Es a través de un proyecto para crear un régimen especial de regularización de deudas de consumo, con quita de intereses, planes de pago de hasta 60 meses y suspensión de embargos y reportes negativos, destinado a personas cuyos ingresos están fuertemente comprometidos por créditos en mora.
La senadora nacional Beatriz Ávila presentó un proyecto de ley para crear un régimen especial de regularización destinado a personas físicas con deudas en mora originadas en créditos de consumo. La iniciativa apunta a aliviar la situación de miles de hogares afectados por el sobreendeudamiento, evitar la judicialización masiva de esas deudas y garantizar la permanencia de los usuarios en el sistema financiero formal.
El proyecto establece un marco obligatorio para las entidades financieras reguladas por el Banco Central, que deberán ofrecer condiciones especiales a quienes destinen al menos el 30% de sus ingresos disponibles al pago de deudas. El régimen alcanzará a obligaciones derivadas de tarjetas de crédito, préstamos personales y otras formas de financiamiento vinculadas a relaciones de consumo, así como a servicios públicos o privados asociados a bienes y servicios de primera necesidad. Quedan expresamente excluidos los créditos hipotecarios y prendarios, así como las deudas originadas en actividades empresariales o profesionales.
Entre los puntos centrales de la propuesta se destaca la condonación mínima del 40% de los intereses moratorios y punitorios acumulados. Además, se prevén planes de pago de hasta 60 meses, con una tasa de interés equivalente a la tasa pasiva promedio del Banco Central. Durante la vigencia del plan, las entidades deberán suspender embargos, ejecuciones judiciales y reportes negativos en los registros crediticios, lo que busca otorgar un alivio inmediato a los deudores y frenar procesos que profundizan la exclusión financiera.
La iniciativa también refuerza el deber de información por parte de los bancos y proveedores de crédito. Las entidades estarán obligadas a informar de manera clara y gratuita sobre la existencia del régimen, brindar asistencia sin costo a los interesados y notificar al Banco Central cada acuerdo alcanzado en el marco de este mecanismo.
En los fundamentos, Ávila advierte que el endeudamiento por consumo dejó de ser, en muchos casos, una herramienta para organizar la vida cotidiana y se transformó en una carga que condiciona decisiones básicas de las familias. Señala especialmente el impacto de los intereses moratorios crecientes sobre sectores con ingresos deteriorados, como jubilados, trabajadores y jóvenes con historiales crediticios negativos, y plantea la necesidad de una respuesta legislativa frente a una problemática social extendida.
El régimen tendría una vigencia de dos años desde su entrada en vigor y sería reglamentado por el Poder Ejecutivo en un plazo máximo de 30 días. Según sostiene el proyecto, la combinación de quitas de intereses, plazos extensos y tasas reguladas busca un equilibrio entre la protección de los consumidores y la sustentabilidad del sistema financiero, con el objetivo de promover la inclusión financiera, reducir la conflictividad judicial y permitir la recuperación gradual de la capacidad de consumo de los hogares.
PROYECTO AVILASe dio en el marco de una reunión de la Comisión de Defensa del Consumidor de Diputados donde alertaron que 1 de cada 4 personas tienen mora con billeteras virtuales y con tarjetas de créditos. Desde el bloque oficialista solicitaron la convocatoria a otra reunión informativa para que todos puedan presentar una lista de invitados a exponer.
El bloque de Unión por la Patria llevó a la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia de Diputados, a cargo de Hugo Yasky, el debate sobre el endeudamiento familiar a fin de abordar un total de 18 proyectos que buscan darle un alivio a los usuarios de tarjetas de crédito y/o tomadores de préstamos personales a través de plataformas digitales.
El encuentro se llevó a cabo este miércoles en una reunión que contó con especialistas vinculados a la temática de protección, prevención y rehabilitación para consumidores fallidos.
“Este es un tema que acucia a muchos hogares de la Argentina y es el sobreendeudamiento con tarjetas de crédito, billeteras virtuales. Es un tema que no podemos seguir dilatando”, comentó Yasky.
Al tomar la palabra, el jefe del bloque de UP, Germán Martínez, manifestó que el eje del encuentro es retomar un debate que ya se discutió el año pasado en la comisión. “No hay ningún ánimo de sacar despacho en la jornada de hoy”, aclaró el santafecino.
Abrió la ronda de expositores la socióloga y docente Luci Cavallero quien precisó que son 39 billones de deudas que tienen las familias argentinas y se basó en datos del Banco Central: “Hay un fuerte incremento de morosidad históricos, los más altos en los últimos 20 años. No es solo mora bancaria, sino también se genera en préstamos que se sacan de las famosas empresas de finanzas digitales”, e indicó que 1 de cada 4 personas tienen mora con esas billeteras virtuales.
Cavallero señaló que los estudios que se vienen realizando hace más de un año hablando de un endeudamiento de 7 de cada 10 argentinos. “No es un endeudamiento circunstancial sino dedicado a poder subsistir y son usados para los gastos básicos”.
“Estamos en un modelo macro económico que genera ingresos pisados y políticas de desregulación. Hay tasas de interés usureras y dan vergüenza. En ese contexto crece la mora y el endeudamiento de las familias”, planteó.
La socióloga manifestó que se trata de un problema de sustentabilidad económica de las familias y consideró que “el Congreso tiene que estar a la altura para poder darle a las familias un alivio. El endeudamiento está desorganizando la vida y está generando problemas de salud y violencia en la gente”.
“La deuda es un mecanismo político porque individualiza y aísla a las personas haciéndole creer que esa deuda es un índice de fracaso individual cuando el problema es la macroeconomía que arroja a más argentinos a tener que endeudarse y a tener pluriempleo”, apuntó y detalló que las personas endeudadas “usan el crédito para cubrir gastos esenciales, altos niveles de angustia y estrés crónico, deterioro de salud física, imposibilidad de cubrir necesidades básicas”.
Cavallero cuestionó que “hay falta de información clara y accesible sobre las deudas, no hay condiciones de refinanciación, hay ausencia de instancias de negociación, no hay regulación de billeteras virtuales, prácticas abusivas de sistemas de cobranzas. Los bancos ofrecen refinanciaciones con cuotas que exceden la capacidad real de pago, inducen a la mora, entre otras”.
Por último, planteó que el proyecto de ley debe establecer acceso a la información, regulación de intereses, proteger los ingresos, regular los débitos automáticos, regulación de cobranzas y generar instancias de negociación. Que los montos de descuento no pueden dejar por debajo de la línea de pobreza a las familias, regulación de tasas fijadas en relación al costo de vida. Fomentar la responsabilidad de los bancos y las empresas virtuales”.
Arturo Pozzali, doctor en Ciencias Económicas y defensor Adjunto del Pueblo –CABA-, afirmó que “hay un aumento sistemático de consultas y reclamos de familias que no están pudiendo cumplir con el pago. Tienen la voluntad de pago, pero no la capacidad”.
“Aquellos que hoy tienen un crédito hipotecario y problemáticas mayores hay que atender porque las familias no se endeudan para comprar una casa. La morosidad está llegando casi al 22% y esto es algo que no debería volver a pasar”, expresó y agregó: “Lo que está afectando mucho a las familias es la mora automática y debería ser tratado en los proyectos”. En otro aspecto criticó que, a diferencia de los bancos, “la comunicación con las billeteras virtuales es muy dificultosa y cada vez es más compleja”.
Virtualmente, Ariadna Ciammarriello, coordinadora del Área Financiera de la Oficina de Derechos de Ciudadanos, Consumidores y Usuarios del Consejo Municipal de Rosario, Santa Fe, explicó que “hoy casi se equipara el pedido de la gente de financiación de deuda, del último año, con las denuncias en cuestión de estafas virtuales”. En referencia a esto, resaltó que “el consumidor que viene a la oficina realmente tiene voluntad de pago”. Además, cuestionó la “expansión agresiva, fácil e inmediata del crédito” y “la falta de responsabilidad que tiene las entidades bancarias en evaluar la capacidad crediticia del usuario”.
El titular de Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO), Pedro Bussetti, manifestó que “el negocio es la refinanciación, tasas de 500 o 600 %, que lo vemos en los barrios cuando hablamos con los jubilados, que están produciendo la quiebra de las familias sin ninguna herramienta de solución para los millones de argentinos que están sobreendeudados como consecuencia del plan económico”.
Bussetti propuso que “el mecanismo, que sigue siendo un paliativo, tiene que ser algo jurídico que le permita al usuario sentarse con el acreedor para que pueda refinanciar su deuda como lo hacen las empresas, y que pueda funcionar en todo el país”.
La contadora pública Alejandra Fernández Scarano, integrante del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) y actual secretaria de Hacienda, Producción y Comercio de la Municipalidad de Hurlingham, presentó un informe acerca de la morosidad en tarjetas de crédito, préstamos personales y billeteras virtuales. “A peor calidad del crédito la tasa es mayor porque hay una mayor morosidad y mayor riesgo”, sentenció.
En la continuidad expuso Gabriel Martínez Medrano, director de Legales de la Asociación de Defensa de los Derechos de los Usuarios y Consumidores (ADDUC), basó su exposición en el “Régimen de Segunda Oportunidad”, basándose en la experiencia española.
Con respecto a la situación de nuestro país, especificó que “jurídicamente, el principal problema que hay es la fragmentación de las deudas de los consumidores, que se acentúa por las sesiones de créditos”. En esa línea, agregó: “Para las personas que no son comerciantes no existe un mecanismo fácil, barato, rápido y justo para los acreedores que se pueda hacer”.
En representación de la Unión de Usuarios y Consumidores, Claudio Boada, reflexionó que “si hablamos solamente de las personas sobreendeudadas, estamos trabajando sobre las consecuencias únicamente”. “La solución es que se recupere la capacidad adquisitiva de los salarios y de las jubilaciones”, recalcó.
Al comienzo del encuentro, los legisladores completaron cargos directivos de la comisión que restaban designar. En ese sentido, para la vicepresidencia segunda fue avalado el diputado nacional Marcelo Barbur (UP). Y, para las secretarías primera y tercera fueron elegidos Rosario Goitia (LLA) y Sergio Casas (UP), respectivamente.
El proyecto propone crear un sistema gratuito y administrativo para reestructurar deudas de consumo de los hogares, con el objetivo de proteger a las familias endeudadas mediante planes de pago compatibles con sus ingresos que no impidan cubrir sus necesidades básicas.
Las diputadas nacionales Lucía Cámpora, Julieta Campo y Gabriela Estévez, junto a otros integrantes del bloque de Unión por la Patria, presentaron un proyecto de ley de “segunda oportunidad” para hogares endeudados y se suma a los ya impulsados por otros legisladores que van en el mismo sentido.
El proyecto de “Ley de Segunda Oportunidad para Hogares Endeudados” crea un mecanismo de reestructuración que podrá ser solicitado por personas con deudas de consumo que superen el 30% de sus ingresos o el 20% para situaciones de vulnerabilidad.
Además, abarca a entidades de crédito financieras, como bancos, y no financieras, como son las billeteras virtuales. Estas últimas, entre las cuales se encuentran Mercado Pago, Ualá o Naranja X, entre otras, registran tasas reales que superan el 5% mensual y exponen un porcentaje de deuda en situación irregular del 18%, muy superiores a las de las entidades financieras por estar sujetas a menos regulación.
A su vez, la iniciativa plantea la creación de un Programa Nacional de Alivio de Deuda Personal que obliga a bancos y entidades no financieras a renegociar las deudas de personas físicas en situación de mora mediante un procedimiento administrativo. Se calcula que un 91% de los hogares argentinos están endeudados.
Entre los puntos centrales, la iniciativa contempla la suspensión de juicios de embargo y de cobros mientras dure el proceso, el congelamiento de intereses por mora y multas, y la prohibición de empeorar la calificación crediticia del deudor.
En adhesión, establece instancias de negociación obligatoria entre deudores y acreedores y, en caso de no alcanzar un acuerdo, prevé que el Estado determine una reestructuración obligatoria basada en la capacidad de pago del hogar.
“Cabe destacar que prácticamente no implica costos para el Estado. Como complemento, y por la escasez de datos sobre la problemática, se propone crear un Observatorio de Endeudamiento de los Hogares para relevar información sobre niveles de deuda, morosidad y condiciones de financiamiento, con el objetivo de diseñar políticas públicas”, aclaran.
El proyecto presentado incorpora como antecedente el sistema de conciliación previa en las relaciones de consumo (COPREC) creado en 2014 por la entonces presidenta Cristina Kirchner y recientemente discontinuado por el gobierno de Javier Milei. También recoge antecedentes de políticas de desendeudamiento de otros países como son el “Desenrola Brasil” y diversos programas europeos.
En los fundamentos del proyecto, las autoras destacan que, según el INDEC, uno de cada cuatro hogares solicitó un préstamo durante el primer semestre de 2025 y que, en el estrato de menores ingresos, la proporción asciende a uno de cada tres. A su vez, señalan que un rasgo central del ciclo de endeudamiento familiar en curso radica en el destino de los créditos, que son tomados cada vez más para sostener gastos corrientes y consumo, y no para invertir en bienes durables.
“Este perfil del endeudamiento en los hogares argentinos da lugar a dinámicas profundamente regresivas en las que el pago de la deuda presiona sobre el salario y redunda en espiralizaciones de duda, refinanciaciones sucesivas, pérdida crónica de ingresos futuros y eventualmente en mora”, plantearon y manifestaron que este proceso se enmarca en “la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, caídas históricas de los niveles de consumo y destrucción de los puestos de trabajo, producto de las medidas económicas del gobierno de Javier Milei”.
El proyecto de autoría de las diputadas Cámpora, Campo y Estévez lleva también las firmas de Paula Penacca, Julia Strada, Lorena Pokoik, Teresa García, Carlos Castagneto, Vanesa Siley, Mario Manrique, Raúl Hadad, Juan Carlos Molina, Luciana Potenza, Florencia Carignano y Luana Volnovich. Se suma a otras iniciativas sobre desendeudamiento familiar presentadas por diputados del bloque de Unión por la Patria, entre ellos dos anteriores de la diputada Estévez.
Ya en octubre de 2025, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner había expresado su preocupación por el crecimiento del endeudamiento familiar. Entonces, señaló que “nadie puede construir su vida con la soga al cuello” y remarcó la importancia de contar con un programa que permitiera renegociar deudas con “tasas justas, plazos sostenibles y respaldo del Estado”.
Presentacion Proyecto de Ley Segunda Oportunidad para Hogares Endeudados.docxEl proyecto propone crear un Régimen Esencial para el Desendeudamiento, un mecanismo nacional para auditar y reestructurar las deudas de los hogares que atraviesan una situación crítica.
Los diputados nacionales de Unión por la Patria, Natalia Zaracho e Itai Hagman presentaron el proyecto RED (Régimen Esencial para el Desendeudamiento), una iniciativa que propone crear un mecanismo nacional para auditar y reestructurar las deudas de los hogares que atraviesan una situación crítica.
La diputada Zaracho advirtió, en un video que publicaron en redes sociales: “Seguramente vos o alguien que vos conocés está sobre endeudado, o con los bancos, o con las tarjetas de crédito, o con el electrodoméstico, o con algunas billeteras virtuales, que se abusan de las necesidades de la gente y que cobran tasas altísimas”.
“No es casualidad, es un modelo que está reventando a las familias”, agregó en su cuenta de X. En ese sentido, junto a Hagman, explicaron que presentaron un proyecto de ley “para ayudar a las familias a salir de la catástrofe crediticia en la que nos metió el gobierno de Milei”.
“Hay que ser muy claros, acá hay responsabilidades compartidas pero diferenciadas. Y sería absolutamente injusto que todo el costo de esta crisis recaiga en las familias endeudadas”, aseguró el economista y sumó, en su cuenta de X: “Esto es una bola de nieve de la que se aprovechan algunas entidades que se abusan de la necesidad: te endeudas con la tarjeta para pagar la comida, después con la billetera para pagar la tarjeta de crédito, y después con otra aplicación para pagar la billetera”.
Vale mencionar que la irregularidad en créditos personales bancarios se ubica en 12%, 3 veces más que cuando asumió Milei (4,1%) y la irregularidad en el pago de tarjetas de crédito bancarias asciende a 9,3%, más de 6 veces que cuando asumió Milei (1,5%) (datos de BCRA, diciembre 2025).
Hagman detalló que el proyecto crea un fondo para el desendeudamiento constituido con recursos públicos y privados y que tiene como fin resolver o hacer más fácil el refinanciamiento de esas deudas. El fideicomiso que se propone crear en el proyecto de ley, será financiado con contribuciones extraordinarias de las empresas prestadoras de crédito.
“Las personas se inscriben, detallan cuáles son sus obligaciones que han contraído, en qué condiciones y cuál es su situación de morosidad”, sumó el economista y explicó: “Luego que se hace un análisis, se descuentan las cláusulas abusivas y ese fondo de desendeudamiento hace una oferta para recomprar esa deuda y refinanciarla a las familias con tasas de interés mucho más sustentables y que nunca supere la cuota del 30% de sus ingresos”.
Zaracho por su parte, subrayó: “Este no es solamente un problema tuyo, es el problema de millones de argentinos. El gobierno, mientras tanto, dice que la gente se cuelga en pagar las cuotas. Nosotros le decimos que la gente no tiene para pagar las cuotas”. “Las familias quieren pagar sus deudas, nosotros tenemos que ayudar a organizarle la vida a la gente. Por eso vamos a presentar este proyecto”, concluyó la diputada.
HAY QUE PONER UN FRENO
Laburás más, te alcanza menos y las deudas no paran de crecer? No es casualidad, es un modelo q está reventando a las familias.
Con @ItaiHagman presentamos una ley de emergencia. Audita deudas, frena abusos y crear un fondo para que pagues en un plan justo. pic.twitter.com/qnH0INot8d— Natalia Zaracho (@Naty_Zaracho) March 11, 2026
Así lo informó el secretario de Hacienda quien remarcó el Régimen de extinción de obligaciones recíprocas planteado en el Presupuesto tiene una suma de dinero alrededor de 900 mil millones de pesos para el 2026: “Todas las deudas que les debamos a las provincias estamos dispuestos a ponerlo sobre la mesa”.
El secretario de Hacienda, Carlos Guberman, afirmó en la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado que desde el Gobierno “están dispuestos” a resolver las deudas con las cajas provinciales a través del Régimen de extinción de obligaciones recíprocas planteado en el Presupuesto 2026.
Fue la senadora cordobesa Alejandra Vigo, quien le consultó por la relación fiscal con las provincias: “¿Se tiene en cuenta las deudas de las cajas provinciales que no han sido transferidas y cuáles son los montos que reconoce el Gobierno Nacional para el conjunto de las cajas transferidas?”.
Presupuesto 2026
Con la sola voluntad de los funcionarios no alcanza. Los números no cierran y este presupuesto está lejos de la realidad.
En primer lugar, el monto previsto es claramente insuficiente para compensar la deuda que el Estado nacional mantiene con las 13 provincias… pic.twitter.com/oT48B83PaN
— Alejandra Vigo (@alevigo) December 19, 2025
“Es parte del proceso de negociación que estamos llevando con cada una de las provincias en el marco del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas. Todas las deudas que les debamos a las provincias estamos dispuestos a ponerlo sobre la mesa. Hemos compensado en algunas provincias con parte de la caja, en otros casos hicimos acuerdos bilaterales como es el caso de Córdoba”, inició su respuesta el funcionario.
En esa línea, explicó: “Nuestro planteo con todas las provincias por todos los juicios que tenemos en la Corte es buscar la solución de fondo, no queremos esquivarle a la cuestión, queremos resolver el tema. En el mientras tanto, hay situaciones diferentes políticas y financieras de las provincias, ya que hay algunas que están dispuestas a seguir en la confrontación, no se quieren sentar a negociar o quieren pretensiones que no estamos dispuestos a convalidar, pero cuando encontramos un punto razonable lo hacemos. Estamos hablando con todas las provincias, el marco de discusión de la deuda es el mismo régimen y lo planteamos en esos términos”.
“Una de las cuestiones que planteamos como forma de cancelar, en el caso que el Estado tenga una deuda neta, es transferir bienes como parte de un acuerdo de compensación. Hay provincias que aceptan eso y otras prefieren el efectivo”, precisó.
Guberman aclaró que “los montos de deuda las define ANSeS de acuerdo a las simulaciones, están trabajando en el 2022 que es el más reciente que tendrían que empezar a analizar. Lo que está plasmado en el Presupuesto es lo que ya se había pautado con las provincias que había que pagar en 2026”.
“Se han firmado acuerdos con Chaco, con Entre Ríos, con La Pampa y con Córdoba. Estamos llevando adelante el régimen de extinción de obligaciones recíprocas donde creemos que esas deudas se tienen que terminar de resolver en ese marco y ese programa que es nuevo en el Presupuesto tiene una suma de dinero alrededor de 900 mil millones de pesos para el 2026”, comentó.
El proyecto de Cecilia Moreau busca proteger la soberanía jrisdiccional y legislativa y toma como referencia la gestión macrista.
La diputada nacional y vicepresidenta del bloque Frente Todos, Cecilia Moreau, presentó un proyecto de ley para que los recursos naturales no puedan constituir garantía directa o indirecta de las operaciones de crédito público que concretare el Estado Nacional, Provincial o Municipal.
Con esta normativa, el contenido y lo producido en ellos resultaría inembargable, protegiendo la soberanía jurisdiccional y legislativa.
El proyecto nace como una forma de proteger los bienes, dice, “frente a los negociados que se llevaron adelante en el período 2015-2019 con una política de megaendeudamiento, que incluyó hipotecar los recursos naturales del país como garantía de pago de las operaciones de deuda externa. En esa oportunidad, el Poder Ejecutivo Nacional, encabezado por Mauricio Macri, estableció jurisdicciones a favor de tribunales extranjeros y no incluyó los recursos naturales entre los ítems inembargables”.
Es decir, sostiene la diputada oficialista, “si la Argentina ingresaba en default debía someterse a los tribunales arbitrales de Nueva York, Londres y Suiza y, de ser necesario, rematar sus recursos naturales para cumplir con los acreedores”.
Esta ley busca poner fin a este tipo de maniobras y resguardar a las futuras generaciones, expresa la vicepresidenta del bloque Frente de Todos.
Acompañaron con su firma los diputados Juan Carlos Alderete, Alicia Aparicio, Rosana Bertone, Esteban Bogdanich, Mabel Caparrós, Pablo Carro, Carlos Cisneros, Mayda Cresto, Danilo Flores, Lucas Godoy, Graciela Landriscini, Leiva Aldo, Mónica Macha, Ormachea Claudia, José Luis Ramón, Ariel Rauschenberger, Nicolás Rodríguez Saá, Jorge Romero, Nancy Sand, Liliana Schwindt, Daniela Vilar, Liliana Yambrún y Carolina Yutrovic.