sí o sí a brindar las respuestas del caso”, detalló el senador oficialista.
Según Feliú, si bien la Defensoría del Pueblo no tiene potestad para imponer sanciones, el sólo hecho de que pase a ser prácticamente una carga legal responder ante sus requerimientos, incrementa la posibilidad de resolución de conflictos.
“Muchas veces, en la mediación de los conflictos, todo depende de la capacidad del Defensor o de sus representantes en las distintas delegaciones que funcionan en todo el territorio provincial para persuadir y lograr acercar posiciones. Esta modificación hará posible que haya más agilidad, porque en muchos casos que se plantean la presencia personal de los responsables ayudará a la búsqueda de soluciones para los damnificados de los incumplimientos”, agregó.
Asimismo, el legislador agradeció el acompañamiento y los aportes de la oposición y de la propia Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, que hicieron posible un buen tránsito en el Senado de la iniciativa que finalmente ese cuerpo aprobó.
“Los resultados de la actuación de la Defensoría en nuestra provincia han sido positivos. Este organismo ya ha sumado miles de gestiones satisfactorias a la hora de resolver cuestiones de la vida cotidiana de los habitantes bonaerenses. Estamos seguros que en caso de obtener la sanción plena para esta modificación estos resultados positivos aumentarán”, concluyó Feliú.
Desde la oposición bonaerense reclaman al Congreso que se designe el Defensor del Pueblo de la Nación que lleva años vacante.
La senadora Elisa Carca de Juntos por el Cambio presentó en la Cámara alta provincial una iniciativa solicitándole al Congreso Nacional la pronta designación del cargo del Defensor del Pueblo de la Nación, que está vacante hace más de 10 años.
Si bien el proyecto de la senadora de JxC fue presentado en el mes de marzo del corriente año, en estos días cobró repercusión en los medios de comunicación la necesidad de contar de manera urgente con este cargo institucional clave.
A lo largo de su presentación, Carca sostuvo que “vería con agrado que el Congreso de la Nación designe al Defensor del Pueblo cuya misión es la defensa y protección de los derechos, garantías e intereses tutelados en la Constitución Nacional y las leyes; luego de más de diez años de vacancia del cargo y de varios fallos judiciales que condenaron esa omisión, así como el llamamiento realizado en 2014 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), quien instó al Estado Argentino a iniciar el proceso de selección de este órgano constitucional”.
La senadora provincial sostuvo que “el Defensor del Pueblo es un órgano independiente, que actúa con plena autonomía funcional, y que es designado y removido por el Congreso con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de cada una de las Cámaras legislativas”.
Para finalizar, Elisa Carca quien preside la Comisión de Derechos Humanos en el Senado bonaerense destacó que “desde la renuncia del Defensor del Pueblo en 2009, el Congreso no ha procedido a la designación de un reemplazante que vele por la defensa de los derechos y garantías que a diario se violan la Argentina”.
Legisladores porteños se reunieron con Alejandro Amor y analizaron el inicio de clases y el plan de vacunación en la Ciudad.
Los legisladores porteños del bloque Frente de Todos, mantuvieron una reunión con el Defensor del Pueblo de la Ciudad, Alejandro Amor, y expresaron que hay dificultades en los protocolos de las escuelas para el inicio de clases, falta de materiales para los médicos en hospitales públicos, criticaron la organización de la seguridad de las instituciones públicas y la demora en la implementación del plan de vacunación en el marco de la pandemia.
“Debemos estar atentos y cuidar a los que el Gobierno de la Ciudad no cuida: alumnos y docentes de las escuelas; médicos en los hospitales públicos y niños en los hogares”, advirtieron.
Los legisladores manifestaron su acompañamiento a la agenda de la Defensoría que incluye la problemática educativa -el organismo le remitió un oficio a la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, a fin de recabar información respecto del protocolo que implementó en el inicio de las clases-; los hogares de niños; los hospitales públicos; las personas que viven en situación de calle; la problemática habitacional porteña por los desalojos; los subsidios habitacionales que no alcanzan para pagar el alquiler, y las personas que viven en hoteles e inquilinatos, entre otros.
Además, acordaron poner en marcha una agenda de trabajo que contemple posibles soluciones en materia de Derechos Humanos, frente a los casos de trata y violencia de género durante la pandemia.
El encuentro se enmarcó dentro de las reuniones que el bloque Frente de Todos viene concretando con ministros y funcionarios tanto del gobierno nacional como de organismos locales, con el objetivo de conocer las diversas problemáticas de los porteños y porteñas en el marco de la pandemia.
Estuvieron presentes el presidente del bloque, Claudio Ferreño; la vicepresidenta segunda de la Legislatura, María Rosa Muiños; además de los legisladores, Javier Andrade, Matías Barroetaveña, María Bielli, Lucía Cámpora, Victoria Montengro, Claudio Morresi, Claudia Neira, Santiago Roberto, Cecilia Segura y Laura Velasco.
