El Senado tratará este jueves el proyecto de ley que prorroga por cuatro años la emergencia territorial indígena y evita los desalojos, durante una sesión ordinaria que será la segunda en forma presencial tras marzo de 2020.

En la segunda sesión con presencialidad plena desde que se desbloquearon las restricciones dispuestas por la pandemia de coronavirus, los senadores acordaron discutir una propuesta de la senadora salteña Nora Giménez (Frente de Todos) que propone una nueva prórroga de la ley 26.160 aprobada en 2006.

En una reunión de Labor Parlamentaria realizada este mediodía, los jefes de los bloques parlamentarios del Senado acordaron incluir en el temario de la sesión la prórroga que recibió dictamen de comisión a fines de septiembre y cuyo vencimiento es el 23 de noviembre.

La iniciativa pasó a la firma el 28 de septiembre último con aval del oficialismo pero no del bloque opositor, que adoptó esa postura en protesta por la falta de reuniones presenciales que luego comenzaron a desarrollarse.

El proyecto dispone que en los cuatro ejercicios presupuestarios que se aprueben con posterioridad, se deberá asignar al Fondo Especial creado por la misma norma una suma de 290 mil millones de pesos.

"Si no se aprueba la extensión nos vamos a quedar sin ninguna herramienta, sin ningún instrumento legal que nos permita evitar los desalojos", señaló la senadora Giménez durante el debate en comisión.

Y a gregó que todavía no se completaron los relevamientos sobre estas tierras y que "actualmente las comunidades indígenas llegan casi a 1700".

El Gobierno nacional prorrogó el congelamiento de los precios de alquileres y la suspensión de los desalojos por falta de pago, así como la imposibilidad de modificar el valor de las cuotas de los créditos hipotecarios, en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19.

El Ejecutivo extendió hasta el 31 de enero de 2021 la suspensión de los desalojos, el plazo de vigencia de los contratos y el congelamiento de los precios de los alquileres.

La norma prórroga hasta febrero de 2021 el inicio del pago de las deudas por diferencia de precio en los mismos términos y condiciones, y hasta el 31 de enero de 2021 para las deudas por falta de pago.

Por otra parte, se extiende la mediación obligatoria por el plazo de 6 meses, a partir del 30 de marzo de 2021, y la suspensión establecida con anterioridad.

Entre otras cosas, esto implica prolongar el congelamiento del valor de las cuotas de créditos hipotecarios hasta el 31 de enero próximo, con lo que seguirá vigente el de marzo cuando se dictó la emergencia sanitaria en todo el país.

También dispone suspender las ejecuciones hasta la misma fecha, sean “hipotecarias, judiciales o extrajudiciales”. La norma además alcanza a los “lanzamientos ya ordenados” y que no se hubiesen llevado a cabo.

Y establece que las cuotas de créditos hipotecarios que recaigan sobre inmuebles destinados a vivienda única y deban pagarse entre el 1° de febrero de 2021 y el 31 de julio de 2022 no podrán superar el valor determinado en un esquema de convergencia elaborado por el Poder Ejecutivo.

En tanto, el artículo 4 dispone que desde las 0 horas del 25 de septiembre y hasta el 31 de julio de 2022, las entidades financieras deberán habilitar una instancia para considerar la situación de aquellos clientes que acrediten que el importe de la cuota a abonar supera el 35 por ciento de sus ingresos actuales. Además, las insta a “contemplar situaciones especiales debidamente acreditadas que deriven en una variación de los deudores/codeudores considerados o deudoras/codeudoras”.

En otro punto, se fija que las deudas que pudieren generarse desde el 1° de octubre de 2020 y hasta el 31 de enero del año 2021, originadas en la falta de pago o por pagos realizados fuera de plazo o por pagos parciales, podrán ser convertidas a Unidades de Valor Adquisitivo (UVA) y refinanciadas a pagar a partir de la finalización del cronograma vigente del préstamo, en cuotas que no podrán superar la cuota original del préstamo.

Además, señala que de aplicar intereses compensatorios, estos no deberán exceder la tasa de interés del préstamo original.

Finalmente, determina que las deudas acumuladas previstas por los artículos 6° y 7° del Decreto N° 319/20 podrán ser refinanciadas, y agrega que “las partes podrán pactar una forma de pago distinta que no podrá ser más gravosa para la parte deudora”.

En los considerandos, de los decretos se señala que “la emergencia sanitaria requirió, por parte del gobierno, la adopción de medidas tendientes a velar por la salud pública, extremando simultáneamente los esfuerzos para coadyuvar a las problemáticas económica y social”.

También puntualiza que la referida emergencia “ha dificultado para una importante cantidad de locatarios y locatarias, la posibilidad de hacer frente a sus obligaciones en los términos estipulados en los contratos suscriptos con anterioridad a la aparición de la pandemia de Covid-19, la cual ha modificado la cotidianeidad y las previsiones de los y las habitantes del país”.

El diputado nacional Eduardo Fernández, junto a la diputada Fernanda Vallejos, presentaron en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de ley que prorroga hasta el 31 de marzo de 2021 la vigencia del Decreto 320/2020 sobre Suspensión de Desalojos, Prorroga de Contratos de Alquiler y Congelamiento de Precios.

El Decreto 320, al que alude el proyecto, establece una serie de derechos en favor de los inquilinos en el marco de la cuarentena y la pandemia, suspendiendo las órdenes de desalojo y prorrogando de manera automática los contratos de alquiler vigentes al 20 de marzo hasta el 30 de septiembre del corriente año.

Agrupaciones en Defensa de Inquilinos a lo largo de todo el territorio del país alertaron sobre la delicada situación que atraviesa el sector y solicitaron una extensión del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que establece el congelamiento de alquileres, teniendo en cuenta que el Decreto 320/2020 pierde vigencia el 30 de septiembre. En medio de la crisis económica producto de la pandemia, la Federación Nacional de Inquilinos señaló que hay aproximadamente un millón de familias en condiciones de ser desalojadas a partir de octubre por las deudas acumuladas.

“A estas familias queremos brindarles la tranquilidad de que van a poder seguir teniendo un techo mientras la economía se recupera de esta terrible pandemia mundial”, argumentó el diputado cordobés Eduardo Fernández, al tiempo que subrayó que la prórroga incluye los alquileres de espacios culturales, de profesionales para el ejercicio de su actividad y pymes.

En medio de la pandemia por el coronavirus, la diputada del FdT Lorena Pokoik advirtió sobre el fallecimiento de algunas personas que fueron desalojadas de los hoteles en los que vivían y alertó que se trataría de pacientes sospechados de tener Covid 19. Asimismo responsabilizó directamente al Gobierno de la Ciudad por esta situación.

Tan es así que la kirchnerista dio a conocer la historia de Leonardo Javier Macrino, que fue desalojado el día miércoles junto a su pareja, María Soledad, del Hotel La Florida, ubicado en la calle Chile 1480, del barrio porteño de Monserrat. “Los desalojaron pese a que los desalojos están prohibidos durante la cuarentena. Es más, el desalojo de Leonardo y de María Soledad se conoció porque en la madrugada del domingo encontraron a Leonardo sin vida, a pocos metros del hotel”, explicó y señaló que el hombre tenía un retraso madurativo.

Sobre esa misma línea, señaló que desde el FdT están “consternados con esta muerte que era evitable, y cuando empezábamos a hacer un recorrido de cómo fueron los hechos, en la media noche de este domingo, nos enteramos que había otra pareja que fue desalojada de ese mismo hotel, que estaba durmiendo en la calle en la esquina de Rivadavia y Boedo”. Por lo que Pokoik precisió que “inmediatamente me dirigí hacia ese lugar y llame varias veces al 108 para ponernos en contacto con el Buenos Aires Presente (BAP) para que tome cartas en el asunto y que la pareja sea trasladada a un lugar seguro”.

Según relato la diputada, la pareja estaba durmiendo a la intemperie, en la esquina de Rivadavia y Boedo, está conformada por Vivíana Tolosa y Rafael Carro, ambos mayores de 70 años. “Cuando llegamos hablamos con ambos para conocer su historia, mientras esperábamos que lleguen los asistentes del BAP. Viviana tiene un tumor en el pecho del lado derecho y Rafael sufre de la enfermedad pulmonar, EPOC, ambos en altísimo riesgo de salud”, informó.

Además aprovechó para “agradecer a los y las trabajadoras del BAP y del SAME y para decirle a los funcionarios responsables de áreas vinculadas a la emergencia que deberían tener sus teléfonos encendidos y atenderlos. Esto jamás sucedió” y remarcó que “tardamos horas para lograr que Vivíana y Rafael ahora estén en el hospital Ramos Mejía donde les harán el hisopado para descartar que no sean portadores del virus y luego serán trasladados a un parador”.

“El abandono y la desidia del Gobierno porteño es tan evidente que se nos mueren personas en la calle, que fueron desalojadas, cuando los desalojos están prohibidos durante la cuarentena y Horacio Rodríguez Larreta no hace nada al respecto”, sentenció Pokoik.

Debido a la delicada situación económica y social que atraviesa la Ciudad por el coronavirus, la legisladora del FdT María Bielli presentó en la Legislatura porteña un proyecto para que el Gobierno le brinde asistencia telefónica y por internet gratuita a inquilinos y hotelados en riesgo de desalojo, no renovación automática del contrato o negación del pago del alquiler en forma remota.

La iniciativa prevé que la asistencia se brinde a través de una línea especial de atención telefónica y a través de una aplicación para celulares, la cual ponga en contacto al inquilino con los diferentes organismos de la Ciudad y con organizaciones de la sociedad civil que atiendan la problemática habitacional en el distrito.

Si bien los desalojos están prohibidos hasta el 30 de septiembre por un decreto del Gobierno nacional, Bielli advirtió que se multiplican las denuncias en el distrito capitalino. “Es fundamental que las familias en riesgo reciban toda la ayuda y el asesoramiento del Gobierno de la Ciudad” indicó y remarcó que en la actualidad “quienes se enfrentan a quedarse en la calle en plena cuarentena no tienen ningún organismo oficial a dónde acudir”.

“Necesitamos poner mayor atención también sobre los alquileres no regulados en la Ciudad. La falta de un contrato hace que las personas que alquilan en barrios populares, conventillos u hoteles estén en riesgo”, concluyó.

Cabe destacar que, según datos del IVC, en los últimos 14 años la proporción de familias que alquilan creció 11 puntos porcentuales (del 23,9% en 2003 a 35,1% en 2017) y el 15,6% se encuentra en situación de hacinamiento.

En medio del crecimiento de los casos de coronavirus en la Argentina, la legisladora del FdT y vicepresidenta de la Comisión de Vivienda, Ofelia Fernández, impulsó en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de ley a través del cual buscará suspender por 60 días los desalojos en todo el distrito capitalino.

De esta manera, el texto establece la suspensión de “todo desalojo correspondiente al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” y aclara que solamente afectaría a los  “inmuebles ocupados exclusivamente como vivienda”.

Al respecto de su iniciativa, Fernández señaló que “es algo básico, una medida que el Gobierno porteño ya debería haber tomado para proteger a las personas más vulnerables” e insistió en que “si le pedimos a la gente que se quede en su casa, como mínimo debemos garantizar que el Estado no deje más familias en la calle de las miles que ya hay”.

“La situación habitacional de la ciudad es alarmante, hay 250 mil personas viviendo en barrios populares con muchos problemas de acceso a servicios básicos, siete mil personas viviendo en la calle y 250 sentencias de desalojo para las próximas semanas”, manifestó.

En los fundamentos del proyecto, que acompañaron otras legisladoras del bloque opositor, figura que “la situación excepcional que toca atravesar requiere de medidas extraordinarias, tanto para frenar la propagación del virus, como para aliviar a la población más vulnerable”. Así, se intenta resguardar a las familias que quedarían en situación de calle, “evitando expulsarlas a una realidad aún más compleja que la que atraviesa actualmente representando un riesgo para sí mismas y para otras personas”.

Los legisladores porteños del bloque Frente de Todos, mantuvieron este jueves una reunión con el defensor del Pueblo de la Ciudad, Alejandro Amor, para coordinar acciones con el Gobierno local y expresaron su preocupación ante los 250 inminentes desalojos confirmados por la Justicia.

Los legisladores manifestaron su acompañamiento a la agenda de la Defensoría ya que, además de las 7.251 personas que viven en situación de calle, la problemática habitacional porteña contempla los inminentes 250 desalojos, que constituyen una amenaza para muchas familias; los subsidios habitacionales de entre 5 y 8 mil pesos para cada familia que no alcanzan para pagar el alquiler; el proceso de inquilinización con el incremento de las personas que viven en hoteles e inquilinatos; la imposibilidad del acceso al crédito para la vivienda y las dificultades de los  programas del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) para dar soluciones.

Además, acordaron poner en marcha una agenda de trabajo que contemple posibles soluciones en materia de Derechos Humanos, frente a los casos de trata, violencia de género y violencia en institutos de cuidado a personas mayores.

El encuentro se enmarcó dentro de las reuniones que el bloque Frente de Todos viene concretando con ministros y  funcionarios tanto del Gobierno Nacional como de organismos locales, con el objetivo de conocer las diversas problemáticas de los porteños y porteñas. En este contexto, la semana próxima coincidirán con el ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, y la ministra nacional de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa.

Estuvieron presentes el presidente del bloque, Claudio Ferreño; la vicepresidenta segunda de la Legislatura, María Rosa Muiños; además de los legisladores Javier Andrade, Matías Barroetaveña, Lucía Cámpora, Ofelia Fernández, Claudio Morresi, Claudia Neira, Lorena Pokoik, Santiago Roberto, Cecilia Segura, Manuel Socías, Juan Manuel Valdés y Laura Velasco.