La diputada nacional del Pro y flamante presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en la Cámara baja, Sabrina Ajmechet, anunció que creará el Registro de Violaciones en Pandemia, que recogerá denuncias y buscará fomentar la memoria y la justicia para aquellos afectados por posibles abusos durante la cuarentena por el coronavirus impuesta por el gobierno de Alberto Fernández.

Ajmechet expresó que buscará brindar un espacio seguro y receptivo a todas las personas que deseen compartir sus testimonios durante la cuarentena. “El Gobierno de Alberto Fernández es el que más violaciones de derechos humanos cometió en democracia”, sentenció en un video compartido en sus redes sociales.

La iniciativa busca que aquellas personas que se consideren víctimas de violaciones de derechos humanos durante la pandemia se acerquen a compartir sus experiencias. La información se registrará, sistematizará y se hará un informe final que se presentará ante la CIDH y otros organismos internacionales.

Ajmechet fue consagrada el miércoles pasado presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Diputados y en la ocasión sacó precisamente este tema. Lo hizo para adelantar su iniciativa y, en ese marco, anticipó esa propuesta y en ese sentido señaló que el miércoles 24 de abril organizará en esa comisión una reunión informativa para convocar a víctimas de violaciones a los derechos humanos durante la cuarentena.

Esa mención generó la respuesta de quien ahora es vicepresidente de la comisión, Hugo Yasky, que si bien no cuestionó esa moción, propuso ampliar la convocatoria a “las víctimas de las políticas represivas que se están aplicando” en la actual gestión de gobierno.

También intervino en la ocasión otro diputado de UP, Juan Marino, que retrucó los dichos de Ajmechet respecto de que durante el Gobierno de Alberto Fernández se registrara la mayor cantidad de violaciones de derechos humanos en democracia, recordando las víctimas del 19 y 20 de diciembre de diciembre. “Cuarenta muertos”, citó, adjudicándoselos a la gestión de Fernando de la Rúa.

En este caso Marino se encontró con la réplica del diputado Fernando Iglesias, quien primero aclaró que habían sido 39 los muertos, pero dijo que solo 7 se registraron en la Ciudad de Buenos Aires, el único distrito cuya seguridad estaba en manos de fuerzas federales. En cambio, aclaró, 10 fueron “en la Santa Fe de (Carlos) Reutemann, gobierno justicialista; 11 en la Buenos Aires de (Carlos) Ruckauf, gobierno del PJ; 3 en la Córdoba de (Juan Manuel) De la Sota, gobierno justicialista, y uno en el Tucumán de (Julio) Miranda, gobierno justicialista”.

Con fuertes críticas a Javier Milei, Victoria Villarruel y Mauricio Macri, representantes de organismos de Derechos Humanos participaron de una reunión en la Cámara de Diputados, donde reclamaron por la “urgente” sanción de una ley que castigue a los funcionarios públicos que nieguen los crímenes de lesa humanidad y genocidios. 

De la segunda reunión informativa de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías, que se realizó en el segundo piso del Anexo de la Cámara baja, participaron solamente diputados del oficialismo. 

A menos de dos semanas del balotaje, los invitados advirtieron lo que significaría, en materia de la política de memoria, verdad y justicia, un triunfo de La Libertad Avanza, al recordar las expresiones que han tenido en relación a la última dictadura cívica militar tanto Villarruel como Milei. De hecho, durante el encuentro, la candidata a vicepresidenta publicó en sus redes un mensaje en contra del debate. 

Los organismos de DD.HH. defendieron el proyecto de ley que consensuaron y que recogió la diputada Carolina Gaillard. El texto propone que el INADI pase a llamarse INADIN (Instituto Nacional contra la discriminación, la xenofobia, el racismo y el negacionismo), y que sea el encargado de dictar la “capacitación de carácter obligatoria en materia de Derechos Humanos (Memoria, Verdad y Justicia) para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación”. 

Además, esa iniciativa incorpora el artículo 248 al Código Penal, de modo de establecer que “será reprimido con pena de inhabilitación especial de 3 meses a 4 años, el/la funcionario/a público/a que, en el ejercicio del empleo, cargo o función, negare, minimizare, justificare o revindicare públicamente y por cualquier medio, genocidios o crímenes contra la humanidad reconocidos oficialmente como tales por el Estado Argentino”, esto es no solamente la última dictadura, sino también el Holocausto o genocidio armenio, entre otros. 

Primera en hablar, Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, les pidió a los diputados que “por favor urgente aprueben esa ley para realmente castigar legalmente, no con cárcel, con inhabilitación, a todos aquellos negacionistas, a los que reivindican el genocidio. Aquí no hubo una guerra, hubo un genocidio”. 

“Estos negacionistas y reivindicadores del horror existieron siempre, pero ahora están envalentonados, se han sacado la careta y es deplorable lo que estos siniestros personajes están diciendo si llegan a regir los destinos del país”, alertó. E insistió en que “más que nunca tienen que sancionar urgente esa ley, no puede ser que estos deplorables personajes sigan ensuciando la memoria de los 30 mil, porque son 30 mil; que sigan ensuciando esta democracia que nos costó tanto conseguir”. “Les digo a esos deplorables personajes que el Nunca Más es Nunca Más”, cerró entre aplausos. 

Desde la agrupación H.I.J.O.S, Carlos Pisoni expresó que este “es un día que nunca esperamos que tuviera que llegar”. “No quisiéramos estar aquí debatiendo de negacionismo, querríamos estar festejando que el 10 de diciembre se cumplen 40 años de democracia”, sostuvo y lamentó “estar debatiendo retrocesos”. 

Tras enumerar logros de los organismos de DD.HH. en estos años, como la recuperación de 137 nietos o la condena de 1.100 genocidas, también recordó el fallo 2×1 de la Corte Suprema que “dimos vuelta y fuimos millones en las calles”. 

“La mejor forma de combatir al negacionismo es la educación. Al negacionismo no se lo combate con la punición, se lo combate con la prevención”, destacó y sobre el proyecto impulsado por los organismos de DD.HH. señaló que “propone un plan nacional en educación y derechos humanos que sea impartido por el INADI”, el cual deberá pasar a llamarse INADIN. También, “la formación obligatoria a todos los funcionarios públicos en materia de derechos humanos” y la tipificación en el Código Penal “al negacionismo para los funcionarios públicos que de alguna manera nieguen, relativicen, banalicen o minimicen los crímenes de lesa humanidad reconocidos por el Estado argentino y los genocidios”, como el Holocausto o la masacre a pueblos originarios. 

“Si esta ley se hubiese aprobado antes, seguramente estaríamos discutiendo la inhabilitación en el cargo de Victoria Villarruel y Javier Milei por ser negacionistas e infiltrados de la democracia”, apuntó Pisoni. 

A su turno, Mabel Careaga, de Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, subrayó que “hay un sector que siempre vuelve con declaraciones negacionistas y que hoy en Argentina está expresada en la derecha”. Recordó que durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri “vimos con estupor como Darío Lopérfido comenzó a hablar de que no eran 30 mil” y que “la cifra había sido inventada”. Junto a los organismos y artistas, “logramos que pidiera disculpas y después renunciara”, agregó.

La activista remarcó que “no solamente niegan los hechos del terrorismo de Estado, que en nuestro país como en ningún otro país del mundo han quedado demostrados en juicios ejemplares” sino que “pretenden ser presidente y vicepresidente de la Argentina”. “¿Ustedes imaginan qué país vamos a tener con Milei de presidente y Villarruel de vicepresidenta? Realmente es inimaginable pensar tanto retroceso para nuestro país”, lanzó contra la fórmula de La Libertad Avanza. 

Sobre la iniciativa, aseguró que “la sanción del negacionismo protege a los ciudadanos y a las víctimas del terrorismo de Estado, nos cuida a los familiares, y además protege a los 30 mil desaparecidos, porque no permite que se insulte su memoria”.

Eduardo Tavani, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, advirtió que “los discursos negacionistas conducen inevitablemente a un genocidio, y no lo afirmamos porque sí, lo afirma Auschwitz, lo afirma la ESMA, lo sostiene y es ejemplo Ruanda y Armenia, esos genocidios son la prueba palpable de que tolerar esos discursos va a terminar muy seguramente en algo que nosotros conocimos muy bien la historia reciente, y que padeció nuestro pueblo: el terrorismo de Estado”. 

“No venimos a reivindicar estrategias penales y tampoco somos de la idea de engordar códigos”, aclaró, sino que “la centralidad del proyecto se sostiene en la necesidad de formación, de capacitación”, manifestó. No obstante, sobre la incorporación de un artículo al Código Penal, que plantea el texto, explicó que los funcionarios “van a tener que responder si esos discursos los sostienen en público”. 

En nombre de Abuelas de Plaza de Mayo -cuya titular, Estela de Carlotto, no pudo asistir-, Guillermo Pérez Roisinblit opinó que este proyecto se trata de “una reacción inmune” pero “tardía” porque “esto no arranca ahora en la campaña, sino con un presidente (en alusión a Macri) que se anima a decir que todo lo hecho por los organismos de derechos humanos era ni más ni menos que un curro”. “Es alarmante que dentro de lo que significa el juego de la democracia haya personas, actores y candidatos que reivindican todo lo que pasó cuando no la tuvimos”, dijo.

Roisinblit aseveró que “no fueron excesos, fueron crímenes y delitos de lesa humanidad” y “un plan sistemático llevado adelante en el cual se había pensado quedarse con los hijos de las víctimas”. Nuevamente en una crítica a los libertarios, enfatizó que esos discursos provengan de “dos personas que quieren jugar al juego de la democracia, pero cuando se aburran se la van a llevar puesta”. 

Nieta recuperada y legisladora porteña del Frente de Todos, Victoria Montenegro habló de que estamos en “una instancia tremendamente preocupante para la democracia; lo que está en riesgo es tremendamente grave”. Sobre la ley, afirmó que “es el marco que necesitamos para ponerle un freno no solo a un discurso, sino a una práctica política que quiere instalarse en Argentina, que quiere borrar la historia y que quiere atacar a nuestros jóvenes”. 

“No es posible que una candidata a vicepresidenta niegue la historia de la Argentina y los 30 mil desaparecidos y la existencia de los nietos que fuimos recuperados”, sostuvo y alertó que, en caso de ser gobierno, podrían “cerrar el Banco Nacional de Datos Genéticos”. 

Montenegro señaló que “esta pelea no termina con estas elecciones, creemos que vino a quedarse y disputar lo que conquistamos en estos años”. “El legado de las madres, de las abuelas y los organismos es un legado que debe ser de toda la sociedad argentina, y los discursos de odio vienen a atacar ese legado. Es cierto que el amor vence al odio, pero el amor hoy necesita una regulación urgente”, cerró. 

Representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Federico Efrón pidió: “Demos una respuesta a esto, porque es inadmisible que en el marco de un debate de cinco candidatos a presidente escuchemos las palabras de (Emilio) Massera en su defensa final, antes de que termine el juicio de las juntas”. Para el funcionario, “tiene que haber algún tipo de respuesta frente a esos discursos” porque “desde 2003 en adelante tenemos una política de Estado consolidada”. 

En ese sentido, explicó que se ha transformado en una política gracias a las decisiones y resoluciones del Ejecutivo, las leyes del Legislativo y las sentencias del Poder Judicial. Precisamente sobre esto último, informó que “al día de hoy, considerando la sentencia que se dictó ayer en Corrientes, en donde tres de los siete condenados no tenían una sentencia previa, llegamos a las 1.200 personas condenadas”. Además se han finalizado “336 juicios, hay otros 15 que están en curso y hay muchos más esperando comienzo. Sólo en lo que va de 2023 hubo 20 sentencias distintas”. 

“Las sentencias reconocen que lo que pasó fueron crímenes de lesa humanidad, utilizan el término terrorismo de Estado, no es un discurso político, es algo que está reconocido por los jueces en todo el país”, enfatizó Efrón e insistió que los discursos negacionistas son “además de una absoluta falta de empatía con las víctimas, negar la realidad y negar los actos mismos del Estado en los últimos años”. 

El funcionario indicó que “no se trata de criminalizar el discurso ni atentar contra la libertad de expresión”, sino de “responsabilizar al funcionario público que públicamente negara lo que ya está probado y reconocido por el Estado”. 

Otro de los expositores invitados fue Remo Carlotto, director ejecutivo del Instituto de DD.HH. del Mercosur e hijo de Estela de Carlotto, quien mencionó que “lo que nos está sucediendo en la Argentina es algo que está sucediendo en la región”. En ese sentido, ejemplificó el caso de Brasil, donde Jair Bolsonaro siendo diputado “reivindicó al torturador de Dilma Rousseff” y luego “como presidente construyó un proceso de degradación de la democracia y la creación de una agenda violenta en la sociedad. Creció 800% la portación de armas (en su gobierno)”.

El exdiputado lamentó que no haya legisladores de la oposición en el debate, “porque quizás piensan que esto es un tema que no les incumbe, y eso es lo peor que puede pasar”. “La democracia nos pertenece, la democracia es un valor enorme para quienes vivimos la persecución y el exilio”, añadió. 

También expusieron en la reunión Luis María Alman Bornes, titular del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos; Verónica Torras, del CELS; la senadora nacional oficialista Nora del Valle Giménez, quien estuvo detenida durante la dictadura; y Andrea Cuellar Camarena, de la Intersindical de Derechos Humanos. 

La diputada oficialista Carolina Gaillard, quien recogió la propuesta consensuada por los organismos de derechos humanos, sostuvo que “esta ley se la debemos a las abuelas, a los hijos, a las madres, a todos lo que padecieron esos años trágicos en nuestro país, esa etapa oscura que fue la dictadura”. “Nuestro país ha sido reconocido internacionalmente por su política de memoria, verdad y justicia”, ponderó y recordó a Néstor Kirchner, quien impulsó la derogación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. 

“A 40 años de la democracia es inadmisible que tengamos candidatos en las fórmulas presidenciales, como es caso de Victoria Villarruel, que acaba de tuitear que la estamos amordazando con las leyes anti-negacionistas. Es decir, ella ratifica y reafirma que está en lo correcto negando o minimizando lo que ocurrió en nuestro país”, comentó sobre el posteo en la red social X de la candidata a vicepresidenta. 

Los proyectos de “negacionismo” que se tratan en el Congreso son para amordazar a los que pensamos distinto, a los que cuestionamos el relato y las mentiras sostenidas con dinero público y a evitar que cualquiera que tenga coraje se anime a hablar para ejercer su libertad de…

— Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) November 7, 2023

En el final del encuentro, el presidente de la comisión, Hugo Yasky, anunció que buscarán “avanzar con la unificación de todos los proyectos, porque tenemos voluntad de que haya un solo proyecto”. 

El cierre quedó a cargo de Taty Almeida, quien dijo que “efectivamente quedamos muy poquitas madres, pero no me voy a cansar de repetir que a pesar de los bastones y las sillas de ruedas seguimos de pie. Falta tan poquito para votar quiénes van a regir los destinos de nuestro país: por favor demostremos en las urnas, demostremos en los resultados que no nos han vencido”. “Sé que en algún rinconcito están Alejandro y los 30 mil desaparecidos apoyando este proyecto de ley”, expresó y los asistentes terminaron el encuentro al canto de “30 mil compañeros desaparecidos ahora y siempre”. 

El diputado Juan Martín presentó un proyecto de ley para promover, proteger y ejercer los derechos humanos de las personas mayores. “Queremos valorar a la persona mayor, su papel en la sociedad y su contribución al desarrollo”, señaló el legislador radical.

“Las personas mayores, pese a que son cada vez más, constituyen un sector cuyas vulnerabilidades se encuentran invisibilizadas o en el peor de los casos, aceptadas por la sociedad”. Este es uno de los ítems del proyecto de capacitación obligatoria para la promoción, protección y ejercicio de los derechos humanos de las personas mayores, que cuenta con el aval de diez bloques parlamentarios.

“Es impostergable hacerle sitio a un nuevo sujeto socio-político y construir una sociedad para todas las edades. Estamos obligados a revisar los estereotipos y prejuicios de la vejez que la asocian a una etapa de la vida de deterioro, enfermedad, pérdida y pobreza y ahondar más bien en las oportunidades que presenta”, indica Juan Martin.

La iniciativa propone “la capacitación obligatoria sobre promoción, protección y ejercicio de los derechos humanos de las personas mayores para todas las personas que se desempeñen como funcionarios públicos en todos sus niveles y jerarquías en el ámbito del sector público nacional definidos en el artículo 8° de la Ley 24.156, en los poderes Legislativo y Judicial de la Nación y Ministerio Público”.

También dispone “articular acciones para capacitar a los encargados de los servicios sociales y de salud, personal encargado de la atención, personal de cuidado de personas mayores en los servicios de cuidado a largo plazo o servicios domiciliarios y a los familiares y personas que ejerzan tareas de cuidado domiciliario”.

El proyecto señala, además, que “las personas que se negasen sin justa causa a realizar las capacitaciones previstas serán intimadas por la autoridad de aplicación a través y de conformidad con el organismo de que se trate. El incumplimiento de dicha intimación será considerado falta grave dando lugar a la sanción disciplinaria y/o administrativas pertinentes de corresponder”.

Distintos representantes de organismos de Derechos Humanos, movimientos sociales, diputados nacionales y líderes de la Central de Trabajadores Argentina (CTA) expresaron su rechazo este lunes hacia lo que definieron como una “violenta represión que está sufriendo la población de Jujuy” y denunciaron las acciones llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad del Gobierno de Gerardo Morales.

Los dirigentes ofrecieron una conferencia de prensa en el salón Delia Parodi de la Cámara de Diputados para abordar la situación en Jujuy y responsabilizaron a Morales por los hechos.

El diputado Hugo Yasky, líder de la CTA y presidente de la Comisión de Derechos Humanos, manifestó su indignación ante “la represión despiadada y brutal durante una protesta pacífica, sin que existiera justificación alguna para la represión”. Además, cuestionó la reforma constitucional impulsada por Morales, argumentando que viola la Constitución Nacional. Yasky advirtió que pretenden convertir a Jujuy en “un ejemplo de lo que la derecha desea para Argentina”.

Yasky informó que convocarán a una movilización frente a la Casa de Jujuy el próximo jueves a las 11 de la mañana y reveló que presentaron una denuncia ante la OIT por la violación de un convenio que establece la obligación de los gobiernos de consultar a los pueblos originarios antes de realizar cualquier cambio que afecte sus derechos.

Taty Almeida, representante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, consideró “muy importante” la iniciativa, enfatizando la necesidad de mantener la memoria y continuar exigiendo “justicia legal, verdad y memoria”, sin recurrir a la violencia. Al mismo tiempo, instó a no rendirse y a seguir adelante.

Desde Jujuy, adonde viajó el domingo, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, también participó en la conferencia de prensa a través de Zoom desde Jujuy. Rechazó las afirmaciones del gobernador Morales, que alertó que desde el Gobierno nacional se está fogoneando el conflicto. Petragalla declaró que “es mentira que se esté fomentando la violencia”. Asimismo expresó el deseo de establecer mesas de diálogo en lugar de la represión que están experimentando.

También estuvo la legisladora porteña Victoria Montenegro, que consideró “sorprendente” que haya líderes políticos intenten revertir “los logros” alcanzados en los últimos años. Montenegro afirmó que lo que está haciendo Morales “es una muestra de lo que quieren construir en Argentina: un país con represión y sin derechos”. Añadió que “están intentando reintroducir la violencia en la sociedad”.

Con propuestas regionales, se realizó el Encuentro Parlamentario “Derechos Humanos y Políticas Públicas en América Latina”, organizado por el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur (IPPDH) y la Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos del Parlamento del Mercosur (Parlasur), en el marco del III Foro Mundial de Derechos Humanos en Argentina, en la sede del IPPDH, en el Espacio Memoria y Derechos Humanos ex ESMA.

La apertura estuvo a cargo de Andressa Caldas, directora de Relaciones Institucionales del IPPDH que en relación a los ejes temáticos del encuentro públicas señaló: “esperamos que cada uno tenga tiempo de compartir el diagnóstico, las realidades nacionales, los desafíos y respuestas institucionales que desde los países están dando y puedan armar propuestas de marco regional, hay patrones que se repiten y eso exigen respuestas también regionales, o coordinadas, colectivas”.

Luego le dio la palabra a Fernanda Gil Lozano, directora Ejecutiva del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH UNESCO), quien señaló en la apertura “que los diferentes estilos de gobierno han creado la impresión de que los poderes legislativos en América Latina tienen una falta de capacidad de acción positiva para participar eficazmente en la formulación de políticas, para mí la respuesta es interrelacionarnos de manera más decidida con otros países y bloques regionales para dar muestra de nuestros avances y para que se reciclen experiencias en países con democracias menos desarrolladas”.

Por su parte, la parlamentaria Elena Corregido (Argentina), presidenta de la Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos del Parlasur, también advirtió que “estamos viviendo un momento nuevo en relación con organismos regionales (…) estas políticas que vienen a desarmar los órganos regionales tienen una sola razón no quieren que el pueblo participe en la distribución de riquezas, y de los ingresos”. Por último, la Parlamentaria informó que “el presidente (Alberto Fernández), anunció que Unasur nuevamente iba a ponerse en funciones”.

Por último, la parlamentaria María do Rosario (Brasil), indicó que “en materia de Derechos Humanos en ninguno de nuestros países, consiguieron construir la democracia más profunda y sustantiva con sentido para el pueblo. Es preciso pensar que para abrir las fronteras, los Derechos Humanos son por naturaleza una invitación a la gran patria madre latinoamericana y mundial, un encuentro entre todos aquellos que deben asegurar los Derechos Humanos y que por tanto esto es incompatible con la opresión fascista y neoliberal”.

A continuación, parlamentarios de la región debatieron en mesas de trabajo sobre políticas públicas de memoria, verdad, justicia y reparación, iniciativas legislativas de prevención y de imputación de responsabilidad de la violencia política por razones de género; marcos normativos para la construcción de sistemas integrales de cuidado, y experiencias regulatorias nacionales y regionales para la prevención y combate a discursos de odio, campañas de desinformación y diseminación de información falsa (fake news).

Plenaria Final y Cierre

Luego de debatir, las Parlamentarias Nancy Núñez (México), Bettiana Díaz (Parlasur), Mireya Pazmiño (Ecuador), Jhajaira Arresta (Ecuador), Magali Lourdes Gómez (Bolivia) y el parlamentario Orlando Silva (Brasil), presentaron las conclusiones de las mesas de trabajo.

Referente a la Mesa 1 sobre Políticas públicas de memoria, verdad, justicia y reparación, la representante informó que todos los países merecen verdad, justicia y reparación con una memoria viva, porque aseguran no tener el acceso a las políticas integrales de reparación, sobre todo en la juventud y el arte, de igual forma reclamó la poca inversión en políticas de Derechos Humanos de los pueblos.

Sobre la Mesa 2, sobre las iniciativas legislativas de prevención y de imputación de responsabilidad de la violencia política por razones de género, destacaron los casos de feminicidios, la falta de conexión con las mujeres del campo; así como la importancia de trabajar con enfoque de género, los marcos normativos para erradicar la violencia de género y la violencia de mujeres hacia otras mujeres, entre otros temas.

Por otro lado, concluyeron sobre la Mesa 3 referente a los marcos normativos para la construcción de sistemas integrales de cuidado, haciendo referencia en particular la responsabilidad en hacerse cargo desde la institucionalidad, y su relación con la igualdad de género, una agenda de cuidados, las normas jubilatorias, licencias de maternidad y paternidad, así como las políticas de cambio cultural.

En relación a la Mesa 4, los discursos de odio, la desinformación y diseminación de información falsa refirieron, entre otros puntos, se destacó la necesidad de elaborar marcos normativos nacionales, realizar un diagnóstico regional y coordinar acciones regionales en el marco de Parlasur y con apoyo del IPPDH para ofrecer propuestas y recomendaciones.

Estuvieron presentes en este encuentro las parlamentarias y parlamentarios del Mercosur Elena Corregido y Juan Pablo López Baggio (Argentina); Bettiana Díaz y Álvaro Dastugue (Uruguay). También María Rosa Martínez (Argentina), Mónica Macha (Argentina); Virginia Velasco Condori (Bolivia), Hermo Pérez (Bolivia), Natividad Aramayo Paredes (Bolivia); Fernanda Melchionna (Brasil), Orlando Silva (Brasil), Mónica Benício (Brasil); Francisca Montalegre (Chile), Antonio Ortega José Gutiérrez (Costa Rica), Jahiren Noriega Donoso (Ecuador), Mireya Pazmiño (Ecuador), Ligia del Carmen Ramos (Honduras), Jari Dixon Herrera Hernández (Honduras), Nancy Marlene Núñez Reséndiz (México), Roddy Ingram (Argentina), Joana Lima (PAM), Ángel Maravilla (Parlacen), Matías Mazú (Argentina), También participaron como observadores los Parlamentarios de Marruecos y de organismos internacionales.

En formato virtual participaron del encuentro las parlamentarias María do Rosario Nunes (Brasil), Claudia Ortiz (El Salvador) y Eria Vanessa del Castillo (México).

Organizado por el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur (IPPDH) y la Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos del Parlasur, en el marco del III Foro Mundial de Derechos Humanos, que tiene lugar en Buenos Aires, este jueves se realizará un encuentro parlamentario llamado “Derechos Humanos y Políticas Públicas en América Latina”.  

El evento tiene por objetivo intercambiar experiencias de reglamentación, leyes y discusiones parlamentarias en torno a algunos temas de relevancia para la agenda de derechos humanos y políticas públicas en América Latina y avanzar hacia la construcción de lineamientos regionales sobre temas de actualidad. 

El director ejecutivo del IPPDH, Remo Carlotto, señaló que “en el marco de la realización de un Foro Mundial de Derechos Humanos, no puede faltar la participación de los Parlamentos de los países, que es el ámbito natural de la discusión política y de la estructuración de la legislación para garantizar los derechos humanos. Es allí el punto donde se producen los avances que garantizan el pleno ejercicio de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas en cada uno de nuestros países”. 

Por su parte, la parlamentaria Elena Corregido, presidenta de la Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos del Parlasur, sostuvo que “América Latina es una región de paz” y “tenemos que velar por el cumplimiento de los derechos humanos y por nuestras democracias, que hoy día están siendo desestabilizadas y violentadas con discursos de odio y violencia política”.

“Tenemos que preguntarnos cuando trabajamos, ¿qué herramientas tenemos los Estados para enfrentar los embates de los grandes grupos económicos a los que no le interesan nuestros ciudadanos?”, agregó.

La agenda que se abordará consiste en los temas: políticas públicas de memoria, verdad, justicia y reparación; construcción de sistemas integrales de cuidado; la prevención y combate a discursos de odio, campañas de desinformación y diseminación de información falsa; e iniciativas legislativas de prevención y de imputación de responsabilidad de la violencia política por razones de género. 

El Foro Mundial de Derechos Humanos es un espacio de debate, intercambio de experiencias e ideas para alcanzar más justicia e igualdad en todo el mundo. El primer encuentro fue en Brasil en 2013 y el segundo en Marruecos en 2014. La organización de esta tercera edición es liderada por el CIPDH-UNESCO, y se realiza del 20 al 24 de marzo. 

El encuentro parlamentario de este jueves se realizará de 9 a 14 en la sede del IPPDH, en el Espacio Memoria y Derechos Humanos exESMA. La apertura y el cierre del evento serán transmitidos por el canal de YouTube del IPPDH Mercosur y del Parlasur.

La vicepresidenta del bloque de diputados nacionales de la UCR, Karina Banfi, denunció a través de sus redes sociales que el Gobierno nacional no invitó y excluyó a las fuerzas políticas de la oposición del III Foro Mundial de Derechos Humanos que se celebrará esta semana en Buenos Aires.

“El Gobierno nacional organizó durante esta semana el III Foro Mundial de DD.HH. para ‘celebrar’ 40 años de democracia. La oposición no fue invitada. No quieren que hablemos de las dictaduras que apoyan en la región, no del estado de los DD.HH. en el país. ¿Les rompemos el relato?”, expresó la radical.

A través de un hilo de tuits, en la que formuló una serie de preguntas retóricas, desafió: “¿Quién va a hablar de los presos políticos y de los desterrados en Nicaragua?”.

“¿Quién va a hablar de la violación de derechos humanos en Venezuela? ¿Se hará cargo el Gobierno en su Foro Mundial de Derechos Humanos de repudiar la apropiación de 6.000 niños ucranianos por parte de (Vladimir) Putin, por lo que la Corte Penal Internacional pidió su captura?”, continuó.

También, la legisladora se preguntó “¿quién va a hablar de la falta de libertad de expresión en Cuba? Donde condenan a ciudadanos a decenas de años en prisión por protestar en las calles”.

Pero no sólo criticó casos en el plano internacional, sino que enfatizó: “¿Quién va a hablar de los (al menos) 23 asesinatos cometidos por fuerzas policiales durante la vigilancia de la cuarentena en Argentina?”.

“¿Acaso la Secretaría de Derechos Humanos hará un informe del caso de Magalí Morales, la primera mujer asesinada en una comisaría en democracia? ¿Qué hizo la ministra de la Mujer, Ayelén Mazzina, en su provincia de San Luis por Magalí?”, añadió Banfi.

La radical sostuvo si “¿alguien recordará en el III Foro Mundial de Derechos Humanos a la madre de Facundo Astudillo Castro que aún no sabe por qué asesinaron a su hijo?” o si habrá “una palabra por la memoria para Blas Correa, asesinado por la policía en Córdoba”. “Lo dudo”, completó.

Por último, la diputada opositora expresó: “Ojalá no usaran la bandera de Derechos Humanos para tapar la impunidad en la que gobiernan”.

El diputado nacional Alejandro Vilca y la legisladora porteña Alejandrina Barry, ambos del PTS-FIT, encabezarán este miércoles una audiencia pública en la que se presentará un informe sobre violación de derechos humanos en Perú.

Tras su viaje a ese país, en calidad de miembros de las comisiones de Derechos Humanos de Cámara de Diputados y la Legislatura porteña, respectivamente, ambos relatarán sobre su estadía allí, donde fueron “a solidarizarse con las movilizaciones, así como para recoger testimonios y denuncias de la feroz represión llevada adelante por el gobierno de Dina Boluarte“.

La audiencia, que se realizará desde las 17 en el Salón Blanco de la Cámara baja, es convocada asimismo por los diputados Myriam Bregman y Nicolás del Caño y por Peruanos Autoconvocados en Buenos Aires. También participarán otros referentes del FIT-Unidad que también viajaron a Perú, representantes de organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y políticas.

Los diputados presentarán un informe sobre las denuncias recibidas y los documentos que les entregaron tanto la Coordinadora de Derechos Humanos de Perú como la Federación de Estudiantes de la Universidad de San Marcos, así como testimonios de representantes de las regiones del sur peruano, estudiantes de la Universidad de San Marcos y referentes de derechos humanos con los cuales se entrevistaron en su visita al país.

Vilca y Barry destacaron en la convocatoria que “la importancia de esta audiencia radica también en el enorme cerco mediático que encubre a la masacre planificada y ejecutada por las fuerzas militares y policiales de Perú, donde se cuentan más de 60 asesinados y asesinadas”.

“Tanto en localidades del interior como en Lima, se persigue y fusila con balas de plomo de armamento militar a diversas comunidades y se reprime brutalmente las manifestaciones”, denunciaron y agregaron: “Hemos recibido denuncias de gran cantidad de manifestantes que están procesados por ‘terrorismo’ por ejercer su derecho a la protesta. El pueblo peruano necesita la difusión masiva de estos hechos aberrantes para parar esta masacre de Dina Boluarte”.

La diputada nacional Sabrina Ajmechet (Pro – CABA) hizo referencias respecto al avance del enjuiciamiento contra el máximo tribunal de justicia y cargó contra el oficialismo: “Usan la bandera de los Derechos Humanos para defender la impunidad de la vicepresidenta Cristina Kirchner”.

Del mismo modo, la diputada macrista expresó: “Hay razones ridículas y forzadas, y las que se relacionan con los fallos son peligrosas”. Además, enfatizó: “Me da mucha pena y tristeza que estemos hablando de juicio político y de este circo que está haciendo el kirchnerismo con todos los problemas que tenemos”.

En diálogo con Radio Rivadavia, Ajmechet (integrante de la Comisión de Juicio Político) sostuvo que el pedido de juicio político “genera un problema nuevo y gravísimo para la índole institucional”.  “Esta arremetida contra el Poder Judicial bien después de la sentencia por corrupción contra la vicepresidenta Cristina Kirchner”, aseveró.

“El juicio político es una herramienta constitucional, y hoy tenemos un mal uso”, señaló. Además, manifestó que “el Poder Ejecutivo está persiguiendo al Judicial porque no lo deja actuar con autoritarismo”.

Con relación a las próximas reuniones de comisión, la legisladora advirtió: “Todos los jueves vamos a tener una escena más de este circo que tiene como propósito desgatar, porque no va a llegar a hacerse”, y aclaró: “Los acusados, en este caso los miembros de la Corte Suprema no están obligados a presentarse”.

Asimismo, consideró que cuando llegue al recinto “esto muere porque no tendrán el número”. “Vienen cambiando el reglamento constantemente. Utilizaron los derechos humanos para embarrar la cancha y usan la bandera para defender la impunidad de Cristina Kirchner”, explicó.

En el final, afirmó que “nuestra postura es que no vamos a dar quórum mientras el Congreso funcione para atacar a otros poderes, y cerró: “Cuando seamos gobierno vamos a ser responsables del estado del país, mientras tanto vamos a frenar este atropello”.

Siguen las expresiones de solidaridad para con la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, por los hechos ocurridos el jueves pasado en el recinto, durante la fallida sesión especial convocada.

Ahora un grupo de organismos de derechos humanos suscribió un comunicado para expresar “nuestra solidaridad con la presidenta de la Cámara de Diputados de la Nación, Cecilia Moreau, y a la vez repudiar las expresiones de violencia política y de género que se vivieron en la sesión” del 1 de diciembre pasado.

“Nuestra sociedad definió hace casi 40 años cerrar un capítulo de horror y construir, no sin dificultades, acuerdos de convivencia democrática”, agrega el comunicado. Allí sostienen que esas organizaciones no pueden “permitir de ninguna manera ese tipo de expresiones y comportamientos, menos aún si se trata de quienes han sido honrados con el voto popular para ser representantes de los intereses colectivos”.

El comunicado es suscripto porMadres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; Abuelas de Plaza de Mayo; Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas; H.I.J.O.S. Capital; Asamblea Permanente por los Derechos Humanos; Fundación Memoria Histórica y Social Argentina; Liga Argentina por los Derechos Humanos; Asociación Buena Memoria; Comisión Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte; Familiares y compañeros de los 12 de la Santa Cruz; y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza.

Máximo Kirchner participó este sábado del VI Encuentro Federal de Derechos Humanos en la ex Esma. Estuvo junto al secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla; Taty Almeida y Lita Boitano de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y la intendenta de Quilmes Mayra Mendoza.

“Debería llamar poderosamente la atención que él (por Macri) tuvo esos famosos 44 mil millones de dólares que tomó prestado. Pudo haber empezado, pudo haber hecho no el sistema de transporte ferroviario más moderno del mundo, podría haber hecho cuatro, uno arriba del otro, y no hizo nada”, señaló Máximo Kirchner en uno de los pasajes de su alocución.

“La verdad que lo que uno entra ahí a pensar, a preguntar compañeros y compañeras es por qué penetra ese tipo de cosas en nuestra sociedad, cómo es que calan. Porque no nos permiten dar un debate en serio”, advirtió Kirchner.

Más adelante, en su intervención, el diputado nacional también se refirió al debate presidencial de Brasil entre Lula y Bolsonaro, quienes este domingo disputarán la segunda vuelta en Brasil, para dirimir quién se queda con la presidencia de ese país: “Ayer miré el debate de Lula y Bolsonaro. La agresividad de Bolsonaro sobre la figura de Lula, la desfachatez a la hora de hablar, de no poder discutir un proyecto de país, y basarse todo en agresiones personales, en sentidos comunes”.

Al referirse al tema de los derechos humanos, el hijo de los Kirchner señaló: “La realidad también marca que más allá de la apropiación de niños y niñas, muchos de ellos recuperados por el trabajo tenaz de las Abuelas. A veces con ayuda del Estado, otras veces no, pero siempre con ayuda del pueblo”.

Sobre la deuda con el FMI planteó que “se nos dijo que éramos irresponsables por el solo hecho de pedir de proponer continuar negociando con el FMI mejores condiciones para la Argentina. Y mejores condiciones significan condiciones racionales, no condiciones ideológicas, matemáticas, numéricas que tienen que ver con poder acompasar en cumplir con deudas que ha tomado el Estado argentino con el desarrollo humano de una sociedad”.

Sobre el gobierno de Cambiemos, marcó que “la derecha argentina, la del mito de la eficiencia, porque confirmaron que era un mito lo de la eficiencia, la de los gerentes en los cargos públicos, la de los ceos diseñando políticas públicas, fracasó”.

Sobre el atentado perpetrado contra su madre y quienes están siendo investigados por la justicia, Kirchner señaló que “no es un sector de la sociedad que sienta que nadie la escucha, prende la tele y se escucha a sí mismo. Es casi una simbiosis entre estos grupos en materia de lenguaje e ideas que se escuchan”.

Finalmente, sobre los discursos de los sectores más radicalizados de la oposición, el diputado nacional señaló que “esta derecha violenta, que estigmatiza todo aquello que puede, que siente que no le es dócil, que siente que no le obedece e muestra siempre dispuesta a ir corriendo los márgenes de los acuerdos democráticos que los argentinos y argentinas hemos decidido vivir y se ha construido a partir del regreso de la democracia allá por el año 1983”.

“Vergonzosa abstención de Argentina a la condena de violación sistemática a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en Venezuela y China contra la minoría musulmana de los uigures”, se quejó este viernes el diputado nacional Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica.

El tema es que a continuación expresó también su sorpresa por “cómo algunos omiten condenar la vergonzosa abstención argentina con respecto al informe Bachelet sobre China. La plena vigencia de los derechos humanos se defiende siempre, no podemos hacernos los distraídos y tener una posición sesgada, ambigua  y oportunista”.

El tema es que este comentario claramente refiere a los socios de la Coalición Cívica en Juntos por el Cambio. Según pudo saberse este viernes, la elaboración de un comunicado sobre el tema chocó con la posición de la UCR, el Pro y el espacio de Miguel Pichetto, que querían limitar la condena a la postura del Gobierno argentino sobre Venezuela, no incluyendo entonces lo de China. Ante ello, la Coalición Cívica insistía en redactar una crítica hacia los dos rechazos y así fracasó la elaboración del comunicado en cuestión.

La Coalición Cívica concluyó expresando por su cuenta la posición que mantiene ante esta cuestión: “Las recientes abstenciones de nuestro país en la ONU, en los casos de Venezuela y China, ignorando las constataciones de la saliente Alta Comisionada para los DHs Michelle Bachelet, es inaceptable y va en contra de nuestros valores”.

El Gobierno de Alberto Fernández decidió abstenerse este viernes en la votación sobre las violaciones a los derechos humanos en Venezuela.

Ante ello, el presidente de la bancada radical de la Cámara baja, Mario Negri expresó que “la abstención de Argentina en la ONU a la hora de decidir que se continúe investigando la violación de DDHH en Venezuela es indignante. No hay argumentos para defender al régimen de Maduro”.

“Alberto y Cristina demuestran que para ellos los DDHH son un insumo y no una convicción”, concluyó el diputado radical.

A su vez, el diputado del Pro Waldo Wolff planteó: “Lamentamos profundamente la abstención del Gobierno Argentino para continuar investigando las violaciones a los DDHH del régimen de Venezuela violentando una vez más una histórica política de Estado que se ve empañada por una inexplicable miopía ideológica”.

Lamentamos profundamente la abstención del Gobierno Argentino para continuar investigando las violaciones a los DDHH del régimen de Venezuela violentando una vez más una histórica política de Estado que se ve empañada por una inexplicable miopía ideológica. pic.twitter.com/em7UuyMv1O

— Waldo Wolff (@WolffWaldo) October 7, 2022

Desde la Coalición Cívica, Mónica Frade criticó: “Vergonzosa abstención de la Argentina en la ONU. Apartándose de nuestra irrestricta defensa de los DD HH, en todos los rincones del mundo.

China y Venezuela son violadores sistemáticos de DDHH. Regímenes en los que se aplastan las voces disidentes”.

Una vez más, nuestro País, representado por un Gobierno aliado de dictaduras, se excusa de apoyar las investigaciones por violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Es vergonzoso y ofensivo para nuestra sociedad democrática. Pronto volveremos a ser un Pais normal.

— Juan Carlos Romero (@RomeroxSalta) October 7, 2022

El gobierno se niega a condenar la violación de los derechos humanos en Venezuela. Una vergüenza que nos hace quedar como un país que ha perdido sus valores. Está claro que el kirchnerismo miente descaradamente, cuando pretende embanderarse con la defensa de estos derechos.

— Miguel Bazze (@bazzemiguel) October 8, 2022

Gran mancha para el pais en materia de DDHH.
La abstención de Argentina en la ONU para que continúe la investigación en Venezuela de los crimenes de lesa humanidad cometidos por el régimen chavista, es vergonzosa para nuestro pais y una falta de respeto al pueblo venezolano.

— Roy Cortina (@DipRoyCortina) October 7, 2022

Una vez más, el kirchnerismo distorsiona el concepto de “DDHH”.
Consideran que en Venezuela y China no se violan, absteniéndose en la votación del Informe condenatorio de @UN_HRC pic.twitter.com/QLhoSI55wB

— Carolina Losada (@carolinalosada) October 7, 2022

La primera comisión en constituirse este miércoles muy activo en la Cámara de Diputados fue la de Derechos Humanos y Garantías, donde fue reelecto el diputado del Frente de Todos Hugo Yasky.

El radical Sebastián Salvador quedó como vicepresidente primero, en tanto que la oficialista María Rosa Martínez ocupará la otra vicepresidencia.

Para las secretarías, la correspondiente al Pro quedó en reserva, pues había iba a ser designada Sabrina Ajmechet, pero no pudo hacerse presente.

La catamarqueña Anahí Costa (Frente de Todos) ocupó otra de las secretarías, en tanto que la restante quedó para la izquierda y será ocupada por el diputado jujeño Alejandro Vilca.

En un emotivo acto que se llevó a cabo en el Salón Dorado de la Legislatura porteña, la delegación local de la Asociación de Trabajadores de Estado-ATE realizó la sexta edición de la entrega de los premios “Jorge Morresi”, en la que se reconoció la labor de distintas personalidades y organizaciones vinculadas a los Derechos Humanos.

La conducción del evento estuvo a cargo de Ezequiel Gennaro y Noelia Martínez, quienes fueron los encargados de entregarles el galardón al secretario de Derechos Humanos de Nación, Horacio Pietragalla; la actual interventora del Servicio Penitenciario Federal, Laura Garrigós; el ex presidente de Colombia, Rafael Correa; y la actriz Rita Cortese.

También se premió a Ana Pecoraro, Ernesto Lejderman, Marlene Wayar, Pablo Vassel, Alejandra Naftal, Claudio Yacoy, Mónica Hassenberg, y las organizaciones “La Retaguardia”, y la Intersindical de Derechos Humanos.

Al respecto de la ceremonia de premiación, Gennaro destacó que “en tiempos en que la militancia y la lucha permanente por los derechos humanos, son una tarea cotidiana, se vuelve imprescindible homenajear a quienes velan a diario, por la defensa de una sociedad más justa”.

Estuvieron presentes en el evento las Madres de Plaza de Mayo Lita Boitano y Taty Almeida; el vicepresidente del Parlasur, Oscar Laborde; el intendente de Avellaneda, Alejo Chornobroff, y algunos premiados de otros años, como el ex juez federal Carlos Rozanski y Ricardo Righi.

Los diputados nacionales Carla Carrizo (Evolución Radical), Rubén Manzi (Coalición Cívica), Sabrina Ajmechet (Pro), Mónica Frade (Coalición Cívica) y el presidente de la CC-ARI Maximiliano Ferraro  encabezaron en el Congreso de la Nación una reunión con miembros del Comité de Lucha Contra la Injusticia y la Impunidad de Santiago del Estero (C.C.I.I) -una organización que agrupa a más de 30 familiares de víctimas de distintas formas de violencia institucional y violaciones a los derechos humanos de esa provincia ocurridas, antes, durante y luego de la Pandemia por Covid- y referentes de organizaciones y especialistas de Derechos Humanos como la exsenadora nacional Norma Morandini; Gloria Machado, representante de la Red Infancia Robada dirigida por Marta Pelloni; Ernesto Tetaz (abogado de RADHIS) y Luciana Rached, dirigente política de la UCR en esa provincia, entre otros.

A un día de rememorar en Argentina el día de la memoria activa contra la violación de los Derechos Humanos en el país ocurridos durante la dictadura militar, el objetivo del encuentro fue entregar a los referentes de Derechos Humanos el informe del Comité Permanente con los casos testigos de las violaciones estructurales a los derechos humanos en la Provincia de Santiago del Estero y acordar una agenda de nacionalización de lo que ocurre en Democracia en muchas provincias del país y que sin embargo se invisibilizan desde las agencias del Estado Nacional que deberían actuar para evitarlo.

“Santiago del Estero es acaso el paradigma de una democracia electoral que cree que los votos dan legalidad para violar el estado de derecho de los santiagueños”, expresó Carrizo y agregó: “Este encuentro es el punto de partida para construir una voz colectiva que logre poner la agenda de los Derechos Humanos en clave de presente y no sólo del pasado”.

Y cerró: “Los Derechos Humanos tienen razones, y esas razones son independientes de los gobiernos y los partidos. Debemos volver a politizar desde la sociedad los abusos del presente y evitar la constante partidización que silencia las voces de madres, padres, hermanas e hijas en busca de justicia”.

En la misma línea se expresó el diputado Manzi, autor de dos informes presentados ante el Congreso sobre violencia institucional en el Noroeste argentino: “Santiago es el ejemplo máximo donde se violan los Derechos Humanos, ya que hay una impresionante concentración de poder en la provincia y una baja calidad democrática. Se trata de una democracia plebiscitaria. No hay división de poderes, hay cooptación, y el resultado son estos hechos aberrantes”.

Patricia Isorni y Juan Felipe Jaimes, familiares de víctimas y referentes del Comité de Lucha, hicieron entrega a los presentes del informe elaborado por el Comité, el cual consta de un registro de casos donde se relatan abusos de la policía, detenciones arbitrarias, torturas y muertes, y remarcaron que decidieron agruparse para “exigir Justicia ante la falta de respuesta de las instituciones de la provincia”. Además, anunciaron que se le remitirá una nota al Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, para solicitar una audiencia con dicho organismo rector del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en el país.

El encuentro finalizó con las voces de Luciana Rached quien acompaña el trabajo del Comité en Santiago del Estero; las diputadas Mónica Frade, Sabrina Ajmechet y el diputado Maximiliano Ferraro y el compromiso de Gloria Machado en representación de Martha Pelloni, Norma Morandini y Graciela Fernández Meijide, a través de un video que se compartió en un zoom que conectaba a los familiares de las víctimas en distintos puntos de la provincia.

Un día después de la asunción de Alberto Fernández  de la presidencia pro témpore de la CELAC, la Unión Cívica Radical pidió al Gobierno demostrar la búsqueda de construcción de consensos que proclama y que “no llevará adelante una política contra otras organizaciones internacionales ni países”.

“Se sabe que sin los apoyos de Nicaragua, Venezuela y Cuba la Argentina no ocuparía” la presidencia de la CELAC, expresó la UCR a través de un comunicado en el que advierte que nuestro país “no debe renunciar a la política de Derechos Humanos y de defensa y promoción de la democracia”.

Así las cosas, el partido que conduce Gerardo Morales consideró “urgente que el presidente haga cumplirlos consensos logrados en esa organización respecto a la vigencia de la democracia y los derechos humanos en sus países y se apliquen las sanciones correspondientes a los que persiguen opositores y no garantizan elecciones libres, sin proscripciones y sin fraudes”.

“Somos el soporte de las dictaduras de América Latina por la preferencia de una parcialidad y el Congreso le debe decir basta”, dijo el diputado porteño Facundo Suárez Lastra (Juntos por el Cambio).

Así lo consideró el legislador radical al pedir el tratamiento del proyecto 4179-D-2021 para que se rechace la abstención de Argentina en la OEA cuando este organismo le pidió a Nicaragua que cumpla con los derechos humanos y políticos en el marco de las elecciones presidenciales ya que hay muchos casos de candidatos a presidente que han sido arbitrariamente detenidos y no pueden participar del proceso electoral.

En su corta alocución, Suárez Lastra manifestó: “El Frente de Todos sistemáticamente bloquea todos los intentos de discutir la política internacional de nuestro país en este Congreso y particularmente bloquea las discusiones sobre posicionamientos en los casos de violaciones a los derechos humanos en países de América Latina”.

“Estamos ante el bochornoso ejemplo de que somos el soporte de las dictaduras de América Latina por la preferencia de una parcialidad y el Congreso le debe decir basta”, remató.

En tanto, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Eduardo Valdés (FdT), le contestó a Suárez Lastra: “No tenemos problemas de llevar adelante una política de Derechos Humanos. En el tema de Nicaragua, el embajador argentino está aquí y no nos guía las discusiones de Almagro porque es esa OEA que no dijo nada sobre varios casos como el de Evo Morales en Bolivia”.

“Se ha logrado que el oficialismo y la oposición estén dialogando en Venezuela”, cerró Valdés.

En el marco de la sesión ordinaria de este jueves, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires expresó su preocupación al cumplirse, el 18 de septiembre, el 15 aniversario de la segunda desaparición de Jorge Julio López, testigo clave en la condena a prisión perpetua de quien fuera el director de investigaciones de la Policía de la provincia de Buenos Aires durante la última dictadura cívico militar, Miguel Etchecolatz.

López nació en noviembre de 1929 y desde muy joven comenzó a sufrir persecución política. En el año 1955 debió abandonar su General Villegas natal y trasladarse a los Hornos, ciudad de La Plata debido a la persecución político-ideológica perpetrada por la autodenominada Revolución Libertadora.

En octubre de 1976 López y otros militantes fueron secuestrados y desaparecidos a manos de la policía bonaerense. Hasta octubre de 1977 fue derivado a varios Centros Clandestinos de Detención Tortura y Exterminio del denominado circuito represivo Camps. Tras sufrir diversos vejámenes fue puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y alojado en la Unidad Penal N°9 de la Ciudad de La Plata, de donde fue liberado el 25 de junio de 1979.

“En los años venideros Jorge Julio López transito un camino introspectivo que lo llevo a identificar lugares y culpables de crímenes de Lesa humanidad. La posibilidad cierta de un procesos judicial se esfumó con la promulgación de las llamadas leyes de impunidad y los posteriores indultos. Sin embargo durante los llamados juicio por la Verdad, López declaró extensamente y su testimonio se convirtió en una fuente probatoria importante”, precisaron los legisladores.

La desaparición de López se produjo el 18 de septiembre de 2006, cuando debía espera a  su sobrino que lo pasará a buscar por su casa. Sin embargo fe visto salir solo de su domicilio. La última vez que se lo vio, estaba parado en la esquina de la calle 66.

Desde un primer momento los Organismos de Derechos Humanos interpretaron que la nueva desaparición de López se trataba de desaparición forzada. Sin embargo para la Justicia recién lo fue en el año 2008, ya que en un primer momento la causa fue caratulada como desaparición simple y la Policía Bonaerense (la misma fuerza de la que Etchecolatz había sido  un alto funcionario) era la encargada de la investigación.

“2Quince años han pasado y nada se sabe de la suerte corrida por López,  hecho inaceptable para  país que vive su consolidación democrática más importante de toda su historia. En tal sentido el pronunciamiento de esta casa legislativa es necesario como advertencia de lo inadmisible de lo sucedido de los años vividos en una incertidumbre agobiante”, sentenciaorn.

La iniciativa recientemente aprobada lleva la firma de Victoria Montenegro, María Bielli, Lucía Cámpora, Claudio Morresi y Lorena Pokoik (FdT).

Se presentó en el Senado un proyecto de ley que establece sanciones penales a quienes tengan conductas negacionistas y/o apologistas de genocidio y crímenes de lesa humanidad.

La iniciativa lleva la firma del peronista chubutense Alfredo Luenzo y fue girada a la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado que encabeza el oficialista neuquino Oscar Parrilli.

El proyecto de ley de “Sanción Penal a Conductas Negacionistas y/o apologistas de genocidio y crímenes de lesa humanidad” modifica el artículo 213 del Código Penal para reprimir “con prisión de un mes a un año, el que hiciere públicamente y por cualquier medio la apología de un delito o de un condenado por delito”.

La iniciativa, además, reprime con “prisión de tres meses a dos años o multa equivalente a uno y hasta cien salarios mínimos, vital y móvil” al que públicamente “negara, minimizara, justificara o reivindicara la comisión de los delitos de genocidio, de lesa humanidad o crímenes de guerra contemplados en los artículos 6, 7 y 8 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y en los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional”.

Además, el “carácter de funcionario público será considerado como agravante del delito”, al considerar su “destitución definitiva e inhabilitación especial para ocupar cargos públicos por el doble de tiempo de la condena”.

En sus fundamentos, la iniciativa tiene por objeto “castigar a quienes nieguen genocidios o crímenes de lesa humanidad incluyendo, obviamente, los cometidos durante la última dictadura cívico militar”.

“Son comportamientos y discursos que niegan determinadas realidades y hechos históricos relevantes, percibidos por la mayor parte de la sociedad como hechos de máxima injusticia”, menciona la iniciativa.

El diputado nacional, Luis Petri acompañado por varios legisladores de Juntos por el Cambio, solicitó al Poder Ejecutivo dejar sin efecto la actualización de la “Directiva de Política de Defensa Nacional” (DPDN) aprobada por el Decreto 457/21 en lo referido a su apreciación estratégica sobre la República Bolivariana de Venezuela y que, con respecto a la situación en ese país, restituya los términos de la DPDN aprobada por el Decreto 703/18.

Además, cita al ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi, con el fin de explicar los términos de la nueva DPDN en general, y en lo referido a Venezuela en particular.

En ese sentido, Petri aseguró: “El Gobierno con este decreto sigue avalando la dictadura de Maduro y las violaciones a los derechos humanos. La justificación de que las violaciones de los DDHH en Venezuela ‘han ido desapareciendo’, como dijo Alberto Fernández, no es un hecho aislado y se suma a los avales a las dictaduras de Cuba y Nicaragua. El viejo principio de no intervención de la comunidad internacional en los asuntos internos de un Estado ha cedido en los últimos tiempos cuando en dichos estados ocurre una violación sistemática de los DDHH y esto no puede ser desconocido por el Gobierno de Alberto Fernández”.

El proyecto detalla que “la nueva directiva contiene, en su ‘Apreciación estratégica sobre el escenario regional’, consideraciones sobre la situación en la República Bolivariana de Venezuela que representan un verdadero retroceso con respecto a la directiva anterior, en la medida en que niegan la violación de los derechos humanos de los venezolanos por parte de la dictadura que los oprime”.

Finalmente cuestiona y afirma que “corresponde que el ministro de Defensa de cuenta de ello ante este Congreso, a quién o a qué manifiestan fidelidad el presidente, la vicepresidenta y el Gobierno que conducen. Quizás se trate de ser fieles a un proyecto político que enriquece a los dirigentes mientras empobrece a los ciudadanos, y que se aparta de la comunidad internacional para entregarse a la compañía de regímenes autoritarios que desestabilizan las relaciones internacionales. O tal vez sea lealtad a antiguos pero aún vigentes pactos ideológicos o personales con el partido y el dictador que someten a ese pueblo. Quizás se trate, sin más, de ser consistentes con el espejo en el que se reflejan y en el que aspiran a proyectar a toda la Nación Argentina”.
Acompañaron el proyecto de Luis Petri con su firma sus pares Fernando Iglesias, Waldo Wolff, Alvaro de Lamadrid, Karina Banfi, Gustavo Menna, Jorge Enriquez, Natalia Villa, Carla Piccolomini, Gonzalo del Cerro, Hector Stefani, Federico Zamarbide, Ximena García, Mario Arce, Omar de Marchi y Lidia Ascarate.

Representantes de distintos organismos de DD.HH. y organizaciones sociales presentarán este viernes en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires el Informe Preliminar de la Misión de Solidaridad y Observación de Derechos Humanos en Colombia. 

El evento, organizado por las presidencias de las comisiones de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud –Laura Velasco-, de Derechos Humanos, Garantías y Discriminación –Victoria Montenegro– y de Violencia Institucional –Mercedes Mendieta-, se llevará a cabo de forma mixta, presencial y virtual; y podrá verse en vivo a partir de las 17.30 a través del canal de YouTube de la Legislatura porteña. 

El documento ya fue difundido en conferencia de prensa por la Misión desde la capital colombiana y presentado recientemente ante la Comisión de Paz del Senado colombiano, la representante de la Alta Comisionada en DD.HH. de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

“El gobierno de Iván Duque está dando a la demanda social un tratamiento de guerra. Es necesario que el mundo se entere que hoy en Colombia, en democracia, hay cientos de desaparecidos, muchos de los cuales aparecen luego mutilados en el río o enterrados; decenas de homicidios, miles de personas heridas, cientos de mujeres y personas LGBTIQ+ víctimas de violencia de género, miles de detenciones ilegales y decenas de miles de persecuciones. Por eso queremos llevar todas estas voces al plano internacional, a los organizamos de derechos humanos, para que de alguna manera sea una presión política sobre el gobierno colombiano para que cese la represión y se escuchen las demandas del pueblo”, manifestó al respecto Velasco, quien fue parte de la delegación argentina que viajó a Colombia y elaboró este informe. 

La Misión de Solidaridad y Observación de Derechos Humanos fue convocada por organizaciones sociales, de DD.HH., sindicales y eclesiásticas colombianas para relevar denuncias, con el objetivo de contribuir al resguardo de la vida y la dignidad humana, garantizar la Justicia y el cumplimiento de reglamentos, leyes y tratados internacionales en materia de defensa de los Derechos Humanos. Estuvo conformada por representantes de distintas organizaciones sociales, populares y de derechos humanos de nuestro país, que entre el 25 de mayo y el 3 de junio, recorrieron las ciudades de Bogotá, Cali, Medellín, Pereira y Popayán, donde se entrevistaron con los distintos sectores que sostienen la inmensa movilización popular que desde el 28 de abril se lleva adelante en Colombia. 

Participarán de la presentación Leonardo Pérez Esquivel, Alicia Montoya, Ismael Jalil y Pablo Garciarena, entre otros representantes de organismos de derechos humanos y organizaciones sociales que integraron la Misión -CORREPI, Xumek, SerPaJ, Asociación Americana de Juristas, APDH, CADH, ATE, CTA Autónoma y organizaciones integrantes de la UTEP-, además de Nora Cortiñas, Abuelas de Plaza de Mayo, CELS, Liberpueblo, Amnistía Argentina, Abofem, Abosex, entre otras personalidades y organismos invitados. 

El diputado nacional de Juntos por el Cambio Álvaro de Lamadrid presentó un proyecto de ley para intervenir el Poder Judicial de Santiago del Estero, y sostuvo que hay que “terminar con la impunidad y los gobiernos feudales”. 

“El feudo de Zamora encubre crímenes y vejaciones atroces. La justicia es del poder y sus intereses. Reina la violencia institucional y los asesinatos se disfrazan como accidentes de tránsito”, expresó el legislador radical. 

De Lamadrid estuvo la última semana del mes de mayo en Santiago del Estero, allí conversó y se reunió con la agrupación Las Madres del Dolor y con los integrantes del Comité de Lucha contra la Injusticia y la Impunidad de esa provincia. “El testimonio de Patricia Isorni, mamá de Franco, y el de Lilia, mamá de Sergio, han sido desgarradores”, indicó. 

En este sentido, de Lamadrid agregó: “Son madres de hijos asesinados en pandemia, víctimas de violencia institucional. Son muchos casos de crímenes espeluznantes y aberrantes en la provincia de Santiago del Estero. Se puede ver exceso de la fuerza policial, encubrimiento policial, político y judicial. También protección a los narcos y zonas liberadas”. 

El diputado radical subrayó: “Debemos terminar con la impunidad y los gobiernos feudales”, y continuó, “la alternancia del poder no existe, el ejemplo fue el régimen Juarista instalado décadas, y ahora el régimen zamorista, que subió al poder con un discurso disfrazado de democracia, para luego modificar el sistema electoral y eternizarse en el poder. Estos sistemas políticos no son inocentes ya que marcan el sistema de vida de la gente”. 

En el proyecto presentado pide que se declare la intervención federal del Poder Judicial de la provincia de Santiago del Estero, por el plazo de 60 días, prorrogables por el Poder Ejecutivo Nacional por otros 60, a fin de “garantizar la forma republicana de Gobierno y evitar incurrir en responsabilidad internacional del Estado argentino”. 

La iniciativa de Álvaro de Lamadrid es acompañada por los diputados nacionales Gonzalo del Cerro, Lidia Inés Ascarate, Aída Ayala, Gerardo Cipollini, Mónica Frade, Marcela Campagnoli, Jorge Enríquez, Héctor Stefani, Martín Grande. 

Luego de que se viralizaran imágenes de incidentes entre las fuerzas de seguridad y civiles, la  Misión Internacional de Solidaridad y Observación de Derechos Humanos viajó a Colombia para supervisar la situación. Dentro de esa comitiva se encuentra la legisladora porteña del FdT y presidenta de la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud, Laura Velasco, quien advirtió acerca de la gravedad de lo ocurrido en ese país.

En ese sentido, la opositora indicó que “a un mes de comenzado el Paro Nacional, la movilización popular sigue siendo muy alta. Hay una decisión del pueblo colombiano de seguir reclamando por sus derechos” y confirmó la llegada en los próximos días a Colombia de una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Sobre esa misma línea precisó que “el gobierno colombiano está respondiendo a la demanda social con un tratamiento de guerra con armamento y ataques directos al cuerpo de los y las manifestantes” y advirtió que desde la delegación están “tomando todas las denuncias con mucho compromiso: hablamos de más de 50 personas asesinadas y más de 500 desaparecidas, 1500 heridos, 27 mujeres violadas y otras 87 violentadas en alguna forma”.

Además la Misión argentina se reunió, entre otros, con la abogada de Emili y Alison, dos menores abusadas sexualmente en una detención policial; la familia de Sebastián Quintero Munera, el joven asesinado por una aturdidora; la lideresa indígena Daniela Soto, herida en un ataque armado; y con la mesa local de Organizaciones por los DD.HH.

“El objetivo es llevar todas estas voces al plano internacional. Queremos que este informe llegue a los organismos internacionales de derechos humanos y de alguna manera sea una presión política sobre el gobierno de Duque para que cese la represión y escuche las demandas del pueblo”, explicó la legisladora.

También se refirió a la necesidad de dar marcha atrás con la reforma tributaria regresiva y la privatización de la salud que desataron el Paro Nacional del 28 de abril, y de llevar adelante reformas estructurales que son parte del Acuerdo de Paz firmado en 2016. “En estos cinco años no sólo no se avanzó con la distribución de tierras y los programas integrales de desarrollo, sino que fueron asesinados casi 300 líderes políticos y unos 2000 líderes sociales”, advirtió.

 A su vez consideró que “lo que se vive en Colombia es una situación de estallido, de crisis de una sociedad muy golpeada por la violencia, que hace décadas está totalmente naturalizada, y donde el narcotráfico cumple un rol muy complejo que se articula con la corrupción política y con sectores paramilitares y civiles que tienen vínculos con las fuerzas armadas nacionales” y concluyó señalando que “hay algo sumamente esperanzador, porque muchos jóvenes que estaban sin un futuro, los ‘pelados’ y las ‘peladas’ como les dicen acá, son quienes hoy aparecen muy movilizados y decididos a seguir sosteniendo las demandas para que el gobierno dé respuesta al sueño que tienen de derechos y de un futuro para toda la sociedad colombiana”.

Se conoció este jueves el voto de Argentina en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU a favor de abrir una investigación sobre posibles abusos a los DDHH en Israel y los territorios palestinos, lo que despertó fuertes críticas de parte de la oposición.

Los países que votaron como Argentina fueron Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bolivia, Burkina Faso, China, Costa de Marfil, Cuba, Eritrea, Gabón, Indonesia, Libia, Mauritania, México, Namibia, Paquistán, Filipinas, Rusia, Senegal, Somalía, Sudán, Uzbekistán y Venezuela.

En contra lo hicieron Austria, República Checa, Alemania, Malawi, Islas Marshal, Reino Unido y Uruguay. Se abstuvieron Bahamas, Brazil, Dinamarca, Fiji, Francia, India, Italia, Japón, Nepal, Holanda, Polonia, Corea del Sur, Togo y Ucrania.

El diputado nacional del Pro Waldo Wolff se quejó diciendo que “nuestro gobierno Bolivia, Venezuela, Cuba y Mexico votaron contra Israel sin condenar ataques del grupo terrorista Hamas, socio de Hezbollah financiado por Iran acusado por nuestra justicia de poner dos bombas en nuestro país”.

Y concluyó: “Hoy ser judío en nuestro país volvió a ser peligroso”.

La diputada de la Coalición Cívica Marcela Campagnoli tuiteó: “Nos volaron una embajada y mataron 86 argentinos en el atentado a la AMIA.

Pero el gobierno votó en contra de Israel en ONU. Siempre parados en la vereda equivocada”.

El radial Gonzalo del Cerro sostuvo que “la posición Argentina en la ONU para investigar a Israel sólo muestra la vocación de apoyar a Irán (Hamás).

Esa es la verdadera y única intención. Esta política exterior no ayuda a resolver nuestros problemas de vacunas y ni la negociación con el FMI”.

A su vez, el diputado del Pro David Schlereth señaló que “en 24 horas el gobierno tomó dos decisiones vergonzosas. Retiró demanda en La Haya contra Venezuela por violaciones a los derechos humanos y avaló junto a Venezuela, Cuba y China en la ONU avanzar sobre Israel. El presidente Alberto Fernández está perdido y arrastra al país al abismo”.

“Lamentamos el voto argentino contra Israel sin condenar los 4000 misiles que recibió de Hamas, organización que cuestiona la existencia de Israel”, expresó por su parte el expresidente provisional del Senado Federico Pinedo.

La Comisión de Legislación Penal y de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados realizó este jueves una reunión informativa con funcionarios de distintos organismos involucrados en el funcionamiento del sistema penitenciario y de velar por los derechos humanos de las personas que allí están encerradas.

Por videoconferencia, se mantuvo una exposición y luego una ronda de preguntas por casi 3 horas en la que no hubo ningún cruce ni chicana política, por lo que la reunión fluyó en cuestiones técnicas y datos sobre la situación de las cárceles en el país, los fallos judiciales que existen con el fin de obligar al Estado a dar respuestas para que haya condiciones mínimas en esas unidades penitenciarias y además hicieron sugerencias en modificaciones en leyes para evitar el hacinamiento.

Al inicio de la reunión, la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Carolina Gaillard (FdT), sostuvo que “el objetivo de este encuentro es poder escuchar a los miembros del Comité Nacional para la prevención de la tortura y escuchar las recomendaciones y todo el trabajo que ha venido haciendo este Comité creado por la Ley 26.827”.

Luego, la vicepresidenta de dicha comisión, Marcela Campagnoli (JxC), manifestó: “Celebro que se incorpore a la agenda legislativa un tema importante y urgente como las condiciones de detención de aquéllos privados de la libertad en nuestro país”.

“En 2019 presentamos un proyecto de ley para estándares mínimos en condiciones de habitabilidad y cupos de alojamiento en sedes penitenciarias. Se requiere un trabajo conjunto y transversal de todos los espacios políticos”, agregó la legisladora bonaerense.

A su turno, el presidente del Comité Nacional de Prevención de la Tortura, Juan Manuel Irrazabal, planteó que desde ese organismo consideran “fundamental establecer en espíritu y letra de la ley de que manera queremos que funcione el sistema -carcelario-, porque el sistema en democracia se perfecciona con leyes que se cumplan en función de los intereses sociales”.

En repaso de las recomendaciones del Comité durante este año, la comisionada y exdiputada Diana Conti señaló que se exhortó que se lleve a cabo “un plan de vacunación de la población de riesgo que está en cierro en cárceles y en comisarías”.

También se pidió por la instalación de videocámaras en lugares de detención de “modo de control de la actividad del ‘carcelero’”.

Sobre la situación de las cárceles, sostuvo que “el 50 por ciento de los que están encerrados en todos los sistemas carcelarios en el país están con prisiones preventivas, muchas veces, más largas de lo que es razonable y esto produce el hacinamiento que facilita la tortura, el maltrato, el trato inhumano, y la pandemia vino a poner luz sobre ese hacinamiento”.

Por otra parte, Conti remarcó que “el Comité tiene una mirada de no restricción a las salidas -transitorias- debido a que la persona privada de la libertad tenga interacción con el mundo exterior es muy útil y hay que respetarlo por más que tengamos en contra a la prensa”.

En tanto, la subsecretaria de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia e interventora del Servicio Penitenciario Federal (SPN), María Laura Garrigos, calificó la situación en las cárceles como “preocupantes” porque “no nos estamos agrandando -con las unidades que se están construyendo- sino que nos estamos achicando para cumplir con los fallos judiciales”.

“Hay una sentencia en contra del Servicio Penitenciario para que se reduzca las plazas de Marcos Paz y por eso es que digo que nos estamos achicando y no nos estamos agrandando, por lo que la situación de las personas alojadas en comisarias y en otras dependencias de fuerzas de seguridad no va a mejorar, es probable que empeore, ya que tenemos que obedecer ese habeas corpus y otro que nos obliga a bajar las camas dobles en el complejo de Ezeiza”, justificó.

Por eso, planteó que “tras la ley de flagrancia, se da la situación de que hay condenados por un periodo muy corto, ya sea 15 días o 2 meses, lo que provoca disturbios con otros. Estas penas cortas son simples castigos, ya que no sirven para ellos ni para los otros condenados a más años”, apuntó.

Respecto a los proyectos de ley que prevén restringir derechos de los presos, Garrigos aseguró que “si eliminamos las posibilidades de las salidas transitorias, si eliminamos la libertad condicional, si eliminamos la modificación de la pena por trabajo comunitario, estamos eliminando todos los incentivos para que la personas quieren progresar en el régimen progresivo de la ley de ejecución penal”.

Por eso, sostuvo que “sería interesante que se pensara alguna nueva modalidad para las penas cortas de prisión que son simples castigos”.

En el mismo sentido de la interventora del Servicio Penitenciario y sin rodeos, la titular del Ministerio Público de la Defensa, Stella Maris Martínez, señaló: “Esta reforma de la Ley 24.660, merece un estudio muy profundo”.

Y remató: “La gente para entrar a la cárcel a cumplir su condena, tiene que salir, si no admitimos esto y seguimos enviando gente, no hay ningún sistema penitenciario que soporte”.

Al igual que el resto de las funcionarias, el comisionado Gustavo Palmieri destacó que en el Comité “vemos en reiteradas veces la super población y hacinamiento en niveles distintos en la mayoría de las regiones”.

“Cuando uno habla de que se está superando el cupo es cuando se está queriendo decir que el estándar está por debajo de las condiciones mínimas, por lo que en muchos casos las personas en encierro sufren malos tratos y viven en condiciones inhumanas y degradantes”, apuntó.

Asimismo, coincidió en que “en los últimos años, hubo varios cambios a leyes y nuevos proyectos que generaron el aumento de la población carcelaria”.

Para Guillermo Todarello, defensor público oficial y cotitular de la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación (DGN), “la pandemia agravó todo problema referido a la deficiencia en la generación y el tratamiento de salud, la falta de trabajo y educación, las malas condiciones carcelarias y lo que se vincula con el aumento de la violencia institucional”.

En el cierre del encuentro, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Hugo Yasky (FdT), consideró que “en las cárceles es el lugar de resocialización y no uno de castigo, por lo que nos comprometemos a trabajar en ese sentido”.

Yasky destacó la labor del Comité por “el compromiso que tienen con la defensa de la gente privada de la libertad” y sostuvo que “hay mucho por delante” porque “en las cárceles es quizás el lugar donde más se nota la desigualdad, desamparo y ausencia de las políticas públicas”.

Al finalizar su discurso, admitió: “Tenemos muchas expectativas en la creación de una ley para tratar de resolver el gravísimo problema de la violencia institucional”.

En el marco de la crisis desatada en Colombia, el diputado nacional del Frente de Todos Federico Fagioli viajó a ese país junto a su compañera de bancada Daniela Vilar, para supervisar la situación de los derechos humanos.

“No se están respetando los derechos humanos y por lo que hemos hablado con organismos, hay muchos desaparecidos, muertos por represión, abusos sexuales por parte de las fuerzas”, contó en diálogo con FM La Patriada.

“Están viviendo una situación de pobreza extrema con una población muy desigual”, contó el diputado en diálogo con el programa Nobleza Hormiga. En la misma línea, Fagioli subrayó: “En el norte hay gente extremadamente rica y en el sur mucha pobreza. Son 20 años de un proceso neoliberal con mucha violencia”.

También apuntó que “uno de los pedidos que nos hacían compañeros jóvenes es que tiene que haber un proceso de suspender la Copa América, que no se haga en Colombia. No se puede tapar lo que está sucediendo”. Recordemos que la Conmebol designó a Colombia y Argentina para organizar el torneo ecuménico para este año.

En cuanto a la situación de censura que se ha denunciado en ese país, el diputado dijo que “son mecanismos para intentar tapar lo que pasa”. “Está el poder económico del lado del Gobierno, la justicia y los medios de comunicación que juegan siempre para el lado de los poderosos”, enfatizó y remarcó: “Hay un intento de ocultamiento muy fuerte y ese es la razón por la que viajamos, para poder visibilizar lo que está sucediendo, que haya un proceso de diálogo y de paz y se escuchen las demandas del pueblo”.

Sobre el cierre de la nota, descartó que “El proceso venezolano no tiene nada que ver, es un intento de estigmatización de los países que no responden a modelos neoliberales”, argumentó. “Acá hay un proceso de muchos años de injusticia social”.

Además, trazó un parangón entre el expresidente argentino Mauricio Macri y el mandatario colombiano Iván Duque. Destacó el vínculo entre ambos y apuntó: “Macri está destinado por su práctica, política e ideología a ser parte de un proceso de avanzada de la derecha aunque sea mediante la violencia”.

Con la participación de familiares de víctimas, las comisiones de Seguridad Interior y de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados retomaron este viernes el debate sobre el proyecto que busca prevenir y erradicar los casos de violencia institucional a manos de fuerzas policiales, de seguridad y servicios penitenciarios.

“La ley que estamos analizando responde directamente a la necesidad de construir una perspectiva democrática de la seguridad pública”, explicó Paula Penacca, presidenta de Seguridad Interior y autora de la iniciativa junto a Hugo Yasky, titular de Derechos Humanos.

Al momento de las exposiciones, Ivanna Aguilera, del equipo Trans, Travesti y No Binarie, manifestó que “la historia sigue con la represión de las fuerzas de seguridad en democracia”, y por eso celebró el tratamiento del proyecto.

A su vez, Eva Paula Arraigada, del Movimiento Trans Nadia Echazú, expresó: “Ponemos un voto de confianza en esta iniciativa para que nuestra población deje de ser diezmada, criminalizada y perseguida”.

En tanto, Miriam Medina, de Madres en Lucha contra la Impunidad, dijo que los familiares de víctimas tienen que “transformarse a partir de la tortura y los asesinatos y buscar justicia a partir de la construcción colectiva”, y añadió: “Hoy tenemos la posibilidad de tener una ley que se ocupe de las familias”.

También participaron de la reunión informativa Dolores Demonty, integrante de Madres en Lucha contra la Impunidad; Manuel Ayrton Blanco Ocampo, presidente del Centro de Estudiantes del Colegio Fátima; y Agostina Villagi, de la Asociación de Abogados Litigantes de Formosa.

La iniciativa en debate busca generar herramientas integrales contra la violencia institucional en todo el país, como la creación de un Centro de Recepción de Denuncias y de un Registro Nacional de Violencia Institucional.

También se intenta garantizar una reparación a las víctimas -tanto económica como psicosocial- y se establecen reglas sobre el uso de armas, además de proponer capacitaciones específicas en derechos humanos para integrantes de las fuerzas policiales, de seguridad y servicios penitenciarios.

Con la participación de representantes de Derechos Humanos, dos comisiones de la Cámara de Diputados comenzaron el tratamiento de un proyecto de ley que busca crear un régimen de prevención y erradicación de casos de violencia institucional cometidos por fuerzas policiales, de seguridad y servicios penitenciarios en todo el país.

La discusión se inició en un plenario virtual de las comisiones de Seguridad Interior, que preside Paula Penacca -autora del proyecto-, y de Derechos Humanos y Garantías, que lidera Hugo Yasky.

La primera en exponer fue la directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina, Paola García Rey, quien consideró que “el involucramiento de todos los niveles del Estado es un paso fundamental para avanzar en prácticas de fuerzas de seguridad que sean respetuosas de los Derechos Humanos”.

“Desde Amnistía Internacional en 2020 hemos dado a conocer numerosos casos de hechos de violencia y uso abusivo de las fuerzas, sobre todo a partir de las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio, y en función del aumento de las facultades de control de las fuerzas de seguridad”, explicó.

En ese sentido, mencionó el asesinato de Luis Espinoza, la violencia en la comunidad Quom en Chaco y la desaparición de Facundo Astudillo Castro.

Por su parte, José Schulman, de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, advirtió que “en Argentina desde el principio de los tiempos hay un aparato del Estado autorizado a utilizar armas letales, que han usado contra el pueblo, no solo durante los gobiernos militares sino casi siempre”.

“Hay una historia de fracasos, de remanidas reformas policiales que siempre repiten lo mismo desde hace 34 años: que el Estado se controla a sí mismo (no es cierto); que los asesinos no serán más asesinos si reciben un curso de Derechos Humanos (no es cierto); o el intento descarado de (Sergio) Berni de negociar con la Policía bonaerense la concesión de negocios a cambio del supuesto control de las fuerzas”, enumeró.

A su turno, Daniel Isaias Suizer, de la Red por la Libertad, se refirió a la situación de Formosa, “una de las provincias más castigadas por la pandemia en cuanto a la violación de Derechos Humanos”, donde “prácticamente se ha dado vía libre a una opresión disfrazada de pandemia”.

“Comenzamos la pandemia con las personas varadas que sobrevivían al costado de la ruta; posterior a eso vino el problema de los aislados, que se aislaban en centros del gobierno hacinados, mezclados positivos con negativos, y terminaron siendo un foco de contagio”, describió.

También se refirió a las comunidades originarias y como abogado dijo haber visto a “mujeres embarazadas que huían al monte con las cesáreas que habían llevado a cabo sin su consentimiento”, y finalmente pidió que se constituya una comisión para monitorear la situación de la provincia in situ.

Raquel Witis, de la Comisión de la Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte, sostuvo que “uno de los principales actores que inciden en la impunidad es el Poder Judicial, que muchas veces avala y legitima violaciones de derechos cometidas por agentes del Servicio Penitenciario, la Policía o las fuerzas de seguridad”.

La especialista señaló además que existen “discursos mediáticos que sostienen esa violencia institucional porque consideran que hay personas más valiosas que otras, sacan estereotipos, estigmatizan, cambian la versión de la realidad, y así van habilitando a las fuerzas policiales y limitando derechos siempre a ciertos sectores de la población”.

Por el CELS, Victoria Darraidou hizo observaciones técnicas al proyecto; y Néstor Miguez (APDH) comentó que se trabajó junto con la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA en un registro de casos de violencia institucional para diagnosticar la situación, sobre todo en el marco de la pandemia.

“Hemos visto el recrudecimiento de algunas formas. A partir de elementos necesarios para el control de la movilidad, las fuerzas de seguridad se excedieron en sus atribuciones e incurrieron en casos de violencia institucional, algunos de los cuales incluso terminaron en la muerte de las víctimas”, advirtió.

Al momento de la intervención de los diputados, Mónica Frade (Coalición Cívica) observó que “es más importante el comportamiento de la política, que es la que finalmente habilita la violencia institucional tal como la estamos viendo y como la describió el doctor Suizer” en el caso de Formosa.

En respuesta a Frade, la oficialista María Rosa Martínez afirmó que “cuando se ataca a Formosa de manera sistemática hay algunas actitudes de carácter antidemocrático, cuando se cuestiona a quien gobierna”, y destacó la visita del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla.

En tanto, Nicolás Del Caño (PTS-Frente de Izquierda) denunció que recientemente se produjo “una cacería contra activistas contra la megaminería en Catamarca”, que terminó con “doce detenidos que son presos políticos”. “Percusión constante, como le hemos visto en Chubut”, alertó.

La radical Karina Banfi pidió abordar el tema en forma “exhaustiva” en futuras reuniones y pidió escuchar también a las víctimas de violencia institucional, como Cristina Castro -madre de Facundo Astudillo Castro-, y a representantes de Human Rights Watch. Además, observó que “hoy la propia Ley de Seguridad Interior hoy tiene reglas básicas que no se utilizan”.

A su turno, Yasky indicó que “la violencia institucional existió en todos los gobiernos, y hay una matriz, que es que sufrimos el terrorismo de Estado de la forma más aberrante y sanguinaria que podamos imaginar”.

“Es más grave cuando se promueve la mano dura, cuando hay un discurso punitivo, cuando se estigmatiza la pobreza, pero es un tema que debemos resolver en el marco de la democracia”, opinó.

El proyecto

La iniciativa tiene como objeto “generar herramientas integrales para prevenir y erradicar casos de violencia institucional por fuerzas policiales, de seguridad y servicios penitenciarios en todo el territorio nacional, así como también otorgar acompañamiento y reparación a las víctimas de violencia institucional”.

De acuerdo al texto, se propicia la creación en los ámbitos del Poder Ejecutivo Nacional, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, de “Centros de Recepción de Denuncias de Violencia Institucional”; además de un “Registro Nacional de Violencia Institucional”.

A lo largo de los 45 artículos, el proyecto se refiere a la asistencia y reparación a las víctimas; y al sistema disciplinario, patrocinio jurídico institucional y asistencia en la investigación judicial.

Además, crea un “Programa Nacional contra la Violencia Institucional de asistencia en formación, capacitación y reentrenamiento en Derechos Humanos y en regulación del uso de la fuerza, para las fuerzas policiales, de seguridad y de servicios penitenciarios”; establece principios básicos sobre el empleo de armas de fuego y armas no letales; y dispone reglas mínimas para la intervención de las fuerzas policiales y de seguridad en manifestaciones públicas.

Otro de los puntos se refiere al “control ciudadano”, por el cual “cualquier ciudadano/a tiene derecho a tomar imágenes de los operativos de las fuerzas policiales y de seguridad. El único límite a este derecho es cuando la toma de imágenes interfiriera en el ejercicio de las tareas de las fuerzas policiales y de seguridad”.

También se determina que las provincias y la Ciudad deberán garantizar “mecanismos locales para la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.

La iniciativa lleva la firma de los oficialistas Penacca, Yasky, Leonardo Grosso, Federico Fagioli, Cristina Álvarez Rodríguez, Cecilia Moreau y Germán Martínez.

La Comisión de Familias, Niñez y Juventudes de la Cámara de Diputados, que preside Roxana Reyes (UCR) abordó este lunes el caso de Carmen Elizabeth Villalba, una adolescente de 14 años que desapareció en 2020 luego de un operativo conjunto de las Fuerzas Armadas de Paraguay.

De la reunión virtual participaron Myrian Villalba, tía de la menor de nacionalidad paraguaya; Julia Perié, parlamentaria del Mercosur; y Adolfo Pérez Esquivel, de la Organización Servicio, Paz y Justicia (SERPAJ), quienes  analizaron el caso y son parte de una campaña nacional e internacional de solidaridad con la familia Villalba.   

Myrian -quien está en Argentina en condición de refugiada política- es además madre de Lilian Mariana y tía de María Carmen, niñas de 11 y 12 años que murieron en manos de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC).

En el encuentro, denunció que la muerte de sus hijas y la desaparición de su sobrina fueron responsabilidad del Ejército paraguayo. “Fueron torturadas y luego ejecutadas y se llevaron con vida a Carmen”, aseveró.

Villalba agradeció al Gobierno argentino. “Nos dio una gran mano y una gran ayuda, consiguió el refugio para nuestra familia”, destacó, pero consideró que “es necesario un pronunciamiento” tanto de las autoridades como del Congreso Nacional.

Por su parte Perié, quien denunció estos hechos ante el Parlasur, manifestó que es “una familia perseguida por las fuerzas represivas del Paraguay”. “Fueron secuestradas y torturadas y por ese motivo no dejan entrar al Equipo de Antropología Forense argentino”, relató. 

El Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel  informó que envió una carta al presidente de Paraguay en la que no tuvo respuesta. “Es un firme caso de lesa humanidad que no prescribe en el tiempo. El gobierno paraguayo no responde y no permite el ingreso del grupo forense argentino para investigar el asesinato de las niñas”, alertó.

Luego sugirió que “la Cámara de Diputados se dirija para pedir una misión urgente” y consulte al juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Eugenio Zaffaroni sobre “esta grave situación”.

También participaron de la reunión Daisy Irala Toledo, abogada de la joven, y Laura Tafettani, de la Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, entre otros referentes de Derechos Humanos. 

Un proyecto de ley que busca garantizar derechos básicos de las personas en situación de calle y familias sin techo, bajo el lema “La calle no es un lugar para vivir”, comenzó a ser debatido este martes en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, donde recibió un fuerte apoyo de funcionarios nacionales.

La iniciativa, presentada por el diputado Federico Fagioli (Frente de Todos) en conjunto con organizaciones sociales, fue tratada en una reunión informativa de las comisiones de Derechos Humanos y de Salud, donde participó el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo.

También respaldaron el proyecto la secretaria de Inclusión Social, Laura Alonso; la secretaria del SEDRONAR, Gabriela Torres; y por las organizaciones sociales lo hicieron Constanza Guillén (Movimiento de Trabajadores Excluidos), Horacio Ávila (Proyecto Siete) y Vanesa Escobar (Nuestra América).

El debate continuará en las próximas semanas y desde la oposición manifestaron voluntad de avanzar en consensos, más allá de algunos cruces políticos que se dieron en el plenario por la situación de la pobreza en la Ciudad de Buenos Aires y la ejecución del RENABAP (Registro Nacional de Barrios Populares).

En qué consiste el proyecto

Al comienzo de la reunión virtual, Fagioli defendió su proyecto, que fue presentado el año pasado y que volvió a cobrar impulso el 11 de marzo con un acto en el Salón de Pasos Perdidos, que contó con la presencia de Arroyo.

El legislador explicó que el objetivo es “entender esta problemática, diagnosticarla, analizarla, saber cuál es el problema real que tenemos en Argentina, y a partir de ahí generar las herramientas necesarias para poder desarrollar políticas”.

“Yo soy un militante de hace muchos años por los sectores más postergados, en particular de las personas en situación de calle”, relató Fagioli, de 30 años, que vive en un asentamiento surgido de una toma en la zona Sur de la provincia de Buenos Aires.

El oficialista consideró “fundamental que en Argentina dejemos de mirar para el costado y nos hagamos cargo de esta problemática, que está a la vista de todos”, y agregó que a las personas en situación de calle “se les han vulnerado todos los derechos humanos y constitucionales”.

Fagioli puntualizó que el proyecto, que consta de cinco capítulos, define qué se entiende por “personas en situación de calle”, y fija al Ministerio de Desarrollo Social como autoridad de aplicación de la ley.

Asimismo, se crea una “mesa interministerial” para abordar integralmente la problemática; se enumeran cuáles son los derechos y garantías de las personas y familias sin techo, así como los deberes del Estado; y se suspenden por dos años los desalojos como medida de emergencia.

Entre las propuestas, figura la realización de un censo coordinado entre el Ministerio de Desarrollo Social, el INDEC y organizaciones sociales para poder tener un diagnóstico unificado e integral de la situación real, que se actualice anualmente.

También se propone la creación de una casilla del Correo Argentino que funcione como domicilio real donde recibir el DNI y la ayuda asistencial; y fundamentalmente la creación de centros de integración social, “que no sean simplemente para dormir sino que tengan un abordaje interdisciplinario”, indicó Fagioli.

Otras de las medidas que figuran en el proyecto son la creación de un línea telefónica de asistencia y un plan de capacitación para los funcionarios públicos que intervengan en esta problemática.

El apoyo del Gobierno y las ONG

Arroyo destacó que el proyecto es “superador” de las herramientas que existen en la actualidad ya que “va a permitir generar una política pública integral” sobre la temática, y además “es bien significativo para el tema más crítico de nuestro país, que es la extrema pobreza y las personas en situación de calle”.

El titular de la cartera de Desarrollo Social remarcó la importancia de la articulación tanto entre los distintos ministerios como entre jurisdicciones, y señaló que el relevamiento “nos va a dar una metodología única que hoy no tenemos para tener un estado de situación general”.

“Claramente la situación se ha agravado, no solo en términos de números”, lamentó Arroyo, al observar que ya no solo hay personas en situación de calle, sino familias enteras, y a eso se suma el invierno que se avecina. “Pobreza con frío es la peor situación”, dijo.

Arroyo también elogió la creación de centros de integración social, aunque aclaró que a la hora de implementar la ley “la diferencia entre palabra y hecho es el presupuesto”.

A continuación, Laura Alonso, secretaria de Inclusión Social, consideró “sustancial que se pueda dar visibilidad en la agenda pública a la problemática que ocupa al segmento más castigado, más excluido a la sociedad”, para “que deje de ser parte del paisaje habitual” de las ciudades.

Alonso sostuvo que el proyecto de Fagioli permitirá “dar ese paso superador de las intervenciones que se vienen dando, que más bien tienen una lógica de administrar el problema y no transformar el fondo”.

Por el SEDRONAR, Gabriela Torres coincidió en la necesidad de primero diagnosticar el problema, y aclaró que “no quiere decir que todas las personas que están en situación de calle tengan problemas de consumo”.

La funcionaria explicó que los consumos problemáticos tienen que ver con “calmar el malestar del vivir” y “no se empieza un tratamiento por sacar la sustancia, sino por reconstituir esa vida”.

También participó de la reunión Constanza Guillén, del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), quien advirtió que “la pandemia puso más a la vista un problema que viene de hace muchísimos años”.

Guillén opinó que más allá de los números, “hay que humanizar un poco más la discusión” y habló de los niños que son separados de sus padres, así como del “nivel de violencia” que deben afrontar estas familias y la marginación de las personas trans.

A su vez, Horacio Ávila, de la organización Proyecto Siete -compuesta por personas en situación de calle- sostuvo que “es una oportunidad de hacernos cargo de algo que viene sucediendo hace mucho tiempo”, sobre todo posteriormente a la crisis de 2001.

“A partir del caso de la niña M. hemos escuchado a infinidad de periodistas hablando de las personas en situación de calle. Nosotros estamos organizados desde hace muchos años, evaluamos nuestra problemática desde la experiencia de vida conjuntamente con profesionales”, comentó.

Además, dijo que “hay antecedentes de leyes parecidas” como la 3.706 de la Ciudad de Buenos Aires, sancionada en 2010, y agregó que en ese distrito funcionan cuatro centros de integración.

Por último, Vanesa Escobar, de Nuestra América, señaló que se busca un abordaje integral entre los ministerios de Desarrollo Social, Desarrollo Territorial y Hábitat, y Mujeres, Género y Diversidad porque “no es solamente un problema de falta de vivienda, sino que atraviesa toda la vida de las personas”.

Escobar describió la situación que atraviesan estas personas y habló de segundas y hasta terceras generaciones en situación de calle. “Si hay voluntad política de cambiar las cosas, no hay una problemática estructural que permanezca para siempre”, opinó.

La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, respondió a la carta enviada el 26 de enero por el senador Luis Naidenoff y el diputado Mario Negri, presidentes de los bloques de la UCR en el Congreso.

La misiva de los legisladores radicales tuvo por objeto alertar a Naciones Unidas sobre la supuesta violación a los derechos humanos de los formoseños por parte del gobierno provincial de Gildo Infrán debido a las medidas tomadas para combatir el coronavirus.

El martes 23 de febrero, Bachelet dio respuesta a la presentación de Naidenoff y de Negri, la cual fue recibida este jueves en los despachos de los legisladores radicales.

La expresidenta de Chile sostuvo -dos días antes del fallo de la Corte Suprema argentina que se conoció este jueves- que “si bien el artículo cuarto del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos permite a los Estados la adopción de medidas excepcionales que podrían resultar en la suspensión de algunos derechos, éstas deberán ser limitadas estrictamente a las exigencias de la situación, han de ser necesarias y proporcionales al riesgo estimado, y es preciso que se respeten las salvaguardas contra la arbitrariedad”.

La alta comisionada manifestó también “que el derecho a la salud debe ser entendido de una forma integral, dado que está estrechamente vinculado con el ejercicio de otros derechos humanos”.

“En este contexto -continuó-, mi oficina está dando seguimiento al impacto que tanto la pandemia como las medidas adoptadas por los Estados para su contención tienen en el goce efectivo de los derechos humanos de todas las personas, principalmente de las personas y poblaciones más marginalizadas, tanto en Argentina como en otros países de la región”.

Bachelet indicó en su respuesta a Naidenoff y Negri que el representante regional para América del Sur, la asesora en Derechos Humanos en la Argentina y el coordinador residente de Naciones Unidas Argentina continuarán el seguimiento de los hechos denunciados en Formosa.

“Reitero la predisposición de mi oficina para brindar el acompañamiento y la asistencia técnica necesaria al Estado argentino para que las medidas de respuesta y recuperación ante la crisis de la Covid-19 sean respetuosas de los derechos humanos y existan abordajes específicos para las poblaciones en situación de vulnerabilidad; y asimismo para que las voces y la efectiva participación de las personas afectadas sean parte de la búsqueda de soluciones”, concluyó.

Los diputados nacionales de Formosa Ricardo Buryaile y Mario Arce (UCR) acompañaron este jueves a la delegación del interbloque de Juntos por el Cambio que viajó hasta la provincia gobernada por Gildo Insfrán, en su recorrida por Clorinda, la segunda ciudad en importancia del distrito. Esta comitiva está integrada por el radical Sebastián Salvador, vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos; Waldo Wolff, del Pro, que preside la Comisión de Libertad de Expresión, y Mónica Frade, del bloque CC-ARI. 

Este viernes, junto al senador Luis Naidenoff, brindarán una conferencia de prensa en la capital provincial.

“La ciudad de Clorinda lleva 159 días de bloqueo y recién hoy el Gobierno provincial decidió extender el horario de los comercios y sacó las vallas que estaban en el ingreso”, explicó Buryaile. Respecto a la flexibilización de la cuarentena que dispuso la administración de Insfrán luego del escándalo que se generó por las denuncias de violaciones de derechos humanos en los centros de aislamientos, el ex ministro de Agroindustria señaló: “Es cierto que ahora son menos días de aislamiento, pero nosotros sostenemos que la cuarentena debe ser domiciliaria y que las fuerzas de Seguridad deben estar abocadas a controlar que quien transite por la calle no sean personas que deben estar aisladas. Sólo aquellos ciudadanos que no pueden aislarse en sus viviendas, porque tienen un solo cuarto, por ejemplo, deben estar en centros de aislamientos, pero en estos centros debe haber condiciones dignas”.

Por su parte, Sergio Arce señaló que “fue muy importante el acompañamiento a los vecinos de la ciudad de Clorinda, ciudad bloqueada de la cual la gente no puede entrar ni salir. Se escucharon testimonios conmovedores que hacen principalmente a situaciones que tuvieron que vivir, violaciones de derechos humanos, exceso policial. Por eso seguimos ampliando las denuncias contra Gildo Insfrán, contra las funcionarios responsables, con las presentaciones correspondientes en la Justicia Federal y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

Arce insistió en que la visita de los diputados nacionales “abre una esperanza de que a la brevedad se pueda volver a la normalidad en Clorinda. Que pueda ser desbloqueada para poder acceder a un derecho constitucional como es el de la libertad de circular en todo el territorio”.

Sebastián Salvador, vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja, explicó que “escuchamos testimonios que nos parecen increíbles a esta altura de la vida, nos remiten a cuestiones que ocurrían en los años 70 en Argentina, es increíble el estado policial que hay”.

“Nos hemos encontrado con gente que ha padecido el sufrimiento todos estos meses de estos centros que tienen un régimen más carcelario que sanitario, donde prácticamente no hay médicos, tienen que pedir por whatsapp permiso para ir al baño, les toman la fiebre a través de las rejas”, amplió Salvador.

También criticó al secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, “quien lo único que hizo Formosa fue venir a convalidar todo esto que es lamentable”.

Ricardo Buryaile contó que los tres diputados de JxC que viajaron a Formosa  también pudieron tomar contacto el miércoles en la capital provincial con abogados que patrocinan las denuncias y con ciudadanos que sufrieron graves violaciones a sus derechos. “La conclusión general que queda es que estas personas estuvieron aisladas en los centros, pero no tenían contacto con médicos, sólo con policías. Esto equiparaba la situación a una detención más que a un aislamiento sanitario”, resumió Buryaile.

Al referirse a la situación de Clorinda, Salvador dijo que “es una realidad increíble, totalmente aislada, el vecino no tiene acceso a la salud, no puede ir a Formosa por algo básico como un reuma o por algo complejo como un cáncer, y la verdad que la gente acá está con mucha bronca porque no tiene acceso a la salud, no tiene acceso a la economía local, y tampoco a la justicia porque está coartada”.

También remarcó que con lo documentado realizarán acciones, más allá de las tomadas hasta ahora en el Congreso de la Nación, y consideró que “lo más importante es que se visibilice”.

“En democracia los derechos humanos no se recortan ni se suspenden. Los regímenes dictatoriales lo hacen para acallar opositores, cercenar libertades y perpetuarse en el poder. Avalar con el silencio actos de discriminación, violencia y arbitrariedad como los que están sucediendo en Formosa pone al gobierno, ante los ojos del mundo, al borde del precipicio autoritario”, expresa una solicitada difundida este fin de semana por un grupo de intelectuales, artistas y políticos.

La nota lleva el título de “En defensa de la democracia y los derechos humanos”, y tiene que ver con la situación planteada en la provincia de Formosa. Allí se advierte sobre un “avance contra las libertades republicanas”, en cuyo marco “crece la propensión gubernamental a concentrar el poder y a hacer oídos sordos frente a la crisis sanitaria, económica, social y educativa que nos trajo la pandemia y agravó la decisión política de imponer la cuarentena más larga del mundo”.

Señala también que “jamás desde 1983 nuestro país padeció semejantes niveles de violencia institucional. Nunca hubo tanta arbitrariedad y avasallamiento de los derechos humanos como con este gobierno que, paradójicamente, hizo de su defensa una de sus banderas principales. Lo sucedido en el feudo de Gildo Insfrán durante este mes, y a lo largo de 2020 en distritos como Santiago del Estero, San Luis, Tucumán y Buenos Aires, demuestran a las claras que esta bandera es, paradójicamente, una ficción, puro relato”.

La solicitada lleva las firmas de los titulares de las tres fuerzas que encabezan la alianza Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich (Pro), Alfredo Cornejo (UCR) y Maximiliano Ferraro (CC-ARI), como así también las de personalidades como Santiago Kovadlof, Graciela Fernández Meijide y Juan José Campañella.

“Quienes participamos de la cultura de la paz, el trabajo, la educación, la libertad, la igualdad de oportunidades, los derechos humanos y la plena vigencia del estado de derecho tenemos la obligación de rechazar todo avasallamiento que los afecte o lesione”, expresa la solicitada en otro tramo, para advertirle luego al Gobierno que “no confunda barbijo con bozal ni desesperación por vacunarse con vacunas adquiridas a cualquier precio, sin transparencia y desprovistas de especificaciones técnicas suficientes”.

Suscriben varios legisladores, como los jefes de bloques Mario Negri (UCR), Cristian Ritondo (Pro), Juan Manuel López (CC) Luis Naidenoff (UCR) y Humberto Schiavoni (Pro), y también los diputados nacionales Fernando Iglesias, Ricardo Buryaile, Waldo Wolff, Alicia Fregonese, Luciano Laspina, Pablo Torello, Juan Aicega, Federico Angelini, Héctor Baldassi, Hernán Berisso, Sofía Brambilla, Adriana Cáceres y Eduardo Cáceres.

También suscriben los diputados Virginia Cornejo, Camila Crescimbeni, Soher El Sukaria, Ezequiel Fernández Langan, Federic Frigerio, Alejandro García, Alvaro González, Gustavo Hein, Ingrid Jetter, Mercedes Joury, Adriana Ruarte, Julio Sahad, Gisela Scaglia, David Schlereth, Héctor Stefani, Pablo Tonelli, Omar De Marchi, Jorge Enríquez, Luis Juez, Martín Maquieyra, Martín Medina,, Osmar Monaldi, José Núñez, Graciela Ocaña, José Luis Patiño, María Carla Picolomini, Carmen Polledo, María Luján Rey, Dina Rezinovzky, Ignacio Torres, Natalia Villa, Martín Grande y Alfredo Schiavoni.

Para este grupo de personas, “permitir que se violen impunemente los derechos humanos atrasa. Nos trae recuerdos de un país sin retorno que los argentinos nos juramentamos dejar definitivamente atrás en 1983”.

Mario Arce, Lidia Ascarate, Brenda Austin, Aída Ayala, Karina Banfi, Miguel Bazze, Atilio Benedetti, Martín Berhongaray, Eduardo Brizuela del Moral, Gabriela Burgos, Alejandro Cacace, Marcela Campagnoli, Javier Campos, José Cano, Albor Cantard, Carla Carrizo, Soledad Carrizo, Carolina Castets, Gerardo Cipolini, Gonzalo Del Cerro, Carlos Fernández, Mónica Frade, Ximena García, Jorge Lacoste, Jimena Latorre, Gabriela Lena, Dolores Martínez, Lorena Matzen, Josefina Mendoza, Gustavo Menna, Diego Mestre, Claudia Najul, Miguel Nanni, Paula Oliveto Lago, Luis Pastori, Luis Petri, Fabio Quetglas, Estela Regidor, Roxana Reyes, José Luis Riccardo, Jorge Rizzotti, Víctor Hugo Romero, Sebastián Salvador,, Facundo Suárez Lastra, Jorge Vara, Emiliano Yacobitti, Federico Zamarbide, Mariana Zuvic, Mariana Stilman, Alicia Terada, Leonor Martínez Villada, Rubén Manzi son otros de los diputados que firman la declaración.

Están también los senadores nacionales de Juntos por el Cambio Néstor Braillard Poccard, Esteban Bullrich, Alfredo De Angeli, Gladys González, Ernesto Martínez, Laura Rodríguez Machado, Guadalupe Tagliaferri, Julio Cobos, Silvia Elías de Pérez, Mario Fiad, Silvia Giacoppo, Juan Carlos Marino, Julio Martínez, María Belén Tapia, Pamela Verasay, Martín Lousteau, Víctor Zimmermann, Stella Maris Olalla, Pablo Blanco, Oscar Castillo, Roberto Basualdo y Claudio Pogi, quienes advierten sobre “esta degradación democrática y usaremos todos los recursos constitucionales para que ni Formosa ni Argentina den un paso atrás en el ejercicio pleno de los derechos humanos y las garantías  para su ejercicio”.

La solicitada cuenta también con la presencia de legisladores como Carolina Piparo, Alex Campbell, Maricel Etchecoin Moro, Ismael Passagliam, Fernando Rovello, Laura Aprile, Rosío Antinori, Santiago Nardelli, Daniel Lipovetzky, Walter Lanaro, Claudia Rucci, María Lorena Petrovich, Ana Laura Geloso, Franco Bagnato, Nidia Moirano, Héctor Apreda, Carolina Estebarena, Cristina García de Aurteneche, Victoria Roldán Méndez, Paola Michielotto, Claudio Romero y Gonzalo Straface, entre otros.

El secretario de Derechos Humanos de la Nación brindó este jueves una conferencia de prensa como corolario de su visita a la provincia de Formosa para investigar las denuncias de violaciones a los derechos humanos.

Al respecto, aseguró que no se puede hablar de “violaciones sistemáticas” de los derechos humanos en la provincia, ni mucho menos de “centros clandestinos de detención”.

Tras mantener una serie de reuniones con funcionarios provinciales y representantes de la oposición, Pietragalla aclaró que constataron que “se sucedieron una serie de hechos aislados que generaron el repudio de personas que vieron vulnerada su libertad, pero no podemos hablar de violaciones sistemáticas, ni de delitos de lesa humanidad. Tampoco existen centros clandestinos de detención”.

Sostuvo que “en el marco de una estrategia epidemiológica que llevó a cabo la provincia, pudo haber aciertos y errores, y vamos a hacer recomendaciones” a las autoridades provinciales.

El funcionario nacional expresó que “a partir de la detención y demora de las dos concejalas la semana pasada, desde la Secretaría de Derechos Humanos hicimos un pedido de informe a la provincia y su respuesta fue una invitación formal”. En ese marco, dijo que mantuvieron una serie de reuniones con legisladores, autoridades y organismos de derechos humanos de la provincia, para conocer la situación en Formosa. Y aclaró que “visitamos los lugares que quisimos, nadie nos hizo un city tour”, en réplica a ironías provenientes de la oposición en ese sentido. Según contó, en esos centros “nadie se quejó del trato de las personas del lugar ni de la comida”.

Y la emprendió, por el contrario, contra el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Señaló que en su secretaría recibieron denuncias de la provincia de Chubut, donde tuvieron que intervenir, como así también “hemos recibido denuncias de personas que estaban encerradas en aislamiento en la Ciudad de Buenos Aires. El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta llevaba gente desde los aeropuertos a hoteles, donde las personas llegaban y quedaban encerradas”.

El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, viajará hoy a Formosa para “constatar y garantizar el cumplimiento de los derechos humanos” en el marco de las acciones impulsadas en esa provincia contra el coronavirus, tal el anuncio formulado por esa dependencia.

“A raíz de un pedido realizado por la Secretaría la pasada semana, que solicita se informe sobre las medidas necesarias por el Gobierno de la Provincia de Formosa para hacer frente a la pandemia preservando la vigencia de los derechos humanos, la provincia respondió invitando a las autoridades a evaluar la estrategia sanitaria”, indicó un comunicado del organismo nacional.

El viaje tiene como fin “recabar información para ponerse a disposición de las autoridades y de la sociedad de Formosa para garantizar que se adopten todas las medidas necesarias para mitigar el impacto de la pandemia en los derechos humanos de todos y todas”, añadió.

La delegación estará conformada por Pietragalla Corti, la subsecretaria de Protección y Enlace Internacional en Derechos Humanos, Andrea Pochak; el director Nacional de Protección de Derechos de Grupos en Situación de Vulnerabilidad, Leonardo Gorbacz, y el subsecretario de Estrategias Sanitarias del Ministerio de Salud, Alejandro Costa.

“Es preciso aclarar que toda la comitiva antes mencionada cuenta con su certificado de PCR negativo”, destacó la Secretaría de Derechos Humanos.

“El secretario de DDHH Horacio Pietragalla casi nos prende fuego el país cuando murió ahogado Santiago Maldonado y ahora va a ir a Formosa a aprobar la gestión de Insfrán. Si un gobernador radical viola los DDHH en un 1% de lo que hace Gildo, sale todo el kirchnerismo a las calles”, se quejó el presidente del interbloque Juntos por el Cambio en Diputados, Mario Negri. Entrevistado en TN, el diputado cordobés agregó que “el secretario de DDHH y la titular del Inadi están escondidos debajo de la cama. Yo los he visto hacer de todo cuando gobernaba Cambiemos. Ahora no dicen una palabra sobre Formosa. Cuando murió ahogado Santiago Maldonado Pietragalla nos quería incendiar el país. Y ahora calla”.

En el mismo sentido se manifestó el radical mendocino Luis Petri: “Hoy Pietragalla va a Formosa a levantarle la mano a Insfran y decirle que es un campeón de los derechos humanos, no importa si Mauro Ledesma murió ahogado, miles de formoseños estuvieron meses varados y otros tantos alojados en centros de detención tratados como delincuentes”. Y agregó: “Existe un doble estándar en materia de derechos humanos para este Gobierno, los de los 70 más vigentes que nunca y los de la actualidad, suspendidos o condicionales por la pandemia”.

Entrevistado por radio Mitre, el diputado del Pro Waldo Wolff señaló por su parte que “los que tenemos contactos con referentes de Formosa sabemos de las características del régimen. Para que haya democracia, tiene que haber elecciones pero solo con elecciones no alcanza para que haya democracia. El hecho de que no haya alternancia, de que tiene la suma del poder público, la perpetuidad en el poder, la pauta para los medios, 70% de empleados públicos, hace que la libertad sea un bien escaso en Formosa. Lo que estamos viendo estos días es de un escándalo sin precedentes”.

El legislador contó que los representantes nacionales de Juntos por el Cambio “comenzaron a denunciar que a raíz de la visita programada del secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla a Formosa ya empezaron a vaciar estos verdaderos centros de detención donde separan a la gente y la conminan obligatoriamente a hacer cuarentenas eternas”.

“Nosotros vamos a seguir levantando la voz y denunciando los avasallamientos a la democracia, que funciona siempre. Aquellos países que han sostenido la democracia y el republicanismo a lo largo del tiempo, en momentos de crisis es cuando más se afianza la libertad de los derechos individuales y colectivos”, concluyó.

Luego de que dos concejalas fueran detenidas por participar de una manifestación debido a la crítica situación en los centros de aislamiento de Formosa, los líderes parlamentarios de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff y Mario Negri, accionaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Los radicales solicitaron una medida cautelar con el objetivo de revertir la situación de las personas que permanecen aisladas en la provincia gobernada por Gildo Insfrán, quien aplicó duras medidas sanitarias en el marco de la pandemia del Covid-19.

En la presentación, los legisladores solicitaron que las personas infectadas y sus contactos estrechos puedan realizar la cuarentena en sus domicilios, en lugar de ser aislados compulsivamente en centros que se encuentran colapsados.

Según describen, en esos establecimientos “no se cumple con las condiciones mínimas de salubridad, higiene y confort, además de no realizar un efectivo aislamiento entre pacientes contagiados y contactos estrechos que podrían no estar contagiados, lo que facilita el contagio de la enfermedad”.

Junto a @marioraulnegri presentamos una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos @CIDH por la situación en los centros de aislamiento en Formosa 👇🏼

— Luis Naidenoff (@luisnaidenoff) January 22, 2021

“La presentación tiene por objetivo revertir las groseras violaciones a los derechos fundamentales de las personas que permanecen aisladas y terminar con las amenazas, hostigamientos y agresiones en contra de integridad de los formoseños para que puedan realizar la cuarentena en sus domicilios”, explicó Naidenoff.

A su vez, Negri advirtió que “lo que sucede en Formosa es cada vez más grave e intolerable: violencia, autoritarismo y violaciones de derechos humanos de parte del gobernador ejemplar de Alberto Fernández, que ahora ya directamente detiene a opositores”. “Convirtieron a la cuarentena en un plan de gobierno”, lamentó.

La preocupación escaló este jueves cuando las concejalas Gabriela Neme y Celeste Ruiz Díaz fueron detenidas por participar de una protesta en la puerta de la Escuela N° 18 de Formosa, que funciona como centro de aislamiento.

Qué pidieron Negri y Naidenoff a la CIDH

1) El cese inmediato todo acto, hecho u omisión reputados lesivos de derechos fundamentales.

2) Se ordene a la provincia de Formosa que se abstenga de alojar de manera compulsiva a las personas COVID-19 positivas o a sus contactos estrechos en los centros de aislamiento, disponiéndose que el aislamiento de estas personas sea llevado a cabo en los domicilios.

3) Se constate in-situ las condiciones de aislamiento de las personas alojadas en los centros de aislamiento de la provincia de Formosa a fin de determinar la existencia de la vulneración de sus derechos humanos o de existencia de violencia institucional por parte del gobierno de la provincia de Formosa.

4) Se proteja a las personas aisladas de manera tal que el ejercicio de sus derechos a través de esta presentación no les genere inconvenientes laborales, y que las autoridades de la provincia de Formosa se abstengan de realizar acciones estigmatizantes.

5) Que el Estado argentino garantice el acceso a asesoramiento jurídico y la asistencia psicosocial a víctimas de las violaciones a los derechos humanos.

6) Oportunamente se dispongan las medidas necesarias a fin de que se corrijan las condiciones en que se cumplen las medidas sanitarias de aislamiento sanitario en la provincia de Formosa.

Un proyecto de ley que establece la reparación de legajos laborales de los trabajadores del sector privado desaparecidos en la última dictadura fue aprobado este miércoles en la Cámara de Diputados con 207 votos afirmativos, 15 negativos y siete abstenciones.

La iniciativa había sido presentada por la exdiputada Carla Pitiot y dispone que en los legajos de estos trabajadores figure la inscripción de la condición de detenido-desaparecido.

Todos los votos en contra fueron de representantes del Pro: Juan Aicega, Federico Angelini, Hernán Berisso, Eduardo Cáceres, Martín Grande, Gustavo Hein, Martín Medina, Victoria Morales Gorleri, José Luis Patiño, Carla Piccolomini, Julio Sahad, Francisco Sánchez, Gisela Scaglia, Alfredo Schiavoni y David Schlereth.

Las abstenciones, en tanto, fueron de Alberto Asseff, Federico Frigerio, Sebastián García De Luca, Osmar Monaldi, Adriana Ruarte (todos del Pro), Huberto Orrego (Producción y Trabajo) y Jorge Vara (UCR).

Hugo Yasky, presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías, recordó que en 2012 la entonces presidenta Cristina Kirchner “firmó el decreto 1199, que facultó a la Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de nuestra identidad a buscar los legajos de los trabajadores del sector público que hubieran sufrido la desaparición forzosa mientras se desempeñaban en esa tarea”.

Ese decreto, recordó Yasky, “establecía una búsqueda de toda otra información aleatoria a la condición laboral de esos trabajadores que pudieran ser datos para reconstruir esas vidas para sus familiares, o para muchas de las organizaciones sindicales, que desde esa época tienen como tarea reconstruir esas trayectorias de vida”.

Con ese antecedente, el diputado explicó que el proyecto de ley busca replicar esa tarea “extendiéndola a los trabajadores del sector privado”.

El legislador del Frente de Todos reconoció el trabajo realizado por el Archivo Nacional de la Memoria, que “sin lugar a dudas permitió que esos pedacitos de historia empezaran a ser recuperados”.

“Reparar esos legajos les va a devolver a sus familias, a sus hijos, a sus nietos, parte de esas vidas”, finalizó.