A menos de una semana para que el Congreso vuelva a funcionar tras el receso invernal, el diputado nacional Julio Cobos (UCR – Mendoza) hizo un particular pedido al Senado de que “salga de la parálisis” y trate dos proyectos fundamentales que ya cuentan con media sanción de Diputados: Créditos UVA y el Registro de Deudores Alimentarios.

La Cámara alta, a cargo de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, no sesiona desde hace ya cuatro meses y el último intento fue el pasado 12 de julio la cual terminó cayendo por falta de quórum en la que, durante las expresiones en minoría, el oficialismo culpó a la principal bancada opositora.

En ese contexto, hay numerosos proyectos que aguardan ser tratados o, muchos de ellos, convertirse en ley porque tienen media sanción de Diputados. Por ese motivo, Cobos expresó su reclamo a través de las redes sociales: “Necesitamos que el Senado salga de la parálisis y trate temas fundamentales para la sociedad”.

“Hay proyectos aprobados en Diputados que no avanzan. Después de años de discusión se logró consensuar -entre otros- dos temas: Créditos UVA y deudores alimentarios”, remarcó y destacó que “ambos temas fueron apoyados por los diputados nacionales por Mendoza en forma mayoritaria, tanto del oficialismo como de la oposición, y tratados en diferentes sesiones consensuadas”.

En tanto, solicitó: “Necesitamos que se debatan. Apelamos a las autoridades del Senado, de comisiones, de bloque y en particular a los senadores por Mendoza, para que las impulsen y encuentren la forma de separar temas conflictivos que hoy frenan leyes beneficiosas para muchas familias”.

El proyecto que busca llevar un alivio a los deudores de créditos UVA logró la media sanción en la Cámara baja el 5 de julio del corriente año, mientras que la iniciativa que propone la creación de un Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos fue aprobada en Diputados el 9 de noviembre de 2022 y presentada en el Senado recién el 5 de marzo de 2023.

La diputada nacional Jimena López (FdT) ponderó la media sanción que la Cámara baja le dio al proyecto de su autoría que crea un registro nacional de deudores alimentarios y expresó: “Será un gran paso”, al tiempo que explicó: “Busca limitar la vida de quien no se hace responsable de sus hijos/as”.

La Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción a la creación de un registro nacional de deudores alimentarios con 225 votos afirmativos y 1 negativo que establece que “quien figure en esta base de datos no accederá a la apertura de cuentas bancarias, otorgamiento o renovación de tarjetas de crédito o débito; inscripciones en el registro de propiedad de inmuebles y de automotor, otorgamiento de pasaporte y de licencia de conducir, Concesiones o adjudicaciones de licitaciones a nivel nacional  o de jurisdicciones locales, habilitaciones de comercios, alta laboral en cualquier empleo del sector público, entre otros”.

Para la autora del proyecto: “La cobrabilidad de las cuotas alimentarias dependen de la justicia ordinaria y queda en discrecionalidad de los jueces y juezas que tardan más de 1 año para que las infancias no tengan vulnerado el derecho. Hay que cambiar el hecho de que miles de mujeres que reclaman la cuota alimentaria son también quienes deben demostrar la calidad de vida que lleva el deudor”.

“Lo que hay que traer al recinto es la inversión de la carga, tener un Estado presente en relación con las deudas alimentarias. Chile viene siendo pionero en el tema y creó la pensión alimentaria y la sancionó con la posibilidad incluso de retener los aportes jubilatorios como forma de adelanto de esa deuda alimentaria”, comparó la oficialista.

En ese sentido, remarcó que “el incumplimiento de la obligación alimentaria vulnera los derechos de las niñeces. Hay un nivel de violencia económica que se da sobre las mujeres, pero todos los proyectos que hablan sobre cuota alimentaria tienen una mirada adulto centrista y nadie habla de las consecuencias en el desarrollo de las niñeces cuando hay una ausencia de la responsabilidad parental. No pagar la cuota alimentaria es una ausencia de responsabilidad parental”.

“No podemos validar que haya varones que deciden no ejercer la responsabilidad parental. Es un delito que puede ser fraudulento –si se esconden ingresos- o doloso. Y no tiene que ver con lo mucho o poco que gane el señor. Porque hay gente que ganando muy poco igualmente paga la cuota. Tiene que ver con asumir que nuestros hijos no se alimentan del aire”, agregó.

Además, señaló que “es un hecho, por cómo funciona hoy la justicia según los miles de sentencias que dicta sobre cuota alimentaria, y entiende que la mujer tiene que sí o sí cumplir con el derecho alimentario de los hijos e hijas, mientras que el hombre puede evitarlo durante años y no tiene ningún tipo de consecuencias”.

“Creo que este Registro si bien no va a resolver la cuestión central que es la cobrabilidad de la cuota. Es un gran paso, porque busca limitar un poco la vida de quien no se hace responsable de sus hijos/as”, fundamentó la diputada.

Después de que el Congreso Nacional avanzara con la creación de un Registro de Deudores Alimentarios que regirá en todo el país, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó este jueves –durante una sesión ordinaria- una Ley para eliminar los aranceles de los oficios judiciales para inscribir a una persona en el “Registro de Deudores Alimentarios Morosos”, el cual ya había sido establecido en el distrito capitalino por la Ley 269.

La iniciativa recientemente aprobada había sido impulsada por los legisladores del Frente de Todos (FdT), quienes explicaron en los fundamentos de la misma que actualmente los aranceles para ese registro rondan entre los 810 y 5670 pesos: la recepción de oficio judicial tiene un costo de 810; el pedido de informes unos 1080 pesos; la complementación de inscripción tiene un valor de 5670 y la cancelación de la inscripción ronda los 5400.

En los considerandos del mismo aseveraron que “el proceso judicial que deben atravesar las personas a quienes se les adeudan alimentos para que se ordene la inscripción en el Registro, es un proceso arduo y oneroso. Generalmente estos costos suelen ser absorbidos por mujeres a cargo de sus hogares” e indicaron que “en nuestro país, la Ley 26.485 establece distintos tipos y modalidades de la violencia por razones de géneros. Entre estos, se establece que la violencia económica y patrimonial, entre otras caracterizaciones, es aquella que se expresa mediante ‘la limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades o privación de los medios indispensables para vivir una vida digna (…)’”.

“Si bien no existen estadísticas oficiales, es común, lamentablemente, en nuestra Ciudad, que sean las mujeres las que deben reclamar la cuota de alimentos para sus hijos a sus ex parejas varones. Esto no es casual, sino que se inserta de manera precisa en las características del sistema patriarcal donde las mujeres, cuerpos feminizados y otras identidades no hegemónicas cargan con la mayoría de las tareas de cuidado y ven reducidos sus ingresos por este factor”, destacaron.

Al mismo tiempo que precisaron que “a este problema se suma la irresponsabilidad de los progenitores para ocuparse de la parte que justamente les corresponde. En este sentido, es responsabilidad del estado establecer mecanismos de acceso a justicia que permitan garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos de NNyA y adultos mayores”.

“Es por esto que consideramos que deben eliminarse los costos de inscripción al registro de deudores, ya que muchas veces, son las mujeres que ya se encuentran en situación de violencia económica quienes deben cargar con el costo de recepción de los oficios que ordenan la inscripción y demás trámites conexos. Esta situación se convierte en una agresión simbólica ejercida institucionalmente que refuerza los condicionamientos históricos de opresión de las mujeres”, sentenciaron.

Por amplia mayoría, con 225 votos a favor, 1 en contra -del liberal José Luis Espert-y 0 abstenciones, la Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto que establece la creación en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación de un Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos (ReNDAM).

En la votación en particular, el diputado Lucas Godoy (FdT) procedió a leer una modificación del artículo 2 del proyecto que quedó redactado de la siguiente manera: “El RENDAM tiene por objeto la conformación de una base de datos unificada y dinámica, con soporte digital de acceso público y gratuito, de los/las deudores/as alimentarios/as morosos/as de todo el territorio nacional inscriptos/as en los registros jurisdiccionales y/o a solicitud de autoridad judicial competente”.

Respecto al artículo 4 explicó que se modificó el primer párrafo y quedó redactado: “El juez, jueza o Tribunal debe comunicarle la inscripción al RENDAM dentro del plazo de 5 (cinco) días hábiles de dispuesta con la siguiente información”.

Sobre el artículo 5 se agregó, luego del punto final, una frase: “La misma comunicación debe realizar el RENDAM a los registros locales respecto de las novedades que reciba”.

En el artículo 6, inciso C, quedó redactado: “Expedir en forma gratuita y digital el certificado de inscripción en sus registros dentro del plazo máximo de 48 horas”, en el inciso E se reemplazó el “entre” por un “con” y quedó redactado: “Suscribir convenios con los registros de las diferentes jurisdicciones a los fines de facilitar el entrecruzamiento de información”.

Otro de los artículos que sufrió modificaciones fue el 8 que quedó redactado: “Impedimentos. Las instituciones y organismos de carácter público/privado, nacionales/provinciales o municipales deben consultar en el RENDAM y no dar curso a los siguientes trámites o solicitudes todas aquellas personas que se encuentran allí inscriptas”.

Respecto al artículo 8 inciso I quedó redactado de la siguiente manera: “Inscripción de los contratos constitutivos y modificatorios, liquidación y la eventual cancelación del contrato social de sociedades, asociaciones, fundaciones y cualquiera de los tipos societarios habilitados, en estos casos se debe certificar la situación de las personas humanas integrantes de los órganos de administración”.

El artículo 8 inciso M quedó: “Inscripción o contratación como proveedores o contratistas del Estado. En caso de tratarse de personas jurídicas se debe certificar la situación de las personas humanas integrantes del órgano de administración”, y se agregó como inciso 2 del artículo 8: “Solicitud de credencial de legítimo usuario, autorización para tenencia y/o portación de materiales controlados por la Ley 20.429 así como cualquier otra solicitud que tramite ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados”.

Sobre el artículo 8, el párrafo final se modificó y quedó: “A petición del interesado/a el/la juez/a o tribunal que ordenó la inscripción en el ReNDAM, con pronto despacho, puede autorizar la realización en forma provisoria de los trámites previstos en el presente artículo si de esa manera se posibilita el acceso a una fuente de ingresos o actividad que permita el cumplimiento de la obligación alimentaria o mediando razón suficiente”. La votación sobre el artículo 8 resultó con 161 votos afirmativos, 66 negativos y ninguna abstención.

La diputada Mariana Stilman (CC-ARI) propuso una modificación sobre el artículo 10, el cual fue aceptado por el miembro informante, y quedó redactado: “Contratistas, proveedores, acreedores. El Estado nacional, previo al pago que corresponda efectuar a sus contratistas, proveedores o acreedores/as, debe constatar que estos/as no se encuentran incluidos/as en el ReNDAM. En caso de verificarse la inscripción, debe suspenderse el pago hasta tanto el/la inscrito/a acredite la baja en el ReNDAM o la autorización a la que se refiere el último párrafo del artículo 8º de la presente ley”.

El texto se elaboró por consenso en base a proyectos que presentaron Cecilia Moreau –presidenta del cuerpo-, Julio Cobos (UCR), Roxana Reyes (UCR), Paula Oliveto (CC-ARI), Carla Carrizo (Evolución Radical), Jimena López (FdT) y el exdiputado Marcelo Koening.

EL DEBATE

El encargado de abrir el debate fue el salteño Lucas Godoy (FdT) consideró que el tema “es una deuda que tiene el Congreso que la fueron subsanando las distintas jurisdicciones provinciales, donde se fueron creando este tipo de registros, ya hoy en las 24 jurisdicciones del país”. En ese sentido, remarcó que está vinculada a “una obligación fundamental a los derechos humanos”.

A su vez, apeló a la Convención del Niño para profundizar el análisis del proyecto, precisamente retomó el artículo 3 que establece que “los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas”.

Además, remarcó que “es un tema importante” en el que trabajaron “muchos diputados que vienen presentando proyectos constantemente”, al tiempo que ponderó que “se ha trabajado profundamente en las comisiones y se ha logrado un acuerdo generalizado. No hay duda de la creación de este registro, la visión universal es bastante aceptada tanto acá adentro como con la sociedad en su conjunto”.

“El derecho alimentario es un derecho fundamental. Un derecho humano que está protegido, regulado, amparado por la Constitución e incluso leyes como el Código Civil y Comercial estipula distintas instancias como la regulación de alimentos que comprenden la satisfacción de las necesidades de los hijos, regula las obligaciones parentales”, señaló Godoy, pero lamentó que “sigue habiendo deudores” y que la “enorme mayoría son varones, los padres” por lo que insistió en “buscar mecanismos para compeler al cumplimiento de esa obligación, para exhortar de distintas maneras”.

En ese sentido, resumió: “Este es el sentido del registro, unificar los datos de registros provinciales y estipular algunas medidas restrictivas que generen impedimentos que logren el fin que estamos buscando”, al tiempo que informó: “De las distintas estadísticas de estudios indica que el 70% de las madres en la Argentina conviven con el padre o responsable de los alimentos de los hijos, el 30% no y de esas solo 1 de cada 4 cuenta con los ingresos de las cuotas alimentarias. Estamos hablando de un universo muy amplio de lo que está previsto en los registros”.

“Este es un gran paso legislativo. Crea un registro para conformar una base de datos unificados y dinámica que tenga un soporte digital donde van a ser inscriptos quienes incumplan con ese derecho. Es un verdadero delito penal incumplir con las obligaciones alimentarias”, cerró Godoy.

A su turno, la diputada radical Carla Carrizo explicó que “estaba tan invisibilizado el tema de la cuota alimentaria, de las judicializaciones, de la responsabilidad parental por alimentos que las mujeres que son el 48% de los hogares monoparentales cobraban en cheque. Tenían que ir al Juzgado a cobrar el cheque para poder cobrar la cuota alimentaria”.

“En el mundo de la digitalización, las mujeres que dependían de la cuota alimentaria tenían que exponerse, siendo jefas de hogar, a contagiarse de Covid en pandemia, cuando no había vacunas, porque tenían que ir al banco a cobrar el cheque”, sumó a su relato y agregó que desde 2015 en Argentina “ya no hay más patria potestad”, sino “responsabilidad parental” porque “los niños, los hijos no se poseen, se respetan. Por eso se habla de responsabilidad parental y un punto clave es la alimentación”.

En esa línea, Carrizo aclaró que esta ley “no” es contra nadie “no es solo buscar deudores, sino exigir y hace más difícil que se viole el derecho a la alimentación en la Argentina”. Por último, celebró y agradeció a la Presidenta del Cuerpo el proyecto e informó que solo 4 de las 24 provincias tienen los datos de forma pública: Jujuy, Buenos Aires, Salta y Mendoza y cerró: “Los registros están, pero no hay una voz nacional que los ponga en escena”.

En su disertación, la santacruceña Roxana Reyes (UCR) resaltó que “tratar deudores alimentarios reivindica la política” porque “llega a ese sector de la infancia vulnerada que está esperando respuestas”, y siguió: “Reivindica la política porque dice que nos estamos ocupando realmente de miles de niños y adolescentes que están sufriendo y sintiendo que no reciben su cuota alimentaria”.

“A la vez que estamos protegiendo a la niñez, estamos dando un mensaje contra la violencia de género, la violencia económica, la violencia moral, a la que se expone en la mayoría de los casos las mujeres, que deambulan cotidianamente por los juzgados. Víctimas de la burocracia, de juicios que demoran muchos años para conseguir que se declaren sus derechos. Una cuota alimentaria y llegamos a una sentencia, pero luego para que se cumpla tiene que hacer una serie de averiguaciones dónde trabaja, si tiene cuenta bancaria, y mientras tanto tiene que cumplir todos los días con la cuota alimentaria de sus hijos”, explayó Reyes.

Y preguntó: “¿Cuántas mujeres hoy sin voz, se sienten reflejadas por esto que pudimos discutir en este recinto?”, al tiempo que destacó la decisión política de la presidenta de la Cámara, Cecilia Moreau, de tratar el tema.

Al cierre de su discurso, la radical le habló y les pidió a los jueces de la Nación y de las jurisdicciones que “que respeten la Convención de los Derechos del Niño, que abandonen el trato burocrático de la cuota de alimentos”, porque “le estamos dando todos los diputados de todos los bloques del Congreso, una herramienta inigualable para que puedan combatir este delito, porque no pagar la cuota alimentaria es un delito”. También solicitó al Senado que “con inmediatez le den sanción al proyecto porque cada día hay un niño que está aumentando las desigualdades de no tener alimentación y todas las necesidades básicas”.

“No les tiemble el pulso con el incumplimiento de una cuota alimentaria, ingresen al Registro Nacional a los deudores alimentarios. No le tengamos miedo a la existencia de estos impedimentos, porque el mayor daño que podemos hacer es impedir el acceso a la alimentación. Estamos dando una respuesta histórica a una necesidad de años que atraviesa a miles de niños”, finalizó Reyes.

En el uso de la palabra, el bonaerense Daniel Arroyo (FdT) quien remarcó que “el derecho más evidente, claro que tiene un niño es a la buena alimentación. No hay grieta ni nadie que está en contra de eso”, y manifestó que “estamos dando un paso adelante al crear el Registro Nacional de deudores. Está claro que hay registros provinciales, pero es muy importante la centralización en un registro nacional”.

Al igual que los diputados preopinantes, Arroyo explicó que se crea un Registro digital de datos unificados para que “padres que no les pasan la cuota a las madres para sus hijos, tengan la obligación de hacerlo. Este registro viene a operativizar, a hacer que esto suceda de verdad. Se inscribe automáticamente quien no cumple, quien no ha ido pagando en tiempo y forma la cuota alimentaria para sus hijos”.

Respecto a los impedimentos, Arroyo destacó que son “muy lógicos y razonables” tales como no renovar la licencia de conducir, no comprar un inmueble, no obtener una tarjeta de crédito y/o débito, asistir a eventos deportivos, entre otras. “Los impedimentos le dan la chance de que cumpla. Que haga lo que tiene que hacer que es acompañar a la buena alimentación de sus hijos”, sumó y ponderó: “Esto es un avance, el registro nacional tiene que ser un ordenador”.

La cordobesa Laura Rodríguez Machado (Pro) recalcó que es un registro online y explicó que “los registros de deudores se nutren de la información que jueces de familias jurisdiccionales informan a este registro provincial quiénes están en calidad de deudores alimentarios y en sus sentencias incluyen la inclusión en el registro de deudores”.

En segundo lugar, precisó que “es importante que sepamos que todos tengamos la garantía que la persona que es incluida en ese registro ha pasado por un proceso de pedido y sanción de alimentos, lo es por orden judicial que se va a nutrir el registro nacional o por información de registros provinciales”.

Por otro lado, también aclaró que el encargado de impartir la sanción al deudor es un juez civil que entiende en la causa de familia en las jurisdicciones provinciales. “Nosotros consideramos que las sanciones que tenga un deudor alimentario tienen que ser dispuestas por autoridad judicial competente u otras sanciones que se promueven porque el organismo que brinda un determinado servicio, se autolimita y establece que ese servicio no va a ser dado a quien es deudor alimentario. No podemos en una ley general avanzar sobre la jurisdicción del juez de la causa que define cuáles son las sanciones”, planteó respecto al artículo 8 que, adelantó, el bloque votará negativamente porque “es inconstitucional porque avanza sobre las jurisdicciones provinciales porque los jueces civiles deben poner las sanciones”.

De la vereda de enfrente, el bonaerense Carlos Selva (FdT) afirmó que este proyecto “viene a saldar una vieja demanda en un contexto en el que la Nación no podía estar al margen”, y consideró que “va a tener la necesidad imperiosa del acatamiento taxativo de la justicia respecto a informar al RENDAM sobre aquellas personas que estén en incumplimiento de la cuota alimentaria. Hay que poner mucha vehemencia, trabajo de concientización y acercamiento con la justicia para saber de la importancia de esto”.

Para Selva, “el deudor alimentario comete un hecho de violencia. Mayoritariamente son hombres los que no cumplen, es un hecho de violencia sobre la familia”, y ponderó las restricciones porque “son una serie de medidas de carácter punitivo para ordenar esto”.

La diputada Paula Oliveto (Coalición Cívica) expresó: “El Congreso Nacional está diciendo que no va a mirar desapercibido cuando un padre o una madre que incumple con el deber tan básico de alimentar, escolarizar o vestir a un niño, a un adolescente, que requiere de ellos para vivir, para crecer, para desarrollarse porque eso es muy importante. Hoy el Congreso está diciendo que en la Argentina cuando hay un padre o una madre que incumple con obligación va a tener sanciones y va a tener consecuencias”.

“Establecemos un orden social justo, esa es la base del derecho, que quien incumple algo tan elemental, las paga y para eso tienen que tener sanciones”, reclamó Oliveto y sumó: “Quizás este registro no conmueva la moral de aquellas que cometen semejante delito, pero les pone una piedra en el camino”, al tiempo que destacó que sea un registro nacional porque “salda la actitud de quienes no quieren pagar que buscan todas las vueltas para no hacerlo”.

A su turno, el liberal José Luis Espert (Avanza Libertad), preguntó: “¿Qué es un deudor alimentario?”, y definió: “Un deudor alimentario que de manera deliberada no provee del sustento de sus hijos. Es un ser directamente execrable. Traer una vida al mundo y no hacerse cargo de él es impropio de alguien que se considera ser humano”.

“Para un deudor alimentario le deben caber los peores calificativos porque no hacerse cargo de la vida que uno trajo a este mundo de forma voluntaria”, opinó y agregó: “Nosotros en esta Casa no estamos para impartir justicia, sino para legislar. Temo decirles que nuevamente estamos a punto de sancionar una ley que colisiona con otras y en este caso es inconstitucional”, y explicó que la Constitución en su artículo 71 inciso 12 establece que “los Códigos de Fondo son atribución del Congreso Federal” y el artículo 121 establece que “queda para las provincias los códigos procesales”, por lo que remarcó que la “naturaleza de este proyecto es procesal. No corresponde a este Congreso Nacional legislar en materia procesal porque violamos la Ley de Leyes”.

El encargado de cerrar el debate fue el radical Julio Cobos quien manifestó: “Es un tema importante que la sociedad está demandando para contribuir a eliminar todo tipo de inequidad que se suele dar luego de que una pareja se separa”. A su vez, remarcó que es la segunda vez que le toca debatir el tema porque el Senado lo debatió en julio de 2019, pero destacó que en Diputados el debate se hizo con “mucha participación y paciencia por lo que el proyecto fue enriquecido”.

“El cumplimiento de la cuota, que generalmente se afecta a las mujeres porque, según los datos en la Ciudad de Buenos Aires hoy hay 8.373 deudores morosos de los que 8.273 son hombres y 100 mujeres”, informó Cobos y remarcó la importancia de tener un registro nacional, pese a tener registros provinciales, porque “el deudor trata de evadir y encontrar todas las vueltas para no pagar”, y cerró: “Queremos darle herramientas a la justicia”.

Puntos centrales del proyecto

De acuerdo a la iniciativa aprobada, el ReNDAM tendrá por objeto “la conformación de una base de datos unificada y dinámica, con soporte digital de acceso público y gratuito, de los/las deudores/as alimentarios/as morosos/as de todo el territorio nacional inscriptos/as en los registros jurisdiccionales y/o a solicitud de autoridad judicial competente”.

La inscripción en el ReNDAM se dará cuando la persona obligada al pago de cuotas alimentarias, provisorias o definitivas, mediante resolución judicial o convenio homologado judicialmente, incumpliera con el pago en tiempo y forma. Mientras que, para la baja, una vez acreditado el pago de lo adeudado el/la juez/a o tribunal correspondiente deberá ordenar la baja de la inscripción dentro de los cinco días hábiles posteriores.

Asimismo, los registros de las distintas jurisdicciones deberán “notificar al ReNDAM toda alta, baja o modificación en el plazo establecido en el instrumento de adhesión, el cual no puede superar los cinco días hábiles de ocurrido el hecho que lo cause”.

El proyecto plantea una serie de impedimentos para quienes estén inscriptos en este registro, de manera que distintas instituciones u organismos no les otorguen “la apertura de cuentas bancarias y otorgamiento o renovación de tarjetas de crédito o débito; inscripciones o anotaciones en los registros de la propiedad inmueble nacional o de las jurisdicciones locales; otorgamiento o adjudicación, a título oneroso, de viviendas sociales o cesión de los derechos emanados de las mismas; expedición o renovación de pasaporte; solicitud de licencia para conducir o su renovación; habilitación para la apertura de comercio o industria; e inscripción a matrícula de colegios profesionales o entidad similar necesaria para el ejercicio de actividad bajo matrícula pública”, entre otros.

Sin embargo, aclara que “a petición del interesado/a el/la juez/a o tribunal que ordenó la inscripción en el ReNDAM, con pronto despacho, puede autorizar la realización en forma provisoria de los trámites previstos en el presente artículo si de esa manera se posibilita el acceso a una fuente de ingresos o actividad que permita el cumplimiento de la obligación alimentaria o mediando razón suficiente”.

También, en el texto que consta de 20 artículos, se prevé que las personas inscriptas en el ReNDAM no podrán ingresar, en carácter de espectadores/as, a eventos y torneos deportivos masivos, ni a casinos o casas de juego.

El artículo 15 establece que la autoridad de aplicación debe articular con el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia; la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia; el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad; y otros organismos competentes, la realización de campañas de sensibilización y concientización sobre la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes vinculados al cumplimiento de la obligación alimentaria; la existencia del ReNDAM; información relativa a centros de atención, asesorías de familia y centros de acceso a la justicia que asesoren o patrocinen en materia de cumplimiento de las obligaciones alimentarias; y la violencia económica que se ejerce hacia las mujeres producto del incumplimiento de las obligaciones alimentarias.

La información que venía manejándose se confirmó promediando la tarde de este viernes: la Cámara de Diputados tendrá una sesión especial esta semana. Más precisamente el miércoles, a partir del mediodía, para tratar una serie de proyectos consensuados con la oposición, que van desde el Registro Unico de Deudores Alimentarios, a la Convención de Belém do Pará.

La sesión fue solicitada por el presidente del bloque oficialista de la Cámara baja, Germán Martínez, y un grupo de diputados, para tratar un grupo de proyectos, muchos de los cuales fueron dictaminados en los últimos días y algunos incluso se prevé dictaminar en vísperas de la sesión. Es el caso del proyecto de ley que crea el Plan Federal de Capacitación sobre Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, comúnmente conocido como “Ley Lucio” -aunque se acordó que no llevará nombre-, y que tendrá dictamen de la comisión que le falta, Presupuesto y Hacienda, este martes.

Son once los proyectos que se tratarán este miércoles a partir de las 12, y en el temario figura el Certificado Unico de Discapacidad (CUD), como así también la modificación del Impuesto a las Ganancias destinado a profesionales, técnicos, auxiliares y personal operativo de los sistemas de salud. Se trata de una exención para las remuneraciones percibidas en concepto de guardias obligatorias.

El temario incluye la cesión de inmuebles efectuada por la provincia de Tucumán al Estado nacional, para integrar el Parque Nacional Aconquija; el Protocolo Modificatorio del Convenio para la Protección de las Personas con respecto al Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal, suscripto en la ciudad de Estrasburgo, Francia, el 10 de octubre de 2018. Aprobación de la adhesión al Fondo

Otro acuerdo que se espera sea avalado por los diputados es la adhesión al Fondo Multilateral de Inversiones III (FOMIN III), del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Convenio Constitutivo y el Convenio de Administración del Fondo Multilateral de Inversiones III (FOMIN III).

También se votará otorgarle jerarquía constitucional a la Convención Interamericana sobre Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores; como así también a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará”.

Por último, se tratarán dos proyectos relacionados con el deporte: el que crea el Sistema Integral de Igualdad y Paridad de Género en el Deporte y una modificación sobre creación de un protocolo institucional ante situaciones de violencia de género y/o discriminación en asociaciones civiles deportivas.

La diputada nacional del Frente de Todos Jimena López presentó un proyecto de ley para crear un Registro Nacional de Deudores Alimentarios. Hasta ahora solo existe a nivel provincial y no están conectados entre sí.

“Es inconcebible que el incumplimiento del pago de una tarjeta de crédito o de la patente de un auto genere mayores consecuencias, goce de mejores mecanismos de protección y con mayor efectividad para el cobro, que el alimento debido a un niño o niña por parte de sus progenitores”, expresó la diputada López.

“La creación de un único Registro de Deudores Alimentarios a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, proporcionará uniformidad en todo el territorio del país a los fines de compeler al cumplimiento de las obligaciones alimentarias y evitar la utilización de subterfugios para eludirlas”, fundamentó la autora del proyecto.

En el registro estará la información que deberán obligatoriamente remitirle los mediadores que actúen en todas las jurisdicciones del país en reclamos tendientes a la fijación o aumento de cuota alimentaria, e inscribir los datos de la persona obligada al pago de la prestación alimentaria. También deberá estar aquella información en la que actúe el Poder Judicial de la Nación y los poderes judiciales provinciales.

En el registro figurarán los datos correspondientes a la persona que resulte judicialmente condenada como obligada al pago de prestación alimentaria.

El Registro Nacional de Deudores Alimentarios será público y expedirá certificados con las constancias que obren en sus registros o un certificado de “libre de deuda registrada”, previo pago de las tasas correspondientes.

Los trámites ante el Registro serán gratuitos para el alimentado.

¿Cuáles son los trámites que la persona que figure en el registro como deudor alimentario no podrá realizar?

Las instituciones y organismos públicos nacionales, provinciales o municipales no darán curso a los siguientes trámites o solicitudes sin certificado de “libre de deuda registrada”:

a)    Solicitudes de apertura de cuentas bancarias y de otorgamiento o renovación de tarjetas de crédito, y cualquier otro tipo de operaciones bancarias o bursátiles;

b)    Habilitaciones para la apertura de comercios y/o industrias;

c)    Concesiones, permisos y/o licitaciones;

d)    Expedición o renovación de la Licencia Nacional de Conductor;

e)    Expedición o renovación de pasaporte

El certificado de “libre de deuda registrada” se exigirá como recaudo de admisibilidad a los proveedores o contratistas de todos los organismos nacionales, provinciales, municipales o descentralizados y empresas con participación estatal.

Los registros de la propiedad inmueble, el Registro Nacional de Buques, y los Registros Seccionales de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios no tomarán razón en forma definitiva de ningún acto jurídico en que sea parte una persona que figure como deudor alimentario en el Registro Nacional de Deudores Alimentarios.

Antes de disponer la entrega de bienes, fondos o efectos, los jueces/juezas nacionales o provinciales requerirán la exhibición del certificado de “libre de deuda registrada”.

La Dirección Nacional de Migraciones no autorizará la salida del país de personas que figuren como deudor alimentario en el Registro Nacional de Deudores Alimentarios.

El Estado Nacional y las provincias solicitarán, con la periodicidad, el certificado de “libre de deuda registrada” para proceder al pago de cualquier tipo de beneficio previsional, asignación o pensión honorífica.

Las sociedades anónimas, las sociedades de responsabilidad limitada, las sociedades en comandita simple o por acciones, las sociedades de economía mixta, los fideicomisos constituidos conforme a la ley 24.441, y los fondos comunes de inversión, así como los establecimientos comerciales, industriales, agropecuarios, mineros o de cualquier otro tipo, organizados en forma de empresa estable, pertenecientes a asociaciones, sociedades o empresas, solicitarán el certificado de “libre de deuda registrada” como recaudo previo al pago de dividendos, beneficios o distribución de utilidades, en dinero o en especie.

Las personas que se encuentren inscriptas no podrán solicitar la devolución de percepciones en concepto de tributos nacionales ni utilizarlas como pagos a cuenta de ningún gravamen, mientras dure esa situación.

Para hacer frente al notable incumplimiento del pago de cuotas alimentarias en parejas separadas con hijos, se realizó en la Cámara de Diputados un “conversatorio” organizado por la diputada Jimena López, autora del proyecto de “Prestación Alimentaria Básica Parental”, y la Dirección de Igualdad.

La iniciativa de la diputada López (Frente de Todos – Buenos Aires) promueve la creación de un sistema nacional para garantizar el derecho fundamental a una prestación alimentaria básica para niñas, niños y adolescentes. Para ello crea un registro de deudores alimentarios a nivel nacional, establece que sea el empleador quien retenga la cuota alimentaria y fija un monto universal en función de la canasta básica.

El proyecto surge en respuesta a que, al separarse, muchas madres se ven impedidas de acceder a la justicia para garantizar una prestación alimentaria básica, mientras que las que llegan tienen que reclamar judicialmente durante mucho tiempo para poder fijar una cuota o lograr su actualización.

Según un informe del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), en Argentina solo 1 de cada 4 mujeres que no convive con el padre de sus hijos recibe los ingresos de la cuota alimentaria.

Desde Trenes Argentinos se sumaron a esta campaña de visibilización y en las pantallas de diferentes trenes exhiben un video con información y para concientizar sobre las implicancias en los hogares, ante incumplimientos del deber alimentario.

Durante el conversatorio realizado en el Salón Delia Parodi del Congreso Nacional, estuvieron exponiendo y participando la diputada  Mónica Macha; la titular de AySA, Malena Galmarini; Josefina Kelly, del Ministerio de la Mujer, y las organizaciones “Mamás de hogares marentales” y “Familias monomarentales Argentinas”.

La diputada López abrió el encuentro señalando que “hemos presentado este proyecto hace un año y hoy estamos tratando de movilizar el tema y visibilizarlo. De hecho, en Chile se adelantaron con esta propuesta y plantean una pensión alimentaria. Hay miles y miles de niños y niñas que se crían a cargo de una sola adulta que se ve sobre-endeudada; con dos o tres roles laborales para poder llegar a fin de mes; que termina abandonando la pelea judicial porque no la puede sostener, y que incluso para quien la sigue, muchas veces la justicia no es justa. Por eso este proyecto viene, entre otros puntos, a automatizar al menos un “piso” inmediato y eficiente, para la fijación y cobro de cuota”.

“No podemos seguir teniendo familias que pasan años para conseguir una cuota, eso es violencia”, cerró Jimena López.

La diputada Mónica Macha (FdT-Buenos Aires) expresó que “estamos llevando una batalla cultural para poder ubicar un lugar distinto para los varones. Muchos se corren de esa responsabilidad afectiva. Quienes se corren de la responsabilidad económica también se están corriendo del rol o responsabilidad emocional frente a sus hijos; y esta situación pone a la mujer en el rol de poder con todo”.

Por su parte, Josefina Kelly, del Ministerio de la Mujer, expresó que “el incumplimiento de estas corresponsabilidades claramente es violencia económica y hasta me animaría a decir que es difícil escindirla de la violencia psicológica. Porque estar detrás de insistir para poder percibir esta cuota genera mucha angustia y no es un tema personal, sale en todos los encuentros y foros que es un problema colectivo”.

Para Maru Breard, directora de Equidad de Género de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, “es importante remarcar que lo que sufren las mujeres cuando se incumple la cuota alimentaria, es violencia económica. Ninguna mujer puede salir de una situación de violencia si no sabe cómo va a llenar la heladera al día siguiente”.

Sabrina Cartabia, jefa de Gabinete de la Subsecretaría de Políticas de Género de PBA, sostuvo que “es un problema que atraviesa a todas las clases sociales y a mujeres de todo el país. Frente tantos los obstáculos sistemáticos para acceder a la obligación alimentaria, se trata de un caso discriminación porque la mayoría de las que litigan alimentos son mujeres por la división del trabajo que tenemos en nuestro país”.

Laura Gomez Vizzoni, de la organización Hogares Marentales, expresó: “Venimos varias compañeras de Salta, Catamarca y también de Buenos aires, creemos que es importante que se esté visibilizando porque es violencia económica. Maternar es toda una tarea y se hace en condiciones muy desfavorables. Fundamos Hogares Marentales porque ni siquiera existía el término. Las leyes son tendenciosas e ir a denunciar a un deudor alimentario, acceder a la justicia,  es una misión imposible”.

Claudia Hasanbegovic, de  XFEM, dijo esperar que “el proyecto de Jimena López sea sancionada, sería un avance. Y quiero señalar algunos desafíos que tenemos: Debería crearse una oficina estatal encargada de llevar adelante los juicios de alimentos; No teniendo que ser las mujeres y las abogadas quienes investiguemos cuales son los ingresos de los señores. Ya sea por inasistencia alimentaria o porque estos sujetos ocultan sus bienes”.

También participaron del encuentro la directora de Género del Congreso Gisela Manero, y las dirigentes Marcela Durrieu y Virginia Franganillo, entre otras.

El diputado Julio Cobos presentó en 2019 un proyecto para la creación del Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos, un instrumento orientado a implementar una base de datos unificada en todo el país, que contenga la información de los deudores alimentarios morosos.

Este proyecto obtuvo media sanción de forma unánime en el Senado de la Nación, pero “lamentablemente, la Cámara de Diputados no lo trató. Hay muy buena predisposición de parte de la presidenta de la comisión de Legislación General, Cecilia Moreau, y de la de Comisión de Familia, Roxana Reyes -quienes además son autoras de proyectos similares-, de avanzar con el tratamiento y lograr un dictamen unificado. Esto es una buena oportunidad para acordar con las distintas fuerzas políticas y avanzar con el Registro”, explicó Cobos.

En este sentido, el diputado subrayó que “en Argentina, 7 de cada 10 padres no cumplen con la cuota alimentaria de sus hijos y esto se agravó en el último tiempo. Por eso buscamos dar una solución definitiva al problema generado por aquellos padres que luego de una separación, no cumplen con su obligación de proveer los recursos necesarios a sus hijos”.

Y agregó que “es fundamental que cumplan y no recurran a artilugios o vacíos legales para eludir sus responsabilidades”.

¿De qué trata el proyecto?

El legislador explicó que, con este proyecto, “proponemos crear el Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos (ReNDAM) dónde quedarán inscritas aquellas personas que incumplieron una resolución judicial o un convenio homologado judicialmente, de prestar alimentos a hijos o familiares”.

“Esto permitirá llevar adelante acciones positivas y poner en marcha mecanismos para obligarlos a dar prioridad y cumplir con la cuota alimentaria”, añadió.

Además, explicó que la inscripción en el ReNDAM se realiza cuando “deban más de tres cuotas alimentarias consecutivas o cinco en forma ininterrumpida, generando limitaciones para el desarrollo de la vida de los deudores alimentarios morosos. El registro en esa base de datos unificada en todo el territorio nacional, servirá para obstaculizar o frenar el curso de trámites o solicitudes que realicen”. “Por ejemplo, será necesario no estar en el ReNDAM para poder entre otras acciones, abrir cuentas bancarias, solicitar o renovar tarjetas de crédito o débito, o cualquier otro tipo de operaciones bancarias; realizar transferencias de inmuebles, trámites en los registros del automotor y créditos prendarios; sacar o renovar el pasaporte, licencias para conducir, solicitud de la matrícula profesional y el desempeño en cargos públicos, en cualquiera de los poderes del Estado y hasta el impedimento de salida del país hasta tanto cumpla con sus obligaciones”, afirmó Cobos.

0209-D-2022

La presidenta de la Comisión Familias, Niñez y Juventudes en Diputados, Roxana Reyes (UCR), presentó un proyecto para la creación de un Registro Nacional de Personas Deudoras Alimentarias (R.N.P.D.A.) en el ámbito del Ministerio Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

En su iniciativa, la radical señaló que “en la Argentina, como en otras regiones, las familias no siempre resuelven adecuadamente la organización familiar de la mejor manera. La alta tasa de divorcios y separaciones en general se produce en contextos de alta conflictividad familiar”. Por ese motivo, propone la creación de este registro, ante “la necesidad imperiosa de que el Estado actúe en pos de velar por los derechos de niñas, niños y adolescentes”.

“Creemos que es necesario contar con un registro de orden nacional y que sirva para entrecruzar la información de las provincias, con el objetivo de evitar que aquellas personas obligadas a cumplir con el deber de asistencia a su descendencia no lo hagan. Cuando las familias no pueden asistir a sus hijos o hijas, el Estado debe estar presente y cumplir su rol de garante, pero cuando pudiendo contribuir a las necesidades de sus hijos o hijas, teniendo recursos y medios dejan de cumplir con sus obligaciones alimentarias, también tiene que estar el Estado presente y actuar. Basta de hijos mendigando la cuota alimentaria”, enfatizó la legisladora.

El proyecto de ley consta en que se inscriban a las personas deudoras alimentarias que hayan sido declaradas como tales por autoridad judicial y llevar un listado de las personas que adeuden total o parcialmente prestaciones alimentarias consecutivas o alternadas, ya sea como prestaciones provisorias o definitivas fijadas u homologadas por sentencia firme.

Además, el texto prevé que se expidan certificados de libre deuda para trámites como: solicitud de pasaporte o su renovación, habilitaciones para la apertura de comercios y/o industrias, solicitud de la licencia de conductor o su renovación, solicitudes de apertura de cuentas corrientes y de otorgamiento o renovación de tarjetas de crédito, como también cualquier otro tipo de operaciones bancarias o bursátiles que la respectiva reglamentación determine, entre otros.

“El Estado es precisamente el garante de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, y en tal sentido debe diseñar e implementar todas las medidas que sean necesarias para que las disposiciones de la Convención de los Derechos de niños, niñas y adolescentes (CDN) y demás normativas internacionales y nacionales se puedan aplicar efectivamente, garantizando así la protección integral a la infancia. Para eso es absolutamente necesario avanzar en una política pública que cree dicho registro y garantice los derechos”, concluyó Reyes.

Mediante videoconferencia, el pleno de la Comisión de Legislación General emitió dictamen a favor del proyecto de ley que viene del Senado por el cual se crea el Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos (RENDAM), con el fin de implementar una base de datos unificada del territorio nacional que contenga toda la información de los deudores alimentarios morosos inscriptos en los registros de las distintas jurisdicciones.

En ese sentido, la titular de la Comisión de Legislación General, Cecilia Moreau, sostuvo que “esta iniciativa viene a reparar la cuestión de las deudas alimentarias”, mientras que la diputada radical Carla Carrizo expresó: “Buscamos generar herramientas para mayor protección de la infancia, mejorar los registros que ya existen en las provincias y concentrar la información en lo nacional”.

Por otra parte, logró aprobación la iniciativa que establece la creación del Protocolo de acompañamiento en el final de la vida para pacientes con diagnóstico positivo de Covid-19, que cuenta con dictamen unificado de la Comisión de Acción Social y Salud Pública. “Ante esta nueva realidad a la que nos sometió la pandemia, buscamos un equilibrio entre las medidas de cuidado y la humanización”, afirmó la diputada de la UCR Claudia Najul, autora de uno de los proyectos.

En otro orden, obtuvieron dictamen siete proyectos por el cual se transfieren a título gratuito inmuebles propiedad del Estado Nacional a municipalidades de diferentes provincias argentinas.

Además, las iniciativas que establecen el 7 de diciembre de cada año como el “Día Nacional de los Huelguistas Patagónicos”, en honor a los obreros rurales fusilados durante las huelgas patagónicas de 1920-1921; el 21 de junio como “Día Nacional de los Derechos y Garantía de las Personas Víctimas de Delitos”; el 5 de abril como “Día de las Radios Universitarias Argentinas”, en conmemoración de la inauguración de la primera radio púbica y universitaria del país; y el 14 de noviembre como “Dia Nacional de la diabetes”, fueron respaldadas por la Comisión.

Finalmente, alcanzaron consenso los proyectos que declaran Capital nacional de la Agroecología a la ciudad de Colonia Caroya (provincia de Córdoba) y fiesta nacional a la Fiesta de Michay y la Diatomea, que se realiza anualmente en los meses de febrero y marzo, en Ingeniero Jacobacci, Río Negro.