La Defensora adjunta del Pueblo de la CABA Bárbara Bonelli impulsó y presentó a través de la Defensoría dos importantes protocolos de acción institucional para prevenir y erradicar situaciones de violencia en instituciones deportivas. Uno destinado para situaciones que acontezcan entre pares por motivos de género y el otro para situaciones de violencia contra niños, niñas y adolescentes. 

Bonelli explicó que dichos protocolos tienen la intención en ambos casos de establecer procedimientos, principios rectores y regular acciones de prevención e intervención que debieran llevarse a cabo ante situaciones de violencia en el ámbito deportivo, y destacó la importancia de que los mismos deben ir acompañados de encuentros destinados a deportistas, integrantes de la comisión directiva, socios, empleados, etc. que apunten a la sensibilización y capacitación sobre la violencia de género en el mundo del deporte.

La Defensora sostuvo durante la presentación la importancia de que las instituciones deportivas se involucren en la temática y se perciban como un actor social fundamental en la transformación de esta realidad, y enfatizó en “poner especial atención en las residencias que poseen los clubes deportivos debido a que no son pocos los adolescentes que se albergan en esos lugares como consecuencia de vivir lejos de sus hogares y sus familias”. 

Bonelli recordó que no hace mucho tiempo los medios reflejaron varios casos de abuso y violencia en pensiones de instituciones deportivas que preocuparon a toda la sociedad, como así también a raíz del empoderamiento de las mujeres se dieron a conocer públicamente varias denuncias por motivos de género. 

La Defensora invitó, además, a las capacitaciones que brinda en esta materia la Defensoría del Pueblo y recomendó acudir a todos, desde cualquier federación hasta el más pequeño de los clubes barriales y en todos sus estamentos, ya sea dirigente, deportistas o empleados. Instó a terminar con todo tipo de violencia o abuso y recordó que todos los clubes   tienen la obligación de garantizar los derechos de esos niños, niñas y adolescentes y garantizar su acceso y permanencia en sus estudios y brindarles la formación necesaria e indispensable en educación sexual y reproductiva.  

Finalmente, Bonelli agradeció a la nutrida cantidad de Federaciones presentes en la presentación que se realizó vía zoom, y también agradeció la participación del Defensor del Pueblo de la Ciudad, Alejandro Amor, y de María Elena Naddeo, Titular del Programa de Atención de la Niñez, Adolescencia y Género y de Marcelo Achile, Titular de la conducción Ejecutiva de Deportes y Juventud de la Defensoría. 

En medio de la crisis económica que azota al país, la defensora adjunta del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Bárbara Bonelli, se analizó la toma ilegal de tierras y aseveró que el problema no es nuevo y responsabilizó a los sucesivos gobiernos por no incluir de manera efectiva este tema en la agenda pública que viene de larga data.  

Sobre esa misma línea, la funcionaria explicó que episodios como el de Guernica ponen de relieve las dificultades a las cuales se tienen que enfrentar miles de ciudadanos para intentar acceder a una vivienda digna, debido a la disminución del poder adquisitivo del salario y al aumento de los precios del suelo. Al mismo tiempo que recordó que la vivienda son el motor del crecimiento de las modalidades informales y ocupación del suelo. 

“La ausencia de políticas públicas es la causa principal de la gran mayoría de las tomas de tierra que ocurren en nuestro país”, aseguró Bonelli.

En el mismo sentido, advirtió que la crisis sanitaria actual evidenció más que nunca que la vivienda es un derecho esencial para las personas y solicitó de que el mismo “no se reduzca a una mera enunciación de buenos deseos”, sino que esto, debe estar asociado a políticas habitacionales perdurables que den respuesta a las restricciones estructurales existentes para garantizar un hábitat adecuado para todos los ciudadanos. 

A su vez reseñó que tanto la vivienda como el suelo suelen ser considerados una reserva de valor, echando por tierra su función social para proveer a los ciudadanos condiciones de seguridad y dignidad. “Esto explica que el aumento de la construcción y el desarrollo inmobiliario no tenga un correlato directo en la cantidad de familias que viven en situación de déficit habitacional”, indicó.

Finalmente, Bonelli reconoció que llevar adelante una ocupación ilegal “no es ni debe ser una solución posible” y que además “es un delito”, pero advirtió que las miradas exclusivamente penales de la situación “no ayudan a resolver las crecientes tomas de tierras” y que deben ser contrarrestadas por políticas públicas que garanticen suelo asequible para los sectores que no pueden acceder al mismo por las vías que el mercado formal establece y que esa responsabilidad es del Estado al igual que la de la educación y de la salud pública.