En la tercera jornada con invitados de la sociedad civil en el plenario de comisiones que debate la ley ómnibus, Juan Carlos Novaira, de la Cámara Argentina del Maní, pidió que “se revean los derechos de exportación a las economías regionales”. 

“Nos sorprendió el hecho de querer volver a instalar los derechos de exportación para la economía regional, que se ha desarrollado sin amparo del Estado”, señaló y afirmó: “Coincidimos con el diagnóstico del Gobierno en cuanto a la reducción del déficit fiscal, la inflación nos pega y nos pega duro, pero sentimos que no se puede hacer a cualquier costo”. 

Sobre este sector, detalló que “el 90% de lo que producimos lo exportamos, somos el principal proveedor de maní de la Unión Europea, a donde van el 65% de nuestras exportaciones”. Respecto al consumo interno, “no tenemos la cultura de consumir maní, si bien en los últimos años se ha dado un incipiente consumo de pasta de maní”. 

Esta economía, que se realiza en Córdoba, La Pampa, San Luis y el sur de Santa Fe, “se ha desarrollado por más de 50 años, trabajando de manera proactiva, básicamente porque miramos el mercado externo y eso hace que compitamos con Estados Unidos, China, India y Nicaragua”, destacó Novaira. 

Y agregó: “Cada vez que hablamos de derechos de exportación nos pega en la competitividad y tenemos que hacer un doble esfuerzo para poder mantener la posición de liderazgo que hoy tiene Argentina”.

Durante la quinta jornada de debate de la ley ómnibus, Manuel Chiappe, de la Fundación Barbechando, advirtió por la suba de retenciones que plantea el proyecto y sostuvo: “Es un pésimo impuesto. Los derechos de exportación empobrecen a las provincias, ya que no son coparticipables. Son menos hospitales, menos rutas y menos escuelas rurales”.

Además, explicó que “no contribuyen a bajar el precio de los alimentos de la mesa de los argentinos” ya que, por ejemplo, “en el caso del pan representan menos del 1% del tributo”. “Nos saca competitividad, exportamos a 155 países y somos uno de los pocos que tiene derechos de exportación. Daña al productor, porque se aplica sobre el precio, gane o pierda y no se aplica sobre la rentabilidad”, continuó. 

En este sentido, el expositor señaló que “los precios no bajan cuando aplicamos derechos de exportación, sino que bajan cuando hay rentabilidad, esa rentabilidad se convierte en mayor inversión, esa mayor inversión se convierte en mayor productividad y termina siendo mayor oferta de alimentos que sí hace bajar el precio”.  

“Al momento de legislar les pedimos que lo hagan pensando en los habitantes de sus provincias; a todos ellos impactan los derechos de exportación”, resaltó y expresó que “aunque el corto plazo lo requiera, no los ahoguemos, porque nos hundimos todos”. 

Chiappe pidió cambiar “ese impuesto por mayor producción, el campo está dispuesto a poner el hombro”. “Las PyMEs son más del 99% de las empresas de nuestro país, siete de cada 10 empleos son generados por las PyMEs, dan una respuesta productiva rápida y federal, celebramos el artículo 641 con el régimen de incentivos a las grandes inversiones, pero les pedimos que incluyan en eso a las PyMEs”, sugirió en otro tramo y lanzó: “No seamos adictos a la macro, veamos también la microeconomía”. 

El representante de Barbechando solicitó a los legisladores que “no deleguen sus facultades indiscriminadamente. Si la urgencia lo exige, que sea puntual y acotado, seis meses, un año, pero no para darle potestad al Poder Ejecutivo para que suba los derechos de exportación que empobrecen a nuestras provincias”.

Y llamó también a “buscar la manera de acotar dicha imposición a soja, maíz y trigo por un período definido, con un programa explícito e improrrogable de reducción hasta su total eliminación, mientras se vayan logrando objetivos fiscales”. 

Diputados nacionales del bloque UCR, encabezados por Ricardo Buryaile, presentaron un proyecto de ley para modificar el artículo 755 del Código Aduanero. Además, se propone que el Poder Ejecutivo deberá enviar junto con el Presupuesto Nacional la totalidad de posiciones arancelarias que pretenda imponer en el ejercicio, para que el Congreso Nacional tome conocimiento y, de acuerdo a sus atribuciones, resuelva la procedencia o no de cada una, sancionando en definitiva la ley que corresponda.

Buryaile, autor de la iniciativa, sostuvo que “el Código Aduanero que se dictó en 1981 durante el gobierno de facto es anterior a la sanción de la Constitución de la reforma del ’94. Por ello, advertimos que los artículos 664 y 756 del Código Aduanero deberían ser derogados, ya que la Carta Magna ha impuesto al Congreso la facultad de legislar sobre materia aduanera y así establecer los derechos de importación y exportación”.

También, el proyecto busca derogar el artículo 644 del Código Aduanero, por ser lo dispuesto una atribución del Congreso y modificar el artículo 26 de la Ley 24.156 en concordancia con el texto propuesto para el artículo 755 del Código Aduanero, según lo ordenado por la Constitución Nacional.

“Se crea así un mecanismo procedimental que ordena el trabajo de cada poder del Estado, respetando por cierto el mandato constitucional, la misma Constitución prevé que se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en determinadas materias de administración o emergencia pública, con el correspondiente aval del Poder Legislativo, quien establece las bases y plazos de la delegación”, apuntó el legislador formoseño.

En ese sentido, remarcó que “el Poder Ejecutivo, sin una delegación de facultades por parte del Congreso no puede tomar como propia la facultad de legislar sobre materia aduanera, establecer los derechos de importación y exportación. Puesto que, si lo hiciere, dicha decisión sería de nulidad insalvable”.

“Está más que claro que, los artículos 755 y 756 del Código Aduanero no tienen posibilidad de ser utilizados sin una ley del Congreso y tampoco son necesarios porque las pautas de determinación, plazos y bases de delegación deben ser también consignados por el Poder Legislativo de la Nación. Lo más armónico para compatibilizar las normas con la Constitución Nacional es propiciar la reforma y derogación que se propone en la propuesta de ley que presentamos”, destacó el radical.

Asimismo, en los argumentos del texto se indica que “la Corte Suprema ha expresado categóricamente que los principios y preceptos constitucionales prohíben a otro poder que no sea el Poder Legislativo, el establecimiento de impuestos, tasas y contribuciones. Esta doctrina surge del fallo Camaronera Patagónica SA S/Amparo c/Ministerio de Economía de la Nación, de 2014”.

La iniciativa fue acompañada por Fabio Quetglas, Gabriela Lena, Mario Barletta, Jorge Vara, Pamela Verasay, Julio Cobos, Soledad Carrizo, Fernando Carbajal, Víctor Romero, Ximena García, Jorge Rizzotti, Marcos Carasso, Lidia Ascárate, Gerardo Cipolini, Juan Martín, Roberto Sánchez, Juan Carlos Polini, Francisco Monti y Manuel Aguirre.

Una veintena de diputados de Juntos por el Cambio, acompañados por el liberal Javier Milei, impulsarán dos proyectos de ley que apuntan a derogar los derechos de exportación y retornar al 18% el IVA.

La propuesta referida a las retenciones apunta a derogar los artículos 755 y 756 del Código Aduanero y las normas complementarias, como decretos y resoluciones en la materia, de modo que el Congreso recupere sus facultades.

“Pero principalmente se vuelve al ámbito pertinente, en el cual amplios consensos busquen resolver las tensiones propias del desarrollo, que lamentablemente nunca debió transformarse en un conflicto y que hoy impide la expansión de nuestros recursos productivos, exportación y la construcción de una base sólida para nuestro federalismo”, sostuvo la oposición.

En cuanto al IVA, los legisladores señalaron que “al determinarse como alícuota general y máxima el 18% en el Impuesto al Valor Agregado, se asienta en el camino contrario al del oficialismo de más impuestos y más presión tributaria, camino que ha quedado claro no produce beneficios ni para los hogares de menores recursos que deben destinar la casi totalidad del ingreso al consumo; ni para el sector productivo”.

“Al definirse la disminución de alícuota, también se sostiene las alícuotas menores establecidas en la normativa vigente y propende su impacto al mayor consumo”, añadieron.

Los firmantes de los proyectos son: Gerardo Milman, Omar De Marchi, Hernán Lombardi, Waldo Wolff, Laura Rodríguez Machado, Fernando Iglesias, Marilú Quiroz, Pablo Torello, Virginia Cornejo, Héctor Stefani, Aníbal Tortoriello, Sabrina Ajmechet, Matías Tacceti, Alberto Asseff, Gabriel Chumpitaz, Ingrid Jetter, Francisco Sánchez, Adrián Ruarte, Pablo Tonelli (Juntos por el Cambio); Javier Milei y Victoria Villarruel (La Libertad Avanza).

El diputado chubutense Gustavo Menna (Juntos por el Cambio) presentó un proyecto por el que pidió incluir a la pesca en el decreto presidencial emitió el 30 de diciembre de 2020, para disminuir y eximir de derechos de exportación a producciones regionales. Fundamentó el pedido en la preeminencia que tiene la región en las capturas y embarques de las principales especies ictícolas de la Argentina.

El proyecto indica que el decreto 1060/2020 “omite a la actividad pesquera, que en la Patagonia concentra la mayor proporción de capturas y embarques de especies como langostino, merluza hubbsi y calamar illex a través de los puertos ubicados en Chubut, Santa Cruz, Río Negro y Tierra del Fuego”.

El decreto nacional dispuso una reducción sustancial de derechos de exportación para diversos productos de distintas economías regionales y, en algunos casos, “la medida significó establecer aranceles cero, es decir, la desgravación total de las exportaciones de esos productos”, indicó el diputado.

Teniendo en cuenta la necesidad de la Argentina de obtener divisas para generar producción y empleo, Menna calificó de “auspicioso” el sentido del decreto, aunque “una vez más, ¨no ha tenido en cuenta a la Patagonia como una de las economías regionales que aporta de modo relevante a las exportaciones”.

“El decreto hace foco en los productos agroindustriales pero omite a la actividad pesquera, estrechamente ligada a la región que, pese a las condiciones adversas que atraviesa, exporta productos por más de u$s 2.100 millones anuales, se trata del octavo complejo exportador argentino y emplea a más de 23.000 personas en forma directa”, apuntó el legislador chubutense.

Asimismo, explicó que “el eje de la actividad pesquera se ha desplazado hacia la Patagonia, tanto en lo que respecta al ámbito marítimo de capturas, como a los puertos en que se llevan a cabo los desembarques”.

“Lamentablemente se ha convertido en una constante propia de una visión marcadamente centralista del país, el postergar y relegar a la región, tal como aconteció hace pocos días, cuando se excluyó al Ferrocarril Transpatagónico de las obras ferroviarias anunciadas por el Ministerio de Transporte”, concluyó Menna.

Acompañaron a Menna en esta iniciativa sus pares patagónicas del bloque radical Lorena Matzen (Río Negro) y Roxana Reyes (Santa Cruz).

La diputada nacional del Frente de Todos Estela Hernández le hizo llegar un pedido al ministro de Agricultura de la Nación, Luis Basterra para que desde su cartera se revean cuestiones vinculadas a las retenciones de exportación de lana peinada; sector que tiene una elevada actividad industrial en Chubut y que, en los últimos años, sumado a los efectos que provocó la pandemia, viene en caída constante. 

“Somos un Gobierno que escucha a todos los sectores y es mi obligación como legisladora estar en contacto permanente con mis compañeros y compañeras que hoy ocupan cargos claves en el Ejecutivo para trasladarles estas necesidades. En esta oportunidad, le expresé a Basterra mi preocupación y la del sector productivo de la región, por el aumento de las retenciones que aplican sobre la exportación de lana peinada que actualmente fuera modificado por el Decreto 1060/2020 publicado en el Boletín Oficial del 31 de diciembre de 2020”, señaló la diputada.  

En esta línea, Hernández hizo hincapié en que “es muy importante la quita de retenciones que se hizo a productos agroindustriales por decisión del Gobierno Nacional, pero también considero necesario ampliar aún más estos beneficios. Es una realidad que esta industria sufre la caída permanente y constante de la producción primaria desde hace más de 10 años; lo que cada vez hace que sea menor el número de lana base sucia que se acopia. Por eso, también es necesario y fundamental una prórroga en la Ley 25. 25.422 para la Recuperación de la Ganadería Ovina, sancionada el 4 de abril de 2001”. 

Respecto a las retenciones, teniendo en cuenta que prácticamente no existe casi diferencia entre exportar lana sucia que peinada (7% vs 4,5%), Hernández manifestó que las fábricas vinculadas al sector lanero están sumamente preocupadas por el fuerte crecimiento de las exportaciones de lana sucia que podría producirse bajo este escenario, en detrimento de la lana procesada.  

En ese sentido, expresó que “dicha situación generaría un desabastecimiento de materia prima, poniendo en riesgo un gran número de puestos de trabajo directos e indirectos, debido a que se generaría en las mismas un importante incremento de capacidad ociosa, lo que hace aún más difícil sostener las fuentes laborales, sobre todo en este duro contexto de incertidumbre que hoy atraviesa el mundo entero por la pandemia”.  

Por último, la legisladora chubutense indicó que quizás lo más alentador sería otorgarle al sector una diferenciación en cinco puntos en los reintegros entre la lana sucia y la procesada y se mostró confiada en que las autoridades nacionales generarán propuestas para impulsar el crecimiento de este sector, entendiendo que históricamente es de suma importancia para el desarrollo industrial de este punto del país. 

El diputado nacional de Juntos por el Cambio Alberto Asseff se expresó sobre la disputa entre el campo y el kirchnerismo acerca de la exportación de maíz.

El presidente del partido UNIR cuestionó la prohibición de exportar granos expresando que “así no bajarán los precios de los alimentos”.

Además, Asseff lamentó que “prohibiendo exportaciones se dará otro paso hacia la Argentina pobre” y exhortó a “derrotar el pobrismo al que nos lleva la medida restrictiva”.

El senador nacional por Juntos Somos Río Negro, Alberto Weretilneck, solicitó al Gobierno Nacional que implemente la exención de los derechos de exportación para las lanas rionegrinas mientras dure la emergencia agropecuaria. Lo hizo a través de un proyecto de comunicación presentado días atrás en la cámara alta del Congreso de la Nación.

“Las intensas nevadas provocaron la pérdida de miles de animales en la zona sur y oeste de la provincia. Necesitamos urgentes medidas para poder paliar la crisis generada por el temporal en plena pandemia y ayudar a las economías regionales”, explicó Weretilneck.

La iniciativa establece durante el período que dure la actual emergencia agropecuaria, la exención de los derechos de exportación para las lanas limpias, de 5% a 0%, y para las lanas sucias, del 7% al 0%.

En el proyecto, Weretilneck detalla que en Río Negro ya se perdieron 130.000 cabezas de ovinos, 15.000 caprinos y 4.500 bovinos, y que hay involucrados más de 2.800 productores rionegrinos. “Precisamente mil de ellos se encuentran en las zonas más afectadas y el pronóstico a futuro no es alentador: se estima una pérdida de 65.000 ovinos, 15.000 caprichos y 2.000 bovinos. Necesitamos medidas urgentes para aliviar la situación”.

Días atrás, el Gobierno de Río Negro declaró la emergencia agropecuaria que fue ratificada por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

Además de esta iniciativa Weretilneck solicitó mediante otro proyecto, una ayuda económica extraordinaria para productores afectados por la nieve prevista en el artículo 20 de la ley 25.422, ¨Fondo de Recuperación de la Actividad Ovina¨, en relación a la declaración de emergencia agropecuaria por nevadas en el área comprendida por los departamentos: Bariloche, El Cuy, Ñorquinco, Pilcaniyeu, 25 de Mayo y 9 de Julio.