Zago acusó a un ministro de Kicillof de defender “ñoquis”

El jefe del bloque libertario en la Cámara de Diputados criticó a Gabriel Katopodis, quien estuvo junto a trabajadores echados en las acciones que ATE realizó este jueves por la ola de despidos en el sector público. 

Oscar Zago (Foto: HCDN)

https://twitter.com/lorepokoik/status/1775625152383897873El jefe del bloque La Libertad Avanza de la Cámara de Diputados, Oscar Zago, cuestionó al ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, por participar de las acciones que este jueves organizaron desde la Asociación de Trabajadores del Estado ante la ola de despidos en el sector público. 

“Estamos en el Ministerio de Trabajo acompañando a los trabajadores y trabajadoras ante los despidos brutales por parte del Gobierno Nacional. Esta es la vieja receta de siempre: debilitar al Estado y sus capacidades. Este modelo extractivista y concentrado solo quiere dejarles negocios servidos a las más grandes empresas”, escribió Katopodis en su perfil de la red social X, junto a fotos de la jornada. 

Al replicar el post, Zago criticó que “mientras en la provincia de Buenos Aires no pueden ni cortar el pasto de las banquinas de las rutas, su ministro de Infraestructura, Katopodis, está tomando edificios públicos nacionales (en CABA) defendiendo ñoquis”. “El kirchnerismo es un paro eterno”, opinó. 

Este jueves, luego de los miles de despidos anunciados antes de Semana Santa, desde ATE convocaron a que los trabajadores se presenten en distintos organismos públicos a modo de protesta. Más tarde se confirmó un paro nacional y movilización para este viernes 5 de abril. 

El kirchnerismo y la izquierda acompañaron a despedidos estatales

En rechazo a los despidos en la Ciudad, piden sesiones extraordinarias en la Legislatura

Se trata de una petición de la diputada del FIT Alejandrina Barry, quien presentó un proyecto de ley de emergencia laboral para el personal de la administración pública debido a los despidos de trabajadores municipales registrados la última semana.

Después de que se conocieran una serie de despidos en la administración pública, la legisladora del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) Alejandrina Barry impulsó en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de ley de emergencia laboral para el personal de la administración pública porteña debido a los despidos de trabajadores municipales registrados la última semana.

La iniciativa en cuestión busca establecer la continuidad laboral de todos aquellos trabajadores que bajo distintas modalidades de contratación se encuentran prestando servicio en las condiciones de tiempo, forma, lugar y modalidad determinados por la autoridad competente, sea en forma individual o integrando los equipos que se constituyan conforme a las necesidades del servicio, cualquiera sea su relación contractual, incluidas las establecidas a través de organismos internacionales, sean permanentes, transitorios, de asistencia técnica, contratados bajo la modalidad de Locación de Servicios y de Obra (LOyS), becarios, monotributistas, figuras similares de acuerdo a normativas especiales vigentes en materia de empleo público; y que posean contratos cuyo vencimiento opere a partir del 31 de diciembre de 2023 y del 1 de enero de este año.

Además, prevé dejar sin efecto los despedidos que hayan tenido lugar durante los meses de diciembre y enero de 2023 y 2024 respectivamente, “debiéndose proceder a la reincorporación inmediata del trabajador o trabajadora en su puesto y condición normal y habitual de trabajo”.

Respecto del proyecto, Barry afirmó que “Jorge Macri busca aplicar el plan motosierra en la Ciudad con el despido de miles de trabajadores y trabajadoras. La crueldad incluyó dejar a familias sin ningún ingreso a dos días de la celebración de año nuevo. En la superavitaria Ciudad de Buenos Aires, se trata claramente de un alineamiento político del jefe de Gobierno con el presidente Javier Milei. Con mis compañeros del Frente de Izquierda estamos exigiendo una sesión extraordinaria cuanto antes para tratar esta crítica situación”.

“Se trata de trabajadores que realizan tareas esenciales para la población. Entre las despedidas se encuentran las trabajadoras de la Dirección General de la Mujer de la línea de atención 144 y de los hogares refugio para mujeres víctimas de violencia machista como son el Mariquita Sánchez y el Hogar Eva Duarte mientras sigue habiendo un femicidio por día. Están queriendo dejar sin sustento a trabajadores también en el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños, y Adolescentes, en el sector de atención a personas en situación de calle, en el Instituto de la Vivienda, en áreas de salud mental, adicciones y de asistencia a barrios populares. También en medio ambiente, tránsito, la línea 108, la Subsecretaría de Atención Inmediata, Ecoparque, programas educativos, entre muchos otros”, añadió.

Finalmente, Barry concluyó señalando que “en la sesión especial que estamos reclamando, también queremos tratar el proyecto que presentamos de emergencia alimentaria en las escuelas públicas en el que solicitamos que se extienda el sistema de alimentación escolar durante el verano ya que no paramos de recibir denuncias de docentes y familias sobre la enorme cantidad de chicos y chicas que llegaban sin comer a la escuela”.

Presentaron un proyecto de emergencia laboral para “proteger a los trabajadores bajo amenaza de despido”

La iniciativa es impulsada desde el Frente de Izquierda para “establecer la continuidad laboral de los trabajadores” y prohíbe por 24 meses despedir “sin justa causa”. Además, plantea el pase a planta permanente de todo empleado.

Diputados del Frente de Izquierda, encabezados por Nicolás del Caño, presentaron un proyecto de ley de emergencia laboral a fin de “proteger a los trabajadores bajo amenaza de despido y congelamiento salarial”.

La iniciativa establece la continuidad de “todos los trabajadores que bajo distintas modalidades de contratación se encuentran prestando tareas de cooperación técnica y financiera con entidades públicas, cualquiera sea su relación contractual”, y que posean contratos cuyo vencimiento opere a partir del 31 de diciembre de 2023.

Además, plantea la prohibición por veinticuatro (24) meses de despedir sin justa causa a cualquier trabajador o trabajadora en relación de dependencia, lo cual también implica “dejar sin efecto los despedidos que hayan tenido lugar durante el mes de diciembre de 2023, debiéndose proceder a la reincorporación inmediata del trabajador o trabajadora en su puesto y condición normal y habitual de trabajo”.

También busca que se disponga el pase a planta permanente de todo empleado que cumpla funciones en la administración pública nacional, sea cual fuese su relación contractual; que realicen de manera normal y habitual tareas y funciones correspondientes al personal de planta permanente con estabilidad y que gocen de todos los derechos y garantías del personal. En esa línea, aclara que dicha incorporación “en ningún caso podrá afectar, en perjuicio del empleado o empleada, los derechos y la remuneración vigentes, incluyendo el encuadramiento escalafonario”.

En el proyecto proponen la creación de comisiones de trabajadores para la fiscalización y seguimiento en cada oficina pública con el fin específico de la regularización del empleo público establecido por la presente ley que tendrán como función “garantizar que las autoridades de cada organismo de la Administración Pública Nacional centralizada, como así también de los entes descentralizados, efectivicen el pase a la planta permanente respetando el encuadramiento escalafonario y el nivel salarial vigente de cada empleado o empleada y sin que se vea dañado ninguno de los derechos adquiridos”.

EMERGENCIA LABORAL PARA EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA NACIONAL

 

Palazzo se manifestó en contra de los proyectos de JxC que proponen eliminar las indemnizaciones

El candidato a diputado y secretario general de La Bancaria acusó a los opositores de que “siempre buscan lo mismo”. “Me parece descabellado”, expresó.

sergio palazzo

El candidato a diputado nacional por el Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires Sergio Palazzo se refirió a las iniciativas presentadas por legisladores de Juntos por el Cambio para eliminar las indemnizaciones de trabajadores despedidos, y criticó: “Siempre buscan lo mismo”.

“Es la misma idea que presentó (Jorge) Triaca como ministro de Trabajo” durante el gobierno de Mauricio Macri, señaló, y afirmó que el proyecto presentado por el senador Martín Lousteau (UCR) le parece “descabellado”.

En declaraciones a Radio 10, el secretario general de La Bancaria alertó que en la iniciativa se plantea que “incluso el trabajador, en caso de haber diferencias, se queda sin cobrar nada mientras tiene que litigar ante la Justicia”.

“Tiene que haber una protección contra el despido arbitrario porque es un derecho constitucional que se vulneraría si esto no existe”, indicó. En ese marco, evaluó que “estos modelos que presentan vienen de países donde la tasa de desocupación es inferior al 4%”.

Además, Palazzo explicó que “si midieran el fenómeno, verían que ese seguro que proponen alcanza para tres o cuatro meses, mientras al trabajador en la Argentina, para conseguir otro trabajo, le lleva unos 20 meses de búsqueda”.

Por otra parte, el candidato a diputado consideró que el Gobierno ha tenido “una reacción rápida” tras el resultado adverso en las PASO, y sostuvo que las medidas de modificar el impuesto a las Ganancias y la suba del salario mínimo “son correctas”.

“Si se suma a esto la economía que ya está mostrando números favorables, esto tiene que ser el despegue de la Argentina”, planteó.

En otro orden, el gremialista habló sobre la necesidad de investigar la supuesta quita de utilidades al Banco Nación por parte del Poder Ejecutivo durante la gestión de Cambiemos.

“En su momento, como (Asociación) Bancaria estuvimos en el Congreso pidiendo que no se le quitaran utilidades al Banco Nación, pero terminaron votando una quita de capitalización de 23 mil millones de pesos y luego fueron 15 mil millones de pesos de utilidades que le sacaron al banco”, advirtió.

Y resaltó que “hoy (Eduardo) Hecker (actual titular del Banco Nación) hizo un esfuerzo de poner el banco en situación de rentabilidad y la política de vaciamiento se cambió por una banca pública rentable, que es la función que tiene que cumplir”.

Este el proyecto del Pro para reemplazar las indemnizaciones por un seguro

Hace más de 20 días, un grupo de diputados de Juntos por el Cambio presentaron una iniciativa que coincido con los dichos del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Conocé el proyecto de ley.

Un proyecto de ley que se presentó hace veinte días por el diputado fueguino del Pro Héctor Stefani junto a varios legisladores del interbloque Juntos por el Cambio (JxC) para modificar el sistema tradicional de indemnizaciones y crear el Segurio de Garantía de Indemnización (SGI), en coincidencia con el pronunciamiento del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, a favor de la eliminación de la indemnización por despido e implantar un sistema parecido al del seguro.

“Crease el Seguro de Garantía de Indeminización (SGI) como institución indemnizatoria del trabajo en el marco de la nómina salarial a los efectos de garantizar la indemnización de los trabajadores ante eventuales pérdidas de puestos laborales o cese de actividades”.

La iniciativa del legislador fueguino propone la implementación de un seguro de garantía de indemnizaciones por el cual un trabajador despedido de una empresa dejaría de cobrar la indemnización completa y, a cambio, se le pagaría esa indemnización de manera mensual.

En su articulado, el proyecto dice que “ante caso de renuncia o cese de actividades, jubilación o retiro o despido, fuese este último con o sin causa justa, el empleado percibirá una remuneración del Seguro de Garantía de Indemnización mensual equivalente a su último salario percibido hasta el reinicio de actividades u obtención de nuevo empleo”.

Precisa también que “dichas cuotas mensuales equivalentes al Seguro de Garantía de Indemnización cesarán cuando éstas superen los meses que correspondan a los años trabajados”.

Aclara también que “en cualquier caso de despido, el empleador deberá pagar el primer mes de indemnización” y que “el trabajador comenzará a percibir las remuneraciones correspondientes a su Seguro de Garantía de Indemnización a partir del segundo mes transcurrido su despido efectivo”

En los fundamentos del proyecto, el diputado explicó que “tiene por objeto reformar la legislación laboral vigente con el fin de constituir una política pública en materia laboral que permita promover la contratación de trabajadores argentinos en el sector privado, disminuir el gasto público, reducir la carga impositiva laboral”.

También apunta a “afianzar la inversión en tecnología y, sobre todo, reducir los costos laborales que rigen actualmente en el país a través de un nuevo sistema de indemnización, promoviendo la contratación en el empleo formal”, según enumeró el diputado.

Acompañaron a Stefani en la firma del proyecto, sus compañeros de bloque Omar de Marchi; Francisco Sánchez; Pablo Torello; Alfredo Schiavoni; Fernando Iglesias; Jorge Enriquez y Camila Crescimbeni; y el radical Federico Zamarbide.

Dicho proyecto de ley fue girado a las comisiones de Trabajo, de Previsión y de Presupuesto.

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El Gobierno prorrogó hasta fin de año la prohibición de despidos y suspensiones

Además, en el DNU 413/21, publicado este lunes en el Boletín Oficial, se mantiene al Covid-19 como enfermedad laboral.

El Gobierno nacional prorrogó hasta el 31 de diciembre la prohibición de efectuar despidos y suspensiones “sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor”, mediante el DNU 413/21, publicado este lunes en el Boletín Oficial.

La mediada establece que “las prohibiciones previstas en el presente decreto no serán aplicables a las contrataciones celebradas con posterioridad a la entrada en vigencia del Decreto N°34/19, ni respecto del personal que preste servicios en el ámbito del Sector Público Nacional definido en el artículo 8° de la Ley N° 24.156 y sus modificatorias, con independencia del régimen jurídico al que se encuentre sujeto y de la naturaleza jurídica de la entidad empleadora”.

“Quedan asimismo exceptuados y/o exceptuadas de tales prohibiciones, quienes se encuentren comprendidos y/o comprendidas en el régimen legal de trabajo para el personal de la industria de la construcción regulado por la Ley N° 22.250”, agrega.

En los considerandos del DNU, el Poder Ejecutivo señaló que “la segunda ola de Covid-19 que azota al país debe ser acompañada por medidas acordes que contemplen la protección de la salud de la población y coadyuven a morigerar el impacto de las medidas sanitarias sobre el empleo”.

“Es necesario acompañar las medidas de emergencia prorrogando la adopción de aquellas que resguardan los puestos de trabajo, como herramientas de política laboral necesarias para la protección de las trabajadoras y los trabajadores, asegurándoles que esta crisis excepcional no les hará perder sus puestos de trabajo”, se consideró.

Por otro lado, en el decreto se prorroga también hasta el 31 de diciembre que el Covid-19 “será considerada presuntivamente una enfermedad de carácter profesional (no listada)-, respecto de la totalidad de las trabajadoras y los trabajadores dependientes incluidas e incluidos en el ámbito de aplicación personal de la Ley N° 24.557 sobre Riesgos del Trabajo que hayan prestado efectivamente tareas en sus lugares de trabajo”.

El Gobierno volvió a prorrogar la prohibición de despidos y suspensiones

Esta vez la medida tiene un plazo de un mes. El Decreto de Necesidad y Urgencia fue publicado en el Boletín Oficial este jueves.

El Gobierno nacional oficializó este jueves la prórroga hasta el 31 de mayo de la prohibición de despidos o suspensiones “sin justa causa” o por “fuerza mayor o disminución del trabajo”, una medida tomada y extendida reiteradamente desde el año pasado, a causa de la pandemia de Covid-19.

El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 266/21, publicado en el Boletín Oficial, indica que los despidos y las suspensiones que se dispongan en violación de lo dispuesto “no producirán efecto alguno, manteniéndose vigentes las relaciones laborales existentes y sus condiciones actuales”.

Asimismo, se puntualiza que la prohibición “no” será aplicable “a las contrataciones celebradas con posterioridad a la entrada en vigencia” del DNU ni “al Sector Público Nacional definido en el artículo 8° de la Ley N° 24.156 y sus modificatorias, con independencia del régimen jurídico al que se encuentre sujeto el personal de los organismos, ni a sociedades, empresas o entidades que lo integran”.

“Quedan, asimismo, exceptuados o exceptuadas de las prohibiciones quienes se encuentren comprendidos o comprendidas en el régimen legal de trabajo para el personal de la industria de la construcción de la Ley N° 22.250”, agrega la norma.

La prórroga rige también para los trabajadores “dependientes incluidas e incluidos en el ámbito de aplicación personal de la Ley N° 24.557 sobre Riesgos del Trabajo y que hayan prestado efectivamente tareas en sus lugares habituales, fuera de su domicilio particular”.

El financiamiento de estas prestaciones será imputado al Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales creado mediante el Decreto N° 590/97 , y deberá garantizarse el mantenimiento de una reserva mínima equivalente 10 % de los recursos, con el objeto de asistir el costo de cobertura prestacional de otras posibles enfermedades profesionales, según se determine en el futuro.

El Gobierno volvió a extender la prohibición de despidos y suspensiones

A través del DNU 891/20, publicado en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo prorrogó la medida por 60 días más.

El Gobierno nacional volvió a extender una vez más la prohibición de despidos y suspensiones, medida aplicada en el contexto de emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19.

El DNU 891/20, publicado este lunes en el Boletín Oficial, establece “la prohibición de efectuar despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor” y la de “efectuar suspensiones por las causales de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo”, por el plazo de 60 días.

De acuerdo al decreto, quedan exceptuadas de la prohibición “las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo”.

Los despidos y las suspensiones que se realicen “no producirán efecto alguno, manteniéndose vigentes las relaciones laborales existentes y sus condiciones actuales”, establece el DNU.

Además, aclara que las prohibiciones previstas en el decreto “no serán de aplicación en el ámbito del Sector Público Nacional definido en el artículo 8° de la Ley N° 24.156 y sus modificatorias, con independencia del régimen jurídico al que se encuentre sujeto el personal de los organismos, sociedades, empresas o entidades que lo integran”.

Benedetti apuntó al Gobierno nacional por los despidos en el PAMI

El diputado nacional del radicalismo sostuvo que los cientos de despidos en el organismo contradicen el propio decreto presidencial que ordenó la suspensión de los mismos.

El diputado nacional radical Atilio Benedetti salió a cuestionar los despidos efectivizados en el PAMI, que consideró contradictorios con un decreto presidencial que dispone lo contrario.

Para el legislador entrerriano, “resulta inadmisible” que desde la estructura del Estado se ejecuten estas decisiones y consideró que son “incompatibles” con el esfuerzo que se le exige al sector privado para evitar la pérdida de puestos laborales. En ese sentido pidió información sobre la cantidad de personas a las que el PAMI dejó sin su fuente de trabajo.

Benedetti consideró que los despidos en el PAMI van a contramano del decreto presidencial que los prohibió: “Incumplen lo dispuesto por el propio Poder Ejecutivo Nacional que, a través del DNU 329/20, estableció la prohibición de despidos sin justa causa desde el 31 de marzo de 2020, medida que fue prorrogada en tres oportunidades hasta la actualidad”.

“Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago, parece ser el lema del Gobierno nacional que se jacta de decir que está haciendo todo lo posible para resguardar el empleo, pero simultáneamente deja sin trabajo a cientos de argentinos”, enfatizó.

“La fragilidad de la situación económica provocada por el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio ha provocado la pérdida de más de cuatro millones de puestos de trabajo y se agrava todavía más con este tipo de despidos”, sostuvo. En este marco, “resulta inadmisible que desde la estructura del Estado nacional se propicien y ejecuten políticas de despidos masivos” y, además, es “incompatible” con el esfuerzo que se le exige al sector privado, consideró Benedetti, al tiempo que recordó que “el propio Fernández ha tildado de miserables a empresario por haber despedido a trabajadores”.

“Según se publicó en el Boletín Oficial, durante esta gestión se designaron 1.200 empleados en planta permanente y se contrató a otras 800 personas en planta temporaria (contratos)”, señaló Benedetti, quien se preguntó “qué motivos hubo para contratar a ciertas personas y despedir a otras”.

A su vez, el diputado solicitó información fehaciente sobre la cantidad de despidos que el PAMI realizó, las causas y la situación de revista de los cesanteados, entre otras cuestiones: “Hay versiones encontradas sobre cuántas realmente fueron las personas despedidas, por lo que voy a exigir que el organismo nacional detalle a cuántos argentinos dejó sin trabajo y por qué razones”, sostuvo.

Por último, Benedetti indicó que “el personal despedido había ingresado entre 2015 y 2019, lo cual evidencia que la decisión fue selectiva y tiene un claro tinte de persecución política”.

Exigen precisiones sobre el despido de trabajadores del Gobierno porteño

El diputado del PO Gabriel Solano impulsó un pedido de informes en el que pidió detalles acerca de la desvinculación de empleados del Ministerio de Desarrollo Humano y de Ecobici.

En medio de la pandemia del Covid 19, el legislador del Partido Obrero (PO) Gabriel Solano presentó en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de resolución a través del cual solicitó precisiones acerca del despido de varios trabajadores del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat (MDHyH) y Ecobici.

De esta manera le exigió al Gobierno porteño que informe la cantidad de trabajadores contratados por locación de servicio, obra o asistencia técnica a los cuales se les rescindió o no se les renovó el contrato desde el 20 de marzo a la fecha; la cantidad de años que esos trabajadores estuvieron contratados por el GCBA; el motivo de cada una de las bajas de contratos; la previsión de bajas o no renovación de contratos de acá al 1 de enero de 2021; y la cantidad de trabajadores que permanecen contratados.

En los fundamentos del texto, Solano aseguró que “según algunos trascendidos, estos despidos son el puntapié inicial para la reducción del 20% de los municipales contratados que el GCBA tendría planeado ejecutar, golpeando en particular a los más precarios, como lo son los monotributistas” y destacó que “en la Ciudad hay más de 18 mil trabajadores monotributistas, lo que implica que, de efectuarse un recorte del 20%, se despedirán a 3.600 municipales”.

Además indicó que “esta política de recorte y despidos se enmarca dentro de la Ley de Emergencia Económica aprobada en mayo de este año, la cual habilitó al Poder Ejecutivo a manejar a discreción el presupuesto, congelar la planta de trabajadores y a revisar los contratos de locación de servicio, habilitando el apriete y la extorsión para que quienes se encuentren bajo esa contratación”.

“Las y los monotributistas son el eslabón más débil dentro de los trabajadores municipales, dado que son contratados mediante locación de servicios o asistencias técnicas, precarización laboral de la cual se vale el GCBA para el desarrollo de las tareas más riesgosas, pago de salarios miserables, y despidos sin ningún tipo de causa”, concluyó.

El Gobierno volvió a prorrogar la prohibición de despidos y suspensiones

El Poder Ejecutivo oficializó el DNU 624/20, donde extiende la medida por 60 días más, por lo que regirá desde el 1ro. de agosto al 30 de septiembre.

El Gobierno nacional oficializó este miércoles una nueva prórroga por 60 días de la prohibición de despidos y suspensiones, en el marco de la emergencia sanitaria por coronavirus, que regirá desde el 1ro. de agosto hasta el 30 de septiembre.

A través del DNU 624/20, publicado en el Boletín Oficial, se extendió la medida que dispone que las empresas no podrán despedir a sus empleados sin justa causa y/o por las causales de fuerza mayor o disminución de la demanda de trabajo.

“Los despidos y suspensiones que se dispongan en violación de lo dispuesto en el presente decreto no producirán efecto alguno, manteniéndose vigentes las relaciones laborales existentes y sus condiciones actuales”, expresa el artículo 4 de la norma.

En tanto, se aclará que la medida “no será aplicable a las contrataciones celebradas con posterioridad a su entrada en vigencia”.

En los considerandos, el Poder Ejecutivo sostuvo que “esta crisis excepcional exige prorrogar la oportuna adopción de medidas de idéntica índole asegurando a los trabajadores y a las trabajadoras que esta emergencia no les hará perder sus puestos de trabajo”.

“Resulta indispensable continuar garantizando la conservación de los puestos de trabajo por un plazo razonable, en aras de preservar la paz social y que ello solo será posible si se transita la emergencia con un diálogo social en todos los niveles y no con medidas unilaterales de distracto laboral, que no serán más que una forma de agravar los problemas que el aislamiento social, preventivo y obligatorio, procura remediar”, se agregó.

El Gobierno prorrogó la prohibición de despidos y suspensiones por 60 días más

El DNU fue publicado este martes en el Boletín Oficial. El Ejecutivo consideró “indispensable continuar garantizando la conservación de los puestos de trabajo, en aras de preservar la paz social”.

El Gobierno nacional oficializó este martes la extensión por 60 días de la prohibición “de efectuar despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor”, en el marco de las medidas tomadas durante la emergencia sanitaria por coronavirus.

El Decreto de Necesidad y Urgencia 487/20 prorroga a su anterior, el 329/20, dictado el 31 de marzo pasado, durante los primeros días del aislamiento social, preventivo y obligatorio.

La medida incluye la “prohibición de efectuar suspensiones con las mismas causales, quedando exceptuadas aquellas que se efectúen en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), es decir, las pactadas individual o colectivamente u homologadas por la autoridad de aplicación”.

El DNU aclara que “aquellos despidos o suspensiones que se dispongan en violación a lo dispuesto por este decreto no producirán efecto alguno, y se mantendrán vigentes las relaciones laborales existentes y sus condiciones actuales”.

En los considerandos, el Poder Ejecutivo fundamentó que la prórroga se vincula con una “serie de medidas que tienen como objetivo ayudar a las empresas a sobrellevar los efectos de la emergencia, entre ellas, la postergación o disminución de diversas obligaciones tributarias y de la seguridad social, la asistencia mediante programas específicos de transferencias de ingresos para contribuir al pago de los salarios y la modificación de procedimientos para el acceso a estos beneficios”.

Asimismo, el Gobierno consideró “indispensable continuar garantizando la conservación de los puestos de trabajo por un plazo razonable, en aras de preservar la paz social y que ello solo será posible si se transita la emergencia con un diálogo social en todos los niveles y no con medidas unilaterales de distracto laboral, que no serán más que una forma de agravar los problemas que el aislamiento social, preventivo y obligatorio procura remediar”.

En la sesión virtual de la semana pasada en el Senado, el DNU 329/20 -el primero que prohibió los despidos- fue avalado por la mayoría pero cosechó un total de 16 abstenciones, de algunos legisladores de Juntos por el Cambio y tres del Interbloque Federal; además del voto negativo de Esteban Bullrich (Pro).

Quieren prohibir los despidos mientras dure la emergencia sanitaria

La iniciativa es impulsada por la senadora nacional oficialista Silvina García Larraburu.

Consecuencia inexorable de la cuarentena general decretada en todo el país, el empleo comenzó a tambalear y ya muchas empresas comenzaron a anunciar despidos como una situación inevitable. Ante ello, la senadora nacional rionegrina Silvina García Larraburu presentó un proyecto de ley prohibiendo directamente los despidos de personal.

La legisladora del Frente de Todos recordó que a raíz de la pandemia que se abate sobre el mundo en general y la Argentina en particular, el presidente Alberto Fernández emitió el decreto 297/2020 que estableció el aislamiento social preventivo y obligatorio. El mismo ha implicado la imposibilidad de poder trabajar para muchos argentinos.

“Por ello se han tomado una serie de recaudos económicos, financieros y sociales para paliar esta medida”, puntualizó García Larraburu.

En este marco es que la senadora kirchnerista quiere prohibir mientras dure la emergencia sanitaria declarada “despidos y reducciones salariales en el sector privado, bajo cualquier modalidad, Régimen de Trabajo Agrario y Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el personal de casa. Asimismo impulsa establecer consecuencias para las grandes empresas que despiden a más de 5% de su personal, bajo cualquier modalidad de trabajo.

Solano advirtió que los empresarios “reclaman que se levante la cuarentena”

El legislador del PO cuestionó duramente los despidos en Techint y consideró que se trata de una “extorsión”, por lo que pidió que “se abran los libros de las empresas y se analicen las ganancias acumuladas”.

En el marco del crecimiento de los casos de coronavirus en todo el mundo y luego de que el Gobierno nacional decidiera extender el aislamiento social obligatorio, el diputado porteño del PO Gabriel Solano cuestionó duramente el despido de 1450 trabajadores de Techint y calificó a la situación como una “extorsión”. Además alertó que los empresarios “reclaman que se levante la cuarentena”.

Es por ello que el trotskista exigió que “se abran los libros de las empresas y se analicen las ganancias acumuladas” y explicó que “el comunicado de Techint es claro: dice que con cuarentena habrá despidos”.

“Es una presión hacia el Gobierno para que levante el aislamiento obligatorio, a sabiendas también del impacto que tendrán estos despidos que, si pasan, serán la apertura a que lo imiten los principales empresarios del país, dejando un tendal de despidos y suspensiones. Techint también tiene trabajando a sus empleados del puerto de Campana y redujo el salario de los de otras plantas”, manifestó.

Al mismo tiempo que precisó que “para los empresarios industriales, los bancos y las cámaras de comercio la que causa daños es la cuarentena, no el Coronavirus. Su preocupación son las ganancias, no la salud y vida de los trabajadores que se exponen al contagio de ellos y de sus familias yendo a trabajar” e insistió en que “los que quieren terminar con la cuarentena son los empresarios, no los trabajadores cuyos barrios se han militarizado”.

Además remarcó que “lo que se viene son despidos y recortes salariales. Planteamos que se abran los libros de las empresas y se analicen sus ganancias acumuladas” y concluyó que “el Gobierno puede evitar la crisis social que producirán los despidos si deja de pagar la deuda y pone esos recursos en salarios, asistencia a desocupados de 30 mil pesos, inversión en salud y condiciones de higiene y salubridad en los barrios más pobres”.

Piden citar a la titular del PAMI por los despidos

Legisladores de Juntos por el Cambio quieren que Luana Volnovich informe en la Cámara baja sobre la situación planteada en ese organismo en medio de la pandemia.

La diputada nacional Graciela Ocaña pidió que se convoque en forma inmediata a la titular de PAMI, Luana Volnovich, para que explique las razones del reciente despido masivo de centenares de trabajadores del organismo, a través de un proyecto de resolución.

El escrito fue acompañado por los diputados de Juntos por el Cambio  Cristian Ritondo, Carmen Polledo, Omar De Marchi, Álvaro González, Waldo Wolff, Aída Ayala, Roxana Reyes, Estela Regidor, Mónica Frade, Álvaro De Lamadrid, José Luis Ricardo, Alicia Fregonese, Gisela Scaglia, Martín Medina, Hernán Berisso y Soher El Sukaria, entre otros.

La legisladora nacional expresó su preocupación ya que “según ha trascendido se trata, en principio de 100 personas, pero habría una lista que se agrega de otras 600 más” y agregó que “las razones que motivan estos despidos son ideológicas y tienen que ver con su inclinación política”.

Asimismo, Ocaña pidió que se detallen los motivos del acto administrativo por el cual se despidió a más de 100 empleados en medio de la emergencia nacional por la pandemia de Coronavirus, así como también se especifique la antigüedad  y función de cada agente desvinculado y el monto total de las indemnizaciones que deberán percibir los empleados afectados.

En tanto, también reclamó que se informe la composición de la planta de empleados que integra el PAMI y se detalle la cantidad de empleados que han sido incorporados desde el mes de diciembre a la actualidad y los trabajadores afectados a la atención al público en casa Agencia y UGL de todo el país.