Este lunes el diputado nacional José Luis Espert (La Libertad Avanza) fue denunciado penalmente por su llamado a no pagar impuestos en la provincia de Buenos Aires.

“No hay que pagar los impuestos que ahora quiere (Axel) Kicillof, porque no nos da nada. Yo no los voy a pagar. Ni inmobiliario ni rural, porque también soy producto rural”, expresó Espert en una entrevista.

La denuncia fue formulada por la abogada Valeria Carreras -representante de los familiares de los tripulantes del ARA San Juan- quien le reprochó al diputado que “no trepida en empujar a los ciudadanos a cometer delito, sea vía la desobediencia vía la evasión vía algún tipo de delito fiscal”.

La denuncia apunta al delito contemplado en el artículo 209 del Código Penal, que establece penas de entre dos y seis años de prisión para “el que públicamente instigare a cometer un delito determinado contra una persona o institución”.

“Los dichos del diputado Espert no son inocentes, por el contrario, apunta a incitar en una población golpeada por el ahogo económico, a que no paguen los tributos de la Provincia de Buenos Aires”, subrayó la denunciante.

“Es innegable que los dichos del denunciado Diputado José Luis Espert, afectan al orden público económico del Estado provincial directamente y a la posibilidad de cumplir con sus deberes esenciales, de manera indirecta terminan por atravesar el plano netamente comercial y merecen de una mayor protección por parte del Estado”, insistió.

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a cargo de Horacio Pietragalla Corti, denunció penalmente este miércoles al diputado nacional José Luis Espert (Avanza Libertad) por instigación a la violencia luego de su mensaje en Twitter sobre el acampe que Juan Grabois junto a otros dirigentes realizó en la estancia de Joe Lewis en Lago Escondido. “Cárcel o bala para estos delicuentes”, escribió el liberal.

En la presentación, el organismo destacó “la peligrosidad y el carácter antidemocrático del mensaje de Espert, especialmente teniendo en cuenta la reiteración de estas conductas y que quien difunde estas expresiones violentas sea un diputado nacional”.

“Este tipo de declaraciones se encuentran prohibidas por el artículo 209 del Código Penal, que pena a quien públicamente instigare a cometer un delito determinado contra una persona o institución”, fundamenta la denuncia, que recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 5, a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti.

Además, en el escrito, la Secretaría de DD.HH. recordó que en septiembre pasado también había denunciado a Espert por un mensaje similar, cuando pidió “bala” para miembros del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino. Sin embargo esa denuncia, que recayó el Juzgado Federal N° 8 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo Marcelo Martínez De Giorgi, fue archivada.

“Es evidente que la falta de respuesta judicial adecuada ante expresiones que configuran el delito de instigación pública por parte de un diputado nacional genera su repetición. En un país con alta conflictividad social y política, que se encuentra obligado a respetar el derecho humano a la protesta social, que un representante del pueblo instigue públicamente a matar a quien protesta no puede quedar sin sanción judicial”, se señaló en la presentación.

También, mediante un comunicado, el organismo comandado por Pietragalla Corti reveló que puso en conocimiento de esta situación a la presidencia de la Cámara baja, Cecilia Moreau, para que “se adopten las medidas necesarias para sancionar este tipo de declaraciones y evitar su repetición”.

La diputada nacional Graciela Ocaña (Pro-JxC) denunció penalmente a la titular del PAMI, Luana Volnovich, y su segundo -además de pareja- Martín Rodríguez, por la compra sin licitación de cotillón alusivo al Mundial en un monto exorbitante: 14 millones de pesos.

Además, en la presentación judicial también se acusa a Santiago Augusto Corvalán Olivera, gerente de Administración; Diego Sebastián Aysine, jefe de Departamento de la Gerencia de Participación e Inclusión Social; Franco Di Giorgio, jefe de Departamento de la Gerencia de Administración; Facundo Javier Zarate, gerente de Organización y Vinculación Social; Placido Ramiro Gómez, gerente de Participación e Inclusión Social; Diego Guillermo Sirito, subgerente de la Gerencia de Administración; Andrea Zamorano, jefe de división; y Cintia Celeste Gongora, asesora legal del PAMI.

La denuncia también es contra Noelia Yamila Cabrera y Franco Lionel De Roque, propietarios de la empresa “La Comuna Atesh S.R.L”, que resultó beneficiada con la compra.

“Podemos observar que hay responsabilidad por parte de la directora ejecutiva como máxima responsable del instituto, por la presunta comisión de los delitos de defraudación a la administración pública, peculado, asociación ilícita y falsedad ideológico, tipificados en los artículos 174, inciso 5, 261, párrafo primero, 210 y 293 del Código Penal”, apuntó Ocaña.

En el escrito, que recayó para su investigación en el juzgado federal N°12, a cargo del juez Ariel Lijo, la legisladora de Juntos por el Cambio subrayó que la compra se concretó de manera exprés, al cabo de 20 días.

“Esta compra no solo debe ser investigada por la justicia por la altísima suma de dinero gastada para cotillón -cuando el Instituto tiene serias deficiencias en la atención médica de los jubilados y pensionados- sino también porque el procedimiento -compulsa abreviada- viola los principios rectores de la Administración Pública, de trasparencia, publicidad, economía y responsabilidad”, sostuvo.

En tanto, en su cuenta de Twitter, la exdirectora del PAMI escribió: “Denunciamos a la Directora de PAMI, Luana Volnovich, por defraudación a la Adm. Pública, Peculado y Asoc. Ilícita ante irregularidades en compra de cotillón para el mundial por más de 14 millones de pesos, mientras los jubilados no reciben turnos, medicaciones y prótesis a tiempo”.

“El PAMI debe ser gestionado por gente idónea y transparente para nuestros adultos mayores, y no para realizar política partidaria y apropiarse de fondos que son de todos los argentinos”, agregó.

El diputado nacional de Avanza Libertad José Luis Espert denunció penalmente a la vicepresidenta Cristina Kirchner, la presidenta provincial del Senado, Claudia Ledesma Abdala de Zamora, y todos los senadores que votaron a favor del decreto con las designaciones de ese cuerpo para el Consejo de la Magistratura. 

El liberal se sumó así al reclamo que encabeza Juntos por el Cambio. En su escrito, recordó que en abril pasado “Cristina Fernández de Kirchner ordenó partir el bloque oficialista del Senado de la Nación en dos bancadas: una denominada ‘Frente Nacional y Popular’ compuesta por 21 senadores, y otra integrada por 14 senadores a la que se llamó ‘Unidad Ciudadana’, alterando de esta manera la composición de las mayorías y minorías de esa Cámara”. “Para mayor ilustración debemos decir que antes de dicha partición el bloque mayoritario era el Frente de Todos con 35 miembros, siendo la primera minoría la UCR con 18 integrantes y la segunda minoría el bloque Pro con 9 senadores”, continuó.

En esa línea, señaló que “siendo segunda minoría el bloque del Pro había anunciado que el senador Luis Juez sería su representante en el Consejo de la Magistratura”, sin embargo “esto no fue escuchado y Cristina Fernández de Kirchner designó a Claudio Martín Doñate”.

Ahora, ante el vencimiento de los mandatos de los consejeros, y “pese al fallo de la Corte Suprema de Justicia” a favor de Juez (sobre el reclamo de hace seis meses), el bonaerense resaltó que se decidió designar nuevamente a Doñate. 

Para el legislador, el decreto 86/22, firmado por Ledesma Abdala de Zamora, “no ha hecho más que continuar con el ardid y la mala fe a la que se alude en el fallo de la Corte, para vulnerar la finalidad representativa de la Ley 24.937, norma que reglamente el artículo 114 de nuestra Ley Fundamental”. 

“Esta conducta prolongada en el tiempo, constituye a mi juicio un hecho único continuado que se encuadra en el artículo 230 inciso 2 del Código Penal, que sanciona con prisión de uno a cuatro años a los que se alzaren públicamente para impedir la ejecución de las leyes nacionales o provinciales o de las resoluciones de los funcionarios públicos nacionales o provinciales, cuando el hecho no constituya delito más severamente penado por este código”, aseveró. 

Espert consideró que “en efecto los aquí denunciados mediante el ardid y las maniobras descriptas  impidieron la  ejecución -en primer término- de la resolución de la Corte Suprema de Justicia y, la actitud asumida por parte de los 37 senadores  en  violar  la  normativa  vigente  (Ley  24.937), frente  a  una rara interpretación de la regla, claramente constituye un ataque al sistema democrático que debe ser sancionado con todo el rigor de la ley”. 

Además, el diputado expresó que el decreto “y el  insólito y carente de sustento constitucional procedimiento posterior que se analiza, constituyen -sin duda alguna- actos  de  fuerza  y  rebeldía  contra  el  orden  institucional  y el sistema democrático, que la Constitución reputa como insanablemente nulos en su artículo 36”. 

“Ello, por cuanto no sólo desoyen pasivamente, sino que avanzan dirigidos a  oponerse  a  una  sentencia  pasada  en  autoridad  de  cosa  juzgada  de la Suprema Corte de Justicia, cuya palabra en la interpretación de la Constitución y las leyes es simplemente final, generando una alteración del orden establecido para proteger las libertades de los ciudadanos de sus gobernantes”, completó en su acusación. 

La denuncia quedó a cargo de la jueza María Servini de Cubría en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 1.

Desde Mar del Plata, donde se encuentra recorriendo esa ciudad luego del lanzamiento de su candidatura a la gobernación bonaerense, Espert declaró ante la prensa: “Presenté una denuncia penal contra Cristina Kirchner y todos los senadores que en el día de ayer desconocieron el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que declara inconstitucional a la Ley de Consejo de la Magistratura del 2006. Eso constituye un delito, el de desobediencia agravada”.

Y agregó: “Su traducción a la Constitución es un atentado a la democracia. No puede ser que Cristina Kirchner llegue al punto de atentar a la democracia con tal de quedar libre de culpa y cargo de todas las causas que la involucran. Es de una gravedad extrema lo que está ocurriendo en Argentina, y eso es lo que estamos denunciando penalmente”. “Denunciamos penalmente a la persona que está atentando contra la democracia con tal de salvar su pellejo, bien sucio que lo tiene por chorra”, disparó. 

El diputado nacional Waldo Wolff (Pro) presentó este lunes una denuncia penal tras conocerse irregularidades en la auditoría realizada sobre los planes sociales y señaló que “había nombres de personas muertas usados para cobrar” beneficios.

El macrista recordó que la auditoría, a la que calificó como “una caja de Pandora” fue ordenada por el exministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta.

En diálogo por Radio Mitre, el legislador relató: “Nos presentamos con una denuncia penal. Hay un sinfín de irregularidades, pero algunas son grises. La compra de dólares es un gris, por ejemplo. También declaran Bienes Personales y un mínimo no imponible de seis millones de pesos. Es un asco, pero no sería delito”.

“Lo más ilegal de toda la cuestión es usar el nombre de un muerto, incluso, hasta puede haber encubrimiento de partes de funcionarios públicos”, advirtió, al tiempo que afirmó que intentará ser querellante en la causa. “Deben devolver el dinero, porque es defraudación y estafa”, enfatizó.

Asimismo, explicó que “esta denuncia es posible que la junten” con la del fiscal federal Guillermo Marijuan, “pero el Gobierno intenta bajarle el tenor”. “Hay que terminar con la joda de una vez por todas. La próxima causa Vialidad va a ser el decreto de los 400 millones de pesos a las cooperativas para que construyan”, continuó.

Wolff recordó que Marijuan “había comunicado que podría pedir la suspensión de los planes sociales cobrados de forma irregular” ya que “que si hay una persona que pague Bienes Personales no puede cobrar un programa social”.

En el cierre, el diputado de Juntos por el Cambio indicó que “hubo un entrecruzamiento entre la base de datos del plan Potenciar Trabajo con personas fallecidas, con los que habrían adquirido dólares y con los que hicieron declaraciones de Bienes Personales y ahí habrían surgido 250 mil inconsistencias”.

El diputado nacional Alberto Asseff (Pro-JxC) denunció penalmente al secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) de la provincia de Corrientes, Gonzalo Rubiola, por “sus dichos violentos” en referencia a uno de los fiscales federales que pidió pedido la condena a la vicepresidenta Cristina Kirchner en la causa por la obra pública.

El legislador apuntó que el sindicalista cometió los delitos de “amenazas e intimidación pública”, a través de declaraciones que dio en un acto partidario y fueron replicadas en distintos medios nacionales, provinciales y locales.

En sus dichos, el pasado 25 de agosto, Rubiola llamó a “acomodarle los dientes” a Diego Luciani, quien hace dos semanas en sus alegatos pidió que CFK sea condenada a 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

“El kirchnerismo se victimiza a partir del llamado ‘discurso del odio’ que atribuye a los medios, a la Justicia y a la oposición. Pero si revisamos lo que hace tiempo vienen diciendo es incontable el número de palabras violentas que profieren los dirigentes oficialistas”, resaltó el diputado.

Para Asseff, “violencia, instigación al delito, amenazas, intimidación pública -‘Si la tocan a Cristina que quilombo se va a armar’, es la muestra más ‘suave’- han sido moneda corriente. Por eso no hay que dejar impune la prepotencia, la patoteada de este dirigente gremial”.

La denuncia fue presentada por su abogado, Sebastián Maceda, y se aguarda el sorteo del Juzgado Nacional que llevará adelante la investigación.

El diputado nacional y presidente del partido UNIR Alberto Asseff (Pro – Buenos Aires) denunció penalmente al dirigente Juan Grabois por la “presunta comisión de los delitos de amenazas, intimidación pública, apología y atentado al orden constitucional” ante el Juzgado Federal 3 a cargo del juez Daniel Rafecas.

La denuncia fue realizada luego de que Grabois, durante un acto realizado en durante una movilización de organizaciones sociales, expresó: “Estamos dispuestos a dejar nuestra sangre en la calle para que no siga habiendo esta hambre en la Argentina”, y que luego añadió en una entrevista televisiva que “prefería decirlo ahora y no cuando ‘comiencen los saqueos’”.

“Dado los antecedentes tan lamentables de nuestro pasado como Nación y la pérdida de ciudadanos en diversos momentos de crisis institucional y económica por eventos de revueltas ciudadanas, ciertamente, tanto la posibilidad de un mal futuro realizable ostenta un peso suficiente para amedrentar tanto al Presidente de la Nación como a cualquier otro habitante de este país y que puede derivar en una rebelión, lo que indudablemente afecta al bien jurídico tutelado: la paz y el orden”, expresó Asseff en su denuncia.

El diputado provincial de Unión de los Neuquinos (UNE) Mariano Mansilla denunció penalmente al legislador nacional José Luis Espert (Avanza Libertad) por los delitos de “apología del crimen” e “intimidación pública”, por sus expresiones sobre que debería “declararse el estado de sitio, encarcelar y meter bala” a los mapuches que encabezan protestas en el sur del país.

Las declaraciones del diputado liberal se dieron luego de la pregunta de un usuario, durante un vivo en la red social Instagram, a la que respondió: “Yo creo que ahí hay que declarar un estado de sitio, en esa zona, y encarcelar o meterle bala a los mapuches. Si los mapuches se resisten, en realidad no son mapuches, son falsos mapuches; son terroristas esos que están ahí”.

En su presentación, Mansilla señaló que “los dichos de Espert encuadran perfectamente en lo establecido en el artículo 212 del Código Penal y también constituyen apología del crimen por lo que podría ser investigado de acuerdo a lo previsto en el artículo 213 del mismo código”.

“Las expresiones de Espert no hacen más que estigmatizar al pueblo mapuche y desconocer profundamente su cultura”, resaltó el neuquino.

Al enterarse de la denuncia, Espert salió al cruce de Mansilla en Twitter. “Si yo termino preso por pedir que se cumpla ley, te regalo el país kirchnerista impresentable”, lanzó el diputado nacional, a lo que el neuquino le respondió: “Nadie te cuestiona por opinar sobre los mapuches, elegí tus fetiches políticos en libertad y que seas feliz! Pero decir ‘hay que meterle bala a los mapuches’ encuadra en dos conductas delictivas previstas en los art. 212 y 213 del CP. Incitación y apología. Eso tendrás que explicar”.

Los diputados nacionales Graciela Ocaña y Waldo Wolff (Pro) realizaron este lunes una denuncia penal para que se investiguen las presuntas irregularidades en el proceso licitatorio del gasoducto Néstor Kirchner.

En la presentación, los legisladores denunciaron puntualmente a Agustín Gerez, presidente de IEASA y a los funcionarios que intervinieron en la confección de la licitación, por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, tipificados en los artículos 248 y 265 del Código Penal.

La denuncia se da en el marco del pedido de renuncia que el presidente Alberto Fernández le hizo al ahora exministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. En esa línea, solicitaron a la Justicia que se investiguen las declaraciones públicas y la información “off the record” que salió desde el entorno de Kulfas apuntando contra funcionarios de la Secretaría de Energía, vinculados a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

“Todas estas expresiones realizadas impúdicamente frente a toda la sociedad argentina indicarían que las especificaciones técnicas contenidas en el pliego licitatorio para la adquisición de tubos para el transporte del gas estarían direccionadas a efectos de favorecer a una empresa en particular, Tenaris Siat SA parte del grupo empresario TECHINT”, señalaron los diputados.

En ese sentido, remarcaron que en la licitación “se habrían violado los principios de razonabilidad, transparencia en los procedimientos y la igualdad de tratamientos para interesados y oferentes y la promoción de concurrencia de interesados y competencia de oferentes”.

En su Twitter, Ocaña afirmó que “las declaraciones del ahora ex Ministro Kulfas, refieren a un acto de corrupción en el proceso licitatorio del gasoducto Néstor Kirchner, junto al Diputado @WolffWaldo presentamos una denuncia penal para que la Justicia investigue y castigue a los responsables. No vamos a permitir que la obra pública siga siendo refugio de corruptos y ladrones”.

Mientras que Wolff resaltó que “la confesión de @KulfasM, quien era ministro de @alferdez y @CFKArgentina, indica que en la licitación del gasoducto NK hubo un proceso fraudulento. Por ese motivo hicimos la denuncia junto con @gracielaocana. Los flashes de la renuncia no deben tapar estos hechos gravísimos”.

Además de la denuncia de los diputados, este lunes también se presentó una denuncia desde la Fundación Apolo, más precisamente firmada por Yamil Santoro, José Magioncalda y José Luis Patiño, con el patrocinio de Francisco Oneto. En ese escrito se solicita que se investigue si existieron delitos, por entender que se trata de una presunta “administración fraudulenta agravada”.

Los diputados de la Coalición Cívica, el legislador provincial Luciano Bugallo, y las diputadas nacionales Marcela Campagnoli y Victoria Borrego, presentaron una denuncia penal requiriendo la investigación de supuestas irregularidades en la administración del Fondo Estabilizador del Trigo Argentino.

Pocas semanas antes de renunciar, Roberto Feletti anunció la creación del Fondo Estabilizador del Trigo Argentino que tenía como objetivo contener el alza de precios internacionales en el mercado local como consecuencia, explicaba el gobierno, de la invasión de Rusia a Ucrania.

En efecto, la propuesta incluía la creación de un fideicomiso que sería financiado con un aumento de impuestos a la harina y el aceite de soja.

En los hechos, la intervención impuesta por el Gobierno apuntó a reducir el precio de la bolsa de harina que se vende a las panaderías desde los $45.000 pesos por tonelada de harina de trigo en el mercado interno, a los $25.000 pesos, valor previo al inicio de la guerra en el este de Europa.

Para compensar la diferencia entre un precio y otro el fideicomiso subsidia con $20.000 pesos a los molinos para responder a la diferencia de precios.

De acuerdo a lo documentado por Campagnoli, Borrego y Bugallo en la denuncia, “de los más de 160 molinos existentes en el país, sólo tres adhirieron al fideicomiso para subsidiar la harina que va al mercado interno. De esos 3, dos pertenecen a la empresa Molinos Cañuelas, la cual se encuentra en convocatoria de acreedores por US$ 1.300 millones en deudas, de los cuales, unos $3.000 millones es deuda fiscal y previsional”.

“Un dato muy llamativo es que al resto de las empresas que quieren adherir al fideicomiso se les exige no tener deudas fiscales, pero la excepción es Cañuelas, la misma y única empresa que en tiempos de la ONCCA logró cobrar el 100% de los subsidios de compensaciones al trigo”, según consignaron los cívicos.

“La burocracia del sistema exige tener una estructura administrativa que los molinos pyme no tienen, la cual hoy les generaría costos que no pueden afrontar, menos aún, cuando los tiempos y formas de pago que acostumbra el Estado, se cuenta en meses. Excepto, claro, para Cañuelas”, explicó Bugallo.

En ese sentido, los legisladores que reconocen la conducción de Elisa Carrió se valieron de una investigación periodística y documentación oficial que incorporan como prueba adjunta a la de denuncia, mediante la cual asientan su acusación.

“No sólo la empresa seleccionada y la creación del fideicomiso resultan jurídicamente reprochables, sino de los $1.400 millones de pesos que Comercio Interior informó haber pagado a través de ese fideicomiso, más del 80% fue a parar a una cuenta de Molinos Cañuelas”, detallaron los legisladores.

Y agregaron “por lo menos en el sector agroalimentario argentino no se conocía una transferencia de semejante magnitud. Fueron exactamente $1.098.951.866,38 millones de pesos que cambiaron de manos: pasaron de la cuenta del Fideicomiso estatal, que se supone se financia con recursos del aumento de las retenciones a los derivados de la soja, a la cuenta corriente de Molinos Cañuelas en el Banco Supervielle”, describen en la denuncia.

Finalmente, para los legisladores de la oposición “el FETA (Fondo Estabilizador del Trigo Argentino) fue un traje a la medida de Molinos Cañuelas, al igual que lo fue en su momento la ONCCA, un festival de subsidios para las empresas preferidas del kirchnerismo; una caja impresionante de retornos, coimas y corrupción que estamos denunciando y pretendemos que se investigue a fondo caiga quien caiga”, concluyeron los diputados contreras.

El diputado nacional Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos-JxC) denunció penalmente al presidente Alberto Fernández a raíz del DNU 131/2022 que dispuso, hasta el 31 de diciembre de este año, el aumento de dos puntos -de 31% a 33%- en la alícuota del derecho de exportación de productos como la harina y el aceite de soja.

“Acabo de denunciar penalmente al presidente @alferdez por su atropello a la Constitución Nacional. La suba de retenciones anunciada es facultad del Congreso, no del Poder Ejecutivo. Soy diputado para representar y defender a los argentinos y no voy a tolerar el abuso de poder”, anunció este lunes en su Twitter el porteño.

En el escrito, el legislador opositor expresó: “Antes de comenzar el relato de los hechos constitutivos del ilícito y dada la gravedad que representa denunciar a un presidente de la Nación, debo decir que me ha inspirado avanzar en esta dirección la profunda convicción de que no puede ser la más alta magistratura del Estado” la que apunte a “atropellar los postulados de nuestra Constitución Nacional”.

“La calidad de nuestra democracia, vapuleada desde hace algunos años por gobiernos que detentan un poder ilimitado, sin frenos ni contrapesos, debe comenzar a sanearse a partir de la reivindicación inexcusable de la vigencia del Estado de derecho, del cumplimiento de la ley y de la Constitución Nacional, que al organizar nuestra República establece la división de los poderes para impedir que la preponderancia del Poder Administrador desparrame sus tentáculos amenazando las facultades de otro de los poderes del Estado, como es el Congreso de la Nación”, señaló.

Además, el diputado liberal indicó que “el bien jurídico tutelado por la norma penal que se infringe es, justamente, el regular funcionamiento de la administración pública y la legalidad de sus actos intentando impedir el uso arbitrario o abusivo de la función pública”.

Luego de perder en las PASO con un 37, 36 por ciento de votos frente a un 46,92 que obtuvo la Alianza Unidos por San Luis, los funcionarios del Gobierno provincial están en búsqueda de aquellos votos que no obtuvieron en las urnas, lo cual fue denunciado penalmente desde la fórmula ganadora porque “utilizan fondos públicos en política partidaria”.

El abogado Ricardo André Bazla integrante de la Alianza dialogó por la FM 97.9 y afirmó que “apuntarán a quienes comentan los delitos que prevén penas de prisión de hasta 10 años. En el marco jurídico y político esencialmente por lo que es la violación de distintos artículos del Código Penal en la que están incurriendo funcionarios provinciales” y apuntó principalmente a “Guadalupe Arrascaeta, titular de un merendero y candidata por el Frente que dirige Rodríguez Saá, también denunciamos al jefe del Programa de Inclusión Social al señor Arnaldo Soria por la entrega indebido a de las tarjetas alimentar”.

“Están haciendo una utilización política partidaria de un bien del Estado. La tarjeta alimentar surge a partir de una resolución del Ministerio de Desarrollo Social de La Nación, es decir que son dineros del Estado Nacional que se están repartiendo a través de de las provincias y de los Municipios, pero esto ordena esa resolución que la entrega a los beneficiarios sea a través de una entidad bancario. Sin embargo, la están entregando en sedes partidarias haciendo una utilización parcial partidaria a un bien que le corresponde a los argentinos”, denunció el abogado.

Además, remarcó que “es en favor de un solo partido político que es el partido de Gobierno de la provincia de San Luis vinculado al Gobierno Nacional”, y precisó que los delitos cometidos son “el delito especulado que consiste en la utilización de bienes del Estado en beneficio propios o de terceros, el delito de incumplimiento de funcionarios públicos y dos delitos electorales contemplados en el Código Electoral Nacional que tienen que ver con la inducción al voto, es decir presionar a la persona que al entregarle un bien determinado deban votar a ese sector político”.

Por último, Bazla sostuvo que “la denuncia fue radicada en el Juzgado Federal de San Luis y se ha hecho acá porque el hecho probado y comprobado se hizo en Potrero de Los Funes. Estamos atentos a la producción de estos hechos en todo el ámbito provincial”.

El diputado nacional Rodolfo Tailhade (Frente de Todos) denunció este jueves a Mauricio Macri por una serie de irregularidades advertidas desde la Inspección General de Justicia (IGJ), sobre la constitución y funcionamiento del denominado “fideicomiso ciego” que administró parte de su patrimonio durante el período en que fue presidente de la Nación, y pidió que se lo cite a prestar declaración indagatoria.

El legislador K presentó nueva información en la causa que se inició tras la denuncia de la Oficina Anticorrupción contra Macri por ocultar bienes y consecuentemente falsear las declaraciones juradas que presentó como funcionario público.

En este caso puntual, “ese deliberado ocultamiento se complementa con operaciones financieras y movimientos bancarios de grandes sumas de dinero absolutamente inconsistentes con lo informado por el expresidente respecto de su patrimonio”, señaló en el escrito que presentó ante el Juzgado Federal N°1 a cargo de María Servini de Cubría.

Los hechos denunciados surgen de la investigación del periodista Ari Lijalad para El Destape Web. La publicación da cuenta de llamativas transferencias al exterior que durante 2019 realizaron distintos integrantes de la entonces familia presidencial, que sumadas arrojan un total de 9.358.361 dólares.

Tailhade apuntó que “en detalle, los envíos al exterior de Gianfranco Macri (hermano) totalizan 5.149.132 dólares; los de Francisco Macri (hijo) 1.443.139 dólares; Gimena Macri (hija) 1.151.287 dólares; Agustina Macri (hija) 669.654 dólares; Mariano Macri (hermano) 169.219 dólares; Juliana Awada (esposa) 139.149 dólares; Florencia Macri (hermana) 86.000 dólares; y el propio Mauricio Macri transfirió al exterior 720.000 dólares el 25 de abril de 2019, en medio de la salida de dólares más grande de la historia argentina”.

“Más allá de la profundización de la pesquisa en torno a esos giros bancarios, la transacción que involucra de manera directa al expresidente se revela absolutamente inconsistente en relación con sus declaraciones juradas, lo cual fue determinante para concretar esta presentación”, destacó el diputado.

Y sumó que “la declaración jurada de Macri de fines de 2018 arroja que tenía 140.726 dólares en cuatro depósitos, mucho menos de los que sacó del país unos meses después. El dólar estaba a 45,90 pesos. Si hizo una transferencia de 720.000 dólares necesitaba 33.048.000 pesos, pero declaró apenas 96.593 pesos en varias cuentas”.

Los dirigentes de las filas de Elisa Carrió solicitaron a la Justicia que se investigue al intendente Leonardo Boto y al secretario de Economía, Ignacio Pedotti, por la posible comisión de los delitos de “incumplimientos de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles, malversación de caudales públicos, asociación ilícita, estafas y otras defraudaciones, en la adjudicación de compras directas millonarias a dos proveedores del municipio de Luján”.

La presentación realizada este lunes a la Fiscalía Nº  10 de Luján, va en consonancia con lo realizado a por el interbloque de concejales de Juntos por el Cambio de esa localidad bonaerense, que a través de un proyecto de comunicación requirió que el gobierno municipal informe sobre “191 órdenes de compra efectuadas a los proveedores Marcela Guadalupe Goldsztaud y Mariano David Rossi, ante la sospecha de estar ante un proceso de desdoblamiento de contrataciones, lo cual está expresamente prohibido en la Ley Provincial N°13.981”.

Sobre la denuncia, el diputado Luciano Bugallo informó que “Tomamos conocimiento del proyecto presentado por los concejales de Juntos por el Cambio a través de nuestro referente local, Jeremias Rodriguez, y decidimos respaldarla en sede judicial porque entendemos que los hechos denunciados son realmente graves y merecen ser investigados por la Justicia.”

“Nosotros vemos que hubo una maniobra clara por parte del gobierno municipal de evadir las licitaciones públicas para favorecer a dos proveedores con compras millonarias en mecanismos de contrataciones directas. Tenemos la grave sospecha y fundada en pruebas que estamos ante un hecho escandaloso de corrupción”. Y agregó: “Lo decimos con esta contundencia porque es realmente muy burdo. La configuración de la maniobra es realmente llamativa, tanto por la falta de antecedentes de las empresas contratadas (dos) como por el mecanismo poco transparente que se usó, cuando se trata de montos significativos para lo que es un municipio”., afirmó Bugallo

En ese sentido, el legislador bonaerense explicó que “Es por estas razones que pedimos a la fiscalía que investigue los casos de los proveedores Marcela Guadalupe Goldsztaud, a quien se le habrían realizado compras por casi 19 millones en 128 órdenes de compra emitidas en menos de cuatro meses, y de Mariano David Rossi, quien figura con situación de morosidad cinco (irrecuperable) en un informe del Banco Central de la República Argentina y se le emitieron 63 órdenes de compras en 48 días por 12.457.689 pesos”.

Finalmente, el abogado Jeremías Rodríguez, asesor y letrado de Bugallo, expresó que: “el fraccionamiento de las órdenes de compra para evitar la licitación pública y beneficiar directamente a dos proveedores que carecían de antecedentes comerciales, que no contaban con habilitación Municipal y por montos millonarios, es más que evidente”.

“Por eso requerimos al Juez que ordene de manera urgente el allanamiento inmediato a la secretaria de economía y finanzas de la municipalidad de Luján, para proteger cualquier tipo de pruebas que puedan aportar claridad a la causa y se pueda obtener la información, que hasta el momento se les negó a los Concejales de Juntos por el Cambio y se le ocultó a todos los vecinos de la ciudad de Lujan”, dijo el diputado.

Diputados nacionales de Juntos por el Cambio presentaron este martes una denuncia penal contra el presidente Alberto Fernández y todo su Gabinete por el supuesto delito de abuso de autoridad a través del DNU 522/20, que dispuso la intervención de la empresa Vicentín.

La denuncia fue firmada por los legisladores Federico Angelini, Waldo Wolff, Gisela Scaglia, Pablo Torello, Álvaro De Lamadrid, Luis Petri, Marcela Campagnoli, Jorge Enriquez, José Nuñez, Gonzalo del Cerro, Ximena García, Dina Rezinovsky, Lucila Leheman, Fernando Iglesias, Lidia Ascárate y Mónica Frade.

Los diputados de la oposición sostuvieron que “conforme la Constitución Nacional y la Ley de Quiebras 24.522, el Poder Ejecutivo Nacional carece de facultades para apropiarse de la gestión de una empresa privada, cualquiera sea el estado de su patrimonio y el alcance de sus deudas”.

Los denunciantes invocaron el artículo 17 de la Carta Magna, que indica que “la propiedad privada es inviolable y nadie puede ser privado de ella sino en virtud de sentencia fundada en ley”.

Asimismo, “el texto constitucional prohíbe al Congreso Nacional y a las legislaturas provinciales otorgar facultades extraordinarias por las cuales la fortuna de los argentinos quede a merced de persona o gobierno alguno”.

“En consecuencia, si el Congreso no puede otorgar esas facultades, obviamente no puede atribuírselas el Poder Ejecutivo por un Decreto de Necesidad y Urgencia, dado que no puede ir más allá de las atribuciones del Poder Legislativo y se estaría otorgando directamente las facultades prohibidas”, consideraron.

Por otra parte, “el artículo 75 inciso 12 de la Constitución Nacional dice que corresponde al Congreso Nacional dictar los códigos de fondo y la ley de bancarrotas -quiebras-, de manera que no puede modificarse el procedimiento pertinente por un decreto del Poder Ejecutivo Nacional, aún dentro de los denominados de Necesidad y Urgencia”.

Los diputados advirtieron además que “no existen circunstancias que, en los términos del artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional, justifiquen la intromisión del Poder Ejecutivo en un procedimiento concursal, más que como parte, si tuviera un interés legítimo”.

Otro de los aspectos señalados es que “el Poder Ejecutivo tiene vedada toda posibilidad de intervención en el proceso de saneamiento o liquidación de la empresa, que está en manos del juez del concurso. El tribunal del concurso debe velar por los derechos de los acreedores y el patrimonio de la empresa, de modo que una decisión política de intervenirla, al margen de las decisiones del juez, además de violar el límite establecido en el artículo 109 de la Constitución Nacional, viola el debido proceso legal”.

Finalmente, apuntaron que “la decisión del Poder Ejecutivo Nacional viola el sistema republicano de gobierno” porque “invade potestades propias de la competencia judicial de la provincia de Santa Fe, donde está radicado el proceso concursal”.