La normativa busca garantizar de manera gratuita, informal, confidencial, responsable la búsqueda de los datos biológicos, filiatorios y familiares que hacen a la identidad de la persona humana.
La ley de Derecho a la Identidad, que se aprobó en el Senado bonaerense, surgió como resultado de una unificación de proyectos del bloque del FdT y de JxC y fue aprobada por unanimidad.
Se estipula que las instituciones públicas de salud que cuenten con la infraestructura apropiada deberán prestar colaboración y asistencia para la realización gratuita de pruebas genéticas en el caso que el peticionante no cuente con los recursos económicos necesarios.
También se establecerá que tanto el Instituto de Obra Médica Asistencial de la provincia de Buenos Aires (IOMA) y las Obras Sociales Provinciales colaboren con la cobertura total o parcial de la prueba genética.
De esta forma, los funcionarios públicos están obligados a intervenir en el procedimiento administrativo especial para asegurar su cumplimiento y, asimismo, se establecen responsabilidades ante el incumplimiento injustificado por parte del órgano requerido.
El senador oficialista José Luis Pallares hizo uso de la palabra para destacar: “Las apropiaciones de niños no solo se produjeron en el marco de la dictadura y del terrorismo de Estado. También hay muchísimos casos que son el resultado de la trata de niños”.
A la vez, el legislador aclaró que se “podrán pedir la búsqueda quienes habitan en la provincia de Buenos Aires, así como también, quienes nacieron aquí, aunque vivan actualmente en otra provincia. Y no implica sólo a los hijos que buscan a sus padres sino también a los padres que buscan a sus hijos”.
Para Pallares: “el procedimiento debe ser con mayor contención, acompañamiento de manera interdisciplinaria para que las personas no sean revictimizadas”.
