Luego de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires apelara un fallo que suspendía los desalojos en propiedades usurpadas, el diputado de Vamos por Más (VxM) Facundo Del Gaiso arremetió con dureza contra el titular del Juzgado de primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 2 del distrito capitalino, Roberto Gallardo, por la determinación que tomó.

Es que el letrado le dio lugar a una medida cautelar impulsada por el diputado de Fuerza por Buenos Aires (FxBA) Alejandro 'Pitu' Salvatierra en la que pedía que se frenen los desalojos y, además, le prohibió al Gobierno de la Ciudad realizar desalojos, clausuras materiales y tapiados de viviendas cuando se detectan situaciones de riesgo edilicio. La resolución sostiene que esas decisiones no pueden ser tomadas si no se garantiza previamente un piso mínimo de garantías técnicas, sociales y habitacionales. Desde el GCBA advirtieron que en los operativos de la Ciudad trabajan la Policía de la Ciudad, la Guardia de Auxilio, que certifica los riesgos edilicios; la Red de Atención y el Consejo de los derechos del niño, niña y adolescentes, que se ocupan de la situación social y habitacional de los ocupantes.

Atento a esta situación, Del Gaiso apuntó contra el juez a través de sus redes sociales. "Durante décadas, si eras dueño de un inmueble y te lo usurpaban, lo único que ibas a escuchar era 'olvídate, no los sacas más'. Es la primera vez que un Gobierno toma la decisión política 'incómoda', que nadie quiso tomar, de recuperar los inmuebles y devolverlos a sus dueños", comenzó dicienco.

A la vez que planteó que "la problemática de la situación social de personas que habitan inmuebles ocupados se debe tratar con políticas de subsidios habitacionales. Hay mucha gente que paga por el alquiler de habitaciones a 'falsos dueños okupas'”.

"El juez Gallardo debió ser destituido hace muchos años, la política le 'perdonó la vida', lo 'exiliaron' tres años en Córdoba, volvió y ahora da este fallo que vuelve a perjudicar a los dueños legítimos de propiedades usurpadas. No podemos permitir que vuelva el 'olvídate, no los sacas más'", sostuvo el diputado. Quien consideró que "está bien la apelación presentada por Jorge Macri  a este fallo".

Sobre esa misma línea, Del Gaiso concluyó planteando que "es hora de debatir muchas cosas en la Ciudad, de sentarse a una mesa a hablar claramente de la política de vivienda para los sectores postergados y sobre todo para la 'olvidada' clase media, del AMBA, de la salud, de la política de la gente de situación de calle. De manera responsable y seria. No hay otra".

A una semana del fallo judicial que suspendió los desalojos, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires apeló la determinación del titular del Juzgado de primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 2 del distrito capitalino, Roberto Gallardo, que ponía un freno a la desocupación de inmuebles ocupado de forma ilegal.

De esta manera, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, apeló la medida y pidió la nulidad del fallo del juez Gallardo, dado a que tildó la resolución de "arbitraria" y acusó al magistrado de atacar la "propiedad privada".

"Apelada. Ni un paso atrás en la defensa de la propiedad privada. Ley y orden", escribió el alcalde local en sus redes sociales.

Mientras que la legisladora de Vamos por Más (VxM) y referente del Pro, Laura Alonso, lanzó: "falló ultrakuka apelado. Que quede claro: Jorge Macri  va a seguir recuperando propiedades usurpadas para devolverlas a sus legítimos dueños. No queremos okupas en la Ciudad".

Cabe recordar que el conflicto se desató luego de que el diputado de Fuerza por Buenos Aires (FxBA) Alejandro 'Pitu' Salvatierra se presentara ante la Justicia para pedir que se frenen los desalojos y que el juez Roberto Gallardo diera lugar a la medida cautelar. Por su parte, desde el Gobierno porteño anunciaron que apelaran la medida, para continuar con el plan de recuperación de propiedades que ya lleva 800 inmuebles en los últimos meses.

El fallo le prohibió al Gobierno de la Ciudad realizar desalojos, clausuras materiales y tapiados de viviendas cuando se detectan situaciones de riesgo edilicio. La resolución sostiene que esas decisiones no pueden ser tomadas si no se garantiza previamente un piso mínimo de garantías técnicas, sociales y habitacionales. Desde el GCBA advirtieron que en los operativos de la Ciudad trabajan la Policía de la Ciudad, la Guardia de Auxilio, que certifica los riesgos edilicios; la Red de Atención y el Consejo de los derechos del niño, niña y adolescentes, que se ocupan de la situación social y habitacional de los ocupantes.

Luego de que la Justicia porteña frenara los desalojos, los legisladores de Fuerza por Buenos Aires (FxBA) impulsaron en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un proyecto de declaración mediante el cuál buscan repudiar los dichos del alcalde local, Jorge Macri, contra el diputado Alejandro 'Pitu' Salvatierra por haber fomentado la medida cautelar que puso en pausa esas acciones.

De esta manera, los peronistas le pidieron al Parlamento porteño que exprese "su más enérgico repudio" a los dichos del jefe de Gobierno, dado que consideraron que constituyen "un acto discriminatorio
institucional" debido a que utilizaría su "investidura pública para estigmatizar su identidad política y territorial, criminalizar su intervención legislativa y reforzar prejuicios contra personas en situación de vulnerabilidad habitacional".

En los fundamentos de la iniciativa, los diputados recordaron diversas frases de Macri contra Salvatierra. “Para sorpresa de nadie apareció un kirchnerista a defender okupas”; “Otra vez un kirchnerista defendiendo okupas”; “Apareció el Pitu Salvatierra a defender a los que usurpaban una propiedad”; “Si quieren hacer cualquier cosa, que crucen la General Paz”; y “Para sorpresa de nadie, el juez Gallardo y el Pitu Tomatierras se pusieron de acuerdo para defender a los okupas y atacar la propiedad privada”, son solo algunas de las frases que el funcionario habría proferido.

Además, explicaron que "se suman otras manifestaciones atribuidas al jefe de Gobierno, en las que se insiste en presentar al diputado Salvatierra como alguien que 'ignora la Ley' y en contraponer una supuesta defensa de 'los porteños vulnerables' frente a quienes los 'usan'. Este conjunto de expresiones no puede ser leído como una mera controversia política ni como una simple diferencia de criterio en
materia habitacional. Se trata de una construcción discursiva que descalifica personalmente a un diputado de esta Legislatura, estigmatiza su pertenencia política y territorial y presenta su intervención institucional como una conducta asociada a la ilegalidad".

Sobre esa misma línea, desde FxBA aseguraron que "el uso sistemático de rótulos agraviantes y etiquetas que asocian al diputado y a los sectores con los que trabaja con la usurpación, el delito o la amenaza al orden público, emitidos desde la máxima autoridad del Poder Ejecutivo local, reproduce narrativas de odio, estigmatización y criminalización contra legisladores, organizaciones sociales y familias afectadas por desalojos, en contradicción con los estándares nacionales e internacionales en materia de igualdad, no discriminación, libertad de expresión responsable y protección del espacio cívico democrático".

"Las expresiones cuestionadas adquieren una gravedad adicional por estar dirigidas contra un legislador cuya trayectoria pública se encuentra estrechamente vinculada a su origen en sectores populares y a su trabajo social en barrios vulnerables de la Ciudad. La utilización de apelativos despectivos, estigmatizaciones territoriales y asociaciones automáticas entre pobreza, marginalidad e ilegalidad reproduce prejuicios históricos que han afectado a amplios sectores de la sociedad argentina", añadieron.

Por lo que concluyeron precisando que "las expresiones utilizadas por el jefe de Gobierno son especialmente graves porque no provienen de un particular, sino de la máxima autoridad política del Poder Ejecutivo de la Ciudad. Cuando quien gobierna utiliza su investidura pública para señalar a un legislador opositor mediante sobrenombres denigratorios y asociarlo públicamente con la ilegalidad, no está simplemente opinando: está habilitando una forma de estigmatización institucional, con capacidad de producir efectos concretos sobre el debate público, sobre la seguridad personal de los señalados y sobre la percepción social de los sectores vulnerados".

El conflicto se desató luego de que Salvatierra se presentara ante la Justicia para pedir que se frenen los desalojos y que el juez Roberto Gallardo diera lugar a la medida cautelar. Por su parte, desde el Gobierno porteño anunciaron que apelaran la medida, para continuar con el plan de recuperación de propiedades que ya lleva 800 inmuebles en los últimos meses.

El fallo le prohibió al Gobierno de la Ciudad realizar desalojos, clausuras materiales y tapiados de viviendas cuando se detectan situaciones de riesgo edilicio. La resolución sostiene que esas decisiones no pueden ser tomadas si no se garantiza previamente un piso mínimo de garantías técnicas, sociales y habitacionales. Desde el GCBA advirtieron que en los operativos de la Ciudad trabajan la Policía de la Ciudad, la Guardia de Auxilio, que certifica los riesgos edilicios; la Red de Atención y el Consejo de los derechos del niño, niña y adolescentes, que se ocupan de la situación social y habitacional de los ocupantes.

Luego de la medida cautelar impulsada por los legisladores de Fuerza por Buenos Aires, la diputada de Vamos por Más (VxM) y referente del Pro, Laura Alonso, cuestionó con suma dureza la decisión de la Justicia de frenar los desalojos sobre las propiedades usurpadas.

"Los mismos progrekukas de siempre trabajan contra los porteños de bien para que la Ciudad se llene de okupas, trapitos y manteros", lanzó Alonso con suma dureza a través de su cuenta de X, ex Twitter.

Al mismo tiempo que planteó que "en el Pro siempre tuvimos y tenemos claro lo que queremos para los vecinos: una Ciudad donde la ley y el orden se cumplen".

"El fallo será revertido y la recuperación de la propiedad privada continuará, sentenció la legisladora.

Cabe señalar que desde la gestión de Jorge Macri ya anunciaron que apelaran la medida cautelar del juez Roberto Gallardo, la cual frena los desalojos, que ya llevan más de 800 inmuebles recuperados en el último tiempo.

El fallo le prohibió al Gobierno de la Ciudad realizar desalojos, clausuras materiales y tapiados de viviendas cuando se detectan situaciones de riesgo edilicio.

La resolución sostiene que esas decisiones no pueden ser tomadas si no se garantiza previamente un piso mínimo de garantías técnicas, sociales y habitacionales.

Desde el GCBA advirtieron que en los operativos de la Ciudad trabajan la Policía de la Ciudad, la Guardia de Auxilio, que certifica los riesgos edilicios; la Red de Atención y el Consejo de los derechos del niño, niña y adolescentes, que se ocupan de la situación social y habitacional de los ocupantes.

Semanas después de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires anunciara que recuperó más de 500 propiedades usurpadas, los legisladores de Fuerza por Buenos Aires (FxBA) Victoria Freire y Alejandro “Pitu” Salvatierra impulsaron un recurso de amparo para frenar esta situación, por lo que el el Juzgado de primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N°2 dispuso como medida cautelar el cese de los desalojos administrativos de inmuebles con fines habitacionales en el distrito capitalino.

El recurso fue impulsado junto a vecinos desalojados y la Asociación Civil Centro de Estrategias y Acción por la Igualdad (CEyAI), en el que alertaron que entre septiembre de 2025 y el 9 de marzo de 2026, el Gobierno porteño habría desalojado de forma irregular a más de 1200 personas de hoteles familiares, pensiones e inquilinatos. Según advirtieron los diputados y vecinos, el procedimiento se ejecutaba bajo el argumento de "peligro de derrumbe" sin dar intervención judicial, sin debido proceso y sin garantizar una solución habitacional previa, estable y adecuada a las familias.

En la medida cautelar se ordena al Gobierno porteño que “se abstenga de adoptar o ejecutar medidas materiales o administrativas de evacuación, clausura material, tapiado, desocupación, restricción de acceso o impedimento de reingreso respecto de inmuebles de uso habitacional efectivo, fundadas en razones edilicias, de salubridad, seguridad o riesgo constructivo, sin cumplir previamente con los recaudos mínimos establecidos en la presente” y establece además como regla que debe dar comunicación inmediata al Tribunal Contencioso Administrativo y Tributario de turno ante una situación en la que deba intervenir de manera urgente en un inmueble por supuestos riesgos de la estructura edilicia que puedan poner en peligro la salud y la vida de las personas que lo habitan.

Al mismo tiempo, la Justicia dispuso que el GCBA deberá brindar una “respuesta habitacional transitoria, inmediata y efectiva, adecuada a la composición y necesidades del grupo familiar afectado” en caso de que la medida impida a las familias pernoctar en sus hogares. Además, citó una audiencia para todas las partes involucradas.

Respecto de la determinación judicial, Freire afirmó que "es muy importante que la Justicia ponga un freno a la prepotencia de Jorge Macri que viene manipulando trámites administrativos para llevar adelante desalojos y dejar a cientos de familias en la calle. Una de cada tres personas desalojadas son niños y niñas” y subrayó que “el Gobierno de la Ciudad vacía y desfinancia toda política de vivienda y persigue y expulsa de la Ciudad a las personas que más necesitan acompañamiento de políticas públicas".

Mientras que Salvatierra destacó que "este fallo es ponerle cordura a la locura que se desató en la Ciudad con los desalojos administrativos, es poner las cosas en su lugar” y sentenció que "no estamos en desacuerdo en la restitución de los inmuebles a sus propietarios, lo que no podemos permitir es que se viole la ley y no se haga con el procedimiento que corresponde. El fallo lo que marca es que no se puede desalojar sin una orden judicial y que la justicia debe intervenir en cada proceso, porque no deja de haber familias en esos inmuebles. Es un paso hacia adelante en una pelea que venimos dando por que se respete la ley y los procedimientos”.

En el marco de la crisis habitacional que golpea al país, la legisladora de Confianza y Desarrollo (CyD) Guadalupe Tagliaferri salió a respaldar a Horacio Rodríguez Larreta, quien cuestionó con dureza la forma en la que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está llevando a cabo un plan de recuperación de viviendas y predios usurpados, por medio de desalojos.

En ese sentido, la diputada afirmó: "como dice Rodríguez Larreta, es muy triste que el principal logro de un Gobierno sean los desalojos" y consideró que "para solucionar los problemas hay que dejar de pensar en la foto y ponerse a trabajar de verdad. La Ciudad necesita más gestión y menos circo".

"A los que están ansiosos por chicanear, agredir y mentir, les pido que miren el video hasta el final. El respeto por la propiedad privada nunca va a estar en discusión y, de hecho, durante la gestión de Larreta también se hacían desalojos cuando la Justicia lo resolvía, sin marketing ni vendiendo humo", continuó Tagliaferri.

Por lo que concluyó precisando que "simplemente pedimos que tengan un abordaje más integral de la política social porque los desalojos por sí solos no resuelven la problemática y eso lo estamos viendo todos los días en la calle".

En medio del plan de recuperación de viviendas e inmuebles en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, legisladores de diversas bancadas opositoras impulsaron en la Legislatura porteña un proyecto de resolución a través del cuál le exige al Gobierno local que informe como acciona sobre las propiedades que se encuentran en emergencia edilicia.

De esta manera, le solicitan al Poder Ejecutivo que brinde información detallada sobre la gestión de inmuebles con emergencia edilicia desde 2024 hasta la actualidad.

Además, exigen detalles acerca de la existencia de registros actualizados de inmuebles, los criterios técnicos de clasificación de riesgo, la cantidad de inspecciones realizadas, las intervenciones con o sin uso de fuerza pública, y las medidas adoptadas en cada caso, como clausuras, desalojos o apuntalamientos. También se indaga sobre la continuidad de las intervenciones: los legisladores requieren datos sobre la ejecución de obras posteriores a la detección del riesgo, los plazos entre diagnóstico e intervención, y los casos en los que no se habrían realizado obras estructurales pese a la vigencia de la emergencia edilicia.

El texto recientemente presentado en la Casa solicita precisiones acerca de las accionar de las fuerzas de seguridad y al acompañamiento social de las familias afectadas. La iniciativa pide detallar la cantidad de personas afectadas por desocupaciones, los dispositivos de asistencia habitacional implementados, el seguimiento posterior de los hogares desalojados y la información sobre la restitución de inmuebles.

También solicita datos sobre la participación de la Policía de la Ciudad en los operativos, la eventual existencia de detenciones o secuestros de elementos, y la articulación entre organismos técnicos, de control y áreas sociales durante las intervenciones.

El Gobierno porteño de Jorge Macri ha tomado como una cruzada de su gestión el desalojo de propiedades ocupadas. De hecho, al 2 de marzo la administración de la Ciudad informó haber restituido 600 propiedades usurpadas en algo más de dos años de gestión. En ese marco, y tras un nuevo procedimiento llevado a cabo por la Policía de la Ciudad, intervino el legislador porteño kirchnerista Alejandro “Pitu” Salvatierra y polemizó con el jefe de Gobierno en las redes.

Fue Jorge Macri quien tiró la primera piedra, al citarlo son mencionarlo en redes sociales: “Para sorpresa de nadie apareció un kirchnerista a defender okupas”. El texto es acompañado por un video en el que se ve a las fuerzas del orden interviniendo y se muestra el estado calamitoso de la propiedad ocupada. En esas imágenes se lo ve al “Pitu” Salvatierra junto a las personas desalojadas.

Jorge, para sorpresa de nadie seguís dejando gente en la calle. Ese día 36 familias y 60 chicos quedaron a la deriva y sin casa, algunos con discapacidad.

Aunque no te guste voy a estar siempre que sea necesario al lado de cada una de esas familias que para vos son descartables. https://t.co/30tWvkMaV6

— Pitu Salvatierra (@SalvatierraPitu) March 6, 2026

“Aunque les moleste vamos a seguir recuperando propiedades. Ley, orden y propiedad privada”, concluye el mensaje de Macri.

La réplica del legislador opositor no tardó en llegar: “Jorge, para sorpresa de nadie seguís dejando gente en la calle. Ese día 36 familias y 60 chicos quedaron a la deriva y sin casa, algunos con discapacidad”.

Y concluyó: “Aunque no te guste voy a estar siempre que sea necesario al lado de cada una de esas familias que para vos son descartables”.

Pero la última palabra la tuvo el jefe de Gobierno, que replicó: “Salvatierra, parece que seguís fiel a tu costumbre de ignorar la Ley. Voy a luchar con toda mi energía para salvar a los porteños vulnerables de los malvivientes que los usan”.

“Acá se respeta la ley, el orden y la propiedad privada”, cerró el jefe de Gobierno.

La legisladora del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) Andréa D'Atri arremetió con dureza contra la gestión de Jorge Macri por una serie de desalojos que se realizaron en los últimos días en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Según explicó la diputada, está semana se registró "una catarata de operativos represivos en tiempo récord" y señaló que "la gestión de Jorge Macri y su ministro de Seguridad, Horacio Giménez, desató una ofensiva coordinada contra los sectores más vulnerables".

De esta manera, D'Atri se opuso al desalojo de los recolectores urbanos en la cooperativa “El amanecer de los cartoneros”, la cual es dirigida por Juan Grabois; el operativo de desalojo de 20 familias en un edificio lindero a la librería Rosa Luxemburgo, también desocupado de la misma forma; y el procedimiento que se llevó a cabo en el barrio Rodrigo Bueno.

"No es orden ni seguridad, es disciplinamiento para seguir aplicando el ajuste", expresó la diputada del FIT, que fue categórica al explicar el objetivo político detrás de esta avanzada: "esta catarata de desalojos no es casualidad. Jorge Macri se jacta de haber realizado 'cientos' de operativos similares. Pero esto no es orden, es un plan de guerra contra los sectores populares. Reprimen en los barrios y a los trabajadores informales como una forma de disciplinamiento. Nos quieren sumisos en las calles para esclavizarnos en los lugares de trabajo, al servicio de la reforma laboral que impulsa Javier Milei y las cámaras empresarias".

Finalmente, la diputada advirtió que esta saturación policial tiene consecuencias fatales: "esta avanzada represiva ya se cobró la vida de Gabriel González en Navidad, fusilado por la Policía de la Ciudad en Villa Lugano, y de Victor Vargas en Constitución. Es la misma fuerza, con la misma conducción política de Macri y Giménez, la que hoy deja familias en la calle, reprime a jubiladas y jubilados, maltrata a vendedores ambulantes y personas en situación de calle y también dispara a quemarropa".

La legisladora de Fuerza por Buenos Aires (FxBA) Mariana González salió al cruce del jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri, luego de que se ordenara el desalojo de un inmueble ocupado ilegalmente por la cooperativa “El Amanecer de los Cartoneros”, que forma parte del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), ubicado debajo de la autopista Perito Moreno y que estaba a cargo de Juan Grabois.

A través de sus redes sociales, la peronista criticó con dureza el accionar del Gobierno porteño y lo acusó de perjudicar la política de reciclado del distrito.

"El GCBA desalojó a 200 recicladores urbanos de un predio en Flores ¡que el propio GCBA les asignó hace más de 15 años! Es mentira que es una ocupación ilegal: forma parte del sistema formal de reciclado de la Ciudad. Es el único circuito de recuperación de textiles de todo CABA", comenzó diciendo a través de su cuenta de X, ex Twitter.

A la vez que recordó que "hace meses la cooperativa Amanecer de los Cartoneros vienen dialogando con las autoridades para encontrar una locación alternativa para el predio y evitar molestias por ruidos de camiones, etc., a los vecinos. En el último tiempo, cerraron toda conversación y se desentendieron".

"Este desalojo se suma a otras acciones que destruyen la única política pública de recuperación de desechos textiles, como el abandono del Centro Verde Barracas, que se incendió por desidia del GCBA y nunca fue reconstruido. Quieren destruir la política de reciclado de la Ciudad", sentenció la legisladora.

Atenta a los dichos de su colega, Victoria Freire (FxBA) la apoyó públicamente. "Realmente es doloroso y llena de bronca que Jorge Macri se esmere tanto en destruir una de las pocas cosas que funcionan bien en la Ciudad como es el sistema de reciclado. En nombre del 'orden' se lleva puesta la fuente de laburo de 200 personas y el único punto en el que se recuperan desechos textiles de toda la Ciudad", remarcó.

"Ninguna novedad: no tiene corazón, capacidad de pensar alternativas ni mirada estratégica de gobierno para la 'mejor ciudad del mundo'. Absoluto repudio a esta actitud patoteril y desalmada del jefe de Gobierno", completó.

El Senado tratará este jueves el proyecto de ley que prorroga por cuatro años la emergencia territorial indígena y evita los desalojos, durante una sesión ordinaria que será la segunda en forma presencial tras marzo de 2020.

En la segunda sesión con presencialidad plena desde que se desbloquearon las restricciones dispuestas por la pandemia de coronavirus, los senadores acordaron discutir una propuesta de la senadora salteña Nora Giménez (Frente de Todos) que propone una nueva prórroga de la ley 26.160 aprobada en 2006.

En una reunión de Labor Parlamentaria realizada este mediodía, los jefes de los bloques parlamentarios del Senado acordaron incluir en el temario de la sesión la prórroga que recibió dictamen de comisión a fines de septiembre y cuyo vencimiento es el 23 de noviembre.

La iniciativa pasó a la firma el 28 de septiembre último con aval del oficialismo pero no del bloque opositor, que adoptó esa postura en protesta por la falta de reuniones presenciales que luego comenzaron a desarrollarse.

El proyecto dispone que en los cuatro ejercicios presupuestarios que se aprueben con posterioridad, se deberá asignar al Fondo Especial creado por la misma norma una suma de 290 mil millones de pesos.

"Si no se aprueba la extensión nos vamos a quedar sin ninguna herramienta, sin ningún instrumento legal que nos permita evitar los desalojos", señaló la senadora Giménez durante el debate en comisión.

Y a gregó que todavía no se completaron los relevamientos sobre estas tierras y que "actualmente las comunidades indígenas llegan casi a 1700".

El Gobierno nacional prorrogó el congelamiento de los precios de alquileres y la suspensión de los desalojos por falta de pago, así como la imposibilidad de modificar el valor de las cuotas de los créditos hipotecarios, en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19.

El Ejecutivo extendió hasta el 31 de enero de 2021 la suspensión de los desalojos, el plazo de vigencia de los contratos y el congelamiento de los precios de los alquileres.

La norma prórroga hasta febrero de 2021 el inicio del pago de las deudas por diferencia de precio en los mismos términos y condiciones, y hasta el 31 de enero de 2021 para las deudas por falta de pago.

Por otra parte, se extiende la mediación obligatoria por el plazo de 6 meses, a partir del 30 de marzo de 2021, y la suspensión establecida con anterioridad.

Entre otras cosas, esto implica prolongar el congelamiento del valor de las cuotas de créditos hipotecarios hasta el 31 de enero próximo, con lo que seguirá vigente el de marzo cuando se dictó la emergencia sanitaria en todo el país.

También dispone suspender las ejecuciones hasta la misma fecha, sean “hipotecarias, judiciales o extrajudiciales”. La norma además alcanza a los “lanzamientos ya ordenados” y que no se hubiesen llevado a cabo.

Y establece que las cuotas de créditos hipotecarios que recaigan sobre inmuebles destinados a vivienda única y deban pagarse entre el 1° de febrero de 2021 y el 31 de julio de 2022 no podrán superar el valor determinado en un esquema de convergencia elaborado por el Poder Ejecutivo.

En tanto, el artículo 4 dispone que desde las 0 horas del 25 de septiembre y hasta el 31 de julio de 2022, las entidades financieras deberán habilitar una instancia para considerar la situación de aquellos clientes que acrediten que el importe de la cuota a abonar supera el 35 por ciento de sus ingresos actuales. Además, las insta a “contemplar situaciones especiales debidamente acreditadas que deriven en una variación de los deudores/codeudores considerados o deudoras/codeudoras”.

En otro punto, se fija que las deudas que pudieren generarse desde el 1° de octubre de 2020 y hasta el 31 de enero del año 2021, originadas en la falta de pago o por pagos realizados fuera de plazo o por pagos parciales, podrán ser convertidas a Unidades de Valor Adquisitivo (UVA) y refinanciadas a pagar a partir de la finalización del cronograma vigente del préstamo, en cuotas que no podrán superar la cuota original del préstamo.

Además, señala que de aplicar intereses compensatorios, estos no deberán exceder la tasa de interés del préstamo original.

Finalmente, determina que las deudas acumuladas previstas por los artículos 6° y 7° del Decreto N° 319/20 podrán ser refinanciadas, y agrega que “las partes podrán pactar una forma de pago distinta que no podrá ser más gravosa para la parte deudora”.

En los considerandos, de los decretos se señala que “la emergencia sanitaria requirió, por parte del gobierno, la adopción de medidas tendientes a velar por la salud pública, extremando simultáneamente los esfuerzos para coadyuvar a las problemáticas económica y social”.

También puntualiza que la referida emergencia “ha dificultado para una importante cantidad de locatarios y locatarias, la posibilidad de hacer frente a sus obligaciones en los términos estipulados en los contratos suscriptos con anterioridad a la aparición de la pandemia de Covid-19, la cual ha modificado la cotidianeidad y las previsiones de los y las habitantes del país”.

El diputado nacional Eduardo Fernández, junto a la diputada Fernanda Vallejos, presentaron en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de ley que prorroga hasta el 31 de marzo de 2021 la vigencia del Decreto 320/2020 sobre Suspensión de Desalojos, Prorroga de Contratos de Alquiler y Congelamiento de Precios.

El Decreto 320, al que alude el proyecto, establece una serie de derechos en favor de los inquilinos en el marco de la cuarentena y la pandemia, suspendiendo las órdenes de desalojo y prorrogando de manera automática los contratos de alquiler vigentes al 20 de marzo hasta el 30 de septiembre del corriente año.

Agrupaciones en Defensa de Inquilinos a lo largo de todo el territorio del país alertaron sobre la delicada situación que atraviesa el sector y solicitaron una extensión del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que establece el congelamiento de alquileres, teniendo en cuenta que el Decreto 320/2020 pierde vigencia el 30 de septiembre. En medio de la crisis económica producto de la pandemia, la Federación Nacional de Inquilinos señaló que hay aproximadamente un millón de familias en condiciones de ser desalojadas a partir de octubre por las deudas acumuladas.

“A estas familias queremos brindarles la tranquilidad de que van a poder seguir teniendo un techo mientras la economía se recupera de esta terrible pandemia mundial”, argumentó el diputado cordobés Eduardo Fernández, al tiempo que subrayó que la prórroga incluye los alquileres de espacios culturales, de profesionales para el ejercicio de su actividad y pymes.

En medio de la pandemia por el coronavirus, la diputada del FdT Lorena Pokoik advirtió sobre el fallecimiento de algunas personas que fueron desalojadas de los hoteles en los que vivían y alertó que se trataría de pacientes sospechados de tener Covid 19. Asimismo responsabilizó directamente al Gobierno de la Ciudad por esta situación.

Tan es así que la kirchnerista dio a conocer la historia de Leonardo Javier Macrino, que fue desalojado el día miércoles junto a su pareja, María Soledad, del Hotel La Florida, ubicado en la calle Chile 1480, del barrio porteño de Monserrat. “Los desalojaron pese a que los desalojos están prohibidos durante la cuarentena. Es más, el desalojo de Leonardo y de María Soledad se conoció porque en la madrugada del domingo encontraron a Leonardo sin vida, a pocos metros del hotel”, explicó y señaló que el hombre tenía un retraso madurativo.

Sobre esa misma línea, señaló que desde el FdT están “consternados con esta muerte que era evitable, y cuando empezábamos a hacer un recorrido de cómo fueron los hechos, en la media noche de este domingo, nos enteramos que había otra pareja que fue desalojada de ese mismo hotel, que estaba durmiendo en la calle en la esquina de Rivadavia y Boedo”. Por lo que Pokoik precisió que “inmediatamente me dirigí hacia ese lugar y llame varias veces al 108 para ponernos en contacto con el Buenos Aires Presente (BAP) para que tome cartas en el asunto y que la pareja sea trasladada a un lugar seguro”.

Según relato la diputada, la pareja estaba durmiendo a la intemperie, en la esquina de Rivadavia y Boedo, está conformada por Vivíana Tolosa y Rafael Carro, ambos mayores de 70 años. “Cuando llegamos hablamos con ambos para conocer su historia, mientras esperábamos que lleguen los asistentes del BAP. Viviana tiene un tumor en el pecho del lado derecho y Rafael sufre de la enfermedad pulmonar, EPOC, ambos en altísimo riesgo de salud”, informó.

Además aprovechó para “agradecer a los y las trabajadoras del BAP y del SAME y para decirle a los funcionarios responsables de áreas vinculadas a la emergencia que deberían tener sus teléfonos encendidos y atenderlos. Esto jamás sucedió” y remarcó que “tardamos horas para lograr que Vivíana y Rafael ahora estén en el hospital Ramos Mejía donde les harán el hisopado para descartar que no sean portadores del virus y luego serán trasladados a un parador”.

“El abandono y la desidia del Gobierno porteño es tan evidente que se nos mueren personas en la calle, que fueron desalojadas, cuando los desalojos están prohibidos durante la cuarentena y Horacio Rodríguez Larreta no hace nada al respecto”, sentenció Pokoik.

Debido a la delicada situación económica y social que atraviesa la Ciudad por el coronavirus, la legisladora del FdT María Bielli presentó en la Legislatura porteña un proyecto para que el Gobierno le brinde asistencia telefónica y por internet gratuita a inquilinos y hotelados en riesgo de desalojo, no renovación automática del contrato o negación del pago del alquiler en forma remota.

La iniciativa prevé que la asistencia se brinde a través de una línea especial de atención telefónica y a través de una aplicación para celulares, la cual ponga en contacto al inquilino con los diferentes organismos de la Ciudad y con organizaciones de la sociedad civil que atiendan la problemática habitacional en el distrito.

Si bien los desalojos están prohibidos hasta el 30 de septiembre por un decreto del Gobierno nacional, Bielli advirtió que se multiplican las denuncias en el distrito capitalino. “Es fundamental que las familias en riesgo reciban toda la ayuda y el asesoramiento del Gobierno de la Ciudad” indicó y remarcó que en la actualidad “quienes se enfrentan a quedarse en la calle en plena cuarentena no tienen ningún organismo oficial a dónde acudir”.

“Necesitamos poner mayor atención también sobre los alquileres no regulados en la Ciudad. La falta de un contrato hace que las personas que alquilan en barrios populares, conventillos u hoteles estén en riesgo”, concluyó.

Cabe destacar que, según datos del IVC, en los últimos 14 años la proporción de familias que alquilan creció 11 puntos porcentuales (del 23,9% en 2003 a 35,1% en 2017) y el 15,6% se encuentra en situación de hacinamiento.

En medio del crecimiento de los casos de coronavirus en la Argentina, la legisladora del FdT y vicepresidenta de la Comisión de Vivienda, Ofelia Fernández, impulsó en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de ley a través del cual buscará suspender por 60 días los desalojos en todo el distrito capitalino.

De esta manera, el texto establece la suspensión de “todo desalojo correspondiente al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” y aclara que solamente afectaría a los  “inmuebles ocupados exclusivamente como vivienda”.

Al respecto de su iniciativa, Fernández señaló que “es algo básico, una medida que el Gobierno porteño ya debería haber tomado para proteger a las personas más vulnerables” e insistió en que “si le pedimos a la gente que se quede en su casa, como mínimo debemos garantizar que el Estado no deje más familias en la calle de las miles que ya hay”.

“La situación habitacional de la ciudad es alarmante, hay 250 mil personas viviendo en barrios populares con muchos problemas de acceso a servicios básicos, siete mil personas viviendo en la calle y 250 sentencias de desalojo para las próximas semanas”, manifestó.

En los fundamentos del proyecto, que acompañaron otras legisladoras del bloque opositor, figura que “la situación excepcional que toca atravesar requiere de medidas extraordinarias, tanto para frenar la propagación del virus, como para aliviar a la población más vulnerable”. Así, se intenta resguardar a las familias que quedarían en situación de calle, “evitando expulsarlas a una realidad aún más compleja que la que atraviesa actualmente representando un riesgo para sí mismas y para otras personas”.

Los legisladores porteños del bloque Frente de Todos, mantuvieron este jueves una reunión con el defensor del Pueblo de la Ciudad, Alejandro Amor, para coordinar acciones con el Gobierno local y expresaron su preocupación ante los 250 inminentes desalojos confirmados por la Justicia.

Los legisladores manifestaron su acompañamiento a la agenda de la Defensoría ya que, además de las 7.251 personas que viven en situación de calle, la problemática habitacional porteña contempla los inminentes 250 desalojos, que constituyen una amenaza para muchas familias; los subsidios habitacionales de entre 5 y 8 mil pesos para cada familia que no alcanzan para pagar el alquiler; el proceso de inquilinización con el incremento de las personas que viven en hoteles e inquilinatos; la imposibilidad del acceso al crédito para la vivienda y las dificultades de los  programas del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) para dar soluciones.

Además, acordaron poner en marcha una agenda de trabajo que contemple posibles soluciones en materia de Derechos Humanos, frente a los casos de trata, violencia de género y violencia en institutos de cuidado a personas mayores.

El encuentro se enmarcó dentro de las reuniones que el bloque Frente de Todos viene concretando con ministros y  funcionarios tanto del Gobierno Nacional como de organismos locales, con el objetivo de conocer las diversas problemáticas de los porteños y porteñas. En este contexto, la semana próxima coincidirán con el ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, y la ministra nacional de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa.

Estuvieron presentes el presidente del bloque, Claudio Ferreño; la vicepresidenta segunda de la Legislatura, María Rosa Muiños; además de los legisladores Javier Andrade, Matías Barroetaveña, Lucía Cámpora, Ofelia Fernández, Claudio Morresi, Claudia Neira, Lorena Pokoik, Santiago Roberto, Cecilia Segura, Manuel Socías, Juan Manuel Valdés y Laura Velasco.