Es a raíz de la opinión del procurador del Tesoro en torno a la causa por la cual está condenada Cristina Kirchner. El escrito fue presentado por Maximiliano Ferraro y Mariana Zuvic.
La Coalición Cívica, partido referenciado en Elisa Carrió, presentó una denuncia ante la Oficina Anticorrupción, a cargo de Alejandro Melik, contra el procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, y reclamó su remoción, a raíz del documento en el que opinó a favor de Cristina Kirchner sobre la causa “Vialidad” por la cual la expresidenta fue condenada a seis años de prisión.
En el escrito, presentado por el diputado nacional Maximiliano Ferraro y la dirigente Mariana Zuvic, se argumenta sobre “la posible existencia de un conflicto de intereses insalvables que atañen a la responsabilidad institucional y actividades privadas del procurador del Tesoro”.
“La continuidad en el cargo del referido funcionario atentaría contra la transparencia institucional del Gobierno, posibilitando la eventual comisión de delitos tipificados en el Código Penal que atentan contra la Administración Pública”, señalaron.
Ferraro y Zuvic recordaron que “hace pocos días, la Cámara Federal de Casación Penal fijó audiencias públicas y presenciales para definir si confirma o revoca la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua impuesta a la vicepresidenta Cristina Kirchner en la causa de ‘Vialidad’, o si decide agravar ese castigo al entender que corresponde que sea condenada no solo por fraude contra el Estado sino por asociación ilícita, como lo reclama la fiscalía”.
De acuerdo hizo público en su red social X la exvicepresidenta, “el doctor Barra habría actuado como ‘experto legal’ asesorando por cuenta propia (es decir como sujeto de derecho privado) a la señora Fernández en temas vinculados a la mentada causa”. “Es decir que el actual procurador del Tesoro de la Nación emitió una opinión sobre una causa que hoy tramita ante la Cámara de Casación”, agregaron.
En ese sentido, subrayaron que “la opinión experta fue realizada en términos favorables para los intereses de la señora Fernández y, aunque haya sido en su carácter de experto privado, existiría un conflicto de intereses claro e innegable entre dicha opinión y sus actuales funciones públicas como responsable del cuerpo de abogados del Estado argentino, ya que tiene el deber de defender al Estado en los juicios. La pérdida de credibilidad resulta irreparable”.
“El conflicto de intereses se habría configurado, en este caso, porque se representaría una confrontación entre el interés público y los intereses privados del doctor Barra, es decir, cuando este tiene intereses personales que podrían influir indebidamente sobre el desempeño de sus deberes y responsabilidades”, afirmaron.
En la denuncia, Ferraro y Zuvic se preguntaron: “¿Cómo esperar que el actuar de la Procuraduría del Tesoro de la Nación sea en beneficio de la sociedad si quien debe decidir ya opinó al respecto?”. “Estaríamos frente a un conflicto de intereses potencial de muy alta probabilidad de afectación al orden público y sistema de valores de la sociedad argentina”, agregaron.
El jefe de UP en Diputados se presentó ante un juzgado de Rosario y aseguró que el presidente “tiene la obligación de denunciar si sabe algo”, al recordar que en los dos últimos años fue diputado.
El jefe del bloque Unión por la Patria, Germán Martínez, se presentó este viernes ante un juzgado de Rosario para presentar una denuncia contra el presidente Javier Milei por sus dichos contra legisladores nacionales, a quienes acusó de “buscar coimas”.
En una entrevista con Luis Majul en el canal LN+, el mandatario afirmó que “parte de la lentitud que le ponen los legisladores es porque buscan coimas también eh, ¡ojo!, algunos, pero a esos que les gusta tanto la discusión y todo eso…. y discutir la coma y todo eso, es porque están buscando coimas. Entonces, cuidado, porque esto justamente apunta contra los corruptos y unas de las cosas que buscan es que entre en esa dinámica para vender sus votos. Entonces, ojo, porque hay mucho vivillo y delincuente dando vuelta”.
“El problema es que no les gusta, no les gusta, y no pueden decir abiertamente que no les gusta o quieren agarrar algún negocio negociando alguna ley, ojo, ojo”, agregó en referencia al rechazo que provocó el mega DNU 70/23. Y agregó: “Es que con este mecanismo no pueden morder, ese es el cinismo más grande, que no pueden morder. Eso es lo que más les molesta”.
Martínez presentó su escrito ante el juzgado federal N°4 de Rosario, a cargo del magistrado Marcelo Bailaque, para que se investiguen los dichos del presidente, los que consideró que “fueron absolutamente agraviantes contra legisladores nacionales y que, a mi criterio, tienen que ser investigados. Lo hicimos como dice el Código Procesal Penal de la Nación, en el marco del artículo 177 y 277, inciso d”.
“El presidente de la Nación tiene la obligación de denunciar si sabe algo al respecto y esos hechos tienen que ser investigados”, agregó.
En la denuncia formulada por el santafesino, se señaló que el artículo 177 del Código Procesal Penal de la Nación establece que “tendrán obligación de denunciar los delitos perseguibles de oficio los funcionarios o empleados públicos que los conozcan en el ejercicio de sus funciones”.
En tanto, el artículo 277, inciso d, del mismo Código, sindica que “será reprimido con prisión de 6 meses a 3 años el que, tras la comisión de un delito ejecutado por otro, en el que no hubiera participado no denunciare la perpetración, cuando estuviere obligado a promover la persecución penal de un delito de esa índole”.
“El presidente Javier Milei, no sólo es el primer mandatario de la Nación, y debe respetar y hacer respetar la Constitución Nacional, sino que además fue miembro de la Cámara de Diputados de la Nación en el período 2021 y 2023. Cualquier funcionario público que tenga conocimiento de algún delito debe denunciarlo, por su carácter de funcionario público, considerando además las características actuales y pasadas de sus funciones”, sostuvo Martínez.
En esa línea, añadió que “el actual presidente y exdiputado, está obligado a denunciar los hechos que refirió en la entrevista mencionada. Es que su rol actual es inescindible de su persona y debe aportar pruebas de sus afirmaciones para instar a la judicatura correspondiente a la investigación de los hechos referidos. El no haberlo hecho lo responsabiliza de los delitos mencionados ut supra”.
Así lo hicieron los diputados nacionales José Luis Espert, quien se presentó ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal 10, y Ricardo López Murphy.
Los diputados nacionales de JxC José Luis Espert (Avanza Libertad) y Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos) denunciaron penalmente -por separado- al exjefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde.
La denuncia de Espert, con el patrocinio letrado del abogado Pablo Torres Barthe, es por los presuntos delitos de “enriquecimiento ilícito”, “posible lavado de dinero”, “contrabando” y “evasión fiscal”.
La denuncia fue radicada este lunes por la mañana en los tribunales federales y recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal 10, bajo el expediente CFP 3458/2023.
“Nos encontramos ante un suntuoso gasto donde ni el funcionario público ni la dama que lo acompañó pueden justificar con sus ingresos declarados, con lo cual la sospecha de un enriquecimiento ilícito es grande o tal vez nos encontremos frente a un lavado de activos financieros o de mínima ante una evasión fiscal por parte de Sofia Clerici”, dijo Espert.
La denuncia penal fue acompañada por los diputados de Juntos por el Cambio Virginia María Cornejo, Dina Esther Rezinovsky, José Luis Miguel Lisando Nieri, Oscar Agost Carreño, Fernando Carbajal, Carlos Raúl Zapata, Ingrid Jetter y Gabriela Mabel Lema.
Espert acusó a Insaurralde por presunto enriquecimiento ilícito: “El viaje pudo haber sido financiado con dinero no declarado proveniente de actos de corrupción por parte de Martin Insaurralde con lo cual, nos encontraríamos ante el delito de enriquecimiento ilícito previsto y reprimido en los artículos 268 del código penal”.
El diputado liberal también disparó contra el gobernador Axel Kicillof: “Es un verdadero caradura el gobernador. Si tuvieras algo de dignidad ya hubieras renunciado a la gobernación. Recordemos que solo el juicio perdido por el Estado por la ilegal reestatización que hizo de YPF cuando era ministro de Cristina, en 2012, nos costó perder un juicio en NY por 16.000 millones de dólares que los argentinos pagaremos con más impuestos”, concluyó.
Denuncia-Insaurralde-ClericiPor otro lado, la extitular de la Unidad de Información Financiera (UIF), María Eugenia Talerico, junto a López Murphy, también presentaron este mediodía una denuncia penal por “enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados” y “delitos contra el orden económico y financiero” y pidieron que se investiguen los movimientos financieros del ahora exjefe de Gabinete bonaerense y de su círculo íntimo.
La denuncia hace referencia a artículos periodísticos en los que se menciona el millonario divorcio del político con su exesposa, Jesica Cirio, y sostiene que, según el periodista Carlos Pagni, el exintendente de Lomas de Zamora habría aceptado otorgar una cifra millonaria a su exmujer.
“Han trascendido en estos últimos días gastos de Insaurralde totalmente incompatibles con los ingresos de alguien que se desempeña hace más de 40 años en la función pública”, sostiene el texto.
La denuncia remarca que “como han dejado trascender muchos medios, Insaurralde habría estado de vacaciones en un lujoso balneario europeo, en un costoso yate de alquiler y gastando cuantiosas sumas en costosos regalos para su acompañante, que incluyen carteras de Louis Vuitton y relojes de Rolex”.
“Creemos que los indicios existentes no dejan dudas de la pertinencia de abrir una investigación a los fines de establecer la posible comisión de los delitos que aquí se denuncian, incluyendo entre los posibles involucrados en la maniobra de lavado dinero, a quienes podrían haber colaborado en el ocultamiento o disimulación del patrimonio de origen presuntamente ilícito de Martin Insaurralde, es decir Jesica Cirio y Sofia Clerici”, expresa la presentación judicial.
La diputada Graciela Ocaña se presentó ante la justicia contra la titular del Banco Nación y la gerenta María del Carmen Barros, por hacer un “festival de contrataciones millonarias” de funcionarios y de “Pitty la numeróloga para atención personal”.
La diputada nacional Graciela Ocaña (Pro) se presentó en Comodoro Py para denunciar a la titular del Banco Nación, Silvina Batakis, y a la gerenta general, María del Carmen Barros, por incumplimiento de los deberes de funcionario público, defraudación contra la administración pública por administración fraudulenta y peculado.
Para la legisladora de JxC ambas funcionarias cometieron “diversas maniobras fraudulentas para enriquecerse y enriquecer a terceras personas allegadas a ellas a costa del erario público”. “Estas decisiones tomadas por el dúo Batakis-Barros, fueron hechas a espaldas del directorio del Banco Nación, es decir que no contaban con el aval de los directores de dicha entidad”, advierte la denuncia señalando una primera irregularidad.
Por un lado, Ocaña apuna a la “escandalosa contratación” de “Pitty la numeróloga” por 1.800.000 pesos, a cambio de “un curso de coach”. “¿Cuál es el servicio que le puede prestar una numeróloga al Banco de todos los argentinos que no lo prestaba en el Banco y que la Gerenta General debía ir hasta su lugar de trabajo?”, se preguntó la denunciante, a partir de las declaraciones públicas de la propia Pitty respecto del lugar en el que realizaba su trabajo.
“Más que un servicio para el Banco es claro que el servicio es un servicio privado para Barros y que lo abono mediante una factura apócrifa que se cobró con dinero público que les pertenece a todos los argentinos”, concluye.
La segunda parte de la denuncia refiere a “los nombramientos y autorización de pago de sueldos exorbitantes para familiares y amigos tanto de Batakis como de Barros”.
En ese sentido, señala como primera beneficiaria a Barros a quien -según Ocaña- Batakis “autorizó, sin consultar ni someter a votación del directorio del banco, a cobrar un sueldo de casi 9 millones de pesos mensuales. A esta friolera suma llega gracias a diversos plus y premios autorizados por Batakis sin consultar a nadie”.
Entre esas contrataciones se encuentra la pareja de Barros, Juan Manuel Romero, quien percibiría un sueldo de más de 700 mil pesos “y que según dicen gente del propio banco, prácticamente no va a trabajar. “Barros también habría nombrado a su joven hijo Juan Pablo Pedemonte, al frente de una Gerencia en la casa matriz”, agrega la denuncia.
Otro nombramiento sospechoso es el del gerente departamental Maximiliano Piantanida, con un sueldo de más de 2,5 millones de pesos. Piantanida sería amigo de Barros.
“Batakis no quiso ser menos que Barros, y nombro en la Gerencia de Sistemas del Banco a su exmarido Héctor Javier Silva”. “Estos nombramientos y autorizaciones de plus y premios exorbitantes que lleva adelante la gestión Batakis-Barros, sin el aval del directorio, dejan en evidencia el desmanejo de los fondos del Banco Nación”, concluye la denuncia.
Ocaña pide que se ordene al Nación a brindar las actas de directorio de los últimos dos años para chequear si allí se avalaron las contrataciones, que se ordene al Banco que informe si la contratación de Pitty la numeróloga fue efectuada en el marco de una licitación pública o una contratación directa, y que informe cuál fue el servicio prestado por ella a la entidad pública.
El Banco Nación también debería ofrecerle al fiscal interviniente los comprobantes de pago a Pitty, indicando fecha y monto.
Ocaña también quiere conocer cuál es el sueldo bruto de María del Carmen Barros, ver los últimos doce recibos de sueldo y también el expediente administrativo que otorga premios, plus u otro concepto “que hacen que el sueldo de María del Carmen Barros llegue a los 9 millones de pesos.”
Respecto de los nombramientos y ascensos de Juan Manuel Romero, Maximiliano Piantanida y Juan Pablo Pedemonte, la denuncia reclama que el Nación adjunte todos los antecedentes personales y Curriculum Vitae de cada uno, en base a qué se consideraron sus fulgurantes ascensos, y qué cargos ocuparon.
En declaraciones a la AM 910, Ocaña explicó: “Nosotros empezamos hace varias semanas con este tema, pedimos un acceso a la información al Banco de la Nación Argentina que hasta el momento se ha negado a contestarnos que tenía que ver con las contrataciones con una serie de irregularidades en este festival de contratos que está habiendo en muchos lugares del Estado, pero particularmente en el Banco Nación”.
“Ante estos hechos de público conocimiento hemos ido a realizar una denuncia penal por defraudación e incumplimiento de los deberes del funcionario público y posible peculado contra la directora del Banco, Batakis, y contra la gerente general, Barros, para que se investiguen estos hechos”, relató.
En tanto, recordó las palabras de Batakis: “Te da indignación porque, hay que recordar, que los 24 días que esta señora estuvo a cargo del Ministerio de Economía y luego recae en el banco como una especie de premio a su fracaso en el ministerio, una de las primeras resoluciones que ella tomó que el Estado no podía hacer ninguna contratación, es una caradura porque cuando llegó al Banco Nación lo primero que hizo fue este festival de contrataciones para generar estas guaridas que el kirchnerismo está generando en el Estado”.
“Barros no solo contrató a la numeróloga, sino también a su compañero de vida, a sus hijos, también hizo un festival de contrataciones con otros funcionarios del Banco. Todas estas decisiones no pasaron por la dirección del banco. Incluso hubo aumentos extraordinarios que le han dado a la señora Barros 8.600.000 pesos por mes de sueldo. Es la misma que contrató para su atención personal a la numeróloga”, advirtió.
En resumen, indicó la figura de la denuncia: “Incumplimiento de los deberes del funcionario público porque se han llevado adelante violaciones del reglamento, defraudación a la administración pública porque hay fondos que se han desviado, queremos saber cómo se hicieron estas contrataciones si fue con licitación pública o si fue con contratación directa, y posible peculado por la contratación de la numeróloga para atención personal”.
“La responsabilidad es de los funcionarios del Banco Nación, no la estamos denunciando a ‘Pitty’ la numeróloga, si la van a interrogar para tomarle declaración por un contrato de 300 mil pesos por 6 meses”, afirmó.
Denuncian que los candidatos a intendente de Unión por la Patria “utilizan un programa de gobierno para hacer campaña electoral en sus distritos”.
Lo hizo el diputado de Juntos Emiliano Balbín a través de un pedido de informes. También presentó un proyecto de declaración expresando su preocupación y dijo “es muy grave utilizar a los niños y niñas para hacer campaña política”.
A través de un proyecto de declaración donde expresa su preocupación por el uso político del plan Conectar Igualdad, el diputado radical Emiliano Balbín denunció que los candidatos a intendente de Unión por la Patria “utilizan un programa de gobierno para hacer campaña electoral en sus distritos”, señaló.
También Balbín agregó que “ya los consejeros generales de educación hicieron esta advertencia, y cito a Diego Martínez, Consejero General de Educación de la Provincia, quien denunció que “a lo largo de este año hemos presentado en distintas oportunidades nuestro reclamo en referencia al adoctrinamiento en las escuelas. También hemos denunciado al gobernador Kicillof por utilizar como acto de campaña electoral la entrega de netbooks de Conectar Igualdad”.
En el mismo sentido, Balbín ingresó además un pedido de informes solicitándole al gobernador de la provincia de Buenos Aires que informe cómo se diseñó el programa en los 135 distritos de la provincia; quiénes son los encargados de entregar las netbooks en los establecimientos educativos; si se realizan capacitaciones a los alumnos para que usen dicha computadora; el motivo por el cual ellas han sido entregadas por candidatos; que informe cuántas faltan entregar durante 2023; el porcentaje de alumnos con computadora y aquellos que no la tienen en toda la provincia; y finalmente pide que se informe cómo se realiza la inscripción al programa y cuáles son los requisitos para obtener la PC.
“A través del programa Conectar Igualdad Bonaerense el gobierno de la provincia provee equipamiento tecnológico a los establecimientos y estudiantes de las escuelas públicas de los 135 municipios, lo que posibilita que el Estado avance en la reducción de la brecha digital educativa”, expresó Balbín, y señaló: “apoyamos estas políticas públicas que tienden a igualar y mejorar la educación por eso necesitamos información fehaciente de cómo se está llevando adelante este programa”.
“A lo largo del año 2023 se presentaron en distintas oportunidades reclamos en referencia al adoctrinamiento en las escuelas y también se denunciaron actos de campaña electoral con entrega de las netbooks de Conectar Igualdad, y tenemos un sinnúmero de ejemplos de ello. Es por eso que creemos que esto se debe terminar. Son viejas prácticas de la política que le hacen bien a nadie”, finalizó diciendo Balbín.
La decisión fue tomada por el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi al argumentar que “las acciones atribuidas al diputado no reúnen las condiciones para provocar el impedimento u obstaculización del normal funcionamiento del acto legislativo”.
El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi desestimó este miércoles la denuncia penal realizada contra el diputado nacional Fernando Iglesias (Pro) que, en la apertura de la Asamblea Legislativa, se mantuvo de espaldas en su banca hacia el estrado hasta que el mandatario criticó a la Ciudad de Buenos Aires por la coparticipación, momento que el clima se tensó y el legislador comenzó a los gritos interrumpiendo el discurso del presidente, para luego retirarse del recinto.
La acción penal fue promovida por el abogado peronista Antonio Liurgo el pasado 6 de marzo, quien pidió que se investigara si Iglesias estuvo incurso en lo establecido por el artículo 241 del Código Penal, que castiga a quien “perturbare el orden de las sesiones de los cuerpos legislativos nacionales o provinciales” o “impidiere o estorbare a un funcionario público cumplir un acto propio de su función”.
Según el letrado, “ante las expresiones en altísima voz del diputado Iglesias, el primer mandatario se vio obligado a interrumpir su discurso y responder a la perturbada actitud del representante del pueblo, quien reclamaba entre varias cuestiones con irrespetuosidad la falta de conocimiento del derecho del presidente”.
Martínez De Giorgi, en coincidencia con la fiscal federal Paloma Ochoa, y tras evaluar la versión taquigráfica registrada el 1 de marzo, se pronunció por la desestimación de la acción penal contra el legislador del Pro.
El juez afirmó que “las acciones atribuidas al diputado Iglesias no reúnen las condiciones para provocar el impedimento u obstaculización del normal funcionamiento del acto legislativo, de modo que pueda encuadrar en los términos del artículo 241 inciso 1 del Código Penal”.
La norma dice que “será reprimido con prisión de quince días a seis meses el que perturbare el orden en las sesiones de los cuerpos legislativos nacionales o provinciales, en las audiencias de los tribunales de justicia o dondequiera que una autoridad esté ejerciendo sus funciones”.
El juez agregó que “para que se configure el delito en el cual el denunciante plantea su presentación, las acciones, molestias o disturbios tienen que tener la entidad suficiente para lograr la perturbación del acto funcional”.
Martínez De Giorgi destacó que “más allá de los dichos del denunciado, que motivaron breves interrupciones en la continuidad de la exposición del primer mandatario, el objetivo de la asamblea legislativa se tuvo por cumplido”.
La acusación fue realizada por un abogado peronista quien reclamó que el cuerpo de Peritos Forenses de la Corte “se expida sobre la posible perturbación de la orientación espacio temporal” del legislador opositor.
Durante el discurso de Alberto Fernández en la apertura de la Asamblea Legislativa, el diputado nacional Fernando Iglesias (Pro) se mantuvo de espaldas en su banca hacia el estrado hasta que el mandatario criticó a la Ciudad de Buenos Aires por la coparticipación, momento que el clima se tensó y el legislador comenzó a los gritos, para luego retirarse del recinto.
Tras esa actitud, un abogado peronista denunció penalmente al diputado de Juntos por el Cambio por su conducta en la inauguración de sesiones ordinarias, y pidió que sea sometido a un examen psiquiátrico anta la posibilidad de una “posible perturbación”.
“Vengo a requerir que los canales de noticias remitan todas las disputas y actos indecorosos, agresiones, insultos, y defensas del nazismo, violencia de género y toda falta de urbanidad, decoro, o evidencia de patología; con remisión al cuerpo de Peritos Forenses de la Corte para que se expida sobre la posible perturbación de la orientación espacio temporal de Iglesias”, sostiene la presentación a la que accedió la agencia Noticias Argentinas.
El denunciante es Antonio Liurgo, un abogado de larga trayectoria y conocida militancia peronista. Entre las medidas de prueba propuestas figura la declaración testimonial de “las tres mujeres que compartían e integraban protocolarmente sentadas a ambos extremos Sr presidente de la Nación al momento de producirse el hecho que aquí se denuncia: Cristina Fernández de Kirchner, Claudia Ledesma Abdala y Cecilia Moreau”.
La acusación contra Iglesias se fundamenta en el artículo 241 del Código Penal, que prevé una condena de 15 días a seis meses de prisión para “el que perturbare el orden de las sesiones de los cuerpos legislativos nacionales o provinciales, en las audiencias de los tribunales de justicia o donde quiera que una autoridad está ejerciendo sus funciones” y para quien “impidiere o estorbare a un funcionario público cumplir un acto propio de su función”.
Previo a avanzar con la investigación, el denunciante pidió que se establezca si Iglesias padece “indicios de patología psiquiátrica y cualquier otro dato de interés respecto de su estructura psicológica de base que le impida conocer la criminalidad de acto aquí investigado”.
“Alberto Fernández se vio obligado a interrumpir su discurso y responder a la perturbada actitud del representante del Pueblo, quién reclamaba entre varias cuestiones con irrespetuosidad la falta de conocimiento del derecho del presidente, y lo llevaba adelante con una conducta delictual prevista”, dice la denuncia.
Y añade el escrito, que ingresó digitalmente a la Cámara Federal porteña: “Ha quedado claro que este tipo de agresiones son moneda corriente en la cotidiana vida política. (…) La perturbación ha sido el camino elegido por el denunciado”.
La diputada de la CC-ARI aclaró que la denuncia presentada es por “incumplimientos de deberes, abuso de poder e intimidación pública”, y planteó que el Gobierno eligió al gremio de Moyano porque “tienen claro que va a conseguir a cualquier costo las cosas por método violentos”.
La diputada nacional Mónica Frade (CC-ARI) explicó los motivos de su denuncia contra el presidente de la Nación, Alberto Fernández; el ministro de Economía, Sergio Massa; y el secretario de Comercio, Matías Tombolini; por autorizar al gremio de Camioneros el control del programa “Precios Justos” y exigió: “Queremos una intervención judicial rápida para que hagan cesar esto”.
“Nosotros consideramos que hay incumplimientos de deberes, abuso de poder e intimidación pública y denunciamos al presidente de la Nación, obviamente, y al ministro de Economía, Sergio Massa, y a su secretario de Comercio. Nos parece que esta delegación que han hecho de facultades propias que son del Estado, y para lo cual el Estado tiene una burocracia en grupos irregulares que, para nosotros, son grupos paraestatales, es inadmisible y gravísimo como pocas cosas que hemos visto en los últimos tiempos”, explicó en diálogo por Radio Rivadavia.
En esa línea, Frade recordó que “históricamente la medida del control de precios en este país no ha funcionado nunca. Nosotros, no obstante, somos respetuosos porque los que gobiernan son ellos, nosotros tenemos otra visión, no es ese el punto sino lo metodológico”, y disparó: “Ellos saben que estas medidas no van a funcionar entonces la burocracia no les alcanza, la normativa no les alcanza entonces ponen estos grupos de choque cuya sola presencia intimida a cualquier supermercadista o empresario”.
“No es que nosotros decimos ‘los Moyano son unos mafiosos’, ‘la dirigencia de camioneros son unos mafiosos’, son unos mafiosos, son unos violentos asociados a parte de un Gobierno que aprueba este tipo de mecanismos”, apuntó la diputada de la CC-ARI.
Y sumó: “Massa en este caso dio el aval y el presidente por supuesto también, por eso está denunciado, para que estos grupos paraestatal tomen a su cargo el rol que tienen los funcionarios, inspectores que tienen un mecanismo, como eso saben que no va a funcionar patean las puertas”.
“Todos sabemos lo que hizo Borda en septiembre cuando entró a Logística MILO en Sarandí con el saldo de seis heridos. Ahora resulta que un tipo imputado por esto lo ponen al frente de esto por ser estar al frente de la logística en el gremio de camioneros”, recordó la diputada y denunció: “No eligen a cualquier gremio, eligen al gremio que tienen claro que va a conseguir a cualquier costo las cosas por método violentos y hacemos responsable al gobierno por esto”.
Respecto de los dichos de Juan Grabois defendiendo la decisión del Gobierno, Frade le contestó: “A Grabois le está faltando información y es raro porque es un chico informado. Primero decirle a Grabois que hay un Observatorio de Precios que me encantaría saber qué hacen. Segundo hay una Ley de defensa de la competencia. Tercero hay una legión de inspectores. Cuarto la Resolución 823 de diciembre donde la secretaría de Comercio decide el congelamiento de ciertos productos establece una app para que cualquier persona sea denunciante”.
“Los mecanismos están y sobran, porque cada uno de los que vamos a comprar podemos denunciar perfectamente eso a través de la aplicación. No necesitamos a la patota de Moyano para fuerza de choque, porque si lo que vamos a hacer es a través de fuerzas de choque, le quiero recordar a Grabois que este país tuvo una Triple A. Si él está de acuerdo en que las patotas sindicales controlen todo con milicias populares, deberíamos discutir otro sistema, si no le guste que emigre a otro país que tiene varios para eso”, planteó.
Además, remarcó: “Nosotros hacemos responsable a este Gobierno si llega a haber un herido porque los que se dejan controlar de esta manera puede ser gente que no quiere enfrentar esto, pero puede que haya gente que si, por eso hemos pedido en el marco de la denuncia que radicamos como medida cautelar que dicte una orden para que se abstengan de continuar con esto”.
“Queremos que haya una intervención judicial rápida para que hagan cesar esto, porque el clima de violencia en el que esta el país, no abonemos más violencia”, exigió Frade y agregó: “Usen toda la burocracia estatal porque todos los días ingresa más gente al Estado más organismos, si son inútiles que los cambien, pero la normativa para todo ese control está”.
Por último, al ser consultada por la próxima visita de Nicolás Maduro al país en el marco de las CELAC, la legisladora opinó: “La visita de Maduro al país no aporta nada, es para retener a un núcleo de personas. Los argentinos queremos vivir en un Estado de derecho”.
Elisa Carrió y la CC presentarán una denuncia penal contra el presidente de la Nación y los funcionarios que no acaten el fallo de la Corte, por alzamiento, desobediencia e incumplimiento de deberes de funcionario público.
La ex diputada nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Elisa Carrió y la Coalición Cívica presentarán este viernes una denuncia penal contra el presidente de la Nación, Alberto Fernández y los funcionarios del Poder Ejecutivo que no acaten el fallo dictado ayer por la Corte Suprema de Justicia en relación con la quita de un porcentaje de la coparticipación a la Ciudad, por alzamiento, desobediencia judicial e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
“Quieren chocar las instituciones pero van a perder, no lo van a lograr”, aseguraron.
La denuncia estará firmada por Elisa Carrió, el presidente de la CC Maximiliano Ferraro; el jefe de diputados nacionales del partido, Juan Manuel López y las legisladoras nacionales en representación de la Ciudad Paula Oliveto y Mariana Zuvic.
También acompañarán con su firma los legisladores porteños de la CC Facundo del Gaiso, Hernán Reyes, Cecilia Ferrero y Lucia Romano, además del presidente del partido por el distrito, Claudio Cingolani.
La presentación realizada por integrantes del Pro y López Murphy le apunta a Alberto Fernández, Cristina, “Wado” De Pedro, Aníbal Fernández, Kicillof, D’Elía y Bonafini.
La presidenta del Pro junto a un numeroso grupo de diputados de Juntos por el Cambio denunciaron penalmente al presidente de la Nación Alberto Fernández y a la vicepresidente Cristina Elizabeth Fernández, por los delitos de sedición, amenazas calificadas, violación de los deberes de funcionario público, instigación a cometer delitos e intimidación pública.
La denuncia incluye además a los ministros Eduardo De Pedro y Aníbal Fernández, al gobernador de la Provincia de Buenos Aires Axel Kicillof y a Luis D’Elía y Hebe Pastor de Bonafini.
La impulsan, además de Patricia Bullrich, los diputados nacionales Gerardo Milman, Cristian Ritondo, Sabrina Ajmechet, Federico Angelini, Alberto Asseff, Karina Bachey, Héctor Baldassi, Gabriela Besana, Soher El Sukaria, Germana Figueroa Casas, Alejandro Finocchiaro, Ingrid Jetter, Mercedes Joury, Florencia Klipauka Lewtak, Alvaro Martinez, Graciela Ocaña, Graciela Marilú Quiroz, Claudio Poggi, María Lujan Rey, Dina Rezinovsky, Laura Rodriguez Machado, Ana Clara Romero, Ricardo López Murphy, Fernando Iglesias, Jorge Enríquez y Virginia Cornejo.
La denuncia se refiere a la ejecución de un supuesto “plan de impunidad” respecto de los graves delitos de corrupción denunciados entre 2003 y 2015, que se ventilan en las causas “Vialidad”, “Hotesur-Los Sauces” y “Cuadernos¨, entre otras.
Según la denuncia, el plan se habría orquestado a partir de las expresiones registradas por diferentes miembros del oficialismo, particularmente los denunciados; las amenazas a jueces y fiscales; la versión sobre indultos y los permanentes ataques a la Justicia como institución.
La denuncia enumera “una campaña de desprestigio de la Justicia y de banalización de los hechos, a partir de la instalación de la idea del ‘lawfare’ como una forma de persecución política; al mismo tiempo, al asumir el actual Gobierno se colocaron militantes a cargo de áreas estratégicas para desactivar las denuncias: la Oficina Anticorrupción, con Félix Crous, UIF, (Juan Carlos Otero); la Procuración del Tesoro (Carlos Zanini), AFIP (Mercedes Marcó del Pont), quienes desistieron de las querellas oportunamente promovidas en esos procesos”.
Finalmente mencionan “la promoción de acciones de hecho con la movilización de militantes a modo de amenaza contra los jueces y fiscales que tienen que tomar las decisiones en las causas de referencia, instalando la idea que en caso de ser condenada Cristina Fernández de Kirchner se producirán graves disturbios sociales”.
Tales acciones conforman para los denunciantes el delito de sedición contemplado en el art. 22 de la Constitución Nacional, tendiente a apañar hechos que el mismo texto constitucional califica como de traición a la patria (art. 36) y violan los compromisos asumidos por el país en las convenciones de Naciones Unidas e Interamericana contra la corrupción.
También fue suscripta por el macrista Waldo Wolff. Los legisladores acusaron al presidente por los delitos de amenazas y sedición, por sus dichos sobre el fiscal Diego Luciani.
Tal como habían anticipado, diputados de la Coalición Cívica denunciaron penalmente este jueves al presidente Alberto Fernández por sus declaraciones sobre el fiscal Diego Luciani, quien acusa en la causa “Vialidad” a la vicepresidenta Cristina Kirchner.
La presentación judicial se dio en respuesta a la entrevista que dio en TN el jefe de Estado, en la que se refirió a Alberto Nisman e introdujo a Luciani también esa respuesta: “Alentar la idea de que le puede pasar a Luciani lo que le pasó a Nisman… hasta acá lo que le pasó a Nisman es que se suicidó. Espero que no haga algo así el fiscal Luciani”.
Sus declaraciones provocaron el repudio de la oposición y los legisladores referenciados en Elisa Carrió adelantaron que irían a la Justicia.
En la denuncia, los diputados, acompañados también por su par del Pro Waldo Wolff, acusaron al presidente por los delitos de de amenazas y sedición previstos en el Código Penal.
“El análisis completo de la entrevista referida y especialmente las declaraciones temerarias y amenazantes del Presidente de la República, sobre el homicidio del Fiscal Nisman, tienen por objeto impedir la ejecución de las resoluciones de los funcionarios públicos como son los jueces”, que integran el Tribunal Oral Federal N°2, que tiene que resolver sobre la pena para CFK, consideraron.
Además, sostuvieron que esos dichos “representan una clara amenaza contra los fiscales para que no continúen con su tarea de acusación a fin de evitar que formulen cualquier otro impulso del expediente que tienen a su cargo”.
En el escrito, señalaron que se trata de “un claro amedrentamiento a quienes investigan delitos graves contra el poder político”, dado que el presidente es la “persona a cargo de amplios poderes formales que puede materialmente desviar”.
Por otra parte, recordaron: “Es importante mencionar que el actual ministro de Seguridad de la Nación es Aníbal Fernández, Secretario General de la Presidencia de la Nación al momento del magnicidio del fiscal Nisman. Quien en su oportunidad hemos pedido que se investigue su rol en aquellos hechos”.
La denuncia, firmada por Juan Manuel López, Maximiliano Ferraro, Paula Oliveto, Mariana Zuvic y Waldo Wolff, recayó en el Juzgado Federal N°6 a cargo del juez Daniel Rafecas. Intervendrá el fiscal Ramiro González.
El diputado se refirió al apoyo que los miembros del oficialismo le dieron al presidente de la comisión, Leopoldo Moreau, tras la denuncia que recibió por pedir información en una causa que involucra a dos sindicalistas de Camioneros.
El diputado nacional Eduardo Valdés (FdT) denunció que “el macrismo y los medios” buscan “desprestigiar” a la Bicameral de Inteligencia, tras la reunión que mantuvo la comisión y en la cual los miembros del oficialismo que la conforman respaldaron todo lo actuado por su presidente, el diputado Leopoldo Moreau. El texto no contó con la firma de la oposición de Juntos por el Cambio.
La decisión de brindar apoyo al titular de la bicameral surgió luego que Moreau fuera denunciado por pedir información en una causa que involucra a dos sindicalistas del gremio Camioneros, que están acusados por supuesta extorsión a distribuidoras del municipio de San Pedro.
“Moreau empezó siendo diputado junto con la Democracia. Nunca tuvo una denuncia penal en su contra. Ahora, por meterse a investigar una denuncia que hace el abogado de Camioneros, se come tres denuncias en un día. Hay un sector muy vinculado a Macri que busca desprestigiar a la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia, desde que tomamos declaración a Majdalani”, sostuvo Valdés en diálogo con El Destape Radio.
En ese sentido, explayó: “En la Bicameral de Inteligencia aprobamos por consenso todo lo actuado por el presidente. Su actuación está ratificada además por el fallo del juez de San Nicolás. Hablamos de un espionaje ilegal que se hizo en un expediente reservado sobre dos dirigentes de Camioneros, donde se interceptaron sus diálogos con su abogado. En lo que hace al expediente reservado, que tanto le ha molestado a Santoro, Winazky, Arietto, el juez le dio la razón a Moreau para que se haga una investigación en la procuración general de la Provincia de Buenos Aires”.
Además, Valdés dio a conocer algunos detalles sobre la actividad del cuerpo parlamentario: “Todas las acciones que tomó la Bicameral fueron con acuerdo político. Arribas fue a declarar porque hubo agentes de inteligencia que dependían de él, que declararon que quienes pidieron poner cámaras en las reuniones donde se habló de la Gestapo antisindical fueron Arribas y Majdalani. Abajo de ellos, estaban todos los espías de la banda Super Mario Bros. Ningún espía es suicida, actúan por órdenes de superiores”.
“¿Quién le dio las órdenes a Arribas y Majdalani? Se llama Mauricio Macri. Cada vez que el expediente llega cerca de Macri, le sacan la causa y la mandan a Comodoro Py”, analizó.
Para concluir, Valdés se refirió al rol de los medios de comunicación y apuntó contra la Corte Suprema: “Llama la atención la actividad que está teniendo el periodista Santoro para desprestigiar la actividad de la Bicameral. Desde que Rosatti tomó el control de la Corte y del Consejo de la Magistratura, vemos un renacer de los grupos mediáticos poderosos para desprestigiar toda posibilidad de investigación”.
A instancias del radical Pedro Galimberti quien argumentó en su denuncia que el magistrado entrerriano Edgardo Alonso “actuó sin fundamento para justificar su competencia e irrumpir de manera irregular en la ejecución de la sentencia firme dictada por dicho Tribunal”.
En una presentación realizada ante el Consejo de la Magistratura de la Nación, el diputado nacional Pedro Galimberti (UCR – Entre Ríos) solicitó la apertura de un procedimiento de remoción del juez Edgardo Alonso, titular del Juzgado Federal Nº 2 de la ciudad de Paraná, como así también la suspensión del mismo, tal como lo establece el artículo 114 inc. 5 de la Constitución Nacional.
El pedido se realiza con motivo de la actuación del magistrado en el marco de la causa “Casaretto, Marcelo Pablo c/ Cámara de Diputados de la Nación y otro s/Amparo Ley 16.986”, por intermedio de la cual Alonso, el pasado 12 de abril, dictó una medida interina que ordenaba a las Cámaras de Diputados y Senadores de la Nación, a través de sus respectivos Presidentes, que se abstuvieran de designar nuevos integrantes del Consejo de la Magistratura, medida que a los pocos días fue dejada sin efecto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, declarándola nula y calificándola de “alzamiento contra el Máximo Tribunal del país”.
La medida precautelar, como se recordará, fue solicitada por el diputado nacional Marcelo Casaretto en el marco de una acción de amparo promovida ante el denunciado, en el contexto en el que los estamentos del Consejo de la Magistratura de la Nación estaban en proceso de dar cumplimiento a lo ordenado en fecha 16 de diciembre de 2021 por la Corte Suprema de Justicia.
En este sentido Galimberti entiende y comparte, con el criterio de la Corte, que Alonso actuó sin fundamento alguno el título para justificar su competencia e irrumpir de manera absolutamente irregular en la ejecución de la sentencia firme dictada por dicho Tribunal.
“Como vemos, la contundencia de esta sola afirmación resulta suficiente, para someter al magistrado denunciado al proceso de remoción”, expresó el legislador en la presentación, que calificó la situación de un “absurdo jurídico”.
Este “error judicial inexcusable” es, a juicio de Galimberti, causal de mal desempeño y amerita la sanción de remoción, ya que no cabe duda que la conducta de Alonso atentó contra la propia organización del Poder Judicial.
En la presentación se cita, además, como fundamento, una segunda causal, que es la de negligencia grave en el ejercicio del cargo, por no tener su despacho al día; y una tercera, que es haber puesto la jurisdicción al servicio de profesionales que representaban a integrantes de las fuerzas de seguridad domiciliados fuera de la provincia de Entre Ríos entre 2008-2013.
Se trata de la legisladora Marcela Campagnoli quien sostuvo que “el ciclo es vulgar”. Diputados de Juntos por el Cambio acompañaron la denuncia.
La diputada nacional Marcela Campagnoli (Coalición Cívica- Buenos Aires) denunció por “contenido sexual y grosero”, ante la Defensoría del Público, al programa “La puta ama”, conducido por Florencia Peña y emitido por América TV.
La acusación de la legisladora se suma a las críticas que recibió la conductora por el contenido y el lenguaje utilizado al aire. La denuncia apunta particularmente a los “chistes” que realizó la artista durante los primeros dos programas.
“En el colegio se reían mucho de mí y me volvieron puta… y ahí me quedé”, dijo la conductora del programa y la legisladora consideró que estos dichos “no solo fomentan el bullying en cualquier nivel, sino que expone a las víctimas a que deban soportar y someterse a la voluntad de sus abusadores”.
Campagnoli alegó: “Entendemos que la libertad expresión no puede ser considerada como absoluta, de tal modo que transgreda otros principios y derechos garantizados por la ley, la Constitución Nacional y los derechos y garantías consagraos en tratados con jerarquía constitucional”.
Además, en el escrito se resalta la importancia que Florencia Peña sea “comunicadora social y una influyente artista”. “Nótese que Peña hace alusión a que, si no es de su gusto el contenido del programa que conduce, pueden efectuarle felaciones”, resaltó la diputada en la denuncia, por lo que concluyó: “Yo no le voy a decir a Florencia Peña qué contenido poner en su programa, pero se puede entretener, hacer humor incluso hablar de sexo sin ser grosera ni tan explícita desde lo gestual y lo vulgar”.
El documento fue acompañado por otros diputados de Juntos por el Cambio tales como Alejandro Finocchiaro, Soher El Sukaria, Ana Clara Romero, Adriana Ruarte, Gustavo Hein, Alberto Asseff y Carlos Zapata.
El diputado del Frente Pro Waldo Wolff y concejales hicieron la presentación judicial. Además, buscarán interpelar al jefe comunal.
Tal como lo había anticipado, el diputado nacional Waldo Wolff (Frente Pro) junto a y concejales de la coalición de la oposición presentaron una denuncia en la Justicia Federal contra el intendente de Morón, Lucas Ghi, por los polémicos folletos que lanzó el municipio a través de los cuales daba recomendaciones sobre el consumo de drogas durante el festival El Minga.
La presentación de Wolff en la Justicia fue en su “carácter de diputado de la Nación”, en cuya denuncia calificó como “graves hechos” que “habrían sido perpetrados por el intendente de la Municipalidad de Morón, Lucas Hernán Ghi, y demás funcionarios municipales”.
El legislador que integra el interbloque de JxC mencionó en la denuncia que “a través de distintos medios de comunicación, funcionarios de la intendencia de Morón reconocen la autoría de la campaña y no se arrepienten de su contenido ni de la forma en que se publicita el consumo de sustancias prohibidas por la ley 23.737″.
En la presentación planteó que “la campaña dirigida por el intendente Ghi no tiene el propósito de prevenir el consumo de estupefacientes, sino de difundir públicamente su uso”.
En los folletos que se repartieron y que fueron publicados en la cuenta de Instagram de la Dirección de Políticas para Juventudes de Morón recomendaban: “Cocaína, pastillas, tomá poquito para ver cómo reacciona tu cuerpo”, entre otras sugerencias.
“Si vas a consumir, acordate de estos consejos”, y entre las recomendaciones indicaron: “Porro, conseguilo de fuentes confiables”, la palabra “prensado” tachada, y luego: “Mejor flores”.
El senador presentó este jueves una denuncia en los tribunales de Comodoro Py contra la presidenta de la Cámara alta y la acusó de “inobservancia de los deberes de funcionario público”.
El senador nacional Luis Juez (Frente Pro – Córdoba) se presentó este jueves por la mañana en los tribunales de Comodoro Py para denunciar a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, por la maniobra que armó desde el Senado de dividir su bloque en dos para poder meter un legislador afín en el Consejo de la Magistratura.
“Denuncio a la Sra. Cristina Fernández de Kirchner en tanto como presidenta del Senado de la Nación, incurrió en el delito de inobservancia de los deberes de funcionario público peticionando al Señor Procurador Fiscal promueva la acción penal pública que corresponda”, sostuvo Juez en la presentación que radicó ante el fiscal federal Guillermo Marijuan.
En declaraciones a Infobae, Juez sostuvo: “Vengo a denunciarlo en la fiscalía de Marijuan, que está de turno, porque él intervino en una denuncia que me hicieron a mí en la época del kirchnerismo. Así como en su momento le pedí que me investigara hasta que fui sobreseído, vengo a denunciar para que investiguen esta situación”.
La denuncia penal del senador del Pro contra Cristina fue posterior a otro escrito que había presentado junto a su colega del Humberto Schiavoni en el fuero Contencioso Administrativo en el que buscaban anular la designación del senador kirchnerista Martín Doñate por las presuntas irregularidades en la designación.
El cargo le correspondía a Juez por ser parte de la segunda minoría, pero la presidenta del Senado partió el bloque del Frente de Todos para que se lo quede Doñate.
En el descargo, el legislador del Pro apunta contra la vicepresidenta por no cumplir con la ley: “Comparezco a los efectos de formular denuncia penal en contra de la Presidenta del Honorable Senado de la Nación, Dra. Cristina Fernández de Kirchner, en virtud del haber incumplido la nombrada, la ley 24.937, en tanto obliga a la misma a comunicar al Consejo de la Magistratura, a quien resulte, el Senador propuesto para integrar el Consejo, en nombre del bloque de la segunda minoría, y a propuesta de tal bancada”.
En tanto, explica que Cristina debería haberlo propuesto a él y no a Doñate y hace un repaso de cómo estaba compuesto el Senado. “El 10 de diciembre del 2021, se configuró una composición del Senado donde el mayor número de legisladores se agruparon en el bloque parlamentario al cual se denominó Frente de Todos”, arranca.
“La Unión Cívica Radical, por número de Senadores, quedó como primera minoría parlamentaria. El Partido Pro, al ser tercero en cantidad de integrantes, se erigió como segunda minoría”, agrega y concluye: “Ese cuadro, refleja la voluntad popular expresada en las urnas en el mes de noviembre del 2021, y ningún artilugio retorcido puede quebrar aquello que el electorado libremente decidió”.
Diputados de la Coalición Cívica denunciaron ante la Justicia porque la vicepresidenta “por la posible comisión de los delitos de defraudación en perjuicio de la administración pública, malversación de fondos y peculado de uso”.
Los diputados nacionales de la Coalición Cívica, Mónica Frade, Maximiliano Ferraro y Paula Oliveto, denunciaron penalmente a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, por haber hecho el año pasado 21 vuelos con la flota presidencial a Santa Cruz y gastado más de 14 millones de pesos. La mayoría de los viajes fueron por motivos personales.
La denuncia involucra también al presidente, Alberto Fernández, y al secretario general de presidencia, Julio Vitobello, por los delitos de malversación de caudales. La misma recayó en el juez Marcelo Martínez de Giorgi y la fiscalía de Gerardo Pollicita.
La denuncia penal es “por la posible comisión de los delitos de defraudación en perjuicio de la administración pública, malversación de fondos y peculado de uso”, y tiene base en los 21 viajes realizados por la vicepresidente con la “Flota Aérea Presidencial” (en 4 de ellos, fue contratada la aeronave Learjet 60, matrícula LV-BTA, perteneciente a YPF S. A.) que la trasladaron desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta las ciudades de El Calafate y Río Gallegos.
“La mayoría de estos viajes fueron motivados por razones personales, y solo dos tuvieron relación con actividades de la agenda oficial, cuando la vicepresidente estuvo a cargo del Poder Ejecutivo. En general, los vuelos coinciden con fines de semana largo, semana santa, o navidad y año nuevo. Solo dos revisten carácter de gestiones oficiales”, destacó Frade.
A su vez, remarcó: “No cabe duda de que la vicepresidente hizo un uso abusivo, pero, por sobre todas las cosas, ilegal de los aviones de la flota presidencial que se encuentran a exclusiva disposición del Poder Ejecutivo”.
Y también, Frade denuncia al jefe de Estado dado que “esa malversación no puede consumarse con la sola aspiración de la señora Fernández de Kirchner, por cuanto requiere la autorización de quien dispone del bien, bajo cuya esfera se encuentra en custodia. Desde luego, este no es otro que el propio titular del Poder Ejecutivo, Alberto Fernández”.
El intendente radical de la ciudad de Venado Tuerto cuenta con custodia policial en su domicilio luego de denunciar a quienes promueven el narcotráfico en la provincia de Santa Fe. Desde el Foro repudiaron la situación.
A través de un comunicado, desde el Foro Nacional de Intendentes de la Unión Cívica Radical expresaron su repudio “con énfasis” la situación que debe enfrentar el intendente de la ciudad de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe, Leonel Chiarella, y manifestaron su “total solidaridad con él”.
“Desde su actividad como concejal, y más aún desde que fue electo intendente, denunció públicamente y en especial ante la justicia, a quienes promueven el narcotráfico y la violencia en su ciudad”, explicaron desde el Foro y destacaron la acción como “valiente y decidida”.
En ese marco, agregaron que “mediante investigaciones llevadas adelante por el Ministerio Público de la Acusación de la provincia de Santa Fe, se ha tomado conocimiento que podría ser víctima de un ataque a su casa, acción promovida por un narcotraficante desde la cárcel, motivando esto que tenga custodia policial permanente”.
“Por todo esto, y ante la gravedad de lo sucedido, solicitamos a la Justicia de su provincia, caiga con todo el peso de la ley sobre los responsables y al Gobierno provincia de Santa Fe, brinde la seguridad que necesita nuestro colega Leonel y su familia, para vivir y realizar su actividad con tranquilidad”, concluyeron.
Así lo informó a través de un comunicado la Fundación Apolo, cuyo equipo legal realizó la denuncia contra la funcionaria por “suspender el derecho de acceso a la información pública”.
La Fundación Apolo dio a conocer a través de un comunicado que su equipo legal denunció este lunes a la flamante titular de la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), Beatriz De Anchorena, por los “delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad”, a raíz de una “prórroga excepcional” que estableció apenas asumió el cargo.
En la presentación, que lleva la firma de los abogados José Lucas Magioncalda, Juan Martín Fazio y Juan Pablo Pane, se imputa a la denunciada la “posible comisión de los delitos previstos en los arts. 248 y 249 del Código Penal, en razón de que De Anchorena dictó la resolución 2022-1-APN-AAIP por la cual estableció una prórroga excepcional de los plazos de los procedimientos administrativos en la Ley 27.275 de acceso a la información pública, cuyo vencimiento opere entre el 10 de marzo y el 10 de abril del 2022”.
Los denunciantes cuestionan que la flamante funcionaria “haya suspendido plazos creados por ley, mediante una mera resolución administrativa”, lo cual a criterio de los abogados de la Fundación Apolo “constituye un verdadero disparate”.
En el escrito de la denuncia, además, se sostiene que: “El artículo 1° de la Ley 27.275 establece para la materia que nos ocupa, entre otros, el principio de máxima premura: la información debe ser publicada con la máxima celeridad y en tiempos compatibles con la preservación de su valor”.
“¿Qué utilidad tendría para un ciudadano recibir la información pública solicitada si, a causa de una ilegítima prórroga, prescriben los plazos para accionar contra ilícitos administrativos o penales de funcionarios públicos? ¿Qué utilidad tendría la información obtenida luego de una prórroga ilegítima, si se vuelve inútil por desactualizada, la información obtenida por un ciudadano, ya sea para controlar al poder o para tomar decisiones sobre su propia vida?”, preguntaron los denunciantes.
La Fundación Apolo, a través del responsable de su equipo legal Magioncalda, ya había cuestionado a De Anchorena en la audiencia pública previa a su designación, al considerar que carecía de idoneidad profesional y moral.
La causa, que lleva el número 873/2022 quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 7, a cargo de Sebastián Casanello.
La denuncia fue realizada por la diputada Marcela Campagnoli por la “posible comisión del delito de violación de los deberes de funcionario público”.
La diputada nacional Marcela Campagnoli (Coalición Cívica – Buenos Aires) presentó este miércoles una denuncia contra la directora ejecutiva del PAMI, Luana Volnovich, por la “posible comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público”, luego de conocerse que más de 200 trabajadores pasarán a planta permanente, algunos sin haber terminado el secundario, algo exigido por la ley de ingreso al Estado y empleo público.
Por su parte, desde la obra social de jubilados y pensionados aclararon que deberán regularizar su situación y mientras tanto seguirán como monotributistas. “Será reservado su puesto por un término de hasta 365 días corridos”, señaló el texto oficial.
En ese contexto, la dirigente de la CC-ARI señaló: “No sería la primera irregularidad en la que incurre la directora ejecutiva del PAMI”, y contó: “Con anterioridad hemos hecho un pedido de informe debido a las múltiples contrataciones (más de 470) que se hicieron durante la pandemia”.
Dentro de esta última denuncia, resalta que “se ha alterado el orden de transparencia y se busca dar puestos de empleo permanente por un medio que no resulta ser el idóneo” y que “se ha violado el principio de igualdad en el acceso a la función pública”, según se presentó ante la justicia.
Para Campagnoli, el argumento de Volnovich “carece de fundamentos jurídicos, siendo únicamente la justificación a una flagrante violación de los deberes que tiene a su cargo”, por lo que pretende que se investigue a fondo lo sucedido.
“Nuestros abuelos merecen personal idóneo para ser atendidos, seguidos, visitados”, explicó la diputada. “Hay que terminar con la improvisación en reparticiones tan caras a la condición humana como lo es el PAMI”, sentenció.
Cabe recordar que en el mes de enero la funcionaria camporista estuvo envuelta en otra polémica, ya que se fue de vacaciones al Caribe junto a Martín Rodríguez -segundo en el organigrama del PAMI- hecho que fue denunciado por la diputada Graciela Ocaña.
Los diputados afirmaron que la movilización del 1° de febrero es “un ataque a la democracia” y que esta “organizada y/o auspiciada por las más altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional”.
A pocos días la marcha organizada por dirigentes kirchneristas contra los jueces de la Corte Suprema, diputados de la oposición denunciaron ante la Organización de Estados Americanos (OEA) la existencia de “actos que constituyen violaciones a elementos esenciales de la democracia representativa”.
La carta, firmada por el bloque de la Coalición Cívica en la Cámara de Diputados, está dirigida al titular de la OEA, Luis Almagro, en la que manifestaron que “el Poder Ejecutivo nacional y los senadores de la nación integrantes del partido de gobierno (Frente de Todos) se encuentran desarrollando un conjunto de maniobras que tienen por objeto coartar la independencia del Poder Judicial de la Nación a fin de adecuarlo a sus intereses personales y políticos, atentando así contra su normal funcionamiento”, lo cual configura un “avasallamiento al Poder Judicial” y una “alteración al orden constitucional”.
A lo largo del texto, repasaron la situación judicial de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y destacaron las declaraciones del piquetero Luis D’Elía, uno de los referentes de la convocatoria: “Queremos que se vayan y no vuelvan nunca más. No hay que echar a patadas a nadie, no necesitamos acudir a la violencia porque nos asiste la razón y la verdad. Son los que consolidaron la persecución política en nuestro país. Por eso creemos que hay que barajar y dar de nuevo”.
En ese sentido, también revelaron las declaraciones de apoyo a la movilización realizadas por el secretario de Justicia, Martín Mena, y la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño, y los análisis sobre el funcionamiento de la Corte hechos por el presidente Alberto Fernández y el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández.
Por ese motivo, los legisladores sostuvieron: “Estamos en presencia de una marcha que tiene claros indicios de ser organizada y/o auspiciada por las más altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional, con el único fin de presionar a los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que renuncien”.
Como conclusión, los diputados plantearon: “En virtud de lo expuesto, y teniendo en cuenta la magnitud de los acontecimientos narrados en esta carta, acudimos a la Organización de los Estados Americanos. Una vez más y le solicitamos se tenga por formulada esta presentación en los términos y con los alcances de la Carta Democrática”.
“La asistencia de la OEA que solicitamos es la misma que la realizada en las misivas de fecha 11 de junio del 2020 y 17 de septiembre de 2020, a los fines de hacer un seguimiento de la situación que denunciamos con la finalidad de que ese seguimiento preserve la institucionalidad democrática en la Argentina y evite mayores riesgos en su proceso político”, concluyeron.
La carta lleva las firmas del presidente del bloque Coalición Cívica Juan Manuel López, y de los diputados Marcela Campagnoli, Carolina Castets, Maximiliano Ferraro, Mónica Frade, Rubén Manzi, Leonor Villada, Paula Oliveto, Mariana Stilman, Mariana Zuvic.
CARTA-A-LA-OEA-enero-2022La encargada fue la diputada del Pro Graciela Ocaña quien los acusó de “irresponsabilidad e inhumanidad” porque “dejaron a la deriva a millones de jubilados que necesitan una respuesta”.
En el marco de la polémica por el viaje de vacaciones que realizaron la titular del PAMI, Luana Volnovich, y su subdirector, Martín Rodríguez, a una isla del Caribe mexicano, la diputada nacional Graciela Ocaña (Pro – Buenos Aires) los denunció penalmente por “incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y malversación de caudales públicos, entre otros cargos”. La denuncia recayó en el juzgado de Luis Rodríguez.
La denuncia se da en momentos en que el Gobierno busca dar por cerrado el escándalo surgido de la fotografía que se difundió días atrás, donde se ve a Volnovich y Rodríguez juntos en un bar de la isla de Holbox.
En tanto, la legisladora se refirió a las vacaciones de ambos funcionarios como una “escapada romántica” y consideró que generó una situación de “acefalía” en la obra social de jubilados y pensionados por la que se podría haber visto afectada la prestación de servicios a los afiliados.
Ocaña subrayó que se trata de “un hecho escandaloso que tendría serias consecuencias en la vida real ya que la acefalía de una obra social como el PAMI, que brinda servicios de salud a millones de jubilados, repercute seriamente en el modo y el tiempo y forma en que los beneficiarios reciben las prestaciones, que, dicho sea de paso, en algunos casos revisten cuestiones de vida o muerte”.
Respecto de la foto de ambos, la diputada indicó: “La situación que he descripto no merecería ninguna observación particular, siempre y cuando se tratase de dos simples ciudadanos disfrutando de sus vacaciones, pero esta circunstancia no se corresponde al caso en particular ya que se trata de dos funcionarios públicos, designados mediante decreto presidencial”.
En el escrito, Ocaña consideró que Volnovich “obró como mínimo con falta de diligencia y falta de responsabilidad, por viajar de forma simultánea al exterior con el segundo a cargo de dicha institución”.
La denuncia indica que “el comportamiento desplegado por los funcionarios viola expresamente la disposición contenida” en el “Decreto de Necesidad y Urgencia 02/2004 que establece la modalidad de gobierno del INSSJP-PAMI”.
Se trata de la norma que dispone que el PAMI estará gobernado por un director ejecutivo y un subdirector ejecutivo que debe reemplazar en sus funciones al primero cuando aquel no pudiere.
“Actuando con total desprecio por las normas que reglamentan el ejercicio de su cargo y por el bienestar de los afiliados, optaron por realizar este viaje juntos para disfrutar las playas del caribe mexicano sin importarles las consecuencias”, señaló la legisladora del Pro en su denuncia.
En los últimos días, trascendió en los medios que el presidente Alberto Fernández había decidido ratificar en su cargo a Volnovich y meditaba la posibilidad de desplazar a Rodríguez como subdirector, pero finalmente decidió mantener a los dos funcionarios y dirigentes de La Cámpora en sus puestos.
El macrista Waldo Wolff pidió a la Justicia que se investigue si el canciller estaba al tanto de que el iraní acusado del atentado a la AMIA participaría de la asunción de Daniel Ortega.
La presencia del iraní Mohsen Rezai, acusado del atentando a la AMIA, en el acto de reasunción de Daniel Ortega en Nicaragua, al que también asistió el embajador argentino en ese país, Daniel Capitanich, levantó el repudio desde diferentes sectores y los reclamos de explicaciones por parte de la oposición.
Pero además, este miércoles el diputado nacional Waldo Wolff (Pro) presentó una denuncia penal contra el canciller Santiago Cafiero, para que se investigue si conocía o no con anterioridad que Rezai iba a estar presente en ese acto.
En el texto, el macrista recordó que, días previos al evento, Capitanich dijo en declaraciones a La Prensa que “asistirá alguien del ámbito del Gobierno”, pero no podía confirmar cuál persona.
Sin embargo, el día 10 no se presentó ningún enviado a la toma de posesión de Ortega. “Este cambio de posición podría encontrarse motivado en el conocimiento previo del Gobierno argentino sobre quienes concurrirían al acto, pues es costumbre protocolar que los Estados se informen esos datos antes de un evento de tal magnitud”, señaló el legislador de Juntos por el Cambio en la denuncia a la que accedió parlamentario.com.
En esa línea, subrayó que sí “nuestro país se encontró representado oficialmente” por Capitanich, “quien a pocos metros del podio pudo ver como Mohsen Rezai -presentado oficialmente ante la audiencia- era invitado a subir al escenario y aclamado por los concurrentes, para tomarse fotos junto a Ortega, (Nicolás) Maduro y (Miguel) Díaz Canel“.
Wolff apuntó que “Capitanich, cumpliendo su función de embajador -asistió a la ceremonia en ese rol- representa oficialmente a nuestro país ante el gobierno de Nicaragua. En cumplimiento de ese cargo tenía el deber de denunciar, ante el gobierno de Nicaragua, la presencia de un prófugo de la Justicia argentina con orden de captura internacional y alerta roja de Interpol, señalado de haber participado en el mayor atentado terrorista sufrido por nuestro país“.
“Pero no lo hizo. Es decir, ilegalmente omitió o rehusó hacerlo, conociendo quien era el invitado que él tenía a pocos metros, en un acto oficial donde representaba al gobierno argentino. Y sabía quién era Mohsen Rezai pues fue presentado oficialmente ante los concurrentes al acto”, agregó en la denuncia que recayó en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°7, a cargo de Sebastián Casanello.
Ante el hecho, el diputado opositor pidió que se investigue “si nuestro canciller, Santiago Cafiero, fue previamente informado por el Gobierno de Nicaragua sobre la presencia de Mohsen Rezai en la ceremonia de asunción del presidente Ortega; y si esa fue la razón por la cual el gobierno de nuestro país decidió no enviar una delegación”.
“De haber sido previamente informado -como ocurre habitualmente, ante actos oficiales de esa envergadura- o durante el acto propiamente dicho -el día 10 de los corrientes-, por parte de nuestro embajador Capitanich; a nuestro entender Santiago Cafiero podría ser considerado co-autor del delito previsto y reprimido por el artículo 249 del Código Penal”, que prevé sanciones para el funcionario público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto de su oficio.
Además, el legislador del Pro añadió que “en ese supuesto, el repudio posterior de la Cancillería confirma la presencia de la tercer modalidad omisiva prevista por el artículo 249 del CP, pues se ‘retardó’ un acto propio del oficio; sin saber si Rezai aún permanece en Nicaragua o cuando partió de ese país y con qué destino, pues el repudio se da cuando el formal pedido de detención -al Gobierno que sea- no se cumple o el imputado abandona el país anfitrión; no antes”.
El ex presidente había dicho en una entrevista que “para ganar plata hay que evadir impuestos”. La legisladora lo denunciará en la Justicia y reclamó que los “delincuentes de guante blanco dejen de ser tratados con doble vara por el poder judicial, y que paguen los impuestos que tienen que pagar”.
La diputada nacional Fernanda Vallejos adelantó que la semana próxima realizará una presentación en la Justicia contra Mauricio Macri por apología del delito, luego de que el expresidente haya dicho que “para ganar plata hay que evadir impuestos”.
“Creo que es imperioso llamar a las cosas por su nombre. Macri está, lisa y llanamente, haciendo apología del delito”, cuestionó Vallejos. “Me avergüenza, como argentina, que un ex presidente avale e, incluso, incite a la comisión de delitos claramente tipificados en nuestro código penal, como es el caso de la evasión fiscal y la evasión fiscal agravada, contemplados en la Ley Penal Tributaria”, puntualizó.
“Es de una enorme gravedad y creo que es imprescindible que no naturalicemos este discurso que va contra el Estado y contra bienes jurídicos que debemos proteger, en este caso, la recaudación. Sé que muchas veces, tratándose de ciertos personajes, no sorprende porque Macri históricamente se ha manejado por fuera de los márgenes de la ley, es la forma como ha hecho su fortuna este grupo económico”, enfatizó Vallejos.
En tanto, Axel Kicillof también se manifestó al respecto. El gobernador bonaerense planteó si lo dicho por Macri “no es más o menos incitar a un delito”. “La verdad que decir eso solamente habla de su experiencia personal”, subrayó. “En primera persona tal vez está hablando o confesando que se enriqueció con alguna de estas cuestiones”, dijo el mandatario en una entrevista con C5N. Y agregó que “de parte de un expresidente y de un dirigente político, es algo muy deplorable”.
En declaraciones al canal La Nación+, el miércoles pasado, Macri dijo que “nadie va a venir a invertir en un país que para ganar plata hay que evadir impuestos”. Agregó que “hoy, nadie que pague todos los impuestos en la Argentina puede tener un retorno sobre su capital”.
Vallejos recordó que el Código Penal (artículo 213) establece que “será reprimido con prisión de un mes a un año, el que hiciere públicamente y por cualquier medio la apología de un delito o de un condenado por delito”.
Asimismo, la Ley 24.769 de Régimen Penal Tributario reprime, para los casos de evasión simple, con prisión de dos a seis años a quien “mediante declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas o cualquier otro ardid o engaño, sea por acción o por omisión, evadiere total o parcialmente el pago de tributos al fisco”. Mientras que para delitos tributarios de evasión agravada, eleva la pena de entre tres años y seis meses a nueve años de prisión.
“Se trata de que los que se creen ‘vivos’, como Macri, pero que no son más que delincuentes de guante blanco dejen de ser tratados con doble vara por el poder judicial”, alertó Vallejos. “Y que paguen los impuestos que tienen que pagar, para que, de esa manera, podamos avanzar en sistemas más progresivos y liberar de cargas a los que menos tienen, porque esos recursos los tienen que aportar justamente aquellos a los que Macri invita a evadir”, concluyó la economista.
El diputado de Juntos por el Cambio denunciado por Florencia Peña por un tuit considerado “misógino” también fue a la justicia. Su estrategia fue autodenunciarse.
Ante el pedido de suspensión inmediata del Parlamento y la denuncia penal realizada por la actriz Florencia Peña, el diputado bonaerense Waldo Wolff (Juntos por el Cambio) no se quedó quieto y se autodenunció este jueves en la justicia sin dejar de cuestionar al Gobierno nacional: “El kirchnerismo es fascismo”.
En declaraciones a radio Rivadavia, Wolff, quien fuese vicepresidente de la DAIA, señaló: “El kirchnerismo es fascismo. Tenemos un presidente de la Nación -Alberto Fernández- que tiene tuits aberrantes, que le pegó a un señor borracho en el piso, patadas, y está en un video. Tenemos un Procurador del Tesoro de la Nación -Carlos Zannini- que falsificó la declaración jurada para ponerse una vacuna”.
“¿Me quieren juzgar a mí porque no les gusta un tuit? No hay problema. Lo que está en tela de juicio es la libertad de expresión”, arremetió.
Por eso, el diputado de Juntos por el Cambio señaló: “Me acabo de auto denunciar en doce fueros. Primero en la Justicia Penal porque Florencia Peña me denunció, pero (Fernando) Burlando puso mal mi nombre. Puso Walter en lugar de Waldo”, apuntó.
“Ella dice que yo tuve expresiones misóginas, cosa que es imposible para con ella, porque el tuit que está en la picota ocurrió el 27 de julio y lo de las visitas a Olivos fue el 28 de julio”, manifestó el diputado.
También aclaró que fue “un tuit despersonalizado” en el que no tuvo ninguna “referencia sexual ni de género ni misógina”.
“Es mentira, es una operación de prensa de Florencia Peña. El objetivo es ocultar lo que pasó. Que no se hable de lo que pasaba en Olivos. Quieren que se desvíe el foco, por eso salieron la CGT, el bloque oficialista que pidió la expulsión de Fernando Iglesias. Yo pedí que evalúen también mi expulsión”, manifestó el legislador nacional.
Un oficio firmado por el abogado Fernando Burlando ingresó a la Cámara de Diputados. Conocé la denuncia.
Luego del pedido de mujeres legisladoras del Frente de Todos con Gabriela Cerruti como abanderada, ahora el reclamo de “suspensión inmediata” y el “inicio de proceso de desafuero” para los diputados de Juntos por el Cambio Fernando Iglesias y Waldo Wolff fue presentado por la propia actriz Florencia Peña mediante un oficio presentado este jueves en mesa de entrada de Diputados, por su abogado Fernando Burlando.
“Solicitamos a ese honorable cuerpo que proceda a su inmediata suspensión”
Esta solicitud llega luego de que Peña radicara una querella criminal ante el Fuero Federal de la ciudad de Buenos Aires, contra los diputados nacionales Iglesias y Wolff al considerar que “los funcionarios legislativos han cometido graves hechos de violencia psicológica, simbólica, mediática e institucional contra la mujer, en clara contradicción con los expresos deberes de actuar”.
“Implica un hecho de tremenda gravedad institucional“
“Dada la naturaleza de los hechos que se les imputan y la flagrante actividad ilícita de los nombrados que resulta de público y notorio, solicitamos a ese honorable cuerpo que proceda a su inmediata suspensión, de acuerdo con las prescripciones constitucionales y las circunstancias consideradas en la documentación que se adjunta al presente, disponiéndose el inicio del correspondiente pedido de desafuero a fin de que sean sometidos a la jurisdicción federal, de acuerdo con los delitos que se encuentran manifiestamente acreditados en el sub exámine”, dice el texto dirigido a Massa y que lleva la firma de Burlando.
En la denuncia, se detalla que tras conocerse que Peña visitó la Quinta de Olivos durante la etapa de medidas restrictivas en la pandemia de coronavirus, el diputado Iglesias escribió en Twitter un mensaje el pasado 27 de julio que tenía fotografías de mujeres que realizaron varias visitas a la quinta presidencial por razones laborales, entre las que se encontraba la actriz.
En ese sentido, Iglesias escribió: “Para mí, la señorita iba a ayudarlo a encontrar la perilla que enciende la economía para poner a la Argentina de pie”.
Para Peña y Burlando, el tuit de Iglesias fue “una clara actitud de absoluta misoginia” con “un claro contexto de ironía con una grave connotación sexual”.
También remarcaron que el diputado Waldo Wolff contestó: “Pero ella de rodillas no?”.
“El inicio del correspondiente pedido de desafuero a fin de que sean sometidos a la jurisdicción federal”
En la denuncia sostienen que “realmente, la mgnitud del escándalo, a la luz de las responsabilidad funcional de los sujetos que expresaron semejantes comentarios y los instrumentos internacionales que se encuentran vigentes y a los que ha adherido nuestra república implica un hecho de tremenda gravedad institucional ya que es, en orden a la condición de diputados nacioanles que se encuentran especialmente compelidos al acatamiento de las disposiciones de orden público que surgen de la ley 26.485″.
denuncia-florencia-penaLa titular del Pro se presentó ante la Justicia para accionar contra un falso grupo que solicitan dinero supuestamente para su campaña.
La presidenta del Pro, Patricia Bullrich, presentó una denuncia penal por la existencia de un falso e ilegítimo grupo de Facebook, bajo el nombre “YO APOYO A PATRICIA BULLRICH”.
En dicho grupo impostor se invita a quienes deseen y quieran colaborar en la campaña presidencial de Patricia Bullrich 2023, a hacerlo depositando en una cuenta bancaria. Para ello se facilita el número de CBU de la cuenta a depositar.
Frente a ello Patricia Bullrich además de realizar la denuncia, señala que ella no ha prestado consentimiento para la creación de dicho grupo, ni para la solicitud de dinero, por lo que alertó sobre la existencia del mismo, con la intención de evitar que personas de buena fe puedan ser víctimas de fraudes y engaños.
Y precisó la dirección del grupo denunciado: https://www.facebook.com/groups/557671775078239
El legislador kirchnerista fue quien impulsó la causa y ahora dio explicaciones sobre el tema ante el fiscal Federico Delgado.
El diputado nacional Rodolfo Tailhade se presentó este viernes en la causa abierta por la “autodenuncia” del procurador Eduardo Casal y aportó información relacionada con el presunto enriquecimiento ilícito del jefe de los fiscales.
El legislador explicó que las declaraciones juradas de Casal “presentan inconsistencias que evidencian la pertinencia de abrir una profunda investigación, que persiga el objetivo de establecer si su desmedido crecimiento patrimonial, que se evidencia partir de su designación como procurador general de la Nación interino, está justificado en los términos del art. 268 del Código Penal”.
Entre las inconsistencias encontradas, Tailhade marcó que Casal en tres años compró más de 300.000 dólares, a un ritmo de 8.500 por mes, mientras que en sus 40 años previos en la función pública había acumulado poco más de 100.000. Es notable que sólo en 2017, año en el que asumió como procurador general de la Nación, adquirió la misma cantidad de dólares que en el resto de su vida anterior.
Asimismo, declara acciones en 15 empresas, entre ellas las más beneficiadas por los tarifazos del macrismo, y en el Standard Chartered Bank, un banco que sólo tiene una oficina de representación en Argentina y que se encuentra entre los más sancionados en el mundo por colaborar en el lavado de dinero ilícito y en la fuga de capitales.
El procurador también pasó de declarar 3 propiedades a fines de 2016, a 11 propiedades al final de 2019. Según consigna el propio Casal en sus declaraciones juradas, las ocho propiedades que incorporó en estos tres años fueron producto de “herencia”. “Este crecimiento exponencial de propiedades inmuebles debe ser examinado con mucho detalle, y para ello es necesario contar con los expedientes sucesorios aludidos por Casal. De todos modos, no alcanza con verificar solamente si las casas, terrenos, locales y departamentos que ‘heredó’ Casal se encuentran efectivamente informados en la sucesión de sus padres. Aquí hace falta subir un escalón más en el análisis y establecer en que fechas y de qué manera los señores padres del magistrado adquirieron esos inmuebles. Es que corresponde evaluar si se tratan de actos legítimos o simulados, esto es que Casal haya sido el verdadero titular de esas propiedades utilizando a sus padres como prestanombres”, señaló Tailhade en el escrito presentado ante el fiscal Federico Delgado.
Por último, el diputado solicitó que se incorporen a la causa la totalidad de las declaraciones juradas de Casal a partir del año 2013, de modo de estudiar su evolución, y se dispongan las medidas de prueba, especialmente los peritajes contables, requeridas en la presentación.
La denuncia por presunto abuso sexual de su sobrina deberá ser tramitado en la Ciudad de Buenos Aires y no en Tucumán.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación terminó resolviendo el caso de la jurisdicción donde debe ser investigada la denuncia de abuso sexual contra el senador nacional José Alperovich. El Tribunal Superior resolvió que la causa sea tramitada en la Ciudad de Buenos Aires y no en la provincia de Tucumán.
Ello representa un revés para el exgobernador tucumano, que pedía que la investigación se realizara en su provincia. La Corte resolvió que “el recurso extraordinario cuya denegación motivó esta queja no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal, por ello, se la desestima”.
Así las cosas, la causa será tramitada en el juzgado de instrucción N° 35 de esta Capital, a cargo de Osvaldo Rappa.
La causa había sido impulsada por los abogados que defienden a Alperovich, Mariano Cúneo Libarona y Augusto Nicolás Garrido.
El fallo que lleva las firmas de los integrantes de la Corte Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda, atiende la denuncia presentada por una sobrina del senador nacional tucumano, quien sostiene haber sido víctima de siete casos de abuso sexual, dos en la provincia de Tucumán y los otros cinco en Ciudad de Buenos Aires.
La mujer habría sido “violentada sexual, física y psicológicamente desde diciembre del 2017 hasta mayo de 2019”, tal la denuncia por su sobrina, que durante ese tiempo fue asesora de Alperovich en el Senado de la Nación.
Victoria Montenegro hizo una presentación ante la Defensoría del Público, por expresiones formuladas por el periodista.
La diputada porteña del Frente de Todos Victoria Montenegro denunció ante la Defensoría del Público al periodista Marcelo Logobardi, por dichos suyos expresados en radio Mitre este miércoles.
Fue en el marco del tradicional pase que hace con su colega Jorge Lanata, conductor del programa posterior a “Cada mañana”, el de Longobardi. Allí, señala Victoria Montenegro en su presentación, el periodista “hace referencia a que una determinada clase social pone en juego la democracia del país diciendo textualmente ‘ciertos niveles estrafalarios de pobreza estructural hacen cortocircuito con una vida democrática plena, la democracia no es para cualquier país’; agregando que ‘vamos a tener que formatear la Argentina de un modo más autoritario’”.
Ante ello es que la legisladora kirchnerista se presentó ante la defensora del Público, Miriam Lewin, solicitando su intervención. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura porteña resalta precisamente de la funcionaria “su compromiso con la defensa irrestricta de los valores democráticos que estructuran nuestro sistema político y a la espera de su pronta intervención”.
El kirchnerista le endilga al legislador del Pro “enriquecimiento ilícito”. Según expresó a través de las redes sociales, el diputado de JxC un incremento patrimonial de más del mil por ciento.
Fiel a su estilo denunciatorio, el diputado nacional del Frente de Todos Rodolfo Tailhade puso en la mira ahora a un par suyo, de Juntos por el Cambio, claro. El diputado Fernando Iglesias. Lo denunció públicamente, a través de las redes sociales, por supuesto “enriquecimiento ilícito”.
Sin pasar aún por Tribunales para oficializar la denuncia, el diputado de La Cámpora arrancó en Twitter con ironía: “A otro que le fue muy bien con el macrismo es al diputado Fernando Iglesias”, señaló, para afirmar a continuación que “ni bien asumió Macri pudo pagar $450 mil que le había prestado Luis Majul. De enero de 2016 a diciembre de 2019 su patrimonio pasó de $ 836.713,96 a $ 12.250.198,90 (1.364% de incremento)”.
Agregó que “en junio de 2019 compró un Peugeot 4008 Feline 4×4 y un mes después compró un loft de Barracas de 100 m2, que vale 300 mil dólares”. Le sumó a todo esto viajes a Nueva York, Roma, Madrid, Viena, Ginebra, Budapest, Bruselas, Tokio, Brasilia y Montevideo “con viáticos pagados con la tuya”. En rigor, esos viajes fueron oficiales, pagados por la Cámara de Diputados. Fernando Iglesias es actualmente presidente de la Comisión de Mercosur de la Cámara baja.
“No me queda otra que denunciarte penalmente Fernando Iglesias, junto a los malandras del PRO que abren fundaciones, para que le expliques a un juez por qué te enriqueciste cuando todos los argentinos se empobrecieron”, concluyó Tailhade, que esta última semana aseguró que la fundación anunciada por el expresidente Mauricio Macri “no existe”, pues no figura “en la Inspección General de Justicia ni en ninguna dependencia provincial”.
Habitualmente filoso en las redes, Fernando Iglesias contestó con ironía a quienes en Twitter salieron a atacarlo. Y en ese marco dijo tener un patrimonio de 80.000 dólares “en parte por haber laburado 45 años en el sector privado, en parte porque en 2015 se les murió la mamá y les dejó dos departamentitos en Avellaneda”.
Entre otros, salió en su defensa su par Waldo Wolff. “Siempre espalda con espalda con @FerIglesias”, escribió, para agregar luego: “Quienes no saben generar riqueza si no es de manera ilícita creen que el genera en lo privado es como el ladrón, de su condición”.
Se trata de Eduardo Cáceres (Pro-San Juan), quien fue acusado por una dirigente del mismo partido, por agresiones físicas y psicológicas.
El diputado del Pro Eduardo Cáceres, de la provincia de San Juan, fue denunciado por violencia de género por su expareja y dirigente del mismo partido, Gimena Martinazzo, según declaró este jueves en una radio local.
La mujer, que fue candidata a intendenta de Rawson por el Pro en las elecciones pasadas, denunció agresiones físicas y psicológicas y presentó una denuncia ante la Justicia, informó la agencia Télam.
En declaraciones formuladas a la Radio Estación Claridad de San Juan, Martinazzo contó que “la agresión se produjo porque me quitó el teléfono para revisarlo y yo intenté recuperarlo” y agregó: “Ayer hice la denuncia y fuimos al médico legista así que las marcas están acreditadas con fotos”.
Además señaló que “la violencia se viene dando en reiteradas ocasiones, no de manera física, sino de manera psicológica y con un hostigamiento, muchas veces de carácter personal”.
“Ahora tengo los brazos moreteados, la cara un poco lastimada, tengo moretones en las piernas, todo ya está registrado”, dijo la dirigente y relató que lleva “años de una violencia psicológica importante, con hostigamiento, de grabarme, subestimarme, insultos y demás”.
Frente a la denuncia formulada por la dirigente en la Comisaría de la Mujer, Cáceres hizo un descargo por las redes sociales con un video donde negó los hechos y deslizó que la denuncia podría tratarse de una cuestión política ya que la mujer lo sucede en la lista de diputados nacionales.
“Tengo un montón de cosas para haberlo denunciado antes, si fuera por el cargo, como él dice”, respondió la mujer y aseveró que en su decisión “fue determinante la charla con mi hija cuando llegué a mi casa con marcas, ella me vio y estalló en llanto y me dijo ‘si no lo denuncias vos, lo denunció yo’”.
La presentación la hicieron ante la Procuración General de la Nación los diputados nacionales de la Coalición Cívica ARI.
Los diputados de la Coalición Cívica presentaron este martes ante la Procuración General de la Nación una denuncia a través de la cual buscan remover a los fiscales federales que intervienen en la causa de las supuestas maniobras de espionaje que habrían sido practicadas por la Agencia Federal de Inteligencia en tiempos de Mauricio Macri.
La denuncia es contra los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide, quienes llevan adelante la investigación por supuesto espionaje ilegal durante el gobierno de Macri contra dirigentes de toda índole que está radicada ante el juzgado federal de Lomas de Zamora que subroga el magistrado Juan Pablo Auge.
En la presentación hecha por diputados nacionales Maximiliano Ferraro, Juan Manuel López, Paula Oliveto Lago, Mariana Zuvic y Mariana Stilman, se advierte que se cargó en el sistema de gestión del Poder Judicial (Lex 100) información vinculada al ex presidente Mauricio Macri, extraída del celular de su secretario privado Darío Nieto quien está imputado en el caso. Dicha información, señala la presentación, “incluye documentación sensible, como los números de teléfonos personales y laborales; la dirección de su oficina y domicilio particular; la dirección de correo electrónico; su usuario y contraseña de Facebook; su usuario y contraseña de Mercado Libre; el número de CUIT y clave fiscal; y hasta el número de tarjeta de crédito del expresidente”.
El diputado oficialista señaló que, junto a sus pares Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdés, están pidiendo “que se investiguen telefonazos” entre el titular de la Corte, Carlos Rosenkrantz, y Fabián “Pepín” Rodríguez Simón.
El diputado nacional Martín Soria (Frente de Todos) se refirió este viernes a la ampliación de la denuncia contra supuestos “aprietes” a jueces y fiscales por parte de la mesa judicial durante el gobierno de Mauricio Macri.
El rionegrino precisó que, junto a sus pares Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdés, presentaron ante la Justicia “los testimonios públicos del excamarista de Comodoro Py, Sala I, Eduardo Farah” quien “declaró en la Comisión de Acuerdos del Senado y de alguna manera contó como Mauricio Macri y algunos de sus funcionarios lo presionaron, desde lo mediático y lo judicial, por su intervención en una causa que le importaba a la mesa judicial como era OIL Combustibles”.
El legislador recordó que tras el fallo de Farah a favor del empresario Cristóbal López, “el propio Mauricio Macri salió por todos lados a decir que eso no era lo que habían acordado”. “Farah tuvo que renunciar, esconderse, recluirse en otro juzgado federal, es decir, lo corrieron del mapa de la justicia argentina porque no les gustaban sus fallos”, expresó en declaraciones a Radio 10.
Además, Soria dijo que aportaron “pruebas sobre los vínculos que existirían, nada más y nada menos que entre un miembro de la Corte Suprema, el doctor Carlos Rosenkrantz (actualmente presidente del máximo tribunal), y el amigo de toda la vida, el abogado de la familia Macri, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón”.
“Existirían numerosos contactos telefónicos en fechas claves, fechas anteriores a algunos fallos que le interesaban al propio Macri y su gobierno”, denunció y aseguró que se habrían registrado unos “10 contactos telefónicos por día” en la época de movimiento de la causa OIL Combustibles.
El oficialista resaltó que se está “pidiendo que se investiguen telefonazos” y defendió que no se trata solamente de una denuncia de diputados, sino que contiene “testimonios de funcionarios judiciales”.
“Casualmente, gracias a la intervención del camarista (Martín) Irurzun, el mismo que le sacaron la foto con Rodríguez Simón, fue delegada en la jueza (María Eugenia) Capuchetti, que asumió el año pasado”, agregó.
“La falsa denuncia tiene un instigador”, expresó la conducción de UNIR ante la denuncia contra el legislador sobre supuestos “retornos” provenientes de sueldos de empleados del despacho.
La Mesa nacional de Unir rechazó este sábado la denuncia contra su presidente, el diputado nacional Alberto Asseff. Calificando a la misma de “falsa”, la conducción de Unir expresó su “total solidaridad y apoyo sabedores de su honrada trayectoria y sus objetivos de bien para con nuestro país y su ciudadanía”.
“Lo que ha hecho el despacho legislativo del diputado Asseff es acordar con cuatro empleados por él designados que aporten el 10% de sus remuneraciones para transferirlas vía bancaria y transparentemente a diez dirigentes que se ocupan de tareas sociales y políticas. Esas transferencias fueron de $6.000 a $8.000 mensuales con excepción del apoyo a uno de los partidos integrantes de Unir en el interior al que se respaldó con $20.000”, expresó Unir a través de un comunicado emitido a partir de una denuncia en la que se le reprochaba al diputado cobrar “retornos”. Lo cual, expresó el partido de Asseff, “es una gigantesca desfiguración de los hechos, evidentemente con mala fe y ánimo injurioso”.
El partido Unir afirmó que su presidente “no vio ni tocó un centavo”, asegurando que “los aportes de los empleados fueron voluntarios -más allá de que la Carta Orgánica obliga a hacerlos – y directamente transferidos por los aportantes a quienes están destinados, todos dirigentes partidarios, cuatro de ellos dedicados a ayudas sociales en vecindades precarias de Moreno, San Miguel, Mar del Plata y Bahía Blanca”.
En una carta pública difundida este sábado, se expresa: “Que un despacho legislativo organice el apoyo a 10 dirigentes que no pertenecen a la grilla de la Cámara no solo no es ni por asomo corrupción, sino que es un gesto que amerita el aplauso y el respeto de la opinión pública”.
“Lamentamos el penoso papel de algún periodismo que sin dar derecho de réplica ni escuchar la otra voz, la nuestra, haya propalado una noticia falsa. Literalmente haya hecho un chiquero, con resultados inmensurables de más descrédito a la política, de por si largamente desprestigiada. Pareciera que se regocijan tirándose a los pies”, expresó Unir.
Con relación a la filtración de lo que califican como “patraña”, la atribuyen a “la interna de Juntos por el Cambio”, y advierten: “deploramos que se atente contra el mandato de unidad que viene de los votantes -el ya famoso 41%- y que exige la defensa de los ideales republicanos seriamente amenazados al igual que nuestras libertades. No es haciendo zancadillas intestinas como cumpliremos nuestra misión”.
Por último, el partido anticipó que en la semana se iniciará querella penal contra el falso denunciante y la mesa partidaria formalizará su suspensión hasta tanto se pronuncie el Tribunal de Disciplina de Unir”.
Un día después de la movilización registrada el 9 de julio, un abogado presentó una denuncia por “incitación a la violencia”. Apoyos desde JxC.
Un abogado presentó este viernes una denuncia contra la presidenta del partido Pro, Patricia Bullrich, y el diputado nacional Fernando Iglesias, por el cargo de “incitación a la violencia” y “daño agravado”.
El autor de la denuncia es el abogado José Luis Ferrari, quien les atribuye a ambos haber sido convocantes y partícipes de las manifestaciones realizadas el 9 de julio con epicentro en el Obelisco, en donde fueron agredidos periodistas y el móvil de C5N.
Precisamente ante ese canal de noticias, el abogado denunciante sostuvo que “hubo una solapada preparación a romper la cuarentena, ellos desde sus redes, incitaron a la gente para que salieran a marchar”.
Ferrari denunció que las consignas esgrimidas desde la oposición ante los medios y las redes sociales, se incitaba a que la gente saliera y se manifestara de manera violenta.
Ante ello, varios legisladores reaccionaron solidarizándose con Patricia Bullrich e Iglesias, como Waldo Wolff, quien agregó: “El lunes a primera hora me autodenuncio con ellos. No choreen con informes de ciberpatrullaje sin licitación”.
Otros directamente se solidarizaron con Fernando Iglesias por haber sido blanco de duras críticas en las redes sociales sobre todo en los últimos días. “Toda mi solidaridad @FerIglesias ante este hostigamiento brutal.
Un abrazo enorme!”, tuiteó por su parte la diputada radical Karina Banfi, en tanto que el riojano Julio Sahad expresó su solidaridad “con el compañero y amigo @FerIglesias ante las constantes amenazas que se encuentra recibiendo en las diferentes Redes Sociales. La violencia no es el camino hacía el cual tenemos que transitar los argentinos”.
En el mismo sentido se pronunció el presidente del bloque Pro, Cristian Ritondo: “Nada positivo se construye desde el odio. Debemos dejar de lado las agresiones y buscar consensos y puntos en común. Mi solidaridad con Fernando Iglesias por las amenazas que está recibiendo”.
Luego de que el sindicalista pidiera que “Macri sea colgado en la Plaza de Mayo”, Alberto Asseff hizo una presentación en su contra por intimidación pública.
El diputado nacional Alberto Asseff denunció penalmente al extitular de la UOCRA Juan Pablo “Pata” Medina por incitación a la violencia colectiva, instigación pública a cometer delitos e intimidación pública.
Los hechos que denuncia el diputado Asseff ocurrieron el lunes 22 de junio, cuando durante el programa de radio del periodista “Baby” Etchecopar el extitular de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) seccional La Plata realizó amenazas contra el expresidente de la Nación Mauricio Macri.
Medina dijo allí que “en Argentina hace cuatro años que hay pandemia de muerte y falta de trabajo por culpa del gobierno de Macri”. Luego lo tildó de “vendepatria”, y por último pidió que fuese “colgado en la Plaza de Mayo”.
Finalmente Asseff recordó que Medina ya tiene condena de prisión efectiva, desde septiembre de 2017; acusado por la justicia federal de Quilmes de asociación ilícita, coacción agravada y extorsión reiterada.
El extitular de UOCRA en este momento está cumpliendo prisión domiciliaria.
La denuncia cuenta además con las firmas de los diputados Marcela Campagnoli, Lucila Lehmann, Estela Regidor, Héctor Stefani, Omar De Marchi, Gonzalo del Cerro y Gerardo Cipolini y Virginia Cornejo.
Un grupo de legisladores de Juntos por el Cambio le atribuyen al presidente de la Comisión Bicameral de Seguimiento de Organismos de Inteligencia revelar secretos de Estado.
Los diputados nacionales de Juntos por el Cambio Jorge Enríquez, Álvaro de Lamadrid, Fernando Iglesias, Lidia Inés Azcarate, Gerardo Cipolini, Alberto Asseff, Julio Sahad y Tito Stefani, interpusieron una denuncia penal contra el diputado Leopoldo Moreau por infracción al artículo 157 del Código Penal que reprime al “funcionario público revelare hechos, situaciones, documentos o datos que por ley deben ser secretos”.
De acuerdo con la denuncia, Moreau se refirió en una entrevista del periodista Gustavo Sylvestre al contenido de declaraciones testimoniales prestadas en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 1 de Lomas de Zamora en la causa que investiga presuntos actos de espionaje, a las que tuvo acceso como integrante de la Comisión Bicameral de Seguimiento de Organismos de Inteligencia, que preside.
Para los denunciantes, tal violación del debido secreto importa una conducta “muy grave” que no puede ser dejada sin sanción ya que se trataría de una flagrante violación al principio de igualdad ante la ley.
“Moreau se aprovechó de su condición de integrante de una comisión parlamentaria para vulnerar la reserva que tiene su fundamento en naturales razones de seguridad pública”, afirman los diputados respecto de su colega.
Agregaron que si bien no les extraña “ese comportamiento en quien procuró impedir por las vías de hecho el desarrollo de una sesión en la Cámara de Diputados en diciembre de 2017, es imperioso que la justicia actúe para que esta nueva transgresión no quede impune”.
Tras concluir su licencia de seis meses mientras es investigado por una denuncia por abuso sexual, el senador tucumano continuará fuera del Cuerpo, tal cual confirmó el bloque oficialista.
Al cumplirse los seis meses de licencia pedidos por el senador nacional José Alperovich, quien fue acusado de presunto abuso sexual por una sobrina suya en noviembre pasado, el bloque de senadores nacionales del Frente de todos anunció que el tucumano seguirá de licencia y no se reincorporará por ahora a la Cámara alta.
La información fue consignada en un breve comunicado que expresa: “El bloque de senadoras y senadores del Frente de Todos comunica que el senador José Alperovich no se reincorporará a la Cámara alta y seguirá con su licencia abocado en su defensa en la causa que es de público conocimiento”.
La misiva, suscripta por el presidente de la bancada, José Mayans, y la vicepresidenta, Anabel Fernández Sagasti, agrega: “El tema en cuestión debe ser resuelto como corresponde y marcan las leyes en los tribunales y en el pleno respeto del estado de derecho”.
Más temprano, el interbloque Juntos por el Cambio le había pedido a sus pares del Frente de Todos prorrogar la licencia del exgobernador tucumano. Los senadores encabezados por el formoseño Luis Naidenoff expresaron su “rechazo a la posibilidad de que el senador José Alperovich reasuma su banca en medio del proceso judicial en el que se investiga la denuncia por abuso sexual realizada por una empleada de este Congreso, quien a su vez es familiar del senador”.
“Instamos al bloque Frente de Todos a que el miembro de su bancada solicite una ampliación de la licencia, que venció hoy, a efectos de que la investigación judicial pueda avanzar sin que existiera algún manto de sospecha de protección por parte de los miembros de este cuerpo”, sostuvieron.
Además, los integrantes de Juntos por el Cambio aclararon que “de ninguna manera este pedido busca afectar la presunción de inocencia del senador Alperovich, pero lo cierto es que la Justicia Federal y la de la provincia de Tucumán lejos han estado de darle la celeridad a una investigación que ha trascendido las esferas privadas por los aberrantes hechos denunciados y por la persona del acusado”.
“Por el contrario, se han perdido semanas fundamentales para el avance de la investigación, y aún hasta hoy sigue pendiente de resolución cuál es la jurisdicción competente”, agregaron sobre las idas y vueltas de la denuncia, que se investiga en ambas jurisdicciones donde fue radicada, pero todavía resta que la Corte Suprema resuelva sobre la competencia.
En el comunicado, los senadores manifestaron: “Si el bloque del Frente de Todos no conmina a su integrante a que prorrogue su licencia hasta que exista algún grado de certeza judicial en torno a la acusación, el mensaje que estamos dando a las víctimas que se animan a denunciar estos graves hechos, es que si no consiguen rápido demostrar ellas lo que denuncian, el que ocupa un lugar de poder lo va a seguir haciendo y la investigación judicial seguirá en un plano de desigualdad”.
“Es fundamental seguir protegiendo a la denunciante, que se pueda investigar sin especulaciones políticas y con todas las garantías para todas las partes”, concluyeron.
