En el marco de un plenario de las comisiones de Deportes, de Comunicaciones e Informática y de Presupuesto y Hacienda —atendiendo al emplazamiento oportunamente hecho en la última sesión de la Cámara baja— se emitió dictamen sobre una iniciativa que busca permitir el financiamiento del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD).

El dictamen de mayoría reunió 66 firmas y La Libertad Avanza tenía plazo hasta las 15 horas para presentar un dictamen de rechazo.

Dio inicio a la reunión el titular de Presupuesto y Hacienda, Alberto “Bertie” Benegas Lynch, quien, ante la ausencia de la diputada de UP Magalí Mastaler (titular de Deportes, cabecera del plenario), demorada por razones de vuelo, anticipó que cumplirían con la firma del o los dictámenes, y abrió un debate que tuvo como primer orador al diputado bonaerense Rogelio Iparraguirre (UP). Este se refirió a la situación “por demás apremiante” del deporte nacional en general y del de alto rendimiento en particular, que caracterizó —sin exagerar, dijo— como “una situación de emergencia”.

“El organismo que lo contiene, organiza y apalanca desde 2009, año de su creación por ley, el ENARD, está en una situación de enorme zozobra”, señaló, en referencia a “una situación inédita desde su creación”. Contó que hace dos años se viene trabajando en modificaciones a la ley vigente, cuya aprobación se tornó ahora “urgente”. Y para dar una idea de la situación imperante, trazó una comparativa con la región: “Brasil está concluyendo el año 2025 superando los 600 millones de dólares de financiamiento público destinado al deporte de alto rendimiento. Colombia ya hace dos años que alcanzó la meta y superó los 200 millones de dólares anuales. Chile ya ha superado por muy poquito los 100 millones de dólares anuales”.

¿Y Argentina? Iparraguirre señaló que nuestro país llega a fin de año sin alcanzar los 14 millones de dólares.

Recordó que el último “salto cualitativo” que experimentó el deporte de alto rendimiento fue la creación del ENARD, que perdió hace una década la autarquía financiera, cuando se suplantó la fuente de financiamiento que provenía de la telefonía celular por fondos del Tesoro nacional. Y aclaró que “la situación no es nueva, pero sí se ha acelerado ese deterioro en el último tiempo”.

En caso de aprobarse la ley, el ENARD recuperaría la autarquía financiera, que ya no solo llegaría a través del abono de la telefonía celular, sino del conjunto de las tecnologías TIC, lo que permitiría proyectar una meta de financiamiento anual moderada del orden de los 70 millones de dólares.

Iparraguirre aclaró además que el proyecto tiene “cero costo fiscal”, por cuanto “reposa en las espaldas del conjunto del pueblo argentino”, dijo. Justificó la propuesta con datos del ENACOM respecto de la cantidad de usuarios de telefonía fija, internet y teléfonos móviles. Teniendo en cuenta esos datos, “cada familia con cuatro integrantes, un teléfono fijo, cuatro teléfonos celulares activos, TV por suscripción y servicio de internet, representa 700,06 pesos por mes”. O directamente, si se quiere contar por argentino, representa 175 pesos. “Literalmente son dos caramelos Sugus”, ejemplificó, remarcando que no tenía ninguna duda de que “el conjunto de nuestro pueblo estaría dispuesto a permitir ese financiamiento. ‘Con la tuya’, dirán… Sí, pero prefiero dárselo a los deportistas y no al Estado, que no sé lo que hace”.

A su turno, el diputado Jorge Chica aclaró que este proyecto “no tiene nombre y apellido”, que fue construido a través del consenso, y reiteró que se pasaría así de 13 millones de dólares para financiar el deporte de alto rendimiento a 70. Agregó que el 40% de esos recursos irán en coparticipación hacia las provincias, por lo que consideró que se trata de uno de los proyectos “más federales que va a tratar la Cámara”.

Christian Castillo anticipó desde la izquierda su apoyo a la propuesta, aunque planteó un par de disidencias relacionadas con la fuente de financiamiento, por un lado: que el mismo esté a cargo (ese 1%) esté a cargo de las propias empresas que brindan el servicio y no los usuarios; y que quienes perciben las becas puedan tener una cobertura de obra social después de concluidas las mismas.

En el mismo sentido, la diputada de Democracia para Siempre Carla Carrizo planteó también tres disidencias parciales. En primer lugar, que la fuente de financiamiento debía ser concurrente. Recordó que la ley de 2009 estableció la privatización del financiamiento para el deporte de alto rendimiento, mientras que en 2017, curiosamente con el Pro gobernando, se estatizó el financiamiento. Esto es, dijo Carrizo, “UP defiende más un financiamiento privado para no cortarlo y el Pro lo estatiza”.

Ella se pronunció en favor de un financiamiento mixto, como es en Brasil. “El privado, para garantizar un piso, pero que esté el Estado, que no tiene que estar ausente”, señaló en primer lugar. Luego apeló también al modelo brasileño referido a la forma del financiamiento, para que esté a cargo de las empresas y sugirió que en todo caso se aumente el espectro de las que participen. Y en tercer lugar, aplicar la equidad de género en el Consejo Federal que crea el proyecto a través de su artículo 8.

Sobre el final de la reunión, Magalí Mastaler –ya presente y a cargo del plenario–, le dio la palabra a Benegas Lynch, quien pidió un plazo de dos horas para presentar un dictamen de rechazo. Sin ánimo de debatir el tema, como aclaró, reconoció como válidos todos los puntos de vista pero consideró que “tanto los deportistas, como los que hacen cine, teatro, los artesanos, los emprendedores, todos nos cambian la vida. El tema es que también lo hacen los vidrieros, carpinteros y otras actividades… Todos, salvo los políticos, se dedican a hacer bienes que otros pagan voluntariamente”.

El titular de Presupuesto y Hacienda se quejó de que la política estableciera un círculo en el que todos estuvieran “metiendo la mano en el bolsillo del otro y le pedimos al Gobierno que robe por nosotros, para nuestro proyecto. Aun siendo los más nobles, como para el deporte”.

“Es un tema de fondo, no es un tema de grado, sino de naturaleza”, dijo al plantear que debe ser el mercado el que valide. “El mercado es la gente, y esto creo que enaltece la actividad. La degrada el hecho de necesitar la fuerza de los tanques, el monopolio de la fuerza para que nos financie las actividades. Y los valores de solidaridad, empatía, sensibilidad, que muchos diputados y políticos utilizan para hacer leyes injustas, básicamente, me parece que deberían hacer una autocrítica y esas tres  nobles virtudes aplicarlas desde el propio corazón y la propia acción”.

“Había un dicho de Milton Freedman que decía ‘poné la plata donde está tu discurso’, es decir: si creés en el deporte, si creés en el arte, si creés en el cine, y de vuelta, no estamos en contra de todo eso para nada, sino tenemos que poner los recursos nosotros de nuestro propio bolsillo y esa es la manera de vivir de una forma civilizada”, concluyó.

El diputado nacional Héctor Baldassi (Pro) presentó dos proyectos que tienen como objetivo fomentar el deporte de alto rendimiento, por lo que propone crear un Ente Nacional de Infraestructura Deportiva y reestablecer el financiamiento autárquico original del ENARD.

La primera iniciativa que busca la creación del Ente Nacional de Infraestructura Deportiva, como Organismo descentralizado y autárquico en el ámbito del Ministerio de Turismo y Deportes, tiene como objetivo llevar centros de alto rendimiento, equipamiento de última tecnología y desarrollo federal a cada rincón de la Argentina.

El Ente Nacional de Infraestructura Deportiva deberá intervenir en la planificación de políticas públicas para el desarrollo y el fomento de la infraestructura deportiva, articular con las distintas áreas de la administración provincial y municipal para proyectar la construcción de no menos de cuatro centros deportivos y propiciar la utilización de las instalaciones deportivas mediante la adquisición de materiales y equipamiento deportivo.

“La Argentina necesita que el desarrollo del deporte sea verdaderamente federal, en colación el presente proyecto establece la participación de las provincias mediante la creación de comisiones regionales”, explica en la iniciativa.

Así, precisa que habrá cinco  comisiones regionales: “La Comisión del Noroeste integrada por las provincias Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Catamarca, Tucumán, La Rioja; la Comisión del Noreste integrada por las provincias Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa,; la Comisión del Centro compuesta por las provincias de Mendoza, San Juan, San Luis, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos; la Comisión del Este integrada por la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por último la Comisión del Sur integrada por las provincias de La Pampa, Neuquén, Rio Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra Del Fuego e Islas Del Atlántico Sur”.

“Las comisiones regionales estarán integradas por las máximas autoridades gubernamentales de cada provincia y tendrán la obligación de reunirse para elevar informes, peticiones y necesidades al Ente Nacional de Infraestructura Deportiva”, comentó y sumó: “A su vez las comisiones deberán diseñar conforme a la normativa legal un proyecto o plan, también deberá tomar en consideración todas las propuestas de las provincias integrantes y hacer una selección de las mismas para el desarrollo deportivo”.

La construcción de cuatro centros de alto rendimiento va a permitir: “Un pleno desarrollo en los atletas, estos que son los grandes protagonistas del deporte, van a poder acceder a un centro de alto rendimiento sin la necesidad de viajar miles de kilómetros, permitiendo estar cerca de su hogar y la familia. Es muy importante destacar que la presente ley crea un fondo nacional para financiar las actividades y proyectos que desarrolle el Ente Nacional de Infraestructura Deportiva”.

“No estamos creando otra burocracia, sino una herramienta ágil con autonomía financiera y con capacidad para asociarse con privados”, sostuvo Baldassi y agregó: “No es un organismo más, es una herramienta concreta para transformar el deporte argentino”.

El ex árbitro del fútbol argumentó: “Proponemos que el Ente este integrado por comisiones regionales, que serán la voz territorial en un sistema históricamente centralista y que rompen el centralismo: ahora las provincias decidirán qué obras se hacen y dónde”.

“Nada se construirá sin el aval de las autoridades deportivas de cada región. Federalismo de verdad, las provincias no solo opinarán, sino que fiscalizarán cada peso invertido”, agregó el diputado del Pro.

El proyecto crea el Fondo Nacional de Infraestructura Deportiva, con recursos claros y sostenibles: un pequeño porcentaje de las ventas de tabaco, bebidas blancas, energizantes y artículos deportivos se destinará exclusivamente a construir y mantener instalaciones de primer nivel. Además, se promueven alianzas con empresas privadas para potenciar cada peso invertido. “Así garantizamos transparencia y resultados a largo plazo, sin depender solo del Estado”, agregó Baldassi.

“Esta ley es el impulso que necesitamos: une al sector privado con el Estado para llevar infraestructura de primer nivel a todo el país. Con el Ente Nacional, el alto rendimiento dejará de estar centralizado: en todo el país se podrá acceder a instalaciones modernas, sostenidas con alianzas estratégicas. Un salto histórico hacia el deporte federal que soñamos”, concluyó.

Financiamiento autárquico original del ENARD

El segundo de los proyectos, que lleva la firma también del diputado nacional Jorge Chica propone restablecer el financiamiento autárquico original del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD) producto de un cargo del uno por ciento (1%), aplicado sobre el monto total de cargos del período que las empresas de telefonía celular facturen a sus clientes, neto de I.V.A.  Este cargo debe ser aplicado a sus clientes por las empresas que brindan tales servicios y las que obtengan concesiones o licencias en el futuro.  Los importes del producido deben ser girados dentro de los treinta (30) días de percibidos por la empresa prestataria a una cuenta, que a ese sólo efecto debe mantener el ente en el Banco de la Nación Argentina, revirtiendo la modificación de k2017 que lo hizo dependiente del Presupuesto Nacional.

“La ley original de 2009 fue un consenso multipartidario y su posterior modificación redujo los recursos en términos reales, poniendo en crisis el sistema, sin autonomía financiera no hay planificación deportiva posible, el ENARD necesita fondos estables y predecibles para ciclos olímpicos”, sostuvo el diputado de Córdoba y cerró: “El 1% a celulares no es un impuesto nuevo: es volver al modelo que funcionó. Las empresas telefónicas lo recaudan y lo giran directamente al ENARD”.