Un plenario de las comisiones de Discapacidad, de Acción Social y Salud Pública y de Presupuesto y Hacienda de Diputados se reunió este miércoles para dictaminar sobre la declaración de emergencia en todo el territorio nacional en materia de discapacidad hasta fines de 2027 que busca “asegurar los derechos al nivel adecuado de vida, salud, habilitación, rehabilitación, educación, protección social y trabajo de las personas con discapacidad”.

En total se despacharon cuatro dictámenes: el de mayoría se alzó con 59 firmas de los bloques de UP, EF, CC e Izquierda, mientras que los de minoría reunieron uno 14 firmas del Pro y el MID; el otro tuvo 8 firmas de DPS, y el último 7 firmas de la UCR.

Pese a que en la sesión del pasado 8 de abril se había votado de manera afirmativa el emplazamiento a la Comisión de Presupuesto, presidia por el libertario José Luis Espert, el diputado se ausentó en la reunión y lo criticaron duramente desde todos los sectores por no cumplir con su rol. En su lugar estuvo a cargo el diputado de UP Carlos Heller (ex presidente de dicha comisión).

Como autor del proyecto y en carácter de titular de la Comisión de Disparidad, el diputado Daniel Arroyo explicó que el texto plantea la emergencia en discapacidad en tres ejes: la emergencia en lo que hace a las prestaciones a los servicios para las personas con discapacidad; las pensiones en discapacidad y las dificultades que enfrentan las personas que quieren acceder a la pensión o ya tienen; y lo que refiere al maltrato.

Así, brindó cuatro ejemplos de la situación de prestaciones: “Una persona que trabaja en un taller protegido por cuatro horas cobra 28 mil pesos por mes, no por día. Ese monto no se actualiza desde febrero de 2023, estaos ante una evidente emergencia y un ingreso para la persona con discapacidad fuera de toda regla. El problema adicional es que las personas no cobraron ni enero, ni febrero ni marzo”.

Luego presentó el caso de un transportista que traslada a las personas con discapacidad para hacer sus tratamientos: “Esa persona cobra 541 pesos el litro de nafta. Con suerte los transporta dos días y la persona no hace su tratamiento como corresponde”. También contó lo que sucede con los acompañantes de alumnos con discapacidad que asisten a una escuela común: “Cobran a los 180 días 3 mil pesos por hora. Es evidente que no le alcanza y la persona se va, cuando el acompañamiento tiene que ser durante un año, y por eso van rotando”.

Hoy logramos un avance en serio para la Emergencia en Discapacidad. Vamos por lo que falta: la aprobación en el recinto. pic.twitter.com/HtQFkp0dlK

— Daniel Arroyo (@LicDanielArroyo) April 30, 2025

“Los hogares están a punto de cerrar porque tienen deuda con ARCA hasta el 30 de junio y están viendo cómo hacen en un estado de desesperación porque no saben cómo pagar”, presentó como último ejemplo.

Arroyo aclaró que “ninguno de los problemas empezó hace 14 meses, la situación crítica de las personas con discapacidad viene hace tiempo, pero ha empeorado porque no hubo aumento este año”.

Así, explicó que el primer punto que trata el proyecto busca atender el problema del desfase de las prestaciones y la caída de las prestaciones “por eso la emergencia a las personas con discapacidad”. Sobre las pensiones por discapacidad precisó que hay 1.200.000 personas con pensión.

“El Gobierno inició una auditoría algo que es correcto, está claro que hay personas que accedieron a una pensión que no les correspondía, pero no está haciendo la auditoría como corresponde porque la forma de hacerla es identificar a los médicos que han dado cantidad de certificados truchos y evaluar la situación, identificar las localidades, no poner en estado de desesperación a 1.200.000 personas que les llegan cartas documentos que no saben cómo atender porque lo que está desfasado es la base de datos de la Agencia Nacional de Discapacidad”, criticó.

Arroyo también cuestionó que hay 500 mil personas que se presentaron para acceder a la pensión, pero “en los últimos 14 meses solo entraron 586, el 0,81%”. “Es necesario hacer una auditoría, pero no poner en estado de desesperación a las personas que hacen 10 horas de cola. A la ANDIS le han pedido un nivel de ajuste que no es posible cumplir con las auditorías y ha generado este estado al conjunto del sistema desacomodando la situación de las pensiones”, apuntó.

Por último, se refirió al maltrato: “Se generó una estigmatización y las personas con discapacidad vienen siendo invisibilizadas hace mucho tiempo, sufriendo falta de servicios y de apoyo. El Gobierno hizo la Resolución 187 en enero donde cambia el sistema de pensiones y vuelve 100 años atrás al concepto de pensión por invalidez laboral y en sus consideraciones denomina a las personas con discapacidad como ‘idiotas’, ‘imbéciles’, ‘débiles mentales’”.

“El proyecto apunta a resolver las tres cuestiones, tomando como base para las pensiones diciembre de 2023 antes del 120% de devaluación, actualiza las prestaciones al mes de abril, descuenta lo que ya fue aumentado y en función de eso compensa para evitar que los hogares cierren y para evitar el estado de desesperación de las personas. A partir de esa compensación, establece que la ANDIS debe hacer un nuevo nomenclador razonable, lógico en término de los montos que requieren las prestaciones para las personas con discapacidad”, resumió Arroyo.

Así, destacó que la iniciativa tuvo mejoras “sustantivas” de diversos bloques como el cuidado del sistema de seguridad social; da claridad sobre la imposibilidad de que una persona tenga a la vez pensión y jubilación por discapacidad “quienes hacen la evaluación sobre el impacto fiscal no deberían confundirse”; y actualiza el valor de los aranceles.

“Es evidente que estamos ante una emergencia, no es que el sistema está un poco desfasado, esta desactualizado. Necesitamos un sistema de pensiones lógico y razonable y declarar la emergencia hasta fines de 2027, establece con claridad condiciones para ordenar lo que está mal y tener un nuevo nomenclador, ordena sanamente el tema de las pensiones no generando un impacto fiscal y sale del maltrato”, concluyó.

A continuación, el titular de la Comisión de Acción Social y Salud, Pablo Yedlin (UP), cuestionó la ausencia del presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, José Luis Espert (LLA): “Estamos a la espera que se decida a convocarnos. El mecanismo de emplazar funciona, habrá que seguir implementándolo”. El tucumano recordó que la iniciativa ya cuenta con dictamen, pero resaltó que “viene mejorado con el aporte de muchos”.

ANTE LA EMERGENCIA, ACCIÓN 🚨

Acabo de firmar el dictamen para que la #emergenciaendiscapacidad SEA LEY!
No podemos consentir el maltrato que el gobierno cruel de @JMilei dispensa a las personas con discapacidad, sus familias y prestadores de servicios
Que sea ley! 🙌 pic.twitter.com/6wcW32aBiU

— Esteban Paulón (@EstebanPaulon) April 30, 2025

En el mismo sentido, la diputada santafecina Mónica Fein (EF) lamentó la falta de Espert porque “esta comisión tiene quórum y es su responsabilidad estar acá presente”. Luego, remarcó que es un “mecanismo perverso que el Gobierno ha definido para que le cierren los números, dejar a los más vulnerables que requieren del Estado para ser acompañados, restándole prestaciones, limitando aportes, servicios, las maestras, si no también acusando a través de una auditoría y dejando a las personas con discapacidad en una situación de sospecha, vulnerabilidad y abandono. Queremos que sea ley la emergencia”.

“Esto no es una auditoría, es la decisión de que cierren los números y poder dar de baja a más de 400 mil pensiones. No entender que las personas con discapacidad requieren de un Estado presente, un presidente que utiliza el síndrome de Down como insulto para referirse a un gobernador, habla de la falta de humanidad y crueldad, de la incapacidad de comprender una sociedad diversa. Más allá de las dificultades que nos pone el oficialismo impidiendo que discutamos que las personas con discapacidad merecen un trato humano, respetuoso, inclusivo”, cerró adelantando su apoyo al dictamen.

También informando de su acompañamiento al dictamen, Christian Castillo, del Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad, acentuó la idea de que “viendo el pacto que el Gobierno acaba de firmar con el FMI esto se va a agravar; así como el tema de los adultos mayores, la discapacidad es una de las preferencias de la motosierra de este gobierno”, sentenció. Asimismo, alertó por la posibilidad de un eventual veto presidencial.

EMERGENCIA EN DISCAPACIDAD @PabloJulianoLP fuerte contra @jlespert

"Qué jodido tenés que ser para presidir la comisión de Presupuesto y Hacienda, tener un emplazamiento de todo el pleno y borrarte. ¿Con qué cara vas a recorrer la Provincia de Buenos Aires para buscar el voto… pic.twitter.com/NIwH2fOjry

— democraciaparasiempre (@dipdemocraciaps) April 30, 2025

La pampeana Marcela Coli (Democracia para Siempre) le agradeció al diputado Carlos Heller (UP) por tomar la presidencia de la Comisión de Presupuesto y “poder hacer ese llamado al titular de la comisión José Luis Espert de no cumplir con su rol, más allá de que esté de acuerdo o no con la temática que se debate. Cuando uno cumple una función, tiene que hacer lo que se debe hacer. Hoy tenía que hacer eso y no está cumpliendo su función, escuchar lo que no quiera escuchar. Lamentablemente no da una buena imagen de su rol”.

“Estamos totalmente de acuerdo que la discapacidad transita la emergencia. Nuestro país recién en 2011 se adhirió a la Convención de los Derechos de las personas con discapacidad y le dio jerarquía constitucional. Hasta el día de hoy pasaron 5 presidencias donde la discapacidad no ha tenido la atención e inversión de recursos necesarios para tener esa dinámica, esa contención, planes de atención, programas para que hoy la Argentina no este discutiendo una emergencia. Es vergonzoso”, expresó.

Al pedir la palabra, el diputado del Pro Martín Maquieyra señaló que la responsabilidad de la situación por la que pasan hoy en día las personas con discapacidad es “de quienes han gobernado, sobre todo de quienes más han gobernado durante más tiempo”.

“Nuestro dictamen plantea la actualización por el índice de precios al consumidor (IPC) del nomenclador y prestaciones porque creemos que es un problema que hay que solucionar. También planteamos adaptar el vocabulario que se dictan en los organismos. Planteamos que el Ejecutivo reglamente los montos a los talleres protegidos, nos parece inviable en este momento con esos montos que una persona pueda trabajar. Lo diferente es que nosotros creemos que la real dignidad de la persona es poder conseguir un trabajo y no atarlos a una voluntad del Gobierno y por eso plantemos una modificación a la ley laboral para que se triplique el beneficio a quienes contraten personas con discapacidad”, precisó.

Para Maquieyra: "La mejor forma de dar dignidad a cualquier persona es que pueda conseguir un trabajo en blanco, sobre todo un empleo en el sector privado; creemos que esa es la manera de que Argentina salga adelante y ese derecho se le tiene que brindar a todas las personas con discapacidad”.

La radical Carla Carrizo expresó: “Las pensiones no contributivas están sospechadas porque los gobiernos han hecho política partidaria con ellas, pero la dignidad de las personas con discapacidad no puede estar bajo sospecha. SÍ, debe haber controles y auditorías sobre las pensiones".

"Estamos de acuerdo con esta Ley. Pero presentamos dictamen de minoría porque creemos que la emergencia debe ser sólo por 12 meses. También queremos establecer un presupuesto para la misma, no puede quedar en facultad del Ejecutivo disponer una partida", concluyó.

En tanto, el diputado Eduardo Valdés (UP) lanzó una dura crítica al Poder Ejecutivo por el abandono y la violencia institucional hacia el colectivo de personas con discapacidad: “Nunca estuvieron tan mal como ahora. Este gobierno usa la palabra ‘auditar’ como sinónimo de recortar derechos. Lo hicieron con las universidades, con los jubilados y ahora con las personas con discapacidad. La única política de discapacidad que aplican es la crueldad”.

Valdés advirtió que “se está regresando al modelo médico de los años 70, que ya había sido superado por las luchas del colectivo y por los marcos de derechos humanos. “Volvieron a poner el foco en la patología, en la ‘medición de la discapacidad’, en lugar de entender las barreras sociales. Es un retroceso de 50 años”.

Además, Valdés denunció la vigencia de la Resolución 187/25, que el gobierno prometió derogar, pero continúa publicada en los portales oficiales. “Ese texto incluye términos como ‘idiota’, ‘imbécil’ y ‘débil mental’ para clasificar personas. Es inadmisible, y demuestra el pensamiento real que tienen sobre el tema”, sostuvo.

El debate sobre Boleta Única de Papel, como instrumento de votación en las elecciones a nivel nacional, cerró su etapa este miércoles en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales del Senado. El futuro en el recinto es incierto, ya que el oficialismo no logró un consenso unánime en su férrea postura de ir con el dictamen que viene con media sanción de Diputados sin hacerle modificaciones, por lo que la oposición presentó un despacho de minoría.

Se daba por descontado que habría dos dictámenes, debido a que en el primer encuentro surgieron diferencias respecto del texto que viene de Diputados que fue aprobado en junio de 2022, incluso dos senadoras plantearon modificaciones. Una de ellas fue la rionegrina Mónica Silva, de Juntos Somos Río Negro, autora del dictamen de minoría que acompañado con las firmas del bloque de Unión por la Patria.

La intención de La Libertad Avanza es que la ley salga antes de que culmine el período de sesiones extraordinarias, por eso adelantaron que en el recinto estarán abiertos a modificaciones, ya que para la aprobación de esta iniciativa, el oficialismo -con 7 miembros- deberá concentrar sus esfuerzos en construir una mayoría absoluta, no sólo para el quórum en la eventual sesión donde se debata el proyecto, sino también para su aprobación, pues se trata de un tema electoral que requiere 37 votos, es decir, la mitad más uno del cuerpo.

Al inicio del encuentro, Kueider agradeció la “presencia perfecta” de todos los senadores y recordó que la semana pasada se inició el debate por BUP que venía de Diputados y remarcó que “es un sistema similar al cordobés”.

El entrerriano informó que se les solicitó a todos los senadores “que hagan los comentarios y observaciones que consideren oportunas teniendo en cuenta la información y posiciones políticas de cada provincia que representan. A raíz de ello recibimos mucha información, han remitido a la secretaría de la comisión tanto los posicionamientos y observaciones que enriquecen el debate y contribuyen a darle continuidad hoy y si es posible poder llegar al dictamen correspondiente”.

De forma breve, el titular de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, el riojano Juan Carlos Pagotto (LLA), expresó: “Estando prácticamente concluidos los despachos con las observaciones y con las opiniones de cada uno hay que pasar a votación a ver si se aprueba o no y en qué condiciones”. “La idea es debatir un poquito”, comentó entre risas Kueider.

Hizo uso de la palabra el rionegrino Martín Doñate (Unión por la Patria) manifestó: “Nos hubiera gustado que el oficialismo o quienes llevan adelante este dictamen de mayoría puedan hacer uso de la palabra para fundamentar o argumentar sobre los aportes de los distintos senadores a la mejora del proyecto original, pero observo que la primera decisión del oficialismo es pasar a la firma un dictamen que merece y amerita un nivel de debate mucho más profundo”.

“Nos hubiera gustado que en esta reunión nos tomemos dos o tres horas como se planteó en principio para que haya especialistas, organizaciones no gubernamentales, representantes del Poder Judicial para que nos nutran de su mirada que nos ayuden a trabajar sobre una ley que, como todos sabemos, requiere una mayoría agravada para su sanción por la importancia que tiene de reformas del orden institucional y estructurales”, señaló Doñate y agregó: “El Gobierno nacional está llevando adelante una serie de reformas en el ámbito electoral que son muy importantes en distintas dimensiones que son el fondo de la discusión mientras acá estamos viendo si sancionamos la forma en la que los argentinos van a comenzar a votar dentro de dos años con un sistema distinto en virtud de los argumentos que da agilidad, transparencia, que pueden ser discutibles”.

El rionegrino contó que “miraba estadísticas en contraposición de estadísticas que planteó el oficialismo la semana pasada respecto de los países que utilizan BUP, cuando tenemos a Uruguay un país catalogado como el más transparente tiene un sistema similar al argentino con boleta partidaria al igual que Suiza, por lo cual es todo relativo en función desde dónde se lo mire. Esta relatividad y esta templanza y paciencia que podemos tener para hacer una buena herramienta jurídica hubiera sido un buen escenario y no sacar a las apuradas una ley que tiene todo el 2024 para ser discutida. Incluso si vuelve a Diputados con mejoras sería un muy buen mensaje del Congreso de la Nación porque, como cámara revisora, sería determinante porque siempre ha dado un salto de calidad al momento de corregir o modificar una norma”.

“Dejo asentado mi disconformidad respecto de no poder estar con presencia de gente que venga a hablar y a instruirnos sobre la materia”, planteó y solicitó que se de lectura al o los dictámenes y “en función de eso poder tomar una determinación”.

El senador kirchnerista planteó que “el dictamen del oficialismo, así como está si sufriera algunas modificaciones sustanciales podría ser aprobado incluso por gran parte de nuestro bloque”, pero cuestionó: “El problema que tiene ese dictamen que quieren sacar a las apuradas sin aceptar modificaciones tiene problemas estructurales jurídicos que va a sufrir incluso caiga en manos de un juez y termine siendo un trabajo sin sentido”.

“Una ley como esta, disponerla a una reglamentación del Ejecutivo, puede sufrir las consecuencias de ir en contra del temperamento de la ley en esa modificación que pretende mejorar el texto malo. Estamos tratando mejorar un dictamen que puede caer en la inconstitucionalidad. Me parece una desprolijidad sacar el dictamen, así como está del oficialismo. Venimos con espíritu de apertura y de mejorar el texto. Sacarlo así corre el riesgo de que en el 2025 no se use porque la justicia lo considere inaplicable, estamos cometiendo un error”, argumentó Doñate y cuestionó: “Cómo se puede trabajar en un Congreso que quiere sacar normas estructurales como esta tengan validez jurídica a futuro. En ambas cámaras se presentaron proyectos de menor peso como este”.

Así, adelantó que acompañarán el dictamen de la senadora Silva porque “es mucho más aplicable y mejor sustancialmente que el proyecto que quiere sacar el oficialismo que no quieren aceptar modificaciones. Es más prolijo aprobar el dictamen de la senadora que el de oficialismo que están encaprichados a no modificar para que Milei por decreto lo acomode, es un delirio esto. Sería oportuno seguir debatiéndolo”.

Al respecto, Kueider informó que “el senador Daniel Bensusán hizo un aporte de invitados que coincidente con lo de Doñate. Por presidencia se determinó solicitarles a los senadores que en sus provincias evacúen conjuntamente con las instituciones y organizaciones sociales todas las dudas que tenían sobre el proyecto y venir con una opinión formada”.

En esa línea, el titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales defendió: “No me pareció oportuno convocar a invitados a que vengan a explicar algo cuando todos ya tienen una opinión formada y es un tema que viene debatiéndose hace rato. Muchas provincias ya aplican este sistema. En Diputados ha habido un gran debate con muchos invitados y gran parte de ellos habían sido puestos en listados para que expongan acá y son aportes que ya debatimos la semana pasada por eso no me pareció oportuno estar molestando a los invitados para que estén acá dos o tres horas explicando un tema que ya todos sabemos. Me pareció más efectivo avanzar en el debate de los senadores y tratar de emitir dictamen”.

Kueider comentó que hay un dictamen que propuso la senadora rionegrina Mónica Silva, quien contó que en la semana pudo intercambiar pareceres con representantes de su provincia que “tienen la votación municipal con BUP” a fin de tener “una opinión con experiencia y práctica”.

“Por eso tomamos la decisión de presentar un dictamen que, a nuestro criterio sería, una mejora del dictamen que vino de Diputados y también contribuiría a que la ley tenga carácter federal que hay que respetar y que la Constitución fija con claridad y hay que acentuarlo y por eso queremos hacer puntualizaciones”, manifestó.

Silva detalló que “el eje central de la modificación de su propuesta reside en una BUP por categoría donde cada categoría de la elección nacional tiene su boleta. Esa es la esencia de la modificación que presentamos al igual que la cuestión de la igualdad de condiciones para los partidos nacionales y provinciales, en ese sentido presentamos la eliminación de la existencia de un botón para BUP de modo tal que cada elector deberá elegir poniendo una cruz en cada categoría”.

Además, la rionegrina precisó que el dictamen presentado propone modificar “algunos de los aspectos que fueron de tratamiento la semana pasada y, a nuestro criterio, deberían tener un cambio para hacer a la ley mejor y transparente y responda a los criterios de una mayor calidad democrática por eso modificamos algunos aspectos como mejorar la actividad de los fiscales de mesa y de las autoridades que tienen a su cargo el escrutinio. En el dictamen específico el artículo 112 que fue motivo de análisis”.

Silva denunció que durante la semana recibió comentarios que le dijeron que “lo perfecto es enemigo de lo posible, lo sentí como una presión para que votara el dictamen de media sanción. Es la mejor herramienta legal que tenemos y es honesta, no es perfecta. El dictamen que presenté mejora mucho lo que se ha recibido de Diputados, pero sé que es perfectible. Tenemos que estar abiertos a las posibilidades de dialogar con quienes hicieron aportes de otra manera”.

De forma breve, Kueider enumeró quiénes realizaron aportes: “Redacción política, la senadora Lucila Crexell, Mariana Juri, Silva, Maximiliano Abad, Carolina Moisés y Doñate”, y sumó: “En algunas exposiciones se manifiesta acompañar el proyecto de Diputados tal cual está, hacerle observaciones de correcciones. En otros casos hay propuestas de dictamen de comisión alternativo y otra propuesta es manifestar oposiciones y la inconveniencia de tratar el tema ahora”.

A continuación, fue el turno de la secretaria de la Comisión de Asuntos Constitucionales, la radical Mariana Juri (Mendoza), quien expresó su conformidad a la decisión que tomaron los dos presidentes de las comisiones en “abrir el debate de la manera más federal posible” y celebró haber pospuesto el tema siete días para que “los senadores podamos volver a las provincias a hacer las consultas a las autoridades electorales, a las universidades, es un método muy eficiente y podamos inaugurarla para que no parezca que los únicos expositores tiene que ser acá en Buenos Aires y en este Senado”.

“Creo que fue muy auspicioso que seis senadores lo hiciésemos de forma escrita, otros lo hicieron haciendo sus consultas pertinentes, también lo hicieron 11 organizaciones de la sociedad civil”, cerró Juri celebrando la nueva metodología y el diálogo y bregó para que “dentro de poco los argentinos puedan votar con un sistema transparente y produce un ahorre significativo en lo económico y ecológico”.

De la vereda de enfrente, el neuquino Oscar Parrilli manifestó que “es un anhelo de todos querer mejorar los mecanismos electorales, aunque debemos sentirnos orgullosos porque el sistema electoral siempre funcionó correctamente”.

“Este es un buen año para tratar las reformas electorales porque no estamos en un año de elecciones, de manera tal, que tenemos todo el año 2024 para profundizarlas y, además, estoy convencido que el mejor sistema democrático es el que menos se modifica”, afirmó Parrilli y remarcó que “el mejor sistema democrático es el que no se modifica”.

Para el neuquino, los argumentos a favor de la BUP “esconden una cuestión política en contra del peronismo, del movimiento nacional y popular. Se ha demostrado que esta boleta sábana es transparente y les ha dado la posibilidad a muchos de ganar y perder elecciones”.

Parrilli, al igual que sus pares de bloque, reiteró que lo oportuno “es seguir profundizando y analizando el tema. Lo que propone Silva mejora a los gobiernos provinciales, creo que la boleta única por categorías es mucho mejor que la boleta única total, además de que es un ejemplar de tres metros. Es una boleta fantasma, no única. Hay cuatro provincias donde eligen más de cinco diputados y en la boleta solo van el nombre de cinco, o sea los demás son fantasmas, no aparecen. Si querían transparencia, esto es un claro ejemplo de anti transparencia porque no sabemos qué votamos”.

“Hago una moción para que se modifique el artículo 6 para que no solo aparezcan los cinco primeros candidatos, sino todos porque es la única manera de que sepamos a quiénes estamos votando”, propuso y cerró: “Que sea una reforma electoral seria, que tenga fundamento y tenga racionalidad”.

En su intervención, el salteño Sergio Leavy contó: “En Salta está el Sistema de Boleta Única Electrónica es el peor de los sistemas porque no es ni transparente ni seguro, hay mucha gente que le cuesta aún, es muy caro. Soy un defensor de la Boleta Única Papel, pero coincido con los dichos de los senadores de mi bloque en el sentido de que no podemos entregar una ley mal redactada, con problemas. Eso no significa aprobar de forma apurada este proyecto de ley mal redactado y con problemas”, y propuso que las revisiones de las elecciones no vayan solo a las cámaras sino también a los juzgados federal para que “haya más participación de la justicia nacional electoral en todo el trabajo de cada elección”.

“¿Cómo hacemos para meter una sábana adentro del sobre? Es muy complicado. Este cambio si o si tenes que tenerlo la ley que sea por categorías. Tenes que estudiar manualidades para poder meter la boleta en el sobre. Queremos que la ley salga bien redactada y bien hecha”, chicaneó Leavy.

La macrista Guadalupe Tagliaferri hizo una aclaración: “Estamos hablando de la Boleta Única de Papel para cargos nacionales, será una decisión de los habitantes de cada provincia que decidan unificar la boleta con la boleta única nacional, no estamos legislando sobre cargos provinciales o municipales que la gran mayoría va separada de la nacional”.

En contraposición, la riojana Florencia López (UP) preguntó la razón por la que el oficialismo quiere “tratar rápidamente este proyecto”, y respondió: “No será alguna maniobra de dispersión para la sociedad de lo que realmente ocurre. Mientras que en Diputados en la ley ómnibus se plantea la eliminación de las PASO, acá seguimos debatiendo un proyecto sobre una Boleta Única de Papel que establece las PASO como si estuviésemos en una burbuja. Parece un debate de locos. Hagamos las cosas bien”.

“Estamos debatiendo cosas que no son importantes. No hay debate, ni apertura, dónde quedó la transparencia, la mejora de la democracia. Nos empujan a votar un dictamen que habla de una cabina de votación. Hay muchas cuestiones que me hacen dudar de por qué quieren que salga este dictamen”, apuntó López.

Su par de bloque, la fueguina Eugenia Dure cuestionó: “Deberíamos haber invitado diferentes especialistas para la profundización de este debate, sobre todo en la cuestión de género que no se estaba teniendo en cuenta, algo que si hubo cuando este proyecto se trató en Diputados”.

Por el contrario, el bonaerense Maximiliano Abad aseguró: “Estoy convencido que tenemos que avanzar en este proyecto de ley de Boleta Única Papel porque la tienen el 80% de las democracias del mundo, sólo 16 países no la tienen, es muy accesible al ciudadano y es menos costosa, universal, genera equidad para los partidos. No creo que esto sea para distraer frente a la situación del país porque lo único que tenemos para debatir acá es esto. Toda ley es perfectible, yo plantee modificaciones también, pero me gustaría que se hagan una vez sancionada”, y apuntó contra UP: “Antes de que vengan acá, ya sabía que no iban a acompañar el proyecto porque dicen que la boleta única no es una boleta de avanzada. Tratan de patear el debate para que el proyecto se caiga y se vuelva a debatir”.

El presidente del bloque radical, el correntino Eduardo Vischi, señaló: “Teniendo en cuenta que ningún sistema es neutro y todos son perfectibles, estamos dando un paso importante en la modernización de la forma en la que queremos elegir, creo que en este debate se están repitiendo cuestiones que ya se hablaron la semana pasada”.

A su turno, Pagotto planteó: “En este Senado tenemos que tratar el proyecto de Boleta Única de Papel que viene con media sanción de Diputados, creo que esta ley es perfectible, pero estamos discutiendo algo técnico y lo menos político posible, hablemos de esta ley”.

El radical Pablo Blanco (Tierra del Fuego) consideró: “Creo que podemos firmar el o los dictámenes que haya, ya que tenemos tiempo hasta el día de la sesión para realizar modificaciones y ponernos de acuerdo. Y el día de la sesión se verá cual tiene más votos”.

Por último, el correntino Carlos “Camau” Espínola (Unidad Federal) sostuvo que “no hay que tener miedo a las modificaciones porque cuando se incluyeron las PASO y la boleta de color con foto fue un avance, creo que hay que modernizar ese sistema, estoy a favor de la Boleta Única de Papel, pero hay que debatir qué sistema se aplica”.

La chubutense Edith Terenzi (Cambio Federal) expresó: “Muestran boletas gigantescas y hablan de simultaneidad de elecciones, hay que aclarar que estamos hablando de elecciones nacionales. Hay que recordar esto y de las facultades no delegadas a las provincias”, y pidió que “se incorporara al temario de las comisiones los proyectos que se refieren a la cobertura de las vacantes de diputados y senadores nacionales; el derecho a voto de los ciudadanos argentinos en el exterior; y la ficha limpia”.

Sin invitados a exponer, el plenario de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda del Senado, presididas por los oficialistas Daniel Bensusán (La Pampa) y Ricardo Guerra (La Rioja), respectivamente, retomó este miércoles el debate sobre el proyecto de reforma de la Ley de Alquileres y, sin acuerdos entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio -como se esperaba-, se firmaron dos dictámenes.

A partir de un acuerdo con sus excompañeros que hoy forman parte de Unidad Federal, más el apoyo de su aliada Clara Vega, el oficialismo se alzó con el despacho de mayoría que, en sus puntos centrales, plantea el plazo de contratos por 3 años, actualizaciones cada 6 meses y que el índice de actualización sea "Casa Hogar", utilizado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Por este último punto, UF firmó en disidencias. Además, el proyecto mantiene los beneficios fiscales para incentivar la oferta de propiedades y que los contratos sean en moneda nacional.

Por su parte, Juntos por el Cambio suscribió un dictamen de minoría que reproduce la media sanción que salió de la Cámara de Diputados -sin cambios en su redacción-, la cual establece que los ajustes sean por intervalos no inferiores a 4 meses y que el mecanismo de actualización pueda combinarse entre tres índices, a acordar por las partes. Además, vuelve a dos años el plazo de los contratos.

Al inicio del encuentro, que se llevó a cabo en el Salón Illia, Bensusán anunció dos reemplazos en la comisión que preside: el senador puntano Adolfo Rodríguez Saá por la misionera Magdalena Solari Quintana y Ricardo Guerra por el salteño Sergio Leavy. En el mismo sentido, Guerra comunicó cambios en su comisión: Rodríguez Saá y Guillermo Andrada en reemplazo de Ana María Ianni y Antonio Rodas. Eso derivó a una serie de acusaciones cruzadas entre oficialismo y oposición de “querer dilatar” el tratamiento del tema.

El vicepresidente de la Comisión de Presupuesto, Víctor Zimmermann (UCR – Chaco), solicitó que les “hagan llegar” el dictamen de mayoría para “ver cuáles son las modificaciones introducidas”. En el mismo sentido, la senadora jujeña Silvia Giacoppo le reclamó a Bensusán que es parte de su comisión, pero “no tengo ninguna documentación”, a lo que Bensusán le aclaró que “recién el interbloque me trajo esta propuesta”. También se sumó Martín Lousteau quien pidió que no solo se lean las modificaciones, sino que expliquen en qué sentido se hicieron respecto del dictamen de Diputados.

Retomando el eje del plenario, Bensusán explicó los principales puntos del dictamen del oficialismo que establece un plazo mínimo de locación de inmueble de 3 años (modificación del artículo 2). Sobre el artículo 6 establece que “en los contratos de locación de inmuebles con destino a uso habitacional, el precio del alquiler debe fijarse como valor único, en moneda nacional, y por períodos mensuales, sobre el cual podrán realizarse ajustes con la periodicidad que acuerden las partes y por intervalos no inferiores a seis (6) meses. A los fines dispuestos en el párrafo anterior, los ajustes deberán efectuarse utilizando el Coeficiente Casa Propia, el cual es publicado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat o el que en el futuro lo reemplace”.

También, hubo modificaciones respecto de incorporación de ingresos al monotributo: “Los ingresos provenientes exclusivamente de la locación de hasta dos (2) inmuebles estarán exentos del pago del Monotributo”, se incorporó un nuevo artículo en el dictamen de mayoría sobre el impuesto a las ganancias donde “las partes podrán deducir el 10% del monto anual del contrato de locación”, según explicó Bensusán.

Además, precisó que el artículo 1, que brinda proyecciones a los inquilinos, se elimina porque quedará vigente el artículo de la actual norma. También eliminaron el artículo 7. En tanto los artículos 3, 5, 8, 10 y 11 quedarán igual al dictamen de Diputados mientras que fue modificado el artículo 4.

Al respecto, la senadora cordobesa Carmen Álvarez Rivero pidió conocer qué aspectos tiene en cuenta el indicador, a lo que Bensusán le explicó que “tiene en cuenta el menor indicador entre el promedio de la variación salarial del último año y el promedio de la inflación del mismo periodo, así se integra el indicador de Casa Propia. Se toman los últimos 12 meses”. También celebró el artículo 10 porque “reconocen que los débitos y créditos bancarios encarecen la vida de los argentinos”.

Un tanto confuso, el radical Lousteau preguntó: “Si yo arranco un contrato hoy ¿el primer ajuste es con un año para atrás?”, el titular de la Comisión de Legislación General le explicó: “Es mensual el indicador que se toma el promedio de los 12 meses anteriores”. Ante una chicana de una legisladora oficialista, Lousteau retrucó: “¿Cómo voy a votar algo que no me explican? por eso estoy pidiendo que lo cuenten bien”, y sumó: “Si va a ser un promedio de los últimos 12 meses y por ejemplo entramos en una etapa de desinflación, vamos a tener un problema porque el monto será mayor”.

Tomó la conducción el economista Guerra quien volvió a explicar: “El índice está compuesto por dos promedios, de salarios y de la inflación de los últimos 12 meses, se estructura de esa manera. Es un índice oficial”. Pero, el porteño insistió: “Si se trata de un promedio de 12 meses y la inflación va cayendo, les vamos a estar ajustando al inquilino por demás de la inflación”. “Este índice atenúa los picos y valles”, precisó Guerra.

Por su parte, Zimmermann se comprometió a seguir mirando el despacho del oficialismo y sostuvo “queremos seguir analizando este proyecto e insistir con la aprobación de la media sanción tal como vino de Diputados en el marco de la celeridad porque una modificación, por más buena voluntad que tenga, eso va a demorar porque tiene que volver a la Cámara baja, esa dilación va a terminar perjudicando cualquier buena intención de modificación que puedan tener. Vamos a presentar un despacho de minoría con esa propuesta para su tratamiento en el recinto”, luego reconoció la labor realizada por el plenario sobre la “celeridad dada al tema” donde hubo “semanas de trabajo intenso con posiciones de inquilinos y propietarios, de aportes tanto del oficialismo como oposición a fin de enriquecer el debate que debe ser una moneda constante cuando tratamos temas importantes para los argentinos”.

A su turno, la macrista Guadalupe Tagliaferri consultó si “consideran que esto va a traer más propiedades al mercado para poder abastecer las necesidades de más de 8 millones de argentinos o va a seguir sucediendo como ahora que no hay propiedades, porque podemos hacer miles de leyes, pero si no hay incentivos que haya propiedades para poder alquilar, los inquilinos que son los más débiles de la cadena no van a encontrar dónde alquilar. Me preocupa y quiero saber si están convencidos si esto va a arrojar más propiedades para satisfacer la demanda”.

Fue Bensusán quien le respondió: “El dictamen que trabajamos lo hicimos a partir de las exposiciones que hubo. Me parece que ninguna reforma normativa puede asegurar nada, pero con esto estamos tratando de solucionar una problemática concreta que tienen un montón de argentinos. Este es el camino y ojalá sirva para empezar a regularizar la situación donde hay una asimetría importante entre una parte y otra en una relación tan particular como es la relación de contrato de locación”.

En suma, Guerra precisó que “se trató de hacer con este proyecto es asignar un equilibrio a la relación contractual que observábamos que la media sanción no lo tenía. Tenía un desequilibrio en favor de una de las partes que consideramos que es la que tiene mayor fuerza en esta relación. Si los propietarios no van a poner sus bienes para su locación ratifica una actitud especulativa porque están teniendo un incentivo impositivo”.

Respecto del índice tomado, señaló que busca dar “mayor estabilidad y previsibilidad a los inquilinos, cuestión que la media sanción no lo tenía y era una redacción un poco dudosa que podía usarse un indicador u otro. Acá se busca dar mayor previsibilidad, incluso los contratos tienen que ser en moneda nacional, pero desde una norma no se puede aceptar un contrato en una moneda que no es de curso legal en el país. Procura establecer un equilibrio”.

Por su parte, Mayans señaló que era “importante” escuchar a las partes y analizar la ley. “Fue interesante las dos visiones opuestas. Nosotros discutimos en el bloque y esta es la propuesta que traemos. Tenemos una visión totalmente distinta y lo que vamos a tratar de hacer, a pesar de que hay una decisión de que el Parlamento no funcione, vamos a tratar de hacer funcionar el Parlamento porque tenemos demasiados temas para tratar y no se está trabajando por excusas porque nosotros estamos todas las semanas acá, estamos tratando de constituir las comisiones”.

“Queremos sesionar si se puede la semana que viene con todos los temas que tenemos pendiente”, lanzó el formoseño.

En su intervención la bonaerense Juliana Di Tullio (FdT) acusó que “si quitaron todas las propiedades del mercado es porque hay una situación de poder de una parte sobre la otra. Esto estamos tratando de enmendar”, y resaltó que el dictamen tiene beneficios fiscales para los pequeños propietarios que son “incentivos muy buenos”.

El bloque de Unidad Federal también acompañó y colaboró con la propuesta presentada por el oficialismo, con una disidencia sobre el tipo del índice aplicado. En representación, primero habló la puntana Eugenia Catalfamo quien resaltó la importancia del tema porque el objetivo común es “defender a los sectores más vulnerables que es el de los inquilinos”.

“La actual ley no funciona por diferentes motivos porque muchas veces en esta relación entre partes de han saltado la ley porque los contratos no estaban registrados, quien tiene mayor poder es el que tiene la propiedad y maneja a su antojo el contrato, esto nos ha llevado a que no funcione la ley. Se propone no quitar derechos por eso no coincidimos con los 2 años, los plazos cada 6 meses es un equilibrio porque sino nos vamos a los extremos defendiendo un sector o el otro”, señaló Catalfamo.

El titular de Unidad Federal, el jujeño Guillermo Snopek, indicó: "Creo que quedó de manifiesta la voluntad de todos los legisladores de llevar tranquilidad y poder tener una norma a la cual regir y que rija los contratos de alquileres". "Coincidimos en algunos puntos en las modificaciones que hay que hacer a la media sanción que viene de Diputados en cuanto a lo que refiere a los plazos que les da más tranquilidad a las familias. La discusión del punto de equilibrio es en los 6 meses, pero no coincidimos en el índice de actualización, pero es necesario que se dictamine y vamos a acompañar el dictamen, disidencia con ese artículo", afirmó Snopek.

La vicepresidenta del interbloque del FdT, Anabel Fernández Sagasti, recordó que, durante de las audiencias, hubo “excelentes ponencias” sobre el proceso de “inquilinización” de las viviendas en el mundo y “particularmente en la Argentina”. En esa línea, opinó que este será “un tema recurrente” y analizó que “tenemos que pensar cómo generamos más oferta de viviendas”.

“Eso se hace construyendo viviendas, construyendo hábitat, con una inflación controlada y con acceso al crédito para la vivienda”, concluyó la senadora mendocina. Al mismo tiempo, apuntó que el dictamen mantiene los tres años de duración del contrato de locación, en contrario a los dos años sancionado en
Diputados, porque para el oficialismo “no se puede retroceder en derechos”, y explicó que el plazo de seis meses para la revisión de los alquileres está a mitad de camino entre el año que establece la actual ley y los cuatro meses que establece la media sanción en análisis.

La mendocina volvió a insistir con la necesidad de pensar políticas de estado para resolver la problemática de la vivienda y apuntó que “con la deuda que tenemos con el FMI, la inflación, la restricción externa, más todos los problemas que tenemos en la macroeconomía, se evidencia una crisis más profunda que en otros países”.

El presidente de la comisión de Legislación General manifestó su esperanza de que el proyecto traiga "certeza y solución a una situación de crisis habitacional que tiene la Argentina”, y comentó que “había
que buscar un consenso” y se logró. “Para este dictamen hubo aportes no sólo de los integrantes del Frente de Todos, sino también del bloque Unidad Federal”, cerró la reunión.

El dictamen de mayoría del FdT

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