El proyecto busca garantizar el derecho a la defensa y acceso a la justicia para los miembros de estas fuerzas en casos individuales y colectivos.
El diputado nacional Manuel Aguirre (UCR – Corrientes) presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para la creación de una defensoría técnica y especializada para el personal de las fuerzas de seguridad, policiales y penitenciarias en Argentina. El objetivo es garantizar el derecho a la defensa y acceso a la justicia para los miembros de estas fuerzas en casos individuales y colectivos.
El proyecto de ley propone la creación de una defensoría técnica y especializada para el personal de las fuerzas de seguridad, policiales y penitenciarias, que brindará asistencia jurídica y técnica a los miembros de estas fuerzas en casos individuales y colectivos. La defensoría estará a cargo de un equipo de profesionales especializados en la materia, que serán seleccionados a través de un registro de destacados profesionales de todas las provincias del país.
Aguirre destacó la importancia de este proyecto de ley para garantizar los derechos de los miembros de las fuerzas de seguridad: “Es fundamental que los miembros de las fuerzas de seguridad tengan acceso a una defensa técnica y especializada, que les permita hacer valer sus derechos y garantías constitucionales en casos individuales y colectivos”.
El proyecto de ley también establece que la defensoría técnica y especializada estará financiada por el Estado, a través de un fondo especial que se creará para este fin. En este sentido, Aguirre destacó la importancia de garantizar la financiación de la defensoría: “Es fundamental que el Estado garantice la financiación de esta defensoría, para que pueda cumplir con su función de garantizar los derechos de los miembros de las fuerzas de seguridad”.
Además, Aguirre destacó la importancia de garantizar la continuidad del servicio que brinda la defensoría técnica y especializada: “Es fundamental que esta defensoría tenga una estructura sólida y sostenible en el tiempo, que garantice la continuidad del servicio que brinda a los miembros de las fuerzas de seguridad”.
El proyecto de ley fue acompañado por los diputados nacionales Jorge Vara, Natalia Silvina Sarapura, Lidia Inés Ascarate, Víctor Hugo Romero, Carlos Raúl Zapata, Alberto Asseff y Pablo Torello, quienes destacaron la importancia de garantizar el acceso a la justicia para los miembros de las fuerzas de seguridad.
La diputada correntina Sofía Brambilla propone crear el organismo, que deberá ser comandado por una mujer, designada por el Congreso.
La diputada nacional Sofía Brambilla (Pro) presentó un proyecto de ley que propone la creación de una Defensoría de los Derechos de las Mujeres, para asegurar la efectiva protección de los derechos vigentes en la Constitución Nacional y los Convenios de la CEDAW y Belém do Pará.
“En un país tan grande, federal y con diferencias entre cada provincia, necesitamos un resguardo de que las necesidades de las mujeres reciban la atención que corresponde, que sea independiente de los gobiernos -para evitar condicionamientos ideológicos- y que permita revisar que ninguna institución quede en falta”, sostuvo la legisladora correntina.
La iniciativa establece que la Defensoría deberá ser un órgano unipersonal e independiente, con autonomía funcional y autarquía financiera, estableciendo la suficiente libertad de acción como para que los casos en los que intervenga no sean teñidos de alguna tendencia partidaria o de los gobiernos de turno, buscando darle imparcialidad a las sentencias a las que arribe.
El cargo de defensora, que sólo podrá ser ocupado por una mujer, duraría 5 años con la posibilidad de ser reelecta una sola vez; y será propuesta, designada y removida por el Congreso Nacional.
A su vez, podrá nombrar 5 adjuntos que le ayuden a potenciar su labor. Dentro de sus tareas se destaca la necesidad de un informe anual o la posibilidad de presentar un informe especial en tanto se trata de gravedad o urgencia, que deberán ser después publicados en el Boletín Oficial.
En la presentación del proyecto, la macrista reafirmó su “vocación y compromiso” con la agenda de las mujeres, espacio que lidera dentro del Pro.
“Podemos hacer lo que nos proponemos, hay que enfocarse y seguir abriendo puertas a las mujeres, este proyecto permite que las instituciones y las prácticas de poder que se desarrollan en ellas no limiten a ninguna mujer, ni el ámbito privado, ni en el público”, completó.
Stella Maris Martínez participó de una reunión de la Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público, donde brindó un detallado informe de gestión sobre la actuación en 2020.
La defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, brindó este lunes un detallado informe de gestión ante la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público, y en ese marco pidió vacunar contra el Covid-19 “a los presos de mayor edad o que tienen alguna comorbilidad”.
“Afortunadamente, gracias a la gestión de (Martín) Soria, se han conseguido dosis para vacunar a los penitenciarios que están en contacto con los presos. El paso siguiente y lo que estamos pidiendo es que se pueda vacunar a los presos de mayor edad o que tienen alguna comorbilidad”, afirmó Martínez al responder una pregunta de la diputada Mara Brawer (Frente de Todos) sobre el ejercicio de la defensa en pandemia.
La funcionaria explicó que “el problema no es que el defensor se contagie, sino que el defensor contagie a las personas privadas de su libertad y eso, que hasta ahora no ha ocurrido, puede convertirse, si pasa, en un problema gravísimo”.
En tanto, recordó que cuando comenzó la pandemia insistió ante la interventora del Servicio Penitenciario Federal, Laura Garrigós de Rébori, en que se les permitiera a los defendidos utilizar celular -limitando las llamadas a una determinada nómina de personas-, pero la respuesta fue negativa por el riesgo de los secuestros virtuales.
De todos modos, aclaró que a pesar de las restricciones sanitarias “no hay problemas de comunicación” entre detenidos y defensores, ya que entre otras cosas “se habilitó el correo electrónico”.
Por otra parte, ante una consulta de la senadora radical Silvia Elías de Pérez sobre los delitos que aumentaron en la pandemia, expresó: “Nuestra percepción es que durante la primera parte de la pandemia disminuyeron mucho os delitos en general. Lo que sí aumentó claramente son los casos de violencia intrafamiliar: violencia de género, pero también violencia de los padres sobre los hijos, y de los hijos y jóvenes sobre ancianos”.
Al inicio de su exposición, Martínez precisó que la ejecución presupuestaria al 31 de diciembre del año 2020 “alcanzó el 100%, es decir, se gastó todo el presupuesto contemplado”, que era de 10.082.774.801 pesos.
“Además de las dificultades relacionadas con la pandemia, al no contar con una ley de presupuesto 2020 sino con una prórroga, significó una pérdida equivalente al 50% de los recursos operativos del Ministerio Público de la Defensa”, informó, y agregó que desde agosto lograron un incremento de 58 millones de pesos que sirvió para iniciar el proceso de renovación tecnológica.
La defensora indicó que se invirtieron 3.000.000 de pesos en gastos relacionados a la prevención del Covid-19, y detalló cuáles fueron los bienes y servicios adquiridos y los inmuebles con los que cuenta la Defensoría, que desde 2005 -cuando comenzó su gestión- totalizan 33. Por otra parte, hizo énfasis en la falta de servidores necesarios para almacenar las audiencias para la aplicación del nuevo Código Procesal Penal.
En cuanto al presupuesto para este año, puntualizó que fueron asignados 13.756.136.844 pesos. “Si bien no satisface todas las necesidades reales del organismo, subsanó el déficit generado en 2020”, ponderó.
Martínez informó que en 2020 se produjeron siete renuncias y ceses y 18 juramentos de nuevos magistrados. La planta de la Defensoría al 6 de abril, dijo, es de 2.784 agentes, incluyendo contratos, interinatos y funcionarios y empleados de licencia sin goce de haberes, sumados a 12 personas con contratos de locación de servicios.
Del total de empleados, añadió, 1.856 son abogados -es decir, más de la mitad-, y las mujeres constituyen el 58%, aunque solo ocupan el 37% de los cargos de magistrados. “De cada 10 ternas que se elevan, en ocho hay mujeres; sin embargo solo se designa un 30% de mujeres”, lamentó.
Por otra parte, apuntó que del total de Defensorías habilitadas, hay 43 sin magistrado titular. “Esta situación es crítica en provincias como Santiago del Estero, donde no hay ningún magistrado: las tres dependencias están a cargo de funcionarios”, advirtió.
Martínez también informó que entre 2020 y lo que va 2021 el Poder Ejecutivo remitió 20 pliegos al Senado y todos obtuvieron acuerdo. Si bien destacó que la mitad fueron mujeres, sostuvo que “si queremos revertir la situación que existe en algunas jurisdicciones del interior donde no hay paridad, no basta con mantener la paridad en las remisiones”, sino que se debe aumentar la proporción.
En otro pasaje de su exposición, precisó que en el fuero civil la Defensoría intervino en 285.922 casos, y en el fuero penal, 297.937 casos, lo que hace a un total de 583.859 casos en 2020.
Luego recordó su participación en el debate sobre la reforma judicial en el Senado, ocasión en la que sostuvo que “el escaso número de defensorías oficiales que se prevé crear generará un obstáculo para el adecuado funcionamiento del sistema acusatorio”. Para el tratamiento de la reforma del Ministerio Público, aclaró, no fue convocada.
La defensora también repasó la implementación del sistema acusatorio en Salta y Jujuy y resaltó que se pusieron en funcionamiento cinco Defensorías de Víctimas.
Al término de la reunión de comisión, se leyeron notas presentadas por legisladores y las respuestas recibidas.
