En el marco del 20º aniversario de la promulgación de la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires llevará a cabo este miércoles a las 9 una jornada de reflexión y construcción colectiva para repensar el camino recorrido y los desafíos pendientes en materia de infancia y adolescencia en la Argentina.

Se trata de una iniciativa impulsada por la diputada de la Unión Cívica Radical – Evolución (UCR-Ev) Aldana Crucitta junto a la Academia Internacional de Psicología Integrativa (AIPI). Durante el evento se propone reconocer el carácter histórico y transformador de la Ley 26.061, sancionada en 2005, que marcó un punto de inflexión en el paso del paradigma tutelar al paradigma de protección integral de derechos de las infancias.

“A lo largo de estas dos décadas, la ley nos enseñó que las infancias deben ocupar un lugar central en las políticas públicas, en la comunidad y en las instituciones”, sostuvo la radical y agregó: “con esta jornada buscamos reafirmar que proteger derechos no se limita a cubrir necesidades materiales, sino que implica también reconocer, reparar y acompañar las huellas psíquicas y emocionales que dejan las vulneraciones”.

Bajo esta mirada, se presentará el enfoque sensible al trauma como clave contemporánea para la implementación real del paradigma de derechos. Toda vulneración deja marcas psíquicas; por eso, el Estado debe garantizar también el derecho a la recuperación emocional.

El encuentro pondrá en valor la intersectorialidad y corresponsabilidad entre Estado, comunidad, familia y profesionales, tal como lo establece la Ley, y destacará el trabajo cotidiano de los equipos interdisciplinarios que sostienen la tarea de cuidar y reparar, muchas veces en condiciones adversas.

Asimismo, se propondrá fortalecer los lazos entre los sistemas de salud mental, justicia, educación y protección, promoviendo una cultura institucional que escuche, acompañe y no revictimice.

En el marco del Día de las Falsas Denuncias, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llevó a cabo la jornada “Familias Destruidas”, organizada por la Fundación Apolo e Infancia Compartida, en la que se debatió acerca de alienación parental y los derechos del niño.

El encuentro se realizó en el Salón Montevideo y contó con un conversatorio compuesto por dos paneles que reunieron testimonios de víctimas y un debate técnico con especialistas y legisladores.

El panel técnico estuvo integrado por el legislador porteño de Republicanos Unidos (RU) Yamil Santoro, quien ya presentó tres iniciativas que buscan sancionar estas prácticas y reparar a las víctimas; los senadores nacionales Carolina Losada y Juan Carlos Pagotto; la especialista en psicología jurídica y forense Cecilia Schatz (APFRA); y la ex jueza de familia Karina Bigliardi. La moderación estuvo a cargo de Andrea Guacci, miembro del Frente de Mujeres Argentinas.

Allí se discutieron herramientas diagnósticas, vacíos legales y propuestas concretas para garantizar el interés superior del niño, prevenir la violencia institucional y evitar que la ideología interfiera en la aplicación de la ley.

Durante su intervención, Santoro afirmó que “nuestro eje de trabajo está puesto en las reformas institucionales, estamos investigando redes de fiscales, peritos, ONGs y demás, que funcionan de manera amañada o coordinada para hasta a veces vender el servicio de impedimento de contacto o de ventaja judicial” e indicó que “desde el lado legislativo, trabajamos en un registro de instructores de vínculos familiares porque nuestro objetivo prioritario y urgente es, además de que haya justicia en términos penales, la revinculación del hijo con el padre/madre que sufre el desplazamiento”.

“La Fundación Apolo trabaja toda la problemática: también tenemos casos donde se realizan falsas denuncias con fines extorsivos o para evadirse del cumplimiento de una obligación de pagar una deuda, por ejemplo. La verdad es que estas distintas formas de abuso del derecho son muy variadas y lo que venimos detectando es que además hay un entramado judicial e institucional que refuerza un funcionamiento sesgado de la justicia”, señaló.

En tanto, Losada remarcó que “esto tiene que ver con defender la verdad, no debería haber grietas de ningún tipo. Ninguna persona de bien puede sentirse cómoda con la mentira, con que se estafe al sistema judicial, porque la falsa denuncia es una forma de corrupción también. Cuando empezamos a trabajar estos casos en 2022, era políticamente incorrecto, nadie hablaba del tema. Todavía hay mucho miedo a estas organizaciones y profesionales con muy pocos valores y poco respeto a su profesión que hacen mucha plata con esto”.

Luego, familiares y víctimas de este tipo de casos relataron sus experiencias y cómo afrontaron cada una de las situaciones adversas que padecieron durante el proceso judicial. Los oradores fueron Norma Igoa, Pablo Ghisoni, Juan Foster y Ramón Dupuy. Este panel fue moderado por la presidente de Infancia Compartida, María Rosa Ortega, quien manifestó que “quien recibe una falsa denuncia pierde su vida, cambia radicalmente. Es un impacto en la moral, en lo más propio del ser humano. Después cuesta volver a ser quien uno era, recuperarse”.

Cabe resaltar que Santoro presentó un proyecto sobre el tema en la Legislatura porteña, con el expediente N° 1260/2025, con la incorporación de sanciones de arresto de 20 días en los casos más graves. La iniciativa incluye agravantes en contextos de violencia de género o cuando se prueba que el hecho nunca existió.

En la misma línea, también impulsó los proyectos N° 2450/2025 y N° 2451/2025, que refuerzan el combate a las denuncias maliciosas mediante inhabilitaciones y mecanismos de reparación para las víctimas, consolidando un marco normativo que busca desincentivar el uso abusivo del sistema judicial.

Los organizadores destacaron la importancia de la jornada como un espacio de visibilización y compromiso. Con gran participación de familias afectadas, referentes sociales y especialistas, el evento dejó en claro la necesidad de impulsar políticas públicas que protejan tanto a quienes denuncian delitos reales como a quienes son injustamente acusados.

La vicepresidenta del bloque UCR de diputados nacionales, Carla Carrizo, participó de la reunión de la Comisión Bicameral de Niños, Niñas y Adolescentes que recibió a cinco defensores de distintas provincias y contaron cómo es la situación en cada distrito. 

“Recibimos a los defensores de cinco provincias. La institución falta aún en 19. Quiero felicitarlos por los avances y no olvidar que el rol de las Defensorías del Niño en las provincias y la Nación, como la de la Bicameral de Congreso es controlar lo que los sistemas de protección hacen mal. Es decir que, para garantizar derechos a niñas, niños y adolescentes hay que incomodar oficialismos”, expresó tras el encuentro la diputada radical. 

En este sentido, señaló que es tarea del Congreso “elevar penas en el abuso sexual infantil porque hoy tiene la misma pena que un cheque sin fondos, la salud mental de niños y adolescentes que está ausente en las políticas, y avanzar en adopción y sistemas de cuidado”, añadió la precandidata de Juntos por el Cambio.  

“La deuda del Ejecutivo: reglamentar la ley 26290 de 2007 que establece cómo las fuerzas de seguridad deben actuar con niñas, niños y adolescentes, 14 años sin reglamentar y durante 2020 y 2021 el tema fueron los casos de violencia institucional ¿Cuánto más esperar?”, finalizó Carrizo. 

El Senado convirtió en ley este jueves un proyecto que modifica la Ley 26.061, sobre las funciones de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, de modo que pueda implementar una línea telefónica nacional, gratuita y de fácil acceso y una aplicación para teléfonos celulares, con el fin de brindar contención y orientación para niños, niñas y adolescentes.

La norma establece que este organismo podrá “crear interfaces de tecnologías y plataformas digitales gratuitas y de fácil acceso destinadas a brindar información y asesoramiento en materia de violencia, maltrato, abuso y otras vulneraciones de derechos contra niñas, niños y adolescentes, y que promuevan su participación”.

Además, tendrá la facultad de “establecer las directrices para la compilación y el tratamiento de la información producida por las interfaces de tecnología y por las líneas telefónicas de atención para niños, niñas y adolescentes dependientes de los distintos órganos administrativos de las diversas jurisdicciones”.

Asimismo, la Secretaría de Niñez deberá “generar campañas de difusión masiva” de esas nuevas vías de comunicación.

En la sesión, el senador oficialista Alfredo Luenzo explicó que con esta ley se creará "una única línea, la 102, en todo el país, y una aplicación para los chicos" la cual podrán usar en el celular, una "herramienta habitual con la que viven permanentemente".

El objetivo es que "los profesionales puedan atender" sobre los diferentes tipos de violencia que pueden llegar a sufrir los niños o adolescentes, la cual "no distingue de capas socioeconómicas". El titular de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión indicó que, según un informe de 2017 de UNICEF, "el 54% de los niños sufren golpes físicos y maltrato".

"Lamentablemente en la República Argentina solo tres familias de cada diez que son encuestadas pueden celebrar que no tienen violencia intrafamiliar", lamentó y advirtió que los menores que sufren este flagelo "terminan reproduciendo como adultos el mismo modelo de aprendizaje".

Por 230 votos a favor y ninguno en contra, la Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto que propone modificar la Ley 26.061, sobre las funciones de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, de modo que pueda implementar una línea telefónica nacional, gratuita y de fácil acceso y una aplicación para teléfonos celulares, con el fin de brindar contención y orientación para niños, niñas y adolescentes.

La diputada radical Roxana Reyes celebró el consenso alcanzado con el dictamen y señaló que “cuando se habla de abuso infantil nos estamos refiriendo a una de las peores violencias contra la niñez, donde los niños y niñas sufren un daño irreparable a su integridad física, psíquica y moral”.

Por su parte, la diputada Laura Russo señaló que “si la pandemia dejó consecuencias de todo tipo, también la pandemia deja saberes: el Covid-19 aceleró la incorporación de tecnología a muchos ámbitos de la vida humana”, y en ese sentido señaló que “este proyecto propone incorporar tecnologías y plataformas digitales gratuitas y de fácil acceso destinadas a brindar información y asesoramiento en materia de violencia, maltrato y otras vulneraciones de derechos contra niñas, niños y adolescentes y que promuevan su participación”.

La iniciativa establece que este organismo podrá "crear interfaces de tecnologías y plataformas digitales gratuitas y de fácil acceso destinadas a brindar información y asesoramiento en materia de violencia, maltrato, abuso y otras vulneraciones de derechos contra niñas, niños y adolescentes, y que promuevan su participación".

Además, tendrá la facultad de "establecer las directrices para la compilación y el tratamiento de la información producida por las interfaces de tecnología y por las líneas telefónicas de atención para niños, niñas y adolescentes dependientes de los distintos órganos administrativos de las diversas jurisdicciones".

Asimismo, la Secretaría de Niñez deberá "generar campañas de difusión masiva" de esas nuevas vías de comunicación.