Brouwer de Koning compartió junto a Ramón Dupuy un conservatorio para visibilizar la violencia infantil

La diputada radical participó de una jornada en la Universidad Nacional de Córdoba, donde se abordó la problemática contra los derechos de niñas, niños y adolescentes.

La diputada nacional Gabriela Brouwer de Koning (Evolución Radical) participó del conservatorio “Caso Lucio: testimonio de su abuelo. Relato en primera persona de Ramón Dupuy”, organizado por la profesora Alicia García de Solavagione (cátedra A de Derecho de Familia) de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba.

Entre los invitados a exponer, además de Ramón Dupuy y Brouwer de Koning estuvo el concejal electo de Córdoba capital Javier Fabre. Dicha actividad se organizó con la finalidad de visibilizar y poner en discusión la situación de vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes en el país.

El abuelo de Lucio expuso sobre el caso y habló acerca de las causas y consecuencias de la falla en los dispositivos institucionales destinados proteger los derechos del niño. A su vez, manifestó su opinión sobre la importancia del involucramiento de los diferentes actores de la sociedad y contó detalles sobre el trabajo realizado para lograr la sanción de la Ley Lucio (N° 27.709), que implementa el Plan Federal de Capacitación sobre Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, destinado a funcionarios y empleados del Estado nacional.

Por su parte, Fabre se refirió a su proyecto de creación de “Servicios interdisciplinarios de prevención e intervención temprana en situaciones de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes”. Dicha iniciativa propone la implementación de un sistema de protocolos de actuación por medio de equipos interdisciplinarios especializados en este tipo de delitos, con registros de información y elaboración de estadísticas. Actualmente, la iniciativa se encuentra presentada en el Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba bajo la denominación “Infancias Cuidadas”.

“Este proyecto cumple con el mandato de impulsar la visión infantocéntrica en el abordaje de la violencia infantil. Los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho y no objetos de protección, por lo cual el sistema debe estar diseñado para responder a este nuevo paradigma”, dijo Fabre.

Brouwer de Koning, miembro de la Comisión de Niñez, Familia y Juventudes e impulsora activa de la Ley Lucio, realizó su exposición sobre “Dimensiones de la violencia contra NNyA y propuestas legislativas”. “La violencia contra los NNyA se manifiesta de diversas maneras, sin embargo una de las más atroces es la violencia sexual y aquí Argentina incumple sistemáticamente ya que, de acuerdo a un informe de The Economist, ocupa la posición número 50 de 60 países relevados en materia de políticas de prevención y acceso a la justicia”, señaló la legisladora.

Además, la radical agregó: “¿Las leyes son necesarias? Sí. ¿Pero son suficientes? Seguramente no. Por eso necesitamos el compromiso de toda la comunidad en su conjunto, porque cada uno desde nuestro rol, como vecino, docente, profesional, político, comerciante y demás, podemos salvar a un niño, niña o adolescente del sufrimiento que implica cualquier tipo de violencia”.

Para concluir, la diputada se refirió a tres proyectos de ley que ya ha presentado en el Congreso sobre la temática: la reforma a la Ley de Víctimas, que tiene por objetivo incorporar la perspectiva de derechos de NNyA a este cuerpo normativo; la ley del “Derecho al Tiempo” que trata sobre la imprescriptibilidad de los delitos de violencia sexual contra NNyA y reemplazar la denominación abuso sexual en el Código Penal por la de violencia sexual.

“Lo que proponemos en materia de imprescriptibilidad ya se encuentra en leyes de otros países como Suiza, Ecuador, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. En el Reino Unido la imprescriptibilidad se aplica para todos los casos de violencia sexual sin importar la edad de la víctima”, destacó Brouwer de Koning.

Y, en tercer lugar, informó sobre la ley de creación de la “Comisión investigadora independiente de la verdad y reparación sobre delitos de violencia sexual padecidos en la infancia y/o adolescencia”. Aspirando a un enfoque centrado en las víctimas y basado en la participación, la transparencia y la protección de derechos, dicha comisión tendría por fin escuchar y acompañar a las y los sobrevivientes, ofreciendo un espacio seguro y confidencial. La meta es generar una investigación a gran escala, como también en otros países se impulsa.

Participaron de la jornada legisladores, concejales electos, magistrados y funcionarios del Poder Judicial, autoridades de la Facultad de Derecho y de la UNC, miembros de la SENAF, docentes y estudiantes universitarios, organizaciones de la sociedad y miembros de la comunidad en general.

Marisa Graham: en Argentina el 53% de los menores está bajo la línea de pobreza

La defensora de Niñas, Niños y Adolescentes brindó el informe anual ante la bicameral que controla el organismo. “La AUH es un derecho, no es ni un programita ni un plan, no se puede retroceder”, advirtió. Anunció que lanzarán un documento de cara a las presidenciales.

Al brindar el informe anual de su gestión en el Salón Illia del Senado, la defensora de Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham, advirtió este martes que “en la República Argentina la Asignación Universal es un derecho, no es ni un programita, ni un plan, no se puede retroceder en ese derecho” que va en línea, además, con “el artículo 26 de la Convención sobre los Derechos del Niño”. 

En su presentación ante la bicameral que controla al organismo, presidida por la senadora riojana Clara Vega, la funcionaria precisó que “hay 53% de niñas, niños y adolescentes bajo la línea de pobreza en la República Argentina”, de los cuales “el 16,5% con políticas adecuadas podría dejar de ser pobre”, mientras que “con políticas inadecuadas hay un 12,5% que está más cerca de la línea de pobreza”. 

En tanto, un “12,7% de los niños son indigentes” de los cuales “un 6% estaría cerca, con políticas adecuadas, de poder llegar a la canasta básica. Y, viceversa, hay un 7,6% que con políticas inadecuadas o alta inflación, podrían pasar a ser indigentes”. 

Al exhibir gráficos, la abogada señaló que la AUH, la Tarjeta Alimentar y el programa “Mil Días” tienen un mayor impacto en los menores de 13 años, pero “los que peor están son los pibes de entre 15 y 17 años”. “De 13 a 17 años hay que encarar una política nacional, provincial y municipal que llegue y convoque a todo los chicos”, enfatizó. 

Graham aseguró que la Defensoría continúa insistiendo con que la Tarjeta Alimentar “aumente automáticamente como la AUH”. “Ya logramos pasar de que cubra a familias con hijos hasta los 6 años, a que cubra a familias que tienen hijos hasta los 14 años. Pero no bajamos la pretensión de que cubra hasta los 17 años, es el objetivo”, agregó y defendió que “el impacto de la Tarjeta Alimentar es lo que resuelve o no el tema de la indigencia, que es la pobreza extrema. Esto es comer o no comer”. 

Sobre el trabajo realizado, la defensora celebró que “el año 2022 ha sido el año de gran consolidación de la Defensoría” en cuanto a “la legitimidad y el rol, que nos costó al principio”, y también “de mucho fortalecimiento institucional, hemos crecido mucho porque la demanda nos obliga a crecer”. 

“También tenemos mayor conocimiento en el resto de las provincias, venimos haciendo un trabajo federal importante”, continuó y destacó que elaboraron su propio “estatuto de personal, que debe ser el más democrático, igualitario y con todas las perspectivas de derechos humanos que puedan encontrar” en los distintos sectores. 

Respecto de la labor federal, la funcionaria apuntó que llegaron a todas las provincias y que en ocho de ellas se reunieron con las máximas autoridades. “Hay algunos gobernadores y gobernadoras y tribunales superiores (de Justicia) que han tomado muchas de nuestras observaciones y recomendaciones”, dijo. 

En otro tramo resaltó el trabajo de la “red de legisladores provinciales por los derechos de niñas, niños y adolescentes”, al tiempo que afirmó que con los defensores provinciales “tenemos muchísimo vínculo y trabajamos en casos particulares y pronunciamientos generales”. 

En su exposición, Graham anunció que la semana próxima lanzarán un documento diseñado sobre “cuáles son los derechos que la Defensoría va a defender, los derechos alcanzados en los cuales no vamos a permitir que se retroceda”, de cara a las elecciones presidenciales. “Es fundamental para todos los candidatos y candidatas”, aseveró. 

Tras referirse a “alianzas estratégicas” de la Defensoría con otros organismos y las acciones en relaciones internacionales, la abogada apuntó que “en 2022 ingresaron 559 casos” de las 24 jurisdicciones sobre educación, salud, salud mental, pobreza, seguridad alimentaria, violencias, niñez indígena, niñez migrante, compra y venta de niños, entre otros.

“Este año ya vamos 368 requerimientos”, indicó e informó: “Nos hemos constituido en querellantes en algunas causas. Hay fallos de la Justicia Federal y provincial que toman recomendaciones de la Defensoría, esto es sentar jurisprudencia”.  

Otro de los aspectos que resaltó fue la ampliación de las becas Progresar, que “bajaron su piso a los 16 y 17 años y fueron un éxito. Hay alrededor de 650 mil chicos y chicas que están hoy en el Progresar y es muy importante, son el 45% de los chicos y chicas de 16 y 17 años”. “Cuando hay una política pública eficiente y eficaz, los chicos y las chicas la toman. Les tenemos que dar esa oportunidad”, subrayó. 

Y añadió que insistirán “ante el Gobierno nacional y el ministro de Educación (Jaime Perczyk), que ha tenido una buena predisposición, para que se incorpore a los chicos y chicas de 15 años”. 

Por otra parte, la defensora de NNyA señaló que se ha “avanzado mucho en campañas de concientización que tienen como objetivo visibilizar los problemas de niños, niñas y adolescentes y desnaturalizar algunas cuestiones”, como el caso de “la crianza con violencia”. 

A su turno, Facundo Hernández, defensor adjunto, se refirió a las acciones realizadas en cuanto a la niñez indígena, asunto en el que se ha logrado llegar por primera vez con un amparo colectivo a la Corte Suprema de Justicia de Salta. “No nos quedamos solo con lo que nos dice el gobierno (provincial), vamos a recorrer in situ a ver si esto se está cumpliendo”, manifestó sobre el plan que se puso en marcha para garantizar el acceso al agua. 

El funcionario habló además: del impulso de la Defensoría para que se active un protocolo especial en las fuerzas de seguridad nacionales sobre los derechos de NNyA; y para que el tema de salud mental en NNyA sea tomado como eje central por los Ministerios de Salud de la Nación y todas las provincias. 

Hay una imperiosa necesidad de modificar la Ley de Régimen Penal Juvenil; tenemos cuestionamientos internacionales y locales de la Corte Suprema por doquier”, apuntó y reveló que hay acuerdos mutuos con otros organismos para recomendar que “se modifique sin bajar la edad de imputabilidad”. 

Sobre la cuestión legislativa, reclamó que “es necesario la sanción de la ley que tipifica la compra y venta de niños, porque fue pedida por la Corte Interamericana” y una “legislación que regule la restitución interprovincial de niñas y niños”. 

Foto: Comunicación Senado

Advertencia de una oficialista y una opositora por los derechos

En la primera reunión de una comisión después de las PASO, y atento a la sensibilidad de los temas a tratar, al tomar la palabra, la diputada del Pro Victoria Morales Gorleri sostuvo que la temática sobre niñas, niños y adolescentes “cruje y duele”, porque “aún como Nación tenemos mucho por crecer y avanzar”.

La macrista confesó su “preocupación respecto al futuro próximo de nuestra Nación y de las problemáticas de infancia y adolescencia, y la defensa de los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes”. “Estamos en un momento bisagra y ojalá todos los que venimos trabajando fuerte por los derechos de las infancias no nos durmamos”, alertó. 

En la misma línea, la oficialista Paola Vessvessian remarcó que “más allá de las diferencias que podamos tener, los derechos conquistados no los podemos perder porque a una persona que tiene alguna intencionalidad política se le ocurra”, en alusión al candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei

La santacruceña observó que “a veces dicen que mucho de lo que se propone no lo va a poder llevar a cabo, pero con que haga 0,01% de eso vulneraría todos los derechos, sobre todo de los que son los más indefensos, los niños, niñas y adolescentes y los adultos mayores”. 

“Nos merecemos un repensar de qué nos está pasando. Yo y muchos de los que estamos acá defendemos lo público, en el sector público no están los vagos, están los que realmente van a bregar porque esos chicos y chicas que no tienen donde ir, puedan tener sistemas alternativos”, defendió. 

Y cerró: “¿Hay errores? Hay errores. ¿Hicimos cosas mal? Hicimos cosas mal. Pero nunca dañando al otro. Yo sí creo que donde hay una necesidad hay un derecho. Y es obligación nuestra, de las políticas públicas, garantizar que ese derecho se cumpla”. 

Reclaman por el tratamiento de la “Ley Abigail” en el Congreso

Tiene como objetivo capacidad a funcionarios públicos en materia de derechos de niños, niñas y adolescentes. Respaldo desde la Legislatura de Santa Cruz.

El pasado 13 de diciembre se aprobó en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz una adhesión al proyecto de ley de “Capacitación en Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes”, presentado por la diputada Roxana Reyes (UCR) a nivel nacional durante el transcurso del 2020. Sin embargo, la iniciativa está pendiente de tratamiento en el Congreso.

“La expectativa hoy está puesta en que la adhesión provincial le dé un gran envión para que sea aprobada rápidamente, ya que dicha propuesta cuenta con el apoyo de los diversos sectores políticos que integran la Legislatura Nacional”, señaló la legisladora radical.

En homenaje a Abigail Jiménez, la niña con cáncer a la que le impidieron ingresar a Santiago del Estero en medio de las restricciones por la cuarentena, Reyes apuntó que “la pandemia dejó al descubierto las deficiencias de los diversos poderes del Estado para tratar con violaciones a los derechos de la niñez. Muchos de los funcionarios estatales vinculados al sistema de protección actuaron de manera deficiente ante la presencia de casos de abuso o maltrato infantil”.

En ese sentido, el proyecto tiene como objetivo capacitar a los diversos funcionarios públicos en materia de derechos de la niñez y adolescencia.

Muchos hogares argentinos, donde alrededor del 54% de niños y niñas viven en la absoluta pobreza, las situaciones de maltrato y abuso infantil son cada vez más frecuentes. El diverso complejo social que transitan las familias argentinas hace muy difícil que desde el Estado se puedan identificar este tipo de violaciones.

“Entendiendo esta problemática es que esta ley se propuso como objetivo capacitar a todos los funcionarios para que la respuesta sea necesaria, oportuna y efectiva, y el maltrato infantil deje de ser un problema frecuente de la sociedad argentina”, agregó la santacruceña.

Impulsan capacitación obligatoria sobre vulneración de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes

Los diputados bonaerenses Alejandra Lordén y Maximiliano Abad presentaron el proyecto “Ley Abigail”, en homenaje a la niña que no pudo ingresar a su provincia para recibir tratamiento médico.

Los diputados bonaerenses Alejandra Lordén y Maximiliano Abad presentaron un proyecto de capacitación obligatoria sobre vulneración de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. La iniciativa tiene como objetivo capacitar a todos los funcionarios/as públicos/as de los tres poderes del Estado en el conocimiento y cumplimiento de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes consagrados en el Derecho Interno e Internacional. 

Se trata de un trabajo de la diputada nacional Roxana Reyes del mes de julio pasado, sobre una problemática que se repite en todo el país y que tiene que ver con la vulneración de los derechos. 

Se denomina Ley Abigail, por el conocido reciente caso de la niña con cáncer óseo en su pierna izquierda, sarcoma de Ewing. Hace cinco años que se somete a un tratamiento en el Hospital del Niño Jesús en Tucumán por esta enfermedad y lamentablemente hace escasos días, además de seguir luchando con su enfermedad, tuvo que soportar el trato inhumano de quien estaba a cargo del paso fronterizo entre ambas provincias. 

“Es por eso que esta ley llevará el nombre de ‘Ley Abigail’, para que ese tipo de situaciones, de vulneración de derechos, no vuelvan a ocurrir más, en ninguna provincia de nuestro país y principalmente no ocurran en territorio bonaerense”, resaltó Lordén.  

Abad explicó que “con esta propuesta queremos brindar conocimientos y herramientas concretas orientadas a fortalecer las capacidades de todas aquellas personas que se desempeñen en cargos públicos, en cualquiera de los tres poderes del estado para que incorporen en forma transversal el conocimiento sobre Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en su ámbito de trabajo”. 

La diputada Lordén concluyó que “la capacitación sistemática y obligatoria de todos aquellos que se desempeñen en funciones públicas, debe tener como objetivo el fortalecimiento del Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, buscando políticas públicas en la materia, formuladas, implementadas y monitoreadas, desde los principios de participación, equidad, sustentabilidad, inclusión y trabajo multisectorial”. 

Buscan fortalecer los canales de comunicación en pos de resguardar los derechos de los niños

La propuesta de Alejandra Lordén prevé incorporar la línea 102 y una APP a la ley vigente.

La diputada provincial de Juntos por el Cambio Alejandra Lordén propuso incorporar la línea 102 y una APP a la Ley de “Promoción y Protección Integral de los Derechos de los Niños”.

Se trata de la incorporación de un inciso a la Ley 13.298 que la diputada provincial considera necesaria en pos de fortalecer los canales de comunicación.

En el proyecto se establece la implementación de una aplicación para celulares e incorpora la línea telefónica 102 a la Ley que, aunque ya existe, “un marco regulatorio implica fortalecerla y generar mayor articulación de las diferentes áreas provinciales para lograr una mayor eficacia en relación a la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, ante la amenaza o vulneración de los mismos”, expresó la diputada.

“Dar información, contención y brindar asesoramiento en materia de violencia, maltrato y abuso sexual, y otras vulneraciones de derechos contra niñas, niños y adolescentes, así como la promoción de los mismos, con perspectiva de género y de discapacidad, son los objetivos”, aseguró Lordén.

La legisladora también dijo que “con la información que se recabe se pueden realizar datos estadísticos confiables a nivel provincial, sirviendo los mismos, para la diagramación de políticas públicas que fortalezcan los Sistemas de Promoción y Protección”.

“Los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes son la columna vertebral para sociedades más justas e igualitarias”, concluyó la diputada de Juntos por el Cambio.

Piden al Gobierno garantizar “de inmediato” el cumplimiento de los derechos de los niños

Es a raíz de la muerte a golpes de una nena de 3 años en Tucumán, cuando había habido datos suficientes del maltrato que sufría de parte de familiares.

La diputada Lidia Ascárate (UCR-Tucumán) solicitó al Gobierno nacional que garantice de manera inmediata el cumplimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes, establecidos en la Ley 26.061 y la Convención sobre los Derechos del Niño.

Y se refirió al caso concreto de Erica, la niña de tres años que el 3 de julio ingresó sin vida a un hospital de la capital tucumana, producto de una feroz golpiza ejercida por sus abuelos. Presentaba golpes en todo el cuerpo, cicatrices de cortes y quemaduras en sus partes íntimas, signos de haber sido torturada, gran parte de su cabellera arrancada a tirones y su cuerpo denotaba un alarmante grado de desnutrición.

La legisladora remarcó que “la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia de Tucumán (DINAyF) tenía conocimiento del maltrato sufrido por la menor. De hecho, hay denuncias por maltrato contra la menor registradas en el WhatsApp de la DINAyF apenas unos días antes de su muerte, sin embargo no pudieron evitar su trágico desenlace”.

“En la Argentina hay miles de niños en las mismas condiciones de Érica que, durante la pandemia, fueron sacados de las instituciones donde estaban alojados para ser ubicados temporalmente en familias y hogares de tránsito y, debido al acotado tiempo destinado a las evaluaciones, pusieron en riesgo la integridad física y psicológica de los menores”, destacó la diputada.

Acompañan esta iniciativa los diputados Domingo Amaya, Brenda Austin, Karina Banfi, Adriana Cáceres, José Cano, Soledad Carrizo, Álvaro De Lamadrid, Maximiliano Ferraro, Silvia Lospennato, Josefina Mendoza, Gustavo Menna, Diego Mestre, Roxana Nahir Reyes y Facundo Suárez Lastra.