Quiénes firmaron el dictamen de mayoría

El proyecto del oficialismo contó con 55 firmas, 34 en disidencia. La mayoría de firmas las aportaron LLA y el Pro.

A la 1.33 de este miércoles, el presidente de la Comisión de Legislación General, Gabriel Bornoroni, anunció que había dictamen de mayoría, y que el mismo correspondía al del oficialismo. Ahí se apagaron las dudas y el diputado cordobés acotó que el dictamen de mayoría contaba con 55 firmas, 34 de ellas en disidencia.

La Libertad Avanza aportó 18 firmas, en tanto que el Pro sumó 17. La UCR 8, Hacemos Coalición Federal 4, Innovación Federal 3, hubo 4 bloques unipersonales y uno de Unión por la Patria.

Estos fueron los que firmaron el dictamen por la Comisión de Asuntos Constitucionales: Nicolás Mayoraz, Nicolás Emma, Mercedes Llano, Julio Moreno Ovalle, César Treffinger y Oscar Zago.

Por el Pro, María Eugenia Vidal, Silvia Lospennato, Sabrina Ajmechet, María Florencia De Sensi y Laura Rodríguez Machado.

De la UCR, firmaron Karina Banfi y Pamela Verasay.

También Juan Brügge, por Hacemos Coalición Federal; Paula Omodeo de Creo; y Yamila Ruiz de Innovación Federal.

De la Comisión de Legislación General, firmaron los libertarios Gabriel Bornoroni, Lorena Villaverde, Beltrán Benedit, Gerrado Huesen y María Cecilia Ibáñez.

Del Pro, suscribieron el dictamen María Florencia De Sensi, Damián Arabia, Martín Maquieyra, María Sotolano y María Eugenia Vidal.

Por la UCR firmaron Martín Arjol y Soledad Carrizo.

Completan el cuadro por esta comisión Agustín Domingo, de Innovación Federal; Oscar Agost Carreño, de Hacemos Coalición Federal; y Alvaro Martínez, de La Unión Mendocina.

Y de la Comisión de Legislación General aportaron sus firmas Bertie Benegas Lynch, Facundo Correa Llano, Eduardo Falcone, Lilia Lemoine, María Celeste Ponce, Oscar Zago y Carlos Zapata, de La Libertad Avanza.

Por el Pro, firmaron Germana Figueroa Casas, Martín Ardohain, Daiana Fernández Molero, Luciano Andrés Laspina, Marilú Quiroz, Laura Rodríguez Machado y Diego Santilli.

Del radicalismo firmaron Lisandro Nieri, Atilio Benedetti, Roberto Sánchez y Martín Tetaz.

Y completan las firmas Carlos Alberto Fernández, de Innovación Federal; Ignacio García Aresca y Nicolás Massot, de Hacemos Coalición Federal; José Luis Espert, de Avanza Libertad; Nancy Picón Martínez, de Producción y Trabajo; y Agustín Fernández, ex Unión por la Patria, ahora del flamante bloque Independencia.

De cara al inicio del plenario, no se ponen de acuerdo en evitar que haya más de dos dictámenes

Ese es el deseo del oficialismo, para impedir que el de rechazo de UP termine prevaleciendo. Sin embargo en los bloques dialoguistas no hay uniformidad aún para acompañar en disidencia.

En el marco de la cuenta regresiva para el inicio del plenario de las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales previsto para las 18, los miembros de los bloques que están dispuestos a brindarle colaboración al Gobierno nacional, sin que ello implique un seguimiento estricto de las medidas impulsadas, continuaban este martes dialogando para acordar la estrategia que llevarán a la reunión de la Sala 2 del Anexo C de la Cámara de Diputados.

La clave estará en la cantidad de dictámenes que vayan a firmarse este martes. A priori, si hay más de dos, el Gobierno estará en problemas, pues el de mayoría se descuenta terminará siendo el de Unión por la Patria, que suma 47 voluntades en el plenario de tres comisiones.

En rigor, convengamos que habrá más de dos, tal cual sugirió una fuente del bloque Pro consultada por parlamentario.com, que estimó que serían dos los dictámenes, aunque luego sumó uno de la izquierda. Los otros serían, señaló, el de Unión por la Patria y el de La Libertad Avanza, que estimó será el de mayoría, con disidencias. Va de suyo también que el Pro acompañará el dictamen que impulse el oficialismo. El destino de lo que vaya a suceder con el mismo -si será o no ese el de mayoría- dependerá de lo que terminen resolviendo los demás bloques dialoguistas.

Recordemos que promediando el día lunes no se había alcanzado una posición común en el resto de los bloques, razón por la cual creció fuerte la posibilidad de un dictamen conjunto entre el radicalismo, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal. A sabiendas de que debe dictaminar este martes, para llegar al recinto el jueves, el oficialismo convocó finalmente a la reunión para las 18, cuestión de ganar tiempo y avanzar durante el día con las negociaciones.

¿Fue para meterle presión a los bloques dialoguistas? “No, por supuesto que no, principalmente porque nosotros estamos dialogando entre nosotros. Tenemos muchos puntos en común, después hay que ver cómo se define eso en los dictámenes”, explicó a la prensa acreditada en el Congreso la vicepresidenta del bloque radical, Karina Banfi, quien por otra parte mostró su asombro porque “uno convoca a dictaminar en una reunión cuando ya tiene el número. Ayer nosotros pensábamos que así era, nos llegan trascendidos de que solo está La Libertad Avanza apoyando el dictamen que llegó ayer sin modificaciones, así que vamos a ver el comportamiento de los otros bloques y qué cosas podemos incluso insistir e incidir para que se sigan cambiando, que han mantenido, y que realmente afectan por sobre todas las cosas a las fuentes de trabajo, a la producción y al desarrollo de la Argentina para bajar la inflación de alguna vez por todas”.

O sea, continuó, “no hay manera: el Gobierno y el país es sistémico, si vos querés sacar y reducir principalmente los costos que tiene el Gobierno nacional, tenés que potenciar justamente al sector privado, con el nivel de retenciones que le están poniendo algunas economías que hoy están en cero, pasar a 15% es directamente matarlas”.

En ese sentido precisó: “Si para algunas industrias llevás del 31 al 33%, te digo es un número mucho más conversable que si vos estás en cero y te ponen un 15, como por ejemplo lo que es la pesca o la cerveza. En ese sentido lo que nosotros estamos buscando es que se adecúen esos números, principalmente para contener en una crisis, y en una emergencia económica que efectivamente existe en la Argentina para que no haya más dolor entre los argentinos”.

Así lo expresó la legisladora de un bloque que mantenía este miércoles intensas reuniones para resolver una posición común frente a un proyecto en el que están de acuerdo en un 70% de las disposiciones, pero mantienen disidencias en 170 artículos.

Este miércoles por la tarde, mientras mantenían las negociaciones, insistían ante el oficialismo para hacer cambios al texto conocido el lunes. Mientras, mantenían una línea abierta con los otros bloques.

Según pudo saber parlamentario.com, el panorama en dos bloques clave como son del de la UCR y el de Hacemos Coalición Federal es similar. En el bloque conducido por Rodrigo de Loredo había este martes por la tarde dos tercios inclinándose por avanzar con un dictamen propio con la bancada presidida por Miguel Pichetto. De Loredo y los diputados conocidos como grupo Malbec, sugerían la idea de firmar en disidencia el dictamen libertario.

Un panorama parecido, como dijimos, se daba en el bloque de Pichetto, cuyo presidente mantiene una postura similar a la de su par cordobés: acompañar al oficialismo en disidencia.

Mientras tanto, los diputados rasos de uno y otro sector se ilusionaban con un dictamen conjunto de la UCR, Hacemos e Innovación, más -tal vez, si se animaran- algunos del Pro.

En ese caso, inexorablemente el dictamen de Unión por la Patria sería el de mayoría. Refractarios a ser parangonados con el kirchnerismo, diputados de los bloques dialoguistas relativizaban que ese fuera a ser un “éxito” para UP, advirtiendo que si así sucediera eso les permitiría votar en primer lugar ese dictamen en contra, para luego votar en general el dictamen de La Libertad Avanza y hacer los cambios que impulsan en la votación en particular.

Persiste la indefinición en torno al dictamen y se demora la convocatoria

A lo largo de toda la jornada del lunes se estuvo esperando la convocatoria al plenario para dictaminar, pero se fue postergando ante la falta de acuerdo entre los sectores dialoguistas respecto de qué hacer con respecto al oficialismo.

Al cabo de una nueva jornada plena de negociaciones, la situación en la Cámara de Diputados con relación al debate del proyecto de ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos lejos estaba de aclararse. Una muestra de ello la daba el hecho de que pasó el día sin que se oficializara la esperada convocatoria al plenario de comisiones para continuar el debate del proyecto y avanzar este mismo martes con el dictamen.

Si bien había trascendido que el plenario de comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales se reuniría a partir de las 10, la convocatoria no fue oficializada.

No se esperaba que el lunes concluyera de esa manera, cuando el Gobierno bien temprano había dado al menos una señal “positiva”, al difundir las modificaciones aceptadas al proyecto de ley, y luego el dictamen puesto a consideración. Con 141 artículos menos de los que tenía el proyecto original.

Sin embargo aquellos sectores a los que hay que terminar de convencer, todavía no han sido persuadidos. Muy por el contrario, maduraba durante toda la tarde la idea de avanzar con un dictamen propio.

Una señal “positiva” terminó siendo la reunión por zoom que mantuvieron ya en horas de la noche gobernadores opositores con funcionarios del Gobierno para analizar el tema ganancias y aspectos del proyecto, como retenciones, y jubilaciones, entre otros puntos, que son cuestionados por los gobernadores de JxC.

En efecto, promediando la tarde una gran parte de los diputados del radicalismo se inclinaba por empezar a redactar un dictamen con Hacemos Acuerdo Federal y con Innovación Federal. ¿La razón? Muy simple, confirmó una fuente consultada: No hay satisfacción con las respuestas del Gobierno, aseguró.

Esta gran parte del bloque presidido por Rodrigo de Loredo se siente incómoda con firmar en disidencia parcial el dictamen de La Libertad Avanza y el Pro, que suscribirán uno de los hasta ahora dos dictámenes que habría. El otro, de rechazo, será el de Unión por la Patria y, tal vez, la izquierda.

Sin embargo, otro sector del radicalismo cree que aún se puede buscar algún acuerdo con el Gobierno y no descartan las posibilidad de firmar con todos los ex Cambiemos en disidencia parcial el dictamen del oficialismo.

Eso sí: todos darán quórum cuando la sesión sea convocada. El tema es que persisten las diferencias respecto de lo que vayan a tener que votar.

Según confió una fuente consultada, los diputados radicales piden que los gobernadores y el partido estén de acuerdo con la estrategia.

En este marco trascendió que el Poder Ejecutivo enviará este martes a la Cámara baja un proyecto de ley de Bienes Personales, que no es otra cosa que una nueva ley de Ganancias, que es lo que piden los gobernadores para eliminar la ley que le atribuyen a Sergio Massa y Javier Milei (que la votó, junto a la hoy vicepresidenta y Carolina Piparo) en septiembre del año pasado.

Aquellos legisladores que no quieren aparecer firmando con La Libertad Avanza remarcan que hay más de 140 artículos donde el radicalismo no tiene nada en común con el dictamen de La Libertad Avanza.

Hay posiciones muy cristalizadas sobre lo que se rechazará sea como sea en el recinto. Se sabe que están en contra de cualquier aumento de las retenciones. Tampoco están conformes con la excepción de 35 economías regionales.

Rechazan además las subas al 15 de industrias de distintas zonas del país y también con el aumento del 31 a 33% de derivados de la soja.

Y siguen los reparos: no hay conformidad con las privatizaciones, ya que siguen siendo en paquete, salvo para cuatro empresas. No les gusta que las avale una comisión bicameral y no pasen por los recintos de ambas cámaras.

Hay molestia porque quedó firme la delegación de facultades en salud, previsional y tarifaría. El viernes, en el borrador que había circulado, al menos la emergencia en salud figuraba como excluida. Este lunes volvió al listado.

¿Y la movilidad jubilatoria? Diputados de la oposición creen que la fórmula jubilatoria debería sacarse del dictamen. El empalme entre las dos fórmulas que está en el dictamen del oficialismo “es inaceptable”, sostienen. Prefieren que quede en vigencia la fórmula de Alberto de 2020, que -aclaran- no es ideal.

Asimismo hay mucho rechazo sobre el capítulo electoral, porque quedó el financiamiento privado a las campañas (creen que es la entrada del narco a la política).

La decisión salomónica es avanzar en dos sentidos: elaborar el dictamen con los bloques que hay sintonía y a la vez seguir insistiendo para ver si La Libertad Avanza acepta nuevos cambios.

Este lunes, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, aclaró que no había más espacio para cambios, por una cuestión de tiempo. “Si hay alguna modificación, va a ser muy pequeña y no creo que haya lugar para más porque no hay tiempo. Es muy importante el tema del tiempo y es necesario que salga lo más pronto posible”, dijo el riojano.

Martín Menem confía en que el martes haya dictamen

“No vamos a negociar nada que ponga en juego la libertad de los argentinos, no vamos a trabajar para que eso pase”, sostuvo el titular de la Cámara baja.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se mostró optimista respecto del destino del proyecto de ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, confiando en que este martes pueda tener dictamen, para que pueda tratarse en el recinto a partir del jueves.

En diálogo con Radio Mitre, el riojano señaló que están trabajando en “lograr los acuerdos para tener un dictamen de mayoría el martes; ese es el objetivo”.

Recordó que hay 257 diputados en la Cámara, cada uno con su pertenencia ideológica, recetas y manera de ver la realidad. “Nosotros tenemos nuestra impronta. Nosotros no vamos a negociar nada que ponga en juego la libertad de los argentinos, no vamos a trabajar para que eso pase”, aclaró el riojano, que reconoció que en las negociaciones que se están desarrollando, el oficialismo no va a negociar nada que “ponga en juego la libertad de los argentinos”.

Con relación a la movilidad jubilatoria, uno de los puntos álgidos del debate con los bloques dialoguistas, Martín Menem dijo que “la fórmula que está aplicándose hasta este momento no ha sido buena para el sector de los jubilados, que han perdido un importante porcentaje del poder adquisitivo. Hay diferentes propuestas y estamos analizando cuál es la mejor”.

Consultado sobre el tema retenciones, otro de los más ríspidos durante la negociación, el presidente de la Cámara recordó que el presidente Javier Milei “desprecia el tema de los impuestos”, pero aclaró que esta es “una situación de emergencia que, seguramente, una vez que pasemos la parte más dura después se irá emprolijando, mejorando y acomodando hacia la baja”.

“Todos tenemos que poner un poquito el hombro. El Gobierno ha tomado una decisión audaz y puesto un tipo de cambio más competitivo. Nadie que exporte puede decir que en noviembre estaba mejor de lo que está ahora. Ahora todos los que exportan están mucho mejor, aun con el proyecto de retenciones”, sostuvo.

El oficialismo se alzó con el dictamen de mayoría del programa “Compra sin IVA”

Fue en el marco de una reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. El proyecto oficial obtuvo 26 firmas, mientras que JxC firmará un dictamen de minoría.

Sin el acompañamiento de JxC, el oficialismo se alzó con el dictamen del “Mono-Tech” en Diputados

La Comisión de Presupuesto y Hacienda dio por finalizado el debate en torno al proyecto que busca establecer un “Régimen Simplificado y Cambiario para Pequeños Contribuyentes Tecnológicos”. Desde la oposición criticaron el rechazo de traer más expositores para debatir.

El oficialismo se alzó con el dictamen del proyecto que busca establecer un “Régimen Simplificado y Cambiario para Pequeños Contribuyentes Tecnológicos”, más conocido como “Mono-Tech”, en el marco de una reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, presidida por Carlos Heller, que se realizó este martes en el Anexo “C”.

El debate tuvo dos jornadas nada más. En un primer encuentro, la iniciativa fue defendida por el subsecretario de Financiamiento y Regulación de la Economía del Conocimiento, Edgardo Rubén Kutner; la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini; y el subdirector general de Recaudación, José Bianchi.

Allí, desde Juntos por el Cambio solicitaron invitar a más especialistas, entre ellos abogados representantes de emprendedores, pero el oficialismo no aceptó, lo que derivó a que la principal bancada opositora no acompañe el texto con su firma.

Previo al debate, Heller recordó que el objetivo de la reunión es “producir dictamen” del proyecto entendiendo que “la información que fue suministrada y dada en el desarrollo de la reunión informativa y enviada a todos los diputados con los informes que presentaron los funcionarios del Poder Ejecutivo, entendemos que están dados los elementos informativos suficientes como para poder avanzar en el debate y cumplir con el objetivo de la comisión que es generar el dictamen”.

A su vez, informó que la presidencia les hizo llegar una nota que envió la presidencia de la Cámara del Software que “había pedido concurrir a la reunión y expliqué que la reunión ya había sucedido y no había voluntad de otra informativa y que íbamos a avanzar en el tratamiento del tema y, por consiguiente, les ofrecí que nos hagan llegar sus consideraciones para poder hacerles llegar a todos los integrantes”.

El primero en hacer uso de la palabra fue el secretario de la comisión, el entrerriano Marcelo Casaretto (FdT), quien explicó que el “Mono-Tech” es un monotributo tecnológico, un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo que ingresó con la firma del presidente de la Nación, el jefe de Gabinete y el ministro de Economía.

“En la reunión informativa tuvimos la posibilidad de escuchar a funcionarios que brindaron detalles del proyecto de ley que tiene dos partes. Por un lado, un cambio en las condiciones impositivas y, por otro lado, un cambio en el régimen cambiario relacionado con los exportadores de servicios al exterior por hasta 30 mil dólares anuales”, explicó el entrerriano.

FOTO: HCDN

En esa línea, remarcó que “lo que plantea es una carga de un monotributo por lo que es la exportación de servicios hasta este nivel que le da la opción al contribuyente de coexistir con el actual régimen del monotributo con lo que es el actual régimen de pago tanto en su obligación impositiva previsional y de obra social como un régimen cambiario especial”.

“Básicamente estimularía la exportación de servicios tanto de empresas tecnológicas como de personas físicas que se ocupan de este tipo de servicios como en general fuera de lo que es el concepto de economía del conocimiento, la exportación de servicios de carácter general. Eso le permitirá abrir una cuenta en dólares donde se acreditarán los dólares provenientes de esa exportación de servicios y esos dólares serán de libre disponibilidad para operar tanto en el país o extraerlo”, explayó Casaretto.

A su vez, estimó que generará “mayor venta de servicios del país al estimular los pequeños emprendimientos que se hacen de carácter general y esto va a permitir aportar dólares que Argentina necesita. Todas las leyes en esta materia apuntan a exportar servicios, exportar conocimientos, trabajo calificado y que ingresen divisas”.

A su turno, el santafecino Marcos Cleri (FdT) remarcó que “es importante la incorporación de los gamers o ciber atletas donde, en el caso de los menores, los responsables del monotributo son los padres”.

“Esto tiene que ver con la mirada integral de las nuevas relaciones de construcción de comunidad en donde la Argentina está dando un paso muy importante en ese sentido reconociendo que la revolución tecnológica 4.0 es lo que viene para lo cual tenemos que tener leyes que acompañen este desarrollo que permitan ser un polo de exportación de conocimiento, que ponga en valor todos los profesionales que ha formado la universidad pública y, principalmente también, el resto de las políticas que siguen sumando con esta mirada integral para tener un modelo de desarrollo donde todos los argentinos podamos tener el bienestar general de la comunidad”, sostuvo el santafecino.

Cleri calificó el proyecto como “excelente” que en un fututo puede ser “perfectible” y propuso tratar en paralelo un proyecto que contemple el “derecho de formación” que está solicitando la Cámara de Software y pidió a la oposición que “acompañen una mirada de futuro de la Argentina y dejen de poner palos en la rueda”.

De la vereda de enfrente, la diputada cordobesa Laura Rodríguez Machado (Pro) consultó por las modificaciones al proyecto, a lo que Heller respondió de forma breve con un “no” y lanzó: “El Ejecutivo quiere legislar sobre situaciones excepcionales e ir manejando diferentes categorías de beneficiados de este problema económico que ha generado en el país. Este proyecto, entiendo que, para muchos, pueda o no llegar a ser beneficioso, pero gestiona los desequilibrios existentes en la Argentina producto de la brecha cambiaria”.

“En vez de mirar los motivos de esa brecha, va beneficiando de acuerdo a su propio criterio, porque no se discute el texto, no nos permitieron traer oradores de distintos sectores de la economía para hablar, hemos propuestos la presencia de instituciones y ha sido rechazada la participación, sin embargo, el Ejecutivo dice que a cada sector le da un beneficio distinto para que, de esa manera, tratar de equilibrar de una forma desequilibrada el gran problema cambiario”, enfatizó la cordobesa.

“Esto es una forma de gestionar el fracaso económico de este gobierno. No hubo posibilidad de escuchar a miembros de organizaciones del espacio, no voy a firmar el despacho”, adelantó con fuertes críticas la diputada del Pro.

FOTO: HCDN

En el mismo sentido se pronunció el economista Martín Tetaz (Evolución Radical) manifestó su “disconformidad” de estar debatiendo en extraordinarias un proyecto particular de monotributo habiendo presentado varios proyectos de monotributo para reformas integrales que deberían beneficiar a todos los trabajadores y deberían estabilizar el funcionamiento del sistema de monotributo”.

En esa línea, Tetaz comparó: “Los proyectos que nosotros presentamos apuntan a una resolución integral del monotributo sin discriminaciones de ningún tipo. Todos los trabajadores tienen el mismo derecho. Presentamos los proyectos durante el año, hicimos pedidos a la comisión, nos dijeron que cuando dispusieran lo iban a tratar. Ahora el Ejecutivo envía este proyecto parcial porque es un parche a la problemática puntual”, y solicitó que corrija o mande un proyecto que incluya los expedientes presentados para dar un debate integral.

En el uso de la palabra, el radical Víctor Hugo Romero (Corrientes) subrayó que “se profundizó la desigualdad de distribución de los ingresos”, e informó que de los argentinos que trabajan e 75% perciben salario, el resto es informal y de ese 25% que no percibe sueldo “hay 2,3 millones de monotributistas, pero el monotributo no es empleo de calidad”.

“Este proyecto pretende corregir una situación de informalidad que hay en un sector de la economía donde tenemos argentinos con talento, exportamos servicios y que hoy están en una situación informal porque hay un achatamiento de las escalas en el monotributo y dar más derechos”, planteó Romero.

A su vez, opinó que si el proyecto se aprueba “va a haber una nueva inequidad en el sistema de recaudación tributaria que va a tener un límite de 30 mil dólares”.

A su turno el jefe del bloque oficialista, Germán Martínez (Santa Fe) le contestó a la oposición y sostuvo que “no podemos invalidar una herramienta que, a nuestro criterio puede ser muy útil, porque falte alguna reforma integral”.

“El monotributo ha sido una herramienta muy útil para no estar fuera del sistema en épocas muy difíciles con políticas económicas lesivas para los trabajadores”, respaldó el santafecino e insistió: “No nos invalidemos este esfuerzo porque estamos dando un paso importante”.

Y remató: “Abrir este debate no genera la posibilidad de que salgamos de esta situación a la que nos lleva JxC de que no podamos tener ni comisiones ni recinto. Es una muy buena iniciativa del Ministerio de Economía”.

Al cierre, Heller informó: “De 39 diputados presentes, el dictamen tiene 24 firmas con eso estaría consagrado que se ha generado ese dictamen que estará en condiciones de ser tratado en el recinto”.

El proyecto

El proyecto, enviado por el Poder Ejecutivo el pasado 20 de enero, se encuentra destinado a los pequeños contribuyentes que realicen actividades relativas a la economía del conocimiento, y a aquellos que efectúen cualquier tipo de prestación de servicios, siempre que estas actividades sean realizadas en el país, pero su utilización o explotación efectiva se lleve a cabo en el exterior.

También quedan comprendidos en este nuevo régimen los ingresos derivados por el ejercicio de “eSports” o deportes electrónicos, entendiendo por tales a las muy difundidas competiciones organizadas a nivel profesional, multijugador y de diferentes disciplinas de videojuegos con acceso desde diferentes dispositivos y plataformas de forma online u offline, “contemplando así el tratamiento tributario integral de dichas prestaciones de vanguardia en nuestro país y en el mundo”, rezan los fundamentos del proyecto.

Serán considerados “Pequeños Contribuyentes Tecnológicos” las personas humanas residentes en el país que obtengan ingresos brutos por las actividades anteriormente referenciadas, en los 12 meses calendario inmediatos anteriores a la fecha de adhesión al “Mono-Tech”, inferiores o iguales a un equivalente de 30.000 dólares.

De acuerdo a la escala, estarán comprendidos en la categoría D quienes registren ingresos hasta 10 mil dólares anuales; en la F quienes registren entre 10 mil y 20 mil dólares anuales; y en la H quienes tengan hasta 30 mil dólares anuales de ingresos.

El texto establece la compatibilización con el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) y un Régimen Cambiario que posibilite que estos sujetos se encuentren exceptuados de la obligación de liquidar las divisas percibidas por las actividades alcanzadas por la medida en el Mercado Libre de Cambios (MLC).

La expropiación del predio de Cromañón quedó lista para ser tratada en el recinto

Dieron el dictamen correspondiente en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda de Diputados. Fue consensuado y tendrá media sanción este miércoles.

Un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda de Diputados, presididas por los oficialistas Hernán Pérez Araujo (La Pampa) y Carlos Heller respectivamente, mantuvieron una reunión breve este martes en la que emitieron dictamen consensuado al proyecto que buscar declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble donde funcionó el boliche República de Cromañón, donde se produjo en 2004 la tragedia que costó la vida de 194 personas.

De esta manera, la iniciativa de la diputada nacional y secretaria parlamentaria del FdT, Paula Penacca, será debatida en el recinto en la sesión convocada para este miércoles a las 12.30, en donde se da por descontada su media sanción, ya que el proyecto está firmado por diversos bloques con representación parlamentaria.

El proyecto de ley establece declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación, en los términos de la Ley 21.499, el inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre 3038/78 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, predio popularmente conocido como “República Cromañón”.

En los fundamentos, la norma expresa como una de las finalidades de la expropiación la de conservar el predio como refugio de la memoria de lo ocurrido el 30 de diciembre del 2004, un espacio social donde circule la memoria colectiva y ayude a que las víctimas no se aíslen en un reclamo individual. Además, para poder transformar el dolor en lucha, y a sembrar una memoria como pueblo, para que hechos como estos no ocurran nunca más.

Al comienzo de la reunión, Pérez Araujo aclaró que se agregó al proyecto -a pedido de las organizaciones de familiares y sobrevivientes de la tragedia- la parcela número 08 ubicada en la calle Jean Jaures 51 lindero al predio, del que han adjuntado el respectivo informe de dominio algo que se había consensuado la reunión pasada.

Al hacer uso de la palabra, la secretaria parlamentaria del interbloque de JxC, Silvia Lospennato (Pro), señaló: “Estamos cumpliendo con el compromiso que todos nos hicimos cuando despachamos este tema en la Comisión de Asuntos Constitucionales faltaba incorporar un informe de dominio, lo que fue incorporado rápidamente, así que habiendo cumplido con esta formalidad y siendo que se trata de un proyecto que tiene, nada más ni nada menos, la firma de casi todos los jefes de bloque de la Cámara. El proyecto de la diputada Penacca creo que estamos listos para despacharlo y mañana tratarlo en el recinto”.

“Vinimos a completar este trámite de un proyecto que es necesario, que es de acuerdo y que viene a saldar un reclamo de los familiares y estamos cumpliendo ese compromiso”, cerró Lospennato.

A su turno, la autora de la iniciativa compartió las palabras de la diputada preopinante y resaltó: “Estamos cumpliendo con ese compromiso”, y señaló: “Hemos trabajado a contrarreloj para poder tener el informe de dominio que era el trámite que nos faltaba cumplimentar”.

También le agradeció a la presidenta de la Cámara, Cecilia Moreau, porque “se puso a disposición y dio una mano para lograr en el tiempo muy escueto que teníamos para poder tener la información del dominio”.

Por otro lado, reconoció el “trabajo de muchos diputados y diputadas de todos los bloques que sabemos que para llegar a sesiones donde podamos votar leyes, tenemos que construir consensos y este ha sido un tema que, gracias al trabajo y al compromiso de los sobrevivientes y familiares, logró esos consensos y pudimos incorporarlo en el temario de mañana”.

Diputados van por el dictamen de consenso sobre Alcohol Cero al volante

En esta oportunidad la Comisión de Transportes se reunirá en conjunto con la de Seguridad Interior con el fin de apurar los trámites. La cita será el próximo martes a las 14.

Luego de tres encuentros escuchando voces a favor y en contra, la Comisión de Transportes, presidida por el radical Jorge Rizzotti (Jujuy), se reunirá en conjunto con la de Seguridad Interior, a cargo del oficialista Ramiro Gutiérrez, para debatir la problemática de alcohol cero al volante con el fin de agilizar los trámites y sacar dictamen.

La cita será el próximo martes 20 a las 14 y se desarrollará en el Anexo “C” de la Cámara de Diputados. Será la cuarta y última reunión que se llevará a cabo en torno a la problemática de alcohol cero porque, según pudo saber parlamentario.com, en la misma emitirán dictamen para llevarlo al recinto cuanto antes, ya que el despacho debía haberse firmado el pasado 24 de agosto para debatirlo en la sesión de este jueves, pero no sucedió.

El debate comenzó el pasado 9 de agosto en una primera reunión informativa entre los miembros de la Comisión de Transportes, el titular de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martínez Carignano; y miembros de la fundación “Madres del Dolor”.

En la misma, la titular de la fundación, Viviam Perrone, informó que “hoy en Argentina se pierden entre 14 y 20 vidas por día en hechos viales”. A su vez, aclaró en todo momento que no se trata de una Ley seca y resaltó la necesidad de educación vial.

En un segundo encuentro, que se realizó el 23 de agosto, asistieron representantes de Asociaciones Civiles y familiares de víctimas, y el jefe médico especializado en toxicología del Hospital Fernández, Carlos Fabián Demín, quien advirtió que “en Argentina se consumen 10 litros de alcohol puro por habitante por año. Eso nos ubica terceros en América Latina. En lo que corresponde a la franja etaria de 12 a 17 años, estamos primero, porque un 54% consume alcohol”.

En tanto, el especialista resaltó que “es indispensable tener una ley de alcohol cero, no estamos pidiendo una ley seca ni que no se venda alcohol”, pero remarcó que “no solo es la ley, tiene que haber controles y que se controle psicofármacos, el éxtasis y la marihuana”.

El último encuentro informativo se llevó a cabo al día siguiente en la que los funcionarios que expusieron manifestaron su rechazo a la tolerancia de alcohol cero porque “no va a solucionar nada”. Sin embargo, todos coincidieron en que “la educación vial, los controles y las sanciones”, son esenciales.

En la actualidad en el país hay nueve provincias que tienen alcohol cero: Chubut, Jujuy, La Pampa, Rio Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.

Quiénes firmaron y quiénes no el dictamen

El proyecto que avala el acuerdo con el FMI tuvo mayoría de firmas del plenario, con algunas deserciones de JxC.

75 firmas reunió el dictamen de comisión que se debatirá este jueves en el recinto de la Cámara de Diputados. Una mayoría que augura un resultado amplio y favorable a la hora de votación en el recinto.

También se observa la reticencia de algunos legisladores, principalmente de Juntos por el Cambio, que seguramente no votarán entonces a favor.

Firmaron el dictamen los diputados Walberto Allende, Alicia Aparicio*, Tanya Bertoldi, Rosana Bertone*, Daniel Brue, Pamela Calletti, Marcelo Casaretto, Guillermo Carnaghi, Sergio Casas, Eduardo Fernandez*, Silvana Ginocchio, José Luis Gioja, Carlos Gutiérrez, Carlos Heller*, Bernardo Herrera, Susana Landriscini, Mario Leito, Aldo Leiva, Mónica Litza, Varinia Marín, Germán Martínez*, Roberto Mirabella, Carolina Moisés, Blanca Osuna, María Parola, Gabriela Pedrali, Juan Manuel Pedrini, Julio Pereyra, Hernán Pérez Araujo, Jorge Romero, Carlos Selva, Victoria Tolosa Paz, Diego Sartori, Lidia Ascarate, Miguel Bazze, Ricardo Buryaile, Pedro Galimberti, Miguel Nanni, Leandro Nieri*, Jorge Rizzotti*, Víctor Romero*, Pamela Verasay, Germana Figueroa Casas*, Rogelio Frigerio*, Alvaro González, Gustavo Hein, Ingrid Jetter, Luciano Laspina*, Laura Rodríguez Machado, Diego Santilli*, Matías Tacetta*, Pablo Torello, Alejandro Cacace, Martín Tetaz*, Victoria Borrego, Jimena López, Paula Oliveto; Ignacio García Aresca, Alejandro Rodríguez.

En disidencia: Carlos Ponce.

*Integra las dos comisiones

No firmaron:

Gerardo Milman (firma doble), Omar De Marchi, Federico Angelini y Graciela Ocaña.

La Comisión de Deporte del Senado dio dictamen a cinco proyectos de ley

También pasaron a la firma 80 expedientes de declaración y dos de comunicación. Además, acordaron tener un plenario de comisiones para dar tratamiento a otros proyectos antes que pierdan estado Parlamentario.

La Comisión de Deporte de la Cámara alta, presidida por el santiagueño Gerardo Montenegro (FdT), se reunió este jueves de manera remota y dio dictamen a cinco proyectos de ley, 80 expedientes de declaración y dos de comunicación. Por otro lado, ante el pedido de las senadoras oficialistas Nancy González (Chubut) y Silvia García Larraburu (Río Negro) se acordó un plenario con las comisiones de Educación y la de Presupuesto y Hacienda para tratar otros proyectos y evitar que pierdan estado parlamentario.

La primera oradora fue la senadora Silvia Elías de Pérez (UCR – Tucumán) quien explicó que el proyecto de ley “Natalia” que busca la regulación la actividad deportiva y comercial del vuelo libre, efectuado con parapentes: “Lleva el nombre de una joven médica que el 29 de diciembre de 2017 fue a un lugar de mi provincia a practicar ese deporte y lamentablemente perdió la vida, y en el juicio se dijo que el instructor no tenía autorización y no se tuvo en cuenta las medidas de seguridad”.

“Esto nos llevó a trabajar el tema, hicimos un primer proyecto que trabajamos y la propia familia de Natalia, principalmente su papa que falleció por Covid-19. Ha sido muy trabajado en Comisión y lo que hace es poner los parámetros mínimos que se deben tener en cuenta donde se practique este deporte que ha tenido accidentes también en otras provincias”, detalló.

A su vez, la legisladora radical agregó: “Estamos a favor del deporte y queremos que se sigan llevando adelante, pero deben tener un marco regulatorio. La Confederación Argentina de Deporte sea la que dé la certificación, que los instructores tenga licencias, que tenga certificados de aptitud física y de primeros auxilios, un seguro por parte de la Confederación Argentina”, y remarcó que “los lugares tengan una determinada característica y las medidas necesarias de seguridad. Consideramos importante este proyecto”.

Por su parte, Ana María Ianni (FdT – Santa Cruz) coincidió con sus compañeras para que “se haga el esfuerzo de tratar otros proyectos en el plenario para que tengan la sanción”, ya que “hace tiempo se han presentado”. Y acompañó el proyecto de ley del senador Montenegro para que “se le de el rango y jerarquía la Confederación Argentina del Deporte”, porque “me parece un acto de justicia de reconocimiento y trabajo y compromiso” que busca modificar la Ley de Deporte 20.655.

En suma, Ernesto Martínez Carignano (Pro – Córdoba) aseguró que “los senadores tienen compromisos con las provincias”, y manifestó que “el proyecto de regulación de la actividad en parapente hay que sacarlo urgente”. A su vez, consultó sobre el proyecto de ley sobre entidades deportivas.

“La Confederación Argentina de Deportes es la entidad madre que históricamente regía a diferentes disciplinas que además está vigente y fundamentalmente trabajan en el deporte social”, respondió Montenegro sobre el proyecto de su autoría.

En ese sentido, indicó: “Es importante tener una Confederación porque le da más fuerza a cualquier gestión deportiva. En una entidad con mayor fuerza política para llevar adelante gestiones deportivas y no se sabe por qué fue eliminada y cuál fue la razón de que salió un DNU sin ningún tipo de explicación sacándole el estatus. No existen denuncias en contra de la Confederación, salvo su posición política. Le quitaron estatus sin ningún tipo de explicación y es necesario tener una entidad madre que lleve una gestión deportiva de todo el país”.

Respecto a los proyectos de declaración, Pablo Daniel Blanco (UCR – Tierra del Fuego) explicó su iniciativa sobre el fallecimiento del futbolista Navarro: “Es un muchacho que falleció y era el ídolo máximo en Tierra del Fuego. Fue representante de la provincia en reiteradas oportunidades, fue dirigente político del Partido Justicialista”.

“Marcó fuertemente a las juventudes en lo que es el fútbol de salón, un deporte esencial por razones climáticas muy practicado. En varias oportunidades fue campeón argentino, fue presidente de un club y capitán de la selección de Tierra del Fuego e integrante de la selección, al ser nuestro máximo representante deportivo”, manifestó Blanco.

Por otro lado, sobre los dos proyectos de comunicación el legislador Mario Fiad (UCR – Jujuy) precisó: “Uno es un pedido de informe de todos los planes y programas vigentes destinados a la ayuda de clubes y entidades deportivas, creo que es importante conocerlos. No es un gasto, sino una inversión”.

Respecto el otro expediente, sucedió un hecho lamentable con respecto a los deportistas que fueron al Sudamericano de atletismo y un influencer hizo una campaña para que pudieran viajar y el ENARD redujo la cantidad de deportistas de 60 a 19 de la delegación argentina que viajó a Ecuador”, cuestionó Fiad y concluyó: “Sería importante tener un informe sobre eso porque los deportistas que no pudieron viajar necesitan una explicación”.

Los proyectos de ley:

  • Una de las iniciativas corresponde al senador Montenegro que propone modificar el art. 20° de su similar Ley de deporte 20.655 sobre entidades deportivas.
  • El de la senadora Lucila Crexell que  declara capital nacional del tetratlon a la ciudad de San Martín de Los Andes, provincia de Neuquén.
  • El expediente de Elías de Pérez y otros: que busca la regulación de la actividad deportiva y comercial del vuelo libre, efectuado con parapentes y/o ala deltas.
  • El proyecto de ley de Roberto Mirabella modifica su similar 27.460 sobre el Día Nacional del Futbolista, para sustituirlo por el 22 de junio de cada año.
  • La iniciativa que declara “Capital Nacional del Triatlón”, a la cuidad de La Paz, provincia de Entre Ríos.

Dieron dictamen a 53 proyectos de declaración sobre Ciencia y Tecnología

La Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado pasó a la firma un paquete de proyectos de declaración sobre beneplácitos a médicos y científicos.

Este miércoles la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara alta presidida por Silvina García Larraburu (FdT – Río Negro) se reunió virtualmente para tratar un conjunto de proyectos de declaración sobre beneplácitos a los resultados obtenidos por varios médicos en la convocatoria de ciencia y tecnología contra el hambre, al trabajo realizado por científicos contra el Dengue y el Covid- 19, entre otros. Pasaron a la firma 53 iniciativas, ya que se unificaron los de igual tema.

La presidenta de la comisión expresó: “Hemos logrado un gran caudal de proyectos”, y agradeció el “trabajo y el esfuerzo realizado”. Además, adelantó que “habrá otra reunión de Comisión antes del fin de las ordinarias”, y avizoró que intentarán luego de las elecciones “invitar al nuevo ministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus, para tener su participación antes de fin de año para poder dialogar”.

“Logramos la ley de financiamiento de Ciencia y Tecnología de Innovación para que tenga crecimiento y previsibilidad”, destacó García Larraburu y ratificó: “Hemos tenido un trabajo muy importante”.

Antes de comenzar el temario, Víctor Zimmermann (UCR – Chaco) hizo uso de la palaba para pedirles a los senadores que “armen una agenda con temas para presentarle al ministro porque es bueno adelantarle un temario tentativo para estar mejor organizados”.

En medio de la lectura del temario compuesto por 60 proyectos, la legisladora Graciela Mirkin (FdT) solicitó unificar los proyectos de temáticas iguales, por lo que le aclararon que ya estaban unificados por eso de los 60 se trataron 53.

Por su parte, respecto a la iniciativa de la senadora Inés Blas (FdT -Catamarca) que busca declarar de interés la realización del “XIX Congreso Internacional en Innovación Tecnológica Informática”, organizado por la Universidad Abierta Interamericana, el 30 de septiembre del 2021 en modalidad virtual, Juliana Di Tullio (FdT) adelantó su voto negativo: “No acompaño este proyecto de universidad privada”, porque consideró que “no es función de los legisladores”, aunque remarcó que lo “conversará la legisladora”.

Ley de Oncopediatría: obtuvo dictamen de comisiones y quedó lista para ser aprobada en Diputados

La media sanción de una ley de oncopediatría, fuertemente reclamada por familias de niños y adolescentes con cáncer, está más cerca. Familiares de niños enfermos repartieron cintas amarillas a todos los legisladores. Se espera que se apruebe este martes 26 y se gire a Senado.

En una jornada intensa en comisiones, el proyecto de ley de Oncopediatría obtuvo dictamen de la Comisión de Familia, Niñez y Juventudes de la Cámara de Diputados y luego sumó el último aval de la Comisión de Presupuesto y así ya está lista para ser tratada este martes en el recinto.  

El dictamen unificado fue firmado por todos los bloques parlamentarios y se espera que la aprobación sea unánime.

Cinta amarilla para todos

Con una cinta amarilla que fue repartida por los familiares de niños con cáncer que se acercaron a Diputados, la legisladora mendocina Claudia Najul (JxC) se refirió al tema en la Comisión de Familia: “Claro que vamos a apoyar una ley que viene a dar una respuesta con un Estado presente que arme una red en todo el país donde hay tantas desigualdades”.

“Al interior de cada provincia vivimos los problemas que hay para poder acceder a una atención primaria, con diagnósticos y tratamientos de forma oportuna y rápida”, agregó.

Resaltó que la ley busca “generar polos en cada región para darle una rápida atención, una contención cercana y que no abandonen la educación y si no tienen recursos darle una AUH para personas con discapacidad”.

“También ayudarlos con viviendas cuando se tienen que trasladar porque hay muchos que se tienen que trasladar al -Hospital- Garraham”, apuntó.

Najul agregó: “Estamos dando un paso importantísimo en un Estado presente en la salud de los niños y adolescentes. En esta ley hay un Estado inteligente donde se necesita”.

Por su parte, la diputada bonaerense María de las Mercedes Joury (JxC) dijo que “el proyecto de ley es un gran avance, no es la ideal para los que venimos trabajando con los papás de niños con cáncer queríamos ir más allá, pero esto será un alivio del dolor”.

“Los chicos y las familias no pueden seguir esperando. Se lo debemos a ellos. Ojalá pronto podamos tener esta ley”, estimó.

Luego, en la Comisión de Presupuesto, la diputada porteña Carmen Polledo (JxC) sostuvo que “la enfermedad es dura, pero sin un Estado que apoye es aún peor”.

“Todo lo que hagamos de política pública para acompañar a la familia y a los niños es muy bueno”, concluyó.

El pasado 6 de octubre, la Comisión de Salud emitió dictamen del proyecto, consensuado entre varias propuestas, que fueron presentadas por los diputados Jimena López, Eduardo “Bali” Bucca, Carlos Cisneros (FdT); Soher El Sukaria, Cristian Ritondo (Pro); Claudia Najul (UCR); y Beatriz Ávila (Partido por la Justicia Social).

El proyecto

El texto plantea la creación del “Programa Nacional de Cuidado Integral del Niño, Niña y Adolescente con Cáncer”, con el objetivo de reducir la morbimortalidad por esta enfermedad y garantizar los derechos de los pacientes.

Entre esos derechos, algunos de los que se enumeran son: recibir los mejores cuidados disponibles, priorizando el tratamiento ambulatorio, siendo la estancia en el hospital lo más breve posible de acuerdo al tratamiento; estar acompañado/a de sus referentes familiares o de cuidado, sin que les comporte costos adicionales ni obstaculice el tratamiento; recibir información sobre su enfermedad y su tratamiento, de una forma que pueda comprenderla con facilidad y pudiendo tomar decisiones, con la asistencia de sus progenitores cuando fuera necesario.

El Instituto Nacional del Cáncer, que será la autoridad de aplicación, deberá extender una credencial a los pacientes que se hallen inscriptos en el Registro Oncopediátrico Hospitalario Argentino, cuya sola presentación le servirá para acreditar la condición de beneficiario de la ley. Dicho certificado se renovará automáticamente cada año, y sólo cesará su vigencia con el alta definitiva del paciente, hasta los 18 años de edad inclusive.

De acuerdo a la iniciativa, el sistema público de salud, las obras sociales, las entidades de medicina prepaga y las entidades que brinden atención al personal de las universidades, deberán brindar al niño, niña y adolescente con cáncer una cobertura del 100% en las prestaciones para las prácticas de prevención, promoción, diagnóstico, terapéutica y todas aquellas tecnologías que pudieran estar directa o indirectamente relacionadas con el diagnóstico oncológico.

Por otra parte, el Estado nacional tendrá que otorgar una asistencia económica equivalente al monto de la Asignación Universal por Hijo con discapacidad a aquellos progenitores o representantes legales que se encuentren en situación de desempleo y no cuenten con ningún otro beneficio de carácter previsional. Se aclara que esta asignación no durará más allá del plazo de duración del tratamiento estimado según indicación médica.

Además, el proyecto contempla el beneficio de estacionamiento prioritario en zonas reservadas y señalizadas y la gratuidad en la utilización del transporte público y transporte colectivo terrestre.

En lo que respecta a la vivienda, para los pacientes con familias en situación de vulnerabilidad social la autoridad de aplicación deberá promover ante los organismos pertinentes la adopción de planes y medidas que faciliten “el acceso a una vivienda adecuada o la adaptación de la vivienda familiar a las exigencias que su condición les demande”.

Pero también, en caso de tratarse de niños, niñas o adolescentes cuyo tratamiento se realice de manera ambulatoria y deban trasladarse y permanecer junto a su grupo familiar a una distancia mayor a los 100 kilómetros de su lugar de residencia para dicho tratamiento, el Instituto Nacional del Cáncer en coordinación con las respectivas jurisdicciones, “garantizará a la familia el acceso a un subsidio habitacional que les permita facilitar y cubrir los gastos de locación de vivienda durante el plazo que dure el tratamiento”.

Sobre la educación, la autoridad de aplicación en conjunto con las provincias tendrá que “diseñar y ejecutar políticas destinadas a garantizar el acceso a la educación” y “arbitrar las medidas pertinentes para fortalecer las trayectorias educativas” de los niños, las niñas y adolescentes que se encuentren en esta situación.

Otro punto saliente es que uno de los progenitores o representantes legales podrá gozar del derecho de licencias especiales que permita acompañar a sus hijos en los estudios, rehabilitaciones y tratamientos inherentes a la recuperación y mantenimiento de su estado de salud, “sin que ello fuera causal de pérdida de presentismo o despido de su fuente de trabajo”.

“Durante la licencia el/la trabajador/a percibirá de la Administración Nacional de la Seguridad Social, las asignaciones correspondientes y una suma igual a la retribución que le corresponda al período de licencia, de conformidad con las exigencias y demás requisitos que prevean las reglamentaciones respectivas”, agrega el texto.

Violencia institucional: el FdT emitió dictamen del proyecto de ley sin acuerdo con la oposición

A último momento, Juntos por el Cambio marcó diferencias con el articulado del proyecto de ley de abordaje integral de la violencia institucional en seguridad y servicios penitenciarios. Presentará dictamen de minoría en Diputados. El oficialismo se sorprendió por la falta de acompañamiento de la oposición. La pandemia y las provincias en el centro del debate.

El Frente de Todos logró este martes emitir dictamen de mayoría al proyecto de ley de abordaje integral de la violencia institucional en seguridad y servicios penitenciarios en la reunión plenaria de las comisiones de Seguridad Interior, y de Derechos Humanos y Garantías, pero no pudo lograr los acuerdos necesarios para que haya un único dictamen porque Juntos por el Cambio presentará un dictamen de minoría.

Sorpresivamente, el proyecto de ley contra la violencia institucional consiguió el acompañamiento del Frente de Todos y algunos aliados con un dictamen de mayoría, pero la oposición firmó uno de minoría, a pesar de que se esperaba un despacho único.

Al momento de explicar la posición de Juntos por el Cambio, el diputado porteño Álvaro de Lamadrid fue contundente: “Coincidimos en el espíritu de la ley, pero no acompañamos porque diferimos en el contenido, ya que no coincidimos con la definición de violencia institucional”.

“Considero que la ley es un adorno contra la violencia institucional que se está haciendo desde el poder”, sentenció el diputado opositor.

Otro de los puntos que cuestionó fue que “para el oficialismo, solo pareciese que existe la violencia por parte de las fuerzas de seguridad y entonces este proyecto apunta a desguarnecer al personal de seguridad hasta violando el principio de inocencia”.

También uno de los puntos centrales que la oposición objetó fue que en el proyecto de ley no se modifica ningún artículo del Código Penal que en la actualidad permite establecer criterios para detener a personas en una situación especial como la pandemia de coronavirus.

En ese sentido, la diputada cordobesa Brenda Austin (JxC) sostuvo que “la violencia institucional es una deuda histórica del Estado, pero también se enmarca en el contexto de la pandemia donde a través de DNU se constituyeron restricciones a los derechos constitucionales de los ciudadanos”.

“Por la pandemia, se construyó un Estado policiaco, que es el germen del incremento de la violencia institucional en el país”, fustigó.

En esa misma línea, la diputada bonaerense Karina Banfi (JxC) planteó “su disconformidad con el artículo 205 del Código Penal porque ese es un artículo que es implementado ahora en los DNU en el marco de la pandemia para perseguir y detener a las personas y aplicar las restricciones, lo que provocó un aumento en los casos de violencia institucional”.

Al igual que Banfi, el diputado puntano Alejandro Cacace (JxC) también criticó que “se vuelve a cometer un error muy común a la hora de legislar y es que se deja librado a la voluntad de las provincias su aplicación y luego resulta que hay leyes que son reparadoras de derechos, pero las provincias no las aplican y entonces entramos en un vacío normativo como ocurre en San Luis con la ley de mecanismos para la prevención de la tortura”.

“En la redacción de los artículos no estamos resolviendo la inacción que tienen los gobiernos provinciales respecto a sus competencias”, sentenció el diputado de Juntos por el Cambio.

Al finalizar el plenario de comisiones, la presidenta de la Comisión de Seguridad Interior, Paula Penacca (Frente de Todos), manifestó que “existe la voluntad en el oficialismo de seguir trabajando cada punto de este proyecto de ley para conseguir un acuerdo en el recinto y lograr que se vote con una amplia mayoría para dar un mensaje a la sociedad”.

“Vamos a avanzar hoy con la firma del dictamen sabiendo que tenemos una instancia más para trabajar juntos antes de que se vote en el recinto y lograr así mayores acuerdos”, remarcó la diputada porteña.

En el mismo sentido, el diputado bonaerense Leonardo Grosso (FdT) pidió a la oposición que “acompañe” porque “necesitamos que esta ley sea aprobada por todos los sectores políticos más que nunca porque se necesita una respuesta contundente contra la violencia institucional”.

“Hoy no logramos un dictamen único. Reflexionen su posición porque todavía podemos lograr acuerdos y tender puentes”, dijo el diputado oficialista que reconoció: “Esta ley no es una panacea y a la violencia institucional no la vamos a resolver mañana con una ley, pero es una herramienta más y muy necesaria”.

En tanto, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Hugo Yasky, afirmó que “la concreción en ley de este proyecto expresa el compromiso democrático de la sociedad argentina más allá de los gobiernos de turno porque las víctimas de las distintas formas de violencia estatal ilegítima siempre son los que menos tienen, las barriadas más pobres, las trabajadoras y los trabajadores, las y los jóvenes, las mujeres y las disidencias, sobre todo cuando se organizan para hacer valer sus derechos”.

El proyecto del FdT

Según señala el texto, el propósito es generar herramientas integrales para prevenir y erradicar casos de violencia institucional por fuerzas policiales, de seguridad y de servicios penitenciarios en todo el territorio nacional, así como también otorgar acompañamiento y reparación a las víctimas de violencia institucional.

En ese sentido, habilita una instancia administrativa para solicitar una reparación económica en los casos de desaparición forzada de personas, homicidios y lesiones gravísimas que configuren hechos de violencia institucional. 

Son también objetivos de esta ley afianzar políticas de bienestar del personal policial: se debe garantizar la protección de su integridad psicofísica y promover el fortalecimiento de la formación y entrenamiento profesional como medidas preventivas de la violencia institucional.

Es importante mencionar que el proyecto propone la creación de centros de denuncias para casos de violencia institucional que serán atendidas por personal civil ajeno a las fuerzas policiales, de seguridad y servicios penitenciarios, que deberá haber cumplido la capacitación obligatoria en género dispuesta por la Ley Micaela.

Señala que se deberán promover facilitadores interculturales para las jurisdicciones que exista población originaria, y que las vías de denuncia serán gratuitas, de fácil acceso y contarán con amplia difusión.

Asimismo, incluye un programa de reentrenamiento y formación con una perspectiva transversal de Derechos Humanos para las fuerzas de seguridad; también establece principios básicos sobre el empleo de armas letales y no letales cumpliendo con los estándares internacionales, y se dedica un capítulo a establecer los criterios de actuación de las Fuerzas Policiales y de Seguridad con perspectiva de género y de derechos humanos.

Además, propone la creación de un Tribunal de Disciplina especializado para juzgamiento disciplinario de faltas graves y muy graves vinculadas a hechos de violencia institucional, en el ámbito del Ministerio de Seguridad.

También, en el ámbito de la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Seguridad Interior, crea el Registro Nacional de Agentes, Funcionarios y Funcionarias de las Fuerzas Policiales, de Seguridad y de Servicios Penitenciarios Expulsados e Inhabilitados

El dictamen de mayoría de la reforma del Ministerio Público Fiscal

El proyecto que cuenta con media sanción del Senado, fue modificado en la Cámara de Diputados. Lea aquí cómo quedó el texto que quedó en condiciones de llegar al recinto.

El texto de la reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público que impulsa el oficialismo y cuenta con media sanción del Senado, limita a cinco años el período de ejercicio en el cargo del procurador general de la Nación -jefe de los fiscales- y modifica las mayorías necesarias para su designación.

La iniciativa del oficialismo contempla la elección del jefe de los fiscales por mayoría absoluta del Senado, en vez de los dos tercios de los presentes, y pone un plazo de cinco años -reelegible por única vez- a la vigencia del mandato del procurador general de la Nación.

El despacho modifica el texto votado por el Senado, con lo cual debería volver a la Cámara alta, ya que cambiará la composición del Jury de Enjuiciamiento para garantizar la paridad de género y las mayorías para poder destituir a un procurador, que fueron propuestas por el ministro Soria.

DICTAMEN-FINAL-MPF

Sobre la composición de ese tribunal, el oficialismo aceptó modificar el proyecto original y agregar un integrante del Ministerio Público Fiscal en reemplazo de un legislador ya que en el proyecto se establecía dos por la mayoría y uno por la minoría.

Con esa reforma, el Tribunal de Enjuiciamiento quedaría compuesto por un representante del Poder Ejecutivo, dos representantes de la Comisión Bicameral del Congreso (uno por la mayoría y uno por la minoría), un representante del Consejo Interuniversitario Nacional, un abogado y dos fiscales (un varón y una mujer).

En cuanto a las mayorías, se establecerá que para destituir al procurador se requerirán 5 votos -que implica los dos tercios- y 4 votos para el resto de las decisiones.

MPF: el FdT logró dictamen en una reunión presencial de gran tensión en Diputados

De madrugada, luego de un intenso debate que se extendió por más de 5 horas, el proyecto de ley de reforma del Ministerio Público Fiscal obtuvo dictamen de mayoría. Fuertes cruces. Hubo una protesta afuera del Parlamento.

Por Julio El Alí

El proyecto de ley del Gobierno nacional que propone la modificación del Ministerio Público Fiscal obtuvo dictamen de mayoría tras una extensa reunión del plenario de comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja.

Luego de 5 horas de un debate cargado de chicanas políticas entre oficialistas y opositores que tuvo muchos momentos de tensión y tonos elevados, el oficialismo logró reunir las firmas necesarias para que salga el despacho de un proyecto de ley del cual todavía no cuenta con las voluntades necesarias para que sea aprobada en el recinto.

El dictamen de mayoría obtuvo 34 firmas; mientras que el dictamen de minoría cosechó 30 acompañamientos por parte de Juntos por el Cambio; en tanto que el tercer dictamen correspondió al de la diputada Graciela Camaño, que adelantó que no votará a favor del oficialismo.

Según informaron fuentes parlamentarias, el detalle de las firmas fueron: Comisión de Justicia: FdT 16 firmas, 14 JxC, y Camaño con dictamen propio; Comisión de Asuntos Constitucionales: FdT 18 firmas, 16 JxC, y Camaño con dictamen propio.

Al ser una de las primeras reuniones de comisión de forma presencial -otros estuvieron conectados de forma virtual- debido a las medidas sanitarias por la pandemia de coronavirus, los diputados de los distintos sectores políticos estuvieron cara a cara y abandonaron toda formalidad, rompiendo con una norma no escrita que dice que en comisión no se debate, sino que se expone sobre el articulado de la iniciativa.

Sin embargo, el calor político transformó el plenario de comisiones en una arena de lucha romana con encendidos discursos de las espadas del Frente de Todos, como Leopoldo Moreau, y de Silvia Lospenatto por parte de Juntos por el Cambio, aunque el macrismo sumó a dos virtuosos en el debate como Fernando Iglesias y Jorge Enriquez, que provocaron momentos donde se llegó hasta cruzar insultos.

Pero estos diputados no solo hicieron uso de la palabra a su turno, sino que cada vez que eran aludidos volvían a exigir su derecho de contestar y así se generaban los fuertes choques verbales.

Los cruces

Moreau, quien habló más de una hora, acusó a los de Juntos por el Cambio: “Ustedes llevaron adelante una campaña extraordinariamente agresiva, hostil, usando cualquier herramienta para ver como reemplazaban a la procuradora (general anterior, Alejandra Gils Carbó), y vienen a decir aquí que no quieren meterse en el extrapoder”.

“Eduardo Casal (actual procurador general transitorio) actuó como emperador, removió al fiscal (de la Seguridad Social Gabriel) De Vedia y promovió el sumario contra la fiscal (Gabriela) Boquín”, remarcó el diputado kirchnerista.

“Estamos entre la opción de continuar con la mafia o empezar a andar por el camino de la democracia”, cerró.

A continuación, Silvia Lospenatto, del Pro, realizó un enérgico discurso: “Estamos viviendo un nuevo capítulo de esa vocación por destruir la independencia del Poder Judicial. Esta es una ley de impunidad pero es mucho más que eso: es una ley para destruir la independencia de los fiscales”.

Apuntado por la oposición por ser un aliado clave del oficialismo en la votación, el mendocino José Luis Ramón (Unidad para el Desarrollo) salió al cruce de los cuestionamientos por su apoyo a la reforma: “Estamos muy lejos de hacer un cambio por alguna cosa menor. ¿Qué es ser ‘traidor a la Patria’? ¿Estudiar qué modificaciones puede tener un proyecto que va a mejorar la vida de millones de argentinos? ¿Queremos que pase algo o que todo continúe cómo está?”.

Justamente, el presidente de la Comisión de Justicia, Rodolfo Tailhade, (Frente de Todos) le tuvo que llamar la atención porque cuando en el marco de su discurso Moreau dijo “me olvidé algo”, el diputado del Pro le dijo “la pastilla”, lo que valió el repudio de la mayoría de los legisladores presentes.

Con el objetivo de llevar calma a la reunión, Graciela Camaño, quien participó por videoconferencia, manifestó: “Lamento estar metida en este barro que siempre meten las cosas. Siempre están embarrados. Por eso, estoy muy contenta de estar en una amplia avenida del medio donde puedo decidir”, destacó.

Pero eso no fue posible, porque el cruce entre Enriquez y Ramón continuó y sumó un nuevo capítulo cuando el diputado de Juntos por el Cambio lanzó: “Ramón, siga exhibiendo su ignorancia por el mundo porque parece que no entiende. Estudie. Vaya y lea la Constitución. Si me va a hacer una cuestión penal, me voy a adelantar y lo voy a denunciar yo a usted por traición a la patria”, disparó.

A su turno, el presidente del bloque de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, afirmó: “A mí me da vergüenza estar acá. Yo le pido disculpas a la sociedad por estar debatiendo esto un día donde hubo 745 muertos por el Covid-19 y más de 35 mil infectados”.

Una modificación para Ramón


El Frente de Todos le concedió al diputado Ramón una modificación vital a cambio de su apoyo: la creación de una procuraduría especializada en usuarios y consumidores.

El proyecto

El texto, con media sanción del Senado, limita a cinco años el período de ejercicio en el cargo del procurador general de la Nación -jefe de los fiscales- y modifica las mayorías necesarias para su designación, una propuesta rechazada desde Juntos por el Cambio.


La iniciativa del oficialismo contempla la elección del jefe de los fiscales por mayoría absoluta del Senado, en vez de los dos tercios de los presentes, y pone un plazo de cinco años -reelegible por única vez- a la vigencia del mandato del procurador general de la Nación.

El despacho modificará el texto votado por el Senado, con lo cual deberá volver a la Cámara alta, ya que cambiará la composición del Jury de Enjuiciamiento para garantizar la paridad de género y las mayorías para poder destituir a un procurador, que fueron propuestas por el ministro Soria.


Sobre la composición de ese tribunal, el oficialismo aceptó modificar el proyecto original y agregar un integrante del Ministerio Público Fiscal en reemplazo de un legislador ya que en el proyecto se establecía dos por la mayoría y uno por la minoría.


Con esa reforma, el Tribunal de Enjuiciamiento quedaría compuesto por un representante del Poder Ejecutivo, dos representantes de la Comisión Bicameral del Congreso (uno por la mayoría y uno por la minoría), un representante del Consejo Interuniversitario Nacional, un abogado y dos fiscales (un varón y una mujer).


En cuanto a las mayorías, se establecerá que para destituir al procurador se requerirán 5 votos -que implica los dos tercios- y 4 votos para el resto de las decisiones.

Cuatro diputados opositores avalaron el proyecto oficialista sobre Biocombustibles

La iniciativa que regula un nuevo marco regulatorio de biocombustibles obtuvo dictamen de mayoría con el apoyo de 2 diputados radicales y otros 2 macritas. El resto de Juntos por el Cambio firmó en contra.

En el plenario de las comisiones de Energía y Combustibles, y de Presupuesto y Hacienda, de la Cámara de Diputados emitió dictamen favorable a un proyecto que establece un marco regulatorio de la ley de Biocombustibles, que propone un corte del 5 por ciento para el gasoil y el biodiesel y del 12 por ciento entre las naftas y bioetanol.

Si bien parecía que todo iba a estar dividido entre oficialismo y oposición, la firma del despacho favorable dejó una perlita política: “2 diputados radicales y otros 2 macristas”.

Los nombres son: José Cano (Tucumán), Jorge Rizzotti (Jujuy), Domingo Maya (Tucumán) y Osmar Monaldi (Jujuy).

Las comisiones firmaron un despacho para regular los biocombustibles, que contó con el respaldo del Frente de Todos y bloques aliados, y fue rechazado por el resto de Juntos por el Cambio, que quiere mantener el actual régimen.

El despacho de mayoría consiguió 49 firmas -28 en presupuesto y 21 en energía entre las dos comisiones- y fue respaldado por el Frente de Todos, el Movimiento Popular Neuquino, el bloque Justicialista, Frente para la Concordia Misionera.

En tanto, Juntos por el Cambio propuso extender el actual régimen hasta el próximo 31 de diciembre de 2024, en sintonía con el proyecto de ley sancionado el año pasado por el Senado y que el oficialismo en Diputados decidió no impulsar para proponer un nuevo régimen.

Oficialistas y opositores cara a cara en Diputados por la reforma del Ministerio Público Fiscal

Este martes, pasadas las 19.20, comenzó una reunión conjunto de las comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales que promete fuertes cruces. El FdT tendría los números para conseguir la firma del dictamen favorable. Todavía le falta para conseguir que se aprueben en el recinto.

El oficialismo en la Cámara de Diputados busca avanzar este martes en un plenario de comisiones con la firma del dictamen de mayoría del proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal, iniciativa que cambia las mayorías para elegir al procurador general y establece plazos para su mandato.

El oficialismo cuenta con las firmas necesarias en ambas comisiones para alzarse con el dictamen de mayoría.

El texto, con media sanción del Senado, limita a cinco años el período de ejercicio en el cargo del procurador general de la Nación -jefe de los fiscales- y modifica las mayorías necesarias para su designación, una propuesta rechazada desde Juntos por el Cambio.

De forma presencial y otros de manera remota, el plenario de las comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales debate desde las 19.25 el proyecto enviado por el Senado en octubre pasado y cuyo texto cuenta con una serie de modificaciones propuestas por el ministro de Justicia, Martín Soria, en pos de obtener el consenso para que la iniciativa sea aprobada.

El oficialismo cuenta con las firmas necesarias en ambas comisiones para alzarse con el dictamen de mayoría, gracias al ya anunciado respaldo del mendocino José Luis Ramón (Unidad Federal para el Desarrollo) -integra la comisión de Justicia- y más allá del rechazo de Graciela Camaño (Consenso Federal), quien forma parte de ambas comisiones.

El Frente de Todos cuenta con 18 firmas propias en Asuntos Constitucionales, sobre los 35 integrantes de la comisión, por lo que no necesita de aliados para obtener allí el dictamen de mayoría.

En la de Justicia reúne a 15 de sus 31 integrantes, por lo que el aporte de Ramón le permite llegar a las 16 firmas para imponerse a un eventual dictamen de rechazo de los 14 de Juntos por el Cambio y de Camaño.

Juntos por el Cambio evaluó la posibilidad de no presentarse nuevamente a debatir el proyecto, tal como lo hizo el 26 de abril en oportunidad de la exposición de Soria y el viernes pasado en la reunión convocada para escuchar a integrantes del Poder Judicial.

La principal alianza opositora decidió rechazar el proyecto que impulsa el Gobierno, al advertir que “su tratamiento no es urgente y no responde a las verdaderas necesidades de los argentinos que sufren la inflación, la falta de vacunas, la pobreza y el desempleo”.

“Sin fiscales independientes sólo se puede esperar falta de libertad y persecución a cualquiera que piense distinto. Lo rechazamos porque una vez más quieren manejar la Justicia para garantizar la impunidad en causas que nunca pudieron explicar. Todos podemos dejar de ser libres con esta ley”, concluyó el comunicado emitido por la Mesa Nacional de JxC ante el impulso que el oficialismo le dio al tema en los últimos días.

Sin embargo, este lunes se resolvió que los casi treinta diputados de ese espacio que integran ambas comisiones se hicieran presentes en el Anexo C de la Cámara, donde funcionará la comisión, para no perder la posibilidad de firmar dictamen y para hacer escuchar sus reclamos sobre el tratamiento del proyecto.

En rechazo a los argumentos de JxC, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Hernán Pérez Araujo, defendió al proyecto al asegurar que “busca dar institucionalidad a una figura muy importante para la independencia del Poder Judicial”, como es el procurador, al tiempo que expresó que espera que la oposición “participe del debate”.

“Nosotros no nos estamos queriendo llevar puesto a nadie; lo que queremos es darle institucionalidad a una figura muy importante para la independencia del Poder Judicial”, dijo el pampeano, y agregó que, en ese último punto, “coincide” con el planteo de Juntos por el Cambio.

Por el resto de los espacios, el diputado Ramón confirmó su respaldo al proyecto al considerar que los cambios “apuntan a poner en una situación de transparencia, de más rendición de cuentas y más presupuesto” a ese órgano.

También cuestionó el rechazo que ya adelantó JxC, al remarcar que “ellos están encontrando en esto una herramienta de pelea porque quieren que el procurador interino (Eduardo) Casal se quede en el cargo”.

Desde Consenso Federal, en tanto expresaron a través de un comunicado: “Tal como declaramos públicamente en su oportunidad, no son tiempos de reformas judiciales, sino tiempos de resolución de problemas que afectan la vida diaria de la gente como los aumentos de precios, las escasez de vacunas contra el Covid y la falta de trabajo”.

Integrantes del grupo presidido por Ramón, del interbloque Federal y del resto de las bancadas ajenas a los dos espacios mayoritarios (JxC y el FdT), fueron objeto de escraches virtuales en redes sociales por parte de integrantes de JxC, advirtiendo sobre la posibilidad de que acompañen la votación del proyecto o den quórum para su tratamiento.

Hasta el momento, el Frente de Todos no contaría con los votos necesarios para su aprobación en la Cámara baja la semana próxima, como aspiraba.

El proyecto

La iniciativa del oficialismo contempla la elección del jefe de los fiscales por mayoría absoluta del Senado, en vez de los dos tercios de los presentes, y pone un plazo de cinco años -reelegible por única vez- a la vigencia del mandato del procurador general de la Nación.

El despacho modificará el texto votado por el Senado, con lo cual deberá volver a la Cámara alta, ya que cambiará la composición del Jury de Enjuiciamiento para garantizar la paridad de género y las mayorías para poder destituir a un procurador, que fueron propuestas por el ministro Soria.

Sobre la composición de ese tribunal, el oficialismo aceptó modificar el proyecto original y agregar un integrante del Ministerio Público Fiscal en reemplazo de un legislador ya que en el proyecto se establecía dos por la mayoría y uno por la minoría.

Con esa reforma, el Tribunal de Enjuiciamiento quedaría compuesto por un representante del Poder Ejecutivo, dos representantes de la Comisión Bicameral del Congreso (uno por la mayoría y uno por la minoría), un representante del Consejo Interuniversitario Nacional, un abogado y dos fiscales (un varón y una mujer).

En cuanto a las mayorías, se establecerá que para destituir al procurador se requerirán 5 votos -que implica los dos tercios- y 4 votos para el resto de las decisiones.

Convocan de forma presencial a plenario de comisiones para avanzar en la reforma del Ministerio Público en Diputados

Tras el el cruce con la oposición en la reunión informativa por Zoom, el oficialismo citó a una reunión conjunta para el próximo martes 18 a las 19. Habría dictamen.

Las comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados convocaron este viernes a una reunión conjunta de forma presencial para tratar la media sanción del Senado que prevé modificaciones a la Ley del Ministerio Público Fiscal, por lo que se podría firmar dictamen.

La citación, a la que tuvo acceso Parlamentario.com, es para el próximo martes 18 a las 19 en la sala del segundo piso del Anexo C de la Cámara baja.

La convocatoria fue realizada por el presidente de la Comisión de Justicia, Rodolfo Tailhade (Frente de Todos), y de Asuntos Constitucionales, Hernán Pérez Araujo (Frente de Todos).

Horas antes de la citación se llevó a cabo una reunión informativa por Zoom en la que expusieron académicos y funcionarios judiciales, pero hubo un condimento político ya que Juntos por el Cambio dijo que era “una farsa” y se retiró mientras que el oficialismo acusó a JxC de ser “infantiles” y de “poner excusas para no debatir”.

La iniciativa a tratar en dicho plenario en forma presencial fue aprobada por el Senado el año pasado, y sobre la cual días atrás el ministro de Justicia, Martín Soria, anunció una serie de modificaciones con el objetivo de destrabar la discusión en la Cámara baja y reunir consensos. La principal oposición que es Juntos por el Cambio rechaza de plano la propuesta.

La media sanción del Senado

El proyecto del oficialismo consiste en modificar la mayoría necesaria para designar al procurador general de la Nación, pasando de los dos tercios de los votos a la mitad más uno -37 miembros- del Senado. Además, limita el mandato del jefe de los fiscales, actualmente vitalicio, a cinco años, pudiendo ser reelegible por otros cinco años más.

Entre otras, se dispone que los traslados de magistrados, funcionarios y empleados del Ministerio Público Fiscal deberán ser aprobados por la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público del Congreso.

Esta bicameral tendrá mayor poder de acuerdo a la iniciativa, ya que, por ejemplo, podrá designar a un procurador en caso de vacancia o licencia superior a 30 días; y tendrá mayor representación en el Tribunal de Enjuiciamiento de magistrados del Ministerio Público. Precisamente sobre la conformación de ese Tribunal, el pasado 26 de abril Soria anunció los cambios.

Otro aspecto relevante es que el jefe de los fiscales deberá comparecer ante el Congreso una vez al año, en sesión especial, alternando su presentación una vez en cada Cámara, para presentar su informe de gestión, que previamente enviará a la bicameral.

El texto también establece modificaciones en las Procuradurías Especializadas; prohíbe a los fiscales requerir tareas de investigación criminal a los servicios de Inteligencia; y mantiene el procedimiento de remoción del procurador a través del juicio político, con mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y de dos tercios en el Senado.

El Frente de Todos objeta la actuación al frente del Ministerio Público del actual procurador interino, Eduardo Casal, quien ocupa ese cargo desde hace más de tres años, tras la renuncia de Alejandra Gils Carbó.

En la Cámara baja los números del oficialismo para sancionar la ley son ajustados, pero precisamente este jueves el presidente del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón -aliado del FdT-, mantuvo una reunión con Soria para analizar la iniciativa.

El legislador mendocino señaló que existe una necesidad de resolver la “situación irregular” de la Procuración y destacó el trabajo del ministro de Justicia para lograr los consensos que permitan mejorar la media sanción.

En línea con su exposición, en el plenario realizado días atrás, Ramón propuso incorporar al proyecto la creación de una procuraduría especializada en Defensa de las y los Consumidores y Usuarios en el ámbito del Ministerio Público Fiscal.

Emergencia Covid-19: el oficialismo emitió dictamen favorable en un día y se vota la próxima semana

En un tratamiento express, el Frente de Todos logró firmar dictamen del proyecto de ley enviado por el Gobierno nacional para regular las restricciones sanitarias por la pandemia. Analizan aceptar cambios. La oposición no acompañó.

Luego de escuchar el informe de funcionarios del Gobierno nacional durante 4 horas y la opinión de médicos y abogados especialistas, los senadores del oficialismo miembros de las comisiones de Salud y de Asuntos Constitucionales lograron esta tarde reunir las firmas necesarias para que la iniciativa que regula las restricciones sanitarias por la pandemia tenga dictamen favorable y pueda ser tratada la próxima semana.

La iniciativa, que no tuvo modificaciones, fue rubricada solamente por el bloque oficialista del Frente de Todos, en tanto que el interbloque de Juntos por el Cambio y uno de los aliados del oficialismo, Juntos Somos Río Negro, decidieron no acompañar el proyecto.

El expediente será debatido la próxima semana en el recinto de sesiones con la intención de que rápidamente sea girado a Diputados para que sea convertido en ley antes del 22 de mayo, cuando el actual Decreto de Necesidad y Urgencia firmado por el presidente Alberto Fernández sobre restricciones para contener la pandemia pierda vigencia.

Al respecto, la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, María de los Ángeles Sacnun (FdT), planteó: “No queremos que sea el Senado de la Nación el que atrase la sancionar este proyecto de ley que se transforma en una herramienta central para defender y salvar la vida”.

La propuesta del Frente de Todos, expresada por la senadora Sacnun, fue pasar a la firma el dictamen que logró ser de mayoría “con el compromiso de seguir trabajando junto a los funcionarios nacionales y los diputados para analizar las propuestas que se realizaron para introducir modificaciones”.

“La premura no tiene que ver con imponer tiempos o plazos sino que queremos dotar al gobierno de una herramienta que establezca parámetros claros de como actuar y que sea el propio Poder Legislativo el que se los otorgue”, agregó.

Por su parte, el jefe de bloque del Frente de Todos de la Cámara alta, José Mayans, afirmó que “el Parlamento tiene que actuar así de forma inmediata porque no puede demorarse más este tema que es realmente importante”.

El dato clave político fue la postura adelantada por el senador rionegrino Alberto Weretilneck, habitualmente aliado del Gobierno, que adelantó su rechazo al exponer durante el debate. Weretilneck sostuvo que “esta ley no va a resolver los problemas que tenemos hoy. Y la pandemia va a seguir judicializada por lo que vemos que esta ley es en respuesta al fallo de la Corte. Tenemos que volver al camino del consenso entre el presidente y los gobernadores”.

A pesar del rechazo de Juntos por el Cambio, el bloque opositor mayoritario, el presidente de la Comisión de Salud, Mario Fiad (UCR), mencionó que “esta Ley se podría llegar a salvar en lo constitucional si fuera de adhesión y no de orden público”, en el mismo sentido que lo expresado por los gobernadores radicales de Mendoza, Rodolfo Suárez; y de Jujuy, Gerardo Morales.

Ganancias: pasó a la firma el dictamen y se vota la próxima semana en el Senado

Tras la exposición de funcionarios, un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Trabajo y Previsión Social dio luz verde a la iniciativa que se votó el domingo en la Cámara de Diputados.

En un trámite veloz, las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Trabajo y Previsión Social del Senado, que presiden los oficialistas Carlos Caserio y Daniel Lovera, respectivamente, avanzaron este martes con el dictamen del proyecto de ley de reforma del impuesto a las Ganancias.

De esta manera, la Cámara alta llevará al recinto la semana próxima la iniciativa que se votó el pasado domingo en Diputados por amplia mayoría -241 votos a favor, 3 abstenciones y ninguno en contra-.

La reunión, realizada de manera remota, contó con la participación del ministro de Trabajo, Claudio Moroni, quien aseguró “es una ley que todos estábamos esperando”, pero se diferenció de los cambios incorporados para que los conceptos de horas extras y bono por productividad se puedan deducir del impuesto.

También asistió el secretario de Política Tributaria, Roberto Arias, que calificó a la iniciativa como “sustentable, progresiva y que le va a dar mayor justicia a los trabajadores”.

En el encuentro, el macrista Esteban Bullrich reclamó que desde el oficialismo se presenten “paquetes cerrados, propuestas que no admiten ningún tipo de modificación“. “Esto es una oportunidad perdida”, consideró y continuó: “Nuestra preocupación es el empleo, y esta ley no hace nada para reactivar la creación de empleo”.

“Bajamos impuesto a los trabajadores, y eso está bien. Pero aumentamos a los que crean trabajo, eso está mal”, cuestionó el senador del Pro, que llamó a “debatir profundamente como juntos ayudamos a reactivar la economía, a que más gente tenga acceso a un trabajo en blanco”. “Lamentablemente el debate sigue siendo limitado, seguimos debatiendo parches”, insistió.

Recogió el guante el jefe del bloque Frente de Todos, José Mayans, que recordó que en el gobierno anterior de 1.100.000 trabajadores, pasaron a pagar el tributo 2.300.000. “Acá no hay ninguna pérdida de tiempo”, enfatizó y dijo que compartía “que hay que generar fuentes de empleo”, pero “primero hay que arreglar la emergencia total” porque “nosotros recibimos un gobierno en emergencia plena, un país en default”.

Y remarcó: “No se olviden ustedes que estamos en pandemia, que la pandemia causó un déficit muy fuerte del 6%”. Además de advertir que la pandemia “va a seguir impactando en la economía mundial y Argentina no va a ser la excepción”.

El formoseño indicó que desde el Senado se estableció contacto con la Cámara de Diputados, a quienes “les llevó un mes ponerse de acuerdo”, para agilizar el debate. “Creemos que es urgente la recuperación del salario de los trabajadores”, argumentó.

El oficialista señaló que “las provincias también están haciendo un esfuerzo, pero va a impactar esto, y lo más importante es que lo va a hacer en el bolsillo de los trabajadores”. “No tenemos mucho margen para hacer modificaciones para que vuelva a Diputados”, completó.

En la misma línea, Caserio reveló que se ocuparon “todo este tiempo de tener relación y hacer proposiciones a los diputados”, de manera que una vez que el proyecto pasara al Senado, saliera como se votó en la Cámara baja.

Una vez que se despidieron a los funcionarios, Bullrich volvió a la carga. “En Argentina hay dos millones de personas desocupadas” y “más de dos millones de personas que están trabajando en la informalidad, con lo cual algo anda mal, el ministro no puede decir que esto está bien”, expresó.

“Este proyecto no resuelve el problema de la informalidad, de que uno de cada tres trabajadores trabajan en negro. Eso demanda de acciones concretas que deben ser debate en el Senado”, resaltó.

Entonces, Caserio aseveró que el planteo del senador de Juntos por el Cambio “no es un planteo real y concreto”, porque “habla como si todos los problemas que tenemos ahora fueron un invento nuestro y no un problema de lo que heredamos de una pésima gestión“. Además que “recibimos un país irresponsablemente endeudado”, mencionó.

El cordobés defendió que hay que votar el proyecto lo cuanto antes porque “los argentinos hace mucho tiempo están esperando una respuesta, están ansiosos, están queriendo tener soluciones y las soluciones están en nuestras manos”. “La sanción no puede pasar de la semana que viene”, opinó y añadió: “No tenemos miedo de discutir los cambios, pero no nos parece prudente seguir demorando una ley”.

Por su parte, el radical Julio Cobos aseguró que “es un proyecto que tiene que avanzar rápidamente”, pero “ante la negativa de la posibilidad de incorporar algunas modificaciones”, el interbloque Juntos por el Cambio firmará el dictamen en disidencia, más allá de acompañar en la votación en general.

Y luego aclaró: “No han sido rechazadas nuestras sugerencias, sino que en muchos casos consideran abordar el tema en otro momento, como lo de autónomos y las deducciones”.

En el tramo final de la reunión, Lovera precisó que en La Pampa actualmente 27 mil trabajadores pagan este tributo, y con esta ley dejarán de hacerlo 16 mil. “Estamos convencidos de que este proyecto de ley es bueno, por eso lo acompañamos, lo defendemos. Estamos de acuerdo si quedan cosas pendientes debatirlas en su momento, pero queremos que este proyecto sea ley”, sostuvo y apuntó que la norma hará que haya “más dinero que se vuelque al consumo y que va a empezar a encender la economía”.

El oficialista criticó que en el Gobierno de Mauricio Macri “se duplicó la cantidad de trabajadores” que pagaban Ganancias y lanzó: “Toda esa farsa que habían armado en campaña hoy se transforma en una realidad con este gobierno, y en la peor pandemia que tuvo el mundo”.

En último lugar, la vicejefa del Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti, manifestó que esta es “una ley esperada por muchos argentinos y argentinas”. “No estoy de acuerdo en que no estemos contribuyendo a la generación de empleo con esta ley”, contestó, en referencia al planteo de Bullrich.

En ese sentido, la mendocina explicó que “la mayoría de los bienes e insumos que nosotros producimos se venden en el mercado interno”, de modo que cuando los trabajadores que dejen de pagar el impuesto tengan “un salario más en proporción a los que venían teniendo”, ese dinero “no se va a ir a la timba financiera”, sino que “los trabajadores van a ir a comprar lo que les falta”.

“Va a generar un círculo virtuoso que va a dar la posibilidad, junto con otras medidas del Gobierno nacional, de generar empleo”, finalizó.

El proyecto apunta a que todos los trabajadores y jubilados que ganen menos de 150 mil pesos brutos no paguen el impuesto a las Ganancias; la medida beneficiará alrededor de 1.267.000 personas.

El beneficio será retroactivo al 1ro. de enero y el aguinaldo quedará exento del pago del tributo. Además, se establece la deducción del concubino -actualmente se permite solo el cónyuge- y se mantiene el diferencial del 22% que perciben los trabajadores de la Patagonia en concepto de zona desfavorable.

En el caso de los jubilados, todos aquellos que perciban ingresos distintos al haber jubilatorio, como por ejemplo una renta de alquiler o intereses de un plazo fijo, podrán acceder igualmente al beneficio de la deducción de Ganancias, que pasa de seis a ocho haberes mínimos.

También se eximirá del impuesto al reintegro por gastos de guardería para los hijos de hasta tres años, con un tope de hasta el equivalente al 40% de la ganancia no imponible -67.000 pesos al año, es decir 5.590 pesos mensuales-.

Además, se aumentará la deducción por hijo con discapacidad -sin límite de edad- y se prorrogará hasta el 30 de septiembre de este año la exención de las horas extras y guardias -activas o pasivas- del personal de salud y recolectores de residuos, debido a la pandemia del Covid-19.

En los últimos cambios, se introdujo la posibilidad de deducción del “bono por productividad, falla de caja o concepto de similar naturaleza hasta un monto equivalente del 40% de la ganancia no imponible” con “efecto exclusivo para los sujetos cuya remuneración bruta no supere la suma equivalente a 300 mil pesos mensuales inclusive”.

Además, se sumó la exención para el personal militar de los suplementos vinculados a la “actividad arriesgada, título terciario, y zona y ambiente insalubre o penoso”.

Otro de los cambios sustanciales es que se faculta al Poder Ejecutivo a “disponer una actualización de los topes mínimos, en función de la evolución que tengan los salarios” para evitar que “con el tema de las paritarias pueda producirse una situación en la que trabajadores que inicialmente están excluidos pasaran a estar incluidos”.

A pedido del radicalismo, se incluyó que las asignaciones a expresidentes, presidentes y vicepresidentes paguen el impuesto a las Ganancias; y la deducción de “la provisión de herramientas educativas para los hijos e hijas del trabajador y trabajadora” y “el otorgamiento o pago debidamente documentado de cursos o seminarios de capacitación o especialización”.

Quiénes cerrarán la ronda de exposiciones sobre el aborto legal en el Senado

Este jueves a las 9.30 se reanudará el plenario con las últimas 12 ponencias. Luego los senadores debatirán y finalmente firmarán dictamen.

El Senado cerrará este jueves la ronda de exposiciones sobre el proyecto para despenalizar y legalizar el aborto. Doce especialistas fueron convocados a disertar desde las 9.30 en el plenario de comisiones de Banca de la Mujer, Salud y Justicia y Asuntos Penales, presidido por Norma Durango (Frente de Todos).

Se estima que las ponencias durarán hasta las 13, y luego los senadores debatirán el proyecto aprobado en Diputados para finalmente firmar dictamen. La intención del sector “verde” se mantiene firme: la sesión será el martes 29 de diciembre, al filo de fin de año.

Para este jueves fueron convocados el exministro de la Corte Suprema y exministro de Justicia Rodolfo Barra; la académica Dorothy Estrada-Tanck (UN Working Group on Discrimination against Women and Girls); Pilar Vázquez Calva, de la organización Alianza por la Vida; y Mario Sebastiani, médico de la División Ginecología y Obstetricia del Hospital Italiano.

La lista sigue con la psicóloga Carolina Pavia; la periodista y escritora Ana Correa; la doctora en Derecho Estela Sacristán; Lisandro Gómez, del Instituto Laico de Estudios Contemporáneos de Argentina; y Fernando Toller, abogado y profesor de Derecho en la Universidad Austral.

Los últimos en intervenir serán Eleonora Lamm, doctora en Derecho por la Universidad de Barcelona; el exsenador nacional Eduardo Menem; y el presidente del Comité de Derechos del Niño de la ONU, Luis Ernesto Pedernera Reyna.

Dictaminan este miércoles sobre aborto y el proyecto de “los mil días”

Citaron a sendos plenarios que deberán encargarse de dejar listos ambos proyectos para su tratamiento al día siguiente en Diputados.

Semana clave para el debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo en Diputados: está todo listo para que se dictamine y debata el proyecto en la Cámara baja. En efecto, este sábado las autoridades de las comisiones intervinientes en el debate convocaron a los integrantes de la misma para estar de manera presencial en el recinto de Diputados este miércoles para suscribir el dictamen correspondiente, con el fin de llevarlo al recinto al día siguiente.

En efecto, las comisiones de Legislación General, Salud Pública, Legislación Penal y de Mujeres y Diversidad se reunirán este miércoles a las 16.30 en el recinto de la Cámara baja, justo cuando las autoridades acordaron con todos los bloques la vuelta de la presencialidad, condicionada. Esto es, con todos los diputados, salvo aquellos que acrediten razones de salud que justifiquen su ausencia.

Se pondrán a consideración este miércoles el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo y la atención postaborto que elaboró el Poder Ejecutivo, como así también uno de las diputadas Victoria Donda, Brenda Austin, Mónica Macha, Carolina Moisés, Silvia Lospennato, Cecilia Moreau, Romina del Plá, Araceli Ferreyra, Daniel Lipovetzky, Daniel Filmus, Nicolás del Caño, Mayra Mendoza, Hugo Yasky, Mónica Schlotthauer y Ana Carla Carrizo; y otro de los diputados Araceli Ferreyra y Leonardo Grosso, ambos de 2019, como así también uno más presentado este año por el bloque Córdoba Federal, de Alejandra Vigo, Claudia Márquez, Carlos Gutiérrez, y Paulo Cassinerio.

Previamente, a las 14, habrá otra reunión, en este caso de las comisiones de Salud y Presupuesto por el proyecto de los “mil días”, que se debatirá de manera conjunta al día siguiente en el recinto. En efecto, para el jueves, en horario a determinar, está prevista la sesión especial por ambos proyectos. Una sesión que será aun más extensa que la de 2018 por el aborto. Para esta vez, según estimaciones preliminares, se estima una extensión de más de 30 horas. Sea lo que sea, la definición en Diputados estará recién el viernes.

El proyecto de ley de Teletrabajo

Este es el dictamen del proyecto de ley consensuado que debaten en Diputados.

DICTAMEN DE COMISION

Honorable Cámara:

La Comisión de Legislación del Trabajo ha considerado el proyecto de ley del señora diputada Piccolomini y otros señores y señoras diputados/as, el proyecto de ley del señor diputado Martínez, Darío, el proyecto de ley del señor diputado De Lamadrid, el proyecto de ley de la señora diputada Ormaechea, el proyecto de ley de la señora diputada Ginocchio, el proyecto de ley de la señora diputada Sposito y otros señores y señoras diputados/as, el proyecto de ley de la señora diputada Villa, el proyecto de ley del señor diputado Fernández, Eduardo, el proyecto de ley de los señores diputados Yasky y Carro, el proyecto de ley del señor diputado Moyano, el proyecto de ley de la se{ora diputada Osuna y otras señoras diputadas, el proyecto de ley del señor diputado Correa y de la señora diputada Siley, el proyecto de ley el señor diputado Ferraro y otros señores y señoras diputados/as, el proyecto de ley de la señora diputada Caselles, el proyecto de ley del señor diputado Petri, el proyecto de ley de la señora diputada Martínez, Dolores, el proyecto de ley del señor diputado Ansaloni, el proyecto de ley de la señora diputada Morales y otros señores y señoras diputados/as, el proyecto de ley de la señora diputada Del Pla y del señor diputado Del Caño y el proyecto de ley de la señora diputada Cáceres y otras señoras diputadas, por los que se regula el Régimen de Teletrabajo; y, por las razones expuestas en el informe que se acompaña y las que dará el miembro informante aconsejan la sanción del siguiente

Proyecto de ley

El Senado y Cámara de Diputados, …

Régimen Legal del Contrato de Teletrabajo

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente ley tiene por objeto establecer los presupuestos legales mínimos para la regulación de la modalidad de Teletrabajo en aquellas actividades, que por su naturaleza y particulares características, lo permitan. Los aspectos específicos se establecerán en el marco de las negociaciones colectivas.

ARTÍCULO 2°.- Incorpórese al Título III “De las modalidades del contrato de trabajo” del Régimen de Contrato de Trabajo aprobado por la ley 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, el siguiente texto:

“Capítulo VI – Del Contrato de Teletrabajo.

Art. 102 bis.- Concepto. Habrá contrato de Teletrabajo cuando la realización de actos, ejecución de obras o prestación de servicios, en los términos de los artículos 21 y 22 de esta ley, sea efectuada total o parcialmente en el domicilio de la persona que trabaja, o en lugares distintos al establecimiento o los establecimientos del empleador, mediante la utilización de tecnologías de la información y comunicación.

Los presupuestos legales mínimos del contrato de Teletrabajo se establecerán por ley especial. Las regulaciones específicas para cada actividad se establecerán mediante la negociación colectiva respetando los principios de orden público establecidos en esta ley.”

ARTÍCULO 3°.- Derechos y obligaciones.

Las personas que trabajen contratadas bajo esta modalidad, en los términos del artículo 102 bis de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, gozarán de los mismos derechos y obligaciones que las personas que trabajan bajo la modalidad presencial y su remuneración no podrá ser inferior a la que percibían o percibirían bajo la modalidad presencial. Los convenios colectivos deben, acorde a la realidad de cada actividad, prever una combinación entre prestaciones presenciales y por teletrabajo.

ARTÍCULO 4°.- Jornada laboral.

La jornada laboral debe ser pactada previamente por escrito en el contrato de trabajo de conformidad con los límites legales y convencionales vigentes, tanto en lo que respecta a lo convenido por hora como por objetivos.

Las plataformas y/o software utilizados por el empleador a los fines específicos del teletrabajo, y registrados según lo establecido en el artículo 18 de la presente, deberán desarrollarse de modo acorde a la jornada laboral establecida, impidiendo la conexión fuera de la misma.

ARTÍCULO 5°.- Derecho a la desconexión digital.

La persona que trabaja bajo la modalidad de teletrabajo tendrá derecho a no ser contactada y a desconectarse de los dispositivos digitales y/o tecnologías de la información y comunicación, fuera de su jornada laboral y durante los períodos de licencias. No podrá ser sancionada por hacer uso de este derecho.

El empleador no podrá exigir a la persona que trabaja la realización de tareas, ni remitirle comunicaciones, por ningún medio, fuera de la jornada laboral.

ARTÍCULO 6°.- Tareas de cuidados.

Las personas que trabajen bajo esta modalidad y que acrediten tener a su cargo, de manera única o compartida, el cuidado de personas menores de trece (13) años, personas con discapacidad o adultas mayores que requieran asistencia específica, tendrán derecho a horarios compatibles con las tareas de cuidado a su cargo y/o a interrumpir la jornada. Cualquier acto, conducta, decisión, represalia u obstaculización proveniente del empleador que lesione estos derechos se presumirá discriminatorio resultando aplicables las previsiones la ley 23.592.

Mediante la negociación colectiva podrán establecerse pautas específicas para el ejercicio de este derecho.

ARTÍCULO 7°.- Voluntariedad.

El traslado de quien trabaja en una posición presencial a la modalidad de teletrabajo, salvo casos de fuerza mayor debidamente acreditada, debe ser voluntario y prestado por escrito.

ARTÍCULO 8°.- Reversibilidad.

El consentimiento prestado por la persona que trabaja en una posición presencial para pasar a la modalidad de teletrabajo, podrá ser revocado por la misma en cualquier momento de la relación.

En tal caso, el empleador le deberá otorgar tareas en el establecimiento en el cual las hubiera prestado anteriormente, o en su defecto, en el más cercano al domicilio del dependiente, en el cual puedan ser prestadas. Salvo que por motivos fundados resulte imposible la satisfacción de tal deber.

El incumplimiento de esta obligación será considerado violatorio del deber previsto en el art. 78 del Régimen de Contrato de Trabajo aprobado por la ley 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. La negativa del empleador dará derecho a la persona que trabaja bajo esta modalidad a considerarse en situación de despido o accionar para el restablecimiento de las condiciones oportunamente modificadas.

En los contratos que se pacte la modalidad de teletrabajo al inicio de la relación, el eventual cambio a la modalidad presencial operará conforme las pautas que se establezcan en la negociación colectiva.

ARTÍCULO 9°.- Elementos de trabajo.

El empleador debe proporcionar el equipamiento -hardware y software-, las herramientas de trabajo y el soporte necesario para el desempeño de las tareas, y asumir los costos de instalación, mantenimiento y reparación de las mismas, o la compensación por la utilización de herramientas propias de la persona que trabaja. La compensación operará conforme las pautas que se establezcan en la negociación colectiva.

La persona que trabaja será responsable por el correcto uso y mantenimiento de los elementos y herramientas de trabajo provistas por su empleador, deberá procurar que estos no sean utilizados por personas ajenas a la relación o contrato de trabajo. En ningún caso responderá por el desgaste normal producto del uso o el paso del tiempo.

En caso de desperfectos, roturas o desgaste en los elementos, instrumentos y/o medios tecnológicos que impidan la prestación de tareas, el empleador deberá proveer su reemplazo o reparación a fin de posibilitar la prestación de tareas. El tiempo que demande el cumplimiento de esta obligación patronal no afectará el derecho de la persona que trabaja a continuar percibiendo la remuneración habitual.

ARTÍCULO 10.- Compensación de Gastos.

La persona que trabaja bajo la modalidad del teletrabajo tendrá derecho a la compensación por los mayores gastos en conectividad y/o consumo de servicios que deba afrontar. Dicha compensación operará conforme las pautas que se establezcan en la negociación colectiva, y quedará exenta del Impuesto a las Ganancias (Ley 20.628, texto ordenado por Decreto N° 824/2019 y sus modificatorias).

ARTÍCULO 11.- Capacitación.

El empleador deberá garantizar la correcta capacitación de sus dependientes en nuevas tecnologías, brindando cursos y herramientas de apoyo, tanto en forma virtual como presencial, que permitan una mejor adecuación de las partes a esta modalidad laboral. La misma no implicará una mayor carga de trabajo. Podrá realizarla en forma conjunta con la entidad sindical representativa y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.

ARTÍCULO 12.- Derechos colectivos.

Las personas que se desempeñen bajo la modalidad de teletrabajo, gozarán de todos los derechos colectivos. Serán consideradas, a los fines de la representación sindical, como parte del conjunto de quiénes trabajen en forma presencial.

ARTÍCULO 13.- Representación sindical.

La representación sindical será ejercida por la asociación sindical de la actividad donde presta servicios, en los términos de la ley 23.551. Las personas que trabajan bajo esta modalidad deberán ser anexadas por el empleador a un centro de trabajo, unidad productiva o área específica de la empresa a los efectos de elegir y ser elegidas, para integrar los órganos de la asociación sindical.

ARTÍCULO 14.- Higiene y Seguridad Laboral.

La autoridad de aplicación dictará las normas relativas a higiene y seguridad en el trabajo con el objetivo de brindar una protección adecuada a quienes trabajen bajo la modalidad laboral del teletrabajo. El control del cumplimiento de esta normativa deberá contar con participación sindical. Asimismo, la autoridad de aplicación determinará la inclusión de las enfermedades causadas por esta modalidad laboral dentro del listado previsto en el artículo 6°, inciso 2° de la Ley 24.557 (Riesgos de Trabajo). Los accidentes acaecidos en el lugar, jornada y en ocasión del teletrabajo, se presumen accidentes en los términos del art. 6° inc. 1° de la Ley 24.557 (Riesgos de Trabajo).

ARTÍCULO 15.- Sistema de Control y Derecho a la Intimidad.

Los sistemas de control destinados a la protección de los bienes e informaciones de propiedad del empleador deberán contar con participación sindical a fin de salvaguardar la intimidad de la persona que trabaja bajo la modalidad de teletrabajo y la privacidad de su domicilio.

ARTÍCULO 16.- Protección de la Información Laboral.

El empleador deberá tomar las medidas que correspondan, especialmente en lo que se refiere a software, para garantizar la protección de los datos utilizados y procesados por la persona que trabaja bajo la modalidad de teletrabajo para fines profesionales, no pudiendo hacer uso de software de vigilancia que viole la intimidad de la misma.

ARTÍCULO 17. – Prestaciones Transnacionales.Cuando se trate de prestaciones transnacionales de teletrabajo, se aplicará al contrato de trabajo respectivo la ley del lugar de ejecución de las tareas o la ley del domicilio del empleador, según sea más favorable para la persona que trabaja.

En caso de contratación de personas extranjeras no residentes en el país, se requerirá la autorización previa de la autoridad de aplicación. Los convenios colectivos, acorde a la realidad de cada actividad, deberán establecer un tope máximo para estas contrataciones.

ARTÍCULO 18. – Autoridad de aplicación. Registro. Fiscalización.

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación será́ la Autoridad de Aplicación de la presente ley y deberá dictar la reglamentación respectiva dentro de los 90 días. En el ámbito de su competencia se deberán registrar las empresas que desarrollen esta modalidad, acreditando el software o plataforma a utilizar y la nómina de las personas que desarrollan estas tareas, las que deberán informarse ante cada alta producida o de manera mensual. Esta información deberá ser remitida a la organización sindical pertinente.

La fiscalización del cumplimiento de las disposiciones legales y convencionales relativas a las tareas cumplidas bajo la modalidad del teletrabajo se ejercerá conforme a lo establecido por Título III – Capítulo I, sobre Inspección del Trabajo de la Ley N° 25.877 y sus modificatorias. Toda inspección de la autoridad de aplicación, de ser necesaria, deberá contar con autorización previa de la persona que trabaja.

ARTÍCULO 19.- Régimen de transitoriedad.

La presente ley entrará en vigor luego de 90 días contados a partir de que se determine la finalización del período de vigencia del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio.

ARTÍCULO 20.- Comuníquese al Poder Ejecutivo

Sala de la Comisión,

INFORME

Honorable Cámara:

La Comisión de Legislación del Trabajo ha considerado el proyecto de ley del señora diputada Piccolomini y otros señores y señoras diputados/as, el proyecto de ley del señor diputado Martínez, Darío, el proyecto de ley del señor diputado De Lamadrid, el proyecto de ley de la señora diputada Ormaechea, el proyecto de ley de la señora diputada Ginocchio, el proyecto de ley de la señora diputada Sposito y otros señores y señoras diputados/as, el proyecto de ley de la señora diputada Villa, el proyecto de ley del señor diputado Fernández, Eduardo, el proyecto de ley de los señores diputados Yasky y Carro, el proyecto de ley del señor diputado Moyano, el proyecto de ley de la se{ora diputada Osuna y otras señoras diputadas, el proyecto de ley del señor diputado Correa y de la señora diputada Siley, el proyecto de ley el señor diputado Ferraro y otros señores y señoras diputados/as, el proyecto de ley de la señora diputada Caselles, el proyecto de ley del señor diputado Petri, el proyecto de ley de la señora diputada Martínez, Dolores, el proyecto de ley del señor diputado Ansaloni, el proyecto de ley de la señora diputada Morales y otros señores y señoras diputados/as, el proyecto de ley de la señora diputada Del Pla y del señor diputado Del Caño y el proyecto de ley de la señora diputada Cáceres y otras señoras diputadas, por los que se regula el Régimen de Teletrabajo. Luego de su estudio resuelven despacharlos favorablemente con las modificaciones propuestas en el dictamen que antecede, unificados.