El jefe del interbloque Federal en Diputados, Alejandro “Topo” Rodríguez, alertó sobre el hecho de que el presidente electo, Javier Milei, quiera derogar ciertas normas, como la Ley de Alquileres, o disponer privatizaciones por decreto y sin pasar por el Congreso.

En un posteo titulado “Hacia la inseguridad jurídica con represión”, el legislador señaló que “pocas horas después de ser elegido, @JMilei viene adelantando algunas decisiones que adoptará al asumir la Presidencia. Ya se comprometió a derogar la Ley de Alquileres, que lleva sólo un mes de vigencia. Es evidente que quiere derogarla porque no le gusta, ya que en un mes no se puede tener una evaluación real de sus resultados e impactos”.

En ese sentido, explicó que “si intentara derogarla por decreto y sin participación del Congreso, consagraría la inseguridad jurídica desde el inicio de su gobierno. La señal sería bien clara: las leyes que al presidente no le gustan, se eliminan por decisión presidencial”.

“Otras decisiones ya anunciadas, como la privatización de YPF, de Aerolíneas Argentinas y de medios públicos, también requerirán el aval del Congreso. Si sólo tuvieran el soporte legal de un decreto presidencial, sin participación del Poder Legislativo, esas privatizaciones serían legalmente nulas y las inversiones caerían por el tobogán de la inseguridad jurídica”, advirtió.

El diputado, quien dejará su banca el próximo 10 de diciembre, apuntó que “en ese contexto, Milei ya abrió el paraguas de la represión: ‘puede que terminen haciendo una situación delicada en la calle’, advirtió. Según confesó, ya está trabajando con @jorgemacri y ‘con su persona encargada del tema de la seguridad’, para ‘mantener el orden en las calles’”.

Pasaron varias semanas desde que el 5 de julio, cuando la última sesión de la Cámara de Diputados, la oposición suscribió en pleno recinto una convocatoria a sesionar este 23 de agosto para debatir una modificación de la Ley de Alquileres. Fue luego de que fracasara el intento original, que era el debatir un proyecto para derogar directamente la controvertida norma.

Llegada la fecha prevista, no hubo acuerdo en el seno de la oposición y luego de que circularan versiones referidas a una intención de avanzar este miércoles con el dictamen de minoría, volvió a prevalecer la postura de ir por la derogación lisa y llana de la Ley 27.551.

Venían negociando los diferentes bloques de la oposición en el marco de reuniones por zoom para encontrar un acuerdo ya no para dar quórum, sino sobre qué hacer una vez logrado el mismo. Recordemos que el oficialismo anticipó que al tratarse de un pedido de la  oposición, ellos tendrán que encargarse de reunir la mayoría necesaria para abrir la sesión. Luego los miembros del Frente de Todos se sentarán en sus bancas para dar el debate.

Si bien días pasados se había acordado en el seno de la oposición que redactarían cambios al texto del dictamen de minoría, de modo de conformar a todos los sectores y poder avanzar en una media sanción que reforme la Ley de Alquileres, el correr de los días parece que enfrió los acuerdos que venían lográndose y volvieron a prevalecer en el seno de la principal oposición las posturas más duras. Esto es: ir directamente por la derogación de la ley.

La realidad es que en el zoom realizado el viernes pasado no participaron miembros de los interbloques Federal y de Provincias Unidas, que no comparten la postura de la derogación.

Este martes habrá una reunión de Juntos por el Cambio para resolver la postura unificada que llevarán al recinto.

Así las cosas, es de esperar que la oposición pueda reunir el quórum, más allá de que pueda no estar completa su dotación este miércoles. Puntualmente Juntos por el Cambio cuenta con 117 diputados; el interbloque Federal 8 y el interbloque Provincias Unidas, 4. Total: 129. Aunque también podría contarse a los dos legisladores del bloque SER y el neuquino Rolando Figueroa, además de los tres libertarios, Javier Milei, Victoria Villarruel y Carolina Píparo. Milei fue uno de los presidentes de bloque que firmó el pedido de citación.

De no mediar cambios en la postura que estaría prevaleciendo en JxC, arrancarán por la derogación. El problema es que ninguno de los tres proyectos que hay al respecto, ni el de Hernán Lombardi, ni el de Karina Banfi, ni el de Carolina Piparo, tienen dictamen, por lo que en ese caso necesitarían los dos tercios, que obviamente el oficialismo al menos podrá evitar.

A continuación, podrá pasarse a debatir el proyecto de mayoría, que reivindica bastante de la ley vigente, al mantener el plazo de tres años en los contratos, como así también el índice para la actualización de los alquileres en base a una fórmula que combina IPC y RIPTE. Asimismo, otorga más facilidades para los inquilinos en la presentación de garantías.

La oposición tiene el número para rechazar ese dictamen, pero legisladores del propio Juntos por el Cambio reconocen que cuando a continuación vayan por el dictamen de minoría pueden estar abriendo una caja de pandora. En ese caso buscarán introducir en el recinto la derogación de los dos artículos conflictivos: el referido a los tres años de contrato, y el de la indexación anual y con indicadores tipo RIPTE e IPC.

Ahí sucede que no está el número para aprobar su rechazo y podrían quedar empantanados, con un resultado neutro: sin vencedores ni vencidos. O con todos, o casi todos, derrotados. Sobre todo los ciudadanos que vienen reclamando desde hace meses una modificación de la ley vigente.

Por Déborah Nohely González

Una de las leyes más controversiales cuyo tratamiento reclama la sociedad de forma urgente es sin lugar a dudas la de Alquileres, que fue aprobada por la Cámara baja en tiempos de Cambiemos en noviembre de 2019, y sancionada durante la gestión actual de Alberto Fernández en junio de 2020. La Ley fracasó por el aumento de la inflación, punto en el que todos coinciden.

A principios del corriente año, desde el oficialismo trascendió a través del entonces presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, que el Gobierno tenía la intención de modificar la norma, pero eso no ocurrió y se dilató con el tiempo, pese a que había dos dictámenes de comisión desde junio de 2022. De la vereda de enfrente, Juntos por el Cambio fue más allá y pidió la derogación de la Ley en reiteradas ocasiones en el recinto, pero el FdT rechazó siempre ese pedido.

Recientemente, en la última sesión de Diputados que tuvo fecha el 5 de julio, la oposición volvió a poner el tema en el recinto, que en un primer intento fracasó en que se trate un proyecto sobre tablas que propone su derogación, pero que, en segundo término, logró poner contra las cuerdas al oficialismo para que se solicite una sesión especial para debatir el tema el próximo 23 de agosto logrando la firma de 13 bloques.

En ese contexto, parlamentario.com dialogó con el diputado nacional y economista Martín Tetaz (Evolución Radical) sobre el tema y analizó un posible escenario de lo que podría llegar a pasar en esa sesión, teniendo en cuenta que será luego de las elecciones PASO.

– En la sesión de Diputados se solicitó al Cuerpo tratar la derogación de la Ley de Alquileres, no se logró, pero JxC pudo cosechar la firma de 13 bloques para darle tratamiento en agosto. ¿Qué expectativas tiene al respecto? ¿Cuál cree que va a ser la postura del oficialismo post elecciones PASO?

– El oficialismo va a intentar aprobar el dictamen de mayoría de ellos. Obviamente nosotros tenemos que tener cohesionados a los 13 bloques que firmaron el nuestro para asegurarnos, primero derrotar ese dictamen, y después ir por el nuestro de minoría”.

– La última vez que se trató el tema de alquileres fue en junio del 2022; pasó ya un año. ¿Cómo afecta esto a los inquilinos y a los propietarios o inmobiliarias en un contexto inflacionario cada vez peor?

– Toda expectativa que se genera en torno a la renovación o derogación de la Ley es muy mala para el mercado inmobiliario. Toda la discusión del año pasado y que finalmente terminara en la nada es muy nocivo para el mercado porque las partes se retiran esperando las reglas nuevas, entonces es importante que sea el 23 y que, si no lo logramos el 23, que sea con el nuevo Gobierno. Afecta muy negativamente a las partes y máximo ahora porque la inflación es el doble que el año pasado. Con una inflación más alta las consecuencias son mucho más gravosos porque el propietario pide muchísimo más en el inicio de contrato para cubrirse de esa inflación más alta y entonces los valores de acceso a una propiedad son prohibitivos.

– El Gobierno había amagado este año con derogarla, ¿por qué cree que eso no se concretó?

– El Gobierno no tiene la capacidad para gestionar absolutamente nada. Sergio Massa no tiene consenso de todos los diputados adentro de su propio bloque y, por lo tanto, lo que hizo fue, en mi opinión, una sugerencia muy inoportuna porque generó la expectativa de la derogación frenó todo el mercado y en definitiva ellos nunca estuvieron dispuestos a hacerlo, era mentira. Nosotros pedimos en cada oportunidad, esta es la segunda vez que lo hacemos, de la derogación de la Ley. Yo lo hice personalmente la sesión anterior para ver si el Gobierno realmente estaba dispuesto a derogar o si era fulbito para la tribuna y terminó siendo fulbito para la tribuna.

En medio de la presión de mandatarios peronistas que proponen eliminar las PASO en 2023 a nivel nacional, algo que ya se dio en las provincias de San Juan y Salta y que podrían seguir en otras como Catamarca, el bloque de Evolución Radical emitió un comunicado manifestando su rechazo a dicha medida.

En el texto sostienen que las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias son “la mejor instancia que tiene la sociedad para poder elegir democráticamente a sus mejores candidatos”, lo que señalaron que “molesta a quienes tienen el poder”.

En ese sentido, advirtieron que “ya derogaron en San Juan y buscan hacerlo en otras provincias. Se habla, incluso, de la intención de suspenderlas a nivel nacional”, por lo que denunciaron que “en lugar de enfrentar los graves problemas que padecemos los argentinos y las argentinas, muchos prefieren dedicarse a alterar las reglas contrarreloj”.

“Hay que terminar con el manoseo de las instituciones por intereses personales”, reclamaron y dejaron en claro que “en Evolución siempre hemos defendido y utilizado las PASO” porque son “parte de la UCR, un partido que protagonizó el surgimiento de la democracia por el voto popular hace más de 100 años y su recuperación de hace casi 40”, y ratificaron: “Vamos siempre a defender el derecho de los ciudadanos a elegir, y a enfrentar a quienes pretenden elegir por ellos”.

El exdiputado nacional y actual diputado provincial José Luis Ramón (Mendoza) criticó a través de su cuenta de Twitter a los legisladores de la oposición – Gerardo Milman (Pro) y Mariana Zuvic (Coalición Cívica)- que presentaron proyectos para derogar la Ley de Manejo del Fuego, que fue sancionada en diciembre del 2020 e impulsada por el exjefe del bloque del FdT Máximo Kirchner, ante tragedia por los incendios en Corrientes.

“Semanas de incendios sin control, y hoy nos encontramos con la propuesta de dos diputados nacionales para DEROGAR, si leen bien, derogar la Ley de Control del Fuego que votamos hace poco más de un año”, cuestionó el diputado mendocino y agregó: “A esos colegas representantes del frente Juntos por el Cambio no me queda decirles nada, pero a quienes leen estos tweets si. Primero, hay que dejar en claro que los incendios son un problema ambiental y mucho después, es un problema económico”.

En tanto, detalló: “Las consecuencias ambientales son claras. Argentina representa el 4,5% del desmonte a nivel global. Estamos entre los 10 países con mayor cantidad de bosques perdidos por año según la FAO”.

En ese sentido, señaló que “sabemos perfectamente que no se dan en cualquier lugar los incendios y los intereses económicos, y la especulación inmobiliaria, no pueden venir a empañar o empeñar el bien común”, y les pidió que “no insistan con los argumentos vacíos y lobbistas que sostuvieron en 2021”.

“Nuestro país es una reserva natural enorme a nivel mundial y eso no solo es un orgullo, es una responsabilidad”, precisó el exdiputado nacional y le sugirió a la oposición: “Pongan lo que hay que poner y dejen de pensar en individualidades y negocios, piensen en el futuro del país y la urgencia de proteger el medio ambiente”.

Un grupo de diputados de la oposición, encabezados por Gerardo Milman (Pro – Buenos Aires), presentaron un proyecto de ley para derogar la Ley 27.604 de Manejo del Fuego que se sancionó en diciembre de 2020 por impulso del legislador oficialista Máximo Kirchner en donde se “presume que los tenedores de tierras son responsables de provocar incendios con un objetivo de interés inmobiliario”.

“Pedimos la derogación de la Ley 27.604 que fue impulsada por Máximo Kirchner donde presume que los tenedores de tierras son responsables de provocar incendios con el objetivo de obtener un interés inmobiliario y prohibiendo la venta de las mismas tierras incendiadas”, expresó en su cuenta de Twitter el legislador del Pro.

En ese sentido, remarcó que la vigente Ley no contempla que “los incendios pueden ser provocados por otros factores como los naturales (cambio climático, sequía, etc.)  Por eso, esta Ley no aportó nada. Solo un lastre más para los propietarios de tierras. Y por lo cual pedimos su inmediata anulación”.

Luego de las masivas protestas de los últimos días que incluyeron episodios de violencia el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, confirmó este lunes la derogación de la ley de zonificación minera y anunció que impulsará un plebiscito para que los chubutenses se expresen a favor o en contra de la norma.

La ley había sido aprobada el 15 de diciembre pasado por la Legislatura provincial y generó masivas protestas, en su mayoría pacíficas, pero también algunos desmanes como los que se registraron en Rawson, donde fueron atacados edificios públicos y se incendió una parte de la Casa de Gobierno.

“Hemos decidido derogar la ley e impulsar un plebiscito a nivel provincial para escuchar todas las voces del pueblo”, informó Arcioni a través de su cuenta de Twitter, donde también se refirió a quienes protestaron pacíficamente contra la nueva ley minera.

En este sentido, señaló: “Respeto profundamente a quienes se han manifestado pacíficamente estos días y quiero pedirles de abrir una ventana de tiempo durante la cual nos demos una oportunidad”.

“La oportunidad de pensar cómo damos trabajo a quienes no lo tienen, cómo generamos inversiones para industrializar nuestra producción, con qué recursos mejoramos nuestra educación, nuestra seguridad y nuestra salud”, agregó el mandatario provincial.

Por último, remarcó que “durante este tiempo” abrirá “un nuevo proceso de diálogo social con todos los actores involucrados en este proyecto, ya sea que estén a favor o en contra”.

La iniciativa daba luz verde a la explotación de metalífera química, de plata, cobre y plomo y desde el inicio enfrentó resistencias de sectores políticos y sociales, con críticas por parte de la Universidad Nacional de la Patagonia y referentes del Conicet.

La Legislatura de Chubut la aprobó el 15 de diciembre pasado con 14 votos positivos, 11 negativos y dos ausentes, un resultado que mostró divididos al bloque oficialista Chubut al Frente y al del Frente de Todos.

La ley permitía la actividad minera en la zona de la meseta central de la provincia, donde se encuentran los departamentos Gastre y Telsen y, según informaron, establecía la prohibición del uso de cianuro y un marco regulatorio para el cuidado del agua en la zona.

Debido a que el proyecto estaba cerca de perder estado parlamentario, el oficialismo provincial lo incluyó en la sesión de la Legislatura de manera sorpresiva y, una vez aprobado, Arcioni promulgó la ley al día siguiente, cuando ya empezaban las primeras protestas.

Las manifestaciones masivas de ciudadanos y agrupaciones ambientalistas se concentraron principalmente en los departamentos de Rawson, Esquel y Comodoro Rivadavia, aunque las más fuertes tuvieron lugar en la capital provincial, con ataques a edificios públicos.

Arcioni había asegurado que no daría “marcha atrás”, pero durante el fin de semana las movilizaciones en rechazo a la nueva normativa continuaron y el gobernador debió rever su decisión.

El Gobierno nacional derogó este martes un decreto firmado por el expresidente Mauricio Macri que permitía el sufragio de argentinos residentes en el exterior por correo postal, por no tener “la debida intervención del Congreso ni legislación alguna que habilite reglamentar esta modalidad de votación”.

La derogación del decreto 45/2019, fechado el 11 de enero de 2019, se efectivizó mediante el decreto 189/2021 publicado en el Boletín Oficial, que lleva las firmas del presidente Alberto Fernández; del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y del ministro del interior, Eduardo “Wado” de Pedro.

La medida se suma a la derogación, días atrás, de otras normas dictadas por Macri en materia electoral: las que permitían el voto anticipado de las personas privadas de la libertad y de los miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad afectadas al operativo electoral.

Al anticipar los cambios, la secretaria de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Patricia García Blanco, había explicado a través de un comunicado: “La Constitución Nacional es clara, un decreto no puede modificar una ley y menos en materia electoral. Cualquier propuesta vinculada a los cambios de fecha o metodologías de votación debe pasar por el Congreso de la Nación y ser respaldada por una mayoría especial de votos”.

Los decretos firmados por Macri en 2019 habilitaban el sufragio universal “de manera anticipada en o vía postal, pese a que esas modalidades no están contemplada la ley electoral”, remarcaron los voceros de la cartera de Interior.

El decreto publicado este martes se señaló que pese a la creación por ley del Registro de Electores Residentes en el Exterior, con el fin de que los ciudadanos puedan participar en las elecciones nacionales desde los países en donde habitan, “el Decreto N°45/19 introdujo modificaciones en la reglamentación, implementando un sistema de votación por correo postal como forma opcional de ejercer el derecho al sufragio”.

Esto “conllevó la creación de una nueva modalidad o sistema de votación que no se encontraba previsto en la legislación electoral aprobada por el Congreso”, destacan los considerandos de la normativa.

Y se agrega que “como consecuencia de ello, para llevar adelante el acto eleccionario el entonces titular del Poder Ejecutivo determinó en forma unilateral y por vía reglamentaria, aspectos vinculados a la conformación de padrones de electores y electoras por correo postal, utilización de sobres electorales, procedimientos para la emisión del sufragio y posterior escrutinio, entre otras regulaciones introducidas”.

Todo esto se produjo “sin la debida intervención del Congreso ni legislación alguna que habilite reglamentar esta modalidad de votación”, aclara el decreto.

Además, sostiene que “el artículo 86 del Código Electoral Nacional estipula que los electores y las electoras pueden votar únicamente en la mesa receptora de votos en cuya lista figuren asentados y asentadas, debiendo el presidente o la presidenta de la mesa verificar si el elector o la electora a quien pertenece el documento cívico figura en el padrón electoral de la mesa”. Esta circunstancia se realiza indistintamente en las mesas electorales de residentes en el país o en aquellas del exterior.

Asimismo, remarca que la Constitución Nacional “en su artículo 77 fijó un régimen de mayorías especiales en lo atinente a los proyectos de ley que modifiquen el régimen electoral o de los partidos políticos, con el fin de dotar de mayor estabilidad a las reglas del proceso democrático y de la competencia electoral”.

“El artículo 99, inciso 3 de la Carta Magna vedó en forma absoluta e insanable al Poder Ejecutivo emitir disposiciones de carácter legislativo, referidas a materias que regulen el régimen electoral, entre otras, aun cuando se presentasen las circunstancias excepcionales que hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos para la sanción de las leyes y se requiriere la emisión de un decreto por razones de necesidad y urgencia”, indica.

Por otra parte, el artículo 5 de la Ley N°24.007 que faculta al PEN a su reglamentación, “no prevé la incorporación de una modalidad de votación distinta a la existente, como es el caso del voto por correo, no reconocido ni regulado en la normativa electoral vigente”.

En este sentido, impugnada la constitucionalidad del decreto 45/19 ante el fuero electoral y llegado el caso a instancias del Máximo Tribunal, el 3 de marzo de 2021, la procuradora fiscal ante la Corte afirmó que la norma “implementa un sistema de votación que resulta incompatible con los criterios fijados por normas de jerarquía superior que regulan la materia electoral”, entre otras consideraciones, y resalta que la deliberación debe darse “en el ámbito del Poder Legislativo”.

El diputado sanjuanino Marcelo Orrego (Producción y Trabajo), autor de un proyecto para derogar la ley de aborto legal, seguro y gratuito, sostuvo este lunes que el objetivo es “dejar en claro que no vamos a bajar los brazos ni un segundo”, y agregó que no descarta recurrir a la Justicia con un pedido de inconstitucionalidad.

“No solo vamos a ir por la derogación; vamos a acudir a todo tipo de vías. La vía judicial, por supuesto, es un camino”, aseguró el legislador integrante del interbloque Juntos por el Cambio en diálogo con Diputados TV.

Orrego explicó que “el núcleo” del proyecto es insistir en lo que ya se planteó el 10 y 11 de diciembre durante el debate en la Cámara de Diputados.

Recordó que el 10 de diciembre se celebró el Día Internacional de los Derechos Humanos y en ese sentido lamentó: “Cuando el primer derecho humano que existe es el derecho a la vida, nosotros estábamos legislando a favor del aborto”.

“Tanto nuestra Carta Magna como los tratados internacionales protegen el derecho a la vida”, enfatizó el sanjuanino, y agregó: “Es una lucha que no vamos a abandonar. Vamos a seguir la vía parlamentaria correspondiente, pero no vamos a dejar otras vías sin considerar”.

El diputado indicó: “Más allá de que el día de mañana la composición de la Cámara será distinta, esto no tiene absolutamente nada de antidemocrático, al contrario: soy de los que respetan las decisiones de la mayoría y respeto a quienes piensan distinto que nosotros. Pero nosotros tenemos una mirada de decir ‘no vamos a bajar los brazos’, ‘no vamos a tirar la toalla’”.

En tanto, advirtió que el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo “se trató en un momento absolutamente inoportuno” y “lo único que hizo fue dividir a los argentinos”.

Además, señaló Orrego, “lo que hace es determinar que el aborto es un derecho absoluto, y la libertad de conciencia es un derecho condicionado, subordinado”.

“No desconozco el dolor por el que pasan muchas mujeres, pero definitivamente en ese momento de desesperación, el aborto no es el camino. La educación sexual tiene que ver mucho con esto. Hoy en Argentina, en el Programa Médico Obligatorio existen 11 métodos anticonceptivos gratuitos, donde están afectados 1.400 millones de pesos, y no ha tenido resultado”, apuntó.

Asimismo, aseguró que no conoce “a ningún juez que le haya puesto una pena a una mujer que haya abortado”, y consideró que “no se trata de los derechos de la mujer” sino de que “a la semana 14 está comprobado científicamente que hay vida”.

A menos de 24 horas de la promulgación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo por parte del presidente Alberto Fernández, un diputado presentó un proyecto para derogarla. Se trata del sanjuanino Marcelo Orrego, quien ocupa el monobloque Producción y Trabajo dentro de Juntos por el Cambio.

La iniciativa consta de tan solo un artículo por el cual se deroga la Ley 27.610, que habilita el aborto voluntario hasta las catorce semanas de gestación y garantiza la cobertura de la práctica y sus tratamientos posteriores desde el sistema público de salud, las obras sociales y entidades de medicina prepaga.

Al fundamentar su proyecto, Orrego consideró que “el derecho a la vida debe ser considerado el primer derecho humano, puesto que es esencial y básico para la complacencia del resto de los derechos porque, de no haber vida, todos los demás carecerían de razón de ser”.

“Al permitir el derecho al aborto en cualquier momento de la gestación con el único requisito de la manifestación de la voluntad de la persona gestante, se desconocen normas consagradas y tuteladas en nuestra Constitución Nacional”, sostuvo el sanjuanino.

El legislador insistió en que “se debe amparar y proteger el básico y esencial derecho de todos los niños, que es el ejercicio de su derecho a la vida, cuestión que se verá avasallada no sólo por la simple y lisa voluntad de la persona gestante, sino porque también dicho cometido va a tener acción pública en su concreción, lo que no debe ser permitido”.

“La ley que se pretende derogar con el presente proyecto marcaría un antes y un después en nuestra cultura respecto del derecho a la vida”, enfatizó Orrego, que así replicó los argumentos esgrimidos durante el debate.

Cabe recordar que, de los seis diputados por la provincia de San Juan, solo uno (Francisco Guevara) votó a favor del proyecto, mientras que José Luis Gioja, Walberto Allende, Graciela Caselles y Orrego lo hicieron en contra, y Eduardo Cáceres estuvo ausente tras aprobarse su licencia.