La defensora de Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham, el Defensor adjunto, Facundo Hernández, asistirán el próximo miércoles a las 16 para brindar su informe anual ante la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes de la Cámara de Diputados, que preside la radical Roxana Reyes (Santa Cruz), a fin de brindar el primer informe trimestral de la Defensoría nacional con el nuevo cambio de Gobierno.

El último informe lo brindó en agosto de 2023 ante la Bicameral que controla al organismo. En esa oportunidad, alertó que en Argentina el 53% de los menores está bajo la línea de pobreza y habían remarcado que “la AUH es un derecho, no es ni un programita ni un plan, no se puede retroceder”.

Además, habían planteado que “hay una imperiosa necesidad de modificar la Ley de Régimen Penal Juvenil; tenemos cuestionamientos internacionales y locales de la Corte Suprema por doquier”.

La defensora se presentó el pasado 16 de enero en el marco del tratamiento de la fallida Ley Ómnibus y había solicitado a ambas cámaras que “revean la posibilidad de mejorar el aumento automático de la AUH y la tarjeta alimentar”.

La defensora de Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham, asistirá este martes a las 13 a brindar su informe anual ante la Comisión homónima de la Cámara de Diputados, que preside la radical Roxana Reyes (Santa Cruz), quien había pedido a la funcionaria intervenir en el caso de la muerte de bebés en el Hospital Materno Neonatal ministro Dr. Ramón Castillo de la capital de Córdoba.

La funcionaria asistió a fines del mes de agosto a la Bicameral que controla la defensoría ante la que brindó su informe anual de gestión y detalló que la admisión de casos del período anterior a éste aumentó en un 40%. As u vez, defendió la AUH porque “es un derecho, no es un plan, no es un programa, por lo cual debe universalizarse. Es un derecho en el que todos los niños y niñas deben estar acogidos”.

Por otro lado, lamentó que “para los chicos, salud mental no hay porque no está pensando que puedan tener padecimientos subjetivos”, y cuestionó que “la Ley de Salud Mental fue de avanzada, pero para adultos. Hay un solo artículo que refiere a niños, niñas y adolescentes y solo a casos de internación e internación involuntaria”.

La defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham, asistirá este martes desde las 14.30 al Congreso para brindar un informe anual de su gestión. Su última visita había sido de manera remota el 22 de junio del año pasado.

La presentación se dará en el marco de la Comisión Bicameral que controla a la Defensoría, organismo puesto en marcha justo antes del comienzo de la pandemia. El encuentro se realizará en el Salón Eva Perón de la Cámara alta.

La bicameral que recibirá a Graham se conformó la semana pasada y fue designada como presidenta la senadora riojana Clara Vega, mientras que en la vicepresidencia quedó la diputada Victoria Morales Gorleri.

Además, Graham fue convocada para exponer ante la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes de la Cámara de Diputados, el próximo 6 de septiembre a las 13. La comisión es presidida por la radical Roxana Reyes, quien días atrás le pidió a funcionaria intervenir en el caso de la muerte de bebés en el Hospital Materno Neonatal ministro Dr. Ramón Castillo de la capital de Córdoba.

Las organizaciones que integran Infancia en Deuda (IED) elaboraron un informe sobre el primer año de trabajo de la Defensoría Nacional de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, conducida por la abogada Marisa Graham, y sumaron recomendaciones para cada una de las funciones de esa institución.

Entre las recomendaciones “urgentes”, alertaron por “la gravísima vulneración de derechos y acceso a la salud en la provincia de Salta -que en especial afecta a niñas, niños y adolescentes de las comunidades indígenas de los departamentos de San Martín, Orán y Rivadavia, donde se continúan registrando fallecimientos de niñas y niños a causa de desnutrición o enfermedades relacionadas- demanda que la Defensoría se valga de los artículos 55 y 64 de la Ley 26.061”.

También, IED insta a la Defensoría a acompañar el reclamo de diversas organizaciones al Estado Nacional y a las provincias para que se garantice la continuidad educativa, el acceso a dispositivos y conectividad adecuada a cada niña, niño y adolescente del país.

Con respecto a la situación de adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley penal, IED “considera fundamental que la Defensoría inicie las acciones judiciales y administrativas pertinentes, y tome un rol activo en el proceso de derogación del Decreto 22.278 y solicite la adecuación a los estándares internacionales de derechos humanos”.

Por otra parte, las organizaciones pidieron intensificar el trabajo articulado con el Ministerio de Educación nacional y de las provincias para garantizar el acceso a la Educación Sexual Integral en todos los niveles de educación obligatoria.

“El primer año de trabajo de la Defensoría estuvo signado por la crisis social y sanitaria causada por la pandemia de Covid-19, que profundizó la vulnerabilidad socioeconómica y las desigualdades que sufren las infancias y adolescencias. Actualmente, según el Indec, casi el 60% de las niñas y los niños del país viven en situación de pobreza y residen en hogares cuyos ingresos no son suficientes para cubrir la Canasta Básica Total. Y el 15,7% vive en hogares con ingresos que no superan el valor de la Canasta Básica de Alimentos”, señalaron.

En un comunicado, las organizaciones que se nuclean en IED se manifestaron “convencidas de la importancia de tener una institución independiente que asegure protección, garantía y acceso a la Justicia para las infancias y adolescencias, y con una valoración positiva de los esfuerzos realizados”.

Entre otros puntos, se pidió a la Defensoría valerse de las atribuciones de control más intensas previstas en la Ley 26.061: iniciar acciones judiciales de carácter colectivo e individual ante situaciones de vulneración de derechos de NNyA; y priorizar las medidas administrativas y judiciales necesarias para asegurar el ejercicio de los derechos en las 189 denuncias que están activas, así como en las que vayan a iniciarse. 

Para lograr el efectivo cumplimiento de las recomendaciones que la Defensoría emite a instituciones estatales a fin de subsanar vulneraciones de derechos o señalar problemáticas que afectan a las infancias y adolescencias, IED solicitó: contar con mecanismo de control y de seguimiento de esas sugerencias que permitan conocer e informar públicamente sobre lo dispuesto; en el caso en que esas recomendaciones no sean tomadas en cuenta, sería deseable adoptar otro tipo de medidas ante organismos y autoridades que incumplan sus responsabilidades; e incluir estándares generales de protección de derechos que puedan ser aplicables para todos los sistemas de protección locales de cada provincia del país. 

Sobre las funciones de control, supervisión y sanción ante los incumplimientos de las normas de protección, en el informe se recomienda compartir las conclusiones del trabajo de diagnóstico y sistema de monitoreo, con énfasis en la importancia de su publicidad, transparencia y accesibilidad a la información recabada; y realizar una sistematización de las acciones de monitoreo sobre los diversos organismos de protección integral provinciales, identificando los principales desafíos que tiene por delante cada sistema local.

En cuanto a las funciones de asesoramiento, recepción de reclamos y denuncias de NNyA, se solicitó elaborar un protocolo para la gestión de casos, denuncias y reclamos; reforzar los canales de comunicación a nivel federal para llegar a los NNyA de todo el país que se encuentren en situación de vulneración de derechos; adoptar criterios de actuación para implementar respuestas institucionales, medidas de exigibilidad, seguimiento de casos y alertas tempranas, entre otras.

“Si bien la Defensoría informó que se recibieron 360 consultas/denuncias, se desconoce cuáles fueron las medidas adoptadas y qué articulaciones se implementaron”, se agregó en este sentido.

Finalmente, respecto de las funciones relacionadas con el monitoreo y producción de información, IED reclamó publicar un informe que dé cuenta de la situación de las infancias y adolescentes, incluyendo datos por provincia, valiéndose de las fuentes de información oficiales disponibles; y contar con información de base que oriente las acciones destinadas al monitoreo de políticas públicas y, en especial, para la determinación de acciones de carácter prioritario justificadas en la información relevada.