El diputado nacional Manuel Aguirre (UCR – Corrientes), presentó un proyecto de ley que modifica el Código Penal para incluir disposiciones específicas sobre el uso delictivo de vehículos aéreos no tripulados, comúnmente conocidos como drones.

Este proyecto busca establecer un marco legal que prevenga el uso indebido de estas herramientas tecnológicas, que han proliferado en los últimos años. Además, propone la creación de un nuevo Título XIV en el Código Penal, que contempla penas de prisión de entre cinco y diez años para quienes fabriquen, adapten o utilicen drones con fines delictivos.

“Es evidente que el uso de drones, si bien trae beneficios importantes, también puede ser aprovechado para cometer delitos. Por ello, es fundamental que el Estado establezca marcos regulatorios claros”, afirmó Aguirre durante la presentación.

La iniciativa responde a la creciente preocupación por el uso malintencionado de drones en actividades delictivas, que van desde el tráfico de drogas hasta la vigilancia ilegal. “El uso indebido de estos aparatos puede tener efectos más amplios sobre la población civil, y es nuestra responsabilidad como legisladores abordar este problema con seriedad y compromiso”, agregó el diputado correntino.

El proyecto no solo establece penas específicas, sino que también introduce agravantes para aquellos delitos cometidos utilizando drones. Esto incluye acciones que generen alarma o temor en la población. Aguirre destacó que “la protección de la vida e integridad de las personas es un objetivo constitucionalmente válido, y debemos garantizar que la legislación se adapte a los avances tecnológicos”.

Además, el proyecto contempla sanciones más severas cuando los bienes afectados pertenezcan a las Fuerzas Armadas o de Seguridad Nacional. “Es crucial reconocer la importancia de la infraestructura crítica del Estado y protegerla de posibles ataques o daños”, subrayó el radical.

El Comité de Control Electoral que lanzó Juntos por el Cambio presentó este jueves la primera denuncia penal en contra del Gobierno de Alberto Rodríguez Saá, en San Luis, por la “utilización de dinero público con fines clientelistas y discrecionales” con el fin de “captar ilegítimamente el sufragio a favor de los candidatos oficialistas”, que se observa luego de la dura derrota en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias ante la Alianza Unidos por San Luis.

“Hay varios expedientes en trámite donde se gestionan adelantos de coparticipación para los Municipios del oficialismo provincial, y también la apertura de fondos rotatorios bajo la titularidad de todos los ministros y secretarios de Estado”, afirma la denuncia que presentaron y agrega que “todos fueron solicitados al mismo tiempo y con idéntica definición, como así también con la misma urgencia y plazo".

En ese sentido, señalan que “estos anticipos se justifican en la presunta necesidad de llevar a cabo una acción de ‘contención social’. Sin embargo, les permitiría a los intendentes oficialistas disponer de dinero líquido para aplicarlo a la campaña electoral”. 

Por otro lado, el Gabinete de Rodríguez Saá solicitó “la creación de fondos rotarios por la suma individual e idéntica de 5 millones de pesos para cada dependencia, lo que supondría un gasto total de 85 millones de pesos. Esto escaparía a todo proceso de contratación ordinario al que además se le pretende dotar de un mecanismo de rendición de cuentas, excepcional, relajado e incontrolable que sería ejecutado durante la campaña electoral como consecuencia de que su razón de ser es dar respuesta inmediata a las ‘urgencias’ de sus ministerios”.

Los denunciantes sostienen que las conductas denunciadas en la provincia puntana podrían configurarse como “acciones típicas disfrazadas de asistencia social, mediante la posible extracción o desvío de fondos públicos para la financiación de actividades partidarias a través de la entrega de dinero en efectivo.

“Por su parte, los ministros y secretarios de Estado quedan en condiciones de otorgar subsidios en efectivo de hasta 50.000 pesos y sólo se les exige la presentación de una mera declaración jurada como mecanismo de rendición de cuentas. Toda esta maniobra permite inferir que la intención es captar ilegítimamente el sufragio a favor de los candidatos oficialistas poniendo, en consecuencia, en circulación en el mercado financiero ese dinero con apariencias de licitud”, advierten desde Juntos.

Particularmente se acusa a los funcionarios del Gobierno de San Luis de ser “partícipes de delitos electorales que prohíben la actuación gubernamental o privada destinada a captar el sufragio de los ciudadanos, promover o desincentivar el voto a favor o en contra de determinados candidatos”.

“Entre los delitos que se le atribuyen son el de asociación ilícita, abuso de autoridad, violación de deberes de funcionarios públicos, malversación de fondos públicos, peculado, falsedad ideológica y lavado de activos. Además, denuncian la violación de la Ley de financiamiento de partidos políticos”, precisaron desde el bloque opositor y solicitaron a la Justicia que “disponga de una medida cautelar urgente, en la cual se ordene al gobernador Rodríguez Saá y a su gabinete que se abstengan de disponer de fondos para el pago de subsidios o cualquier otra erogación de dinero que pudiera estar dirigida al condicionamiento de los electores hasta las elecciones generales de noviembre”.

La denuncia fue presentada por Jimena de la Torre, presidente de la asociación civil Bases Republicanas y representante del tercer sector en el Comité de Control Electoral de Juntos por el Cambio, y por Ricardo Aníbal Endeiza, apoderado de la alianza electoral Unidos por San Luis que lleva como candidato a diputado nacional al actual senador Claudio Poggi.

Por su parte, de la Torre afirmó que “en caso de que se comprueben todos los delitos que hemos denunciado, pedimos a la Justicia que condene a los responsables con la máxima pena legal”, y agregó que “con este tipo de conductas, todo el oficialismo de San Luis dispone de 'cajas chicas' para manejar el dinero público de manera poco transparente y con intenciones electorales”. 

“El Gobierno de Rodríguez Saá busca repetir lo que hizo en las elecciones del 2017, donde tuvo una dura derrota en las PASO y con acciones delictivas de este tipo logró revertir el resultado para las Generales, por eso es fundamental que habiéndose ya detectado de forma previa las maniobras, la Justicia actúe de manera inmediata, antes de que sucedan lo hechos”, finalizó.

El senador nacional de Juntos por el Cambio Pablo Daniel Blanco presentó un pedido de informes para que el Poder Ejecutivo, mediante la intervención del Ministerio de Seguridad aclare e informe diversas cuestiones relacionadas a las declaraciones de la ministra de Seguridad en las que afirmó que “no hay muchos robos” y que “son los medios de comunicación quienes los hacen visibles”.

El proyecto fue acompañado por los senadores Laura Rodríguez Machado, Juan Carlos Marino, Claudio Poggi, Stella Maris Olalla, Víctor Zimmernann, Mario Fiad, Silvia del Rosario Giacoppo, María Belén Tapia y Alfredo de Angeli.

Blanco solicita información sobre las estadísticas de los delitos; si el Ministerio de Seguridad da continuidad y mantiene el funcionamiento del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) y los Procesos de Evaluación de la Calidad Estadística del SNIC previstos en el Plan de Trabajo 2019-2022 oportunamente presentado por la oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito; los procesos para garantizar el acceso público a dicha información a través de la página web oficial que el gobierno ha implementado; qué previsiones de actualización tiene el Ministerio de Seguridad para la actualización de la información prevista en la Ley 25.266, que a la fecha sólo alcanza el año 2018 y que previsiones tiene el Ministerio de Seguridad para la realización de la Encuesta de Victimización, prevista en el Sistema Nacional de Seguridad.

“La falta de actualización y acceso a las estadísticas criminales actualizadas atentan contra la confianza en el gobierno, generan sospechas de ocultamiento y afectan la imagen de nuestro país”, señaló Blanco.

“Si el mito de la ‘sensación de inseguridad’ es cierto, y se lo considera un efecto negativo para el bien público, entonces la mejor manera de combatirlo es brindando acceso a la información pública y no descargando críticas veladas sobre los medios de comunicación. Una vez más el kirchnerismo se la agarra con los medios en vez de hacer algo para modificar la realidad, en este caso, el aumento de la inseguridad”, expresó el legislador fueguino.

El senador manifestó que “las declaraciones de la ministra, además, han sido desmentidas por el propio señor jefe de Gabinete de Ministros, quien afirmó que ‘evidentemente hay más casos’ de inseguridad en relación al inicio de la pandemia. Sería de desear que este tipo de disonancias se terminen y que las estadísticas criminales fueran actualizadas de manera oficial como corresponde y que sigan siendo públicas como es debido. Estas diferencias de opinión quedarían totalmente saldadas si el gobierno publicara datos confiables”.

“Mientras los mismos no existan, todo queda en la esfera de la opinión. Y cuando las opiniones son tan divergentes en el propio seno de un gobierno, los ciudadanos quedan presa de la confusión y la indeseada “sensación de inseguridad” inevitablemente aumenta. La Argentina necesita datos duros y confiables. Los mismos son importantes tanto para planificar el abordaje de políticas criminales como para medir su éxito”, finalizó Blanco.