La diputada provincial del PRO Sofía Pompino, dio a conocer una denuncia pública contra “punteros políticos” de una organización social de General Pueyrredón que le exigen a sus militantes que aporten dinero del Potenciar Trabajo para un “fondo de lucha”.

La diputada Pompino detalló que “hace unos días me contactó una ciudadana de General Pueyrredon que es extorsionada por una puntera política, bajo la fachada de una organización social, exige pagos indebidos a beneficiarios del Potenciar Trabajo para un fondo de lucha”.

La legisladora que integra la bancada del PRO además puntualizó que “se trata de un grupo de WhatsApp de 369 personas, a los cuales se les exige por mes $8000”.

“¡No nos quedamos de brazos cruzados! Pusimos a disposición un letrado de confianza, para iniciar y acompañar el proceso legal contra esta injusticia e hicimos la denuncia correspondiente”.

“Además, solicité a la Justicia que investigue los fondos de esta puntera política.  En esta Argentina que atraviesa una profunda crisis económica, producto de muchos años de kirchnerismo, cada peso cuenta”, concluyó Pompino.

Según los chats filtrados por la denunciante, cuya identidad se desconoce, una organización social de Mar del Plata creó un grupo de WhatsApp para organizar el cobro del fondo de lucha, que se utilizaría para costear los gastos de las movilizaciones que se realizan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) para reclamar por el pago o el aumento del plan Potenciar Trabajo.

Entre otras cosas, las conversaciones filtradas por la ex integrante de la organización social revelan que la misma le cobraba a sus integrantes un monto mensual de $8.000, dinero que saldría de los beneficiarios plan Potenciar Trabajo.

Los hechos se dieron a conocer a partir de una acusación de una residente de Mar del Plata que contactó a la diputada Pompino para exponer la situación. Si bien la legisladora bonaerense no reveló el nombre de la dirigente, puso a disposición de la afectada un miembro letrado de su equipo para iniciar y acompañar el proceso legal correspondiente.

Al mismo tiempo, la diputada provincial de Mar del Plata que responde al sector que lidera Patricia Bullrich, solicitó que la Justicia investigue los fondos de la mujer señalada por quedarse con dinero perteneciente al Potenciar Trabajo de cientos de militantes.

El diputado nacional Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos) hizo una presentación judicial en contra del presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Miguel Ángel Pesce, por el “megacanje” dictado por la autoridad monetaria que “garantiza liquidez a los bancos en perjuicio de un Estado quebrado”.

La denuncia fue presentada ante el Juzgado Criminal y Correccional 9 y acusa a Pesce por “los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad”, la cual alcanza a “todo otro funcionario de esa entidad, que por acción u omisión tuviese responsabilidad en el dictado de la Comunicación A 7716 y las Comunicaciones B 12491 y 12494″.

Es que según el diputado nacional estas comunicaciones -donde se anclan las licitaciones del Central que instrumentaron opciones de liquidez a libre demanda de las entidades financieras- “violan la Carta Orgánica de la entidad monetaria” y el deber constitucional delegado por el Congreso de proveer la “defensa del valor de la moneda”.

“El hecho de otorgar las Opciones a bancos tenedores de los títulos es una violación manifiesta a la prohibición de garantizar obligaciones del gobierno nacional y de entidades financieras, con el potencial efecto de acentuar la depreciación del peso y la ya intolerable inflación”, sostiene la denuncia.

“La nueva disposición del BCRA les ofrece a los bancos la opción de cambiar los títulos por pesos en cualquier momento, hasta un día antes de su vencimiento. De esta manera, la entidad monetaria está comprometida a adquirir los títulos de manera forzosa al simple requerimiento de su tenedor, convirtiéndose en acreedor del Estado nacional”, detallaron desde Republicanos Unidos.

En tanto, López Murphy enfatizó: “El BCRA deberá primero contar con los recursos para adquirir el potencialmente sideral volumen de títulos de deuda. Luego, deberá aguardar a su vencimiento para hacerse de los recursos estatales o explorar alternativas en el mercado secundario. En consecuencia, lo que las autoridades hacen aparecer ante la sociedad y la opinión pública como un canje de deuda de corto plazo por uno de mediano plazo, en los hechos significa para el Estado Argentino la conversión de una deuda de corto plazo por una deuda de vencimiento diario y permanente, a merced de la voluntad de la entidad financiera tenedora de los títulos”.

Asimismo, el diputado opositor argumentó que “no están explicitadas” las fuentes de financiamiento, ni los recursos con los que el Central “honrará las compras compulsivas a las que puede verse obligado”, y acotó: “En tiempos de altísima inflación, no hace falta explicar los riesgos que supondría una emisión monetaria de la magnitud necesaria para atender esas obligaciones”.

Mientras, pidió también investigar el accionar de Pesce por haber hecho firmar las comunicaciones “a líneas inferiores de responsabilidad institucional, eludiendo las obligaciones que le cabe al Directorio del BCRA en un asunto de esta naturaleza”.