La Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, presidida por Laura Rodríguez Machado (Pro), realizó este martes una reunión informativa sobre un proyecto con media sanción que busca agravar penas por siniestros viales y, por otra parte, sobre iniciativas referidas a la prescripción penal en delitos de homicidio sin hallazgo del cuerpo, surgidas a raíz del caso de Diego Fernández Lima, cuyos restos fueron encontrados 41 años después.

Primera invitada en hablar, Viviam Perrone, secretaria de la Asociación Madres del Dolor y madre de Kevin Sedano, asesinado a los 14 años al ser atropellado, aseguró que existe "una lista interminable de chicos que tenían muchas ganas de vivir y de un instante al otro les arrancaron la vida".

Recordó que en 2002, cuando sucedió el hecho, "el alcohol no era un agravante, tampoco lo era la velocidad, y la fuga del lugar del hecho se veía desde el lugar de la víctima". En ese sentido, señaló que en la causa de la muerte de su hijo, la fuga del responsable "no se consideró agravante porque Kevin estaba acompañado" por amigos.

Perrone dijo que el 90% de los casos que se reciben en Madres del Dolor son sobre hechos viales, "hechos que se pueden evitar de una manera muy fácil"; mientras que "la consecuencia son familias destrozadas, personas que quedan lesionadas de por vida y vidas truncadas". "Nunca llegó un caso de que sea un accidente, es decir, sin agravantes. Estamos hablando de casos donde personas infringen la ley y nos les importa", enfatizó.

A su vez, remarcó que lo vial "tiene que abarcarse de una manera integral" con "educación vial, campañas, fiscalización, porque de nada sirve tener alcohol cero si después no hay controles. Y también tiene que haber una legislación clara, eso es lo que estamos pidiendo hoy". Tras leer ejemplos de legislación internacional, reclamó por la sanción del proyecto y completó: "Mientras estamos acá mueren entre 15 y 20 personas por día en hechos viales".

A continuación, Silvia González, presidenta de la Fundación Estrellas Amarillas, rememoró el caso de la muerte de su hijo Sasha, de 7 años, en La Pampa, atropellado por una persona alcoholizada. "El primer año quedé en estado de shock", dijo y contó que en 2004 vino a Buenos Aires, momento en el cual "los hechos viales eran tan naturalizados que no nos escuchaban".

Sobre las estrellas amarillas, indicó que "simbolizan no solo la muerte de nuestros hijos sino también un llamado de atención a la sociedad" y "un llamado de atención a ustedes; hay una gran deuda pendiente que todos los legisladores tienen con nosotros". Y precisó que cada una de las puntas representan la memoria, la educación, la prevención, ley y justicia. "En las manos de ustedes está generar este cambio", añadió.

Conectado de manera virtual desde Santa Cruz, Oscar Bonifacio Sánchez, padre de Alejandro Oscar Sánchez, quien falleció el 27 de enero de 2023, afirmó que "la sociedad pide que salga" una ley en este sentido. Para ejemplificar lo que sucede con las penas, expresó: "Por robar una vaca, que está mal, le dan 4 a 10 años, y por matar a mi hijo, le dieron 4 años".

"Hoy un auto es un arma, es una locura como se vive. No se valora la vida, pasan en rojo, manejan alcoholizados", lamentó y le pidió a los legisladores que "le den una herramienta más a los jueces".

La diputada Ana María Ianni (UP), quien presentó un proyecto a raíz de este último caso, indicó que se busca "sumar como agravante el uso de los aparatos electrónicos al momento de conducir, que son causal de muchos de los siniestros actualmente". Asimismo, dijo que el texto tiene "muchísimas cosas en común con el proyecto que tiene media sanción" y "todos buscamos que esto sea ley".

En una segunda parte del encuentro habló -visiblemente conmovido- Javier Fernández Lima, hermano de Diego Fernández Lima, cuyo cuerpo fue encontrado tras haber permanecido desaparecido por 41 años. Los restos óseos se hallaron en una casa lindera a una vivienda que habitó el músico Gustavo Cerati, en el barrio porteño de Coghlan, el pasado 20 de mayo.

"Lo asesinaron en la casa de la Graf, lo quisieron descuartizar y lo enterraron en el fondo de la casa. Pero 41 años después las leyes dicen que prescribe. El dolor, el derecho a justicia, no tiene que prescribir", expresó Fernández Lima.

Sobre el cambio en el Código Penal, sostuvo: "Esto lamentablemente a mí no me sirve, pero todavía hay muchos desaparecidos en el país". "Necesitamos justicia y verdad, es un dolor muy fuerte; es una locura que prescriba todo esto, están los sospechosos, de los cuatro que vivían en esa casa hay tres personas vivas", subrayó.

El diputado Esteban Paulón (EF), autor de uno de los proyectos en este sentido, dijo que "ojalá que podamos pensar en avanzar en esta legislación para que el Código Penal pueda acompañar de una manera más humana y cercana".

Otro impulsor de una iniciativa de este tipo, el legislador Gerardo Milman (Pro) explicó que "hay muchos casos que han tenido esta dificultad porque nuestro Código establece que las prescripciones se empiezan a contar desde el día de la comisión del delito y ese vacío para estos casos genera un incentivo para el delincuente de que, ocultando el cuerpo, con la esperanza de que transcurra el tiempo, generar una prescripción injusta respecto de su accionar delictivo". "La prescripción no puede ser un motivo de violación de los derechos de las víctimas", sumó.

En el final, Rodríguez Machado reconoció que la comisión, en genera, "no invita a víctimas, porque queremos tratar desde el punto de vista técnico los temas para estar desapasionados y despegados de las emociones. No obstante, todos los autores de los proyectos nos pidieron que se inicie el debate de los temas con el testimonio de quienes vienen en una lucha histórica, con mucho dolor y esfuerzo por la memoria y buscando justicia y cobertura legal para hechos que consideran que tienen que modificarse".

El hallazgo en un terreno de Coghlan del cuerpo de Diego Fernández Lima, desaparecido hace 41 años, conmocionó a la opinión pública y dejó al descubierto un problema jurídico que amenaza con dejar el caso impune. Aunque la víctima fue identificada gracias a un peritaje forense de alta precisión, la persecución penal podría frustrarse por la prescripción de la acción, ya que el tiempo transcurrido excede los plazos legales.

Para evitar que situaciones como esta vuelvan a repetirse, el diputado nacional de Encuentro Federal Oscar Agost Carreño presentó un proyecto de ley que modifica el artículo 67 del Código Penal. La propuesta —denominada “Ley Diego”— incorpora como causal de suspensión de la prescripción de la acción penal “los delitos de homicidio (arts. 79 y 80 del Código Penal) en los que el cuerpo de la víctima hubiere permanecido oculto, inidentificable o irreconocible, impidiendo el inicio o la prosecución de la acción penal”.

La reforma plantea que la suspensión cesará “a partir de la medianoche del día en que el cuerpo sea hallado o identificado, según sea el caso”. Según el texto, se trata de un mecanismo técnico y objetivo, con plazos definidos, que evita la manipulación de la prescripción mediante el ocultamiento del cadáver.

En sus fundamentos, Agost Carreño señala que la ley actual genera “una paradoja jurídica”: permite que quien logre ocultar un cuerpo el tiempo suficiente quede impune, “beneficiándose del propio accionar ilícito”. Esta situación, advierte, vulnera el principio general nemo auditur propriam turpitudinem allegans (nadie puede beneficiarse de su propio ilícito), reconocido por la Corte Suprema de Justicia.

El legislador recuerda que el padre de Fernández Lima murió en un accidente mientras investigaba por su cuenta qué había ocurrido con su hijo, y que ahora la familia, aunque conoce la verdad, “no tendrá derecho a un juicio que determine quién lo asesinó”.

El proyecto cita antecedentes normativos como la “Ley Piazza” (26.705) y su reforma por la 27.706, que suspenden la prescripción en delitos contra la integridad sexual de menores hasta que la víctima pueda denunciar. También menciona ejemplos de derecho comparado, como el Código Penal español o la legislación chilena, que contemplan supuestos especiales de suspensión ante impedimentos objetivos.

El autor defiende que la medida no afecta la seguridad jurídica, ya que no se trata de plazos indefinidos ni arbitrarios, sino de un supuesto concreto y tipificado que cesa con el hallazgo o identificación del cuerpo. “La justicia no debe premiar la astucia criminal, sino garantizar el derecho a la verdad y la sanción del culpable”, concluye Agost Carreño.