Clima caliente en la Comisión de Asuntos Constituciones de Diputados, presidida por el libertario Nicolás Mayoraz, que se reunió este miércoles para iniciar el debate por el pedido de desafuero del diputado Emiliano Estrada, quien no se hizo presente a la misma, y desde su bloque de Unión por la Patria denunciaron que se trata de “persecución política”.

Mayoraz procedió a leer que el temario central eran los oficios remitidos por el Juzgado Federal de Garantías N° 2 de la provincia de Salta, en el marco de la causa “Estrada, Emiliano Rafael s/ peculado de servicios y otros” en la causa por fakes news y malversación de fondos. Según el documento oficial, el tribunal elevó un pedido formal de desafuero contra el diputado nacional salteño.

“El diputado fue invitado a la reunión, pero no asistió”, explicó el libertario y precisó que no hay un procedimiento reglamentado de la Ley 25.320 que tiene 25 años de vigencia, conversaron con los bloques en base a la experiencia de otros casos presentados y propusieron: “Cumplir con lo que dice la ley y por eso tenemos que hacer un llamado a indagatoria que no existe como tal en el Código Procesal Penal, sino que es una audiencia formal de imputación y establece que deben remitirse todos los antecedentes por escrito”.

El titular de la comisión informó que Estada envió una nota explicando la situación procesal actual y que “la resolución no está firme y hay un planteo de competencia positivo entre la justicia de capital y la justicia federal de Salta”. Además, propuso en nombre del diputado Fernando Brügge estipular un plazo para que Estada haga su descargo y su derecho de defensa en este proceso y luego la comisión emitir el dictamen.

Mayoraz precisó que el deber de pronunciarse de la comisión es de 60 días y al pleno de la Cámara son 180 días. “Me enteré que hay un recurso concedido y la acusación no está firme por lo que la comisión debe resolver si corresponde el tratamiento en un dictamen”, aclaró.

De forma inmediata, el diputado Eduardo Valdes planteó que “estamos hablando de algo que no está firme. De un pedido de desafuero que no está firme. ¿Qué estamos tratando entonces?”. Seguidamente, tomó la palabra el diputado Rodolfo Tailhade quien remarcó que “la comisión hoy no tiene un pedido de desafuero vigente. No está firme, está suspendido. La convocatoria a un pedido de desafuero es engañosa”.

“Desde el 16 de julio en la comisión está el oficio que no está activo el pedido de desafuero. Hay constancias en el expediente de que hay un conflicto de competencias entre la justicia de Salta y la de capital federal. La misma gente que se quiere cargar al diputado Estada hizo la denuncia acá. La situación procesal está indefinida, por ende, no hay razones para estar hoy discutiendo esta cuestión”, denunció.

Pidió la palabra el diputado formoseño Fernando Carbajal quien reconoció que el tema “es complejo” y consideró que “el pedido de desafuero, hasta un punto, es innecesario e incomprensible”.

“Yo entiendo el show, pero acá no hay ninguna imputación por lo tanto no corresponde nada. No hay pedido de desafuero porque el mismo juez federal mandó el oficio… entiendo la cuestión electoral”, chicaneó entre gritos Valdés.

Quien elevó el termómetro del debate fue la diputada nacional de Innovación Federal por Salta Pamela Calletti quien se sacó hoy de quicio contra legisladores kirchneristas que rechazaron el pedido de desafuero: “Por más que el diputado mienta y haga supuestas denuncias y meta chicanas jurídicas improcedentes con el solo fin de evadir la justicia la única verdad es la realidad”.

“El desafuero es por los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes del funcionario público y peculado de servicio. El pedido fue por un juez federal a requerimiento de un fiscal federal porque dos personas ex empleados de la Cámara confesaron que eran empleados del Congreso y del diputado Estrada y dijeron que recibieron órdenes ilegales para abrir cuentas falsas para realizar y publicar videos para atacar, desprestigiar, divulgar mentiras sobre el gobernador de Salta”, informó Calletti.

“Los fueros de los legisladores no son privilegios personales para burlar la justicia ni delinquir. El desafuero es para la AFI”, aclaró la salteña tras un cruce entre gritos con Germán Martínez quien no la dejaba hablar.

De forma breve, la diputada de UP Sabrina Selva sostuvo que “Estrada es una clara víctima de persecución política. Esto es un show que vinieron a hacer porque el pedido de desafuero no está firme”.

Minutos después, Calletti volvió a tomar la palabra y, mientras trataba de expresarse, lanzó entre gritos: “¡Diputado, yo lo escuché, así que sea respetuoso!”, contra Tailhade mientras éste último intentaba interrumpirla diciendo que “cada palabra que dijo Calletti es un pasaporte al sobreseimiento del diputado Estrada".

"¡Le pido por favor que sea respetuoso porque yo lo escuché callada! Yo lo escuché callada. ¡Usted dice una mentira tras otra entura y tengo que soportarlo!”, continuó Calletti, con el semblante desfigurado por la ira.

Al ver que Tailhade no desistía y continuaba contestándole, la salteña volvió a explotar: “¡No sea machirulo diputado!". Cuatro veces repitió la acusación de “machirulo”, y recién cesó en su catarsis emocional cuando el presidente de la comisión puso orden en la sala.

“Ella señala como la gran responsabilidad las difamaciones al gobernador, a un gobierno (de Sáenz) que tiene complicidad notoria con el narcotráfico. Lo persiguen por cómo opina del gobernador y del gobierno (salteño)”, señaló Tailhade.

El diputado kirchnerista recordó que el artículo 68 de la Constitución señala que ninguno de los miembros del Congreso nacional puede ser siquiera “molestado” por sus opiniones durante su mandato, por lo que no dudó en señalar una maniobra de “persecución” contra Estrada en el marco de la campaña electoral, teniendo en cuenta que el legislador camporista es candidato a renovar su banca.  “Esto lo hacen por la campaña porque van terceros y cómodos”, esgrimió Tailhade.

“Si Estrada dice que el gobernador es narcotraficante, violador o lo que sea, no le pueden hacer nada. Y sino cambien la Constitución, que dice que no puede ser molestado por lo que dice”, insistió.

Tailhade también se cruzó con la libertaria Juliana Santillán, a quien acusó de “burra” y le pidió que mostrara su título universitario si quería demostrar que tenía estudios superiores.

A su turno, su par de bancada Juan Marino coincidió en que la intención de un sector ligado al gobernador Sáenz era “perseguir” a Estrada, y advirtió que detrás de ese “circo” y de ese “show” se estaba “banalizando la discusión sobre los fueros de un diputado nacional”.

“Cuando se le quieren quitar los fueros intentan callar a cada diputado de esta cámara. Nosotros no podemos aceptarlo”, apuntó. “Estamos usando figuras del Código Penal para encubrir una persecución. ¡Háganse cargo de eso!”, enfatizó, y recordó que Estrada hizo denuncias sobre la complicidad con el narcotráfico del Gobierno provincial.

Sobre el final del debate, el presidente del bloque UP, Germán Martínez, puso algunos casos concretos de “cosas que pueden pasar cuando uno ejercita la representación popular y la voz de cada uno de nosotros incomoda al poder de turno. El incomodar podrá desnudar cosas que tienen que ver con el poder económico”.

“Creo que hay que tomarse muy en serio lo que hacemos o decimos aquí para el ataque político. Y para el ataque político continuado de la persecución policial -dijo-. ¿Quiénes se sienten después fortalecidos después de este debate entre nosotros? Los poderes permanentes, los servicios de inteligencia que están lamentablemente empezando a tener una penetración cada vez más profunda, están proliferando servicios en todo el territorio nacional”.

Martínez sostuvo que en vísperas de elecciones llevan al debate cuestiones donde “tratamos de sacar un punto más”. Y mientras tanto, dijo, “los jueces de nuestras provincias se nos cagan de risa. Por lo tanto, no crea que esto que le está pasando a Emiliano Estrada es una casualidad, le podría estar pasando a cualquiera de los que estamos acá, porque nadie es oficialismo eternamente”.

“Hay momentos donde vos perdés el poder y todos aquellos que te decían que eras alto, rubio y de ojos celestes están primeros en la fila para perseguirte políticamente”, señaló y concluyó señalándole a Nicolás Mayoraz que “no hay motivo para que nosotros sigamos con esto. Si lo hace, es por una exclusiva complicidad con el bloque oficialista (…) Debemos terminar esta reunión definitivamente, no prestar este circo. No es una cuestión de casta, es una cuestión de ejercer la representación popular”.

Antes de dar por terminada la reunión, el presidente de Asuntos Constitucionales dijo que “vamos a darnos un plazo, hay cuestiones políticas y jurídicas”, y se mostró dispuesto a modificar la Ley de Fueros. Hay muchos proyectos presentados, esto ameritaría para cambiar esta ley”.

La diputada nacional por Chubut Ana Clara Romero (Pro) presentó un proyecto de ley que introduce profundas modificaciones a la Ley 25.320 de Régimen de Inmunidades de Legisladores, con el objetivo de “reforzar el sistema republicano y el principio de igualdad ante la ley”.

La iniciativa plantea que los fueros no podrán ser utilizados como un obstáculo para la investigación judicial de diputados o senadores, y que la inmunidad de arresto no regirá cuando el delito imputado haya sido cometido antes de la elección del legislador.

En el texto, Romero aclara que la inmunidad parlamentaria no alcanza la intercepción de correspondencia o comunicaciones telefónicas siempre que exista autorización judicial fundamentada. Además, en caso de allanamientos a domicilios particulares o despachos, el juez deberá comunicar la medida al presidente de la Cámara correspondiente, quien designará a un legislador como veedor, manteniendo absoluta reserva hasta su ejecución.

El proyecto también reduce drásticamente los plazos para el tratamiento de los pedidos de desafuero: la Comisión de Asuntos Constitucionales deberá dictaminar en un plazo máximo de 10 días, y la Cámara deberá tratar el tema en el recinto dentro de los 20 días hábiles siguientes, aun sin dictamen previo. Actualmente, la ley permite hasta 180 días para ese trámite.

En los fundamentos, Romero advierte que “los fueros son garantías funcionales, no privilegios personales”, y sostiene que la reforma “coloca a los legisladores en el mismo nivel que el resto de los ciudadanos”. A su juicio, las demoras y restricciones actuales “favorecen la impunidad y el descrédito social hacia el Congreso”.

La diputada enmarca su propuesta en la misma línea de reformas impulsadas en provincias como Chubut y Santa Fe, y destaca que su provincia ya aprobó una enmienda constitucional —promovida por el gobernador Ignacio Torres— para eliminar los fueros de funcionarios públicos y representantes sindicales, que será sometida a plebiscito en las próximas elecciones.

Finalmente, Romero subraya que su proyecto busca “consolidar una regulación más precisa y acorde a las actuales exigencias de transparencia y responsabilidad institucional”, y convoca a sus pares a acompañar la iniciativa para “fortalecer la confianza ciudadana en el Congreso y en el principio de igualdad ante la ley”.

La Sala II de la Cámara Federal de Salta resolvió por mayoría rechazar la impugnación presentada por el diputado nacional Emiliano Estrada, confirmando así el pedido de desafuero en su contra. La decisión fue adoptada con los votos de los jueces Guillermo Elías y Mariana Catalano, mientras que el magistrado Alejandro Castellanos votó en disidencia parcial.

El tribunal consideró que el recurso no cumplía con los requisitos establecidos por el Código Procesal Penal Federal, al no demostrar un perjuicio concreto e irreparable que justificara su tratamiento.

La defensa de Estrada había objetado una resolución del Juzgado Federal N.º 2, que había solicitado el desafuero tras la ausencia del legislador en una audiencia clave para formalizar su imputación.

Según la Cámara, dicha audiencia no implica una restricción de derechos ni afecta garantías constitucionales, sino que constituye una instancia para que el imputado conozca los cargos y ejerza su defensa. La inasistencia, señalaron, puede habilitar el pedido de desafuero para asegurar el avance del proceso judicial.

Con esta resolución, el expediente será remitido a la Cámara de Diputados de la Nación, que deberá decidir si retira o no la inmunidad parlamentaria del legislador, conforme a lo establecido por la Ley 25.320.

Sus exasesores ya fueron condenados

En mayo pasado, el juez de Garantías Pablo Zerdán condenó a Florencia Arias Bustamante y Alonso Allemand, exasesores del diputado Estrada, por el delito de intimidación pública. Las penas impuestas son de un año y cuatro meses de prisión de ejecución condicional como partícipes secundarios, y un año de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Lo cierto es que el diputado Emiliano Estrada, quedó imputado como autor intelectual de las difamaciones que habrían sido destinadas a alterar el orden público. Tal como lo establece la Constitución Nacional, la Justicia no avanzó contra el legislador kirchnerista porque tiene fueros parlamentarios. En medio de la intervención del PJ salteño, Estrada cumple su mandato a finales de este período.

El hecho había sido denunciado por la jefa de bloque de Innovación Federal, Pamela Calletti, el 6 de febrero pasado en una cuestión de privilegio contra su excompañero de boleta (ambos ingresaron a la Cámara baja en el 2021 por el Frente de Todos). En aquella ocasión, la diputada, quien responde al gobernador salteño Gustavo Sáenz, lo había acusado de ser artífice de una “usina de fake news” y una “fábrica de noticias difamadoras” en contra del Estado provincial.

Los dos condenados admitieron haber usado las redes sociales para viralizar fake news contra políticos, empresarios y periodistas. La causa se había iniciado con una investigación de oficio por parte de la Fiscal de Ciberdelitos del MPF, Sofía Cornejo Solá, luego de que se hicieran virales en internet numerosos videos que difamaban a empresarios, periodistas y políticos, realizados por los ahora condenados por presuntas instrucciones de Estrada.

Luego de que los domicilios de Arias Bustamante y Allemand fueran allanados, los dos condenados se presentaron a todas las audiencias que les notificaron y declararon que el diputado kirchnerista Emiliano Estrada, su exjefe político, fue el “autor intelectual” e “instigador” de las maniobras de difusión de noticias falsas, denominadas en las redes sociales como “fake news”.

A diferencia de sus exasesores, Estrada nunca se presentó a declarar ante el Ministerio Público Fiscal y la jueza Claudia Puertas, titular del Juzgado de Garantías N° 8, quedó al mando de esta segunda causa.

Según informaron medios salteños, los dispositivos móviles secuestrados en el allanamiento contenían conversaciones entre los dos condenados y el diputado nacional de Unión por la Patria.

Las cuentas, denunciadas por Calletti en el recinto de la Cámara baja, eran, principalmente, de Tik Tok y utilizaban nombres como “La Casta Salteña”, “Casta Salta” y “La Casta de Sáenz”, entre otras, para impulsar las campañas de desprestigio. Si bien los ataques eran contra todo el espectro político salteño, puntualmente vinculaban al gobernador salteño Gustavo Sáenz con hechos de corrupción y narcotráfico.

Este modus operandi relacionado a gestar ataques sistemáticos manifestando cosas negativas en la sección de comentarios en las redes sociales con el objetivo de molestar u ofender a los demás es conocido como “trollear”. En los últimos años, se ha convertido en una herramienta habitual en el ámbito de la comunicación política.

En una resolución que quedará en la historia por la decisión adoptada, la Cámara de Senadores resolvió este jueves expulsar de sus filas al senador nacional Edgardo Kueider.

Fue al cabo de una sesión cruzada por la polémica, convocada a partir de la detención en Paraguay del senador entrerriano, que está con arresto domiciliario en el país vecino luego de que le encontraran más de 200 mil dólares sin declarar. La votación resultó con 60 votos afirmativos, 6 negativos y una abstención.

El debate giró entre dos propuestas, pero finalmente se impuso la expulsión, la cual nació de una propuesta de Unión por la Patria, que con la salida del entrerriano recupera la banca perdida cuando Kueider rompió con el Frente de Todos en 2022. A partir de esta remoción, Stefanía Cora será quien ocupe la banca y el interbloque opositor pasará a tener 34 miembros.

Momentos antes de la votación, hubo un cuarto intermedio de una hora que puso en duda si el Cuerpo iba a avanzar con la expulsión. En esos momentos, trascendió un comunicado del Pro por el que pedían tratar el desafuero  de Kueider con suspensión, pero sin expulsión. Finalmente no hubo acuerdo y avanzó la expulsión del senador entrerriano. En el destino de la sesión sin duda tuvo especial influencia el pedido formulado por la mañana por parte de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado al Senado para que se procediera a quitar los fueros a Kueider, a los efectos de proceder a su detención.

En la última intervención del debate, el jefe de bloque de LLA, Ezequiel Atauche, hizo mención al pedido de esa magistrada y terminó confirmando el apoyo a la expulsión debido a que no pudieron lograr los acuerdos para la suspensión hasta el 1ero. de marzo, tal como lo proponía el texto que impulsó el jujeño con el aval de los aliados.

Al momento de votar por la expulsión de Edgardo Kueider, solo se opusieron el radical Maximiliano Abad; los senadores del Pro Andrea Cristina, Enrique Goerling Lara, Alfredo De Ángeli y Carmen Álvarez Rivero; y el correntino Carlos "Camau" Espínola. Por su parte, el salteño Juan Carlos Romero se abstuvo y el santacruceño José María Carambia se retiró del recinto antes de votar.

El debate sobre el destino de Kueider

La sesión arrancó a las 11.22 y el debate contó con 68 senadores presentes. Además de Kueider y Víctor Zimmerman, este último de licencia por estar ejerciendo funciones ejecutivas en el Chaco, faltaron la santacruceña Natalia Gadano y el santiagueño Gerardo Montenegro.

En el inicio del debate, el jefe del interbloque Unión por la Patria, José Mayans, pidió la palabra para fundamentar el pedido de expulsión impulsado desde su bancada, a partir de las informaciones provenientes de Paraguay que dan cuenta de la detención del senador Edgardo Kueider, “capturado en in fraganti delito”, reclamando la exclusión por inhabilidad moral del senador”. Atento además que la justicia paraguaya anunció un plazo de 6 meses para determinar las acusaciones de contrabando, lavado de dinero, y se armaron causas también acá en Argentina”.

Recordó además que acababa de presentarse un pedido por parte de una jueza para habilitar el desafuero y allanamiento de sus propiedades en Argentina, por lo cual hizo una moción de tratamiento de la exclusión o la suspensión del senador entrerriano. Cuando se procedió a votar por medios electrónicos de los dos temas juntos la exclusión del senador o su suspensión, se aprobó la moción por 68 votos a favor, sin votos negativos ni abstenciones.

Arrancó el debate de los proyectos puestos en discusión la mendocina de UP Anabel Fernández Sagasti quien pidió la exclusión del senador entrerriano. “El mismo presidente Milei está diciendo que es un problema de los kirchnerista. Bueno acá venimos a pedir la exclusión del senador”, dijo y planteó: “Salvo que se hayan convertido en la peor de las castas decir algo y hacer otra cosa. O peor aún que se sepa o el miedo a que se sepa cómo se consiguieron los votos para la Ley Bases o el miedo a que si no lo protegen y encubren, como están queriendo hacer ahora, cante más que Valeria Lynch”.

Fernández Sagasti hizo hincapié en la aprobación de la Ley Bases y en el no debate del Presupuesto, por segundo año consecutivo. “Lo del senador Kueider no es casualidad, es parte de lo que venimos viviendo y no hemos podido frenar en el Congreso. El papelón del senador es internacional, el presidente con lo que dijo hace un año vive en Narnia. Kueider desde la Ley Bases pasó seis veces al Paraguay”, sostuvo, y agregó: “La firma del senador Kueider les dio el dictamen de la Ley Bases y había hecho por escrito 40 observaciones, pero a pesar de eso firmó el despacho. Sabíamos que se compran senadores como se compran artefactos en la góndola de un supermercado, lo vimos. Vimos embajadas, rotondas, promesa de obras, pero en el caso de Kueider hubo hasta un decreto presidencial sacado el mismo día que empezaba el debate de la Ley Bases en el Senado”, denunció.

“El decreto crea la Comisión Mixta de Salto Grande indicando a quién le corresponderá la presidencia de la delegación, esto pedía el senador para votar. Ahora queremos saber si estos billetes verdes que intentó contrabandear tienen que ver con el pago de la Ley Bases”, exigió Fernández Sagasti y sumó: “Esa es la caradurez y la impunidad con la que los proclamados refundadores de la república quieren venir a darnos muestras de moral y valores”.

El presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, lamentó “lo que ha hecho” Edgardo Kueider porque “avergüenza a este Senado”, pero dejó en claro su postura respecto al tema: “Que se respete el reglamento y el debido proceso”. Recordó un caso de la provincia de San Luis y reiteró que la Cámara alta “tiene que estar a la altura de las circunstancias sea expulsión o suspensión”.

Luego de la extensa intervención del bloque kirchnerista, el puntano expresó: “Me encanta que purifiquemos este Senado, pero sigamos con la orden del día siguiente”, en relación al pedido de suspensión del senador K, Oscar Parrilli. Y siguió: “Honestamente, cuando nos plantean la expulsión, nosotros intentamos persuadirlos para encontrar un punto en común”. Asimismo, se refirió al tratamiento de estos proyectos en pleno diciembre y cargó: “Es sumamente penoso lo que nosotros, como senadores, tengamos que debatir esto cuando deberíamos estar en (sesiones) extraordinarias debatiendo el presupuesto”. Para cerrar, catalogó el hecho de “corrupción” y agregó que “es vergonzoso, tristísimo, poco feliz e indigno”.

En su intervención, la diputada del Pro Guadalupe Tagliaferri marcó el rumbo que luego adaptaría casi todo el resto de su bancada al anunciar que iría por la expulsión de Edgardo Kueider. Pero precisó que si eso fracasaba, se quedaría a votar la suspensión, cosa que le pidió al kirchnerismo imitar. “Yo voy a votar por la expulsión del senador; si no prospera la expulsión, me voy a quedar y voy a votar también por la expulsión. Le pidió al kircherismo quedarse, porque sino el mensaje a la gente va ser que ‘da lo mismo’”, señaló.

A su turno el formoseño Francisco Paoltroni recordó que uno de los eslóganes de campaña de LLA –su ex bloque- es que “una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre”, y señaló que “ahí radica la madre de todos los problemas, algo que vengo marcando desde el inicio de la gestión”.

“Con el pasar del tiempo empiezan a aflorar estas cosas que siempre vienen de la misma dirección. De los mismos de siempre que son todos los que han tenido raíces con esta matriz corrupta y nefasta del kirchnerismo que nos ha traído estos tremendos índices de pobreza y atraso en el país”, indicó.

Paoltroni consideró que “la gravedad del asunto no se reduce en la expulsión o suspensión del senador Kueider, la gravedad de los asuntos se inicia en la postulación del juez más cuestionado de la argentina a la Corte Suprema, y ahí estuvieron todos de acuerdo porque son todos cómplices y tienen las manos sucias… que esta crisis sirva para salir derechito con libertad y dignidad sino volveremos a repetir los fracasos del pasado”.

De postura anunciada en la previa de la sesión especial, la senadora cordobesa Carmen Álvarez Rivero (Pro) apuntó contra el interbloque opositor y cargó: “No les voy a creer hoy su lucha por la corrupción”. Asimismo, siguió: “A los K no les creo y no les creo a Cristina (Kirchner), ni a Máximo Kirchner, ni a (Oscar) Parrilli”.

En relación a la sanción contra el senador entrerriano, aclaró que “nos indigna y la gente espera que lo echemos patadas”, incluso aseveró que “A Kueider lo sacaremos a patadas si es necesario”. Pese a que no adelantó su voto explícitamente, reiteró: “Me da asco lo que hizo Kueider. En Argentina hay pobres y la mayoría de los pobres son chicos. Urge depurar esta Cámara porque el pueblo necesita creer en las instituciones”, cerró.

En medio de la incertidumbre sobre el desenlace de la cuestión, el senador entrerriano Alfredo De Ángeli confirmó su postura para la votación: “Estoy completamente convencido de que es el acto de corrupción mas grande y voy a votar por la expulsión del senador Kueider”. Asimismo, no dejó de mencionar a los hechos por los que se acusa a Alberto Fernández y la condena a Cristina Kirchner.

Sobre la expulsión de Kueider, De Ángeli había mencionado que “el Pro puso el debate acá, voy a ir por a cada uno que la justicia le indique y vamos a limpiar el Congreso de la Nación de los corruptos”. Asimismo, remarcó: “Que a Kueider le caiga todo el peso de la ley, pero que les caiga a todos”. Para terminar, señaló: “Acá hay que limpiar el Congreso de todos los chorros, de todos los corruptos”, agregó que “la ficha limpia tenemos que tratarla”, y apuntó contra el interbloque kirchnerista: “Ustedes están acá porque quieren una banca”, en alusión a que la posible salida de Kueider le daría un integrante más a Unión por la Patria.

“Las democracias modernas siempre piden que no haya ambigüedad, que haya transparencia”, advirtió la tucumana Beatriz Ávila, que sostuvo que “la gente no nos cree, tenemos un enorme desprestigio en la sociedad; la gente no distingue entre quiénes somos honestos y quiénes son los deshonestos”. Con todo, aclaró que “hay un sector político que quiere tener una banca más, y lo que se pretende acá es quitarle la gobernabilidad al Gobierno, que no tenga los números para llevar adelante las leyes para su plan de gobierno”.

En ese marco, admitió que la suspensión hasta el 1ro de marzo “me sabe a poco”, y si bien aclaró que “este senador no vuelve más a este cuerpo”, sostuvo que “hay un sector que cuando fue gobierno protegió a condenados y a juzgados”, en referencia al exsenador José Alperovich. “Acá, lo que tenemos que debatir es la corrupción”, planteó.

La santafecina radical Carolina Losada señaló: “Kueider afuera, en esto estamos de acuerdo todos. Que no puede estar acá sentado”, y embistió contra la bancada de UP: “Me llama la atención el nivel de cinismo que tienen al pedir la palabra y hablar de honorabilidad”.

Así, les recordó que “tuvimos 4 años sentada en ese lugar honorable –por el sillón de la presidenta del Senado- a una vice condenada por corrupción. Tenemos a la persona más corrupta de la Argentina que, además, no solamente presidía acá como si nada y nunca se les cayó la cara de vergüenza, sino que la eligieron como presidenta del partido. La persona más corrupta de Argentina para ustedes es la persona que los identifica, pero Kueider afuera igual”. También les enrostró que tuvieron al primer vicepresidente del país condenado por corrupción, la votación de la licencia a Alperovich que “fue condenado por violar a su sobrina”. Además, contó que CFK tuvo dos pedidos de desafuero.

“Que vengan a pedir honorabilidad no entiendo cómo no se les cae la cara de vergüenza. Me da asco que hablen de quién es el corrupto. Si están en contra de la corrupción ¿por qué no quieren tratar ficha limpia? Teléfono para el Gobierno también”, remató la radical y cerró: “Kueider no tiene que estar acá porque este lugar es honorable, pero ustedes no tienen cara para hablar de honor. Tienen que mirar un poquito más adentro porque no tienen altura moral para hablar de corrupción”.

Tocado de lleno por la presentación de un proyecto para suspenderlo también a él, el senador Oscar Parrilli intervino en este debate y sin rehuir el debate sobre su situación, aceptó que se lo tratara, pero aclaró que la discusión era ahora sobre otra cuestión.

El salteño de Cambio Federal Juan Carlos Romero expresó: “La conducta del senador Kueider carece de cualquier defensa y justificación y no encontré nadie aquí que quiera defender ni su actitud ni su persona que fue agraviante para todo el cuerpo”.

“La forma en que el kirchnerismo está llevando el debate no contribuye en lo más mínimo a mejorar nuestra forma de ser vistos por la ciudadanía. Tratar de dividir entre cómplices y acusadores, no somos nosotros los que vamos a juzgar delitos, solo analizamos la conducta”, criticó y sostuvo: “Para algunos es tan grave para la expulsión, para otros es grave, pero propusieron una suspensión muy acotada, podría haber sido durante todo el mandato basándonos en los antecedentes”.

Romero recordó que el kirchnerismo justificó el pedido de licencia de Alperovich con el argumento que “necesitaba ese tiempo para demostrar su inocencia. También hablaron de que no era aconsejable ninguna sanción para Boudou, Cristina porque se debía proteger la credibilidad de las instituciones y del Senado”. “El kirchnerismo ataca y pone en sospecha a todo el cuerpo de que acá en la Casa se arreglan los votos por dinero, eso es gravísimo, injustificado, no probado, son suposiciones agraviantes. Es una infamia inaceptable porque no le consta para hacer la acusación. Esto desprestigia al Senado una acusación sin fundamento”, arremetió y aclaró: “Eso es lo que más me preocupa. Acá nadie quiere salvar a Kueider, que es insalvable”.

El senador correntino Carlos “Camau” Espínola, compañero de bloque de Kueider y exintegrante del Frente de Todos, confrontó a Parrilli y a Fernández Sagasti y le respondió que “cuando me fui del bloque, lo hice por convicción porque me cansé de votar lo que ordenaban de arriba”. En relación a la situación procesal del entrerriano, añadió: “Si Sagasti tenía información que la lleve a la justicia”

Con un discurso medido, Espínola afirmó que lo ocurrido con su par de bloque en Paraguay, detenido por la portación de 211.000 dólares sin registrar cuando quería cruzar la frontera, “es indignante”, pero aclaró: “El derecho a la defensa lo tienen todos los ciudadanos”.

En el tramo final, el jefe de la UCR, Eduardo Vischi, dejó firme la posición a favor de la expulsión. “Es un día muy triste, muy difícil”, admitió y reveló que la noticia sobre Kueider lo “sorprendió” porque “realmente fue impactante”. En un comienzo, el correntino señaló que “siempre en primer lugar uno se plantea la duda”, pero con el correr de los días la situación “se pone realmente muy difícil”.

“La sociedad ya lo condenó a Kueider y esa condena social verdaderamente mella de forma contundente a este Senado”, observó. Y argumentó: “Aunque haya sido agarrado in fraganti tiene derecho de defensa, pero nosotros no estamos juzgando en derecho penal, son los valores y la ética de este Senado”.

Vischi confirmó que “los hechos que se le atribuyen al senador Kueider hacen de un merecimiento de la expulsión de este senador”. “No nos podemos ir de este recinto sin una sanción contundente”, enfatizó. Durante su discurso, el radical cuestionó al kirchnerismo: “Daña tanto lo que ha hecho el senador Kueider como la hipocresía de los últimos 20 años de este sector político, que se hace el distraído de la serie de condenados que tiene por proceso de corrupción”, entre ellos Cristina Kirchner, que fue presidenta del Senado.

El presidente del interbloque de Unión por la Patria, José Mayans, fue el anteúltimo orador del debate y fue directo contra el Poder Ejecutivo Nacional al que le adjudicó el tema de Kueider, e incluso, relató que “le faltaron el respeto” a la presidenta del Cuerpo porque “ella pertenece al Poder Ejecutivo y la dejaron de lado”. Asimismo, remarcó que Milei “no cree en el sistema republicano de gobierno”.

Luego de hacer una comparación entre el senador detenido y Judas Iscariote por “el pasaje de la traición en las sagradas escrituras”, fustigó a Kueider y cargó que “acá hubo traición al partido político”. También, se defendió de las acusaciones de los dialoguistas y aliados que el pedido de remoción es para reclamar una banca: “Queremos que nos devuelvan la banca que nos robaron”. Con mayor fervor, el formoseño señaló al presidente de la Nación como responsable de lo ocurrido: “Dijo que había coimas y ratas, pero él manchó el honor del Congreso”. “¿Qué se hizo acá? Se juntaron un grupo de senadores, juntaron 39 y creen que tienen el derecho a hacer lo que quiera. Traicionaron a nuestro partido y ¿cuál fue el premio? La Comisión de Asuntos Constitucionales”, aseveró.

Después, el jefe de bloque libertario, Ezequiel Atauche, pidió por un cuarto intermedio, tras el cual fueron a la votación.

Luego del pedido de mujeres legisladoras del Frente de Todos con Gabriela Cerruti como abanderada, ahora el reclamo de "suspensión inmediata" y el "inicio de proceso de desafuero" para los diputados de Juntos por el Cambio Fernando Iglesias y Waldo Wolff fue presentado por la propia actriz Florencia Peña mediante un oficio presentado este jueves en mesa de entrada de Diputados, por su abogado Fernando Burlando.

"Solicitamos a ese honorable cuerpo que proceda a su inmediata suspensión"

Esta solicitud llega luego de que Peña radicara una querella criminal ante el Fuero Federal de la ciudad de Buenos Aires, contra los diputados nacionales Iglesias y Wolff al considerar que "los funcionarios legislativos han cometido graves hechos de violencia psicológica, simbólica, mediática e institucional contra la mujer, en clara contradicción con los expresos deberes de actuar".

"Implica un hecho de tremenda gravedad institucional"

"Dada la naturaleza de los hechos que se les imputan y la flagrante actividad ilícita de los nombrados que resulta de público y notorio, solicitamos a ese honorable cuerpo que proceda a su inmediata suspensión, de acuerdo con las prescripciones constitucionales y las circunstancias consideradas en la documentación que se adjunta al presente, disponiéndose el inicio del correspondiente pedido de desafuero a fin de que sean sometidos a la jurisdicción federal, de acuerdo con los delitos que se encuentran manifiestamente acreditados en el sub exámine", dice el texto dirigido a Massa y que lleva la firma de Burlando.

En la denuncia, se detalla que tras conocerse que Peña visitó la Quinta de Olivos durante la etapa de medidas restrictivas en la pandemia de coronavirus, el diputado Iglesias escribió en Twitter un mensaje el pasado 27 de julio que tenía fotografías de mujeres que realizaron varias visitas a la quinta presidencial por razones laborales, entre las que se encontraba la actriz.

En ese sentido, Iglesias escribió: "Para mí, la señorita iba a ayudarlo a encontrar la perilla que enciende la economía para poner a la Argentina de pie".

Para Peña y Burlando, el tuit de Iglesias fue "una clara actitud de absoluta misoginia" con "un claro contexto de ironía con una grave connotación sexual".

También remarcaron que el diputado Waldo Wolff contestó: "Pero ella de rodillas no?".

"El inicio del correspondiente pedido de desafuero a fin de que sean sometidos a la jurisdicción federal"

En la denuncia sostienen que "realmente, la mgnitud del escándalo, a la luz de las responsabilidad funcional de los sujetos que expresaron semejantes comentarios y los instrumentos internacionales que se encuentran vigentes y a los que ha adherido nuestra república implica un hecho de tremenda gravedad institucional ya que es, en orden a la condición de diputados nacioanles que se encuentran especialmente compelidos al acatamiento de las disposiciones de orden público que surgen de la ley 26.485".