Con relatos desgarradores y lágrimas en los ojos de los familiares de víctimas de menores de edad, el Senado de la Nación dictaminó en la tarde de este jueves el proyecto que propone un nuevo Régimen Penal Juvenil que baja la edad de imputabilidad a los 14 años.

La iniciativa fue debatida en un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda. La misma logró la media sanción el pasado 12 de febrero en la Cámara de Diputados, por lo que el oficialismo pretende llevarla al recinto de la Cámara alta la próxima semana en una sesión que aún no fue convocada de manera oficial.

El flamante titular de la Comisión de Justicia, Gonzalo Guzmán Coraita, resaltó que la iniciativa tiene un “intenso recorrido en el Congreso”, y recordó que fue tratado en la Cámara baja en cuatro comisiones, entre julio de 2024 y mayo del 2025 se realizaron nueve reuniones formales de comisiones con la participación de 28 expositores especializados de múltiples disciplinas.

“El debate incorporó perspectivas jurídicas, médicas, criminológicas, neuro científicas e institucionales. Este recorrido robusto es el que da sustento al dictamen”, enumeró y sostuvo que “el Congreso de la Nación está pagando una de las deudas históricas que tenemos con el Régimen Penal Juvenil porque venimos de una ley de 1980 y han sido diversos los intentos legislativos para derogar este régimen por una ley que respete los estándares constitucionales que es el proyecto que tenemos en la mesa de trabajo”.

El salteño remarcó que el proyecto “respeta” los estándares internacionales en la materia y “establece de manera expresa los principios rectores que van a gobernar el sistema penal juvenil como el principio de legalidad, la proporcionalidad e idoneidad de las medidas restrictivas de la libertad, debido proceso legal, derecho de defensa técnica, plazos razonables, entre otros”.

“Este proyecto propone dar claridad, límites a las penas, respetar el principio de especialidad que debe gobernar, medidas socio educativas, sanciones alternativas. Todas medidas que permiten graduar la respuesta penal conforme a la gravedad del hecho y a la situación. Tenemos una tarea muy importante”, cerró.

Al tomar la palabra, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Ezequiel Atauche, remarcó que los artículos 50 y 51 hablan de asignaciones presupuestarias para el Ministerio de Justicia y para la Defensoría General de la Nación.

En nombre del bloque de Unión por la Patria, la senadora Juliana di Tullio reclamó que la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, les había comunicado que no iba a haber oradores para el debate y que “no iban a aceptar otros oradores. Por eso no hicimos el pedido al plenario porque nos dijeron eso personalmente”, y cuestionó que “se le cercenó la palabra a quienes nos pidieron de venir a enriquecer el debate”.

"Ustedes no quieren debatir, quieren llevar de prepo un dictamen", denunció la bonaerense.

TENEMOS DICTAMEN DEL RÉGIMEN PENAL JUVENIL EN EL SENADO

La semana que viene lo vamos a convertir en Ley.

En la Argentina no puede haber más víctimas y familias destruidas ni impunidad de menores que se escudan en su edad para salir a delinquir y volver a su casa como si nada.…

— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) February 19, 2026

El relato de los familiares de víctimas de menores de edad

El primer testimonio espeluznante fue el de Laura Fernández, mamá de Lara, quien relató que su hija a la edad de 17 años festejaba el año nuevo en Lomas de Zamora con sus amigos, cuando cuatro delincuentes los asaltaron. “Uno de ellos la agarró del cuello. Mi hija se resistió. Le pusieron una 38 en la nuca y automáticamente Martín Aguirre, de 15 años de edad, le efectuó un disparo. Lara cayó al piso inmediatamente”.

“Cuando llegué al lugar mi hija ya había fallecido hacía unos minutos. Lara estaba tibia. No me dieron la posibilidad de despedirme. No pude donar sus órganos. No le dieron la posibilidad de estudiar lo que ella quería. A ella le sacaron todas sus posibilidades, y se la sacó un menor de 15 años”, relató, y sumó que el menor se escapó de un instituto dos veces.

Fernández detalló que el asesino de su hija “está cumpliendo una condena porque se escapó con 16 años. Le dieron 5 años y en el 2029 esta persona va a estar en libertar”. Así, preguntó: “¿Se podría haber evitado? Sí, porque tenía antecedentes. Al mes de haber matado a Lara, mató a otro hombre para robarle el auto. La verdad que se podría haber evitado todo si hubiera cumplido una pena por los delitos que había cometido y tendría que haber estar detenido y no matando a Lara”.

“Está en sus manos que esta ley salga. Sabemos que no es retroactiva para nosotros, pero queremos evitar que otras familias pasen por lo que nosotros estamos pasando. Nosotros ya no tenemos cumpleaños, no tenemos navidades. A nosotros nos arruinaron la vida eternamente Estoy acá de pie porque tengo otra hija y le prometí a Lara que iba a poner mi grano de arena para que este país crezca”, planteó y pidió a los legisladores que sean empáticos y se pongan en sus lugares.

“Me encantaría que ustedes puedan entender que te arruinen la vida eternamente. A mí me mataron. Entiendo que hablen de niños y adolescentes y de la reinserción y estoy a favor de eso, pero piensen en las víctimas porque se debatió qué van a hacer con esos menores, pero nadie habla ni piensa en las víctimas. Para nosotros ya no hay justicia, eso tenemos que cambiar”, cerró.

FOTO: COMUNICACIÓN SENADO

Luego fue el turno de la mamá de Jeremías Monzón, Romina quien cuestionó: “Hablan de reinserciones, pero les exijo que me expliquen cómo hago para reinsertar a mi hijo muerto”, y les planteó a los legisladores que “esto no puede seguir pasando y eso está en sus manos”, al tiempo que aseguró: “Aquellos que se opongan a esta ley van a seguir con las manos ensuciadas con la sangre de nuestros hijos”.

A continuación, fue la intervención de Mariela Jesica Flores, mamá de Joaquín Sperani, quien recordó que el asesino de su hijo lo sacó de la escuela el 29 de junio de 2023, era compañero. “Lo llevó a cien metros a una casa abandonada y le dio muerte con un fierro. Le dio 18 golpes y siguió golpeándolo post mortem”, relató y precisó que el joven le dio a la policía “datos falsos que imposibilitó llegar al cuerpo de Joaquín. Nosotros encontramos el cuerpo tres días después”.

“No nos entra en la cabeza que fue su compañero que lo asesinó, que se dedicó a manipularnos. Cuando fuimos a la justicia nos encontramos que no nos podíamos presentar como querellantes porque el artículo 91 del Código Procesal de Córdoba nos impedía y el juez lo tuvo que declarar inconstitucional para que podamos presentar pruebas. Ahí empezamos esta carrera de lidiar con el Estado que no nos daba derechos”, contó.

La mamá de Joaquín señaló que “en este caso no se cumplió la igualdad ante la ley. No éramos considerados como víctimas. Nos fueron atando de pies y manos. ¿Cómo íbamos a reclamar justicia si no tenemos los derechos consagrados? En la práctica, la ley nos imposibilitó todo”.

“En sus manos está esto”, reiteró y cuestionó: “Cuando los escucho decir que ‘estos menores son niños y tienen derechos’, Joaquín también era un niño como su asesino y tenía derechos. Quiero igualdad para mi hijo porque este menor entró por una puerta y salió por la otra”.

En un tono de indignación expresó: “Encontrarme que en el Congreso dormían proyectos desde antes, ¿tanto tiempo se tardaron para tratar esto que me hubiese dado un poquito de derechos como mamá?”, y reclamó que el asesino de su hijo “está liberado en la sociedad y puede volver a matar porque el Estado no tiene políticas preventivas. Nuestro hijo pagó las consecuencias de este Estado fallido. Deben re sociabilizar de verdad y no mandarlo al entorno que ya está podrido”.

Flores les habló a los senadores para que consideren a las víctimas y victimarios y “dar una mirada como corresponde para que otras familias no se encuentren con murallas para llegar a la justicia porque nosotros quedamos en la impunidad. Mi hijo no va a tener justicia. Pido un Estado presente antes de que pasen las cosas con políticas preventivas y, si pasan las cosas, que esas familias tengan los derechos consagrados”.

FOTO: COMUNICACIÓN SENADO

En tanto, Nicolás Sabo, hijo del quiosquero Roberto Sabo, recordó que su padre fue asesinado en noviembre de 2021 en Ramos Mejía por un hombre de 29 años acompañado de una menor de 15, “por 10 mil pesos. La vida de mi papá para esa gente valía 10 mil pesos nada más. Esta gente no le importa nada porque esa persona ya había estado preso y subía estados a Facebook de que iba a salir con sed de sangre. La menor vendía droga junto con él denunciada por sus propios padres. Nadie se ocupó y la muerte de mi papá era evitable”.

“El Estado abandonó todo y no le importó nada porque como escuchamos en las discusiones son solo números. Yo perdí a mi papá a los 25 años y mi hermano a los 15. En el juicio le tuvimos que ver la cara a los asesinos. Él nunca pidió perdón ni se arrepintió. Les hizo fuck you a los presentes y son personas que no les importa la vida y no piensan en reincidirse”, relató.

Sabo les reclamó a los legisladores que “el pueblo les está pidiendo esto porque ustedes se deben a nosotros. Pedimos que nos escuchen a nosotros no a los victimarios. Se habla de los derechos de los niños de 15 años, mi hermano con 15 años enfrentó un juicio y les vio la cara a los asesinos y nadie se acercó a preguntar cómo estaba él y si necesitaba ayuda. Parece que nuestros derechos no importan”.

“Al asesino lo condenaron a cadena perpetua, la misma que tenemos nosotros porque yo a mi viejo lo extraño igual todo el tiempo”, expresó entre lágrimas y agregó: “En los testimonios es algo común que estamos pidiendo todos, que nos escuchen y empaticen con nosotros y que se termine esto demasiado lugar al asesino. Un niño que agarró un arma deja de ser un niño. Que deje de haber cadena perpetua para las víctimas y que se deje de pensar tanto en los derechos de los asesinos. Aboguen por nosotros que para eso los elegimos”.

Romina Bordón, mamá de Alan, quien fue a bailar y fue atacado por una patota a la salida del boliche. “Él llegó a despedirse de su hija de 2 años. En el hospital nos dijeron que tenía un golpe muy fuerte en la cabeza, una fractura de cráneo. Estuvo agonizando 20 días. El 18 de enero, en el aniversario de Fernando Báez Sosa, él falleció. Hay un solo detenido por el caso hasta ahora. No nos mostraron las cámaras del municipio ni los domo. Pedimos justicia y necesitamos que las leyes se hagan valer”, relató.

FOTO: COMUNICACIÓN SENADO

Karina Albarenga, mamá de Lautaro Padín, asesinado por una patota en pandemia tras una fiesta clandestina: “Mi hijo corrió por su vida ese día, pero no pudo lograrlo. Le dieron un piedrazo y le hicieron rotura de cráneo. Cuando cae se le abalanzan y lo empiezan a golpear. Le rompieron una costilla y le perforaron un pulmón. Recibió patadas en todo el cuerpo de entre 8 a 10 personas, mayores y menores. Hubo tres detenidos, uno era menor de edad. La familia de ese chico son todos delincuentes y se drogan”.

“Los asesinos de mi hijo recibieron 4 y 6 años, ya están libres. Pero no quiero que otra familia pase por lo mismo. Estamos atadas sin poder darles un descanso a nuestros hijos como corresponde. Ya deja de ser un niño de 15 años cuando salen a matar porque a mi hijo lo esperaron y sabían lo que iban a hacer. A mi hijo hasta le robaron todas las pertenencias y luego subieron todo a redes porque para ellos eso es un trofeo. También subieron el video de mi hijo corriendo. Mi hijo lamentablemente no tuvo justicia, pero no estuvo de mi lado”, precisó con angustia.

Con un nudo en la garganta y lágrimas en los ojos, Evelyn Mendoza -mamá de Isaías- expresó: “Nunca imaginé estar acá”, y comenzó su relato de lo que sucedió con su hijo. Un 24 de septiembre de 2025 recibió un mensaje de su hija diciéndole que le habían pegado a su hermano porque “no quiso entregar su asiento”.

“Isaías recibió ocho piñas letales en el estómago. Su profesora lo agarró de los brazos y él no pudo defenderse. Entró en un paro cardíaco, empezó a largar espuma por la boca y sangre por la nariz. Cuando entré al colegio, unos 20 minutos de que pasó, me encontré a mi hijo de 15 años tirado muerto. Le abrí los ojos y tenía sus pupilas chiquitas. No me ayudó nadie. Arrastré a mi hijo por las escaleras. Pedía que lo llevemos al hospital porque estaba sin vida. Apreció un patrullero y alcé como pude a mi hijo. En el hospital lo reanimaron 20 minutos”, detalló.

Y siguió: “Mi hijo tuvo una hipoxia aguda. Yo a mi hijo hoy lo tengo vivo porque le salvé la vida. Pero hace 135 días que no escucho su voz. Que no me puede abrazar. Que le hablo y solo me mira. Hace 135 días que nadie se acercó a preguntarme qué necesita mi hijo. Necesitamos 33 millones de pesos para acceder a un tratamiento de células madre para regenerarle el 70% del cerebro. El colegio se lavó las manos. A Isaías le faltaba dos semanas para recibirse de barbero y tenía un contrato con AFA. Mi hijo está en un estado vegetativo persistente, perdió el 70% de sus neuronas. No sé si me escucha. Está en una terapia intensiva. A mí me abandonaron y a mi hijo también”.

“No son menores, son monstruos. Basta, tienen que pagar y la sociedad no va a cambiar porque se siguen reproduciendo y son ustedes los que pueden parar con esto”, expresó.

Al cierre, habló María Eugenia Rodríguez Álvarez -mamá de Uma Aguilera-, quien recordó el espeluznante asesinato de su pequeña hija: “Nos cruzaron un auto. Efectuaron dos disparos y uno le dio en la cabeza a Uma. Me fusilaron a la nena. Vivimos la ausencia perpetua de Uma. No la vemos reír, no hay navidad, no hay cumpleaños. Todo se arruinó para nuestra familia”.

“Somos personal policial y vivimos con la constante culpa de no haber podido salvar la vida de nuestra hija. No quiero seguir teniendo un país así. Es muy difícil como familia poder enfrentar todo. Estamos acá porque necesitamos un cambio y pedimos por favor que piensen en todas las familias porque este sistema y leyes velan la seguridad del victimario. Queremos que los menores paguen por lo que hacen. No está bueno que entren y salgan porque cuando toman un arma saben y hoy más que nada por las redes y la tecnología están más avanzados que nosotros. Un nene de 10 años sabe que un arma mata”, insistió y concluyó: “Uma también era una niña. No vamos a poder bailar el vals con ella en sus 15. Vamos a tener que llevarle un ramo de flores a su tumba”, sostuvo.

El diputado nacional Manuel Aguirre (UCR – Corrientes), presentó un proyecto de ley que modifica el Código Penal para incluir disposiciones específicas sobre el uso delictivo de vehículos aéreos no tripulados, comúnmente conocidos como drones.

Este proyecto busca establecer un marco legal que prevenga el uso indebido de estas herramientas tecnológicas, que han proliferado en los últimos años. Además, propone la creación de un nuevo Título XIV en el Código Penal, que contempla penas de prisión de entre cinco y diez años para quienes fabriquen, adapten o utilicen drones con fines delictivos.

“Es evidente que el uso de drones, si bien trae beneficios importantes, también puede ser aprovechado para cometer delitos. Por ello, es fundamental que el Estado establezca marcos regulatorios claros”, afirmó Aguirre durante la presentación.

La iniciativa responde a la creciente preocupación por el uso malintencionado de drones en actividades delictivas, que van desde el tráfico de drogas hasta la vigilancia ilegal. “El uso indebido de estos aparatos puede tener efectos más amplios sobre la población civil, y es nuestra responsabilidad como legisladores abordar este problema con seriedad y compromiso”, agregó el diputado correntino.

El proyecto no solo establece penas específicas, sino que también introduce agravantes para aquellos delitos cometidos utilizando drones. Esto incluye acciones que generen alarma o temor en la población. Aguirre destacó que “la protección de la vida e integridad de las personas es un objetivo constitucionalmente válido, y debemos garantizar que la legislación se adapte a los avances tecnológicos”.

Además, el proyecto contempla sanciones más severas cuando los bienes afectados pertenezcan a las Fuerzas Armadas o de Seguridad Nacional. “Es crucial reconocer la importancia de la infraestructura crítica del Estado y protegerla de posibles ataques o daños”, subrayó el radical.

El Comité de Control Electoral que lanzó Juntos por el Cambio presentó este jueves la primera denuncia penal en contra del Gobierno de Alberto Rodríguez Saá, en San Luis, por la “utilización de dinero público con fines clientelistas y discrecionales” con el fin de “captar ilegítimamente el sufragio a favor de los candidatos oficialistas”, que se observa luego de la dura derrota en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias ante la Alianza Unidos por San Luis.

“Hay varios expedientes en trámite donde se gestionan adelantos de coparticipación para los Municipios del oficialismo provincial, y también la apertura de fondos rotatorios bajo la titularidad de todos los ministros y secretarios de Estado”, afirma la denuncia que presentaron y agrega que “todos fueron solicitados al mismo tiempo y con idéntica definición, como así también con la misma urgencia y plazo".

En ese sentido, señalan que “estos anticipos se justifican en la presunta necesidad de llevar a cabo una acción de ‘contención social’. Sin embargo, les permitiría a los intendentes oficialistas disponer de dinero líquido para aplicarlo a la campaña electoral”. 

Por otro lado, el Gabinete de Rodríguez Saá solicitó “la creación de fondos rotarios por la suma individual e idéntica de 5 millones de pesos para cada dependencia, lo que supondría un gasto total de 85 millones de pesos. Esto escaparía a todo proceso de contratación ordinario al que además se le pretende dotar de un mecanismo de rendición de cuentas, excepcional, relajado e incontrolable que sería ejecutado durante la campaña electoral como consecuencia de que su razón de ser es dar respuesta inmediata a las ‘urgencias’ de sus ministerios”.

Los denunciantes sostienen que las conductas denunciadas en la provincia puntana podrían configurarse como “acciones típicas disfrazadas de asistencia social, mediante la posible extracción o desvío de fondos públicos para la financiación de actividades partidarias a través de la entrega de dinero en efectivo.

“Por su parte, los ministros y secretarios de Estado quedan en condiciones de otorgar subsidios en efectivo de hasta 50.000 pesos y sólo se les exige la presentación de una mera declaración jurada como mecanismo de rendición de cuentas. Toda esta maniobra permite inferir que la intención es captar ilegítimamente el sufragio a favor de los candidatos oficialistas poniendo, en consecuencia, en circulación en el mercado financiero ese dinero con apariencias de licitud”, advierten desde Juntos.

Particularmente se acusa a los funcionarios del Gobierno de San Luis de ser “partícipes de delitos electorales que prohíben la actuación gubernamental o privada destinada a captar el sufragio de los ciudadanos, promover o desincentivar el voto a favor o en contra de determinados candidatos”.

“Entre los delitos que se le atribuyen son el de asociación ilícita, abuso de autoridad, violación de deberes de funcionarios públicos, malversación de fondos públicos, peculado, falsedad ideológica y lavado de activos. Además, denuncian la violación de la Ley de financiamiento de partidos políticos”, precisaron desde el bloque opositor y solicitaron a la Justicia que “disponga de una medida cautelar urgente, en la cual se ordene al gobernador Rodríguez Saá y a su gabinete que se abstengan de disponer de fondos para el pago de subsidios o cualquier otra erogación de dinero que pudiera estar dirigida al condicionamiento de los electores hasta las elecciones generales de noviembre”.

La denuncia fue presentada por Jimena de la Torre, presidente de la asociación civil Bases Republicanas y representante del tercer sector en el Comité de Control Electoral de Juntos por el Cambio, y por Ricardo Aníbal Endeiza, apoderado de la alianza electoral Unidos por San Luis que lleva como candidato a diputado nacional al actual senador Claudio Poggi.

Por su parte, de la Torre afirmó que “en caso de que se comprueben todos los delitos que hemos denunciado, pedimos a la Justicia que condene a los responsables con la máxima pena legal”, y agregó que “con este tipo de conductas, todo el oficialismo de San Luis dispone de 'cajas chicas' para manejar el dinero público de manera poco transparente y con intenciones electorales”. 

“El Gobierno de Rodríguez Saá busca repetir lo que hizo en las elecciones del 2017, donde tuvo una dura derrota en las PASO y con acciones delictivas de este tipo logró revertir el resultado para las Generales, por eso es fundamental que habiéndose ya detectado de forma previa las maniobras, la Justicia actúe de manera inmediata, antes de que sucedan lo hechos”, finalizó.

El senador nacional de Juntos por el Cambio Pablo Daniel Blanco presentó un pedido de informes para que el Poder Ejecutivo, mediante la intervención del Ministerio de Seguridad aclare e informe diversas cuestiones relacionadas a las declaraciones de la ministra de Seguridad en las que afirmó que “no hay muchos robos” y que “son los medios de comunicación quienes los hacen visibles”.

El proyecto fue acompañado por los senadores Laura Rodríguez Machado, Juan Carlos Marino, Claudio Poggi, Stella Maris Olalla, Víctor Zimmernann, Mario Fiad, Silvia del Rosario Giacoppo, María Belén Tapia y Alfredo de Angeli.

Blanco solicita información sobre las estadísticas de los delitos; si el Ministerio de Seguridad da continuidad y mantiene el funcionamiento del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) y los Procesos de Evaluación de la Calidad Estadística del SNIC previstos en el Plan de Trabajo 2019-2022 oportunamente presentado por la oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito; los procesos para garantizar el acceso público a dicha información a través de la página web oficial que el gobierno ha implementado; qué previsiones de actualización tiene el Ministerio de Seguridad para la actualización de la información prevista en la Ley 25.266, que a la fecha sólo alcanza el año 2018 y que previsiones tiene el Ministerio de Seguridad para la realización de la Encuesta de Victimización, prevista en el Sistema Nacional de Seguridad.

“La falta de actualización y acceso a las estadísticas criminales actualizadas atentan contra la confianza en el gobierno, generan sospechas de ocultamiento y afectan la imagen de nuestro país”, señaló Blanco.

“Si el mito de la ‘sensación de inseguridad’ es cierto, y se lo considera un efecto negativo para el bien público, entonces la mejor manera de combatirlo es brindando acceso a la información pública y no descargando críticas veladas sobre los medios de comunicación. Una vez más el kirchnerismo se la agarra con los medios en vez de hacer algo para modificar la realidad, en este caso, el aumento de la inseguridad”, expresó el legislador fueguino.

El senador manifestó que “las declaraciones de la ministra, además, han sido desmentidas por el propio señor jefe de Gabinete de Ministros, quien afirmó que ‘evidentemente hay más casos’ de inseguridad en relación al inicio de la pandemia. Sería de desear que este tipo de disonancias se terminen y que las estadísticas criminales fueran actualizadas de manera oficial como corresponde y que sigan siendo públicas como es debido. Estas diferencias de opinión quedarían totalmente saldadas si el gobierno publicara datos confiables”.

“Mientras los mismos no existan, todo queda en la esfera de la opinión. Y cuando las opiniones son tan divergentes en el propio seno de un gobierno, los ciudadanos quedan presa de la confusión y la indeseada “sensación de inseguridad” inevitablemente aumenta. La Argentina necesita datos duros y confiables. Los mismos son importantes tanto para planificar el abordaje de políticas criminales como para medir su éxito”, finalizó Blanco.