La Suprema Corte de Justicia bonaerense puso fin al fallo del juez de Casación Víctor Violini que habilitaba a liberar presos en el marco de la pandemia de Covid-19, desatando no solo cientos de excarcelaciones. Ahora habrá que ver qué suerte corre el pedido de juicio político presentado este lunes contra dicho magistrado.

Impulsa esa medida Usina de Justicia, la ONG que encabeza la filósofa Diana Cohen Agrest y que precisamente impulsó el pedido sobre el cual la Corte provincial se expidió este mismo lunes.

El pedido de juicio político fue presentado por el abogado Fernando Oscar Soto en nombre de la doctora Diana Cohen Agrest, presidenta de la Asociación Civil Usina de Justicia, y basa la solicitud contra el juez de la Cámara de Casación Penal Víctor Horacio Violini por “incompetencia y negligencia en el ejercicio de sus funciones y por incumplimiento de los deberes inherentes al cargo”.

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La presentación fue motivada por el hábeas corpus colectivo tramitado bajo el expediente caratulado “Personas privadas de la libertad en el Servicio Penitenciario, Alcaidías y Comisarías de la provincia de Buenos Aires”.

Para Usina de Justicia, las acciones de Violini constituyen “gravedad institucional”. Recuerda esta asociación civil que el hábeas corpus colectivo en cuestión no fue iniciado ante el juez de primera instancia en turno con competencia en la materia, sino directamente ante la Cámara de Casación Penal. “Además de no ser el doctor Víctor Violini el juez competente para decidir la cuestión llevada a su estudio, en la decisión que motiva esta presentación el magistrado denunciado ha incumplido las normas que regulan los institutos procesales de la prisión preventiva y la libertad condicional, además de haber incumplido la Ley Nacional N° 27.372 y el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (también llamada Pacto de San José de Costa Rica)”.