La iniciativa enviada junto al Presupuesto 2026 fija por ley la obligación de aprobar presupuestos equilibrados o superavitarios, limita el margen de acción del Congreso y del Ejecutivo, y establece penas de prisión para los funcionarios que violen las reglas fiscales o recurran a la emisión monetaria.
Después de haberlo anunciado varias veces, el presidente Javier Milei envió al Congreso este lunes el proyecto de Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, una iniciativa que busca convertir en norma rígida el principio de equilibrio fiscal que el Gobierno defiende como innegociable.
El texto obliga a que todo presupuesto nacional sea equilibrado o superavitario, prohibiendo expresamente la sanción de leyes con resultado financiero negativo. Si durante la ejecución se alteran los ingresos o egresos, el jefe de Gabinete deberá aplicar ajustes inmediatos, priorizando recortes en partidas no protegidas por ley, e informar al Congreso en un plazo de cinco días.
El proyecto también impone límites al Poder Legislativo: cualquier ley que implique nuevos gastos solo entrará en vigencia cuando las partidas correspondientes se incorporen al presupuesto del año siguiente, salvo que se establezca un financiamiento específico y suficiente. Además, obliga a que cada iniciativa parlamentaria que afecte recursos o aumente erogaciones venga acompañada de un Informe de Impacto Presupuestario de Mediano Plazo, elaborado por la Oficina de Presupuesto del Congreso o, en el caso del Ejecutivo, por la Secretaría de Hacienda.
En el plano de la responsabilidad política, el proyecto prohíbe a cualquier funcionario asumir compromisos extrapresupuestarios o solicitar adelantos transitorios del Banco Central para financiar gasto primario, uno de los mecanismos que Milei considera responsables de la inflación.
El paquete incluye incluso modificaciones al Código Penal:
El proyecto también introduce cambios en la Ley de Administración Financiera (24.156), ampliando su alcance a empresas públicas, entes autárquicos, fondos fiduciarios y sociedades estatales, que estarán obligados a consolidar sus presupuestos dentro del Presupuesto General. Si no lo hacen, no podrán recibir fondos del Tesoro.
Finalmente, la iniciativa declara de orden público sus disposiciones y establece que las reglas fiscales y monetarias comenzarán a regir a partir del primer presupuesto que se formule luego de su promulgación.
Con este proyecto, Milei busca no solo reforzar su estrategia de equilibrio fiscal, sino también atar de manos a futuros gobiernos, institucionalizando la bandera central de su gestión y elevando a rango penal las violaciones a la disciplina presupuestaria.