A través de un comunicado, la Asociación de Abogados Laboralistas rechazó el proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei y advirtió que “su aprobación implicaría un retroceso histórico en materia de derechos del trabajo y de la seguridad social”.
La Asociación de Abogadas y Abogados Laboralistas (AAL), presidida por Guillermo Pérez Crespo, rechazó el proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei y advirtió que su contenido es incompatible con la Constitución Nacional y los tratados internacionales vigentes.
La entidad fijó su posición en un documento elaborado junto al Foro por la Defensa del Derecho del Trabajo y la Justicia Social, que integran las dos CTA, sindicatos y organizaciones académicas, profesionales y de derechos humanos.
“Nada, absolutamente nada de los contenidos de este proyecto de tratamiento legislativo es admisible y compatible con ninguno de los Tratados, Convenios Internacionales de la OIT y la Constitución Nacional Argentina”, sostuvo en el comunicado difundido este lunes.
El pronunciamiento se conoce a pocas semanas de que la iniciativa sea tratada en el Senado, con fecha prevista para el 11 de febrero. Al respecto, adelantaron que no avalará ningún aspecto del proyecto y reclamó su rechazo total en el Congreso.
En el documento cuestionan que la propuesta oficial sea presentada como una modernización del sistema laboral y advirtieron que su aprobación “implicaría un retroceso histórico en materia de derechos del trabajo y de la seguridad social”.
“El proyecto no admite más que su rechazo total”, aseveró el Foro, que anticipó acciones de resistencia en todo el país; gestiones ante gobernadores y legisladores nacionales, y denuncias en todas las instancias nacionales e internacionales, y se declaró en “estado de alerta permanente”.
Según el Foro, la reforma regula “de forma prácticamente prohibitiva el ejercicio del derecho de huelga” y reduce a “límites extremos” la presencia y la acción sindical, al tiempo que debilita la negociación colectiva por actividad mediante el fomento de sindicatos de empresa. También advirtió que la eliminación de los sistemas de indemnizaciones y sanciones frente a incumplimientos laborales derivará en “incrementar los niveles de precarización existente”.
Romina Stampone, secretaria general de la AAL, afirmó que “ante el tenor del proyecto no queda otra respuesta que su rechazo” y planteó la necesidad de “llamar al diálogo con los actores sociales para pensar una reforma laboral que afiance el derecho protectorio de las personas que trabajan”. Aclaró que la iniciativa oficial “viola la Constitución y los compromisos internacionales asumidos por el país”.
Entre los diez puntos enumerados, rechazaron que las leyes laborales sean responsables de la creación o destrucción de empleo y calificó como falsa la existencia de una “industria del juicio laboral”.
También, cuestionaron la creación de un Fondo de Asistencia Laboral con reducción de contribuciones patronales, al advertir que afectaría el financiamiento del sistema previsional, y alertó sobre cambios en el esquema judicial que debilitarían la justicia especializada del trabajo.
A su vez, plantearon que lo que se expresa a través de su normativa “es la demolición, liquidación, extinción y cancelación de los contenidos más esenciales de ese conjunto intangible de normas y valores que son universales, irrenunciables, rectores de las relaciones individuales y colectivas del trabajo, lo que afectará de manera trágica a la totalidad de la clase trabajadora de Argentina”, a “un nivel jamás alcanzado por ningún otro proyecto y en ningún otro estadio de su desarrollo”.
El abogado laboralista Carlos Brieba advierte que el proyecto de reforma laboral consolida un sistema “más desigual, lento y menos protector” para el trabajador. Además, resalta los artículos “más graves”.
Bajo el rótulo atractivo de “modernización laboral”, el proyecto de reforma de los artículos procesales de la Ley de Organización y Procedimiento de la Justicia Nacional del Trabajo introduce modificaciones que, lejos de mejorar el acceso a la justicia, consolidan un sistema más desigual, más lento y menos protector para la parte más débil de la relación laboral: el trabajador.
Uno de los cambios más preocupantes aparece en el nuevo artículo 46, que establece la caducidad de instancia sin necesidad de intimación previa y acorta los márgenes de actuación procesal. Se presenta como una herramienta para combatir la llamada “industria del juicio”, pero en los hechos termina favoreciendo otra industria mucho menos mencionada: la industria de la inactividad judicial.
Cuando el impulso del proceso queda exclusivamente en manos de las partes, en un fuero históricamente congestionado y con demoras estructurales, la caducidad se convierte en una sanción encubierta para quien menos recursos tiene para sostener un litigio prolongado.
La reforma también incorpora, en el artículo 65 inciso 8, la obligación de que el trabajador detalle desde el inicio todos los medios de prueba con los que cuenta o pretende valerse. Esta exigencia, presentada como una mejora en la transparencia procesal, genera en realidad una ventaja estratégica indebida para la parte demandada.
El empleador, al contestar la demanda, pasa a conocer de antemano con qué pruebas cuenta el trabajador para demostrar su derecho, permitiéndole ajustar su defensa, ocultar información relevante o reforzar su posición con pleno conocimiento del escenario probatorio. En un proceso donde las partes no son iguales —porque no lo son en la realidad—, esta “simetría formal” profundiza la desigualdad material.
Pero quizás el punto más grave aparece en la modificación del artículo 71. Allí se establece que, una vez contestada la demanda y reconocida o desconocida la documentación del empleador, el trabajador ya no puede ofrecer nueva prueba, incluso frente a hechos, versiones o documentos que desconocía al momento de iniciar la acción.
En términos simples: si el empleador introduce nuevos elementos en su defensa, el trabajador queda atado de manos. Se le exige previsión absoluta desde el inicio, aun cuando muchas de las pruebas relevantes se encuentran —como es habitual— en poder exclusivo de la empresa.
Este esquema procesal contradice principios elementales del derecho del trabajo y del debido proceso. No moderniza: rigidiza. No agiliza: excluye. No equilibra: inclina la balanza.
La justicia laboral nació para compensar una desigualdad estructural, no para profundizarla. Reformar el procedimiento sin tener en cuenta esa realidad no es modernizar: es retroceder. Y cuando el retroceso se disfraza de eficiencia, el costo siempre lo paga el mismo: el trabajador que busca justicia.
La agenda se alzó con una mayoría de ocho votos. El bloque oficialista no acompañó el mismo tras denunciar "falta de transparencia", una "mala interpretación del reglamento" y un "tratamiento exprés poco creíble". Por otro lado, fijaron una fecha para convocar a organizaciones y defensores.
Con un clima caliente y picantes discusiones, se llevó a cabo la cuarta reunión de la Comisión Bicameral del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que preside la diputada Natalia Sarapura (UCR), en la cual se logró aprobar por mayoría un cronograma de trabajo de cara a la designación de un nuevo Defensor, cargo acéfalo tras la salida de Marisa Graham.
“Este procedimiento se encuentra definido en la Ley 26.061 y en la resolución 14 del Reglamento interno que la comisión ya discutió”, aclaró Sarapura y destacó que el cronograma es “con las mayores expresiones de consenso y preocupación porque hay que garantizar que el concurso sea aplicado con la mayor eficiencia y con el ajuste al reglamento”.
Sarapura afirmó: “Hemos construido procesos de acuerdo, de análisis, y de aplicación del Reglamento en una vocación colectiva que supere las cuestiones partidarias, y ponga sobre la mesa la realización de un concurso que sea ajustado al Reglamento y a la necesidad de tener, de la manera más eficiente y rápida, un defensor en el marco de la Ley 26.061”. El cronograma que se aprobó por mayoría establece:
El artículo del reglamento que desató el debate acalorado
Por las fechas para la publicación del listado de admitidos y no admitidos del 4/07 y 5/7, el diputado libertario Nicolás Mayoraz hizo una observación: “4 de julio es jueves, por lo que la recepción debería ser el 8 de julio, no el 7 porque no es 4 y 5, es 4 y 7 de julio”. El santafecino hizo hincapié en que debían ser dos días hábiles y planteó que la recepción de impugnaciones debería ser del 8 al 22 de julio”. La presidenta de la comisión le aclaró que el Reglamento en el artículo 7 establece dentro de los dos días hábiles posteriores. “Proponemos hacerlo el 4”, retrucó.
Mayoraz redobló la apuesta y remarcó que “el Reglamento dice que se hace dentro de los dos días, esto quiere decir que no hay un plazo de gracia. El día 7 termina ese día, usted no puede reducir los plazos, esa opción es del interesado no de la comisión”.
La diputada radical procedió a leer textual el artículo 7: “Listado de postulantes y publicación dentro de los dos días posteriores al cierre de la inscripción. La Comisión Bicameral deberá confeccionar la lista de postulantes admitidos y no admitidos, dejando debida constancia de los motivos de la exclusión. Este plazo puede ser prorrogado por única vez por el mismo término cuando las razones debidamente fundadas lo requieren. El historial de los postulantes admitidos junto con sus reseñas personales resumidas, tal como figura en el formulario de inscripción, debe ser publicado en el sitio web de ambas cámaras del congreso se refiere a dos días”.
Lejos de conformarse, Mayoraz volvió a plantear: “De ser publicados dos días. Estamos hablando de la publicidad. La publicidad es un acto fundamental, es decir, saber quién fue admitido y quién no fue admitido no puede ser un solo día de publicación, debe ser dos días de publicación”.
En ese momento, se metió en la discusión la senadora Stefanía Cora (Unidad Ciudadana) y remarcó: “Este trabajo es el esfuerzo de distintos asesores de legisladores de distintos partidos políticos que fueron y fuimos construyendo un consenso y un acuerdo apegado, siempre, al Reglamento que es nuestra principal responsabilidad”.
“Me parece que eso es importante dejarlo en claro para poder avanzar, porque todas las opiniones son claramente válidas en esta Bicameral, pero entiendo que lo que acá se presentó es resultado de un consenso y de un trabajo de todas las fuerzas que tenemos voluntad de que más temprano que tarde tengamos un defensor nombrado por el proceso que ordena sujeto a reglamento esta Bicameral”, expresó.
El diputado libertario continuó con su postura sobre la fecha y explicó: “Los plazos son siempre hábiles, la regla es plazo hábil, la excepción es plazo corrido. Si no dice nada es plazo hábil. El plazo siempre es hábil. Acá se aplica el derecho administrativo, no se aplica cualquier cosa. En el derecho administrativo los plazos siempre se computan en días hábiles. Entonces esto de que si no dice que es hábil y yo puedo hacer otra cosa, no. Siempre que el Reglamento no dice ‘hábil’ se considera que es hábil”.
“Le reafirmo que lo que dice este artículo es dentro de los dos días, o sea estipula la publicación en ese periodo”, le contestó Sarapura y siguió: “Este es un proceso de construcción de distintos ámbitos, por un lado, con asesores y, por otro lado, de una reunión informal que tuvimos. Es fundamental tener una vocación del respeto de tener un avance en la elección de un defensor en el marco de la ley, pero también construir los mayores consensos”.
Volvió a retomar la palabra Mayoraz, esta vez para quejarse por “reuniones reservadas, organizadas a las apuradas de la noche a la mañana”. “No me parece la mejor forma de trabajar”, cuestionó, al tiempo que planteó que “hubo diferencias entre los bloques en cuanto a cómo se aplicaba el Reglamento y cuáles eran los mejores plazos para aplicar”.
Así acusó: “Que ustedes hayan arribado a un aparente acuerdo hoy en una reunión mantenida a las 11 de la mañana para mí, lejos de darle claridad a esto, se la quita”, y reclamó la presencia de organizaciones porque “aquí no hay ni transparencia ni claridad. No ha habido ninguna consulta a las organizaciones”.
“Se está obviando en esto y se está cometiendo un error o se estaría cometiendo si lo resuelven que es de tomar una decisión trascendente, sin escuchar a las organizaciones de la sociedad civil especializadas en los derechos de la niñez. Es muy grave porque si nosotros tenemos que definir qué perfil de defensor queremos y cómo valoramos y evaluamos la experiencia de estos cinco años en la que, por primera vez, tuvimos un defensor del niño, eso debe hacerse escuchando a las organizaciones y no a las apuradas”, reiteró y anticipó el rechazo al cronograma y una solicitud para realizar una reunión informativa convocando a las organizaciones.
“Queremos darle garantías a la sociedad a la comunidad de que esto va a ser algo transparente eso se lo debemos a los niños. No podemos hacer un procedimiento desprolijo y a las apuradas como lo estamos haciendo. Nosotros no vamos a acompañar esto, se están violando las fechas los reglamentos, no se respeta el reglamento, han reducido los plazos”, remató el libertario enojado.
Recogió el guante Sarapura quien le planteó: “Usted puede tener la decisión de ir o no ir a la reunión, pero tiene que ser respetuoso del proceso que se construye”. “Para ser respetuoso del proceso, esto se tiene que discutir acá. Si me está apurando para definir lo que va a hacer nuestro bloque, no es discutir”, le contestó Mayoraz.
“Tenga el respeto político, yo sé que ustedes tienen una dinámica de la democracia y la política distinta para ustedes construir consensos”, le enrostró la radical y denunció: “Claramente acá hay una intencionalidad de no avanzar y de no respetar los ejercicios que son de la política y de la democracia. Pido madurez política en no entrar en esas dinámicas que no benefician a nadie. Está haciendo una utilización del tema”.
Mayoraz propuso un cronograma propio desde su bloque que coincidía con los dos primeros ítems, pero planteó como fechas de publicación de listado 4 y 7 de julio para “respetar tiempos para corrección de exámenes”. Sin embargo, la votación resultó a favor de la propuesta inicial de mayoría.
Sarapura puso en valor el proceso logrado, por un lado, una reunión de asesores donde hubo una diversidad de opiniones sobre el reglamento y su aplicación. “Se han hecho correcciones en el cronograma que tienen que ver con una adecuación a propuestas”, destacó y remarcó: “Podemos tener distintos puntos de vista del ejercicio de la democracia y la política, creo que no está mal construir consensos, lo único que estamos haciendo es generar los procesos que tengan que ver con la construcción de acuerdos”, expresó.
“Para mi, generar todos los espacios de construcción son válidos y las reuniones informales fueron propuestas de las legisladoras que plantearon la necesidad de tener reuniones previas para evitar que los temas de los derechos de la niñez tengan este contexto. La mirada partidaria, sosegada e irrespetuosa del trabajo de legisladores. La reunión previa informal era una invitación honrar los espacios, no a acuerdos partidarios que no estén ajustados, sino construcción de dialogo y consensos y la política y democracia se ejercen así”, aclaró.
La radical, no se quedó callada y apuntó contra Mayoraz: “Me parece muy irrespetuoso que cuando lo que se construye no va con lo que pienso lo invalido. Hay personas que tenemos un ejercicio de la democracia distinto a otros y se han expuesto de sobre manera los procesos generados y los puntos de vista”.
Por su parte, la diputada del Pro María Sotolano sostuvo: “Por respeto a las organizaciones sociales nos dejaron en claro que quieren el concurso, terminar con el mandato de la Defensoría que venía hasta ahora y eso se cumplió. Fuimos avanzando pese a las diferencias, pero intentamos dar la discusión y logramos puntos”.
“Desde el Pro dejamos en claro que el concurso es algo que reclaman las organizaciones. Hay algo que se manifestó que es la voluntad de avanzar con el concurso y no encastrar el reglamento. Hasta el examen hay tiempos reglamentarios concretos y, después del examen podemos trabajar en un marco de acuerdo en un plan de trabajo y ahí están los matices. Nosotros planteamos tiempos hasta octubre. Hay que darles transparencia y garantías a los postulantes”, precisó. Sotolano también reclamó la presencia de las organizaciones para debatir y “darle una construcción colectiva a al Bicameral para que puedan ejercer su voz”.
“Hay plazos que son netamente que son de la política y esta Bicameral se va a tener que poner de acuerdo en montón de cuestiones. Lo más difícil son los acuerdos parlamentarios para llegar al recinto. Tenemos que ser claros con los tiempos para que sean ejecutables y transparentes en el reglamento”, concluyó.
También se manifestó en contra la senadora libertaria Vilma Bedia quien cuestionó: “No podemos ejecutar ni avanzar irresponsablemente porque acá no es la cuestión de banderas, nos tenemos que poner en el lugar de las instituciones que nos están mirando. Y sobre todo de los niños. Acá los niños son los protagonistas que están esperando una respuesta y no podemos hacer nada descabellado. Aferrarnos a las apuradas, al margen de los tiempos, a los consensos egoístas cuando tenemos que estar mirando la vida de niños y adolescentes”.
“No se puede evaluar en un día a 200 personas, porque se tiene que tener el perfil cuidado que requiere el puesto. No podemos desenfocarnos de la realidad de la sociedad, buscar un buen perfil con valores y convicciones que más de 20 años fueron olvidados”, cerró la jujeña.
Por último, Sarapura defendió: “El cronograma que se aprobó respeta plazos mínimos y máximos establecidos en el reglamento, en ningún caso se tomó de forma arbitraria. Considera todas las etapas obligatorias determinadas. Le da una organización lógica y eficiente a la aplicación y cumple el respeto de la publicidad. El derecho de los postulantes es lo que priorizamos y evitamos extensiones dilatoria que da la política a esta definición. Se tiraron fechas que nunca se aclararon esas propuestas. Los debates que enriquecen son los propositivos, no los descalificantes”.
“No hubo acuerdos de medianoche, interesados en una persona, son el ejercicio de la construcción de la política que se honra respetando la diversidad de opiniones ideológicas buscando un interés común, no la política se busca instalar lo que yo pienso y cuando no es así se desacredita y lo desvalorizo”, ratificó.
Por último, afirmó: “Tenemos un cronograma ajustado a la aplicación del Reglamento y a que tengamos un concurso y el 22 de septiembre tengamos los mejores candidatos”. En tanto, anticipó que el martes 24 de junio a las 16 horas “vamos a recibir a las organizaciones y defensores del pueblo porque es fundamental porque le da transparencia y dinamiza el concurso.
La titular de Abuelas de Plaza de Mayo pidió a los legisladores que “tengan memoria y rechacen esta denominada ley ómnibus”, y le exigió al Gobierno “respeto por la democracia, por los derechos y la Constitución”.
De forma remota, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, participó este martes del plenario de comisiones de Diputados y opinó que el proyecto de ley ómnibus “de aprobarse, significaría un enorme retroceso porque avasalla derechos adquiridos”, por lo que les solicitó a los legisladores que la rechacen.
En su disertación, De Carlotto expresó: “Hace poco más de un mes nuestra democracia cumplió 40 años ininterrumpidos con avances y retrocesos”, y alertó: “Este proyecto de ley que nos convoca, de aprobarse, significaría un enorme retroceso principalmente porque avasalla derechos adquiridos que han llevado años de debate hasta ser lo que somos”.
“A punto de celebrar un nuevo aniversario del Golpe del 24 de marzo de 1976 pedimos a los representantes del pueblo que tengan memoria y rechacen esta denominada ley ómnibus”, solicitó y apuntó: “Es inaceptable que el Poder Ejecutivo pueda modificar una cantidad inédita de normas que afectarían derechos esenciales de todos los argentinos. Derechos esenciales como el acceso a la salud, a la vivienda, a la educación, a la cultura, entre tantos otros. Derechos que garantizan vasos de dignidad y hacen el bienestar social”.
En esa línea, planteó: “Espero que tengan memoria para recordar y dimensionar el largo camino que hemos recorrido. Recordar que a través de las instituciones los organismos del Estado, de sus trabajadores se materializan los derechos. Derechos que solo llegarán de la mano del Estado y no de la mano del mercado”.
“Nuestra democracia peligra porque el Poder Ejecutivo no solo pretende modificar y derogar leyes, sino que además se arroga facultades que no le corresponden”, cuestionó.
Así, llamó a “la reflexión a los representantes del pueblo acerca de que el Gobierno nacional respete los Tratados Internacionales que tienen rango Constitucional en el país”.
En otra línea, manifestó que “Tratados en los que se encuentran establecidas las obligaciones del Estado de respetarlos y garantizarlos, como así también prohíben retrocesos en materia de memoria de derechos humanos. La democracia nos garantiza la clara división de poderes y la búsqueda de consensos”, y resaltó: “Le pedimos memoria para recordar que la concentración de poder y facultades derivan en tiranía y violencia”.
“Somos un país referencia en materia de derechos humanos por haber tenido la decisión de sentar en el banquillo de los acusados a los genocidas y haberlos condenados. Somos referentes por habernos hecho cargo de nuestra historia y del dolor emprendimos un camino de lucha, reivindicación, reconstrucción y fortalecimiento de derechos”, destacó.
Y siguió: “El equipo de antropología forense, Banco Nacional de Datos Genéticos, CONADI, son de importancia para seguir fortaleciendo nuestro sistema democrático. Las Fuerzas Armadas y de seguridad tienen por finalidad proteger y garantizar sus derechos como la vida y la libertad”.
“Respetamos a este gobierno que fue elegido democráticamente por el pueblo, y por eso le pedimos respeto por la democracia, por los derechos y la Constitución”, cerró.
Fue luego de que el Gobierno promulgara la norma este miércoles a través de la publicación en el Boletín Oficial. “Sabemos la enorme importancia que tendrá para el cumplimiento eficaz de los derechos de la infancia y adolescencia”, sostuvo la radical.
Tras su publicación en el Boletín Oficial, la presidenta de la comisión de Familia, Niñez y Juventudes, y autora del proyecto, Roxana Reyes (UCR – Santa Cruz) celebró el avance e invitó a las jurisdicciones a sumarse para su cumplimiento eficaz.
La ley de creación del Plan Federal de Capacitación sobre derechos de Niños, Niñas y Adolescentes ya es un hecho en la Argentina tras su publicación en el Boletín Oficial. El objetivo es que todas las personas del ámbito público puedan capacitarte en esta materia.
“Invito a las provincias a adherir a la recientemente sancionada ley Lucio. Sabemos la enorme importancia que tendrá para el cumplimiento eficaz y no meramente declarativo de los derechos de la infancia y adolescencia, que todas las jurisdicciones cumplan con esta ley de formación para la prevención y el tratamiento adecuado para la protección de cada uno de los derechos ya largamente proclamados en la Convención sobre Derechos del Niño, con rango constitucional y la ley 26061”, sostuvo Reyes.
A su vez, la presidenta de la Comisión de Familia, Niñez y Juventudes de Diputados indicó que “es relevante la adhesión por la sustancia de su objetivo y a la vez, es urgente por la crítica situación de la niñez en nuestro país”.
“Es esencial es que cada uno de los integrantes de los servicios que integran el sistema de protección, desde el funcionario de más alto rango hasta quienes recién se inician en el servicio de las áreas que lo integran: educación, salud, oficinas administrativas de derechos de infancia, como las instituciones no estatales, que prestan servicios de cualquier índole a personas menores de edad, y los actores del poder judicial, cuenten con información adecuada y sobre todo formación rigurosa acerca de los derechos de niñas, niños y adolescentes y la forma en que se previene su incumplimiento a través de los mecanismos que cada jurisdicción debe implementar”, explicó sobre la norma.
Y finalizó: “La democracia se empobrece irremediablemente cuando no se sabe proteger adecuadamente y en el tiempo debido los derechos de todos los habitantes, pero cuando se trabajan mal o tardíamente para evitar vulneraciones, nos acercamos a un absoluto deterioro institucional”.