La diputada nacional Victoria Tolosa Paz (UP) criticó este miércoles la decisión del Gobierno nacional de liberar el precio de la yerba, al quitarle al Instituto Nacional de la Yerba Mate la facultad de fijarlo, mediante un decreto.

La medida del Poder Ejecutivo establece que el INYM “no podrá dictar normas o establecer intervenciones que provoquen distorsiones en los precios de mercado, generen barreras de entrada, impidan la libre iniciativa privada y/o interfieran en la libre interacción de la oferta y la demanda en la producción y comercialización de la yerba mate y derivados”.

Sobre esto, la legisladora consideró que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, “sigue condenando a los productores yerbateros a una vida de miseria”. “La desregulación del precio de la yerba mate es una decisión que desconoce -o elige desconocer- la realidad de miles de familias productoras de hoja verde y la yerba canchada”, resaltó.

Para la bonaerense, “Sturzenegger no entiende el trabajo que realizan los pequeños productores ni la correlación de fuerzas que existe en la actividad: dos grandes monopolios no pueden seguir imponiendo precios que destruyen a quienes sostienen el 75% de la producción nacional”.

“En diciembre del año pasado tuve la posibilidad de recorrer el NEA y charlar con muchos productores y productoras que están sufriendo estas políticas. Son personas con un terreno acotado que trabajan la tierra horas y horas para vivir una vida digna. A ese tipo de gente le están dando la espalda”, advirtió.

Tolosa Paz subrayó que “los precios de referencia no son los de góndola; son los que fijan el valor en los primeros eslabones de la cadena yerbatera. Y hoy, 13.500 productores están cobrando entre 180 y 250 pesos por kilo, lo mismo que en noviembre de 2023. Están obligados a vender a la mitad de su costo, condenados a endeudarse o abandonar una actividad esencial para Misiones y Corrientes”.

Finalmente, la diputada de UP recordó que “ya vivimos este proceso en los ‘90” con la “caída de la producción, expulsión de familias del campo y una concentración brutal del negocio”. “Desregular no es modernizar: es dejar a los más débiles a merced de los más poderosos. Y eso, desde una mirada federal y justa, no lo podemos permitir”, cerró.

Una durísima derrota parlamentaria sufrió el Poder Ejecutivo este jueves en el Senado, con el rechazo al hilo de cinco decretos desregulatorios, cuatro de ellos delegados y uno de necesidad y urgencia, que, de esta manera, se cayeron.

Se trata de medidas detrás de las que estuvo el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y que se tomaron en el marco de las facultades delegadas que le fueron otorgadas al presidente Javier Milei a través de la Ley de Bases -y que vencieron en julio pasado-.

Los decretos, que no fueron tratados en la Bicameral de Trámite Legislativo, pasaron el filtro más complicado para la oposición, cuando lograron que se rechacen en el recinto de Diputados. Pues se sabe que en la Cámara alta el oficialismo cuenta con las de perder, por tener números más complicados. Y, efectivamente, así sucedió este jueves, cuando para el rechazo bastaba con el voto de la mayoría simple.

De esta manera, en lo que va de su gestión, el Congreso ya le volteó seis decretos a Milei. El año pasado, por primera vez en la historia el Parlamento rechazó un DNU, fue el 656/24, por el cual se le habían otorgado cien mil millones de pesos a la SIDE.

El primer decreto en rechazarse fue el 462/25, el más extenso con 80 artículos, publicado en el Boletín Oficial el pasado 8 de julio. La votación resultó con 10 votos a favor, 60 en contra y 1 abstención.

En las cinco votaciones, además de los 6 miembros de La Libertad Avanza, estuvieron a favor de mantener los decretos la santafesina Carolina Losada, el misionero Enrique Goërling Lara, la cordobesa Carmen Álvarez Rivero y el formoseño Francisco Paoltroni.

Por medio de este decreto, el PEN había dispuesto la disolución de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), de Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y del Instituto Nacional de Semillas y la Comisión Nacional de Semillas; al mismo tiempo que una "transformación" del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial), el INV (Instituto Nacional de Vitivinicultura) y el INPI (Instituto Nacional de la Propiedad Industrial).

El segundo decreto, el 345/25, publicado en el Boletín Oficial el 22 de mayo, fue rechazado por 13 votos positivos, 57 en contra y 1 abstención. Mediante esta medida, se había ordenado la disolución del Instituto Nacional del Teatro, sobre el que se cuestionó una "gestión deficiente en la administración y control de los recursos públicos".

Asimismo, el decreto estableció la fusión del Instituto Nacional Yrigoyeneano y el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas en una única unidad organizativa para "optimizar la administración".

Otros cambios tuvieron que ver con quitar autarquía o bajar la jerarquía a instituciones emblemáticas como el Instituto Nacional Sanmartiniano, el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Eva Perón, la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos, y la Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares.

Por 12 votos afirmativos, 58 negativos y 1 abstención, también fue rechazado el decreto 351/25, oficializado el 23 de mayo pasado, por el cual se dispuso la "transformación" del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), un organismo clave para el esclarecimiento de delitos de lesa humanidad y la restitución de identidad de hijos de desaparecidos.

"Resulta necesario proceder a su transformación en un organismo desconcentrado dependiente de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete de Ministros, así como a la adecuación de su organización, con el propósito de que responda a parámetros de eficiencia en el marco del reordenamiento administrativo a cargo del Poder Ejecutivo Nacional", se fundamentó.

En tanto, por 13 votos a favor, 55 en contra y 3 abstenciones fue rechazado el DNU 340/25, oficializado el 21 de mayo.

A través de esta medida se dispuso una profunda desregulación del sector de la Marina Mercante Nacional, estableciendo un nuevo régimen para la actividad. Sin embargo, el Juzgado Nacional del Trabajo N° 3 declaró la inconstitucionalidad de los artículos 2 y 3, "en cuanto impone restricciones al derecho de huelga en numerosas actividades a las que considera como servicios esenciales".

A su vez, desde los gremios del sector habían denunciado que el DNU "implica una entrega de soberanía al habilitar banderas extranjeras en el cabotaje nacional, destruye condiciones laborales, habilita la competencia desleal sin convenios colectivos y pone en riesgo la seguridad en la navegación".

El último decreto delegado en ser rechazado, por 10 votos positivos, 60 negativos y 1 abstención, fue el 461/25, por el cual se modificaron organismos de la Secretaría de Transporte.

El decreto que ordenaba el cierre de la Dirección de Vialidad Nacional fue el que generó mayor rechazo.

En la medida, publicada en el Boletín Oficial el pasado 8 de julio, se estableció la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), de la la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y de la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial (CNTySV); y una "reorganización" de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y de la Junta de Seguridad en el Transporte.

Diez días después, la jueza en lo civil, comercial y contencioso administrativo federal de San Martín Martina Forns, suspendió el decreto, al hacer lugar a una medida cautelar presentada por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional Casa Central de la provincia de Buenos Aires (SEVINA).

Un extenso debate contra las medidas del Gobierno

La senadora nacional Silvina García Larraburu advirtió que el Decreto 462/2025 degrada organismos estratégicos de ciencia y tecnología, pilares de la soberanía productiva y tecnológica de la Argentina. “No podemos permitir que, por un acto administrativo, se desarticulen instituciones con décadas de historia y prestigio”, subrayó.

Recordó que durante las reuniones de la Comisión de Ciencia y Tecnología, participaron cerca de 40 expositores entre trabajadores, investigadores, productores y autoridades, que expusieron los riesgos que enfrenta el INTA y el INTI, entre otros organismos.

Sobre el INTA manifestó que está en riesgo el funcionamiento de 15 Centros Regionales, 52 Estaciones Experimentales, 299 Agencias de Extensión Rural y 6 Centros de Investigación con 22 Institutos. Además, se ven comprometidos programas fundamentales para el sector agropecuario.

En su intervención, el radical Pablo Blanco sostuvo que “el Estado debe ser lo necesario, lo que necesite la gente y no lo menor posible”. Habló del presidente de la Nación, de quien dijo que respecto de las bases de la Constitución, “solo respeta lo que es el Poder Ejecutivo, en tanto y en cuanto ese Poder Ejecutivo esté ejercido por él”.

Para el fueguino, “la arquitectura institucional del Estado no se destruye solo con la derogación de sus leyes; a veces basta con vaciar de contenido los organismos que le dan vida, subordinándolos a estructuras menores, eliminando su condición técnica, retirando la autonomía presupuestaria y resignando las funciones hasta volverlos inexistentes”. A su juicio, “esto es lo que sucede con los decretos 461, 462 y 351". "Al amparo de la Ley Bases, bajo el argumento que utilizan de 'modernizar', están avanzando sobre organismos que la Constitución protege”, advirtió.

Al comenzar, la vicejefa de Unión por la Patria, Anabel Fernández Sagasti, dijo que iba a rendir homenaje en su discurso a Ernesto Carreras, quien tenía 62 años y 37 de servicio en el Instituto Nacional de Vitivinicultura, y tras una reunión con las autoridades sobre su futuro laboral, se descompensó y falleció.

Al cuestionar el decreto 462, la mendocina señaló que con esta medida "lo que se hace no es atacar un instituto técnico de trascendencia internacional, sino a la industria vitivinícola, se la centraliza, se ataca el federalismo, se ataca la producción, se ataca a la economía nacional, a las exportaciones, pero también a la salud pública".

La legisladora explicó que con los cambios dispuestos al INV, "están como opcionales los controles y sólo se va a controlar en la góndola", lo cual pone en riesgo el prestigio del vino argentino. "Hay algunos bodegueros pícaros que van a estar contentos con esto, porque van a poder adulterar los vinos", denunció y subrayó que otros países como Estados Unidos, Francia, Italia, "tienen institutos muchos más rigurosos y los refuerzan y protegen. Nosotros, al contrario, vamos descartando lo que nos ha hecho grandes".

"El INV no es un gasto, se autofinancia y hace trabajos para terceros con su laboratorio, que es el mejor de la República Argentina. Es más, hubo años donde el INV financió al Tesoro Nacional", sumó.

A su turno, la senadora de UP Nora del Valle Giménez se refirió al decreto sobre el Banco Nacional de Datos Genéticos, el cual consideró: "Una vez más se pone de manifiesto esta intención del Gobierno y del presidente de que va a destruir al Estado, 'como un topo y desde adentro'". Al destacar la función de este organismo, recordó que "ha permitido la identificación y recuperación de cientos de nietos" cuyos padres fueron desaparecidos de la última dictadura.

La salteña explicó que con esta medida "se limitó la autarquía y autonomía financiera" del BNDG y "se degradó su jerarquía y se lo transformó en un organismo desconcentrado". "Esta decisión comprometió su independencia y le quitó la efectividad que ha demostrado a lo largo de toda su trayectoria", agregó.

En tanto, su par Eduardo "Wado" de Pedro, hijo de desaparecidos, remarcó que en el BNDG trabajan 37 personas y asoció la decisión del PEN a "volver a una Argentina de la impunidad". Este banco, que "es ejemplo a nivel internacional", destacó, fue el que "recopiló los datos genéticos de las más de 500 familias que buscamos a un familiar y lo administra", manifestó. En esa línea, opinó que "interrumpir, entorpecer, la búsqueda de 300 niños y niñas que todavía faltan encontrar no es más que la complicidad plena con la dictadura militar".

Durante el debate, la senadora de Juntos Somos Río Negro Mónica Silva aseguró que "estos decretos afectan fuertemente la vida de todos los argentinos". Precisamente sobre el referido a Vialidad Nacional, sostuvo: " Mi provincia es una provincia sumamente afectada por el desguace y por la política pública de no hacer obras. Esta política afecta 43 mil kilómetros de rutas en todo el país, afecta vidas humanas en rutas que están intransitables por su deterioro".

"Este miércoles se dio a conocer un decreto que deja en disponibilidad a los trabajadores de la Dirección de Seguridad Vial. No vamos a tener seguridad vial, no importa, la gente se muere y de esto no se hace cargo nadie", lamentó.

Avanzado el debate, el radical Martín Lousteau observó que "la motosierra no transforma el Estado, la motosierra corta. La motosierra tala un árbol, pero después no planta nada". Y criticó "esta concepción ideológica de que el Estado siempre es malo y toda regulación es mala" que tiene el presidente.

Sobre los cambios en el INTI e INTA, señaló: "¿Se los puede mejorar? Claro que se los puede mejorar, pero hay que trabajar con los que están dentro y saben". En cuanto a Vialidad Nacional, admitió que "obvio que tiene problemas, sobrepoblación, falta de especialidades que se necesitan, anomia en la planificación, y tiene corrupción en diferentes niveles", pero "el problema es que el Gobierno no quiere gestionar. Lo que no le gusta cómo está y no sabe cómo gestionar, lo rompe".

En el final del tratamiento, la senadora bonaerense Juliana di Tullio destacó que la sesión ordinaria reunió el consenso de varios bloques a través de la expresión de la “voluntad popular”. En defensa de las instituciones “aniquiladas” en los decretos, consideró que “son muchas instituciones que han hecho que este país crezca, sea cada vez mejor y dé cada vez más seguridad en términos como rutas, alimentarios, vitivinícolas y de tecnología”.

Contra Javier Milei, cargó que el Congreso de la Nación “todos estos años lo que ha hecho es construir y mejorarles la vida a los argentinos”. “El que sí quiere destruir este país, lo han dicho senadores cuando tomaron la palabra, es el ‘topo que estpa dentro del Estado para destruirlo’”.

“El único fin de Milei es suprimir el funcionamiento del Congreso de la Nación”, reiteró Di Tullio, quien también le endilgó al presidente de la Nación que “si el esfuerzo de rascar diputados con anuencia de los gobernadores para resistir un veto, lo pusiera para buscar el aumento a los jubilados creo que este sería un país infinitamente mejor”.

En el último tramo de su discurso, consignó que Milei gobierna con “a puro veto, DNU y decreto delegado”. Destacó la labor del Congreso por ser “el único Poder que resiste al Ejecutivo y le pone límites a Javier Milei”, sumó una serie de acusaciones: “Este Gobierno está más sucio que una papa” y habló de los audios de Diego Spagnuolo: “¿Por qué no pone la motosierra en el bolsillo de Lule Menem, Martín Menem y Karina Milei?”.

El presidente del interbloque de Unión por la Patria, José Mayans, remarcó que “es cierto lo que dijo Juliana, el presidente busca el desprestigio del Poder Legislativo”. Luego, se defendió de los dichos del presidente: “Ganamos menos que un juez de primera instancia y el presidente, que es un mentiroso, dice que ganamos diez millones”.

Aseveró, además, que “no hay plata para el jubilado y el pensionado, pero hay plata para los servicios de inteligencia, para los trolls y periodistas”, agregó en tono irónico que “la casta son los jubilados, los pensionados, los docentes, los médicos. Esos son la casta que están pagando los platos rotos”, y concluyó: “Milei es la entrega de la patria”.

Un durísimo revés sufrió el oficialismo en la sesión de la Cámara de Diputados, no sólo por la aprobación de leyes que rechaza por su costo fiscal, sino por la votación en contra de cinco decretos firmados por el presidente Javier Milei.

Se trata de cuatro decretos de facultades delegadas y uno de necesidad y urgencia, que imponen profundas reformas desregulatorias -detrás de las que se encuentra el ministro Federico Sturzenegger-, y que se hicieron en el marco de las facultades otorgadas al Poder Ejecutivo a través de la Ley Bases. Justamente, las medidas fueron publicadas días antes que se termine el plazo de los "superpoderes".

Ninguno de los cinco habían sido tratados en la Bicameral de Trámite Legislativo y, pasados los días para que la comisión los analice, se llevaron directamente al recinto. Si el Senado los vota en contra, por mayoría simple, se caerán.

El primer decreto en rechazarse fue el 462/25, el más extenso con 80 artículos, publicado en el Boletín Oficial el pasado 8 de julio. A favor de que quede sin efecto votaron 141 diputados, mientras que 65 lo hicieron en contra y uno una sola abstención.

Por medio de este decreto, el PEN dispuso la disolución de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), de Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y del Instituto Nacional de Semillas y la Comisión Nacional de Semillas; al mismo tiempo que una "transformación" del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial), el INV (Instituto Nacional de Vitivinicultura) y el INPI (Instituto Nacional de la Propiedad Industrial).

El segundo decreto, el 345/25, publicado en el Boletín Oficial el 22 de mayo, fue rechazado por 134 votos a favor, 68 en contra y 3 abstenciones. Mediante esta medida, se dispuso la disolución del Instituto Nacional del Teatro, sobre el que se cuestionó una "gestión deficiente en la administración y control de los recursos públicos".

Asimismo, el decreto estableció la fusión del Instituto Nacional Yrigoyeneano y el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas en una única unidad organizativa para "optimizar la administración".

Otros cambios tuvieron que ver con quitar autarquía o bajar la jerarquía a instituciones emblemáticas como el Instituto Nacional Sanmartiniano, el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Eva Perón, la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos, y la Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares.

Por 133 votos afirmativos, 69 negativos y 2 abstenciones, también fue rechazado el decreto 351/25, oficializado el 23 de mayo pasado, por el cual se dispuso la "transformación" del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), un organismo clave para el esclarecimiento de delitos de lesa humanidad y la restitución de identidad de hijos de desaparecidos.

"Resulta necesario proceder a su transformación en un organismo desconcentrado dependiente de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete de Ministros, así como a la adecuación de su organización, con el propósito de que responda a parámetros de eficiencia en el marco del reordenamiento administrativo a cargo del Poder Ejecutivo Nacional", se fundamentó.

El cuarto decreto delegado en ser rechazado, por 138 votos a favor, 65 en contra y 2 abstenciones, fue el 461/25, por el cual se modificaron organismos de la Secretaría de Transporte.

En la medida, publicada en el Boletín Oficial el pasado 8 de julio, se estableció la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), de la la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y de la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial (CNTySV); y una "reorganización" de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y de la Junta de Seguridad en el Transporte.

Diez días después, la jueza en lo civil, comercial y contencioso administrativo federal de San Martín Martina Forns suspendió el decreto, al hacer lugar a una medida cautelar presentada por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional Casa Central de la provincia de Buenos Aires (SEVINA).

Finalmente, por 118 votos afirmativos, 77 negativos y 8 abstenciones fue rechazado el DNU 340/25, oficializado el 21 de mayo pasado.

A través de este decreto se dispuso una profunda desregulación del sector de la Marina Mercante Nacional, estableciendo un nuevo régimen para la actividad. Sin embargo, el Juzgado Nacional del Trabajo N° 3 declaró la inconstitucionalidad de los artículos 2 y 3, "en cuanto impone restricciones al derecho de huelga en numerosas actividades a las que considera como servicios esenciales".

A su vez, desde los gremios del sector denunciaron que el DNU "implica una entrega de soberanía al habilitar banderas extranjeras en el cabotaje nacional, destruye condiciones laborales, habilita la competencia desleal sin convenios colectivos y pone en riesgo la seguridad en la navegación".

A través de la Resolución 1/2025, publicada el 30 de enero en el Boletín Oficial, el Gobierno Nacional eliminó la obligación de las empresas de transporte de verificar la documentación de menores en viajes internacionales. La medida fue adoptada por el Ministerio de Infraestructura, en el marco de la política de desregulación que lleva adelante la administración de Javier Milei.

El Artículo 1 de la Resolución deroga el Artículo 5° de la Resolución 43/2016 de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), que establecía que las empresas de transporte internacional de pasajeros debían exigir la documentación correspondiente a menores de edad antes de abordar.

En concreto, la normativa eliminada obligaba a las empresas a constatar la identidad del menor y la autorización de los progenitores o tutores para viajar, evitando así posibles irregularidades en el traslado de niños y adolescentes.

Esta resolución ya entró en vigencia, lo que significa que las empresas de transporte ya no están obligadas a solicitar ni verificar estos documentos antes del embarque.

Ante esta medida las críticas por parte del sector opositor no se hicieron esperar, ya que generó preocupación en distintos sectores, ya que podría facilitar casos de trata de personas y traslados irregulares de menores sin el consentimiento de sus responsables legales.

La diputada nacional Ana María Ianni (UP) cuestionó la decisión a través de sus redes sociales, señalando que la eliminación de esta norma pone en riesgo a los menores y desprotege a las familias.

"Otra total irresponsabilidad del gobierno que deja desprotegidos a los más vulnerables. A escondidas y sin anuncios, Javier Milei eliminó la obligación a las empresas de transporte de controlar y solicitar documentación para que menores salgan del país”, encabezó su posteo.

Además, recordó que en 2024 presentó el proyecto de ley expediente 3906/24, destinado a regular los traslados de menores dentro del país, garantizando su seguridad y evitando delitos como la trata de personas dentro del territorio precisamente para “poder atender una problemática de nuestro país dar garantías a las familias y también un paso más en prevenir la trata de personas, que ahora, en esta instancia, y luego de conocer esta noticia que pone en peligro a los más vulnerables, y nuestros niños y niñas, deberemos ampliar a los controles en viajes al exterior”.

Por su parte, la diputada de la CC-ARI Mónica Frade apuntó: “Los trolls que el fin de semana lloraban en esta red, por la ‘desprotección’ de los niños en la marcha...permanecen silenciosos ante esta escandalosa decisión de Federico Sturzenegger. Se podrá sacar a los niños del país con suma facilidad. Hoy las redes mafiosas dedicadas a la trata y venta de niños, han dado un paso adelante”.

Así ironizó: “Bien LLA!! Contento también Mario Cúneo Libarona cuyo estudio representa a mafiosos”.

La senadora nacional Silvina García Larraburu (Unión por la Patria – Rio Negro) presentó un proyecto de decoración manifestando preocupación y rechazo por la eliminación del carácter público de los Servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), la telefonía móvil, el acceso a las redes de telecomunicaciones; y la regulación de los precios de estos servicios.

“Estos instrumentos tecnológicos comunican lugares y personas y son derechos humanos fundamentales. Sin estas herramientas, el interior profundo del país quedará incomunicado. Las escuelas rurales de diferentes puntos del territorio nacional permanecerán absolutamente aisladas, puesto que las empresas multinacionales no invierten en lugares donde el negocio económico no esté garantizado”, subrayó.

La rionegrina remarcó: “El acceso a las TIC y a las comunicaciones requiere de la fijación de reglas por parte del Estado para asegurar el acceso equitativo, justo y a precios razonables; lo cual la Ley 27.078 Argentina Digital buscaba garantizar hasta la modificación efectuada por el ejecutivo el 10 de abril, mediante el decreto 302/24”.

“Sin regulación por parte del Estado se hiere profundamente al federalismo, y la conectividad se convierte en un privilegio del que gozarán unos pocos”, finalizó.

García Larraburu indicó que el DNU emitido por el Gobierno implica que “la comunicación deja de ser considerada un servicio esencial y pone en riesgo el ejercicio de este derecho humando para las grandes mayorías; desregula las tarifas incrementando las brechas digitales y pone en peligro la política de conectividad en comunidades rurales”.