La diputada nacional Jimena López presentó un proyecto de ley para modificar el Código Penal de la Nación, puntualmente el Título de Delitos contra la Integridad Sexual, para elevar las penas a quienes distribuyan o financien representaciones audiovisuales manipuladas con Inteligencia Artificial que involucren a menores de 18 años dedicado a actividades sexuales o representación de zonas genitales.

En los fundamentos, la massista citó al Center for Countering Digital Hate (CCDH) en rigor de un estudio sobre el uso de Grok -la IA de X, el cual alertó sobre “la generación de imágenes sexualizadas cada 41 segundos durante once días”. La muestra fue tomada desde el 29 de diciembre del 2025 y el 8 de enero del 2026.

También mencionó al fallo de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Zárate-Campana que dictó la responsabilidad penal de un ciudadano acusado de publicación y distribución de representaciones de menores de 18 años en actividades sexuales manipuladas por Inteligencia Artificial, aun cuando la defensa argumentaba que no se encontraba tipificado.

Además de Jimena López, firmaron el proyecto de ley los diputados nacionales Jorge Araujo Hernández, Cristian Andino, Carlos Castagneto, Andrea Freites, Sebastián Galmarini, Moira Lanesan Sancho, Héctor Mango, Marianela Marclay, Sergio Palazzo, Nicolás Trotta y Hugo Yasky, todos de Unión por la Patria.

El texto establece distintas penas de prisión para quienes posean, distribuyan o comercialicen representaciones de contenido prohibido, así como para quienes faciliten el acceso de menores a material pornográfico. Según la normativa, tener en su poder este tipo de representaciones con pleno conocimiento puede implicar una pena de cuatro meses a un año de prisión, mientras que su tenencia con fines de distribución o comercialización eleva la sanción a un rango de seis meses a dos años.

Asimismo, se prevé una pena de uno a tres años de prisión para quienes permitan el acceso de menores de catorce años a espectáculos pornográficos o les suministren dicho material. El artículo también dispone un agravante: todas las escalas penales aumentarán en un tercio, tanto en su mínimo como en su máximo, cuando la víctima sea menor de trece años.

La senadora nacional Clara Vega (Hay Futuro Argentina) presentó un proyecto de ley que busca establecer la imprescriptibilidad de delitos contra la integridad sexual de menores de edad, como el abuso, el acoso, la trata, entre otros, con el objetivo de proteger el acceso a derechos por parte de la víctimas.

“Como hemos visto en casos que se hicieron públicos en las últimas semanas, las víctimas hablan cuando pueden y sufren las consecuencias de estos delitos durante toda su vida", señaló la legisladora.

En su rol de presidenta de la Comisión Bicameral del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la riojana afirmó que decidió "impulsar esta iniciativa para que nunca más una víctima se vea vulnerada, primero, por su victimario, y luego, por el sistema judicial”.

Asimismo, se refirió a la compleja realidad de su provincia en esta problemática: “Casos como el ocurrido recientemente en la localidad de Vichigasta, donde se rescató a doce víctimas de trata -entre ellos tres menores-, requieren con urgencia la aprobación de un proyecto de estas características para que el delito no pueda prescribir, resguardando los derechos esenciales de las víctimas y sus familias”.

Por otra parte, Vega remarcó “la necesidad urgente de aprobar la Ley Lucio, la cual se vio frustrada en la última sesión del Senado en la que un grupo de senadores opositores abandonaron el recinto dándole la espalda al abuelo de Lucio Dupuy y tantas personas que vienen luchando por esta ley”.

“Fue muy doloroso ver cómo las familias tenían que dejar el Senado sin el resultado que fueron a buscar, pero nos comprometimos a trabajar fuertemente para que en los próximos días esta ley sea aprobada”, agregó la senadora aliada del FdT.

En este sentido, explicó que “el plan federal de capacitación sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes, más conocido como Ley Lucio, tiene como objetivo promover la prevención y la detección temprana en casos de violencia y abuso infantil y adolescente en nuestro país”. “Por eso, es muy importante que los legisladores dejen de lado sus intereses personales y partidarios, y escuchen a la ciudadanía que tomó un rol activo en la defensa de sus derechos”, finalizó.

La senadora nacional de Juntos por el Cambio Beatriz Ávila presentó un proyecto de ley para modificar el Código Penal y endurecer las sanciones para quienes cometan delitos contra la integridad sexual, así como también en los casos en los que el perpetrador fuera el cónyuge o conviviente. 

En los fundamentos de su proyecto, Ávila advierte el crecimiento de los ataques a la integridad sexual en los últimos años: según el Ministerio de Seguridad de la Nación durante 2020 se denunciaron en todo el país 5.703 violaciones y 23.213 agresiones sexuales. “El crecimiento de los ataques a la integridad sexual queda expuesto al comparar las cifras de 2020 -último registro oficial- con años anteriores: 16.618 abusos notificados durante 2019 y 12.729, en 2018”, indica. 

Además, señala que el actual Código, las penas agravantes no incluyen incluye al cónyuge o conviviente, cuando “los crecientes casos de violencia doméstica dan cuenta de una importante incidencia de casos de violencia sexual en el ámbito de las parejas estables”. 

“En el mismo concepto de abuso sexual se encuentra intrínseca la violencia y la falta de consentimiento, situación frecuente dentro del matrimonio o de las parejas convivientes disfuncionales, en las que la mujer es forzada a mantener relaciones sexuales bajo amenaza o luego de haber sufrido violencia física o psíquica”, agrega. 

En cuanto a la modificación de las penas propuestas en el proyecto, Ávila menciona que los casos de violaciones “se están haciendo cada vez más continuos, más gravosos y dolorosos tanto para las víctimas como para sus familiares y en forma creciente los abusos cometidos en grupo de dos o más personas contra víctimas indefensas y nuestra sociedad está pidiendo a sus representantes leyes acordes a esta realidad, que sancionen en forma ejemplar estas aberrantes conductas”. 

Y concluye: “Es menester brindarles desde este parlamento herramientas a los jueces mediante las cuales enfrenten estos delitos con más firmeza y claridad”.