La iniciativa fue presentada por Alejandro Finocchiaro quien denunció: “Esta es una de las formas mediante las cuales el kirchnerismo ataca a las instituciones. Es un ejemplo de la creación de poder fuera del sistema democrático, del financiamiento vidrioso de adeptos o militantes”.
El diputado nacional Alejandro Finocchiaro, junto con el jefe de la bancada Pro Cristian Ritondo, presentó un proyecto para solicitar explicaciones que justifiquen el envío de más de mil millones de pesos a un jardín de infantes del partido de La Matanza desde el Ministerio de Desarrollo Social a cargo de Victoria Tolosa Paz
“Este es un ejemplo más, y bien grueso, de la privatización de las funciones de las distintas áreas oficiales que está haciendo este gobierno kirchnerista. En este caso, la tercerización de la función de desarrollo social en organizaciones. Es otra de las formas del ataque a las instituciones, de la creación de poder fuera del sistema democrático, del financiamiento vidrioso de adeptos”, señaló Finocchiaro.
Los legisladores firmantes de la iniciativa exigen al Poder Ejecutivo el detalle de los actos administrativos que fundamentan las transferencias hacia la Asociación Civil “El Sueño del Principito”, responsable de un jardín maternal en la localidad de Isidro Casanova, que habrían alcanzado $ 1.094 millones en el año 2022.
Del mismo modo, se solicitan precisiones por los $230 millones enviados a la Cooperativa de Trabajo Gustavo Rearte LTDA, ubicada en San Justo, ciudad cabecera de La Matanza.
El proyecto reclama datos acerca de los fines perseguidos detrás de estas cuantiosas erogaciones, los responsables de las organizaciones receptoras y los criterios de rendición de las tareas contenidas en los hipotéticos acuerdos. Se solicita, también, conocer si las autoridades de las asociaciones beneficiadas ocupan o han ocupado cargos públicos.
Acompañan el proyecto los diputados Hernán Lombardi, Graciela Ocaña, Pablo Torello, Danya Tavela, Victoria Morales Gorleri, Marcela Campagnoli, Soher El Sukaria, Germana Figueroa Casas, Sabrina Ajmechet, Mónica Frade, Manuel Aguirre, Adriana Ruarte, Karina Bachey y Pedro Galimberti.
Soledad Carrizo solicita que se informe sobre las irregularidades en la asignación de planes sociales.
Ante las irregularidades detectadas en el programa de planes sociales implementado desde el Ministerio de Desarrollo Social, la diputada nacional Soledad Carrizo (UCR-Córdoba) citó a la titular de esa cartera, María Victoria Tolosa Paz, al recinto legislativo de la Nación para que dé cuenta de las incompatibilidades expuestas en el reciente informe de la AFIP.
La diputada Carrizo insta a la titular de la cartera de Desarrollo Social a que informe verbalmente sobre las irregularidades en la asignación y gestión de control de planes sociales a cargo de ese ministerio, para explicar cuáles son las medidas que ha adoptado Desarrollo Social sobre los beneficiarios del Programa Potenciar Trabajo en los que se han detectado estas incompatibilidades y detalle los mecanismos de control y auditoría institucional que utiliza para asegurar el otorgamiento y recepción de estos planes sociales.
A través de un informe de la AFIP, se detectaron que más de 250 mil beneficiarios de planes sociales compraron dólares y declararon Bienes Personales, más de 35 mil realizaron compras de divisas extranjeras, además se registraron alrededor de 2800 titulares fallecidos que continuaban recibiendo la asistencia. Ante ello, la diputada alertó sobre “un verdadero desfalco al erario público, que debe ser subsanado inmediatamente e investigar cuales son los mecanismos por los cuales se permiten estás estafas a la ciudadanía, así como judicializar a quienes se benefician en la intermediación de estas asignaciones fraudulentas”.
Pedido-Inteperlacion-Ministra-Tolosa-Paz-1El legislador porteño presentó una iniciativa para demoler el edificio de Desarrollo Social con el fin de mejorar la circulación del tránsito y disminuir piquetes.
El legislador porteño de Republicanos Unidos Roberto García Moritán presentó este miércoles un proyecto para demoler el edificio de Desarrollo Social con el fin de mejorar la circulación del tránsito y disminuir piquetes, el que fue respaldado por el diputado nacional Ricardo López Murphy, del mismo bloque.
“Acabo de presentar un proyecto de ley para demoler el edificio de Desarrollo Social ubicado en la 9 de Julio. En lo que va del año hubo más de 600 piquetes y cortes en la CABA por culpa de Nación. Resuelvan sus conflictos en otro lado y no le jodan más la vida a los demás”, escribió García Moritán en su cuenta de Twitter junto a una foto del edificio en el que este martes colgaron una bandera con la imagen de Cristina Kirchner en muestra de apoyo.
En el mismo sentido se pronunció López Murphy a través de la misma vía quien manifestó: “Todo mi apoyo al proyecto de @Robergmoritan. Vamos a liberar nuestras calles de piqueteros y agitadores. Son ellos o nosotros”.
La iniciativa es impulsada por el diputado oficialista Federico Fagioli en conjunto con organizaciones sociales que participaron de un acto en el Salón de Pasos Perdidos.
Con la presencia del ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, se presentó este jueves en el Salón de Pasos Perdidos un proyecto de “ley nacional para personas en situación de calle y familias sin techo”, impulsado por el diputado oficialista Federico Fagioli, bajo la consigna “La calle no es un lugar para vivir”.
La iniciativa fue redactada en conjunto con las organizaciones sociales Proyecto Siete, el MTE (Movimiento de Trabajadores Excluidos) y el Movimiento Popular Nuestra América.
“Es muy importante el proyecto de Fagioli porque apunta a atender la problemática de la gente en situación de calle, que hoy son familias; no solo tenemos personas en situación de calle, sino familias que se han quedado sin alquiler, que han perdido changas, y hoy están en la calle”, lamentó Arroyo.
En diálogo con Diputados TV, el funcionario explicó que “el proyecto crea un programa para generar centros de integración comunitaria donde las familias puedan estar, con acompañamiento por parte del Estado en términos de financiamiento, de apoyo y de escolarización de los chicos”.
Por su parte, Fagioli expresó que “nuestro gobierno está construyendo un Estado presente, un Estado que acompaña a los más vulnerables”.
El legislador advirtió que “hoy no hay un número cuantificable” de personas en situación de calle “porque no hay un censo que las registre”.
“Cuando podamos hacer ese censo nos va a dar la posibilidad de saber de cuánta población estamos hablando para empezar a diseñar las políticas necesarias para empezar a resolver esta problemática. No podemos seguir sosteniendo que en Argentina haya familias enteras que no tengan absolutamente ningún derecho”, planteó.
El proyecto establece una serie de derechos para las personas en situación de calle o en riesgo de serlo, como por ejemplo el derecho a la dignidad personal e integridad física; a la identidad personal; y al acceso a servicios, infraestructura y espacios públicos.
También se menciona el derecho al acceso pleno a los servicios socioasistenciales, de salud y de apoyo para la obtención de un trabajo digno; y al acceso a una vivienda digna.
En ese marco, la iniciativa fija cuáles son los deberes del Estado y encomienda al Ministerio de Desarrollo Social, que será la autoridad de aplicación, la realización de un relevamiento nacional en conjunto con el INDEC para determinar cuántas personas y familias atraviesan esta situación.
Además, se propone la creación de una red de centros de integración social, y se suspende por dos años la ejecución de las sentencias judiciales cuyo objeto sea el desalojo de inmuebles con destino de vivienda, siempre que el litigio se haya producido por el incumplimiento de la obligación de pago en un contrato de locación.
Será el eje central del presupuesto destinado a Desarrollo Social, donde además se planea “urbanizar 400 barrios por año” por la transferencia del RENABAP.
El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, aseguró este lunes que el objetivo principal de esa área para el año próximo será “equiparar asistencia alimentaria y trabajo”, así como “urbanizar 400 barrios por año” en el marco de la reciente transferencia del RENABAP (Registro Nacional de Barrios Populares).
Arroyo fue el último expositor en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, donde también participaron los responsables de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y de Obras Públicas, Gabriel Katopodis.
El ministro explicó que los lineamientos del Presupuesto 2021 para Desarrollo Social son fortalecer la asistencia alimentaria y apostar a la calidad nutricional; ampliar el plan Potenciar Trabajo; urbanizar 400 barrios por año; atender la pobreza en la primera infancia; y desarrollar políticas comunitarias y sistemas de cuidado.
El funcionario precisó que el presupuesto total para su cartera es de 252.000 millones de pesos, a los que habrá que sumar 6.600 millones previstos para el RENABAP, que originalmente estaba bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat.
“El punto central es equiparar asistencia alimentaria y trabajo. Esto ha estado desequilibrado porque el eje central en el medio de la pandemia fue la asistencia alimentaria”, sostuvo Arroyo.
En ese sentido, detalló que se prevé destinar 115.000 millones a la asistencia alimentaria 115.000 y 113.000 millones para el plan Potenciar trabajo, donde se unificaron todos los planes sociales, con el objetivo de crear “300.000 puestos de trabajo”.
En cuanto a la transferencia de la Secretaría de Integración Socio-Urbana y el RENABAP, precisó que abarca 4.400 barrios populares donde viven aproximadamente 4 millones de personas.
Por otra parte, Arroyo dijo que el presupuesto de este año para Desarrollo Social -que fue ampliado por ley- ya se ejecutó en un 70% y terminará el año con una ejecución “muy cercana al 100%”.
Al principio de su exposición, Arroyo sostuvo que “los cuatro datos más críticos de la situación social” son el 40,9% de pobreza en el primer semestre del año -más de 18 millones de personas pobres-; la indigencia del 10,5% -más de 4 millones de personas-; el 56,3% de los niños de 0 a 14 años bajo la línea de pobreza; y el 29,6% de jóvenes de 15 a 29 años en esta misma situación.
“Es claro que la situación social es crítica en Argentina y ha habido un gran despliegue de políticas sociales que han amortiguado la caída”, señaló.
El ministro dijo que el presupuesto original para este año sufrió varias modificaciones, ya que era de 84.000 millones de pesos pero se agregaron otros 146.000 millones.
Según recordó, el primer plan implementado fue Argentina contra el Hambre, por el cual 1 millón y medio de familias acceden a la Tarjeta Alimentar.
Por efecto de la pandemia, las personas que reciben asistencia alimentaria en el país pasaron de 8 millones a 11 millones, alertó Arroyo.
Precisó además que en el marco de este plan, 85.000 millones de pesos ya fueron ejecutados, de los cuales 67.000 millones corresponden a la Tarjeta Alimentar, 2.800 millones a compras centralizadas, y 4.200 millones fueron transferidos a provincias y municipios, “algo que no existía antes de la pandemia”.
Además, el funcionario destacó que se transfirieron fondos a cerca de 3.000 comedores para que compren alimentos, mientras que se duplicaron los fondos para los comedores escolares, llegando a 7.300 millones de pesos.
A modo de balance, Arroyo aseguró que el plan Argentina contra el Hambre tiene una “buena cobertura” pero “un tema a trabajar es la calidad nutricional”.
En cuanto al plan Potenciar Trabajo, resaltó que tiene “mucha presencia en el Presupuesto 2021” y explicó que se busca establecer una vinculación de los planes con el empleo en cinco sectores productivos: construcción, producción de alimentos, actividad textil, economía del cuidado y reciclado.
Luego que el Gobierno admitiera que pagó productos por un precio más alto que lo que figura en el mercado, diputados de Juntos por el Cambio reclamaron explicaciones y pidieron informes.
Después que se conociera que el Ministerio de Desarrollo Social realizó una compra masiva de alimentos -destinados a asistir a los sectores más vulnerables, en medio del aislamiento por el coronavirus- con sobreprecios, diputados de Juntos por el Cambio cuestionaron las operaciones y reclamaron información al respecto.
El presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, Diego Mestre (UCR), anticipó que exigirá “el máximo de transparencia del mercado en resguardo del interés económico general”, por eso solicitará informes al Poder Ejecutivo para que se “explique el proceso de compra por encima de los valores de precios cuidados”.
Por su parte, su correligionaria y comprovinciana Brenda Austin sostuvo: “Por un lado, anuncian controles de precios a través de intendentes en cada almacén de barrio, por el otro hacen compras directas de alimentos muy por encima de los valores de precios cuidados. La situación de emergencia no es un cheque en blanco para que hagan lo que quieran”.
“Las compras públicas construyen valores de referencia. Si queremos evitar el aumento de precios y la ´Argentina de los vivos´, hay que empezar por casa. El Ministerio de Desarrollo Social debe cuidar los recursos públicos y dar el ejemplo”, continuó y agregó que solicitará informes porque “la transparencia y el cumplimiento de las normas de compra pública no deben estar en cuarentena”.
También desde el radicalismo, el chubutense Gustavo Menna consideró que “estos sobreprecios demuestran que es urgente que el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, concurra al Congreso a dar el informe del artículo 101 de la Constitución. Las emergencias no están por arriba de la Constitución. Ya incumplió con asistir en marzo. Hoy queremos más controles que nunca”.
“En la pandemia, el Gobierno nacional pagó sobreprecios en la compra de alimentos. ¿Cómo puede ser? ¿Parecen las cajas CLAP de Maduro? ¿Clausuran supermercados y comercios con precios minoristas más baratos que lo que paga el Estado? Queremos que nos explique esto presidente Alberto Fernández”, disparó Álvaro De Lamadrid (UCR).
Por su parte, desde la Coalición Cívica, el legislador Héctor “Toty” Flores publicó el pedido de informes presentado por su bloque y escribió: “Hoy pedimos a @alferdez un informe para que explique a toda la sociedad por qué pagó un precio superior a los precios máximos por los alimentos para paliar la emergencia. Si habla de cuidar, cuide al país en serio”.
En la solicitud se pide que el Ministerio de Desarrollo Social especifique “la cantidad de productos adquiridos, el precio unitario, las características del producto, y el proveedor al que se los ha adquirido, en cada una de las contrataciones”, además del “precio máximo fijado para los productos adquiridos, similares o sustitutos”.
“El hombre es bueno y si se lo controla mejor. La CC presentó un proyecto para que se auditen las compras realizadas por emergencia y se notifique al Congreso. Estamos revisando el Boletín Oficial para hacer un seguimiento propio de cómo y en qué se gasta la plata de todos”, publicó Paula Oliveto.
Y añadió: “Dicen que la SIGEN auditó las compras de Desarrollo Social y que estableció precios de referencia muy por encima de su valor de mercado. Me parece que el síndico general de la Nación debería dar explicaciones de esta maniobra y hacer público su dictamen, si es que existe”.
“Cuando más necesitamos transparencia y solidaridad el Gobierno paga sobreprecios y el ministro Arroyo se justifica diciendo que habían pedido rebaja, pero que los proveedores se plantaron en un precio por arriba de los precios testigos. Decepcionante”, se quejó la macrista Soher El Sukaria.
En tanto, el diputado Waldo Wolff (Pro) manifestó: “Única explicación que escuché del gobierno por sobreprecios pagados por alimentos es que pagan a 90 días y que hay poca oferta. Pero van a mandar policía a fiscalizar comercios de cercanía y pedirle que vendan a la mitad que paga el Estado. Sean serios”.
En una reunión virtual de la Comisión de Salud, el ministro de Desarrollo Social detalló las medidas implementadas en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus.
En la segunda reunión de comisión por videoconferencia en la Cámara de Diputados, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, aseguró que los tres principales objetivos del área frente a la pandemia del coronavirus son “sostener el ingreso de las familias”; “reforzar la asistencia alimentaria” y “lograr el menor movimiento posible en los barrios” en el marco del aislamiento social obligatorio.
Arroyo encabezó una reunión informativa virtual de la Comisión de Salud, presidida por Pablo Yedlin (Frente de Todos), que luego pasó a un cuarto intermedio para escuchar al ministro del área, Ginés González García.
El funcionario repasó las políticas implementadas por el Ministerio de Desarrollo Social antes de la llegada de la pandemia, y señaló que posteriormente “la emergencia sanitaria fijó otras prioridades” diferentes a las planteadas al inicio de su gestión.
En primer lugar, Arroyo habló de la misión de “sostener el ingreso de las familias”, que es “el principal problema del 40% de la Argentina informal”.
En este sentido, destacó el bono adicional de 3.000 pesos para los jubilados que perciben la mínima, garantizando un ingreso mínimo de 18.892 pesos; la duplicación de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo, llegando a 6.200 pesos; y el bono de 3.000 pesos para beneficiarios del plan Hacemos Futuro y del Salario Social Complementario.
El ministro también recordó que las 8 millones de personas que tomaron créditos con la ANSES no pagarán las cuotas en los meses de marzo, abril y mayo; y por último resaltó el ingreso familiar de emergencia de 10.000 pesos para el sector informal, al cual ya accedieron más de 10 millones de personas, mientras continúa abierta la inscripción hasta este viernes.
En segundo término, Arroyo señaló que se busca “reforzar la asistencia alimentaria, pasando del modelo de comedores y merenderos al modelo de viandas”, con un aumento de fondos y del universo de beneficiarios, de 8 millones de personas antes de la pandemia a 11 millones en la actualidad.
Además, indicó que a las 400.000 personas que todavía no recibieron la Tarjeta Alimentaria -sobre un total de 1.500.000- se les cargará el monto en la AUH a partir del 8 de abril.
Por último, el funcionario marcó la necesidad de lograr menor movimiento posible en los barrios, en el marco del aislamiento social obligatorio, y detalló como medida adicional la puesta en marcha de comités de emergencia locales, con la participación de distintos sectores.
