Expusieron en la Comisión de Legislación Penal representantes de Madres del Dolor y de Estrellas Amarillas, que reclamaron a los diputados apurar el tratamiento y aprobación de la norma.
Se realizó este miércoles una reunión informativa de la Comisión de Legislación Penal, que preside la cordobesa Laura Rodríguez Machado, que aclaró en el inicio del encuentro que recibirían este miércoles testimonios de invitados de las organizaciones Madres del Dolor y la Fundación Estrellas Amarillas sobre un tema que ya habían tratado anteriormente, pero que no emitirían dictamen ahora sobre el proyecto proveniente del Senado para agravar penas por delitos viales.
En el inicio de la reunión, Unión por la Patria anunció que proponía a su diputado Matías Molle para ocupar la vicepresidencia primera de la comisión, por la que habían hecho reserva.
La diputada Ana María Ianni, autora de un proyecto sobre el tema y que trajo el testimonio de dos comprovincianos que sufrieron en carne propia la pérdida de su hijo, puso a disposición su iniciativa para ponerla a la par de la media sanción proveniente del Senado.
A continuación, Vivian Perrone, una de las fundadoras de Madres del Dolor, fue la primera invitada en intervenir y recordó que en 2016 lograron la modificación del Código Penal, tras lo cual enumeró casos de jóvenes víctimas de accidentes viales, tiempos en los que el alcohol, la velocidad, la fuga del lugar del hecho no eran agravantes. “Son todos hechos evitables”, remarcó, advirtiendo que los países donde ocurren más hechos de siniestrabilidad vial, donde más muertos hay, son de ingresos medios y bajos, donde hay menos autos por familia, y menos kilómetros de infraestructura. “Siempre son los más vulnerables los que pierden la vida”, destacó, para contar luego que en Madres del Dolor, el 90% de los casos que reciben son por hechos viales.
“Para quienes deciden conducir con exceso de velocidad, después de haber ingerido alcoholo o estupefacientes, o utilizar el celular mientras conducen, ¿cuáles son las consecuencias para ellos? Prácticamente nada”, afirmó, recordando que en la actualidad la pena mínima para el homicidio culposo es de 3 años en suspenso, y el 90% de los casos reciben esas penas. “Los familiares de víctimas muchas veces dicen: ‘Queremos caratular a nuestras causas como homicidio simple con dolo, pero para que eso suceda, uno tiene que demostrar que al conductor se le representó que podía matar y no le importó. ¿Cómo hacés?”.
Perrone aclaró que el proyecto que presentaron no pide prisión perpetua, sino dar una respuesta concreta. “Necesitamos educación vial, buena estructura, controles, también necesitamos legislación clara y efectiva y hoy la Argentina no la tiene”, agregó.
Habló de legislación comparada, para señalar que en Italia, donde está prohibido conducir con más de 0,5 de alcohol en sangre, está prevista una pena de 6 meses de prisión efectiva. En el caso de Uruguay, donde rige alcohol cero, quien infringe eso puede recibir una prisión efectiva de entre 6 meses hasta 2 años. “Sin chocar a nadie, sin matar, ni lesionar a nadie”, aclaró a modo de ejemplo, y concluyó enfatizando que “necesitamos que de manera urgente den dictamen y lo voten, porque todos los días en Argentina mueren 15 personas por un hecho vial”.
Vivian Perrone y Silvia González expusieron ante la comisión.
A continuación, Silvia González, de la Fundación Estrellas Amarillas, contó su caso: ella venía de La Pampa y perdió a su único hijo de 7 años en 2003, cuando lo llevó por delante una persona que definió como “un puntero político muy conocido” lo atropelló en un centro recreativo donde la velocidad máxima era de 20 km/h, e iba a 70. “Venía totalmente alcoholizado, con marihuana, tenía una camioneta sin frenos, no tenía licencia ni seguro… Todos agravantes”, enumeró, contando que además se fugó del lugar del hecho, aunque fue detenido luego, mas no se le hizo control de alcoholemia. “No puedo concebir que a la persona que mató a mi hijo, con siete agravantes, le dieran 3 años de prisión en suspenso”, clamó, advirtiendo que en su provincia, la persona que roba una vaca recibe 8 años de prisión. “Y si rompe un alambrado, recibe 14 años. ¿Una vaca vale más que una vida humana?”, se preguntó.
A continuación, varios diputados se mostraron a favor de agravar las penas, pero aclararon que tenían modificaciones previstas para sugerir a la media sanción proveniente del Senado, entre ellos el peronista Ramiro Gutiérrez, con el objetivo de “mejorar la ley”.
Sobre el final de la reunión intervino María Luján Rey, titular del Observatorio de Víctimas del Congreso, quien celebró la buena predisposición de todos los legisladores para acompañar el proyecto, pero pidió puntualmente algo que “tenemos que internalizar”. Invitó a todos a pensar que “hablar de accidentes le quita responsabilidad al hecho. Acá no se habla de accidentes; podemos decir ‘siniestros viales’, ‘hechos viales’… El solo hecho de hablar de accidentes hace que todo esto que estamos hablando sea en vano. Nosotros estamos hablando de cosas que pueden prevenirse, los accidentes son otra cosa. Por eso pido evitar hablar de accidentes, porque es confuso”.
El Senado comenzó el debate por la modificación al Código Penal con tres textos puestos a consideración. La incorporación de agravantes y los alarmantes datos sobre muertes en accidentes viales. La fecha para dictaminar.
Foto: Comunicación Senado
La comisión de Justicia y Asuntos Penales de la Cámara alta se reunió este martes en el Salón Illia para dar inicio al tratamiento de iniciativas que proponen una serie de modificaciones en el artículo 84 bis de la Ley 11.179 del Código Penal en virtud de elevar las penas ante homicidios viales. Fueron recibidos seis expositores para ampliar la cuestión.
Los proyectos de ley puestos a consideración fueron impulsados por la senadora pampeana María Victoria Huala (Pro), la mendocina Anabel Fernández Sagasti (UP) y el sanjuanino Roberto Basualdo (MC). Desde la organización “Madres del Dolor” cuestionaron la ausencia de legisladores, pero el titular de la comisión, Juan Carlos Pagotto, aclaró que muchos se vieron afectados en sus vuelos por la medida de fuerza de Aerolíneas Argentinas.
En el cierre de las exposiciones, el senador riojano Juan Carlos Pagotto, en su rol de autoridad, anunció el pase a un cuarto intermedio y dado el consenso logrado en la reunión, confirmó que la semana que viene estarán presentes los miembros de la Comisión de Reforma del Código Penal para pasar el dictamen a la firma.
El primer expositor fue el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pedro Scarpinelli, quien brevemente presentó: “En 2023 en Argentina hubo 3.680 siniestros de tránsito, en los cuales 4.400 personas perdieron la vida”. Agregó que en la mayoría de los casos se trató de “gente joven, de sexo masculino, entre 15 y 34 años y muchos usuarios de motos”.
Además, recordó que por la cantidad de muertes ocasionadas “en 2010 fue definida como una pandemia”. Sumó que “el objetivo de la Agencia es reducir muertes en accidentes de tránsito”, y destacó: “Piensen la seguridad vial como un sistema de eslabón seguro para evitar muertes porque con pena y sanción efectiva, se ayuda al proceso de duelo de las personas que tuvieron un familiar fallecido en esos siniestros”.
A su turno, Walter Gorbak, licenciado en Criminalística, cuestionó a las penas establecidas en el Código Penal actual y avaló la modificación propuesta por la senadora Huala respecto a establecer condenas que vayan desde los 5 a los 12 años cuando hayan más de tres agravantes. “La siniestralidad vial nos está ganando por goleada y es la primera causal de muerte”, refirió.
Desde su experiencia, aportó que los jueces se ven limitados con las penas actuales y señaló que “un conductor alcoholizado, con estupefacientes, con exceso de velocidad, que cruza en rojo y genera más de dos muertes queda contemplado en ese máximo de seis años”. Mencionó, también, que hay un gran número de penas que quedan en suspenso.
Puntualmente, afirmó que “la gran siniestralidad es urbana” y propuso “penalizar como agravante a la velocidad, cuando lleva un 30% de más del permitido”. Por su parte, hizo énfasis en los agravantes de alcohol al volante y los derivados en graves lesiones.
En esa línea, recordó la sanción de la Ley de Alcohol Cero y amplió: “Avalamos que se diga alcohol cero como agravante, pero la norma debe adecuarse y el Código Penal debe tener consonancia”. A su vez, relató que en el “50% de los hechos hay alcohol presente en víctimas e imputados porque los vemos en autopsias o pericias sanguíneas de imputados”. Respecto a las lesiones, indicó que hay entre “120.000 y 150.000” accidentes que dejan lesiones permanentes y discapacidades.
En el cierre, mencionó el caso del cantante de cumbia El Pepo (Rubén Castiñeiras) y señaló que “con seis agravantes, quedó dentro del arbitrio de 3 a 6 años”. “Debemos quitarle subjetividad al juez porque cuando la norma es clara y precisa, el juez solo debe comprobar”. También, propuso agregar el agravante de cruzar la vía con barrera baja mencionado en el texto presentado por Roberto Basualdo.
En el mismo sentido, el doctor Natalio Nicodemo, en representación de la asociación Madres del Dolor, afirmó: “Es muy penoso ir a Tribunales, probar seis o siete agravantes y que aún así nos quedemos con penas de tres a seis años, penas en suspenso, prisión domiciliaria o lograr penas y que en cinco años el asesino pase manejando por la puerta de la casa de la víctima”.
Avalando el contenido del proyecto de la senadora pampeana, el letrado pidió por la incorporación del término “impericia”, y explicó que “quien mata al volante tiene dos escalas punitivas: De dos a cinco años con diez de inhabilitación sin agravantes, la cual pedimos no tocarla y que quede como está, y la otra, aún con agravantes, con pena de tres a seis años".
“Creemos que hay más agravantes a los 11 que contempla el Código Penal y pedimos incorporar a la gente que conduce mirando el teléfono (manipular equipos móviles de comunicación al momento del hecho); a quien no tiene licencia; y a quien la tiene para otra clase de vehículo porque vemos a gente con registro de auto y mata arriba de un camión”, reiteró.
Respecto al consumo de alcohol y estupefacientes, solicitó que en la redacción “se quite bajo los efectos de” en rigor de que la legislación actual contempla el consumo de drogas alucinógenas al momento del siniestro y no en los momentos previos. “Ya alcanza con que haya consumido un día antes”, añadió. Por el consumo de bebidas alcohólicas adhirió a la postura de Gorbak.
Por otro lado, pidió por la suspensión del juicio a prueba: “Tenemos casos en los que probamos agravantes y el mínimo les permite suspender el juicio a prueba y piden hacer tareas comunitarias”. En tal sentido, propuso “con agravante que no haya ‘probation’”.
Por último, agregó: “Que se agregue al 14 bis sobre la libertad condicional ya que si tenemos un homicida vial condenado por la tercera escala, que no tenga el beneficio a la libertad condicional ya que mostró un desprecio por la vida”.
El abogado Nicodemo propuso incorporar una serie de agravantes al Código Penal.
Completaron las exposiciones Viviam Perrone, fundadora y miembro de la asociación civil “Madres del Dolor”; Silvia González de la Fundación Estrellas Amarillas; y Miguel Ángel Rivas, gerente de la Subsecretaría de Resolución de Conflictos del Ministerio de Justicia de CABA.
Así lo aseguró el diputado radical tras reunirse con la madre de un joven que fue atropellado en la provincia de Chubut. "Argentina tiene uno de los índices de muertes por accidentes viales más altos del mundo", afirmó.
El diputado nacional Gustavo Menna (UCR) recibió en el Congreso a Liliana Guerra, madre de Ronald Guerra, quien murió el 18 de enero en un siniestro vial ocurrido en el Puerto de Rawson, provincia de Chubut. El radical manifestó su respaldo al pedido de justicia de la familia, que busca juntar más de 175.000 firmas para pedir penas más altas con carátula de dolo en homicidio vial.
Por la muerte de Ronald Guerra está detenido e imputado el médico Nicolás Suganuma, que el 18 de enero a la madrugada atropelló con su auto al joven, de 24 años. Suganuma conducía con 1,60 de alcohol en sangre y a una velocidad mayor al límite de 40 kilómetros por hora, según las pericias.
El legislador de Juntos por el Cambio señaló que el reclamo de la familia Guerra “tienen un acompañamiento social muy importante, y además hay una petición en la plataforma Change.org que tiene más de 175.000 firmas de respaldo”, con lo que “es una de las más importantes de las que hay publicadas en la Argentina”.
“Hemos trabajado en proyectos de ley que hoy tienen estado parlamentario”, uno de los cuales crea “figuras penales viales específicas que debe prosperar porque hay hechos que no pueden seguir siendo tratados solo como infracciones sino que tienen que ser delitos penales”, resaltó Menna.
En ese sentido, también recordó que “hay un proyecto de Código Penal, que hizo la Comisión Borinsky, al que lamentablemente el Senado no le ha dado tratamiento hasta ahora. Entre otros aspectos tiene un capítulo de delitos viales”.
Por último, repasó que “Argentina tiene uno de los índices de muertes por accidentes viales más altos del mundo. Son casi 7.000 casos por año, además de los hechos donde quedan personas afectadas en su integridad física”, por lo cual “vamos a trabajar con Liliana para avanzar en la propuesta de proyectos de ley”.