Mientras los proyectos de ley para la protección y conservación de los humedales se encuentran encajonados en la Cámara baja a la espera del dictamen y continúan los incendios en el Delta del Paraná, distintos diputados de la oposición exigen que se retome cuanto antes el debate. Uno de ellos es el diputado nacional Martín Berhongaray (Evolución Radical – La Pampa) quien exigió este jueves “tratar ya la ley de humedales”.

El pampeano aseguró que “sin más demoras hay que sancionar la Ley de Humedales que establezca parámetros mínimos pero certeros sobre cómo protegerlos y garantizar que sigan prestando todos sus servicios ecosistémicos y productivos. Esta ley va a dejar menos margen para que se hagan quemas intencionales de campos y le va a dar más herramientas a la Justicia para que actúe sobre los responsables de destruirlos”.

Por otra parte, el diputado señaló que “es necesario que se apliquen otras leyes ambientales que están vigentes como la Ley de Fuego o la de gestión ambiental de aguas, pero en Argentina hay fuertes intereses económicos y políticos que siguen frenando su cumplimiento”.

“Hay muchas provincias que se resisten a aceptar los cambios que introdujo la reforma constitucional de 1994 porque quieren seguir explotando sus recursos naturales de manera unilateral y arbitraria, y no se dan cuenta de que por ese camino van a terminar destruyendo el ambiente y el futuro de muchas generaciones”, criticó el radical.

Cabe recordar que el tratamiento legislativo de la Ley de Humedales ya fracasó en tres oportunidades. En 2013 y 2016, el proyecto fue aprobado en el Senado, pero no llegó a Diputados.

El diputado nacional por Santa Fe Roberto Mirabella presentó un proyecto para modificar el Código Penal, en su artículo 186 bis, e incorporar penas explícitas de hasta seis años de prisión para quienes generen incendios en bosques nativos o pastizales naturales que causen daño al medio ambiente, con el objetivo de fortalecer la lucha contra los incendios en el Delta del Paraná y, también, brindar más herramientas al Poder Judicial.

“Sin dudas, la tipificación de este tipo de delitos es una asignatura pendiente en materia penal. Hasta hace no mucho tiempo atrás, la relación con el medio ambiente o la naturaleza se veía desde la perspectiva del derecho de la propiedad. Pero, en el marco de delitos contra la seguridad pública, debemos modernizar la normativa”, remarcó el legislador.

“Las quemas en las islas del delta del Paraná están provocando una situación acuciante en todas las localidades aledañas. La provocación de incendios en ambientes cada vez más secos implican riesgos que ni la población ni la fauna deben soportar”, señaló Mirabella. “Los humedales son un bien jurídico que debemos proteger tanto por las leyes ambientales como por leyes penales”, enfatizó.

Hasta el momento, el Código sólo contemplaba sanciones por incendios, y en el proyecto del rafaelino se incorporan penas explícitas de hasta seis años de prisión para quienes generen quemas en bosques nativos o pastizales naturales que causen daño al medio ambiente. Asimismo, el artículo 186 ter también propone sanciones a quienes dañen, drenen o rellenen humedales, lagunas, esteros, cenagales o pantanos; o modifiquen, alteren o eliminen cursos o espejos hídricos, entre otros.

“Como sabemos, el disfrute y el ejercicio de gran cantidad de derechos humanos básicos, como el derecho a la salud, están profundamente vinculados a la protección del medio ambiente. Por eso, el acceso a un medio ambiente saludable es considerado un derecho humano autónomo por tribunales internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, concluyó el diputado.

Los diputados nacionales Ximena García y Mario Barletta, ambos radicales por la provincia de Santa Fe, presentaron un proyecto para citar al ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, a fin de que brinde informes ante la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara baja sobre la labor de esa cartera en los continuos incendios en el Delta del río Paraná y brinde las explicaciones pertinentes de porqué esta situación se ha mantenido como constante en el tiempo y aún no hay indicios de que mejore.

Los legisladores advierten que los incendios traen “profundas consecuencias” que pueden ser dimensionadas desde el cambio climático, la biodiversidad, sobre los suelos pesa la degradación orgánica, por la pérdida de la biomasa en la superficie y los efectos de las cenizas en la composición del suelo y el agua.

Y agregan: “Los incendios no sólo traen consecuencias ambientales; habitantes de la ciudad de Rosario en la provincia de Santa Fe, no han cesado de reportar malestares y afecciones causadas por el humo, como ser ardor y picazón en los ojos, molestias nasales y en la garganta, sensación de falta de aire, e incomodidad general. El humo afecta particularmente a personas que conviven con alergias y asma, debido a que produce una mayor irritabilidad en las vías aéreas superiores, goteo nasal y hasta broncoespasmos”.

En otro párrafo, recuerdan que “que pesa un mandato judicial sobre la problemática puesto que en agosto de 2020 la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó la creación de un “Comité de Emergencia Ambiental” y la reactivación del Plan Integral Estratégico parala Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná (PIECAS). Asimismo, e intentando respetar este mandato de la Corte, el propio Ministerio ha creado e implementado una Red de Faros de Conservación y se ha declarado la emergencia ígnea en todo el territorio nacional por un plazo de 12 meses, por lo cual nos interesa saber los pormenores de la aparente infructuosidad de estas medidas para que evitar los incendios en el Delta”.

“Las instancias de coordinación y trabajo conjunto que ha planteado el Ministerio junto a las jurisdicciones dista mucho de ser el ideal y sólo ha alentado las diferencias cuando se requiere un trabajo mancomunado”, señalaron y observaron que “que la problemática y su solución requiere voluntad política desde el Estado Nacional y desde los gobiernos provinciales de Santa Fe y Entre Ríos, para alcanzar una respuesta integral y definitiva”.

El diputado nacional Eduardo Toniolli (FdT-Santa Fe) habló acerca de los incendios en las islas del Delta del Paraná que afectan al ecosistema de la región y sostuvo: “Debemos discutir con urgencia una ley de humedales porque el Estado está gastando fortunas (más de 7.000 millones de pesos) en controlar los focos de incendio, sumado a la pérdida de personal que ha habido en los últimos años”.  

Entrevistado por Radio Del Plata, el santafesino destacó que “una ley de humedales serviría para discutir el modelo de desarrollo agrario”, y agregó: “La Justicia podría accionar con los terratenientes que utilizan esta vieja práctica de incendiar las tierras para ‘prepararlas’ previo al sembrado”.

“Hay predios que han tenido incendios reiteradas veces, lo que da cuenta que es un ‘modus operandi’ por parte de los dueños, que se suma a la sequía, a la bajante del río y a la ‘pampeanización’ de la isla del litoral, lo que empuja a realizar actividades agropecuarias en el Delta del Paraná”, relató Toniolli.

A su vez, el oficialista remarcó: “Más allá de la discusión de la ley, si no hay Justicia que investigue las causas de los incendios y no identifique a los responsables directos, el ecocidio se sigue produciendo”.

Vale recordar que el próximo jueves se debatirá sobre diez proyectos respecto al tema de humedales, en un plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, de Agricultura y Ganadería y de Presupuesto y Hacienda, presididas por los diputados Leonardo Grosso (FdT), Ricardo Buryaile (UCR) y Carlos Heller (FdT), respectivamente, tras el emplazamiento votado en la sesión del jueves pasado.

El diputado nacional Marcelo Casaretto (FdT) fue consultado este martes por los incendios registrados en el Delta del Paraná, cuyo humo se extendió hasta la Ciudad de Buenos Aires.

El entrerriano señaló que la quemas de pastizales “se está haciendo habitual con la sequía y la bajante del río; hay tendencia a los incendios, en algunos casos pueden ser casuales y en otros casos son intencionales”.

En ese sentido, el legislador mencionó que en las últimas horas “la Justicia detuvo a tres productores santafesinos infraganti porque estaban prendiendo fuego. Se ve que hay algún interés de algunos sectores económicos en estos incendios”.

Casaretto recordó que la semana pasada estuvo el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, en el Juzgado Federal de Victoria y tras su visita el gobernador entrerriano, Gustavo Bordet, “se comprometió a aportar todos los datos catastrales que le había pedido a fin de identificar a los titulares que explotan esos campos, que son en definitiva los que se benefician”.

“El incendio tiene como objetivo que se queme la pastura seca y eso permita el surgimiento de una pastura verde nueva para el pastaje de los animales”, advirtió el oficialista en diálogo con FM La Patriada.

Por otra parte, el presidente de la Comisión de Industria destacó el avance de los proyectos pedidos por el ministro de Economía, Sergio Massa, al Congreso: “Tres ya aprobamos en la Cámara de Diputados, que son la ley automotriz, la ley de biotecnología y la ley de construcción privada”. Además, recordó que este miércoles en comisiones abordarán el proyecto de agrobioindustria.

Al mencionar que la semana pasada se sancionó la ley de fomento a la construcción privada, el entrerriano afirmó que seguramente esta semana el Gobierno nacional la promulgue. “Esperaremos entre 4 y 5 mil millones de inversión en el sector de la construcción privada, a partir de la ley”, abogó.

Asimismo reveló que la ley de electromovilidad ya está en tratamiento en asesores y que también buscarán avanzar pronto con el dictamen del Consenso Fiscal, aprobado la semana pasada en la Cámara alta.

El senador nacional Marcelo Lewandowski (FdT) y el senador provincial Miguel Rabbia se pusieron a disposición del fiscal federal de Victoria, Claudio Kishimoto, a raíz de las incesantes quemas en las islas del delta del río Paraná. Allí propusieron alternativas, vinculadas a la vigilancia de la actividad para ahondar en las tareas de prevención.

“Hemos visto un fiscal que está preocupado y ocupado en la resolución del tema, a pesar de los escasos recursos humanos. Nos comprometimos a gestionar ante las fuerzas federales mayores elementos e información para control, prevención y sanción de los responsables”, sostuvo Lewandowski.

En tanto, Rabbia explicó: “La vigilancia activa consiste en contar con recursos humanos y tecnológicos para identificar a los responsables de los incendios en el momento, articulando entre los faros de conversación y los drones militares que disponen las fuerzas de seguridad”.

Respecto a las acciones legislativas, Lewandowski aseguró que desde el Senado continuará “impulsando una ley de humedales e incrementar las sanciones establecidas en la Ley Nacional del Fuego”. “En los próximos días estaremos presentando un proyecto de ley de humedales. Si bien la ley va a estar, actualmente ya hay argumentos como para poder actuar. Acá tiene que haber un compromiso de todos los que tienen que controlar. Es claro que algunos lo hacen de manera muy pasiva, sin entender lo que sufre la población y el daño ambiental que generan”, enfatizó el legislador.

“Hace 20 años que sufrimos esta problemática. Y a medida que la soja fue ganando espacio empezaron a buscar estas tierras para pasturas”, señaló el oficialista, que completó: “Esta no es una preocupación nueva y ya en nuestra gestión en el Senado provincial hemos avanzado en distintas instancias expresando nuestra preocupación a las autoridades entrerrianas por la situación e instando a los legisladores de la vecina provincia a buscar medidas y soluciones”.

Con motivo de los graves incendios que se registraron en las islas del Delta del Paraná durante los últimos meses, la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado, presidida por Gladys González (Pro), recibió este lunes a especialistas, quienes durante dos horas expusieron sobre la necesidad de una ley de humedales.

En primer lugar, Roberto Bo, miembro de la Fundación Humedales y coordinador del grupo de investigación de ecología de los humedales de la UBA, sostuvo que la ley “es un instrumento básico” que “debe ir acompañada de políticas públicas, de un adecuado sustento científico y técnico, de acciones concretas en el territorio por los organismos específicos, y el compromiso de todos y todas”.

El especialista señaló que en los proyectos que hay presentados en ambas cámaras “hay muy buenas intenciones, consenso e ideas claras”. “Tenemos que ser muy precisos en los conceptos y términos que utilizamos”, remarcó.

Sobre la necesidad de un inventario, Bo explicó que “hacer un inventario no implica solo hacer un mapa, requiere saber dónde están, de qué tipos son, cuántos hay, cuál es su estado o condición, el término de su origen, su función y valores”.

Asimismo, el ordenamiento territorial, “no solo debe concentrarse en los humedales sino que debe extenderse a su contexto socio-ambiental”. “No podemos trasladar modelos de usos propio de otras regiones o ambientes”, advirtió.

Finalmente, agregó que en la norma “debe considerarse la opinión de las comunidades locales” y “las eventuales sanciones para los que no cumplen con la ley merecen un análisis profundo y superador”.

A su turno, Ana Di Pangracio, directora ejecutiva adjunta de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), resaltó que “los humedales son ecosistemas con enorme valor biológico, social, cultural y económico” pero “se pierden y degradan a un ritmo alarmante, a manos, principalmente, de la agricultura y ganadería industrial, la minería y otras industrias extractivas, la urbanización, las especies exóticas invasoras, el cambio climático y el desecho irresponsable de residuos domésticos e industriales”.

En ese sentido, expresó que los humedales “son percibidos por algunos sectores de la sociedad como tierra de descarte, sin función alguna, que deben modificarse o rellenarse para ser puestos al servicio de la producción. Esto trae aparejado enormes impacto socioambientales”. A continuación, precisó que en Argentina constituyen un 21% de nuestra superficie.

“La crisis de incendios en el Delta del Paraná deja en evidencia la falta de institucionalidad y de cumplimiento de la ley”, indicó y añadió que “estas quemas tienen severas consecuencias sobre la salud de los ecosistemas y la salud humana”.

Di Pangracio consideró que “necesitamos hoy más que nunca” una ley, porque “la importancia de los humedales y la necesidad de protegerlos debe estar en la agenda de los tres poderes del Estado”.

La norma “tiene que tener una visión ecocéntrica” y “tiene que ser una ley progresista, un reflejo del derecho ambiental moderno”, además de contener “un engranaje institucional, que permita asegurar que es implementable desde el momento de su promulgación”, dijo la especialista. Además, tiene que prever un fondo nacional de humedales, porque es fundamental la cuestión de los recursos.

Por la Asociación Ecologistas de Santa Fe, César Massi alertó que “estamos ante un desastre ecológico”. “Nos estamos quemando desde enero”, enfatizó, en referencia a los incendios en el Delta del Paraná, y señaló que “el único respiro que tuvo el humedal fueron los momentos donde el ser humano estuvo, por la cuarentena, guardado adentro”, período que abarcó desde el 15 de marzo al 15 de abril.

“Junio y julio fue el período desastroso”, manifestó, y detalló que hasta el 15 de julio se había “calculado una quema de 50 mil hectáreas, 500 kilómetros cuadrados, tres veces la superficie de Rosario”. En tanto, en el cálculo de todo el mes de julio se habla del doble, un total de 100 mil hectáreas.

Massi aseguró que “hablamos de un ecocidio: eliminamos de golpe en 850 kilómetros de costa la mayor parte de los reptiles que estaban en letargo durante el invierno, los pasamos por arriba con fuego a reptiles, víboras, lagartos, tortugas”, además de a “pequeños mamíferos” como “ratones, nutrias, carpinchos…una devastación”. “Le causamos daño a las aves que vienen migrando del invierno patagónico”, agregó.

Por su parte, Fernando Miñarro, director de Conservación de Fundación Vida Silvestre Argentina, opinó que en el proyecto de ley se necesita “una definición precisa y operativa”. “Lo que más nos preocupa es el tiempo que esto puede llevar”, sostuvo, sobre la aplicación de la ley, aunque aclaró que ese tiempo se puede acordar “con decisión política y recursos”.

“Se toman muchas veces decisiones desde el Estado que son perjudiciales para los humedales”, cuestionó y remarcó que “el error” está “en querer adaptar la actividad humana al humedal”, cuando debería ser “al revés”.

Por otra parte, Miñarro pidió “conversar entre ambas cámaras para que el debate esté saldado cuando llegue a la cámara revisora”, para que la ley finalmente prospere y no suceda lo que pasó con la última media sanción del Senado, en 2016, que se trabó en Diputados.

En tanto, Lucila Taboada, jefa del Área de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Defensoría del Pueblo de la Nación, expresó que “los incendios son solo una parte del problema, son lo más visible, pero vienen a ser como la punta del iceberg, el tema es mucho más profundo” y “pone en evidencia la falta de una política nacional”.

La funcionaria subrayó la importancia de que la norma no sea “una ley antiproducción”. “Todos somos conscientes de la necesidad de impulsar los procesos productivos, y más en este contexto tan difícil que estamos atravesando, pero no podemos perder de vista que los humedales ocupan casi la cuarta parte de nuestro territorio”, destacó.

Por eso, Taboada hizo hincapié en la necesidad de que “las actividades productivas se ajusten a formas respetuosas del medioambiente” y se busque un “equilibrio”, al tiempo de “establecer reglas claras” para que “la ley se apruebe y tenga una aplicación efectiva”.

En alusión a las iniciativas que hay presentadas, Juan José Böckel, subsecretario general a cargo de la Defensoría del Pueblo de la Nación, observó que “en los proyectos se habla de ‘uso racional’ y en la doctrina ambientalista se utiliza para el beneficio de la humanidad, pero la ley no lo dice y se pueden elaborar varios conjeturas sobre eso, habría que aclararlo”.

“Todo el tema teórico tiene una consecuencia práctica”, advirtió, y también analizó que en ninguna de las iniciativas se habla del tema de la delimitación. “La delimitación es un proceso complejo que lleva varios años, si no lo dice la ley no se va a hacer, porque hasta ahora nunca se hizo”, completó.

La diputada nacional Blanca Inés Osuna destacó “la implementación de faros de conservación, con equipos e infraestructuras, conectados en red, como política de prevención y resguardo del patrimonio natural de la región”. La iniciativa, parte de distintos ejes de trabajo a corto y largo plazo, presentada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, y busca dar solución a una problemática estructural, profundizada por la dimensión de los incendios intencionados en el primer semestre del año.  

“Durante el año se registraron más de 4.000 puntos calientes que arrasaron en más de 80 mil hectáreas del humedal del Delta del Paraná, produciendo un daño inconmensurable con la destrucción de ecosistemas, la pérdida de biodiversidad, la degradación de la tierra; la contaminación de las aguas, la amenaza a la diversa flora y fauna, el riesgo para la vida de la población isleña y la contaminación general”, advirtió la legisladora nacional, luego del anuncio de abordaje del territorio del Delta mediante una serie de faros de conservación comunicados en red a fin de desplegar una política de prevención para la conservación y el desarrollo sostenible, en el corto plazo, en un área cerca de 2 millones de hectáreas, con una distribución territorial adecuada y abarcativa previsto en cercanías de zonas con alta recurrencia de incendios y preferentemente en unidades territoriales de entre 3 mil a 5 mil hectáreas. 

Faros de Conservación  

Estos faros contarán con un equipo de personal técnico organizado en torno a una metodología de trabajo, localizado en territorio, con equipamiento y herramientas específicas: una base para personal permanente, lanchas, vehículos, drones, sistemas de control, estación meteorológica, equipos de comunicación, equipos de monitoreo ambiental. Además, son núcleos insertos en el territorio para la irradiación de políticas ambientales, funcionando como espacios institucionales para conectar y referenciar a poblaciones y productores.  

“Hay un paso más allá en la propuesta del Gobierno nacional, que establece a largo plazo, como política de estado, un Programa de Cuidadores del Delta que contempla la inclusión de la comunidad isleña en un proyecto de conservación ambiental en los entornos de los faros”, detalló Osuna. Se trata de un plan de capacitación en conservación para lograr la detección y alerta temprana, apuntar a un registro de especies para el monitoreo de la fauna con la participación de los lugareños y el manejo de herramientas para el registro visual y otras técnicas de observación y registro de la biodiversidad.  

La diputada expresó que estos ejes de trabajo “reconocen como una prioridad mantener la integridad del humedal como bien ambiental y que toda actividad productiva debe asegurar la sostenibilidad eco-sistémica atendiendo a la equidad social”.