La modificación tiene dos objetivos centrales: incorporar la figura de personas consumidoras hipervulnerables y actualizar las multas y sanciones aplicables por incumplimientos, con un sentido disuasorio.

El Senado bonaerense aprobó el proyecto de Ley impulsado por la senadora oficialista Gabriela Demaría para modificar el Código Provincial de Implementación de los Derechos de los Consumidores y Usuarios -Ley 13.133- con dos objetivos centrales.

Por un lado, se pretende incluir en la legislación provincial la figura de personas consumidoras hipervulnerables para proteger los derechos de los colectivos más desfavorecidos; y, por otro lado, ampliar las multas y sanciones para quienes infrinjan dicha norma que, por el paso del tiempo, han quedado desactualizadas perdiendo el sentido disuasorio.

En relación al primer punto, la senadora enmarcó la iniciativa en la asimetría estructural que caracteriza a las relaciones de consumo, habida cuenta que las personas consumidoras ocupan la posición más débil frente a los proveedores de bienes y servicios.

“Esta situación se profundiza en algunos casos ya que no todos estamos en iguales condiciones frente al mercado”, explicó la legisladora de la quinta sección electoral.

En ese sentido, incorporar la figura de personas consumidoras hipervulnerables implica reconocer la vulnerabilidad agravada relacionada a diferentes aspectos como la edad, las condiciones psicofísicas y socioeconómicas, etc.   

De este modo, el proyecto impulsado por Demaría, presidenta de la Comisión de Usuarios y Consumidores del Senado, establece que las medidas de protección a los consumidores deberán “acentuarse respecto de los consumidores hipervulnerables que pertenezcan a colectivos sociales afectados por causales de vulnerabilidad agravada, desfavorecidos o en desventaja, tales como las niñas, niños y adolescentes, adultos mayores, personas enfermas o con discapacidad, entre otros, que se vean afectadas por circunstancias que provoquen especiales dificultades para ejercer con plenitud sus derechos como consumidores”.

Asimismo, dispone sanciones más severas en infracciones contra estas personas, que podrán hasta duplicarse en razón de la situación.

En su exposición durante el tratamiento en la Cámara, la senadora explicó la relevancia de la iniciativa en la materia y agregó que en caso de sancionarse la Ley “podríamos ser la primera provincia en todo el país que tiene la incorporación fehaciente de esta figura en su legislación”.

Por otro lado, el proyecto de ley que ahora deberá proseguir su tratamiento en Diputados para eventualmente ser sancionado, modifica el artículo 73 de la Ley 13133, con el objetivo de actualizar y ampliar el monto de la multa aplicable al procedimiento de Defensa del Consumidor de la provincia de Buenos Aires, establecida en el año 2004 y que no han sido modificadas desde entonces, cuyos montos vigentes están fijados en un rango de 100 a 500.000 pesos.

La Legisladora propone implementar una fórmula móvil de actualización automática, con una multa equivalente a una suma comprendida en la escala de 0.5 a 5.000 salarios mínimos vitales y móviles, para evitar que, como ocurre en la actualidad, pierda el efecto disuasorio con el paso del tiempo. A valores actuales, el tope de la multa pasaría de 500 mil a 272 millones de pesos.

Demaría sostuvo que “la finalidad de las sanciones de este tipo es disuadir la comisión de conductas similares por parte de los proveedores de productos y servicios, buscando de ese modo lograr el objetivo de proteger a las personas consumidoras y usuarias en sus relaciones de consumo. Se advierte que difícilmente pueda tener un gran sentido disuasorio una multa que resulte exigua”.

En esta línea, la senadora explicó que “con esta medida no solo se busca aumentar el monto efectivo de la multa, sino también implementar un sistema que contemple una fórmula móvil, para evitar su depreciación. La finalidad es proteger a las y los consumidores actuales, como así también a las y los futuros”.

“Es un orgullo para mí que podamos avanzar con este proyecto que viene a ampliar los derechos y a saldar esta deuda con las personas consumidoras de la provincia de Buenos Aires y por ende del conjunto de las y los habitantes de la Provincia”, finalizó Demaría.

La Legislatura provincial sancionó un proyecto de Ley impulsado por la senadora Gabriela Demaría para la donación de un predio al Partido de La Costa destinado a la instalación de un Polo de Seguridad.

La Cámara de Diputados sancionó en su última sesión en un proyecto de Ley, por unanimidad, para que la provincia de Buenos Aires done a la Municipalidad del Partido de La Costa el inmueble ubicado en ubicado en el Km 324 de la ruta Interbalnearia para la instalación de un polo de seguridad con alcance regional.

En los fundamentos del proyecto, Demaría explica que el objetivo es “concentrar en el mencionado predio todos los servicios de monitoreo, seguimiento y control, y dotar de instalaciones sanitarias de emergencia”.

La senadora remarcó que la ubicación del terreno, al oeste de Santa Teresita, es estratégica ya que constituye un punto medio respecto a las catorce localidades que integran el Partido de La Costa.

Asimismo, agregó que el espacio resulta propicio para desarrollar el polo de seguridad porque allí también se encuentra establecida una sede descentralizada de la Escuela de Policía Juan Vucetich, construida en el año 2014. 

Para finalizar, Demaría manifestó su satisfacción por la sanción de esta Ley que “permitirá potenciar el trabajo destinado a las políticas de seguridad”. Y agregó que “sin duda, es un gran logro para las vecinas y los vecinos de La Costa, pero también para las y los miles de visitantes que cada año se acercan a las distintas localidades del Partido”.

La iniciativa propone modificar la Ley 14.374 incorporando aspectos que actualmente no se contemplan en torno a los cambios y devoluciones de bienes en las relaciones de consumo.

En la última sesión ordinaria, el Senado de la provincia de Buenos Aires aprobó a un proyecto impulsado por la legisladora del FdT Gabriela Demaría, con el objetivo de modificar e incorporar artículos a la Ley de usuarios y consumidores.

El objetivo de la iniciativa aprobada es ampliar los derechos de las y los consumidores vinculados a los cambios y devoluciones de bienes en el marco de las relaciones de consumo.

La iniciativa, que fue girada a la Cámara de Diputados, donde prosigue su trámite parlamentario, establece por un lado que, las personas consumidoras “contarán con un plazo mínimo de 30 días para realizar el cambio o la devolución de los bienes adquiridos” y que “al recibir el cambio o la devolución, el proveedor está obligado a reconocer el valor del producto al momento de realizada la compra”.

Además, en el mismo artículo incorpora que “si al efectuarse el cambio de producto existiere un saldo a favor de la persona consumidora, el proveedor deberá reembolsar la diferencia en dinero en efectivo o a través de una nota de crédito, a elección del consumidor. Del mismo modo deberá proceder en caso de que opte por devolver el producto”.

Por otro lado, el proyecto impulsado por la senadora Demaría, presidenta de la Comisión de Usuarios y Consumidores del Senado, propone incorporar a la norma un artículo para que la protección también alcance a los usuarios y las usuarias de servicios, quienes podrán efectuar la solicitud de baja sin que medien restricciones de días y horarios, pudiendo efectuarse en forma presencial en sus locales comerciales o por cualquier medio de comunicación utilizado por la empresa para vincularse con las personas usuarias.

“La constante evolución del Derecho del Consumidor impone el desafío de sancionar normas y renovar las ya vigentes, con el objetivo de que reconozcan la realidad actual de distintas situaciones o problemáticas que son de la órbita de esa rama del derecho”, explica la senadora en los fundamentos del proyecto.

Tal es el caso de la Ley 14.374, que “buscamos modificar para ampliar los derechos de las personas usuarias y consumidoras en la provincia, incorporando estos aspectos que actualmente no se contemplan”, sostuvo Demaría para finalizar.

La iniciativa de la legisladora del FdT Gabriela Demaría busca modificar la Ley 13.133, Código Provincial de Implementación de los Derechos de los Consumidores y Usuarios, proponiendo una actualización y aumento del monto de la multa aplicable por incumplimientos, como así también elevar la sanción de clausura o suspensión de servicios a un plazo de hasta 60 días, con un sentido disuasorio.

La senadora del FdT Gabriela Demaría, en concreto, presentó una iniciativa parlamentaria para modificar el artículo 73 de la Ley 13133, con el objetivo de actualizar y ampliar el monto de la multa aplicable al procedimiento de Defensa del Consumidor de la provincia de Buenos Aires.

El aumento de la multa prevista en la propuesta implica el paso de los montos vigentes fijados en un rango de 100 a 500.000 pesos, a una nueva escala que varía entre cien (100) y dos millones (2.000.000) de litros Nafta Súper YPF.

“Con esta medida no solo se busca aumentar el monto efectivo de la multa, sino también implementar un sistema que contemple una fórmula móvil, para evitar su depreciación. La finalidad es proteger a las y los consumidores actuales, como así también a las y los futuros”, explica Demaría.

En la letra del proyecto, la senadora argumenta que “resulta fundamental adecuar y elevar los estándares de protección de la/os consumidoras/es y usuarias/os bonaerenses, de modo tal que los montos de las multas en nuestra provincia no sean inferiores a los previstos en la Ley de Defensa del Consumidor, y que se contemplen también las distintas propuestas de los proyectos de Código Nacional de Defensa del Consumidor, dado que en todos ellos se plantea utilizar fórmulas móviles y montos más elevados en las multas”.

En ese sentido, propone elevar también la sanción de clausura o suspensión de servicios: actualmente el plazo es de hasta 30 días y, de aprobarse el proyecto, pasaría a un plazo de hasta 60 días.

La Ley provincial 13133, que entró en vigencia en el año 2004, fue modificada en reiteradas oportunidades con el propósito de adecuarla a las necesidades que surgieron en la materia.

Sin embargo, “a pesar de la desvalorización que ha sufrido por el paso del tiempo, la multa prevista en el artículo 73 no ha sido actualizada. Esa multa es una de las sanciones (la más habitual, y por ese motivo quizá la más importante) que puede ser impuesta a los proveedores que cometan infracciones en contra de las/os consumidoras/es y usuarias/os de nuestra Provincia”, sostiene la legisladora del FdT.

En el proyecto de ley ingresado en el Senado bonaerense, Demaría explica que “la finalidad de las sanciones de este tipo es disuadir la comisión de conductas similares por parte de los proveedores de productos y servicios, buscando de ese modo lograr el objetivo de proteger a las/os consumidoras/es y usuarias/os en sus relaciones de consumo”.

Se advierte que difícilmente pueda tener un gran sentido disuasorio una multa que resulte exigua, agrega la legisladora de la alianza de gobierno.

Para finalizar, la senadora destaca que la iniciativa es fruto del diálogo que mantiene con miembros del Consejo Federal del Consumo (COFEDEC), en especial con la Dirección Provincial de Defensa de los Derechos de las y los Consumidores y Usuarios, con quienes ha consensuado proponer la fórmula expresada en litros de nafta YPF que conforma el texto del proyecto.

En ese sentido, actualmente el COFEDEC impulsa en el Congreso Nacional la actualización de la multa contenida en la Ley 24.240, utilizando la misma escala que se propone en la iniciativa presentada por Demaría.