La Cámara de Diputados sancionó este martes el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo. Los únicos votos en contra fueron de la izquierda. Se propone un tratamiento similar para los tenedores bajo ley argentina.
En el día que el Gobierno nacional anunció que se alcanzó un acuerdo con los bonistas extranjeros, la Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto que propone la reestructuración de la deuda bajo legislación argentina.
La iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo se sancionó con 247 votos a favor, 2 en contra -de los diputados de la izquierda Nicolás Del Caño y Romina Del Plá- y una abstención, del macrista Alberto Asseff.
“No podría ser más oportuno el tratamiento de este tema hoy”, destacó el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, quien señaló que “este proyecto, en sintesís, lo que hace es darle el mismo tratamiento, los mismos derechos, a los tenedores de bonos en dólares emitidos bajo legislación argentina”.
El diputado del Frente de Todos precisó que “el perfil actual de la deuda, tal cual está estructurada, tiene intereses por un promedio del 7,58%; y en la propuesta que estamos considerando quedaría en 2,39%”.
Asimismo, “la vida promedio de la deuda en dólares es de cinco años y se duplicaría, pasaría a ser de diez años”, afirmó, mientras que “los pagos que la Argentina tendría que hacer hoy serían 32.400 millones de pesos entre el 2020 y 2024, y ese número se vería reducido a 2.152 millones”.
El legislador resaltó que, con este canje más la oferta a los tenedores extranjeros, “entre 2020 y 2029, se alcanzaría en conjunto un alivio financiero de 58 mil millones de dólares”.
“Hoy podemos celebrar un acuerdo con los acreedores externos que significa un ahorro importante para nuestro país y que despeja el horizonte financiero de nuestra economía. La oferta que estamos tratando se asienta sobre ese principio y de hecho garantiza el tratamiento equitativo entre unos y otros tenedores”, ponderó la titular de la Comisión de Finanzas, la oficialista Fernanda Vallejos.
Por su parte, el diputado del Pro Luciano Laspina consideró que “es bueno el proyecto en el sentido de darle un trato igualitario a los bonos bajo legislación local, que han sido muy maltratados”. “Hoy no es un día cualquiera, hay una gran noticia para los argentinos”, manifestó y dijo que “quedará para los historiadores respecto a si se negoció bien o mal”.
En ese sentido, señaló que en la oferta a los tenedores extranjeros “no se ha hecho quita de capital, se ha hecho alguna quita importante de los intereses y, básicamente, se genera un estiramiento de los plazos con ahorros financieros muy concentrados en los próximos cuatro años, lo cual le genera a este Gobierno una muy grande oportunidad”. Además, advirtió que “no hay desendeudamiento sin equilibrio fiscal” y esa es una cuestión que hay que resolver.
También desde Juntos por el Cambio, el jefe del bloque de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, remarcó que “la mayor parte de la deuda del Estado en ley local no está entrando en canje porque está emitida intrasector público, con instrumentos que son intransferibles como son las Letras del Banco Central”.
Y subrayó que con este canje, “se despeja todo tipo de vencimiento durante el mandato del actual presidente Alberto Fernández, al igual que de lo que va a suceder con la ley bajo jurisdicción extranjera, y a partir de 2024 volveremos a tener vencimientos muchísimos más abultados”.
En rechazo a la negociación de la deuda, el diputado de la izquierda Nicolás Del Caño lamentó “los festejos” en las redes sociales por el acuerdo con los bonistas y enfatizó: “Los que no tienen nada que festejar son millones de jubiladas y jubilados, trabajadoras y trabajadores que están sufriendo, después de cuatro años de ajuste brutal de Macri, las consecuencias de esta pandemia”. “Este es un capítulo más del megaendeudamiento”, agregó.
En el tramo final, el radical Ricardo Buryaile alertó que “el problema no es la deuda, el problema es el déficit fiscal”. “El problema que tenemos es que en Argentina en los últimos 100 años hemos tenido 90 años con déficit fiscal, y de los últimos 60, 52”.
“Me parece bien que hoy estemos en este camino, pero el camino es muy largo. Diez puntos de déficit fiscal que tenemos nos obliga a todos a deponer cuestiones individuales. Habrá que construir un plan y me preocupa que el presidente Alberto Fernández haya dicho que no lo tenía”, añadió.
Al momento de los cierres, el jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Mario Negri, valoró que esta reestructuración “va a implicar un alivio de casi 20 mil millones de dólares hasta 2030”. “No hay que desaprovechar ese esfuerzo de cara hacia adelante”, opinó e indicó que este canje “equivale al 12,9% de la deuda total del país” y “el 12,5% del PBI actual”, lo que “quiere decir que todavía tenemos un camino que recorrer”.
“Hemos saludado la decisión a la que arribó el presidente y el ministro (de Economía, Martín) Guzmán” con los acreedores externos, celebró, y manifestó que este acuerdo “va a sentar las bases para mejorar el acceso al financiamiento no sólo del Gobierno nacional y las provincias, sino esencialmente del sector privado que está en una situación de enorme dificultad”.
El radical ratificó: “Nosotros queremos contribuir a aprovechar esa ventana de oportunidad para el país, por encima de la alternancia que genera la democracia”. “Lo que vamos a votar hoy nos saca incertidumbre y nos pone el desafío de si podemos abrir un sendero de crecimiento”, apuntó.
Por el oficialismo cerró el debate el diputado Itaí Hagman, quien repasó cifras de la economía en los últimos diez años, remarcando los números durante la gestión anterior, y señaló que “esa Argentina pre-pandemia explica la gravedad de esta crisis económica”. “Si no asumimos ese diagnóstico corremos el riesgo de no resolver”, agregó.
El legislador hizo también mención al acuerdo anunciado este martes y expresó: “No diría que es una noticia para festejar, sino para reflexionar. A mí no me pone contento que tengamos que pagar una deuda externa tomada de manera irresponsable y dilapidada para financiar la fuga de capitales. Pero asumimos un compromiso con el pueblo argentino que nos votó para resolver ese problema”.
Cargando contra el gobierno de Mauricio Macri, el oficialista aseguró que “el principal pecado que se cometió durante la gestión anterior no fue el endeudamiento” sino “cambiar la composición de la deuda argentina”. “Dolarizaron y privatizaron, por eso el default”, fustigó.
“Cada vez que nos hemos levantando ha sido porque, en lugar de priorizar los intereses de los poderes que pretenden que nos arrodillemos, hemos recorrido un camino que es el de defender los intereses nacionales y poner por encima a la gente”, finalizó.
La ley de restauración de la sostenibilidad de la deuda emitida bajo ley argentina establece un tratamiento similar a la oferta realizada a los acreedores bajo ley extranjera. Se trata de títulos públicos por un monto de 41.714 millones de dólares.
De acuerdo a la norma, los tenedores de títulos elegibles que no adhieran a la invitación a canjear continuarán con sus pagos diferidos hasta el 31 de diciembre de 2021.
Será el Ministerio de Economía el que tendrá las facultades para realizar los actos y/o contrataciones necesarios tendientes al cumplimiento de la ley, como así también para dictar toda norma complementaria y de implementación.
La ley también indica que el Poder Ejecutivo deberá remitir al Congreso un informe con los resultados de la operación de canje, dentro de los 90 días de liquidada la operación.
Será a partir de las 14, en una reunión que a priori no prevé controversias, pues se trata de temas importantes en los que se ha alcanzado coincidencia entre el oficialismo y la oposición.
El recinto de la Cámara de Diputados reabrirá sus puertas a partir de las 14 para iniciar una nueva sesión especial mixta, con el fin de debatir entre otros temas el proyecto de ampliación del presupuesto que en principio iba a ser incluido en la reunión del viernes, pero que finalmente se postergó para ajustar el texto definitivo.
En efecto, el proyecto de ley por el cual se modifica el presupuesto general para la administración nacional para el ejercicio 2020 es el primero de la lista de temas a abordar en la sesión de este martes pedida por el presidente del bloque oficialista, Máximo Kirchner.
El temario prevé como segundo tema la discusión del proyecto de ley en revisión sobre restauración de la sostenibilidad de la deuda pública instrumentada en títulos emitidos bajo ley local. El proyecto ya cuenta con media sanción del Senado y obtuvo despacho de comisión este lunes.
Han sido incluidos para esta sesión dos proyectos que también cuentan con media sanción de la Cámara alta, mas no despacho de comisión, por lo que se acordó su tratamiento sobre tablas. Hablamos de dos iniciativas del Poder Ejecutivo vinculadas con el tema Malvinas. Por un lado, el proyecto de ley por el cual se aprueba la modificación del artículo 6 de la ley de espacios marítimos (23.968) sobre la demarcación del límite exterior de la Plataforma Continental Argentina; la otra iniciativa es la que crea el Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Sandwich del Sur y los Espacios Marítimos e Insulares Correspondientes, en el ámbito de la Presidencia de la Nación.
Hay dos temas más que forman parte del temario. El primero es la modificación del artículo 44 de la Ley 26.061, de Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.
Por último, se tratará un proyecto de resolución que solicita al Poder Ejecutivo facilitar el acceso de los jardines de primera infancia a los programas de asistencia en la emergencia en el actual contexto de la pandemia Covid-19.
La Cámara baja sesionará este martes desde las 14. También se tratarán proyectos sobre la cuestión Malvinas, entre otros.
Luego de haber realizado sendas sesiones el jueves y viernes de la semana pasada, la hiperactividad de la Cámara baja continuará este martes con una nueva sesión especial. Diputados debatirá este martes desde las 14 el proyecto de ampliación presupuestaria que obtuvo dictamen el jueves, y la reestructuración de la deuda local, que aprobó la Cámara de Senadores ese mismo día.
Además, se incorporaron al temario a última hora otros cuatro proyectos, sobre la creación de un Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas; la demarcación del límite exterior de la plataforma continental argentina; una modificación de la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de los Niños; y una resolución solicitando que los jardines de infantes reciban asistencia estatal en el marco de la pandemia.
La ampliación presupuestaria será por un monto de 1.859.583 millones de pesos, un aumento de gastos equivalente al 6,5% del PBI. De este monto, el 80% se origina principalmente en las prestaciones de la seguridad social; subsidios económicos (energéticos y de transporte); los programas IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) y ATP (Asistencia a la Producción y el Trabajo); asignaciones familiares y AUH.
El oficialismo adelantó este lunes que aceptará eliminar del proyecto la suba del IVA al 10,5% para la leche común. El tema había sido foco de controversia y quedará para una futura discusión, según se acordó con el ministro de Economía, Martín Guzmán.
Otra de las modificaciones al texto original fue la asignación de la suma de 9.500 millones de pesos al Fondo de Compensación de Transporte Público Automotor urbano y suburbano de pasajeros. Los recursos serán transferidos a las provincias y municipios según lo determine el Ministerio de Transporte en la reglamentación.
A su vez, se destinarán 300 millones de pesos al Hospital Posadas “para complementar la cobertura de sus necesidades operativas” en el marco de la pandemia del Covid-19.
Por otra parte, se tratará el proyecto aprobado el jueves pasado por el Senado de restauración de la sostenibilidad de la deuda emitida bajo ley argentina. La iniciativa recibió dictamen exprés este lunes en las comisiones de Presupuesto y Finanzas y se espera una sanción por amplia mayoría.
Se propone un tratamiento similar a la oferta realizada a los acreedores bajo ley extranjera. Se trata de títulos públicos por un monto de 41.714 millones de dólares. De acuerdo al proyecto, los tenedores de títulos elegibles que no adhieran a la invitación a canjear continuarán con sus pagos diferidos hasta el 31 de diciembre de 2021.
La propuesta también indica que el Poder Ejecutivo deberá remitir al Congreso un informe con los resultados de la operación de canje, dentro de los 90 días de liquidada la operación.
