El ministro de Economía expuso ante la Comisión de Presupuesto del Senado sobre el proyecto para que el Parlamento apruebe los acuerdos con el FMI.
El ministro de Economía, Martín Guzmán, se presentó este miércoles por primera vez ante el Senado para defender el proyecto de ley que busca fortalecer la sostenibilidad de la deuda pública y que dispone que los préstamos y programas de financiamiento del FMI requieran aprobación del Congreso.
“La sostenibilidad de la deuda pública debe ser una política de Estado, y por lo tanto el Congreso debe tener un rol más importante, un rol mayor”, sostuvo Guzmán al participar de una reunión virtual de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside Carlos Caserio, donde se pasó a la firma el dictamen.
Al inicio de su exposición, el funcionario indicó que la sostenibilidad de la deuda es “un tema central para el proceso de ordenamiento y estabilización de la economía argentina”.
En ese sentido, agradeció el apoyo dado por el Congreso a la reestructuración de la deuda en moneda extranjera, y destacó que “a nivel internacional” la sanción de dos leyes este año le dio “mayor fuerza y legitimidad al proceso que hemos llevado adelante”.
El ministro señaló que el proyecto en tratamiento “ha sido muy bien recibido” por el FMI, con el que se negocia el refinanciamiento de la deuda por un total de 44.000 millones de dólares.
Guzmán recordó que hasta ahora se logró un “alivio sustancial en la carga del endeudamiento”, con “37.700 millones de dólares de alivio respecto a lo que estaba pre-programado paran los próximos diez años, una reducción de los intereses en dólares del 7% al 3,07%, y una reducción del capital del 1,90%”.
También resaltó que se logró un “93,5% de aceptación” para la reestructuración de la deuda bajo ley de Nueva York -que asciende al 99% por las cláusulas de acción colectiva-, y en cuanto a la deuda bajo ley local “la tasa de aceptación fue de casi el 100%”.
“El siguiente paso en cuanto a resolver la situación es poder alcanzar un programa con el FMI que nos permita refinanciar los vencimientos programados con el FMI”, explicó.
Guzmán advirtió que con el préstamo otorgado por ese organismo “terminó profundizándose la recesión y elevándose aún más el costo del crédito, que llegó a niveles prohibitivos, y el riesgo país superó los 2.000 puntos”.
“Resulta imposible poder hacer frente a los pagos estipulados con el FMI en tiempo y forma, en un contexto de no acceso al crédito. Por lo tanto, necesitamos una reprogramación de esos pagos, y en ese proceso estamos embarcados”, aseguró.
En esa línea, dijo que “lo que se busca es un programa nuestro, de la sociedad argentina, que sea efectivo para sentar los pilares que la estabilidad y el crecimiento económico requieren”, y agregó que “la idea es enviar un programa plurianual al Congreso”.
“Este es el momento justo para enviar el proyecto, porque, por un lado, ya terminó la reestructuración de la deuda en moneda extranjera en la forma de títulos públicos, y por otro lado estamos en el proceso de negociaciones con el FMI”, puntualizó el ministro.
Asimismo, resaltó que “la sostenibilidad de la deuda pública debe ser una política de Estado, y por lo tanto el Congreso debe tener un rol más importante, un rol mayor”, ya que “los programas con el FMI tienen consecuencias que trascienden a un período de gobierno”.
Guzmán afirmó que una deuda insostenible termina generando “una enorme incertidumbre que afecta tanto al ambiente que enfrenta el sector privado como a la situación del sector público a la hora de planear las políticas públicas”, y además “quitando espacio” para esas políticas.
“Es fundamental construir consensos en los pilares de la estabilidad. Hay cuestiones donde todos debemos estar de acuerdo: potenciar las exportaciones para evitar una caída de la balanza de pagos, asegurar la sostenibilidad de la deuda pública, la sostenibilidad fiscal, y converger a una situación donde no se dependa sistemáticamente del Banco Central”, enumeró.
Ante una pregunta del senador Julio Martínez (UCR), Guzmán informó que las reservas netas son actualmente 28.365 millones de dólares.
“Argentina tiene un superávit comercial robusto, no hay pagos de deuda en moneda extranjera sustanciales, y hay controles de capitales que tienen relativa efectividad para contener las presiones en el frente cambiario por razones financieras, lo que genera una brecha entre el tipo de cambio oficial y los tipos de cambio paralelos”, describió el ministro, y añadió: “El tipo de cambio oficial, en función de las dinámicas comerciales, está en un nivel que consideramos adecuado”.
El funcionario aprovechó para destacar que en este proceso también existe “un diálogo fluido con el G20”, donde “fue muy bien recibido” el proyecto para que el Congreso apruebe los programas con el FMI, que “le da mayor legitimidad y fortaleza a lo que el Gobierno argentino acuerde” con ese organismo.
Junto a Guzmán, participaron de la reunión el secretario Diego Bastourre (Finanzas); el director ante el FMI por la Argentina y el Cono Sur, Sergio Chodos; la jefa de Gabinete de Asesores, Melina Mallamace; la secretaria Legal y Administrativa, Rita Tanuz; y el subsecretario de Relaciones Institucionales, Rodrigo Ruete.
Luego de que Guzmán anunciara el envío de un proyecto para que el Congreso deba autorizar la emisión de deuda en moneda extranjera y los acuerdos con el FMI, el bloque Consenso Federal expresó su posición.
Luego de que el ministro de Economía, Martín Guzmán, anunciara el envío de un proyecto para que el Congreso autorice la emisión de deuda en moneda extranjera bajo legislación extranjera, así como los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el bloque de diputados de Consenso Federal consideró que la iniciativa debe contener límites a ese endeudamiento.
Si bien el proyecto del Poder Ejecutivo aun no ingresó al Parlamento, la bancada integrada por Graciela Camaño, Jorge Sarghini y Alejandro “Topo” Rodríguez -que responde al exministro de Economía Roberto Lavagna- emitió un comunicado expresando su posición.
Los legisladores condicionaron su apoyo al hecho de que se establezca “una serie de limitaciones claras y explícitas a ese tipo de operatorias”.
“Al proyecto del Ejecutivo le está faltando un componente fundamental, que es una clara y explícita limitación al endeudamiento en moneda extranjera”, consideraron.
El bloque “lavagnista” sostuvo que “estas limitaciones al endeudamiento en moneda extranjera pueden ayudar a lograr una economía más estable porque se morigeran los riesgos asociados al descalce de monedas, se disminuye la volatilidad del balance de pagos y se reduce una fuente de costo del endeudamiento público que, en general, no se visibiliza cuando se está contrayendo. Además, se crea una regla más factible de cumplir que una basada en el déficit, y, por lo tanto, más exigible”.
En ese sentido, Sarghini recordó que a fines de febrero presentó un proyecto que modifica la Ley de Administración Financiera 24.156 para establecer que, además de la prohibición ya existente de las operaciones de crédito público para financiar gastos corrientes, se incorporen otras limitaciones para el crédito en moneda extranjera.
La iniciativa de Sarghini propone modificar el artículo 56 de esa norma, que actualmente establece que se prohíbe “realizar operaciones de crédito público para financiar gastos operativos”. El diputado propone agregar nuevas prohibiciones, que son las siguientes:
Realizar operaciones de crédito público en moneda extranjera, con las siguientes excepciones:
a) Operaciones cuyo producido será aplicado íntegramente a cancelar servicios de la deuda pública en moneda extranjera. En este caso, no deberá realizarse la conversión a pesos de ese producido, ni siquiera en forma transitoria.
b) Financiaciones de organismos multilaterales u oficiales de crédito, o que cuenten con garantía de estos organismos, cuyo producido se aplique únicamente al financiamiento de proyectos específicos.
c) Avales u otro tipo de garantías necesarias para que empresas públicas o con participación estatal mayoritaria del Gobierno Nacional, los gobiernos provinciales o los gobiernos municipales puedan realizar contratos en el extranjero que impliquen exportaciones de bienes o servicios desde nuestro país.
d) Financiaciones o garantías de organismos no gubernamentales sin fines de lucro, dirigidos a la protección de recursos naturales o a la mejora de la calidad de vida de la población.
e) Financiaciones o garantías necesarias para proyectos de inversión estratégicos para el desarrollo, en la medida en que la realización de dichos proyectos y su estructura de financiamiento cuenten con aprobación por ley del Congreso Nacional.
El ministro Martín Guzmán anunció que enviará un proyecto de ley para que la emisión de deuda en moneda extranjera, así como los acuerdos con el Fondo, deban pasar por el Parlamento.
El ministro de Economía, Martín Guzmán, informó este lunes que el Poder Ejecutivo enviará un proyecto al Congreso para que el endeudamiento en moneda extranjera y bajo ley extranjera, así como los futuros acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), deban ser aprobados por ley.
Guzmán formuló el anuncio al participar de un seminario convocado por la organización gremial internacional UNI Global Union.
“Pensamos que sería sano que las decisiones de pedir préstamos en divisas extranjeras tengan la aprobación del Congreso. Esta semana vamos a presentar un proyecto de ley que contenga como uno de los elementos la aprobación del Parlamento por los préstamos en divisas”, afirmó.
El proyecto establece que el endeudamiento en moneda extranjera bajo ley internacional y con prórroga de jurisdicción requerirá autorización del Parlamento, así como también los futuros programas con el FMI.
El ministro subrayó que la iniciativa apunta a “convertir la sostenibilidad de la deuda en una política de Estado”.
“Los préstamos en divisas tienen que ser responsables, y los países que han tenido una larga historia de inestabilidad en deuda tendrían que darle una mayor participación al Congreso en estas decisiones”, consideró Guzmán.
Una nueva misión del FMI arribará al país este martes y a lo largo de las próximas dos semanas mantendrá una serie de reuniones con funcionarios para avanzar en la negociación de un nuevo programa de financiamiento de la deuda que tiene el país por un monto de capital de 43.900 millones de dólares, informó la agencia Télam.
Beneplácito en el oficialismo por el anuncio de haber alcanzado un 99% de aceptación al canje de bonos.
Legisladores del oficialismo destacaron la importancia del anuncio hecho este lunes por el Gobierno nacional respecto del canje del 99% de la deuda bajo legislación extranjera.
Una de las primeras y más enfáticas fue la presidenta de la Comisión de Finanzas, Fernanda Vallejos, quien destacó que con esta reestructuración la Argentina ahorró U$S 38.000 millones y “con una baja sustancial en la tasa, que pasó del 7% al 3,07%”.
“Esto nos permite, a nuestro gobierno, y al conjunto de los argentinos y las argentinas, una gran tranquilidad para enfocar todos nuestro esfuerzo, primero, a lo que es lo más importante: cuidar la vida y la salud de todas y todos. Y también dedicarnos a eso que tanto reclama y merece nuestro pueblo: encaminarnos por el sendero del desarrollo sostenible”. Vallejos agregó que “persistir en ese sendero implica, como dijo el presidente, que esto que nos pasó con el gobierno de Macri, no nos vuelva a pasar, que construyamos un definitivo nunca más a los procesos de fuga y endeudamiento. Este es el punto de partida”.
Por su parte, el senador nacional Alfredo Luenzo destacó el anuncio del gobierno de que el próximo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional será enviado al Poder Legislativo para su aprobación. “Es una decisión estratégica muy importante, que dará certidumbre y mucho volumen político a las negociaciones con el organismo”, apuntó el legislador chubutense, que recordó que “en 2018, se lo pedimos al gobierno anterior, cuando los argentinos nos enteramos por televisión que el Presidente Macri en forma unilateral y sin consultar con el Congreso, el ámbito constitucional pertinente, iba a endeudar a la Argentina con un compromiso imposible de cumplir”.
“Queríamos dar el debate porque se firmaron metas imposibles, se aceptaron condiciones que no estaban bien. Pero no escucharon. Lo cierto es que armaron no uno sino varios programas y nunca cumplieron ninguno. Cambiemos jamás cumplió ninguna de las promesas que asumió”, resaltó en ese sentido.
En ese marco Luenzo subrayó que “es el Frente de Todos quien gobierna con el Congreso y el que da el debate en el Congreso” y agregó que “quienes hoy se llenan la boca hablando de instituciones y libertades, cuando les tocó ser gobierno fueron los campeones del veto y el DNU, los campeones del cierre del Congreso. Nombraron jueces por DNU, cambiaron los temas de escuchas, derogaron leyes por DNU. Fueron al FMI a espaldas del Congreso Nacional. Hasta un enero se animaron a modificar 160 leyes en un mega decreto”.
Asimismo, el chubutense sostuvo que es “una gran noticia para la Argentina” el anuncio del gobierno nacional de que fue superior al 93% la aceptación obtenida entre los acreedores internacionales y que finalmente la reestructuración de deuda bajo ley extranjera llegará al 99% a través de la aplicación de cláusulas de acción colectiva.
“Terminamos con el default virtual que nos dejó la gestión de Macri, Vidal y Larreta a través de un brutal endeudamiento sin precedentes en nuestra historia. Era nuestro compromiso y cumplimos”, señaló por su parte Leopoldo Moreau.
La diputada catamarqueña Lucía Corpacci señaló que “culminó el proceso de canje de deuda que propuso Argentina a sus acreedores externos. Tuvo una adhesión del 93,5%, lo que eleva al 99,9% del total de bonos elegibles por la cláusula de acción colectiva. Hoy es un día feliz para la nación”, y felicitó a Alberto Fernández y Martín Guzmán.
A su vez, la entrerriana Blanca Osuna sostuvo que Alberto Fernández y Cristina Kirchner “lograron una adhesión de 93,5% del canje de la deuda, siendo el 99,9% de los bonos, con un ahorro en la próxima década de US$ 37.700 millones, una tasa de interés que baja del 7% al 3,07% y recursos para el desarrollo de Argentina! #Desendeudarnos”.
“Saber que esta Cristina y verla, te da la garantía que en este canje el que no va a perder es el pueblo”, expresó a su vez el diputado Nicolás Rodríguez Saá.
El diputado Darío Martínez celebró el acuerdo por la deuda, anticipando que ahora el país va a poder “afrontar sus obligaciones si excluir” al pueblo.
El diputado nacional neuquino Darío Martínez (Frente de Todos) celebró el acuerdo con los bonistas afirmando que “damos pasos fundamentales para que la Argentina empiece a salir del pozo”.
Martínez afirmó que “podemos avanzar en varios de los objetivos que nos propusimos en diciembre, incluso con pandemia mediante. Mientras el ministro de Economía cierra la negociación con bonistas extranjeros, en el Congreso avanzamos con la reestructuración de deuda local y con una ampliación presupuestaria que asegura la continuidad del IFE, ATP y los recursos para las asignaciones familiares y la AUH. Y mientras esto pasa, Alberto anuncia desde Olivos el relanzamiento del Plan Procrear.”
El legislador patagónico sostuvo que “venimos de un ciclo sobreendeudamiento enorme producto de la irresponsabilidad de un gobierno que se endeudó muy fuerte con vencimientos hasta 2023 que eran impagables para la Argentina. Hubo un excelente trabajo del presidente y del ministro Guzmán, que desactivaron una bomba que iba a ser mucho peor que la pandemia misma. Argentina va a poder afrontar sus obligaciones sin excluir, sin achicar ni hacer padecer al pueblo”.
“Hacer que nuestra deuda sea sostenible, es disponer de recursos para producir y crecer. Porque sin crecimiento, no se pueden pagar deudas. Y para crecer, necesitamos impulsar el consumo, la producción y el empleo. Y esa formidable herramienta que generó miles de puestos de trabajo y permitió el acceso a la vivienda a tantos argentinos como fue el Procrear hoy vuelve a poner primera”, expresó el diputado peronista.
Martínez enfatizó que “es una muy buena noticia para los argentinos, una muy buena noticia para la economía, una muy buena noticia para el desarrollo de inversiones, sobre todo en el sector hidrocarburífero, pero igual no tenemos todos los problemas resueltos y tenemos mucho trabajo por delante, porque a la pésima situación que atravesamos los últimos 4 años, la pandemia complicó todo”.
El jefe del bloque de diputados, Maximiliano Ferraro, consideró el entendimiento “una condición necesaria pero no suficiente hacia una economía ordenada”.
El titular del bloque de la Coalición Cívica-ARI en Diputados, Maximiliano Ferraro, recordó que “desde el inicio de las gestiones apoyamos el proceso de reestructuración de la deuda, porque lo importante era evitar un nuevo período de incumplimiento de nuestras obligaciones”.
“Es auspicioso el acuerdo alcanzado, es el primer paso, una condición necesaria pero no suficiente, hacia una economía ordenada y con perspectivas de futuro”, consideró el jefe de la CC.
A través de Twitter, el diputado agregó que “despejado el horizonte financiero, esperamos la presentación de un programa económico que genere las condiciones para la recuperación de la dura recesión actual y el inicio de un período de crecimiento económico que el país no consigue sostener desde el año 2011”.
Los diputados nacionales del bloque de la Unión Cívica Radical, destacaron el entendimiento que el Gobierno logró por el canje de la deuda con los tres grupos de acreedores.
“Celebro que el presidente, Alberto Fernández, y el ministro de Economía, Martín Guzmán, hayan logrado el acuerdo con los acreedores externos. Este es un paso importante para el país, ya que permite sentar una de las bases para mejorar el acceso al financiamiento para el Gobierno Nacional, las provincias y, también, para el sector privado”, expresó el titular del interbloque de Juntos por el Cambio en la Cámara baja, Mario Negri.
Tras la confirmación oficial del acuerdo alcanzado con los bonistas, el diputado cordobés señaló que “la negociación, más prolongada de lo previsto inicialmente, demostró que Argentina no enfrentaba un problema en el monto total de su deuda, ya que la quita de capital acordada fue mínima”. En realidad, agregó el legislador radical, “lo sustantivo pasa por la postergación en el tiempo sobre el pago de intereses y capital, atendiendo así a las dificultades de liquidez que atravesó nuestra economía en los últimos dos años, pero particularmente después de las PASO del año pasado”.
Para Negri, este proceso demostró también “la responsabilidad de nuestra oposición, que apoyó en el Congreso la legislación solicitada por el Poder Ejecutivo para encarar la reestructuración con el suficiente respaldo político e institucional”. Y en ese sentido anticipó que este martes en la Cámara de Diputados “brindaremos igual colaboración al apoyar la ley que abarca la renegociación de la deuda en moneda extranjera emitida en jurisdicción argentina”.
Finalmente, expuso que “luego de este paso, esperamos que el Gobierno explicite el rumbo económico y presente los lineamientos de su política para el corto, mediano y largo plazo. Posiblemente, la discusión del proyecto de Presupuesto Nacional 2021 que el Poder Ejecutivo debe enviar el Congreso el próximo 15 de septiembre, sea el ámbito apropiado para lograrlo”.
El diputado y presidente de la UCR Nacional, Alfredo Cornejo señaló: “Ya no hay excusa, se cerró el acuerdo de la deuda, que pudo ser mejor. El Gobierno ahora debe mostrar el plan económico para el día después de la pandemia. Queremos aportar a la salida de esta crisis que atraviesa el país”.
El diputado Ricardo Buryaile, que integra la bicameral de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior de la Nación, explicó: “El acuerdo con los bonistas es un buen acuerdo para el país es una condición necesaria pero no suficiente en sí misma para generar lo que le falta a la Argentina, que le faltan inversiones, reglas de juego, le falta un plan, cubrir su déficit fiscal si no vamos a caer en lo mismo”.
Y advirtió: “Por lo tanto es solamente celebrar un acuerdo de cara al futuro. El futuro empieza mañana y mañana el Presidente tiene que presentar un plan, si no hay plan, si seguimos sosteniendo un déficit de 8, 9, 10 puntos del PBI no nos va a servir. Por lo tanto es una buena noticia, necesaria, pero hay que trabajar y el gobierno tiene que exponer su plan que hasta ahora no lo hizo”.
El vicepresidente de la Comisión de Finanzas, Luis Pastori destacó que “es una buena noticia para el país. A pesar de que se demoró bastante, es positivo el acuerdo”.
En tanto Álvaro de Lamadrid sostuvo que “el acuerdo por la deuda evitó el default y aislarnos, eso hubiera generado más pobreza. El mundo conspiró para que el país llegue a este acuerdo, ya era una locura no arreglar. Falta atraer inversiones, para ello se necesita crédito. Avanzar con la Reforma Judicial sería otro default”.
El diputado Fabio Quetglas afirmó: “Es bueno que Argentina haya alcanzado un acuerdo que le permita reestructurar su deuda con los tenedores de bonos. Ahora, se abre el debate sobre nuestro programa económico y la también necesaria reprogramación de deuda con el FMI”.
“Al respecto -agregó-, es útil saber que ya en 1946 (B.O del 26 de Junio), el 1er gobierno peronista solicitó (sin éxito en ese momento), la incorporación del país a dicho organismo, y se manifestó en términos elogiosos a su rol. El gobierno de la Nación Argentina no puede permanecer indiferente a la reorganización financiera internacional de la comunidad de naciones de que forma parte; ha sido su norma de conducta cooperar con los organismos internacionales”.
En un plenario de las comisiones de Presupuesto y Finanzas, la iniciativa del Ejecutivo obtuvo dictamen favorable con apoyo de todos los bloques.
El proyecto de sostenibilidad de la deuda bajo legislación local, que apunta a darle a los tenedores el mismo trato que aquellos que optaron por la legislación extranjera, recibió dictamen favorable con apoyo de todos los bloques y este martes se tratará en el recinto de la Cámara de Diputados.
La iniciativa avanzó en un plenario exprés de las comisiones de Presupuesto y Finanzas, luego de una videoconferencia entre los diputados del Frente de Todos y el ministro de Hacienda, Martín Guzmán, quien brindó detalles del texto.
Al abrir la reunión virtual, el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, explicó que los tenedores de títulos elegibles que no adhieran a la invitación a canjear continuarían sus pagos diferidos hasta el 31 de diciembre de 2021.
El legislador informó que el monto global alcanzado por esta parte de la reestructuración de la deuda es de 41.714 millones de dólares, y el objetivo es “darle a quienes aceptaron tomar deuda en moneda extranjera bajo legislación argentina el mismo trato que obtengan quienes hayan elegido la legislación extranjera”.
Esto, resaltó, “tiene un valor simbólico hacia adelante, porque quienes confiaron en la legislación nacional no van a resultar perjudicados”.
Asimismo, Heller detalló que “la tasa de interés promedio de estas colocaciones” bajará del 7,58%, al 2,39%. “Está clara la magnitud del ahorro que esto significará para el Estado nacional”, afirmó, y agregó que “la vida promedio de la deuda como está perfilada actualmente es de cinco años, y con esta propuesta será de algo más de diez años”.
Por último, el oficialista señaló que “los pagos para el 2020-2024, de acuerdo a lo que está firmado de este tramo de deuda, serían por 32.400 millones de dólares, y de acuerdo a la propuesta solo se desembolsarían 2.152 millones de dólares”.
“Se está avanzando en la dirección correcta y pedimos el acompañamiento de todas las fuerzas políticas para lograr una reestructuración integral de la deuda y que quede un sendero de sostenibilidad, fundamental para encarar cualquier programa de desarrollo y crecimiento con inclusión social”, sostuvo.
En tanto, Fernanda Vallejos, presidenta de la Comisión de Finanzas, destacó el apoyo unánime del proyecto en el Senado, y aseguró que “eso nos da un marco para el debate” en Diputados.
Vallejos puntualizó que “el valor nominal de los bonos que están sujetos a este canje equivale a aproximadamente el 13% de la deuda total, a lo que hay que sumar los intereses a pagar sujetos a reestructuración”.
“Se promueve un tratamiento equitativo de los títulos emitidos bajo ley nacional y extranjera. Esto es sumamente positivo para el fortalecimiento de un mercado en moneda nacional al que todos aspiramos”, afirmó.
En esa línea, advirtió que “el perfil de la deuda que se intenta renegociar es realmente muy complicado, aun sin considerar la deuda con el FMI”.
Desde la UCR, Alejandro Cacace coincidió en que “es importante la igualdad de trato”, pero consideró que el artículo tercero del proyecto “no implicaría exactamente” eso, ya que “los procesos de reestructuración son por lo general voluntarios” y “acá se ha optado por un mecanismo de reperfilamiento automático”.
“Le estamos diciendo a los tenedores que a aquel que no entre al canje se le va a reperfilar la deuda automáticamente al 31 de diciembre de 2021, que es un año más, con lo cual tienen allí una pérdida patrimonial, y eso hace que no sea voluntario el trato”, alertó el radical.
En tanto, se preguntó “qué va a ocurrir con la deuda que está en manos de los organismos públicos”, como el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), que “tiene bonos en dólares que son el 42% de toda su cartera en dólares; prácticamente 10.000 millones de dólares en bonos bajo ley local del FGS, que de asignársele esta alternativa sufriría una pérdida patrimonial muy importante del dinero de nuestros jubilados”.
Por otro lado, reclamó la presencia del ministro de Hacienda, Martín Guzmán, “para atender a las inquietudes de los diputados de todos los bloques, no solo del oficialismo”, en alusión a la videoconferencia previa que mantuvo el funcionario con el bloque del Frente de Todos.
Luciano Laspina (Pro) consideró una “buena señal” el trato igualitario a los acreedores. “La legislación local ha sido históricamente muy maltratada en Argentina, y con esta ley estamos reivindicando la fortaleza de la legislación local, al menos en relación a la legislación extranjera”, concedió.
Laspina observó, al igual que Cacace, que “hay observaciones técnicas, pero de ningún caso pueden obstaculizar el objetivo más importante, que es el de darle un tratamiento igualitario a ambas legislaciones”.
Por su parte, Jorge Sarghini (Consenso Federal) calificó el proyecto como “altamente positivo”, al considerar que “es rigurosamente bueno que se le dé un tratamiento equitativo a quienes tomaron deuda bajo ley nacional y se los equipare a lo que se les ha ofrecido a los que están bajo ley de Nueva York”.
“Somos absolutamente conscientes de que estos avances, que hoy pueden parecer neutrales, no van a ser neutrales cuando de a poco nuestra economía empiece a tomar cierta normalidad”, dijo.
Al inicio de la reunión conjunta, Heller confirmó que tras una videoconferencia con Guzmán, se decidió que el Frente de Todos dará marcha atrás, por el momento, con el IVA del 10,5% sobre la leche, una modificación que se proponía en el proyecto de ley de ampliación presupuestaria.
“El Poder Ejecutivo está analizando una serie de cuestiones que tienen que ver con cambios en materia impositiva, y en función de esos cambios pidieron que saquemos de consideración el tema del IVA a la leche, que había generado una discusión. Por lo tanto, nuestra decisión es sacar ese tema”, confirmó Heller.
“Ustedes dijeron que no tenían plan económico, no lo dijimos nosotros”, reprochó el jefe del interbloque Juntos por el Cambio. Acompañó al Gobierno en la negociación de la deuda.
El jefe del interbloque de diputados de Juntos por el Cambio, Mario Negri, advirtió al cierre de la sesión informativa de este jueves que el presidente Alberto Fernández se negó a “pensar la post-pandemia” y que además reconoció la inexistencia de un plan económico.
“Le pedimos al presidente que convoque a pensar la post-pandemia y no quiso hacerlo. En la última reunión nos dijo que tenía un plan, pero no lo comunicó”, cuestionó Negri durante la presentación del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.
El cordobés recordó que al inicio de la pandemia, Juntos por el Cambio acompañó a Fernández “como correspondía”.
“Me duele que quieran hablar del pasado, que es infinito. El pasado se terminó, me interesa hablar del presente y el futuro que nos compromete a todos”, planteó.
En tanto, le reclamó “ejemplaridad” al Gobierno y sostuvo que ese “es el mejor antídoto contra el odio” del que habló Cafiero en su discurso.
“No es una carrera por decir quién insulta, pero si tenés dirigentes sociales o gremiales que piden que se fusile a un expresidente en Plaza de Mayo, ¿no sería bueno que el actual presidente diga que no es ese el camino? ¿O acaso está bien que el jefe de Gabinete diga que si gobernaba el presidente anterior habría un genocidio por la administración de la pandemia?”, se preguntó.
Por otra parte, expresó: “Esperemos que se resuelva el tema de la deuda. Cada uno debe asumir su pedazo de responsabilidad. El 40% son bonos en reestructuración de 2005 y 2010, no vienen de (el gobierno de Mauricio) Macri”.
Negri alertó que como consecuencia de la pandemia, la economía caerá “dos dígitos” este año, produciendo “un salto de 16 años hacia atrás”, y además “se perderán el 10% de las pymes y un millón de empleos, la pobreza trepará al 50% y uno de cada dos argentinos será pobre”.
“Ustedes dijeron que no tenían plan económico, no lo dijimos nosotros. Cruzamos los dedos para que el Gobierno arregle la deuda”, insistió.
Por último, reclamó que “las instituciones funcionen con normalidad”. “Que no tenga que venir un jefe de Gabinete joven a llevarse el 100% de las partidas del Presupuesto. Dejen que los controlemos. Nunca ningún funcionario convocado por la Justicia puede tomar el Estado para defenderse, agarrar el Estado como herramienta para salvarse de los requerimientos de la Justicia”, concluyó.
La iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo fue avalada por unanimidad en la sesión de este jueves. Fuertes reproches entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio durante el debate.
El proyecto de restauración de la sostenibilidad de la deuda emitida bajo ley argentina, enviado por el Poder Ejecutivo, fue aprobado en el Senado por unanimidad (67 votos). Ahora, será el turno de la Cámara de Diputados.
La iniciativa propone un tratamiento similar a la oferta realizada a los acreedores bajo ley extranjera. Se trata de títulos públicos por un monto de 41.714 millones de dólares.
De acuerdo al proyecto, los tenedores de títulos elegibles que no adhieran a la invitación a canjear continuarán con sus pagos diferidos hasta el 31 de diciembre de 2021.
Será el Ministerio de Economía el que tendrá las facultades para realizar los actos y/o contrataciones necesarios tendientes al cumplimiento de la ley, como así también para dictar toda norma complementaria y de implementación.
La propuesta también indica que el Poder Ejecutivo deberá remitir al Congreso un informe con los resultados de la operación de canje, dentro de los 90 días de liquidada la operación.
El debate, marcado por reproches
Miembro informante del oficialismo, Carlos Caserio señaló que “esta renegociación de deuda que estamos tratando hoy es un 34% de la ley total”. Y sostuvo que lo que se busca es que “esta negociación sea compatible con el sendero de superávits primarios que el Ministerio de Economía proyecta para el desarrollo de la vida económica de los argentinos”.
“Estamos convencidos que el único modo de pagar esta deuda es creciendo”, dijo el oficialista y detalló que “hoy el promedio de estos bonos tiene un 7,58% de interés, y la propuesta lo va a llevar a 2,39%”. “Si miramos los pagos desde este año al 2024, hubiesen correspondido cubrir antes de la negociación un total de 32.400 millones de dólares, y vamos a estar cubriendo luego de la negociación 2.152 millones de dólares”, agregó.
Además, el cordobés precisó que “si vemos el perfil de los pagos y sumamos esta deuda de la que estamos hablando con la deuda de los bonistas sobre ley extranjera, estaríamos hablando de un alivio financiero para el período 2021-2029 de 58 mil millones de dólares”.
A continuación, el radical Martín Lousteau enfatizó que “es importante el tratamiento igualitario porque si no, como en muchas ocasiones en el pasado, aquellos inversores locales o aquellos que confían en la legislación local terminan siendo el pato de la boda y la variable de ajuste, entre otras muchas variables de ajuste a las que los somete el Estado argentino: a veces son devaluaciones, corralitos, cepos, reperfilamientos, default, etc.”.
El porteño aseguró que “cualquiera sea el motivo” por el cual el Gobierno envió al Congreso el proyecto, “lo vamos a apoyar, porque lo que estamos haciendo es fortalecer la cara negociadora de la Argentina frente a sus acreedores extranjeros”.
“Pero también creemos que aunque no es necesario, es bueno que se traiga al Congreso, que se trate en sus ámbitos naturales la deuda externa”, subrayó y añadió: “Naturalmente apoyamos la renegociación de la Argentina, esperamos que el resultado del canje sea positivo. Y que sea positivo tanto en términos de la sustentabilidad futura de la deuda, como en términos del acceso futuro a los mercados, y esto es muy importante porque Argentina va a tener este año, producto de la pandemia, una caída de 8 o 10 puntos del PBI, va a tener vencimientos importantes, y a pesar de la reestructuración, vamos a tener una deuda PBI muy cercana al 90% o 95%”.
Por su parte, el oficialista Maurice Closs enfatizó que este proyecto “busca resolver los problemas de un default heredado, y busca hacerlo con criterio, no resolver por resolver”. Además, sostuvo que el objetivo es “cuidar y generar un mercado”.
El misionero consideró que hay que “en algún caso encontrar a los responsables” del endeudamiento del país y aclaró que “esto no es agigantar la grieta”. “En muy poco tiempo se endeudó cuantitativa y cualitativamente muy mal a la Argentina, y lo hizo el expresidente (Mauricio Macri)”, cargó, además de remarcar que es un “peligro” endeudarse “bajo legislación extranjera” y “la deuda que tomó el gobierno anterior fue plenamente bajo legislación extranjera y eso no es común en la mayoría de los países”.
Por el contrario, el sanjuanino Roberto Basualdo manifestó que en Argentina “la gente desconfía” y “esa culpa la tenemos todos los dirigentes políticos”. Para el aliado de Juntos por el Cambio lo que hay que hacer “es decirle basta déficit; si nosotros bajamos el déficit vamos a tener confianza y los argentinos van a invertir”. “Con los argentinos que le presten su propia plata al país, con eso pagaríamos todo”, opinó.
Apuntando contra el gobierno anterior, el neuquino Oscar Parrilli manifestó que “no somos todos iguales y no todos tenemos la misma responsabilidad”. “En el 2003, cuando Néstor Kirchner asumió, la deuda total superaba entre el 166% y 170% del PBI. Cuando usted (dirigiéndose a Cristina Kirchner) dejó el gobierno en diciembre de 2015, llegaba al 42%, 43%, del cual solo el 14% era deuda en dólares”, recordó.
Y puntualizó entonces que, durante la gestión de Mauricio Macri, la deuda “llegó casi al 90% del PBI, y de ese 13% que era deuda en dólares hoy representa el 70%”.
“Después de todo lo que hicieron lo menos que pueden hacer es apoyar al gobierno de Alberto Fernández para que reestructure de la mejor manera el desastre que ellos dejaron”, completó.
Muy dura también se expresó Anabel Fernández Sagasti, quien advirtió que “por más presiones que haya por parte de minorías de debilitar al Gobierno, por este Congreso no va a pasar ninguna otra ley que otorgue un peso o un dólar más a nuestros acreedores poniendo en jaque el futuro de los argentinos”.
La mendocina indicó que hubo “dos grandes momentos en los últimos cuatro años que generaron un incremento exponencial, irresponsable, de la deuda pública argentina y también un cambio de composición”, como fue el pago a los fondos buitre y el préstamo con el Fondo Monetario Internacional.
“¿Saben por qué dedican todo el tiempo del mundo para hablar del gobierno de Macri y del endeudamiento de Macri? ¡Para tapar su inoperancia, porque ustedes deberían mirar para adentro!“, estalló el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff.
En el tramo final del debate, el radical alertó que “la vicepresidenta marca la cancha” y hay “un presidente débil”, lo que genera “tensión en el seno del Gobierno”. “Cuando el presidente convoca a un grupo de empresarios al diálogo, la presidenta del Senado, la vicepresidenta, que no es un personaje menor sino que lidera el espacio, con un tuit marcha la cancha y expresa claramente para dónde tiene que ir la Argentina”, disparó.
Para el formoseño, hay “dos posiciones filosóficas absolutamente encontradas en materia económica” y, por eso, se ven “enormes contradicciones, idas y vueltas, marchas y contramarchas”.
“Hay una adicción al relato y la deuda es un relato sistemático”, se quejó y consideró que el Gobierno “no tiene prácticamente nada para exhibir” en estos siete meses de gestión.
Último orador, el titular del bloque oficialista, José Mayans, también recurrió a las cifras comparativas entre el kirchnerismo y el macrismo: señaló que mientras en los gobiernos K el PBI alcanzó los “620 mil millones de dólares, un récord en PBI”, la deuda era de “222 mil millones de dólares”; en tanto, en el gobierno anterior el PBI tuvo “una caída estrepitosa, brutal, tremenda por debajo de los 400 mil millones de dólares y la deuda en 322 mil millones de dólares”.
“La política económica de Macri fracasó rotundamente. Nosotros tenemos que decirle a la gente por qué van a pagar 100 años. Y no hay que ofenderse”, continuó el formoseño y lanzó que el modelo de Cambiemos “fue un modelo de especulación, usura, corrupción, robo y hambre para el pueblo argentino”.
Antes de la votación, Carlos Caserio informó que se aceptó una modificación al texto referida a la cláusula RUFO, planteada durante la discusión en comisión por Martín Lousteau.
Además, la Cámara alta buscará aprobar y girar a Diputados el proyecto de reestructuración de la deuda local, enviado por el Gobierno.
El Senado realiza desde las 14.33 una nueva sesión virtual, en la que el oficialismo buscará sancionar la ley que regula la modalidad de teletrabajo, cuestionada en algunos aspectos por el sector empresario.
En rechazo a que no se le hayan introducido modificaciones al texto que vino desde la Cámara de Diputados, el interbloque Juntos por el Cambio no acompañará la iniciativa.
Previo a la sesión, la senadora radical Pamela Verasay señaló que el proyecto “ha generado gran controversia y malestar en diferentes sectores”, como federaciones empresarias y de emprendedores.
En ese sentido, remarcó que se “expresaron críticas al exceso de regulación, el desaliento al teletrabajo por la marcada diferenciación entre quien trabaja presencialmente con quien trabaja de forma remota, la reversibilidad unilateral que puede afectar a pequeñas empresas y la generación de un registro burocrático de teletrabajadores, que también afectará más a las empresas medianas y pequeñas”.
Pese a que desde JxC se propusieron cambios, en comisión el oficialismo impuso su dictamen de mayoría tal y como estaba el texto que se aprobó en la Cámara baja.
La iniciativa no fomenta el teletrabajo, sino que establece presupuestos legales mínimos para esta modalidad -extendida con la pandemia del Covid-19- y delega las regulaciones específicas en los convenios colectivos de cada actividad.
La futura ley -que a pedido del sector empresario entrará en vigencia recién 90 días después de que finalice el aislamiento obligatorio– modifica la Ley de Contrato de Trabajo incorporando una serie de principios generales.
En primer lugar, se garantiza que la remuneración recibida por el teletrabajador no podrá ser menor a la que percibe un empleado que realiza sus tareas en modo presencial.
El trabajador podrá prestar su consentimiento para el teletrabajo de forma voluntaria y por escrito, y tendrá la posibilidad de revertirlo en cualquier momento de la relación contractual, si es que desea volver a las tareas presenciales.
Este último punto fue uno de los más rechazados por el sector empleador, que reclamó que la reversibilidad sea bilateral y haya un plazo de pre-aviso.
El proyecto considera además el derecho a la desconexión digital, equivalente al tiempo de descanso; y se contemplan las tareas de cuidado de menores de 13 años, personas mayores o con discapacidad.
Además, el empleador deberá proveer los elementos de trabajo -software, hardware y otros-, y en caso de que el trabajador incurra en gastos extra, tendrá acceso a una compensación económica.
Por otra parte, el Senado buscará darle media sanción al proyecto de ley para reestructurar la deuda bajo legislación local, enviado por el Poder Ejecutivo, que propone un tratamiento similar a la oferta realizada a los acreedores bajo ley extranjera. De acuerdo a la iniciativa, se trata de títulos por unos 41.714 millones de dólares.
El oficialismo se había comprometido a, si el Ministerio de Economía así lo aceptaba, modificar a propuesta de Juntos por el Cambio una redacción referida a la cláusula RUFO.
Cristina Kirchner convocó a sesionar este jueves con ambos proyectos en el temario. La oposición ya formuló objeciones.
El Senado volverá a sesionar este jueves de manera virtual, a partir de las 14, para tratar dos proyectos relevantes: la regulación del teletrabajo y la ley de sostenibilidad de la deuda externa bajo legislación local.
El decreto de convocatoria fue firmado este martes por la vicepresidenta Cristina Kirchner, e incluye además una serie de pedidos de acuerdo.
El proyecto de teletrabajo obtuvo dictamen favorable el miércoles pasado y el oficialismo buscará sancionar sin cambios el texto aprobado en la Cámara de Diputados, a pesar de algunas objeciones formuladas por Juntos por el Cambio.
La iniciativa no fomenta el teletrabajo, sino que establece presupuestos legales mínimos para esta modalidad -extendida con la pandemia del Covid-19- y delega las regulaciones específicas en los convenios colectivos de cada actividad.
La futura ley -que a pedido del sector empresario entrará en vigencia recién 90 días después de que finalice el aislamiento obligatorio– modifica la Ley de Contrato de Trabajo incorporando una serie de principios generales.
En primer lugar, se garantiza que la remuneración recibida por el teletrabajador no podrá ser menor a la que percibe un empleado que realiza sus tareas en modo presencial.
El trabajador podrá prestar su consentimiento para el teletrabajo de forma voluntaria y por escrito, y tendrá la posibilidad de revertirlo en cualquier momento de la relación contractual, si es que desea volver a las tareas presenciales.
Este último punto fue uno de los que cosechó mayores dudas, y hubo un planteo de la oposición para que la reversibilidad sea bilateral y haya un plazo de pre-aviso.
El proyecto considera además el derecho a la desconexión digital, equivalente al tiempo de descanso; y se contemplan las tareas de cuidado de menores de 14 años, personas mayores o con discapacidad.
Además, el empleador deberá proveer los elementos de trabajo -software, hardware y otros-, y en caso de que el trabajador incurra en gastos extra, tendrá acceso a una compensación económica.
Durante la discusión en la Comisión de Trabajo y Previsión Social, representantes del sector empresario cuestionaron estas regulaciones, pero el Frente de Todos decidió avanzar para que “haya ley lo antes posible”.
En cuanto al proyecto para reestructurar la deuda bajo legislación local, enviado por el Poder Ejecutivo, propone un tratamiento similar a la oferta realizada a los acreedores bajo ley extranjera.
Cuando se produjo el debate en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Juntos por el Cambio manifestó su acompañamiento, pero firmó dictamen en disidencia parcial, a raíz de que no se haya aceptado esperar una semana más para afinar la redacción de la iniciativa.
Reparos de Consenso Federal por la ampliación del Presupuesto que se analizará este martes en Diputados.
La diputada nacional Graciela Camaño anticipó reparos hacia un artículo puntual del proyecto amplía el presupuesto 2020.
“Rechazamos la dolarización de la deuda en pesos”, tuiteó este martes la diputada de Consenso Federal con relación al proyecto que se discutirá este martes en la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
Camaño señaló que “el Gobierno pretende aprobar, a las apuradas, un proyecto de ampliación presupuestaria que contiene una CONVERSIÓN DE DEUDA EN PESOS A DEUDA EN DÓLARES. Rechazamos de plano esa medida”.
“Se trata de una decisión que va en sentido contrario a lo que debería ser, en particular en un contexto de severa restricción de disponibilidad de dólares”, precisó la diputada Graciela Camaño.
Tras la exposición de funcionarios del Ministerio de Economía, el oficialismo pasó a la firma el dictamen. Juntos por el Cambio expresó sus disidencias parciales, a raíz de que no se espere una semana más para afinar la redacción.
El Frente de Todos en el Senado avanzó este martes con el proyecto de ley para reestructurar la deuda bajo legislación local, enviado por el Poder Ejecutivo, que propone un tratamiento similar a la oferta realizada a los acreedores bajo ley extranjera.
Los legisladores de Juntos por el Cambio manifestaron su acompañamiento al tema, pero anunciaron que firmarían el dictamen con disidencias parciales, a raíz de que no se haya aceptado esperar una semana más para afinar la redacción de la iniciativa.
Luego de la presentación de funcionarios del Ministerio de Economía, el jefe de la bancada oficialista, José Mayans, consideró que este “es un tema estratégico para la economía del país” y “es central arreglar el tema de la deuda” antes de “empezar con el tema presupuestario”. En ese sentido, y asegurando que hay en torno a la cuestión “muchas especulaciones”, sostuvo que “la respuesta del Parlamento tiene que ser inmediata” y pidió emitir dictamen.
Desde JxC, el radical Martín Lousteau expresó: “Yo entiendo que se trata de un tema vital para el futuro de la Argentina, pero también entiendo que estamos hablando de un universo de 42 mil millones de dólares distribuidos en un montón de tenedores argentinos, organismos del sector público”.
“Lo que hagamos nosotros, si está bien o mal hecho, puede condicionar de una u otra manera la reestructuración de deuda extranjera”, advirtió y, tras señalar que el proyecto ingresó “hace muy poco”, explicó: “En la exposición detectamos algunas falencias, por ejemplo el de la cláusula RUFO, que es importante porque, supongamos que sancionamos la ley, y la invitación al canje ocurre después. Si entre que nosotros empezamos a tratar la ley, la sancionamos y la invitación al canje, hay otra mejora en la oferta a los tenedores extranjeros, entonces los tenedores locales no estarían contemplados, estarían desfavorecidos”.
Por eso, pidió “tener una redacción trabajada como corresponde, en conjunto con el Ministerio de Economía” y despachar la iniciativa la semana próxima.
Sin embargo, el presidente de la comisión, el cordobés Carlos Caserio, ratificó la voluntad del oficialismo de avanzar con el dictamen y manifestó el “compromiso” de que, si en el Ministerio de Economía consideran esta modificación, “nosotros el día de la sesión estamos dispuestos a incorporarlo”.
La exposición de los funcionarios
A la reunión de este martes asistieron -de manera remota- Diego Bastourre, secretario de Finanzas; Ramiro Tossi, subsecretario de Financiamiento; y Sergio Chodos, director por el Cono Sur ante el Directorio del FMI.
Bastourre arrancó detallando los antecedentes de esta ley que fijó en tres decretos, comenzando por el 346, del 4 de abril, que estableció el diferimiento de los pagos de toda la deuda pública nacional bajo legislación argentina, de títulos denominados en dólares pero pagaderos en pesos. El mismo estableció el diferimiento de pagos hasta el 31 de diciembre del presente año.
Otro decreto es el 391, donde se aprueba la reestructuración de los títulos emitidos bajo ley extranjera mediante una invitación al canje de títulos. El secretario explicó que se brindó una cantidad de títulos que ingresaban a esa oferta de canje y se establecieron también las bases para la emisión de los nuevos títulos.
“Ese es el antecedente del último decreto, el 582, donde se aprueba la enmienda a la propuesta que había sido iniciada por el decreto 391 -precisó-. Es el que establece el marco de la oferta vigente y sobre esa base hemos planteado los términos y condiciones para lo que es esta operación que hoy venimos a pedir autorización para llevar adelante”.
El funcionario defendió el proyecto como “una oferta que está diseñada en sintonía, en un marco de equidad con la propuesta que la República tiene vigente en el marco del decreto 58”. “Vamos a permitir que aquellos inversores que deseen cambiar sus tenencias por títulos en dólares, puedan optar por instrumentos en pesos, por títulos ajustables en CER”, continuó.
¿Qué títulos entran bajo esta ley? “Son títulos denominados en dólares y algunos también denominados en dólares pero pagaderos en pesos. Hay un artículo que establece que para aquellos que no deseen participar en la oferta, vamos a diferir los pagos hasta el 31 de diciembre 2020”, detalló y agregó que “estamos planteando un informe final que nos comprometemos a presentar en 90 días una vez finalizada la operación”.
Por otra parte, Bastourre señaló que aquellos tenedores de títulos elegibles podrán optar según un menú de opciones. ¿Cuál es la familia de títulos elegibles? Suma en su totalidad 41.714 millones de dólares. “Van a notar que el monto que figura en el proyecto es 45.818 millones de dólares, y acá hay una pequeña salvedad -apuntó-. Es que la semana pasada condujimos una operación de administración de pasivos que nos permitió el canje de distintas letras y bonos y dos notas que fueron pesificadas, por 4.108 millones de dólares. Así que hicimos esta operación que reduce el monto total de la operación”.
A la hora de hablar de los intereses, el secretario explicó que “dependiendo de la fecha original de cada vencimiento, se va acumulando una cantidad de intereses que fueron diferidos. Lo que planteamos es el mismo tratamiento; reconocer esos intereses a partir de la emisión de un nuevo título, con vencimiento 2030, que se haría en ocho cuotas amortizables, con una tasa de interés del 1%”.
Agregó que “independientemente de cuál es el título de entrada, el interés se va a reconocer en un único bono, lo que facilita la liquidez para el inversor”.
En su exposición, Bastourre hizo hincapié en los incentivos para atraer a los bonistas. Al detallarlos, indicó la determinación de un período de participación temprana, que va a estar ligada a un incentivo, que se alinea con los intereses devengados en cada capítulo.
“Aquel tenedor que participe de la oferta en un período de participación temprana, va a tener sus intereses devengados en su bono correspondiente hasta el 4 de septiembre; los que participen después, van a tener un reconocimiento de los intereses devengados, pero solo hasta el día 6 de abril. Entonces se establece una ventana de unos 4 meses de mayor reconocimiento de intereses por parte del sector público como incentivo a aquellos que voten afirmativamente la propuesta”, dijo.
“¿Por qué 6 de abril?”, se preguntó, respondiendo: “Porque es esa fecha en la que se resolvió discontinuar los pagos de legislación local con el decreto 346”.
Respecto al pago de intereses, los primeros pagos se harían desde el 2021 y el primer pago se plantearía para septiembre; y en el caso de los instrumentos en pesos, habría un pago en mayo para incentivar esa excepcionalidad. Los pagos en capital, dependen de cuáles sean los instrumentos de salida, que comienzan a pagar capital en 2025.
Más adelante, el funcionario remarcó una particularidad de la reestructuración, que figura en el artículo 3°. Allí “prevemos un mecanismo a través del cual se van a poder evitar litigios, pensamos, gente que por alguna razón no pudo ingresar, porque no se enteró, o porque estaba en una sucesión, o algo así, que tienen voluntad, pero que por distintas razones no alcanzan a ingresar. No van a tener el incentivo de los intereses, pero la autoridad de aplicación, el Ministerio de Economía, va a tener la facultad de ir recibiendo esas ofertas, y en vistas de ese procedimiento van a poder acceder a esta oferta en algún punto futuro”, sostuvo.
“Esperamos que ese mecanismo de premios y castigos nos ayude a lidiar con los remanentes, ya que no existe la cláusula de acción colectiva, ese mecanismo no está vigente en este caso”, añadió.
Por otra parte, subrayó otra particularidad, la que tiene que ver con los derechos a los que acceden los que aceptan, derecho que tendrán los acreedores a mejoras hipotéticas futuras que pudiera hacer el Estado a futuro a los tenedores de la ley externa. “Si entre el 4 de septiembre y 5 años después, la República voluntariamente diera una mejora financiera a la propuesta, los que acepten esta propuesta van a tener derecho a esa mejora equivalente”, apuntó.
Sobre el final de su explicación, Bastourre detalló la composición de la deuda pública. Contó que “el universo del endeudamiento a diciembre de 2019 totalizaba 323 millones de dólares, en la actualización más reciente se compone con un 14% de la deuda del Fondo Monetario; casi 10% con otros organismos multilaterales y bilaterales; deuda bajo legislación extranjera, 21%, no es la porción más sustantiva; bajo ley local, 34%, no toda corresponde a este proyecto alcanzada, y después deuda en pesos, 22% de la deuda local”.
A la hora de la intervención de los senadores, el economista Martín Lousteau celebró la “autolimitación” que impone el proyecto, por cuanto -dijo- “esperábamos que el tenedor local iba a ser sometido a una ley diferencial y peor, así que nos parece que este proyecto de ley es positivo desde el punto de vista de la autolimitación para tratar al tenedor y al inversor local de la misma manera que va a tratar al inversor extranjero, porque en general ese no ha sido el caso en la Argentina, que ajusta al tenedor local porque tenemos más instrumentos jurídicos acá para imponerle otro tipo de tratamiento”.
“Con respecto al espíritu, estamos de acuerdo”, señaló Lousteau, que expresó una serie de dudas, entre ellas la redacción de la cláusula RUFO, que sugirió hacer más clara. En ese sentido recomendó redactarla poniendo “desde la sanción de la presente”, ya que no está clara todavía la fecha de invitación al canje. Bastourre se mostró abierto a introducir una modificación, “a los efectos de redactarla de alguna mejor manera. Podríamos trabajar en una redacción alternativa”, admitió.
La Comisión de Presupuesto analizará con autoridades el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo para negociar la deuda en las mismas condiciones que aquella que se encuentra bajo legislación extranjera.
El proyecto de ley de restauración de la sostenibilidad de la deuda pública emitida bajo legislación local, que propone un tratamiento similar a la oferta realizada a los acreedores bajo ley extranjera, comenzará a ser debatido este martes en la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado.
El texto, enviado por el Poder Ejecutivo el jueves pasado, será tratado en la comisión que preside Carlos Caserio (Frente de Todos) con la participación de funcionarios, en una reunión informativa virtual convocada para las 14.
Del encuentro participarán Diego Bastourre, secretario de Finanzas de la Nación; Ramiro Tossi, subsecretario de Financiamiento; y Sergio Chodos, director por el Cono Sur ante el Directorio del FMI.
El viernes pasado, tras el ingreso del proyecto, representantes del bloque oficialista, que preside José Mayans, mantuvieron un contacto vía Zoom con el ministro de Economía, Martín Guzmán, quien explicó detalles de la iniciativa.
El proyecto consta de ocho artículos y una serie de anexos en los que se detallan las características de los bonos a ser elegidos, y establece además que los tenedores de títulos elegibles que no adhieran a la invitación a canjear continuarán con sus pagos diferidos hasta el 31 de diciembre de 2021.
MENSAJE-N°-46-2020-1La iniciativa, que consta de ocho artículos, ingresó por el Senado. El Ejecutivo propone un tratamiento similar a la renegociación de la deuda bajo ley extranjera.
El Gobierno nacional envió al Congreso este jueves el proyecto de ley para reestructurar la deuda local, con el objetivo de darle un tratamiento similar a la renegociación de la deuda bajo ley extranjera.
La iniciativa, que ingresó por el Senado, consta de ocho artículos y dispone, “con base en la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva”, la reestructuración de los títulos emitidos en dólares pero bajo la ley argentina.
De acuerdo al texto, los tenedores de los títulos denominados “elegibles” que no adhieran a la invitación a canjear continuarán con sus pagos diferidos hasta el 31 de diciembre de 2021.
Y agrega: “Una vez liquidada la operación aprobada por el artículo 1°, los tenedores de estos Títulos Elegibles que a esa fecha no hubieran adherido, podrán canjearlos en los términos de la presente ley mediante notificación dirigida a la Autoridad de Aplicación”, que será el Ministerio de Economía.
La cartera que conduce Martín Guzmán quedará facultada “para realizar todos los actos y/o contrataciones necesarios” tendientes al cumplimiento de la norma, como así también “para dictar toda norma complementaria y de implementación”.
Otro de los artículos indica que el Poder Ejecutivo deberá remitir al Congreso “un informe con los resultados de la operación dispuesta dentro de los 90 días de liquidada la operación”.
En los argumentos de la propuesta, el Gobierno señaló que esta iniciativa se diseñó “en consonancia con la oferta efectuada para los tenedores de títulos públicos emitidos bajo legislación extranjera”.
“El marco macroeconómico sobre el que la propuesta se ha sustentado presenta una secuencia progresiva de condiciones para tranquilizar la economía y ampliar el horizonte de planificación, de modo que las decisiones de los individuos y las empresas comiencen a operar en condiciones estables”, se agregó.
Además, en los considerandos se indicó que “el volumen de deuda y la tasa de interés promedio que surge de la reestructuración, en uno y otro caso, es compatible con el sendero de superávits primarios que se plantean en el escenario, de manera que en el largo plazo las relaciones de deuda a producto de la economía se estabilicen, garantizando la sostenibilidad”.
“La consolidación fiscal gradual es económica y socialmente soportable y encuentra su basamento en la necesidad de atender requerimientos sociales urgentes, producto tanto de la emergencia económica como de los gastos extraordinarios originados en el brote de Covid-19, que a su vez tendrá un fuerte impacto en los recursos públicos”, se sostuvo.
Y se remarcó que la propuesta incorpora incluso “opciones en pesos para determinados instrumentos elegibles, con lo que también preserva los objetivos de sostenibilidad de la deuda pública aliviando las restricciones de mediano y largo plazo devenidas de la actual carga de la deuda”.
Así lo informó Mercedes Marcó del Pont, titular de la AFIP, ante la Comisión de Presupuesto. “Es una moratoria generosa y equitativa para todos los actores económicos y sociales”, dijo.
La titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, precisó este jueves ante la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados que la moratoria universal propuesta por el Poder Ejecutivo alcanzará una deuda total de 534.000 millones de pesos, un monto “equivalente a casi la cuarta parte de todo el crédito financiero al sector privado”.
Al participar de la reunión informativa que dio inicio al debate, Marcó del Pont detalló los aspectos principales del proyecto oficial y recordó que es una ampliación de la moratoria aprobada en diciembre con la Ley de Solidaridad Social.
“El problema del estrangulamiento financiero se generaliza al conjunto del entramado productivo, a las pequeñas, medianas y grandes empresas, pero también al conjunto de personas físicas, monotributistas y autónomos que no tenían el Certificado MiPyME y no habían entrado en la moratoria” anterior, explicó.
La funcionaria destacó que la nueva moratoria es “generosa y equitativa para todos los actores económicos y sociales”.
En ese sentido, resaltó que abarca una deuda total de 534.000 millones de pesos, incluyendo “la deuda que no se está pagando y la que sí esta regularizada con algún tipo de plan”. “Esta deuda es equivalente a casi la cuarta parte de todo el crédito financiero al sector privado”, agregó.
Además, Marcó del Pont mencionó que la deuda exigible se concentra en un 30% en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; un 26% en provincia de Buenos Aires; un 7.3% en Santa Fe; un 6,8% en Córdoba; y un 4,2% en Mendoza, entre otros distritos. “La situación de endeudamiento con el fisco es relevante en casi todas las provincias”, dijo.
Por otra parte, la titular del ente recaudador señaló que “hay deudores con mayor espalda y otros deudores más débiles, por eso distinguimos entre las condiciones para pequeñas, micro, medianas y grandes empresas”.
En esa línea, indicó que “por primera vez en una moratoria se les exige a las grandes empresas que a cambio de los beneficios que van a recibir asuman compromisos concretos”, como por ejemplo “que por dos ejercicios fiscales no distribuyan utilidades, que no realicen pagos al exterior y que no realicen operaciones con títulos que estén destinadas a eludir la normativa cambiaria”.
Según precisó, entre diciembre y el 30 junio la deuda de las pymes aumentó un 61%, mientras que en el caso de las empresas grandes y las personas humanas que no pudieron ingresar a la moratoria actual, la deuda creció un 179%.
Marcó del Pont explicó los cambios con respecto a la moratoria vigente, entre ellos una baja de la tasa de interés, que será del 2% para los primeros meses y luego será variable. Detalló además que se incluyen todas las deudas vencidas al 30 de julio, se podrá adherir hasta fines de octubre y la primer cuota se pagará a mediados de noviembre.
“No estamos siendo demasiado innovadores respecto a los impuestos que se incluyeron en las moratorias de los últimos veinte años”, agregó la titular de la AFIP, y afirmó que “quedan afuera solamente las deudas vinculadas a las obras sociales y a las ART”.
“El esfuerzo que estamos haciendo es garantizar la sobrevida del mayor universo de empresas de la Argentina”, sostuvo Marcó del Pont, y agregó que “la moratoria es parte de cómo estamos pensando el futuro y estará acompañada de muchas más medidas para dar vuelta el ciclo económico”.
En tanto, consideró ante consultas de la oposición que “medir costos fiscales es muy difícil”. “Si no habilitáramos este respirador, no sé qué pasaría con la recaudación”, reconoció, y habló de “930.000 contribuyentes, de los cuales el 54% son pymes”.
El diputado propone “desconocer la legitimidad de operaciones que se realizan contra el país por parte de fondos especulativos”.
En medio de las negociaciones del Gobierno por la deuda externa, el diputado del Frente de Todos Itai Hagman presentó un proyecto de ley “antibuitre”, que busca “desconocer la legitimidad de operaciones que se realizan contra el país por parte de fondos especulativos”.
“En 2014, la Argentina sufrió las consecuencias de los litigios de los fondos buitre, que comprando sólo el 1% de la deuda en default nos mantuvieron en vilo durante años. Hoy ante la dura negociación que enfrenta el Gobierno Nacional para hacer sustentable la enorme deuda Argentina, contraída mayoritariamente por Mauricio Macri, el peligro del default crece y por ende la posibilidad de repetirse un escenario similar”, advirtió Hagman.
El proyecto del diputado -que es secretario de la Comisión Bicameral de Control y Seguimiento de la Deuda Externa- apunta a generar un instrumento para futuros litigios por la deuda ya emitida y que actualmente se encuentra en renegociación.
A su vez, también regularía las cláusulas de los bonos de emisiones futuras, al definir claramente el desconocimiento de las ganancias ilegítimas motivadas por este tipo de prácticas espurias, y reglamentar la cantidad de acreedores necesarios para cerrar o bloquear una negociación.
Los bonos deberían incluir también la posibilidad del Estado de pagar sus compromisos mediante el Banco Nación en caso de que se bloquee otro método de pago.
“Si bien los bonos actuales cuentan con cláusulas de acción colectiva, el peligro existe. Lo que proponemos es muy simple: se trata de desconocer la legitimidad de operaciones que se realizan contra el país por parte de fondos especulativos, a fin de obtener ganancias extraordinarias, lo que defrauda la buena fe no sólo del Estado nacional sino también de los prestamistas genuinos”, explicó Hagman.
Para el legislador de Patria Grande, “tiene que existir una relación proporcionada entre el precio de adquisición de un bono y el pago que se espera recibir. Si el margen de ganancias es exorbitante, estamos claramente frente a una práctica ilegítima, y esta ley prohibiría al Estado pagarla”.
Para elaborar esta iniciativa, Hagman tomó como antecedente la declaración de la Asamblea 69 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que estableció un conjunto de principios básicos para la reestructuración de deuda, entre los que se señalan los principios de soberanía para realizar reestructuraciones, buena fe de los actores, transparencia, imparcialidad, trato equitativo, inmunidad soberana de jurisdicción y ejecución, legitimidad, sostenibilidad y reestructuración por mayoría.
Por otra parte, el diputado se basó en la “ley antibuitres” sancionada en Bélgica en el año 2015.
“Macri tomó deuda de manera irresponsable, la cual se utilizó mayoritariamente para la fuga de capitales, y eso hizo que pasemos a tener una deuda insustentable. En ese sentido, la negociación que viene llevando adelante el ministro Martín Guzmán es fundamental porque no podemos pagar esa deuda a costa del empobrecimiento de nuestra población”, sostuvo.
“Por eso -finalizó- es clave apoyarlo con otros instrumentos legales para evitar protegernos del accionar de fondos especulativos como hemos sufrido en el pasado reciente. También es fundamental investigar la deuda contraída por el gobierno anterior, sobre todo su destino hacia la fuga de capitales, para evaluar cómo evitamos que esto se repita en el futuro”.
El jefe del bloque Frente de Todos en el Senado dijo que en la situción de emergencia “los que más tienen posibilidad de contribuir tienen que hacerlo”. Reiteró su rechazo a sesionar de forma presencial.
El jefe del bloque Frente de Todos en el Senado, José Mayans, sostuvo este viernes que cree que desde la oposición “va a haber acompañamiento” al proyecto de ley para gravar a las grandes riquezas, “por la situación que se está atravesando”.
“En una situación de emergencia nacional como estamos viviendo, por supuesto que los que más tienen posibilidad de contribuir, tienen que hacerlo”, señaló, al referirse a la iniciativa que impulsa Máximo Kirchner en la Cámara de Diputados.
No obstante, en cuanto al tratamiento del proyecto, el legislador volvió a rechazar la posibilidad de una sesión presencial, en línea con la intención de la presidenta del cuerpo, Cristina Kirchner.
Para el formoseño, los senadores que lleguen a Buenos Aires y vengan de provincias “donde hay circulación del virus” tendrían que “entrar en cuarentena”.
“Hay algunos que están exagerando”, expresó sobre algunos de sus pares que piden salir del parate parlamentario. En ese sentido, defendió que hubo varias sesiones extraordinarias desde que asumió el Gobierno y las reuniones virtuales de comisiones con los ministros Claudio Moroni (Trabajo) y Ginés González García (Salud).
Por otro lado, Mayans opinó sobre la oferta de reestructuración de deuda anunciada por el ministro de Economía, Martín Guzmán, y dijo que “es absolutamente razonable” y “obviamente está dentro de las posibilidades que tiene Argentina”.
En medio de la pandemia del coronavirus, el presidente de la bancada oficialista consideró que “no estamos en condiciones de pagar un solo peso, ni de intereses, ni de capital, ni de nada”. “Tenemos intenciones de pagar, pero se tiene que hacer una quita razonable y que nos den tiempo para ver de recuperar la economía”, agregó en diálogo con FM La Patriada.
Y le pegó a la gestión anterior: “El problema es el endeudamiento que ha dejado el gobierno de (Mauricio) Macri. Argentina está en default a partir de que Macri le pide al FMI 57 mil millones de dólares”.
El diputado oficialista consideró que la oferta a los bonistas “está sostenida en la razonabilidad” y le pegó al gobierno anterior por la fuga de los fondos del endeudamiento.
En relación al anuncio del Gobierno sobre la oferta a los bonistas bajo legislación extranjera, el diputado nacional José Luis Gioja (Frente de Todos) consideró que la propuesta de reestructuración es “generosa, cumplible y consecuente”.
“Y digo generosa, porque la propuesta no tiene en cuenta que esa deuda fue tomada pagando comisiones exorbitantes a los amigos banqueros y financistas del gobierno anterior, y que los fondos fueron utilizados para que algunos pocos vivos la fugaran del sistema”, sostuvo el sanjuanino y agregó que la oferta “está sostenida en la razonabilidad”.
El titular del PJ Nacional enfatizó que “el endeudamiento actúa como un dispositivo de sometimiento económico y político. Y el Justicialismo, más que nunca, levanta hoy las banderas de la independencia económica, la soberanía política y la justicia social, porque no concibe otra manera de gobernar que no sea priorizando los problemas sociales y, fundamentalmente, el de los sectores más vulnerables”.
“Los fondos buitres pueden esperar para cobrar, la salud de todas y todos, no”, concluyó el vicepresidente segundo de la Cámara de Diputados.
Será este viernes por la tarde. Juntos por el Cambio reclamaba una audiencia con el presidente por la emergencia sanitaria, a lo que se suma ahora el tema de la deuda.
Luego de que Juntos por el Cambio insistiera en pedir una cita con Alberto Fernández, el presidente convocó a una reunión virtual con todos los jefes de bloque de la oposición. El encuentro será este viernes desde las 17.30 y tendrá como ejes no solo el trabajo en torno a la pandemia del Covid-19, sino también la oferta del Gobierno sobre la deuda externa.
Fernández buscará reunir consensos en ambos temas, en momentos donde la oposición exige ser escuchada en la toma de decisiones e insiste con la necesidad de activar el Congreso, sobre todo por la cantidad de Decretos de Necesidad y urgencia firmados por el Poder Ejecutivo que no fueron tratados en la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo.
La reunión se producirá luego del encuentro entre Fernández y gobernadores en la residencia de Olivos, en el marco de la nueva fase “administrada” de la cuarentena, que culminará, en principio, el próximo 26 de abril.
En nombre del oficialismo, participarán de la videoconferencia el titular de la Cámara baja, Sergio Massa, y los jefes de bloque del Frente de Todos en Diputados, Máximo Kirchner, y en el Senado, José Mayans.
Por la oposición estarán los diputados Mario Negri (UCR), Cristian Ritondo (Pro), Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), Eduardo “Bali” Bucca (Interbloque Federal) y Nicolás Del Caño (Frente de Izquierda), y los senadores Luis Naidenoff (UCR) y Humberto Schiavoni (Pro).
Se espera que durante el encuentro la oposición le plantee a Fernández sus dudas y que también presente sus propuestas, además de evaluar de manera conjunta la posibilidad de sesionar en el Congreso, ya sea de manera presencial -tomando los recaudos sanitarios- o en formato virtual, algo que sería inédito.
Cabe recordar que el 18 de marzo, poco antes de decretar el aislamiento social, Fernández había recibido a los líderes parlamentarios de la oposición en la residencia de Olivos, y en esa oportunidad habían acordado mantener reuniones regularmente para realizar un seguimiento de la pandemia, lo cual no se concretó.
En la previa del anuncio del presidente Alberto Fernández a los gobernadores, el diputado nacional enfatizó que el Gobierno “quiere pagar, pero sin fundir al país”.
El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, Carlos Heller, opinó este jueves que la oferta que hará la Argentina a los bonistas bajo legislación extranjera “es sostenible, ya que la deuda es impagable” y señaló que “el Gobierno lo que está diciendo es que quiere pagar, pero sin fundir al país”.
El diputado del Frente de Todos dijo que espera que la propuesta que anunciarán el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán, sea “seria, valiente y decidida”, en la previa de la reunión con gobernadores esta tarde en Olivos.
“Yo estaba de acuerdo en que era un tema que no se podía demorar más”, aseveró el legislador en declaraciones a AM 990. Además, consideró que “lo que es hostil no es la oferta, sino la deuda. Lo que está diciendo la Argentina es que esta deuda es impagable y que la quiere convertir en sostenible”.
En otro tramo, Heller enfatizó que “si esto (por la deuda) ya era complicado antes del coronavirus, ¿cómo no va a ser más exigente la oferta hecha en estas condiciones?”.
“La Argentina, como lo está diciendo ahora el FMI, ya llegaba a esta situación del coronavirus en emergencia”, con lo cual, “se juntó la pandemia sanitaria con la pandemia económica”, sostuvo.
La legisladora de Vamos Juntos aseguró que la decisión del Gobierno porteño de tomar una deuda por 150 millones de dólares es una “medida preventiva para paliar la crisis generada por la emergencia sanitaria”.
Luego de que la Legislatura porteña aprobara la toma de deuda por 150 millones de dólares y autorizara a incrementar el bono de proveedores a 18 mil millones, la legisladora de Vamos Juntos y miembro de la Comisión de Presupuesto, Lucía Romano, respaldó ambas iniciativas que habían sido enviadas a esa Casa por el Gobierno de la Ciudad.
En ese contexto, la oficialista destacó que “según palabras del propio subsecretario de Finanzas, Abel Fernández, no se tenía pensado hacer una colocación de deuda. Estas medidas son excepcionales y están relacionadas con la coyuntura, es decir, con la necesidad de atender la crisis sanitaria que generó la pandemia” y resaltó que “el destino de los fondos es específico, y se encuentran explicitados en el proyecto de ley; hacer frente a la situación sanitaria de emergencia generada por la pandemia COVID-19 y asegurar el normal funcionamiento de los demás servicios prestados por el Gobierno de la Ciudad”.
Asimismo aclaró que “el GCBA viene aplicando una política de preferencia de toma de deuda en pesos, llevada adelante por la Ciudad en los últimos años, y la intención del Poder Ejecutivo es continuar en esa línea. El stock de deuda actual en su mayoría es en pesos, lo cual es positivo” y precisó que “hoy la Ciudad cuenta con superávit fiscal que le permite implementar una política anticíclica en un momento de fuerte crisis económica, a diferencia de Nación, que debe financiar esta crisis mediante emisión monetaria”.
“Si bien la Ciudad es una de las jurisdicciones que mejor preparada está a nivel recursos, la baja de recaudación se va a notar en todos los distritos; por eso, estas medidas tratan de mitigar el impacto en las cuentas públicas. La crisis provocada por la pandemia es un golpe a nivel nacional y mundial, del cual la Ciudad no va a quedar exenta”, manifestó.
Al mismo tiempo que indicó que “entendemos que existen conversaciones con organismos internacionales y nacionales de crédito, estos organismos perciben que la administración actual tiene capacidad para repagar los intereses y el capital” y concluyó señalando que “colocar deuda y ampliar el bono a proveedores, extendiendo el monto y la fecha, son medidas preventivas para paliar las dificultades que esta situación atípica genera”.
Los diputados de la Ciudad autorizaron con 53 votos positivos y 4 abstenciones al Ejecutivo a contraer empréstitos para atender la emergencia sanitaria decretada por el presidente Alberto Fernández.
Durante la sesión especial de este martes que se realizó en el Salón Dorado, la Legislatura porteña autorizó con 53 votos a favor y 4 abstenciones un pedido del Gobierno de la Ciudad para tomar una deuda millonaria para atender a las necesidades que surjan a raíz de la pandemia por el Covid 19.
La medida impulsada por el Ejecutivo contó con el acompañamiento de VJ, FdT, UCR-Ev, GEN, CF, PS y la abstención de PO, PTS, FIT y AyL.
Con esta ley a la que el Parlamento le dio su visto bueno, el Gobierno de la Ciudad podrá contraer empréstitos con Organismos Multilaterales de Crédito, Bancos de Desarrollo e Instituciones Financieras por un monto máximo de hasta 150 millones de dólares o su equivalente en pesos; con un plazo de amortización de un año.
En los fundamentos de la medida, el Gobierno de la Ciudad explicó que “a raíz de esta situación de emergencia y a fin de mitigar su impacto en la población, resulta procedente la adopción de medidas tendientes a la protección de salud como consecuencia del brote del Covid 19, garantizando la atención sanitaria y el acceso a las prestaciones médicas de la población” y concluyó señalando que “a tales efectos, se prevé el acceso a líneas de financiamiento provenientes de fuentes internacionales y/o a emisión de títulos de deuda en el mercado local o internacional”.
Por otro lado, la Casa también aprobó con 53votos positivos y 4 abstenciones otro pedido del Gobierno porteño para ampliar el bono a proveedores, el cual ya había sido colocado en el mercado por nueve mil millones de pesos; pero a raíz de esta medida, ese bono se incrementará a 18 mil millones.
El debate en el recinto
Al respecto de estas medidas, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Claudio Romero (VJ), indicó que “el objetivo, es como viene siendo en los últimos años, colocar la mayor parte de esta deuda en pesos, pero dadas las condiciones del mercado financiero local, es muy importante dotar al Poder Ejecutivo de la flexibilidad suficiente para que pueda obtener los recursos en la moneda que están disponibles”.
La diputada de AyL Marta Martínez aseguró que está convencida de que “tendrían al menos que habérselos consultado (a los ciudadanos) respecto a qué medidas tomar frente a esta emergencia. Nadie mejor que ellos y ellas para diseñar las mejores políticas para enfrentar esta pandemia. Sin embargo, como ocurre siempre, estos proyectos se elaboran a espaldas de los trabajadores y del pueblo en general”.
Asimismo, Sergio Abrevaya (GEN) explicó que “en este intento por resolver las cosas se dictó esta cuarentena, esto nos obliga a prestarle una mayor atención a la recesión porque venimos de ocho años en recesión y ahora le sumamos esto” y resaltó que “los Gobiernos tienen que resolver esta situación, por lo que ambos pedidos de préstamos me parecen lógicos, pero nosotros tenemos que exigir el destino de esos fondos”.
“Los más afectados han sido los que menos tienen, pero enseguida le siguen los cuentapropistas y las PyMEs quebraron o están al borde de la quiebra, por eso hay que ayudarlos”, manifestó.
En tanto el trotskista Gabriel Solano (PO) consideró que “tenemos que ser muy críticos, estamos frente a una oportunidad perdida” y advirtió que “si le preguntáramos a un vecino seguramente nos preguntará que hicimos por los médicos, los enfermeros, cuantas camas nuevas abrimos o que vamos a hacer para paliar la situación económica actual y como afecta a los trabajadores; nosotros vamos a tener que responderles que no aprobamos nada de eso, que en esta sesión no se atendió a la situación sanitaria ni que se discutió nada sobre los trabajadores de la salud, y no es porque no hubiese proyectos presentados en ese sentido”.
Mientras que la presidenta de la Comisión de Salud y legisladora de la UCR-Evolución, María Patricia Vischi, manifestó que “las circunstancias que estamos atravesando son difíciles, queda claro que más allá de los aplausos y las donaciones, todo es poco” e indicó que “es una situación que nos está llevando más allá de nuestros límites y son los médicos y enfermeros los que están arriesgándolo todo para luchar día a día contra el Covid 19”. Asimismo pidió que una vez que la pandemia pase, el Parlamento de lugar a la discusión por la ley de profesionales de la salud, para que los enfermeros puedan ser incluidos dentro de la misma.
Por su parte, la vicepresidenta segunda de la Legislatura porteña, María Rosa Muiños (FdT), explicó que “el proyecto de toma de deuda está flojo, no explicita con qué fin se está tomando esta deuda” y remarcó que “esta pandemia nos pone en una encrucijada, en donde debemos aumentar el gasto y a la vez poner a la población en un aislamiento que produce recesión”.
“Habría que reasignar gastos en el presupuesto para aquellas cosas que no sean esenciales, como por ejemplo la publicidad. Tenemos que conocer la inversión pública sobre la salud y la educación, ya que hay denuncias al respecto de la calidad de los alimentos que se reparten en barrios y colegios”, afirmó en relación a los gastos establecidos en el Presupuesto 2020 e hizo especial hincapié en la emergencia sanitaria que comenzó por el dengue.
A la vez que el socialista Roy Cortina (PS) argumentó que “nuestra Ciudad es la zona más afectada, básicamente porque el virus se expandió a través de los aviones, y la ciudad es quien más recibe a los turistas, los aviones y una mayor densidad de población” y aseveró que “estamos estamos tratando iniciativas que surgen de una situación inédita, no son caprichosas, y estamos haciendo un trabajo conjunto con el Gobierno nacional, el de la provincia de Buenos Aires y todos los otros gobernadores. Son medidas que se han evaluado en conjunto”.
Se conoció este domingo por la noche el decreto que aplaza pagos de bonos con legislación local.
El Gobierno emitió un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que aplaza los pagos de deuda externa restantes del 2020, emitidos en dólares bajo legislación argentina, en el marco de la pandemia del coronavirus.
A través de esta medida, que será publicada este lunes en el Boletín Oficial, se postergan para 2021 los pagos de títulos de entre 8.400 y 9.800 millones de dólares, lo que en la práctica podría ser interpretado por los acreedores como un “default técnico”, porque implica un cambio en las condiciones bajo los que fueron emitidos esos bonos.
Además, con esta decisión adoptada, el gobierno buscará ganar tiempo para alcanzar algún tipo de acuerdo con los acreedores extranjeros, en el marco de una pandemia que alteró las negociaciones y, pese al desplome de los precios de los bonos, se intuye que los bonistas no estaban dispuestos a aceptar cualquier oferta.
Mientras tanto, en los mercados se interpretó la decisión como arriesgada, aunque entendible ante el cambio de reglas de juego que supone la pandemia del Covid-19 que avanza con fuerza sobre el país y que, por el momento, no llegó al pico de infectados.
Según el DNU al que tuvo acceso parlamentario.com, se exceptuará del diferimiento dispuesto las “letras intransferibles denominadas en dólares estadounidenses en poder del Banco Central de la República Argentina, incluidas aquellas emitidas en el marco del artículo 61 de la Ley N° 27.541, y letras suscriptas en forma directa por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Argentino de la Administración Nacional de la Seguridad Social”; las “letras emitidas en virtud del Decreto N° 668/19”; las “letras del tesoro emitidas mediante la resolución conjunta N° 57/19 de la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Hacienda”; los “’bonos programas Gas Natural’, emitidos mediante la Resolución Conjunta Nº 21/19” de las citadas secretarías; entre otras.
Asimismo, el documento autoriza al Ministerio de Economía a “efectuar las operaciones de administración de pasivos y/o canjes y/o reestructuraciones de los títulos cuyos pagos se difieren en virtud de lo establecido en el presente, con el fin de recuperar y asegurar la sostenibilidad de la deuda pública, la que deberá ser compatible con la recuperación de la economía productiva y con la mejora de los indicadores sociales básicos”.
En tanto, los pagos de los servicios de intereses y amortizaciones de capital de los títulos mencionados en varios incisos del citado decreto serán “reemplazados, a la fecha de su vencimiento, por nuevos títulos públicos”.
DNU 346 – Deuda Pública.pdf.pdf by Parlamentario on Scribd
El presidente de la Comisión de Presupuesto de Diputados aseguró que los “daños” en la economía son “inevitables”, pero apoyó la extensión de la cuarentena y “los resultados que se han ido obteniendo” con esta medida que apunta a frenar el coronavirus.
El presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja, Carlos Heller, resaltó que la negociación de la deuda externa “está complicada con toda esta cuestión”, en referencia a la pandemia del coronavirus, pero consideró que “es más urgente que nunca tenerla resuelta”.
“Argentina va a pagar una cuota de intereses de 250 millones de dólares, que es el último pago que haría, porque está en el cronograma en el que se estableció que Argentina iba a cumplir con sus obligaciones hasta fines de marzo”, señaló y remarcó que el año pasado el país pagó en intereses “12.400 millones de dólares”. “Cuántos recursos podría disponer la Nación hoy para asistir a las distintas cuestiones”, enfatizó.
En diálogo con AM 990, el diputado del Frente de Todos admitió que los “daños” en la economía son “inevitables” y, sobre todo, “en países como Argentina, que estaba comenzando a reponerse de una pandemia propia, como fueron los cuatro años anteriores, donde sufrieron la economía, las PyMEs, los trabajadores, la ciencia y la tecnología y el sistema de salud”.
Sin embargo, el legislador dijo que está “absolutamente de acuerdo” con la extensión de la cuarentena, anunciada este domingo por el presidente Alberto Fernández, y destacó las medidas tomadas por el Gobierno en comparación con otros países del mundo.
En ese sentido, el oficialista mencionó “la decisión, la valentía y la firmeza que tuvo el gobierno argentino para anticiparse”. Para Heller, es “indudable” que el aislamiento obligatorio “acarrea problemas”, pero ponderó “los resultados que se han ido obteniendo hasta aquí” para frenar el contagio del Covid 19.
Sobre el mensaje del presidente a los empresarios, el diputado expresó que “es un momento para que todo el mundo aporte razonablemente un poco de lo suyo” y reflexionó que luego de la cuarentena habrá que resolver la discusión sobre la presencia del Estado, porque “este mundo no es un mundo pobre, es un mundo inmensamente rico, con un modelo de acumulación y distribución perverso, y eso es lo que hay que cambiar”.
La presidenta de la Comisión de Finanzas de Diputados consideró que esto deber “motivo de unidad entre los países” y “un acto de responsabilidad de los acreedores”.
En la previa de que el ministro de Economía, Martín Guzmán, presente el plan de reestructuración de la deuda -previsto para el 31 de marzo-, la diputada nacional Fernanda Vallejos consideró que hay que “suspender el pago de las deudas soberanas de las naciones y buscar una solución integral”.
En medio de la crisis de la economía mundial a raíz de la aparición del coronavirus, la presidente de la Comisión de Finanzas sostuvo que “el problema de la deuda, que golpea al conjunto de los países -y especialmente a los periféricos-, debe ser repensado integralmente”.
“Como debe ser repensada una ingeniería financiera que sostiene la apropiación y el ocultamiento de las riquezas de las naciones en guaridas fiscales”, agregó.
La legisladora del Frente de Todos resaltó que “pueblos y gobiernos estamos dando, en todo el mundo, una batalla por la vida. Ningún otro bien o valor puede estar por encima de ella. La necesidad de suspender el pago de deudas soberanas debe ser motivo de unidad entre los países y un acto de responsabilidad de los acreedores”.
En declaraciones al diario Clarín, Vallejos expresó que “necesitamos una solución definitiva al problema de la deuda, incluida la del FMI, como ya se ha hecho frente a situaciones excepcionales de guerras y catástrofes. Y la recuperación de la riqueza fugada, incluyendo un punto final a la existencia de ‘paraísos’ fiscales”.
Alberto Fernández criticó la fuga de capitales y señaló que es algo que se debe investigar. Afirmó que con el FMI “venimos trabajando en forma constructiva”.
En su discurso de apertura de sesiones ordinarias, el presidente Alberto Fernández criticó la fuga de capitales durante el gobierno anterior y pidió un “nunca más a un endeudamiento insostenible”.
“El Banco Central de la Argentina se encuentra analizando de modo pormenorizado la manera en que nuestro país recibió divisas en concepto de préstamos y el destino que las mismas tuvieron”, expresó.
Y continuó: “Todo hemos visto impávidos cómo los dólares que deberían haber financiado el desarrollo productivo acabaron fugándose del sistema financiero, llevándose los recursos y dejándonos las cargas de la deuda”.
“Esas prácticas son absolutamente reñidas con cualquier idea de progreso. Es la especulación más dañina que puede enfrentar una sociedad”, agregó el mandatario y enfatizó que “debemos saber lo que pasó, quiénes permitieron que eso suceda y quiénes se beneficiaron con esas prácticas”.
Aplaudido por el oficialismo, Fernández manifestó que “necesitamos no hacernos los distraídos frente a lo ocurrido. ¡Nunca más a un endeudamiento insostenible! ¡Nunca más a decisiones que se toman con ínfulas democráticas, de la noche a la mañana, y de espaldas a pueblo!”.
El presidente recordó los diálogos que mantuvo con líderes mundiales y destacó que “en todos nuestros encuentros recogimos comprensión” sobre la situación actual y la conclusión que “Argentina es un país devastado”.
En especial le agradeció al papa Francisco, por el “llamamiento a construir una economía con alma”.
Fernández resaltó que el Fondo Monetario Internacional “nos ha dado la razón en lo que hemos venido planteando todo este tiempo” sobre la insostenibilidad de la deuda. Y señaló que con el organismo se viene “trabajando en forma constructiva”.
“Esta es la hora de definir de qué lado va a estar cada uno de nosotros. Nosotros estamos del lado del pueblo”, sostuvo.
El mandatario le agradeció al Congreso por el apoyo a la ley sobre reestructuración de la deuda y pronosticó que “más apoyo va a ser necesario”.
Prometió que el Gobierno nacional asumirá “compromisos que sí se puedan cumplir” y adelantó que “ningún acuerdo con nuestros acreedores será mágico”.
El jefe del bloque del FdT cruzó al vocero de la entidad financiera durante un acto en Escobar. Ya lo había hecho también Cristina Kirchner.
A poco de que el Gobierno inicie la negociación sobre la deuda externa, Máximo Kirchner, jefe del bloque de diputados del Frente de Todos, salió al cruce del vocero del Fondo Monetario Internacional (FMI), Gerry Rice, y reclamó a la entidad financiera que “se haga cargo de que financió la campaña de (Mauricio) Macri”.
Según consignó el portal Infobae, Rice sostuvo que “no hubo violación de la reglas del FMI” cuando le otorgó el préstamo a la Argentina, y la vicepresidenta Cristina Kirchner le respondió citando el artículo 6 del propio estatuto de la entidad.
En el mismo sentido se expresó este jueves su hijo, al participar de un acto donde leyó el citado artículo, que indica que “ningún país miembro podrá utilizar los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital”, la llamada “fuga de capitales”.
“Le recomiendo a Gerry que vea que después de los préstamos que le iban dando a la Argentina mientras financiaban la campaña de Macri, en abril del año pasado, las reservas eran de 77.000 millones de dólares, y cuatro meses después se habían ido a 44.000 millones, y después a 33.000 millones. Si eso no fue violar este artículo del Fondo, debería explicarles a los argentinos qué sería violarlo. Háganse cargo que financiaron la campaña de Macri”, disparó Máximo.
El legislador se expresó así durante un acto en el microestadio “Ciudad de Garín”, en la localidad de Escobar, acompañado por la titular de PAMI, Luana Volnovich, y el intendente Ariel Sujarchuk.
El diputado elogió la exposición del ministro Guzmán y aseguró que el Presupuesto sería “un dibujo” si se presentara sin saber el gasto de intereses de deuda.
El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, Carlos Heller, resaltó este miércoles que “el país va a tomar sus propias decisiones y no va a aceptar condicionamientos”, al finalizar la sesión informativa encabezada por el ministro de Economía, Martín Guzmán.
En declaraciones a la prensa, Heller aseguró además que el Presupuesto sería “un dibujo” si se presentara antes de la negociación, como reclama parte de la oposición, sin saber el gasto que habrá en intereses de deuda.
“¿Qué número le ponemos al gasto de intereses si primero no se resuelve la reestructuración de la deuda? Es tal la magnitud que discutir un Presupuesto sin tener resuelto este problema es un dibujo, una expresión de deseo”, opinó el legislador del Frente de Todos.
Asimismo, consideró que “es imprescindible que el Gobierno cumpla el cronograma que se ha dado, para de aquí a fin de marzo tener encauzado o resuelto este problema, y luego abocarnos a otros temas como el Presupuesto”.
En el recinto, Heller sostuvo ante Guzmán que “es una responsabilidad compartida, de los poderes Ejecutivo y Legislativo, sentar las condiciones para que haya efectivamente un ‘Nunca más’ de sobreendeudamiento, y que podamos empezar a transitar un camino de recuperación y crecimiento, con la gente adentro”.
Jorge Sarghini (Federal), José Luis Ramón (Unidad Federal para el Desarrollo) y Alma Sapag (MPN) destacaron el informe del ministro. Nicolás Del Caño (FIT) reclamó desconocer la deuda con el FMI.
Con matices, diputados de distintos bloques de la oposición destacaron, en declaraciones a la prensa, la presencia del ministro de Economía, Martín Guzmán, para explicar en el recinto el proceso de negociación de la deuda externa.
El bonaerense Jorge Sarghini, de Consenso Federal, señaló que Guzmán “tiene razones para ser muy cuidadoso y no responder muchas de las preguntas que se le hicieron”.
Sin embargo, expresó su deseo de que “acierte el camino” y pidió constituir la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de la Deuda Externa, “porque ahí sí el rol del Congreso se podrá cumplir en materia de deuda”.
Por su parte, el mendocino José Luis Ramón (Unidad Federal para el Desarrollo) indicó que Guzmán “hizo un análisis y un diagnóstico que todos compartimos”.
“En los hechos, el Congreso comenzó a tomar el protagonismo que tiene que tener”, dijo, y destacó que el oficialismo “tiene la voluntad política de poner en funcionamiento la bicameral”.
Alma Sapag, del Movimiento Popular Neuquino, consideró que el funcionario fue “sumamente claro y muy didáctico” en su exposición, y elogió su “gran coraje”.
“Espero que salgamos delante de una vez por todas y que nuestra Argentina pueda empezar a producir. En el subsuelo de Neuquén tenemos los dólares que se necesitan. Es cuestión de poner reglas del juego claras para producir más”, dijo Sapag.
Por último, Nicolás Del Caño, del PTS en el Frente de Izquierda, lamentó que la presentación de Guzmán “dejó mucho que desear, ya que no respondió nuestras preguntas por escrito ni en el recinto”.
Para Del Caño, el ministro “no dio detalles sobre la renegociación de la deuda”, que es “completamente ilegítima, ilegal y fraudulenta”, y tampoco contestó sobre las afirmaciones de la vicepresidenta Cristina Kirchner desde Cuba.
“La deuda es con el pueblo”, fue la consigna de los manifestantes que expresaron su apoyo a la posición del Gobierno, aunque marcándole la cancha de paso.
Organizaciones sociales, sindicales y políticas, con la presencia de funcionarios del Gobierno nacional y legisladores del oficialismo, participaron este miércoles de una marcha al Congreso de la Nación, realizada al mismo tiempo que el ministro de Economía exponía ante los diputados sobre el tema de la deuda.
La marcha tuvo como objetivo protestar contra la visita del Fondo Monetario Internacional y acompañar paralelamente la posición expuesta por el Gobierno Nacional.
En la marcha que se realizó del Obelisco al Congreso bajo el lema “La deuda es con el pueblo” pudo verse al referente de Barrios de Pie, Daniel Menéndez, quien es además subsecretario de Promoción de la Economía Social y Desarrollo Local, que expresó su rechazo al FMI y su apoyo a la posición del Gobierno que él integra. Estuvieron también, entre otros, Emilio Pérsico, la titular del INADI Victoria Donda y Rafael Kleizer.
También el diputado nacional del Frente de Todos y referente del Movimiento Evita Leonardo Grosso, quien durante el acto, apuntó a la oposición: “Se desesperan por pagarle al FMI mientras se nos mueren niños y niñas por desnutrición, no sean caraduras y piensen una vez en el país en vez de mirar para afuera”.
En ese sentido, explicó que “como gobierno tenemos voluntad de cumplir con el pago de la deuda, pero tenemos obligaciones más urgentes en el país: bajar los índices de desocupación, de indigencia, de pobreza”. Y agregó: “Primero tenemos que estabilizar el país porque la situación es muy crítica”.
En una conferencia de prensa posterior a la sesión, el interbloque de Mario Negri pidió un “’Nunca más’ de los ciclos de alto déficit fiscal”.
“Gusto a poco”: esa fue la sensación que dejó en Juntos por el Cambio la exposición del ministro de Economía, Martín Guzmán, en el recinto de la Cámara de Diputados, sobre el proceso de negociación de la deuda. Tal como había anticipado, el interbloque presidido por Mario Negri no se expresó en el recinto, sino que brindó una conferencia de prensa posteriormente a la sesión informativa, en el Salón Delia Parodi.
“La exposición de Guzmán nos dejó gusto a poco. Coincidimos con el ministro de Economía en que los argentinos tenemos que hacer un ‘Nunca más’ de los ciclos de sobreendeudamiento, pero nosotros desde el interbloque decimos también que necesitamos un ‘Nunca más’ de los ciclos de alto déficit fiscal. Sin déficit fiscal seguramente podremos cumplir con el objetivo que nos propuso el ministro”, sostuvo Negri.
Y agregó: “Recibimos casi 5 puntos de déficit en relación al PBI y dejamos el gobierno con 0,4% de déficit fiscal primario. Esperamos que el Gobierno no se equivoque aumentando nuevamente el déficit”.
Acompañado por numerosos diputados de la UCR, el Pro y la Coalición Cívica, Negri advirtió que “este Congreso sigue sin conocer el Presupuesto y esto señala no solo una enorme carencia en materia de política económica, sino también una anomalía institucional”.
En tanto, el presidente del bloque Pro, Cristian Ritondo, ironizó: “El presidente manifestó que no muestran la estrategia porque están jugando al póker con los acreedores. Nosotros pedimos que las cartas estén sobre la mesa, para poder dar el apoyo del Congreso. No se puede jugar a las cartas con el futuro de 45 millones de argentinos”.
Ritondo agregó que el FMI desembolsó 44.149 millones de dólares y el grueso, 37.149 millones, se destinó al pago de los servicios de la deuda.
Por la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro expresó: “Estamos aportando con prudencia, seriedad y responsabilidad, y esto ya quedó demostrado el pasado 29 de enero cuando acompañamos en la reestructuración de la deuda”.
El vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Luciano Laspina, consideró que “el ministro debió fundamentar por qué la deuda es impagable. Argentina tiene un ratio de deuda con relación al PBI similar a los países de Latinoamérica. Pero nosotros no crecemos desde que el kirchnerismo demolió las bases del crecimiento. Por eso esperamos que envíen el Presupuesto, esto no es incompatible con sentar las bases de una negociación exitosa. Nosotros creemos que si explicitan el programa económico tendrán más suerte”.
Por otra parte, Negri advirtió sobre “contradicciones inquietantes en el Gobierno”. “El ministro comunicó hoy que las conversaciones con el FMI están progresando, pero la vicepresidenta pidió desde Cuba al FMI una importante quita de capital. No nos queda claro si el ministro ha planteado esta propuesta a las autoridades del FMI”, cuestionó.
Además, el cordobés insistió en que “no es cierto que la deuda que hoy Argentina busca reestructurar fue creada por el gobierno de Cambiemos. El gobierno kirchnerista emitió más de 100.000 millones de dólares, un número superior a la que dejó nuestra administración. El gobierno de Cambiemos emitió 70.000 millones de dólares, de los cuales 40.000 se destinaron a pagar intereses de la deuda que venía desde el kirchnerismo, 10.000 se usaron para pagar a los holdouts y el resto para financiar el déficit fiscal que heredamos”.
Por último, los legisladores de Juntos por el Cambio pidieron a las autoridades de ambas Cámaras que se constituya “de forma urgente” la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de la Deuda Externa, luego de que Guzmán dijera que hay un compromiso de hacerlo durante el período ordinario.
En una exposición de poco más de una hora, el ministro de Economía apuntó a la herencia recibida y garantizó: “No vamos a permitir que fondos de inversión extranjeros marquen la pauta de la política macroeconómica”.
Por Carolina Ramos
Ante la mirada atenta de la oposición y de importantes referentes sociales, gremiales y empresariales, el ministro de Economía, Martín Guzmán, sostuvo que “hay una voluntad firme de pagar la deuda, pero el problema es que no hay capacidad para hacerlo”, y adelantó que la propuesta que realizará a los acreedores en las próximas semanas “no será amigable ni agresiva, sino sostenible”.
En una exposición que duró poco más de una hora, Guzmán describió la “profunda crisis económica y social” que atraviesa el país y apuntó a la gestión anterior, aunque sin chicanas y sin siquiera nombrar al expresidente Mauricio Macri. Apoyado en anotaciones manuales, el funcionario mostró soltura y se llevó aplausos del Frente de Todos en dos pasajes de su discurso.
Además, marcó algunos de los objetivos macroeconómicos del gobierno de Alberto Fernández y consideró “factible” alcanzar el equilibrio fiscal en 2023, a la vez que sostuvo que “para poder pagar la deuda, Argentina tiene que crecer, y para poder crecer se tiene que quitar de encima el peso de una deuda que asfixia”.
“El país padece una carga de deuda insostenible, que de no resolverse profundizaría el descalabro macroeconómico y el desarrollo que el país venía experimentando”, advirtió Guzmán ante más de 130 diputados presentes, de espaldas al estrado principal, desde donde Sergio Massa condujo la sesión.
El ministro sostuvo que hay que resolver el problema de la deuda “de la forma más ordenada posible”, y así “sentar un ejemplo a nivel mundial”. “Lo primero es alcanzar una solución sostenible: que el resultado que se alcance en la reestructuración le permita a la Argentina crecer y sostener en el tiempo ese crecimiento”, explicó.
“Está claro que con estos números va a haber frustración por parte de los bonistas”
Por eso, aclaró que la propuesta que realizará a los tenedores de deuda tendrá que ser “sostenible” porque “se ha venido pagando deuda con reservas, pero eso no puede durar mucho tiempo porque se acaba”.
Enfatizó luego que “esta es una crisis en la que todas las partes tienen responsabilidad: Argentina; los bonistas -que decidieron apostar cubriéndose de riesgo y cobrando tasas altas por si la cuestión iba mal-; y el FMI, que realizó el préstamo más grande de su historia, que no se utilizó en absoluto para aumentar la capacidad productiva del país, por el contrario, se utilizó para pagar deuda en una situación insostenible, y para financiar la salida de capitales”.
En otro orden, observó que “no es realista ni sostenible” pensar en una reducción del déficit fiscal este año, pero sí consideró “factible” alcanzar el equilibrio fiscal en 2023, y “converger unos años después a un superávit fiscal primario de entre 0,6% y 0,8% del Producto”.
“Se han hecho promesas rimbombantes y se han tomado compromisos que no se pueden cumplir. Si queremos ponerle fin a los ciclos de endeudamiento recurrentes, tenemos que plantear compromisos que sí se puedan cumplir”, subrayó el responsable de la cartera económica.
Y agregó: “Está claro que con estos números va a haber frustración por parte de los bonistas, pero nos tenemos que sentar todos sobre la base de responsabilidad sobre la base una cuota de realismo, para evitar que sea una pérdida para todas las partes”.
Para Guzmán, “la misión no es solo resolver una crisis de deuda de forma aislada, sino sentar las condiciones para un proceso de desarrollo sustentable, en el cual Argentina se ponga de pie y crezca en el tiempo”.
Al referirse al trato que se tendrá con los bonistas, aclaró que “no hay por qué tratar mejor” a los bonos y letras en dólares bajo legislación extranjera que a los que se sujetan a la legislación nacional, pero dijo que “cuidar la ley argentina es fundamental”.
Los aplausos del Frente de Todos llegaron cuando el ministro garantizó: “No vamos a permitir que fondos de inversión extranjeros marquen la pauta de la política macroeconómica. El sendero fiscal monetario y financiero es un sendero que definimos nosotros”.
“Todo este equipo defenderá en forma plena los intereses del pueblo argentino”
“Todos vamos a tener que definir de qué lado estamos. Nosotros ya lo definimos: estamos del lado de la gente”, sentenció, en otro de los pasajes más celebrados, y llamó a “generar las condiciones para decir ‘nunca más’ a los ciclos de sobreendeudamiento que destruyen oportunidades, que generan angustia y generan profundos desequilibrios sociales”.
Hacia el final, luego de las preguntas de la oposición, aseguró: “Nosotros tenemos el control de la situación. Argentina no está permitiendo que haya condicionalidades al programa económico que se está implementando”. “No tengo dudas de que todo este equipo defenderá en forma plena los intereses del pueblo argentino”, cerró.
Tal como había prometido, Juntos por el Cambio no se pronunció en el recinto, sino luego en una conferencia de prensa. Massa buscó dejar en evidencia al interbloque y le cedió la palabra al jefe del Pro, Cristian Ritondo, quien aclaró que la bancada no haría uso de su tiempo.
En nombre del Interbloque Federal, que preside Eduardo “Bali” Bucca, el bonaerense Jorge Sarghini advirtió sobre la falta de un “programa económico integral”. “Al FMI solo le interesa un programa que le garantice que va a cobrar. Nosotros queremos ver un programa económico que haga sustentable ese pago con la necesidad de resolver la pobreza, la indigencia, la desocupación, la caída del Producto, el cierre de fábricas y la alta inflación”, dijo.
Sarghini continuó: “Le hemos dado al Gobierno los instrumentos necesarios para que empiece. Tenemos confianza en que se va a negociar poniendo el interés nacional por sobre todo. Le pedimos que en ningún momento se aparte de la visión de que vivimos en un país donde el 40% de la población es pobre y la indigencia llega a niveles que nos interpelan. Si el resultado es el adecuado, el país será el ganador”.
El más duro fue Nicolás Del Caño, quien junto a su par del Frente de Izquierda Romina Del Plá exhibió un cartel con la leyenda “No al pago de la deuda”. El diputado preguntó al ministro si “coincide” con las afirmaciones de la vicepresidenta Cristina Kirchner acerca de que “el acuerdo con el FMI es ilegal”, algo que Guzmán no respondió.
“El rechazo y el repudio solo lo hemos sostenido desde el Frente de Izquierda. No se puede pagar esta deuda que es ilegal e ilegítima”, insistió Del Caño.
Alma Sapag, del Movimiento Popular Neuquino, aseguró que su provincia “tiene en el subsuelo los dólares que necesita el país”, en alusión al yacimiento de Vaca Muerta, mientras que José Luis Ramón, del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, apuntó a recuperar el papel del Congreso en los procesos de negociación de la deuda.
“Hoy estamos padeciendo una deuda que se tomó sin seguir ningún procedimiento de información al Congreso. De no llegar a un acuerdo con los bonistas y el FMI, nuestro país podría entrar en default. Por eso es necesario que se ponga en marcha la comisión bicameral que estudie la deuda de Argentina”, propuso.
En ese sentido, Guzmán ratificó el compromiso de que se constituya, una vez iniciado el período ordinario, la Comisión Bicameral de Control y Seguimiento de la Deuda Externa, el ámbito donde el Poder Ejecutivo debe rendir cuentas sobre los avances del proceso.
Por el Frente de Todos no habló su jefe, Máximo Kirchner, sino el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, quien salió al cruce de los cuestionamientos sobre la falta de un Presupuesto. “¿Cuánto ponemos en el rubro ‘Intereses de la deuda’ cuando haya que establecer cuánto hay que gastar en materia de intereses en 2020 y 2021”, se preguntó.
Guzmán señaló al inicio de su presentación que el tema de la deuda es “de una importancia fundamental para el futuro de Argentina”, donde “se vive una profunda crisis económica y social”.
Al describir ese estado de situación, precisó que “en los últimos dos años, 460.000 argentinos han entrado en la indigencia; la pobreza aumentó del 28,6% en 2017 al 35,4% en 2019 y sigue escalando, más de 2.000.000 de personas han caído bajo la línea pobreza”.
Además, señaló que el Producto cayó en tres de los últimos cuatro años y que la inflación llegó al 52,9% en 2019, además de “un brutal crecimiento de la deuda pública bruta, del 52,6% del Producto Bruto en 2015 al 88,8% en 2019, sin que haya un crecimiento concomitante de la capacidad productiva del país”.
Como consecuencia, indicó el ministro, “se fuerza al Estado a contraerse y eso implica que al haber menos capacidad para impulsar la demanda, se produce menos en la economía en su conjunto”, lo que genera además “una alta incertidumbre”, y a su vez “el sector privado también se empieza a contraer”.
“Los que más sufren estas crisis son las personas en estado de mayor vulnerabilidad”, advirtió, y por eso remarcó la necesidad de “sacarse de encima esa carga de deuda que no se puede pagar”. Sostuvo que “esta es la consecuencia del fuerte colapso de un esquema económico que en un momento generó optimismo en los mercados internacionales pero está muy lejos de ser exitoso”.
Para superar esta crisis, según el funcionario, “necesitamos tener una moneda propia confiable” ya que “el peso es excesivamente volátil”, y “necesitamos recuperar la capacidad de invertir y la capacidad de ahorro en la moneda propia”. También habló de “hacer que los dólares se pongan al servicio de la producción”.
La foto de Guzmán en el recinto no solo mostró a diputados de todo el arco político, sino también a funcionarios, gobernadores, dirigentes sindicales y empresarios. En el ala derecha del estrado principal se ubicaron los ministros Daniel Arroyo (Desarrollo Social), Matías Kulfas (Desarrollo Productivo) y Claudio Moroni (Trabajo).
También estuvieron la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca; la titular de la AFIP, Mercedes Marcó Del Pont; y los senadores Jorge Taiana y Sergio “Oso” Leavy, del Frente de Todos.
Los palcos se llenaron de invitados especiales. Aportaron al cupo sindical el camionero Hugo Moyano; los titulares de la CGT, Carlos Acuña y Héctor Daer; y Andrés Rodríguez, de UPCN. Otros de los presentes fueron Cristiano Ratazzi (Fiat Argentina); Jorge Brito (Banco Macro); Daniel Funes De Rioja y José Urtubey (UIA).
Los diputados del interbloque opositor no harán uso de la palabra en el recinto. Mandaron por escrito 24 preguntas, sobre cuatro ejes temáticos.
Diputados del interbloque Juntos por el Cambio le enviaron por escrito 24 preguntas al ministro de Economía, Martín Guzmán, quien este miércoles expondrá ante la Cámara baja sobre la reestructuración de la deuda externa.
Los legisladores decidieron no hacer uso de la palabra dentro del recinto, a fin de “evitar polémicas innecesarias con el oficialismo”. No obstante, al terminar la reunión, los jefes parlamentarios de la bancada brindarán una conferencia de prensa en el Salón Pasos Perdidos.
Las preguntas enviadas por el interbloque Juntos por el Cambio:
I- SOBRE LA ESTRATEGIA DE NEGOCIACIÓN DE LA DEUDA
1. ¿Cuál es su diagnóstico respecto a las razones que explican la eventual “insostenibilidad” de la deuda? Mirando indicadores objetivos de liquidez y solvencia de la deuda pública (por ejemplo, deuda con el sector privado en % del PIB, intereses de la deuda en % del PIB, duration de la deuda pública, etc.) Argentina no difiere significativamente del resto de los países de la región y las economías emergentes. Sin embargo, difiere sustancialmente en un aspecto: el país acumula 10 años de estancamiento económico y un déficit primario sostenido en el tiempo que sólo se redujo en los últimos dos años. Esto sugiere, a nuestro criterio, que las principales causas que deben atacarse refieren al diseño de un plan de estabilización y crecimiento en combinación con políticas que logren sostener el equilibrio fiscal primario alcanzado con tanto esfuerzo en el año 2019.
2. En este sentido, ¿considera Usted que es posible reestructurar exitosamente la deuda pública y lograr una mayoría calificada de aceptacion de bonistas sin explicitar antes un plan económico integral que pueda ser creíble y confiable para los acreedores y para el pueblo argentino?
3. ¿Hay alguna experiencia internacional exitosa que Usted nos pueda referenciar que haya seguido el camino contrario que el Presidente Alberto Fernandez ha definido como “jugar al poker” de la deuda sin mostrar las cartas? ¿No cree que sería menos riesgoso para los intereses de la República Argentina seguir los lineamientos de la mayoría de los procesos exitosos de reestructuración de deudas soberanas? Esos lineamientos suponen establecer primero un acuerdo con el FMI (cuando existen deudas previas) y poner en marcha un programa económico capaz de recrear la confianza.
4. Respecto a la estrategia de negociación, es sabido que las votaciones de las denominadas Cláusulas de Acción Colectiva (CACs, por sus siglas en inglés) generan incentivos perversos para los votantes. En ocasiones, existen incentivos perversos a rechazar la propuesta inicial y a mantenerse afuera a la espera de una segunda oferta superadora. ¿Cómo están pensando romper estos incentivos perversos?
5. Toda reestructuración de deuda soberana enfrenta a los gobiernos ante el desafío de buscar un equilibrio entre la preservación de la “reputación” y la búsqueda de “sustentabilidad” de la deuda. Uruguay (2003) y Argentina (2005) pueden ser vistos como dos casos extremos. La reestructuración uruguaya en el año 2003 -por citar un caso geográficamente cercano- fue un ejemplo extremo de preservación de la reputación. El gobierno uruguayo impulsó una reestructuración relativamente amigable con el mercado y obtuvo niveles de recortes bajos en valores presentes -aproximadamente del 23%- y prácticamente nulos en términos nominales. Aunque Uruguay consiguió despejar los problemas de liquidez de corto plazo, salió de su reestructuración con un stock de deuda superior al 100% de su producto bruto, lo cual podría desafiar su solvencia en el futuro. La estrategia “amigable” de Uruguay en 2003 terminó siendo un éxito (aunque no sólo imputable a ese factor). En el balance “reputación versus sustentabilidad”, Argentina (2005) se situó en el extremo opuesto. Los costos de reputación se subestimaron y el foco de la discusión se puso exclusivamente en la capacidad teórica de repago. ¿Cuál es su visión sobre este punto?, atento a que este Congreso delegará en el Poder Ejecutivo Nacional y en su persona la definición de este delicado equilibrio.
6. Con relación al papel del FMI en las negociaciones con acreedores privados. A su criterio, ¿el FMI debe jugar algún rol en la negociación con los bonistas y, en caso afirmativo, cómo se desarrollaría esa labor y cómo se la instrumentaría?
7. ¿El gobierno argentino tiene previsto iniciar tratativas para un nuevo programa con el Fondo y qué características asumiría? Alternativamente, ¿cómo se prevé afrontar los pagos de intereses y amortizaciones de capital con el FMI, en particular los USD 1.600 millones de intereses pagaderos trimestralmente que vencen a lo largo de 2020?
8.¿Cuál es la posición oficial de su gobierno respecto a las recientes declaraciones de la Vicepresidenta Fernández realizadas desde La Habana, Cuba, acerca de la necesidad de reclamar una quita de la deuda con el Fondo Monetario Internacional? Saber si estas declaraciones complican la relación con los países miembros del FMI, que son los aportantes de fondos a ese organismo internacional.
9. En un eventual acuerdo con el FMI, ¿el gobierno piensa proponer “reformas estructurales” como soporte a la sustentabilidad a la deuda pública? ¿En cuáles reformas cree Usted debe focalizarse la agenda de crecimiento en la Argentina?
10. ¿Qué mayorías buscan alcanzar en la reestructuración? ¿Buscarán obtener mayorías agregadas o por cada serie en particular?
11. ¿Están en estudio brindar “garantías especiales” a los bonistas?
12. ¿Se está evaluando la emisión de cupones atados al crecimiento del PIB como se ofrecieron en la reestructuración del 2005-2010? ¿Lo considera un instrumento útil para la República y las chances de éxito de la reestructuración?
II- SOBRE LA CAPACIDAD DE PAGO DE LA DEUDA
13. ¿Cuál es el sendero de superávit primario que plantea el gobierno hacia delante y cómo piensa lograrlo?
14. ¿Se prevé la elaboración y presentación al Congreso de la Nación de un presupuesto plurianual tal como exige la Ley de Administración Financiera?
15. ¿Hay medidas previstas para reducir el nivel de Gasto Público Nacional? ¿O todo el esfuerzo fiscal recaerá sobre las espaldas de los jubilados con ingresos superiores a la mínima?
16. ¿Cuál es el sendero de gastos y presión impositiva en % del Producto que Usted cree es consistente con un crecimiento sostenido de la economía?
17. Cuando se cumpla el plazo de 180 días del congelamiento de tarifas, ¿las tarifas tendrán un período de normalización, volverán a aumentar los subsidios (a las empresas o a los consumidores) o, por falta de inversiones, se volverá a poner en riesgo el incipiente autoabastecimiento de energía?
III- SOBRE LOS ASPECTOS TÉCNICOS DE LA PROPUESTA
18. ¿Habrá trato igualitario para todos los acreedores en la oferta? ¿Se tratará por igual la deuda bajo legislación nacional respecto a la deuda bajo legislación extranjera?
19. ¿El FGS tendrá un trato diferenciado en la reestructuración?¿Cómo afectara la reestructuración de la deuda las jubilaciones actuales y futuras? ¿Cómo piensa plantear la reestructuración de la deuda con legislación extranjera en manos del FGS del ANSES? ¿Cree que se puede reestructurar de manera diferenciada o se planteará una quita en valor presente también para el FGS?
20. ¿Deben incluirse los bonos reestructurados en 2005 y 2010 como parte del canje? ¿Qué consecuencias jurídicas podría acarrear esta decisión?
21. ¿El canje que se propondrá tendrá una fecha cierta de cierre, o habrá posibilidad que los bonistas que no ingresen al principio se vayan sumando posteriormente?
IV- SOBRE LA SITUACIÓN DE LAS PROVINCIAS y CAJAS PREVISIONALES
22. Existe una grave preocupación en las 79 Cajas Previsionales de Profesionales de la República Argentina (18 Provincias y CABA), con cerca 800 mil afiliados activos, y 80 mil beneficiarios -entre jubilados pensionados- que han invertido parte de sus fondos previsionales en títulos públicos hoy alcanzados por la reestructuración de la deuda. Como así también respecto de las inversiones realizadas en dichos instrumentos de deuda pública por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Las Administraciones de las Cajas Profesionales cuentan con normativas que las autorizan a realizar inversiones en títulos públicos como forma de resguardo del capital, es decir son inversiones que tratan de mantener el valor adquisitivo de la moneda resguardada en dichos instrumentos. Por ello, una reducción de su capital afectaría el cumplimento de jubilaciones y pensiones futuras de quienes aportan a dichos sistemas.
En igual situación se encuentra el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, compuesto por bonos que podrían sufrir una quita importante de capital en la reestructuración. Se ponen así en riesgo las jubilaciones de nuestros adultos mayores. La reestructuración de deuda genera un impacto enorme sobre el sistema de seguridad social, a partir de la tenencia de títulos públicos en poder de la ANSES y las cajas previsionales provinciales públicas y de profesionales. ¿Cuál va a ser el tratamiento de reestructuración de la deuda cuyos tenedores sean las Cajas Previsionales Provinciales Públicas y de Profesionales y Anses (Fondo de Garantía de Sustentabilidad).?
23. ¿Tiene previsto avanzar en la reglamentación del art 25 de la ley de responsabilidad fiscal para darle certidumbre a las provincias sobre su endeudamiento en el mercado y con organismos internacionales?
24. ¿Puede dar precisiones sobre la supuesta modificación de la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires y otras medidas de reversión del federalismo fiscal, para volver a concentrar los recursos tributarios en el Gobierno Nacional como ocurriera desde 2003 a 2015?
El Poder Ejecutivo dispuso que durante la prórroga no se interrumpirá el pago de los intereses ya devengados.
El Gobierno nacional oficializó, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 141/20, la postergación del pago del Bono Dual 2020 hasta el 30 de septiembre, a la vez que se interrumpe el devengamiento de los intereses.
No obstante, en la medida se aclara que durante la prórroga no se interrumpirá “el pago de los intereses ya devengados de acuerdo a los términos y condiciones originales” y no alcanzará a ciertas tenencias que hayan sido registradas al 20 de diciembre de 2019.
En los considerandos, el Ejecutivo argumentó que “el el elevado nivel de endeudamiento en moneda local contraído por la administración saliente y su cronograma de vencimientos altamente concentrado en el primer semestre, dificulta en las actuales condiciones de mercado la refinanciación” del bono.
“El cumplimiento de las condiciones originales de pago de este instrumento comprometería los pilares de la consistencia macroeconómica necesarios para continuar con el proceso de normalización de la deuda en moneda local y generaría tensiones monetarias que afectarían la sostenibilidad global”, agregó el Gobierno.
El DNU, que deberá ser analizado por la Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, lleva la firma del presidente Alberto Fernández y todo su gabinete.
La norma, sancionada por unanimidad la semana pasada en el Senado, fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial.
El Gobierno nacional promulgó este miércoles la Ley 27.544, para la renegociación de la deuda externa, que se sancionó por unanimidad la semana pasada en el Senado.
La norma, publicada en el Boletín Oficial, declara “prioritaria para el interés de la República Argentina la restauración de la sostenibilidad de la deuda pública emitida bajo ley extranjera”.
Puntualmente, la ley abarca los bonos emitidos en los canjes de 2005 y 2010 y los títulos públicos emitidos a partir de 2016; y dispone la renuncia a invocar la inmunidad soberana contra el embargo y ejecución de determinados bienes.
La norma autoriza al Ministerio de Economía, que conduce Martín Guzmán, a emitir nuevos títulos públicos para modificar el perfil de vencimiento de intereses y amortizaciones de capital; determinar las épocas, plazos, métodos y procedimientos de emisión de nuevos títulos públicos; y designar instituciones o asesores financieros para que actúen como coordinadores en el proceso de estructuración, entre otras facultades.
Se establece que la prórroga de jurisdicción “no implicará renuncia alguna” respecto de la inmunidad de la Argentina con relación a la ejecución de ciertos bienes, como los del Banco Central, cualquier bien perteneciente al dominio público localizado en el país, o cualquier bien localizado dentro o fuera del territorio que preste un servicio público esencial, entre otros.
En tanto, las comisiones que puedan cobrar los bancos colocadores de deuda “en ningún caso podrán superar” el 0,1% por todo concepto del monto efectivamente canjeado y/o reestructurado. En forma previa a la suscripción de contratos con entidades y asesores financieros “se deberá dar intervención a la Sindicatura General de la Nación”.
De acuerdo al texto, todas las operaciones que se realicen quedarán exentas de todos los impuestos, incluido el IVA, tasas y contribuciones nacionales existentes y a aplicarse en el futuro.
Consenso Fiscal 2019
Este miércoles también se promulgó la Ley 27.542, de Consenso Fiscal 2019, por el cual se suspenden hasta el 31 de diciembre de este año determinados compromisos asumidos en los Consensos Fiscales de 2017 y 2018, como la rebaja de Ingresos Brutos, Sellos y otros impuestos “distorsivos”.
De acuerdo a la norma, sancionada en enero pasado por la Cámara de Diputados, se suspenden por el término de un año los procesos judiciales que las provincias tienen contra el Estado Nacional por la baja del impuesto a las Ganancias y al IVA aplicado a la canasta básica de alimentos. En ese sentido, también se ordena que los distritos que aún no iniciaron juicios contra la Nación, se abstengan de hacerlo.
En ese plazo de un año, se creará una comisión que “propondrá las medidas y cursos de acción que posibiliten una solución integral, de carácter no adversarial, para la problemática subyacente en aludidos procesos”.
El jefe del interbloque opositor remarcó que la exposición del ministro de Economía, prevista para este miércoles, no debe ser “solamente una presentación mediática”.
Cuando todavía resta que el oficialismo y la oposición se pongan de acuerdo sobre el mecanismo de la sesión informativa en la que expondrá el ministro de Economía, el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri, aseguró que desde esa bancada esperan “precisiones” por parte de Martín Guzmán antes que “una presentación mediática”.
“Queremos tener precisiones en cuanto a la reestructuración de la deuda, y ver si hay un programa macroeconómico, que el Gobierno ha dicho que lo tiene pero que por ahora no lo pensaba anunciar”, señaló el radical este martes en declaraciones a radio Continental.
El legislador afirmó que preguntarán “en qué consiste la oferta financiera”, que tiene que “servirle a la Argentina” y permitir “llegar a un acuerdo razonable” con los acreedores, además de saber “cuál es la estrategia legal que va a llevar hacia adelante”.
El cordobés resaltó que “el ámbito natural a donde el ministro debe ir es a la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda Externa, que está regulada por ley”, donde se pueden pedir también una serie de informes por escritos. En ese sentido, abogó por que la próxima semana “se constituya en forma urgente”.
“Esperamos que dé precisiones más de las que se conocen por transcendidos; y además que uno puedo construir de una manera propositiva y que no se convierta solamente en una presentación mediática”, agregó sobre la exposición prevista en el recinto de la Cámara baja para este miércoles a las 17.
La propuesta de Sergio Massa fue rechazada por Juntos por el Cambio, que exigió más minutos para hablar en el recinto y amenazó con retirarse antes de la reunión. Hubo gritos y chicanas.
Por Carolina Ramos
La discusión por los tiempos de la sesión informativa que encabezará este miércoles el ministro de Economía, Martín Guzmán, empantanó la previa de la exposición sobre la deuda externa. En una reunión muy caldeada donde no faltaron gritos y acusaciones , oficialismo y oposición no lograron acordar cuántos minutos tendrá cada bloque para realizar preguntas, y Juntos por el Cambio definirá su estrategia en las próximas horas.
El presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, propuso a los bloques disponer de un tiempo total de 40 minutos para hablar en el recinto, a repartirse entre toda la oposición. Juntos por el Cambio rechazó de plano la oferta, que tampoco convenció a otros bloques minoritarios, por lo que las negociaciones continuarán este martes y miércoles.
Guzmán expondrá en primer término sobre los detalles de la negociación, durante un lapso de tiempo que podría ser de una hora. Luego será el turno de las preguntas de la oposición. En tercer término, el Frente de Todos podrá usar sus minutos para manifestarse en favor de las gestiones del ministro; y finalmente, el funcionario dará un discurso de cierre.
“El oficialismo dominará tres de las cuatro instancias de la sesión”, se quejó un referente de Juntos por el Cambio, y agregó que, por si eso fuera poco, deberían repartirse los 40 minutos con otros bloques minoritarios. “Nosotros tenemos 116 diputados, no podemos tener el mismo tiempo que la izquierda”, advirtió otro legislador.
La reunión llegó a su pico máximo de tensión cuando, ante la intransigencia del Frente de Todos, Mario Negri (UCR) y sus pares Cristian Ritondo (Pro) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) amenazaron con retirarse del Salón de Honor, y desde el Frente de Todos se disparó una chicana: “¡En cuatro años ustedes hicieron desastres con la deuda! ¡Si no quieren venir el miércoles, no vengan!”. “Bueno, si no quieren que vengan, no venimos”, fue la inquietante respuesta de Juntos por el Cambio.
Tras una fuerte discusión donde también intervino el jefe del Frente de Todos, Máximo Kirchner, Massa logró contener a los líderes de la oposición, ante el riesgo de que aceptaran la invitación a vaciar la sesión, según pudo reconstruir este medio.
Para que la sangre no llegue al río, los participantes decidieron continuar las conversaciones durante este martes, y terminar de cerrar el acuerdo en Labor Parlamentaria el miércoles al mediodía. Cristina Álvarez Rodríguez (Frente de Todos) y Silvia Lospennato (Pro) serán las encargadas de acercar posiciones.
De la reunión también participaron Álvaro González (Pro), Cecilia Moreau (Frente de Todos), José Luis Ramón, Pablo Ansaloni (Unidad Federal para el Desarrollo), Enrique Estévez, Carlos Gutiérrez (Interbloque Federal), Alma Sapag (Movimiento Popular Neuquino), Nicolás Del Caño (PTS) y Romina Del Plá (Partido Obrero).
Guzmán se presentará en el recinto desde las 17, el mismo día que arribará al país una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI). Los diputados tendrán tiempo hasta las 20 de este martes para enviar al ministro sus preguntas por escrito. En ese tema comenzó a trabajar el Pro, que este lunes recibió al exministro de Hacienda Hernán Lacunza, a puertas cerradas y en medio de un gran hermetismo.
El ministro de Economía asistirá a una sesión informativa el próximo miércoles a las 17. Lo acordó Sergio Massa con los bloques de la oposición.
El ministro de Economía, Martín Guzmán, asistirá el próximo miércoles al recinto de la Cámara de Diputados para explicar, en una sesión informativa, cuáles serán los lineamientos del proceso de negociación de la deuda externa, luego de que el Senado sancionara la ley que respalda su sostenibilidad.
La presencia de Guzmán en el Congreso estaba prevista en el cronograma que difundió el Gobierno nacional. Si bien se esperaba que el funcionario asistiera a la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de la Deuda Externa, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, acordó con los bloques de la oposición que la exposición sea en el recinto.
En efecto, en las últimas horas, Massa recibió el aval de Juntos por el Cambio y de los interbloques Federal y Unidad Federal para el Desarrollo para realizar una sesión el miércoles a las 17, que tendrá una dinámica similar a las exposiciones del jefe de Gabinete.
De esta forma, Guzmán tendrá una hora para hablar sobre los detalles del proceso, y luego los legisladores podrán, por bloque, hacerle preguntas, aunque Guzmán podría evitar detalles sobre la oferta que realizará a los acreedores en las próximas semanas.
“Argentina está dispuesta a pagar, pero no hará ninguna oferta que signifique empeorar aun más las condiciones de vida de la gente”, se limitó a responder un importante diputado del Frente de Todos ante la consulta de la prensa.
La idea del oficialismo es que Guzmán replique su presentación ante el Senado, que todavía no puso fecha a su sesión informativa. Quedará pendiente para el período ordinario la constitución de la Bicameral de la Deuda, cuya presidencia le corresponderá este año a un diputado.
Lo cierto es que será la primera vez que Guzmán concurra al Congreso, pues durante el debate sobre el proyecto de sostenibilidad de la deuda envió a exponer a otros funcionarios del área.
Este miércoles, el Senado aprobó por unanimidad -65 votos afirmativos- la ley que le permitirá al ministro de Economía pararse frente a los tenedores de deuda con un fuerte respaldo político de la dirigencia argentina. El proyecto sancionado abarca los bonos bajo legislación extranjera producto de los canjes de 2005 y 2010, y vencimientos posteriores a 2016.
“La realidad es que hoy estamos en emergencia y estamos en default”, admitió el titular del bloque oficialista al cierre del debate en el Senado.
José Mayans, presidente del bloque del Frente de Todos en el Senado, cerró el debate sobre deuda externa y reconoció que “Argentina no está en condiciones de cumplir con el pago de deuda”, por lo cual ahora el Gobierno buscará garantizar su sustentabilidad.
El senador formoseño precisó que el monto bajo legislación extranjera, que es el que contempla el proyecto, es de “casi 142.000 millones de dólares”, de los cuales “65.000 millones corresponden a bonos y el resto a organismos internacionales”.
Por eso, reconoció que “Argentina no está en condiciones de cumplir con el pago de deuda” y que “la realidad es que hoy estamos en emergencia y estamos en default”.
El titular del bloque oficialista sostuvo que el estado de emergencia es producto de que los mercados hayan dicho “basta”, tras lo cual el entonces presidente Mauricio Macri decidió acudir al FMI, “y ya se transformó en una deuda política”.
Mayans recordó que la deuda de 57.000 millones de dólares con la entidad monetaria no fue debatida en el Congreso, y alertó además que ese dinero “no era para la reactivación económica sino para cubrir la timba financiera”, y fue así que “entraba la plata por un lado y salía por el otro”.
“El desafío es cambiar la política de especulación y de usura en la que estamos metidos por la política de producción y trabajo”, subrayó, y agregó en otro pasaje de su discurso que “los que viven el momento más duro son los que están en la pobreza y la indigencia”.
Por último, Mayans concluyó que “es positivo que podamos, con una mayoría calificada, respaldar esta acción de renegociación, porque es altamente difícil” la tarea del ministro de Economía, Martín Guzmán.
La iniciativa fue aprobada por unanimidad, pero oficialismo y oposición cruzaron duros pases de factura sobre las responsabilidades del endeudamiento.
Por Carolina Ramos y Melisa Jofré
Martín Guzmán consiguió la herramienta que le permitirá negociar en mejores condiciones con los acreedores. El Senado convirtió en ley este miércoles por unanimidad el proyecto de sostenibilidad de la deuda pública externa, en una muestra de respaldo de todo el arco político al proceso que iniciará próximamente el ministro de Economía.
El texto recibió 65 votos afirmativos y hubo solo siete senadores ausentes: el expresidente Carlos Menem por el Frente de Todos; Alfredo De Angeli, Silvia Giacoppo, Gladys González, Ernesto Martínez y Guadalupe Tagliaferri por Juntos por el Cambio; y José Alperovich, quien se encuentra de licencia.
Si bien oficialismo y oposición coincidieron en que la norma será una contribución importante a las conversaciones con los bonistas, el recinto de la Cámara alta fue escenario de fuertes pases de factura sobre las responsabilidades del endeudamiento.
Mientras transcurría el debate, que duró casi nueve horas, el jefe del bloque del Frente de Todos, José Mayans, confirmó a la prensa que Guzmán asistirá al Congreso el próximo miércoles 12, para exponer ante la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de la deuda externa, tal como estaba pautado en el cronograma oficial.
Según ese esquema, hacia fines de febrero iniciará formalmente el período de reuniones e intercambios con los tenedores de deuda externa, y la segunda semana de marzo se lanzará la oferta, de modo que cuando finalice el mes se anunciarán los resultados de las negociaciones.
El proyecto aprobado por el Senado solo contempla la deuda bajo legislación extranjera, lo que, según Martín Lousteau (Juntos por el Cambio) solo representa “el 45% de la deuda” y “el 15% de los vencimientos que tenemos en 2020”.
Puntualmente, la ley abarca los bonos emitidos en los canjes de 2005 y 2010 y los títulos públicos emitidos a partir de 2016; y dispone la renuncia a invocar la inmunidad soberana contra el embargo y ejecución de determinados bienes.
Lousteau fue uno de los senadores escuchados con más atención entre los casi 40 que hablaron en el recinto. La sesión -la primera del año en la Cámara alta- fue conducida por su presidenta provisional, Claudia Ledesma Abdala, ya que Cristina Kirchner se encuentra a cargo de la Presidencia de la Nación por la gira europea de Alberto Fernández.
El primero en defender el proyecto fue el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Caserio, quien remarcó la necesidad de “reordenar la economía y cumplir con las responsabilidad sin dejar afuera a ningún argentino”.
El cordobés denunció que en los últimos cuatro años del gobierno de Mauricio Macri hubo “un incremento desmedido de la deuda pública”, donde se pasó “del 52% al 92% del PBI”. Además, subrayó que el endeudamiento fue solo “para cubrir gastos corrientes” y “ninguna actividad que ayudara a los argentinos a mejorar su calidad de vida”.
El miembro informante del oficialismo sostuvo que “una renegociación va a significar un menor sufrimiento para los argentinos”, y precisó que el monto comprometido es de “más de 120 mil millones de dólares”.
En nombre de Juntos por el Cambio, Laura Rodríguez Machado explicó que el acompañamiento de esa bancada consiste en “asegurar la gobernabilidad y no poner palos en la rueda”.
“Estamos votando esta ley porque la oposición no está pintada al óleo. Ese 41% que representamos es el del consenso, ese que ustedes necesitan para que cuando vayan a negociar al exterior entiendan que la confianza no viene de forma unilateral por decisiones que toman quienes ganaron la elección”, observó.
Varios senadores de la oposición que exigieron que el Poder Ejecutivo envíe el nuevo Presupuesto, ya que actualmente rige una prórroga del que fue aprobado para 2019. Una de las que levantó este reclamo fue la radical Silvia Elías de Pérez, quien consideró que “para crear certidumbre necesitamos saber cuál es el programa económico” porque eso “ayudará a negociar mejor”.
El misionero Maurice Closs, la incorporación más reciente del Frente de Todos, recogió el guante y explicó por qué “en estas condiciones es muy difícil hablar del Presupuesto”. “Solo teniendo en cuenta el vencimiento de este año sobre un Presupuesto actualizado del que mandó Macri para 2020, tendríamos un Presupuesto de 130.000 millones de dólares con 67.000 millones para pagar de capital de intereses. Ese es el problema: el peso del vencimiento se transformó en algo irracional para el 2020 y 2021”, precisó.
Closs puntualizó además que la flamante ley “autoriza una negociación de hasta 142.000 millones de dólares”, y agregó que “mientras más se logre negociar, mejor, porque significa que mayores montos tendrán mayor plazo de vencimiento y mejores tasas”.
El senador además dijo que “es muy probable que para convencer a la mayor cantidad de acreedores haya que emitir muchos y variados bonos”, y advirtió que la negociación será “una de las más duras de la historia por el monto y porque está el FMI adentro con 44.000 millones de dólares sin resolver”, a diferencia de los canjes de 2005 y 2010.
Uno de los discursos más resonantes fue el de Oscar Parrilli (Frente de Todos), quien denunció que “en el este tema de la deuda el gobierno de (Mauricio) Macri fue peor que la dictadura, porque la dictadura nos endeudó alrededor de 10 mil millones de dólares por año y la anterior gestión nos endeudó alrededor de 30 mil millones de dólares, y en dos años, inédito, llegó al default”.
“En 2015 la deuda total que dejó nuestro gobierno alcanzaba el 52% del PBI, de los cuales el 12% era en dólares”, recordó el exsecretario de la Presidencia durante el kirchnerismo, y detalló que “al tercer trimestre del 2019 la deuda en relación al PBI es del 91,8%, casi un 92%”.
También señaló que en este proceso “hay muchos responsables” y apuntó contra “todos aquellos que aplaudieron, se vanagloriaron y difundieron esta suerte de endeudamiento serial de la Argentina: publicistas, economistas, periodistas y muchos empresarios”.
“Ese grupo de empresarios de ese famoso círculo rojo, que tanto daño le ha hecho a la Argentina y que fue el que aplaudió con bombos y platillos toda esta política de endeudamiento, y aplaudió también toda la política de baja de salarios, de desaparición del rol del Estado, de liberalización de importaciones, de entrada de divisas, de fuga de capitales”, disparó Parrilli.
El jefe de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, apuntó al “relato” sobre el desendeudamiento durante la gestión kirchnerista y negó que haya habido una “gesta épica”.
“En los últimos años, tenemos adicción a los relatos”, lanzó Naidenoff, y salió al cruce de quienes aseguran que “en el período que gobernó el kirchnerismo nos desendeudamos”. “Esto no ocurrió, nada de esto fue real”, dijo.
El formoseño precisó que “de 2005 a 2015 la deuda se incrementó en 90.000 millones de dólares”, y agregó que “la salida del Fondo Monetario Internacional también fue un gran relato” y “le costó muy caro al país” porque “se utilizaron 9.800 millones de las reservas del Banco Central”.
A continuación, José Mayans reconoció que “Argentina no está en condiciones de cumplir con el pago de deuda” y que “la realidad es que hoy estamos en emergencia y estamos en default”.
El titular del bloque del Frente de Todos sostuvo que el estado de emergencia es producto de que los mercados hayan dicho “basta”, tras lo cual el entonces presidente Mauricio Macri decidió acudir al FMI, “y ya se transformó en una deuda política”.
Mayans recordó que la deuda de 57.000 millones de dólares con la entidad monetaria no fue debatida en el Congreso, y alertó además que ese dinero “no era para la reactivación económica sino para cubrir la timba financiera”, y fue así que “entraba la plata por un lado y salía por el otro”.
El proyecto aprobado este miércoles declara “prioritaria para el interés de la República Argentina la restauración de la sostenibilidad de la deuda pública emitida bajo ley extranjera”. Puntualmente, la ley abarca los bonos emitidos en los canjes de 2005 y 2010 y los títulos públicos emitidos a partir de 2016; y dispone la renuncia a invocar la inmunidad soberana contra el embargo y ejecución de determinados bienes.
La norma autoriza al Ministerio de Economía a emitir nuevos títulos públicos para modificar el perfil de vencimiento de intereses y amortizaciones de capital; determinar las épocas, plazos, métodos y procedimientos de emisión de nuevos títulos públicos; y designar instituciones o asesores financieros para que actúen como coordinadores en el proceso de estructuración, entre otras facultades.
Se establece que la prórroga de jurisdicción “no implicará renuncia alguna” respecto de la inmunidad de la Argentina con relación a la ejecución de ciertos bienes, como los del Banco Central, cualquier bien perteneciente al dominio público localizado en el país, o cualquier bien localizado dentro o fuera del territorio que preste un servicio público esencial, entre otros.
En tanto, las comisiones que puedan cobrar los bancos colocadores de deuda “en ningún caso podrán superar” el 0,1% por todo concepto del monto efectivamente canjeado y/o reestructurado. En forma previa a la suscripción de contratos con entidades y asesores financieros “se deberá dar intervención a la Sindicatura General de la Nación”.
De acuerdo al texto, todas las operaciones que se realicen quedarán exentas de todos los impuestos, incluido el IVA, tasas y contribuciones nacionales existentes y a aplicarse en el futuro.
Paralelamente, al inicio de la sesión, el Senado aprobó a mano alzada un proyecto de resolución para ampliar la mesa de trabajo donde se discutirá la deuda que la mayoría de las provincias mantiene con organismos nacionales en pesos.
La iniciativa encomienda a Cristina Kirchner la tarea de gestionar ante Diputados la participación, en esa negociación, de las autoridades de los bloques de senadores del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio, que habían sido excluidos del proyecto aprobado en la Cámara baja.
De este modo, la mesa quedará integrada por el presidente de la Cámara de Diputados; autoridades parlamentarias del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio en ambas Cámaras; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y los ministros Eduardo “Wado” De Pedro (Interior) y Martín Guzmán (Economía).
El jefe del bloque Juntos por el Cambio negó que haya habido una “gesta épica” y explicó por qué.
Hacia el final del debate sobre el proyecto de sostenibilidad de la deuda externa, el jefe del bloque Juntos por el cambio, Luis Naidenoff, apuntó al “relato” sobre el desendeudamiento durante la gestión kirchnerista y negó que haya habido una “gesta épica”.
Naidenoff observó que durante el debate en el recinto se habló de “dos modelos: un proyecto de desendeudamiento y un proyecto de endeudamiento a mansalva de manera irresponsable, causante de todos los males de la Argentina”.
“En los últimos años, tenemos adicción a los relatos”, lanzó Naidenoff, y salió al cruce de quienes aseguran que “en el período que gobernó el kirchnerismo nos desendeudamos”. “Esto no ocurrió, nada de esto fue real”, dijo.
El formoseño precisó que “de 2005 a 2015 la deuda se incrementó en 90.000 millones de dólares”, y agregó que “la salida del Fondo Monetario Internacional también fue un gran relato” y “le costó muy caro al país” porque “se utilizaron 9.800 millones de las reservas del Banco Central”.
“Nunca nos fuimos del Fondo y tampoco fue la intención del Gobierno”, aseguró el senador, y recordó entre otras cosas que “en 2013 la Argentina soportó por parte del Fondo una moción de censura”.
Finalmente, hizo mención a la herencia recibida en 2015: “Nos hacemos cargo de lo que nos corresponde. Asumimos una Argentina en default, con recesión desde 2011 y 14 provincias en déficit, de las cuales cuatro no podían pagar aguinaldos”.
“Para crear certidumbre necesitamos saber cuál es el programa económico. Eso nos dará certidumbre, bajará el Riesgo País, ayudará a negociar mejor”, opinó la senadora radical.
La senadora nacional Silvia Elías de Pérez (UCR) apoyó la reestructuración de la deuda, pero exigió al Poder Ejecutivo que envíe el proyecto de Presupuesto 2020 al Congreso para “darle mayor certidumbre a las negociaciones con los bonistas”, que piden saber cuál es el programa económico del presidente Alberto Fernández.
“La falta de sostenibilidad tiene que ver con todos los factores de la economía. Lo primero tiene que ver con las dudas sobre lo que se va a hacer en la economía de un país. Por eso es importante que hoy estemos todos de acuerdo en dotar a nuestros negociadores de las mejores herramientas para negociar. Son imprescindibles tres o cuatro puntos de consenso. Para crear certidumbre necesitamos saber cuál es el programa económico. No es chicana pedir el Presupuesto. Eso nos dará certidumbre, bajará el Riesgo País, ayudará a negociar mejor”, dijo la senadora.
Elías de Pérez agregó otros factores: “Es imprescindible tener certidumbre jurídica, no se pueden cambiar las reglas permanentemente, porque si no nadie quiere invertir. Necesitamos mejorar la independencia de la Justicia. Necesitamos disminuir la carga tributaria. Desde 2011 no hay crecimiento sostenible. Es imprescindible crecer para poder pagar la deuda. Es indispensable que haya costos razonables para invertir. Los que vivimos en el Norte necesitamos ser tenidos en cuenta porque tenemos costos diferentes a los que viven cerca del puerto. Es fundamental no generar déficits que sean insostenibles”.
“En 2015 el déficit era mayor a 6 puntos del PBI, esto es equivalente a la producción anual de Tucumán multiplicada por tres. En pocas palabras, para hacer sostenible la deuda se necesita crecer y tener deudas con tasas de interés que sean pagables”, agregó la legisladora radical.
Por otra aparte, habló de las negociaciones que realizó el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, con bonistas: “Flaco favor nos ha hecho el gobernador Kicillof, dándole la peor de las ayudas al Gobierno nacional con su modo de negociación tan extraño. Por eso creo que es importante que las provincias sean atendidas”.
El senador abogó por que “el Gobierno tenga la capacidad, el apoyo, los conocimientos técnicos y el temple necesarios para encarar una negociación que va a ser difícil”.
El senador nacional Martín Lousteau (Juntos por el Cambio) pronosticó en la sesión de este miércoles que la negociación por la deuda externa será “difícil” y en ese sentido destacó el acompañamiento de la oposición al proyecto del Poder Ejecutivo.
Lousteau explicó en primer lugar que “desde el punto de vista de los instrumentos jurídicos, muchas de las cosas incluidas ya están incluidas en leyes existentes”.
En ese sentido, mencionó que la Ley de Emergencia Pública sancionada en diciembre “contiene muchas de las cosas que hoy estamos debatiendo”, y agregó que el artículo 65 de la Ley de Administración Financiera “permite al Ejecutivo hacer operaciones de crédito público”.
Por eso, consideró que la ley en debate es en realidad “una manifestación de nuestro respaldo a una negociación que va a ser difícil”.
“Cuando uno habla de incapacidad de endeudarse por el costo de ese endeudamiento, está hablando de insustentabilidad, o como mínimo, de problemas de liquidez”, precisó el economista.
Detalló que el monto de los vencimientos de este año se calcula en “65.000 millones de dólares”, lo que equivale a “18 puntos del PBI”, lo que “manifiesta que hay una situación de fragilidad, donde todos tenemos que trabajar mancomunadamente para ver cómo salimos de este embrollo”.
Por otra parte, Lousteau indicó que el proyecto solo se refiere a la deuda bajo legislación extranjera, que representa “el 45% de la deuda” y “nada más que el 15% de los vencimientos que tenemos en 2020”. “Esta ley solamente va a permitir un instrumento para una parte del enorme monto de deuda que tiene la Argentina”, resumió.
También advirtió que “hemos pasado alrededor del 40% de nuestra vida en democracia en default”.
El senador observó que “recién en 2016 terminamos con los holdouts y cuatro años después estamos hablando otra vez de la renegociación de la deuda”.
“Si queremos tener una reestructuración que en cuatro o cinco años no vuelva a ser abierta, tenemos que ver dónde están nuestros problemas administrativos y dónde se genera la deuda”, opinó.
Sostuvo en ese marco que “la fuente principal” de la deuda “es cuando hay déficit”, pero señaló que hay muchos otros motivos.
Por eso, consideró que “es muy complejo señalar con el dedo”. “Lo único que estamos diciendo es que la culpa es del otro”, se quejó, al indicar que “en todos los casos ha habido mala praxis con el desendeudamiento”.
Por último, destacó que “la ley es necesaria para dar respaldo a aquellos que van a negociar, pero también debemos encarar esas negociaciones con otro tipo de confianza entre nosotros, pensando que la construcción de una Argentina colectiva es posible”.
Finalmente, abogó por que “el Gobierno nacional tenga la capacidad, el apoyo, los conocimientos técnicos y el temple necesarios para encarar una negociación que va a ser difícil”.
El senador del Frente de Todos advirtió que “se está enfrentando a un poder muy consolidado, muy fuerte, que son los fondos de inversión, los fondos especulativos”.
El senador del Frente de Todos y excanciller Jorge Taiana resaltó que la ley de sostenibilidad de la deuda externa es “imprescindible para el mejor éxito de la renegociación que tiene que encarar la Argentina” ante los acreedores, y apuntó contra la “timba financiera”.
Taiana consideró que se trata de “una contribución importante al éxito de esa estrategia, que no es sencilla, porque se está enfrentando a un poder muy consolidado, muy fuerte, que son los fondos de inversión, los fondos especulativos, que se mueven con gran facilidad y sin ninguna piedad, y que no tienen ninguna preocupación por la inversión productiva”.
El senador -que completa el mandato de la vicepresidenta Cristina Kirchner- sostuvo que “es obvio que en los últimos cinco años hubo una enorme aceleración del endeudamiento, se la mida como se la mida”, y puso como ejemplo que “en proporción del Producto Bruto, pasó del 48% al 90%”.
“Hay que reiterarlo: Argentina tiene voluntad de pago, pero para poder pagar, el país necesita generar capacidad para crecer y además cumplir con su deuda interna. Para pagar hay que crecer, y nosotros exigimos que se respete ese principio”, enfatizó.
El legislador insistió hacia el final de su discurso en que “el voto mayoritario de esta ley es una contribución importante a que los argentinos nos mostremos firmes y que mostremos un compromiso de decir ‘nunca más’ al endeudamiento especulativo”.
El senador del Frente de Todos también cargó contra el expresidente Mauricio Macri, al asegurar que “en el tema de la deuda fue peor que la dictadura”.
El senador nacional del Frente de Todos Oscar Parrilli cargó duro contra los empresarios, al sostener que “están boicoteando al gobierno de Alberto Fernández” con la suba de precios y consideró que “son en gran parte responsables” del endeudamiento contraído durante la gestión anterior.
En un extenso discurso, el neuquino lanzó que “en el este tema de la deuda el gobierno de (Mauricio) Macri fue peor que la dictadura, porque la dictadura nos endeudó alrededor de 10 mil millones de dólares por año y la anterior gestión nos endeudó alrededor de 30 mil millones de dólares, y en dos años, inédito, llegó al default”.
“En 2015 la deuda total que dejó nuestro gobierno alcanzaba el 52% del PBI, de los cuales el 12% era en dólares”, recordó el exsecretario de la Presidencia y detalló que “al tercer trimestre del 2019 la deuda en relación al PBI es del 91,8%, casi un 92%”.
En tanto, “la deuda en dólares se elevó del 12,2% al 41,9%; la deuda con los organismos financieros internacionales del 6,3% al 20,1%; y lo que ellos tanto dicen de que nosotros teníamos una gran deuda con los organismos del sector público, intraestado, la nuestra era del 30,1% y la de ellos del 29,1%, de manera que la redujeron un punto, pero aumentaron en casi 30 puntos la deuda en dólares y casi la duplicaron con los organismos financieros internacionales”, enumeró.
Para el extitular de la AFI, “en la historia no todos tenemos la misma responsabilidad” y en el tema de la deuda “hay muchos responsables”. En ese sentido, apuntó contra “todos aquellos que aplaudieron, se vanagloriaron y difundieron esta suerte de endeudamiento serial de la Argentina: publicistas, economistas, periodistas y muchos empresarios”.
Y continuó: “Ese grupo de empresarios de ese famoso círculo rojo, que tanto daño le ha hecho a la Argentina y que fue el que aplaudió con bombos y platillos toda esta política de endeudamiento, y aplaudió también toda la política de baja de salarios, de desaparición del rol del Estado, de liberalización de importaciones, de entrada de divisas, de fuga de capitales”.
“Estos empresarios, que fueron responsables de gran parte de lo que nos ocurrió, están hoy boicoteando al gobierno de Alberto Fernández”, acusó y dijo que lo hacen -a su criterio- a través del “aumento desmedido, desmesurado y sin absoluta razón del precio de los alimentos, que han hecho a partir de los primeros días de enero”.
Parrilli advirtió: “Tienen que darse cuenta que están jugando con el fuego, que no han correspondido a un presidente que los ha llamado con toda generosidad y les ha abierto las puertas de la Casa Rosada”. “Cuando no hay aumento de tarifas, cuando el dólar está estable, aumentan de una manera desmedida los precios de los alimentos”, se quejó.
Finalmente insistió que “ellos también en gran parte son responsables, no solo del endeudamiento y la crisis con la que han dejado la Argentina, sino que hoy están nuevamente en una actitud antiargentina, antinacional y en contra de los intereses de nuestro pueblo y están boicoteando al gobierno”.
Con una extensa lista de oradores, avanza en la Cámara alta la discusión sobre el proyecto que busca respaldar la reestructuración de la deuda. Se espera un amplio respaldo.
Con una extensa lista de oradores, avanza en el Senado el debate sobre el proyecto de ley sobre la sostenibilidad de la deuda pública externa, enviado por el Poder Ejecutivo, de cara a las negociaciones que emprenderá el ministro de Economía, Martín Guzmán, en las próximas semanas.
La sesión extraordinaria inició a las 10.37 y cerca de la noche se producirá la votación, donde el Frente de Todos contará con apoyo de Juntos por el Cambio y otros senadores monobloquistas.
El debate es conducido por la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdala de Zamora, ya que Cristina Kirchner se encuentra a cargo de la Presidencia de la Nación en reemplazo de Alberto Fernández, de gira por Europa.
El primero en defender el proyecto fue el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Caserio, quien remarcó la necesidad de “reordenar la economía y cumplir con las responsabilidad sin dejar afuera a ningún argentino”.
Antes de repasar en qué consiste la iniciativa artículo por artículo, el cordobés recordó que en los últimos cuatro años del gobierno de Mauricio Macri hubo “un incremento desmedido de la deuda pública”, donde se pasó “del 52% del PBI al 92%”.
Además, subrayó que el endeudamiento fue solo “para cubrir gastos corrientes” y “ninguna actividad que ayudara a los argentinos a mejorar su calidad de vida”.
El miembro informante del oficialismo sostuvo que “una renegociación va a significar un menor sufrimiento para los argentinos”, y precisó que “el monto del cual estamos hablando es un monto muy significativo, el 44% de la deuda total”, calculado en “más de 120 mil millones de dólares”.
En nombre de Juntos por el Cambio, Laura Rodríguez Machado ratificó el apoyo al proyecto, pero advirtió que no es necesaria la ley para iniciar las negociaciones, ya que el Poder Ejecutivo fue facultado para esta tarea con la Ley de Emergencia Pública sancionada en diciembre.
Por otra parte, la legisladora destacó que durante el gobierno de Mauricio Macri se tomara deuda para “pagar endeudamiento contraído por gestiones anteriores”, al recordar que el presidente anterior asumió “súper fuera del mercado de crédito, en un país en default” y con “una deuda impaga” y “procesos judiciales pendientes” como el embargo de la Fragata Libertad.
El proyecto oficialista declara “prioritaria para el interés de la República Argentina la restauración de la sostenibilidad de la deuda pública emitida bajo ley extranjera”, que se calcula en un total de “142 mil millones de dólares”, según el jefe del bloque oficialista, José Mayans.
Puntualmente, la ley abarca los bonos emitidos en los canjes de 2005 y 2010 y los títulos públicos emitidos a partir de 2016; y dispone la renuncia a invocar la inmunidad soberana contra el embargo y ejecución de determinados bienes.
La norma autoriza al Ministerio de Economía a emitir nuevos títulos públicos para modificar el perfil de vencimiento de intereses y amortizaciones de capital; determinar las épocas, plazos, métodos y procedimientos de emisión de nuevos títulos públicos; y designar instituciones o asesores financieros para que actúen como coordinadores en el proceso de estructuración, entre otras facultades.
Se establece que la prórroga de jurisdicción “no implicará renuncia alguna” respecto de la inmunidad de la Argentina con relación a la ejecución de ciertos bienes, como los del Banco Central, cualquier bien perteneciente al dominio público localizado en el país, o cualquier bien localizado dentro o fuera del territorio que preste un servicio público esencial, entre otros.
En tanto, las comisiones que puedan cobrar los bancos colocadores de deuda “en ningún caso podrán superar” el 0,1% por todo concepto del monto efectivamente canjeado y/o reestructurado. En forma previa a la suscripción de contratos con entidades y asesores financieros “se deberá dar intervención a la Sindicatura General de la Nación”.
De acuerdo al texto, todas las operaciones que se realicen quedarán exentas de todos los impuestos, incluido el IVA, tasas y contribuciones nacionales existentes y a aplicarse en el futuro.
La senadora resaltó que “la oposición no está pintada al óleo”, al hacer hincapié en la importancia del acompañamiento de Juntos por el Cambio al proyecto de reestructuración.
La senadora nacional Laura Rodríguez Machado defendió que durante el gobierno de Mauricio Macri se tomó deuda para pagar endeudamiento contraído por gestiones anteriores, y le respondió al presidente Alberto Fernández, quien este miércoles dijo desde Francia que con Macri “vivimos un 2001 por goteo”.
Al iniciar su discurso, la cordobesa señaló que “siempre hemos dicho que vamos a asegurar la gobernabilidad” y el proyecto de sostenibilidad de la deuda pública exterior “responde a los cánones que nosotros consideramos que el Gobierno nacional debe tener”.
“Hoy lo que se está votando es un instrumento para ver si el Ejecutivo encuentra una vía que interpreta para generar un programa de gobierno”, expresó, aunque resaltó que el acompañamiento “tiene una parte crítica”. “Esperemos que encuentren ese timón, que todavía no está muy explicitado a la sociedad, y que lleguen a buen puerto”, insistió.
En defensa de la gestión de Cambiemos, la legisladora enfatizó que Macri “asumió no fuera del mercado de crédito, súper fuera del mercado de crédito, porque asumió un país en default” con “una deuda impaga” y “procesos judiciales pendientes” como el embargo de la Fragata Libertad.
“Hubo un default que solucionamos con nuestra gestión rápidamente”, dijo y subrayó que se recuperó “un país al crédito internacional, que pudo insertarse al mundo” y las provincias pudieron acceder a organismos multilaterales para financiar obras.
Al justificar el voto positivo de la bancada opositora, Rodríguez Machado destacó que “el 41% que nosotros representamos es el 41% del consenso”. “La oposición en Argentina no está pintada al óleo”, sostuvo y consideró: “Con nuestro voto le damos mucha fuerza al Gobierno nacional, para que entienda que la confianza no viene unilateralmente por decisiones que tomen quienes ganan la elección”.
La senadora remarcó que “un 73% de la deuda emitida desde que asumió Mauricio Macri corresponde a deudas de gobiernos anteriores”, y que “tres de cada cuatro dólares” se utilizaron “para pagar deudas heredadas” y “el dólar restante para pagar déficit fiscal”.
En referencia a los dichos del presidente Alberto Fernández desde Francia, donde manifestó que con Macri se vivió “un 2001 a goteo”, la cordobesa recordó: “En el 2001 hubo tres presidentes en un mes, además de declarar públicamente el default nacional había cuasimonedas, había semanas enteras de feriados bancarios y cambiarios, no se podía extraer dinero de nuestras cajas de seguridad y de nuestras cuentas personales”.
“¿Ustedes creen que era lo mismo que heredaron o se le fue un poquito la mano (a Fernández)?”, se preguntó y afirmó que el mandatario al decir eso en el exterior “queda como un mentiroso” porque “el default lo solucionó el presidente Mauricio Macri y no los 12 años que ustedes gobernaron”.
Así lo sostuvo el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Caserio, quien remarcó que el Gobierno “tiene voluntad de pago”.
En el arranque del debate sobre el proyecto de ley de sostenibilidad de la deuda exterior, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, Carlos Caserio, remarcó la necesidad de “reordenar la economía y cumplir con las responsabilidad sin dejar afuera a ningún argentino”.
El cordobés comenzó recordando que en los últimos cuatro años del gobierno de Mauricio Macri hubo “un incremento desmedido de la deuda pública”, donde se pasó “del 52% del PBI al 92%”. Además, subrayó que el endeudamiento fue solo “para cubrir gastos corrientes” y “ninguna actividad que ayudó a los argentinos a mejorar su calidad de vida”.
El miembro informante dijo que el país “se endeudó de un modo impresionante” y, al asumir la gestión de Alberto Fernández, “nos encontramos con un país muchísimo más pobre de lo que recibió el gobierno anterior”.
Al repasar uno por uno los artículos del proyecto impulsado por el Ejecutivo, el legislador del Frente de Todos afirmó que se busca “un beneficio en esta renegociación”, en línea con el artículo 65 de la Ley de Administración Financiera. “Tenemos que lograr mejorar los montos, los plazos y los intereses, porque sino no tiene ningún sentido la renegociación”, señaló.
“El Gobierno nacional ya dijo hasta el cansancio que quiere pagarla”, enfatizó, pero advirtió que “para pagarla hay que tener los recursos” y “se quiere lograr una mejora en los gastos que siempre lleva la reestructuración”.
Detalló a continuación que “se ha pasado del 0,2%” que utilizó en 2016 el gobierno anterior “a un tope de 0,1% como gasto de cualquier actividad de consultoras, especialistas o el mundo financiero que sirve para apoyar la renegociación de la deuda”.
“Una renegociación va a significar un menor sufrimiento para los argentinos”, consideró Caserio, quien precisó que “el monto del cual estamos hablando es un monto muy significativo, el 44% de la deuda total”, calculado en “más de 120 mil millones de dólares”.
El senador resaltó que “cada vez se destina más del Presupuesto para pagar intereses de deuda” y eso genera “menos inversión”. “Es cierto que el endeudamiento como está es insostenible, hay que buscar mejores condiciones. Argentina está atrapada por los vencimientos y eso nos hace un día a día más difícil de gobernar”, insistió.
“Argentina tiene voluntad de pago, pero necesita también tener capacidad de pago”, agregó y finalizó: “Es un proyecto hecho en Argentina para los argentinos”.
La Cámara alta se reúne para tratar la iniciativa del Poder Ejecutivo. El oficialismo contará con el respaldo de Juntos por el Cambio y otros monobloques.
El Senado comenzó a las 10.37 la sesión extraordinaria en la que buscará convertir en ley el proyecto sobre la sostenibilidad de la deuda pública externa, enviado por el Poder Ejecutivo, que espera contar con la sanción de la norma de cara a las negociaciones con los acreedores.
El Frente de Todos contará con el respaldo de Juntos por el Cambio y otros monobloques, con lo cual se espera un unánime respaldo. Para el debate, hay 41 oradores anotados.
La reunión es conducida por la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdala de Zamora, ya que Cristina Kirchner se encuentra a cargo de la Presidencia de la Nación en reemplazo de Alberto Fernández, de gira por Europa.
El proyecto oficialista declara “prioritaria para el interés de la República Argentina la restauración de la sostenibilidad de la deuda pública emitida bajo ley extranjera”, que se calcula en un total de 142 mil millones de dólares.
Puntualmente, la ley abarca los bonos emitidos en los canjes de 2005 y 2010 y los títulos públicos emitidos a partir de 2016; y dispone la renuncia a invocar la inmunidad soberana contra el embargo y ejecución de determinados bienes.
La norma autoriza al Ministerio de Economía a emitir nuevos títulos públicos para modificar el perfil de vencimiento de intereses y amortizaciones de capital; determinar las épocas, plazos, métodos y procedimientos de emisión de nuevos títulos públicos; y designar instituciones o asesores financieros para que actúen como coordinadores en el proceso de estructuración, entre otras facultades.
Se establece que la prórroga de jurisdicción “no implicará renuncia alguna” respecto de la inmunidad de la Argentina con relación a la ejecución de ciertos bienes, como los del Banco Central, cualquier bien perteneciente al dominio público localizado en el país, o cualquier bien localizado dentro o fuera del territorio que preste un servicio público esencial, entre otros.
En tanto, las comisiones que puedan cobrar los bancos colocadores de deuda “en ningún caso podrán superar” el 0,1% por todo concepto del monto efectivamente canjeado y/o reestructurado. En forma previa a la suscripción de contratos con entidades y asesores financieros “se deberá dar intervención a la Sindicatura General de la Nación”.
De acuerdo al texto, todas las operaciones que se realicen quedarán exentas de todos los impuestos, incluido el IVA, tasas y contribuciones nacionales existentes y a aplicarse en el futuro.
Con apoyo de la oposición, el Frente de Todos consiguió este martes el dictamen favorable del proyecto de ley de sostenibilidad de la deuda pública externa, que será votado este miércoles en el recinto del Senado y se encamina a obtener un amplio respaldo. La iniciativa, que recibió media sanción de la Cámara de Diputados […]
Con apoyo de la oposición, el Frente de Todos consiguió este martes el dictamen favorable del proyecto de ley de sostenibilidad de la deuda pública externa, que será votado este miércoles en el recinto del Senado y se encamina a obtener un amplio respaldo.
La iniciativa, que recibió media sanción de la Cámara de Diputados la semana pasada, se debatió durante una reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que se constituyó al comienzo y quedó -como se preveía- a cargo del cordobés Carlos Caserio.
Desde Juntos por el Cambio reclamaron precisiones sobre la fecha en que el Gobierno enviará el proyecto de Presupuesto 2020 y también cuestionaron la falta de respuestas a una serie de preguntas que solicitaron a los funcionarios que asistieron, el subsecretario legal del Ministerio de Economía, Cristian Dellepiane; y el subsecretario de Relaciones Institucionales de esa cartera, Rodrigo Ruete.
En una breve exposición, Dellepiane destacó que desde un principio la intención del Poder Ejecutivo fue “contar con este instrumento a la hora de comenzar con las negociaciones” por la reestructuración de la deuda.
“Se buscaba el consenso y la publicidad que está teniendo este proyecto para, de cara a una negociación, tener la norma con mayor rango legal posible. Y que en la negociación se encuentre con esta herramienta jurídica que es sumamente importante, como un respaldo y una muestra para una política de Estado más que una mera política de gobierno”, agregó.
El primero en tomar la palabra fue el jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, quien aseguró: “Estamos acá desde nuestro interbloque como hicimos en Diputados para avalar, como gesto político que necesita la Argentina en este momento, el acompañamiento a la iniciativa”.
No obstante, el radical sostuvo que el proyecto “posee facultades de delegaciones excesivas” porque “queda todo en manos del Ejecutivo y el Ministerio de Economía”. En ese sentido, señaló que en la reestructuración de 2016, bajo la gestión macrista, el Congreso tomó conocimiento del tema.
Naidenoff consultó sobre “cuál es el programa macroeconómico del Gobierno”, porque es necesario conocer “algunos lineamientos”; también “qué plazo se ha fijado el Poder Ejecutivo para el envío del proyecto del Presupuesto” porque eso “es central para la negociación de los propios acreedores” y “cuáles son los montos nominales que se pretenden involucrar en la renegociación”.
Recogió el guante el misionero Maurice Closs, quien enfatizó que en 2016 “estábamos hablando de un problema 10 veces menor”, ya que “la magnitud del saldo de la deuda ahora es de 150 mil millones de dólares” y se tomó “en un período de tiempo muy breve”.
“El saldo de la deuda de moneda extranjera pasó de 15 mil millones de dólares a 150 mil millones”, continuó y agregó: “No le estamos pidiendo al Gobierno que acomode un saldo, como fue el caso de los holdouts, sino que acomode toda la deuda. Estamos en una situación de terapia intensiva”.
A su turno, el presidente del bloque Frente de Todos, José Mayans, expresó que “estamos realmente en una emergencia, y en ese marco estamos trabajando”. “La situación es compleja, por eso me agrada la actitud de que la bancada opositora va a acompañar”, dijo.
El formoseño defendió que todavía no haya precisiones sobre el envío del Presupuesto 2020, al argumentar que “una cosa es un Presupuesto en condiciones de economía estable y otra cosa dictar un Presupuesto en condiciones volátiles, por eso ya tuvimos problema con el Presupuesto 2018 y 2019”.
“En este momento la certeza que necesita el país es saber cuántos bonistas que están bajo legislación extranjera están dispuestos a canjear su bono”, resaltó, al tiempo que coincidió con la “preocupación” por la deuda de las provincias y anticipó un “fuerte debate” para la sesión de este miércoles.
Hacia el cierre, la tucumana Silvia Elías de Pérez (UCR) subrayó: “Creemos que la previsibilidad se da cuando uno sabe hacia dónde va, cuáles son las variables macroeconómicas básicas que tienen el presidente y el Ministerio de Economía, cuál es el rumbo, ya que no tenemos un presupuesto”.
“Esperábamos que quienes vinieran nos saquen las dudas, no que vengan a leer el proyecto”, se quejó y pidió que el Senado “tenga su representación” en la mesa de trabajo conformada en Diputados para abordar el tema de las deudas provinciales, ya que es la Cámara alta “la que justamente representa a las provincias”.
Finalmente, Naidenoff opinó que “en una reunión de comisión estas características no es bueno la presencia de funcionarios que tengan limitantes o prácticamente ausencia absoluta para dar respuestas”.
Tras la reunión, fuentes del oficialismo confirmaron a la prensa acreditada que dentro de dos semanas se prevé que el ministro de Economía, Martín Guzmán, asista a la Bicameral de Deuda -que previamente deberá constituirse y podría quedar nuevamente en manos José Mayans- para explicar los detalles de las negociaciones.
La Comisión de Presupuesto quedó dominada por el oficialismo, con 10 miembros sobre 17. Por el Frente de Todos la integran -además de Caserio- Jorge Taiana, Maurice Closs, Beatriz Mirkin, Antonio Rodas, Edgardo Kueider, Teresa González, Ana María Ianni, Roberto Mirabella y Rubén Uñac.
En tanto, por Juntos por el Cambio se encuentran Esteban Bullrich -elegido vicepresidente-, Pamela Verasay, Víctor Zimmerman, Silvia Elías de Pérez, Julio Martínez y los aliados al interbloque Claudio Poggi y Juan Carlos Romero.
El proyecto
La iniciativa que declara “prioritaria para el interés de la República Argentina” la restauración de la sostenibilidad de la deuda pública externa abarca puntualmente los bonos emitidos en los canjes de 2005 y 2010, y también los títulos públicos emitidos a partir de 2016, la mayoría bajo ley de Nueva York.
El proyecto autoriza al Ministerio de Economía a emitir nuevos títulos públicos para modificar el perfil de vencimiento de intereses y amortizaciones de capital; determinar las épocas, plazos, métodos y procedimientos de emisión de nuevos títulos públicos; y designar instituciones o asesores financieros para que actúen como coordinadores en el proceso de estructuración, entre otras facultades.
Se establece que la prórroga de jurisdicción “no implicará renuncia alguna” respecto de la inmunidad de la Argentina con relación a la ejecución de ciertos bienes, como los del Banco Central, cualquier bien perteneciente al dominio público localizado en el país, o cualquier bien localizado dentro o fuera del territorio que preste un servicio público esencial, entre otros.
De acuerdo al texto, todas las operaciones que se realicen quedarán exentas de todos los impuestos, incluido el IVA, tasas y contribuciones nacionales existentes y a aplicarse en el futuro.
FOTOS: Prensa Senado
La provincia de Buenos Aires solicitó a los tenedores del bono USD 750M 10.875% con vencimiento en 2021 su consentimiento a la postergación hasta el 1 de mayo de 2020 del pago de capital con vencimiento el 26 de enero por aproximadamente US$ 250 millones. A través de un comunicado, el Gobierno bonaerense informó que […]
La provincia de Buenos Aires solicitó a los tenedores del bono USD 750M 10.875% con vencimiento en 2021 su consentimiento a la postergación hasta el 1 de mayo de 2020 del pago de capital con vencimiento el 26 de enero por aproximadamente US$ 250 millones.
A través de un comunicado, el Gobierno bonaerense informó que “en virtud de la adhesión de un gran número de bonistas y de intercambios mantenidos con fondos institucionales que aún no han prestado su consentimiento, pero mostraron buena voluntad y entendimiento por la situación provincial, hemos modificado la propuesta para incluir en esta instancia el pago del 30% del vencimiento de capital involucrado cuya postergación se busca obtener”.
Así, si el 75% del capital en circulación de dichos bonos otorga su consentimiento, se pagará dentro del período de gracia que estipula la documentación de los bonos, el 30% del capital que vencía el 26 de enero – aproximadamente U$S 75 millones- y dentro de los 5 días hábiles de efectivizada la enmienda, los intereses que devengue el capital postergado al 1 de mayo –aproximadamente U$S 5 millones-, postergando hasta el 1 de mayo de 2020 el pago del restante 70% de capital originalmente con vencimiento el 26 de enero de 2020.
Esta enmienda tiene efecto inmediato y los tenedores de los bonos 2021 tienen plazo hasta las 10 (horario de Bruselas/Luxemburgo) del 4 de febrero de 2020 para pronunciarse en favor de la modificación propuesta. Los consentimientos ya enviados siguen siendo válidos.
El ministro de Hacienda y Finanzas de la Provincia, Pablo López, señaló que “este esfuerzo se hará con recursos provinciales, que son escasos. Por eso, la Provincia reafirma el compromiso de abordar el problema de deuda, en pos de recuperar la sostenibilidad, de forma rápida y ordenada,”, para luego agregar: “Debemos avanzar en solucionar las cuestiones más urgentes y volcar todo nuestro esfuerzo en reactivar la economía provincial”.
El presidente del interbloque Juntos por el Cambio en Diputados, Mario Negri, respondió a los tuits y declaraciones de la presidenta de la Comisión de Finanzas de la Cámara baja, Fernanda Vallejos, que reclamó investigar la deuda contraída por Cambiemos durante su gestión de gobierno. El diputado Negri salió al cruce de Vallejos a través […]
El presidente del interbloque Juntos por el Cambio en Diputados, Mario Negri, respondió a los tuits y declaraciones de la presidenta de la Comisión de Finanzas de la Cámara baja, Fernanda Vallejos, que reclamó investigar la deuda contraída por Cambiemos durante su gestión de gobierno.
El diputado Negri salió al cruce de Vallejos a través de una serie de tuits en los que replicó: “No se hagan los rulos: su relato no quedará en pie, los números serán lapidarios para el kirchnerismo, que pretende hacer creer que la deuda es hija de los últimos 4 años”.
“El kirchnerismo contribuyó en forma decisiva en la década perdida, en el incremento de la deuda, con tasas descomunales con Venezuela, pagos sobredimensionados al Club de París, la oscura historia de Aerolíneas y el vaciamiento del Banco Central entre otras cosas”, expresó el presidente del interbloque Juntos por el Cambio.
Negri concluyó señalando: “Es tan bueno saber qué se hace ahora con la deuda como conocer la verdadera responsabilidad de cada uno”.
Ante ello, la diputada Vallejos respondió también por Twitter: “Estoy muy de acuerdo con usted, diputado. Investiguemos juntos. El pueblo merece y debe conocer la verdad sobre la evolución y condiciones de contratación de la deuda, así como las responsabilidades sobre la misma”.
El Congreso de la Nación dio el primer paso para investigar todo lo hecho por la administración Cambiemos en materia de deuda externa entre fines de 2015 y 2019. En sintonía con un pedido que verbalizó Máximo Kirchner, la presidenta de la Comisión de Finanzas de la Cámara baja, Fernanda Vallejos, solicitó la conformación de […]
El Congreso de la Nación dio el primer paso para investigar todo lo hecho por la administración Cambiemos en materia de deuda externa entre fines de 2015 y 2019.
En sintonía con un pedido que verbalizó Máximo Kirchner, la presidenta de la Comisión de Finanzas de la Cámara baja, Fernanda Vallejos, solicitó la conformación de la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda Externa.
“Es de nuestro máximo interés poner en funcionamiento la comisión bicameral de control de la deuda, para que la sociedad sepa que pasó, cómo llegamos hasta acá, y que esta discusión que estamos teniendo y esta necesidad de volver a reestructurar una deuda no se repita nunca más”, puntualizó Vallejos en un mensaje público que hizo a través de la red social Twitter.
En efecto, mientras se discutía el proyecto de ley para darle un marco que permita garantizar la sustentabilidad del pago de la deuda, el titular del bloque oficialista, Máximo Kirchner, adelantó que “estoy muy de acuerdo con que la Bicameral de la deuda se ponga en marcha, cuando quieran la ponemos en marcha para saber cómo fue el proceso de endeudamiento y la trazabilidad de la deuda para saber cómo funciona la economía en la Argentina”.
De acuerdo con un trabajo de Proyecto Económico, en base a datos oficiales, la deuda pública externa “pasó de representar menos del 14% del PBI en 2015 (contabilizando la deuda pendiente de reestructuración) a superar el 45% en 2019, con lo cual la deuda externa pública, como porcentaje del producto, más se triplicó en un plazo de cuatro años”. El mismo informe advierte que la deuda emitida bajo legislación extranjera representaba en 2015 el 24,5%, y saltó al 44,2% en 2019. Otro dato llamativo es que, a consecuencia del acuerdo que el entonces presidente Mauricio Macri selló en marzo de 2018 con el FMI, la deuda con organismos financieros internacionales trepó a más del 21% del PBI en 2019, cuando en 2015 sólo representaba el 6% del PBI.
En el plano judicial, el presidente Mauricio Macri, el exministro de Economía Nicolás Dujovne y el extitular del Banco Central Guido Sandleris, fueron denunciados en diciembre de 2019 por presuntas irregularidades al contraer el acuerdo con el FMI. La denuncia fue presentada en el juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 2 a cargo del juez Sebastián Roberto Ramos por el exdiputado nacional y actual director del Banco Nación Claudio Lozano y Jonathan Emanuel Baldiviezo, presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad. Los denunciantes entienden que los exfuncionarios podrían haber cometido los delitos de “incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y administración fraudulenta contra administración pública”.
Antes, cuando se habilitó la venta de dólares provenientes de los desembolsos del FMI en el mercado de cambios, la misma Vallejos también radicó en marzo de 2019 una denuncia penal en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°7 contra Macri, Dujovne y el entonces jefe de Gabinete, Marcos Peña. De acuerdo a la denuncia presentada en el juzgado de Sebastián Casanello, el acuerdo con el FMI constituyó un hecho de “administración fraudulenta contra la administración pública, violación de deberes de deberes de funcionario público y abuso de autoridad”. En su desarrollo, la denuncia judicial de Vallejos alertó que “el acuerdo con el Fondo apunta a sostener la fuga de divisas y pone al país en riesgo de cesación de pagos por el tamaño de la deuda pública generada”.
