En la previa del tratamiento del proyecto del oficialismo, el radical Diego Mestre presentó una iniciativa para sumar a la discusión.
El diputado nacional Diego Mestre (UCR) presentó un proyecto para eximir del pago del impuesto a las Ganancias a las personas con discapacidad y familiares directos a cargo, en la previa del tratamiento de la iniciativa del oficialismo para subir el mínimo no imponible del tributo.
“De acuerdo a un informe realizado por el Indec en el año 2018, el 10,2% de la población argentina padece algún tipo de discapacidad. Ante este panorama, es de vital importancia eximir del pago del impuesto a las Ganancias a este sector de la población lo que ayudaría a mejorarles la calidad de vida”, señaló Mestre.
El legislador recordó que “la constitución nacional en su artículo 75 establece que debemos legislar y promover acciones que garanticen igualdad real de oportunidades y pleno goce y ejercicio de derechos en particular a personas con discapacidad, niños y mujeres. Eximirlos del pago de Ganancias es un paso en esa dirección”.
Además, puso como ejemplo que “existen normativas nacionales y provinciales que eximen del gravamen a este sector de la población para, por ejemplo, la compra de vehículos, pero la mirada no debe estar puesta solo en la persona que adolece la discapacidad sino también en los familiares directos que lo acompañan, por ello es que entendemos que la exención debe ser más integral para tener más igualdad de derechos y aplicar una justicia social real”.
El diputado nacional criticó duramente el proyecto de impuesto a las grandes fortunas, y sostuvo que busca “concentrar poder y los recursos del Estado y violentar los principios básicos de la Constitución y federalismo”.
El diputado nacional por Córdoba Diego Mestre criticó duramente el proyecto de impuesto a las grandes fortunas, y sostuvo que “volvemos a las viejas prácticas del kirchnerismo de látigo y billetera”.
En diálogo con el programa radial “Edición Calificada”, Mestre se lamentó que se trate el proyecto “mal llamado aporte solidario”, que “no es un aporte solidario, es un impuesto, es un manotazo al sector productivo que ya hace un aporte, un esfuerzo muy grande para poder pagar todos los impuestos. No olvidemos que Argentina es uno de los países con la presión tributaria más alta. No es un aporte voluntario, sino que va a hacer un verdadero impuesto, es coercitivo”.
En este sentido, el legislador de Juntos por el Cambio, agregó que “se va a beneficiar con esta ley a países como Uruguay y Paraguay porque hay muchas inversiones que se van a ir a esos países, ya ha venido pasando los últimos meses con algunos comercios y algunas fábricas y empresas que han cerrado sus puertas, que deciden invertir en otros países latinoamericanos. Eso es una lástima sobre todo teniendo en cuenta que en Argentina en los últimos meses se han perdido más de 4 millones de puestos de trabajo, que fue dicho por el INDEC”.
“Este proyecto no es positivo para nada para el sector productivo. Más que alentar a los emprendedores, a las empresas, a que haya desarrollo, inversión y puestos de trabajo, va a tener el resultado contrario. Se va a profundizar la pobreza”, sostuvo.
Asimismo, consideró que el proyecto “es confiscatorio, va a haber muchos recursos judiciales que se van a presentar que van a tener asidero en la Justicia porque ya se paga impuesto a las ganancias e impuesto a los bienes personales”.
Con respecto a las jubilaciones, criticó también al Gobierno nacional, ya que sostuvo que están haciendo un ajuste a los sectores más desprotegidos: “Cuando asumieron no sólo incumplieron con su promesa de campaña de aumentar la jubilación en un 20 por ciento si no que el Gobierno además derogó la Ley de Movilidad Jubilatoria y dio aumentos por decreto que fueron muy inferiores a lo que les hubiera correspondido según la fórmula anterior y ahora intentan -para congraciarse con el FMI en una política de ajuste muy grande- volver a la anterior fórmula que no tiene en cuenta la inflación y solo tienen en cuenta la recaudación. Esto va a hacer que el año próximo los jubilados sigan perdiendo poder adquisitivo”.
Finalmente, con respecto al Presupuesto 2021, Mestre explicó su cuestionamiento a que el proyecto vuelva a Diputados para que esa Cámara incorpore varias planillas de anexos con obras destinadas a las provincias. “Hasta hace una semana no había consenso para avanzar con el impuesto a las riquezas. Ahí en el medio están estas famosas planillas que no se pasaron al Senado y ahora vuelven a Diputados. Ahí está el arreglo del Gobierno nacional con los gobernadores que lamentablemente ni siquiera este impuesto a las riquezas es coparticipable. Entonces volvemos a las viejas prácticas del kirchnerismo, látigo y billetera, concentrar poder y los recursos del Estado y violentar los principios básicos de la Constitución y federalismo”.
Se trata de un proyecto del mendocino José Luis Ramón, que obtuvo dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y quedó en condiciones de ser tratado en el recinto. Fuerte rechazo del principal interbloque opositor.
Con el rechazo rotundo de Juntos por el Cambio, el oficialismo avanzó en la Comisión de Presupuesto y Hacienda con el dictamen del proyecto de ley para crear una bicameral destinada a la redacción de un nuevo Código de Defensa del Consumidor, presentado por el mendocino José Luis Ramón, jefe del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo.
Tras el aval de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, en octubre pasado, la iniciativa quedó en condiciones de ser tratada en el recinto. El despacho de mayoría reunió 26 firmas, de los miembros del Frente de Todos, del cordobés Carlos Cassinerio (Interbloque Federal) y del misionero Diego Sartori (Unidad Federal para el Desarrollo), mientras que Juntos por el Cambio presentó uno de rechazo, que alcanzó las 13 firmas -minoría-.
Presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, el radical Diego Mestre estalló: “Es una falta de respeto a los 31 miembros de la Comisión de Defensa del Consumidor. Es una falta de respeto que usted haya aceptado este giro, cuando usted ha dicho que esto no erogara nuevos gastos”.
El cordobés recordó que desde mayo pasado en su comisión se están trabajando iniciativas sobre el tema, con reuniones informativas, y que incluso hay proyectos del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio que tiene “en un 85% exactamente iguales los fundamentos”. “Estábamos consensuando y muy cerca de un dictamen”, resaltó.
“¿Por qué hacen esto? ¿Cuál es la decisión por la que quieren quedar bien con un proyecto del diputado Ramón?”, se preguntó Mestre, y anticipó que seguirá presentando “todas las notas y los recursos que tengamos que presentar”, al tiempo que anticipó una cuestión de privilegio “porque se están afectando los derechos y garantías que hacen a mi condición de diputado y presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor”.
El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, rechazó las críticas de Mestre y aclaró que el texto fue girado a su comisión por la Presidencia de la Cámara. “Pasaron una cantidad de días en los que estaba incluido y usted se calló la boca y esperó esta reunión para venir y hacer un escándalo”, lanzó el oficialista y lo cuestionó por “generar una controversia absolutamente evitable”.
A su turno, el radical Luis Pastori calificó al proyecto de “intempestivo” e “inoportuno” y que “no tiene ninguna necesidad de ser”. Apuntó que a la Comisión de Defensa del Consumidor, “se le está sacando competencia propia, específica, dada por el reglamento de nuestra Cámara”.
“Si no va a tener gasto, no sé cuál es la competencia de la Comisión de Presupuesto. Ha habido un mal giro y una omisión a la Comisión de Defensa del Consumidor”, señaló el misionero y expresó que “es absolutamente una estructura burocrática la que se crea”.
Desde el Frente de Todos, el santafesino Marcos Cleri precisó que se trata de “ordenar y sistematizar de una manera integral los más de 40 proyectos de modificación de la Ley 24.240” y los proyectos de un nuevo Código de Defensa del Consumidor que existen en ambas cámaras.
“No va a insumir ningún nuevo gasto administrativo”, insistió el oficialista, que ejemplificó que en el caso del nuevo Código Civil y Comercial las comisiones de Legislación General “siguieron trabajando”, pero “específicamente se creó una bicameral para tener un dictamen unificado”.
El autor de la iniciativa, el mendocino José Luis Ramón, dijo que “tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados hay una veintena de proyectos que se renuevan en cada período legislativo, que tienen como objetivo la idea de modificar la Ley 24.240” y “la redacción de un Código de Defensa de los Consumidores que esté aggiornado en los nuevos tiempos”.
Con la bicameral, “se pretende reunir los múltiples proyectos que existen”, defendió el diputado e indició que la nueva comisión tendrá “una asignación presupuestaria relacionada con el personal ya existente”.
Por su parte, la oficialista Lucía Corpacci afirmó que “no es quitarle potestad a nadie, sino que la necesidad de crear el Código hace a que diputados y senadores tengan que trabajar juntos”. En tanto, su par Marcelo Casaretto explicó que las bicamerales, en su mayoría, “tienen alguna relación con las comisiones permanentes” tanto de Diputados como del Senado.
“Muchos de nosotros somos miembros de comisiones especiales o bicamerales”, añadió y justificó que el trabajo de una bicameral hará “más ágil el tratamiento cuando el proyecto vaya a los recintos”.
Durante el debate, el radical Ricardo Buryaile se quejó de que “nadie ha podido responder” el por qué del giro a Presupuesto y Hacienda y mencionó que “todas las bicamerales que se crearon pasaron por las comisiones con competencia en la materia”.
“Necesitamos transparencia, objetividad y fundamentos de por qué creamos estas cosas”, enfatizó el formoseño, que disparó: “¿Es para vaciar de poder a una comisión? ¿Es para pagar favores políticos? ¿O para qué se está creando una comisión que no tiene ningún sentido cuando está trabajando una comisión permanente?”.
Otros proyectos con dictamen
La Comisión de Presupuesto y Hacienda dio dictamen por unanimidad a un proyecto de la radical Brenda Austin, sobre promoción del uso de cisternas de doble carga en todo el país para el uso eficiente de agua, el cual ya contaba con el aval de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, con lo cual quedó listo para debatirse en sesión.
También recibió el último dictamen que requería el proyecto para establecer la gratuidad y libre navegación en plataformas educativas estatales, con objetivo de garantizar la educación digital a todos los alumnos del país, tema que ya recibió despacho en las comisiones de Comunicaciones e Informática y de Educación.
La comisión presidida por Diego Mestre escuchó a asociaciones de consumidores, luego de que el oficialismo dictaminara a favor de un proyecto para que el tema se discuta en una bicameral.
Tras la polémica abierta esta semana por la creación de una bicameral para analizar el nuevo Código de Defensa del Consumidor, el debate avanzó este jueves en la comisión unicameral presidida por Diego Mestre (UCR), que escuchó a representantes de asociaciones civiles.
El último lunes, en una reunión caliente, el oficialismo dictaminó a favor de un proyecto de José Luis Ramón (Unidad Federal para el Desarrollo) con el fin de crear una nueva bicameral para trabajar el Código, y Juntos por el Cambio rechazó la iniciativa.
Así fue como este jueves se realizó la cuarta reunión informativa convocada por Mestre, quien ratificó la intención de “avanzar para resistematizar la Ley de Defensa del Consumidor” en la comisión que encabeza.
En ese marco, la abogada especialista en el tema Candelaria Sappia advirtió que “los consumidores siempre se han tenido que enfrentar a la adversidad de los tiempos y los costos del proceso” y “la mayoría no tienen espaldas para soportarlos, una circunstancia que se agudiza” con la pandemia, “lo que hace impostergable el tratamiento de estas cuestiones”.
Sappia destacó que “el espíritu” de los proyectos presentados por Alfredo Cornejo (UCR) y Liliana Schwindt (Frente de Todos) es “proteger a los consumidores”, y sugirió que “a los fines de disipar cualquier duda”, se especifique que las acciones judiciales de los consumidores gozarán del beneficio de la gratuidad en el proceso.
A su turno, Guillermina Gulo Tieri (Justicia Colectiva) consideró que “es muy importante que reforcemos todos los canales de solución colectiva porque es la única manera eficaz y eficiente de solucionar los problemas de los consumidores”.
Eduardo Baeza, de la Asociación de Defensa del Asegurado, Consumidores y Usuarios (ADACU) sostuvo por su parte que “toda acción colectiva se tramita durante larguísimos años, acumulando deudas en los consumidores, porque no se actúa en la prevención, y eso requeriría una intervención mayor de los organismos judiciales y las autoridades para evitar que los daños se sigan produciendo”.
“Si bien ambos proyectos contemplan con carácter relevante la necesidad de la prevención de los daños producidos al consumidor o el cese de la conducta de daño, sería interesante establecer un procedimiento por el cual todas las autoridades deban contribuir a la defensa del consumidor”, evaluó.
También expusieron Claudio Boada (Unión de Usuarios y Consumidores), Claudia Collado (Acción del Consumidor), Romina Pignataro (Asociación Civil por los Consumidores y el Medioambiente), Verónica Goldman (Asociación de Consumidores del NOA), Romina Ríos Agüero (Protectora) y Ricardo Nasio (Proconsumer), entre otros.
El oficialismo firmó dictamen favorable de un proyecto de José Luis Ramón a pesar de que el tema viene siendo debatido con especialistas en la Comisión de Defensa del Consumidor, que preside Diego Mestre.
Tras una reunión con escándalo que incluyó gritos y denuncias cruzadas, el oficialismo firmó dictamen favorable de un proyecto del jefe del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón, para crear una comisión bicameral que trabaje sobre un nuevo Código de Defensa del Consumidor.
El despacho se firmó en la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, presidida por Mayda Cresto (Frente de Todos), que en varias oportunidades perdió el control de la reunión y tuvo problemas para ordenar el uso de la palabra, por inconvenientes técnicos.
Dado que el proyecto de Ramón no fue girado a la propia Comisión de Defensa del Consumidor, Juntos por el Cambio imploró que la iniciativa volviera a asesores hasta tanto Presidencia se pronuncie sobre una nota que envió Diego Mestre (UCR), presidente de ese cuerpo, solicitando la ampliación del giro.
Mestre advirtió que el tema viene siendo discutido en su comisión con la participación de especialistas y asociaciones de consumidores, e informó que ya llevan tres reuniones informativas, e incluso para este jueves se espera la cuarta.
Sin embargo, el Frente de Todos decidió avanzar con el proyecto y desoyó el planteo de la oposición, aunque aceptó modificar la redacción para dejar aclarado que la nueva bicameral no implicará gastos ni mayor presupuesto, sobre todo en plena emergencia sanitaria.
Fue Liliana Schwindt -y no Ramón, autor del proyecto- quien receptó la propuesta de Juntos por el Cambio, realizada por Pablo Tonelli (Pro).
Según la redacción final, la bicameral “funcionará con el apoyo administrativo de las comisiones permanentes y no erogará nuevos gastos al presupuesto vigente del Congreso Nacional”.
La futura comisión se denominará “de Actualización y Consolidación de la Legislación en Defensa de los Consumidores” y trabajará durante 90 días, con la conducción de un presidente, un vice y dos secretarios.
“Es necesario que el Congreso dicte un Código que resuma todas las disposiciones que a lo largo de muchos años se dieron, sobre todo a partir de la Constitución de 1994 y la aplicación de su artículo 42”, explicó Ramón, conectado a la reunión desde un auto en la ruta.
Por su parte, Mestre dijo estar “sorprendido” por la poca anticipación con la que se convocó a la reunión y denunció que “es inentendible que ahora quieran crear una bicameral, una nueva estructura” en medio de la crisis por la pandemia.
“Es una falta de respeto lo que están haciendo. No sigamos avanzando en esta ilegalidad manifiesta”, pidió, al sostener que “la competencia de la Comisión de Defensa del Consumidor es casualmente lo que hace a la protección de los derechos de los consumidores”.
En el mismo sentido, Carmen Polledo (Pro) sugirió que “la motivación para crear esta bicameral no pareciera radicar en cuestiones normativas, sino presupuestarias”, y “significará, como mínimo, 12 millones de pesos”. “Los Códigos se están trabajando, y muy bien, en la comisión respectiva. No hay ninguna necesidad de crear una bicameral más allá de la de crear estructuras y gastos”, insistió.
En tono enardecido, Silvia Lospennato denunció que el proyecto “es absolutamente violatorio de nuestro propio reglamento”, justamente en la comisión que debe “interpretarlo y cuidarlo”.
“Las funciones ya existen, hay 31 diputados designados en una comisión que está trabajando con proyectos de distintos bloques, que pasaron por dos años de debate como mínimo”, enfatizó.
Y cuestionó: “¡¿Es posible que en medio de una pandemia sigamos dándole letra a los agoreros de la antipolítica, creando cargos, gastando el dinero de los contribuyentes, para formar innecesariamente una bicameral que replique las funciones que ya tiene una comisión permanente?!”.
“¡¿Qué hay detrás de este proyecto? ¿Cuál es el compromiso que no conocemos con el diputado Ramón para crear esta bicameral?!”, deslizó Lospennato, y no solo advirtió que la nueva bicameral será integrada por los mismos que actualmente integran la comisión, sino que además denunció un intento de correr a Mestre para que el debate lo encabece un oficialista.
En respuesta a las críticas, Schwindt consideró que “hacer una bicameral para tratar los Códigos que hay no es vaciar una comisión”, y recordó que trabajará solo durante 90 días, además de sostener que “no estamos violando ningún reglamento”.
Sobre los fondos, ironizó: “No le vamos a sacar el presupuesto a (Daniel) Arroyo para crear esta bicameral. Sale de nuestro presupuesto”.
“Estuvieron cuatro años gobernando para hacer el Código que querían hacer, ¿por qué no lo hicieron? Permítannos hacer al Frente de Todos el Código que nosotros queremos”, lanzó.
A su vez, el propio Ramón salió a responderle a Lospennato y a otros diputados que pusieron en duda los verdaderos motivos de la aprobación de este proyecto: “Hay que limpiarse la boca antes de hablar mal de otro colega que está haciendo su trabajo, tratando de inducir que esto trae aparejada una negociación”.
El oficialista Rodolfo Tailhade sumó pimienta a la discusión y cuestionó que Juntos por el Cambio hable de “austeridad” cuando esa gestión “permitió la fuga de 86.000 millones de dólares en cuatro años”, a la vez que “quieren reivindicar los derechos de usuarios de consumidores cuando arrasaron con ellos” con los “tarifazos”.
Con la participación de dos expertos, la comisión homónima comenzó a tratar el tema en base a un proyecto de Alfredo Cornejo (UCR) y otro del oficialismo.
La Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia, que preside Diego Mestre (UCR) avanzó este jueves en el debate sobre un nuevo Código de Defensa del Consumidor, con la participación de dos expertos en la materia.
“El Código de Defensa del Consumidor es muy importante para todos los argentinos. La Ley de Defensa del Consumidor se sancionó en 1993, fue una ley de vanguardia para ese momento, pero ya tiene 27 años, y si bien se ha ido modificando y ha tenido algunos parches, es un buen momento para resistematizar todo lo que hace a los derechos de los consumidores”, introdujo Mestre.
El legislador recordó que el año pasado se realizaron reuniones informativas sobre el tema en el Senado, pero los proyectos no prosperaron, y este año se presentaron dos iniciativas en la Cámara baja, una perteneciente a Alfredo Cornejo (UCR) y otra al bloque del Frente de Todos.
“Estamos ante una gran oportunidad para avanzar y están dadas las condiciones para eso”, garantizó el cordobés.
Destacó que el proyecto de Cornejo, que tomó como antecedente el programa Justicia 2020 de la anterior gestión, “se adecúa a los parámetros de los artículos 41 y 42 de la Constitución Nacional, los tratados de derechos humanos” y distintas leyes.
También resaltó que contiene “algunos aspectos que hacen a la cotidianeidad de los consumidores”, como el acceso a la información, la contratación electrónica y el problema del sobreendeudamiento.
Uno de los invitados al encuentro virtual fue Gonzalo Sozzo, especialista en Derecho de Daños, doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales y docente de la Universidad Nacional del Litoral.
Sozzo explicó que la Ley 24.240 fue de “primera generación”, y ahora el Código de Defensa del Consumidor “colocaría a la Argentina en la vanguardia porque se trata de una normativa de tercera generación, porque trata temas de actualidad, como los portales de venta, las técnicas de financiamiento sofisticadas, el sobreendeudamiento de los consumidores, las nuevas técnicas de marketing y la protección de consumidores hiper-vulnerables”.
Además, el doctor mencionó que en el proyecto de Cornejo el derecho de los consumidores “tiene puntos de contacto con el derecho alimentario, el derecho ambiental, los derechos humanos y la perspectiva de género”.
También señaló que “prácticamente la mitad del articulado está dedicada a la efectiva implementación de los derechos del consumidor”, y afirmó que “fue construido en base un amplísimo consenso teórico”.
La segunda expositora fue Belén Japaze, doctora en Derecho de la Universidad de Salamanca, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán y co-autora del proyecto de ley que retomó Cornejo.
“Es indudable la preocupación global por el sobreendeudamiento de los consumidores, no solo en el contexto de excepción que vivimos por la pandemia sino por la dinámica propia del mercado en tiempos de normalidad, y esto lo asumieron países con economías estables”, aseguró Japaze.
La experta remarcó la “impostergable necesidad de un abordaje de la problemática en nuestro país”, y aunque aclaró que “no se resuelve con un dispositivo legislativo, es un punto de partida necesario”.
Japaze definió al sobreendeudamiento como “la grave dificultad para afrontar el cumplimiento de las obligaciones contraídas en situación de pronta exigibilidad, aunque no necesariamente deudas vencidas”.
En ese sentido, apuntó que el proyecto “no solo consagra un principio y prevé un catálogo de deberes, sino que deja establecido que todas aquellas consecuencias adversas que se deriven de créditos que se hubieran otorgado en infracción de estos deberes han de ser soportadas total o parcialmente por los dadores del crédito”.
Al finalizar las exposiciones, la vicepresidenta de la comisión, Liliana Schwindt (Frente de Todos), destacó que “tenemos un gobierno que está pensando en los usuarios y consumidores”.
“En la apertura de sesiones ordinarias el presidente habló de los consumidores y ya había pensado en llevar adelante determinadas acciones, pero vino la pandemia y fuimos viendo sobre la marcha muchas cuestiones”, dijo, y al respecto mencionó la declaración de la telefonía celular, internet y la televisión por cable como servicios públicos.
En tanto, José Luis Ramón (Unidad Federal para el Desarrollo) fue crítico del proyecto de Juntos por el Cambio y advirtió que no solo “no existe consenso”, sino que ya durante el debate en el Senado numerosas asociaciones de consumidores señalaron que “violenta seriamente la operatividad del artículo 42 de la Constitución”.
La iniciativa del oficialismo recibió dictamen de mayoría en la Comisión de Defensa del Consumidor. Juntos por el Cambio y representantes del sector volvieron a reclamar la emergencia. El trámite culminará en Presupuesto y Hacienda.
A pesar de las críticas provenientes de Juntos por el Cambio y de representantes del sector que volvieron a reclamar una ley de emergencia, el proyecto del Frente de Todos que crea un “plan de auxilio, capacitación, infraestructura y promoción” del turismo recibió este martes dictamen de mayoría en la Cámara de Diputados.
La iniciativa avanzó en una reunión de la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia, presidida por Diego Mestre (UCR), donde el oficialismo reunió 17 firmas contra las 13 del dictamen de minoría, gracias al apoyo de José Luis Ramón (Unidad Federal para el Desarrollo) y Claudia Márquez (Córdoba Federal).
Ahora, el proyecto seguirá su trámite en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, aunque su autor, Ramiro Fernández Patri, aclaró que se analizan algunas modificaciones y que además esperan conocer la redacción final de la ley de moratoria, que también se trata en la Cámara baja y que alcanzaría al sector turístico.
Sin embargo, sigue sin haber acuerdo en la discusión principal, que tiene que ver con la declaración de la emergencia: a pesar de que Juntos por el Cambio insistió en avanzar en ese sentido para poder aplicar exenciones impositivas a la actividad, el oficialismo no dio el brazo a torcer y avisó que se sancionará “la ley posible”.
Al iniciar la reunión, Mestre explicó que el turismo es “el cuarto sector exportador de servicios” y “una gran fuente de ingreso de divisas”, además de generar “más de 1.000.000 de puestos de trabajo en el país”. “Desde el 20 de marzo, el sector no ha podido facturar prácticamente ni un peso”, advirtió.
El radical opinó que el proyecto del oficialismo contiene “ayudas que el sector puede llegar a necesitar más adelante”, y por el contrario “no tiene las herramientas que pide el sector y que están incluidas en el dictamen de minoría”, entre ellas beneficios financieros (créditos a tasa cero) y tributarios (exención del impuesto al cheque y otros tributos).
Asimismo, pidió que se mantenga el equilibro con respecto a los derechos de los consumidores, al indicar que el dictamen de mayoría “solamente tiene dos artículos” al respecto, mientras que el de minoría contiene “un detalle pormenorizado de cada situación”.
Al defender el dictamen del oficialismo, Fernández Patri destacó que el tema tiene “prioridad” en la agenda oficial y que por eso “4.000 personas van a recibir el APTur (Fondo de Auxilio para Prestadores Turísticos), que consiste en subsidios de 50.000 pesos, además de los trabajadores que fueron asistidos por el IFE (Ingreso Federal de Emergencia).
“Entendemos perfectamente los planteos y compartimos la preocupación. Vengo trabajando en el sector y tengo la camiseta puesta, pero también soy parte de un equipo de gobierno al que le tocó una situación coyuntural complicada donde el bosque es mucho más que el árbol”, justificó, y agregó: “El Gobierno ha tomado la decisión de priorizar la vida por encima de la economía”.
El formoseño reconoció: “Sin dudas al ministro (Matías) Lammens le encantaría darle al sector todas las herramientas que pide y más, pero necesitamos que todos podamos llegar: que quienes compran y consumen también puedan llegar vivos y con recursos. Estamos atendiendo el conjunto de los 44 millones de argentinos”.
Fernández Patri admitió que el proyecto “probablemente pueda ser enriquecido” para lograr “la mejor ley posible”. “Probablemente todavía no llegamos al mejor consenso”, dijo, y añadió que el Frente de Todos está a la espera de la redacción final de la ley de moratoria para ver qué aspectos deja sin resolver.
El diputado explicó que el plan de auxilio, capacitación e infraestructura tendría vigencia hasta el 31 de diciembre, período prorrogable por 180 días, aunque se está “analizando la posibilidad de extenderlo aun más”, como así también se evalúa la posibilidad de continuar con la entrega de los ATP, que “están garantizados por decreto hasta octubre”.
En tanto, resaltó que el proyecto otorga a quienes adquieran un paquete turístico a ejecutar en 2021 dentro de la Argentina un bono por el 50% de ese valor para utilizarlo a futuro en otro servicio. “Eso sin dudas es un esfuerzo fiscal y hubo consenso mayoritario sobre esta herramienta”, ponderó el legislador.
También mencionó que se promueve la reprogramación de viajes en un lapso de 18 meses desde el fin de la cuarentena, con la opción de la devolución del dinero en tres cuotas.
Para reafirmar la voluntad del oficialismo, Carolina Gaillard, exministra de Turismo de Entre Ríos, ratificó: “Tenemos ordenes de nuestro jefe de bloque, Máximo Kirchner; del presidente de la Cámara, Sergio Massa; y del presidente de la Nación, Alberto Fernández, de sacar esta ley cuanto antes”.
Sin embargo, Juntos por el Cambio insistió en defender su proyecto alternativo de declaración de la emergencia, que es “lo que todo el sector necesita, los (prestadores) grandes y los chicos”, según afirmó Alfredo Cornejo (UCR), titular de la Comisión de Turismo.
“Argentina entró a esta cuarentena sin ahorro, sin financiamiento y sin moneda, y para el sector privado entrar sin ahorro es un gran punto. No era algo gratuito entrar a la cuarentena”, consideró el mendocino, y enfatizó que “esta actividad no puede recuperarse ni sostenerse si no es con incentivos fiscales” ya que “tardará muchísimo en reactivarse”.
Además, Cornejo se preguntó “por qué no se declara la emergencia después de haberse declarado en diciembre nueve emergencias” con la Ley de Solidaridad Social.
Otro radical, Gustavo Menna –quien encabeza el proyecto de Juntos por el Cambio- consideró que ambos proyectos son “complementarios” y que “no hay una cuestión ‘partidocrática’”. Reconoció que la propuesta del oficialismo contiene “herramientas interesantes que apuntan a incentivar el consumo, pero están orientadas a la post-pandemia”.
“Declarar la emergencia no es un capricho, le da un fundamento constitucional a lo más importante: las herramientas para mitigar esta situación”, sostuvo Menna, y aseguró que el dictamen de mayoría “deja insatisfecho a todo el mundo”. “Si llegamos hasta acá fue porque el Ministerio de Turismo no presentó ningún plan”, cuestionó.
Por su parte, el jefe del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón, lamentó que no se haya convocado a la reunión a sindicatos y asociaciones de consumidores, y pidió “lograr el consenso necesario para que el pato de esta boda no recaiga en los trabajadores o en los consumidores”.
Mestre le respondió a Ramón que “dada la urgencia del tema” se decidió avanzar con los representantes del sector que pidieron ser escuchados en la comisión (Ver abajo), y aprovechó para señalar que “la voluntad política del oficialismo” para avanzar en un dictamen común “no existe”.
Representantes de distintas cámaras y asociaciones turísticas imploraron tanto al oficialismo como a la oposición que busquen consensos para sancionar una ley de emergencia. Con datos numéricos, los invitados a la reunión virtual graficaron la crisis que padece el turismo.
Aldo Elías, de la Cámara Argentina de Turismo, pidió “un gesto de grandeza por parte de los legisladores” ante “los 1.300.000 puestos de trabajo que están en riesgo”, dado que la actividad no solo fue la primera en ser suspendida, sino que también será “la que más tarde va a volver a recuperar su ritmo normal”.
Al enumerar una serie de propuestas puntuales, Elías solicitó que la ley “tenga por lo menos un año de vigencia” con posibilidad de ser prorrogada; que se extienda en el tiempo el Programa ATP; y que se contemplen beneficios fiscales e impositivos, como así también las reprogramaciones y devoluciones de paquetes turísticos.
A su turno, Alejandra Barzani, de AVAECE (Asociación Civil de Agentes y Agencias de Viajes Pymes Argentina), se preguntó: “Después de cuatro meses con facturación cero, ¿dónde nos integramos las agencias de viaje pymes en este plan de auxilio que pretende reemplazar a una ley de emergencia turística?”.
Barzani también preguntó “cómo vender viajes a futuro cuando no existe un horizonte de cuando se abrirán las fronteras de las provincias y en qué condiciones”, y en ese contexto consideró que el proyecto del oficialismo es “incompleto, insuficiente y poco resolutivo”, por lo que reclamó “encontrar puntos de encuentro” con la oposición.
Graciela Fresno, presidenta de FEHGRA (Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina), consideró que el sector “va a normalizarse no antes de 2022” y advirtió sobre la facturación casi nula y las dificultades para pagar sueldos, aguinaldos y servicios públicos.
Fresno informó que se prevé “una pérdida de alrededor de 120.000 puestos de trabajo registrados”. “El sector necesita de medidas específicas y adecuadas a sus necesidades”, sostuvo, y en ese sentido pidió no solo sancionar la ley de emergencia, sino también mantener el Programa ATP.
Será en la Comisión de Defensa del Consumidor, que tratará el proyecto de “plan de auxilio” para el sector. Juntos por el Cambio pide declarar la emergencia.
El debate sobre medidas de apoyo al turismo por las consecuencias de la pandemia del Covid-19 será retomado este martes a las 15, en una reunión de la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia, que preside el radical Diego Mestre.
El pasado 7 de julio, el oficialismo logró alzarse con el dictamen de mayoría sobre un proyecto de Ramiro Fernández Patri (Frente de Todos) consensuado con el Ministerio de Turismo que crea un “plan de auxilio, capacitación, infraestructura y promoción” del sector.
Este programa contempla fondos adicionales para infraestructura, pero no así beneficios fiscales, ya que el oficialismo entiende que ese alivio llegará con la moratoria universal que también se está debatiendo en la Cámara baja.
Además, el proyecto establece que las personas que este año adquieran paquetes turísticos a ejecutar en 2021 dentro de Argentina, reciban un bono compensatorio del 50% de esa inversión para volver a utilizarlo en un servicio turístico.
Por su parte, Juntos por el Cambio se encolumna detrás de otro proyecto, encabezado por Gustavo Menna (UCR), que declara la emergencia turística de forma retroactiva al mes de marzo, y en ese marco fija varios beneficios impositivos, como la exención del impuesto al cheque.
En aquella reunión de la Comisión de Turismo, el proyecto del Frente de Todos reunió la mayoría de firmas gracias a dos apoyos provenientes de los interbloques presididos por Eduardo “Bali” Bucca (Interbloque Federal) y José Luis Ramón (Unidad Federal para el Desarrollo).
Será en la Comisión de Defensa del Consumidor, que tratará el proyecto de “plan de auxilio” para el sector. Juntos por el Cambio pide declarar la emergencia.
El debate sobre medidas de apoyo al turismo por las consecuencias de la pandemia del Covid-19 será retomado el próximo martes a las 15, en una reunión de la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia, que preside el radical Diego Mestre.
El pasado 7 de julio, el oficialismo logró alzarse con el dictamen de mayoría sobre un proyecto de Ramiro Fernández Patri (Frente de Todos) consensuado con el Ministerio de Turismo que crea un “plan de auxilio, capacitación, infraestructura y promoción” del sector.
Este programa contempla fondos adicionales para infraestructura, pero no así beneficios fiscales, ya que el oficialismo entiende que ese alivio llegará con la moratoria universal que también se está debatiendo en la Cámara baja.
Además, el proyecto establece que las personas que este año adquieran paquetes turísticos a ejecutar en 2021 dentro de Argentina, reciban un bono compensatorio del 50% de esa inversión para volver a utilizarlo en un servicio turístico.
Por su parte, Juntos por el Cambio se encolumna detrás de otro proyecto, encabezado por Gustavo Menna (UCR), que declara la emergencia turística de forma retroactiva al mes de marzo, y en ese marco fija varios beneficios impositivos, como la exención del impuesto al cheque.
En aquella reunión de la Comisión de Turismo, el proyecto del Frente de Todos reunió la mayoría de firmas gracias a dos apoyos provenientes de los interbloques presididos por Eduardo “Bali” Bucca (Interbloque Federal) y José Luis Ramón (Unidad Federal para el Desarrollo).
El legislador nacional, que impulsa un proyecto de ley de mergencia turística con ayudas fiscales, económicas y laborales, sostuvo que el PEN “ha dejado a su suerte a las agencias y actores del turismo en medio de esta crisis brutal”.
El diputado nacional Diego Mestre está trabajando con el sector dedicado al turismo para impulsar una ley de emergencia turística con ayudas fiscales, económicas y laborales. En los próximos días en la Comisión de defensa del consumidor, el usuario y la competencia de la Cámara de Diputados se debatirá sobre esta necesidad expuesta a los legisladores por parte de las agencias que están atravesadas por una fuerte crisis a raíz de la pandemia del Covid 19.
Según Mestre, el Gobierno nacional “ha dejado a su suerte a las agencias y actores del turismo en medio de esta crisis brutal. Por eso trabajamos para construir herramientas efectivas para que puedan superar el mal momento en el que se encuentran, necesitamos avanzar con urgencia en este tema”.
El turismo emplea a casi 700 mil personas y en nuestra provincia, el turismo es una de las principales actividades. “La semana pasada tratamos el pedido del sector turístico y llamativamente la diputada Vigo le dio el voto al kirchnerismo, por lo que no pudimos avanzar en la ley de emergencia, y debido a eso mañana el sector afectado se movilizará en este sentido, pidiendo ser escuchado y sancionar la ley de emergencia”, sostuvo al respecto el legislador de Juntos por el Cambio.
El proyecto de Mestre propone que el sector “tenga las herramientas que necesita”: asistencia financiera, créditos a tasa cero, beneficios fiscales, que estén exentos de pagar impuestos a las ganancias, fomento a la infraestructura turística, entre otros para mantener la actividad y que no se pierdan más fuentes laborales.
“Queremos además del bono que propone el Gobierno nacional a los turistas, poner el foco en las empresas de turismo, en los trabajadores, agencias, para darles tranquilidad, porque el turismo es una fuente de ingresos de divisas incluso y no podemos descuidarlo, tenemos mucho potencial en el sector, por lo que no entendemos como el peronismo no acompaña el proyecto de Cornejo y Menna para potenciar este aparato productivo”, señaló Mestre.
El diputado radical apuntó a sus pares del Congreso y afirmó: “La dependencia económica que tiene la provincia quedó clara en votación de los diputados de Hacemos por Córdoba, lo que se traduce en una grave dependencia política del kirchnerismo para nuestra provincia, esperemos que los diputados de Córdoba den explicaciones acerca de esta votación que daña el sector turístico”.
Mestre además insiste en que la tarifa de energía de la provincia de Córdoba es “una de las más caras del país”, por lo que pidió contemplación a los diputados que apoyaron al kirchnerismo, ya que “el gobierno provincial y nacional no están escuchando el sector turístico, no hubo iniciativas tampoco al respecto de ingresos brutos en Córdoba y hoy necesitamos alivio para que esta actividad vuelva a funcionar y no quiebre”.
El miércoles a las 11 de la mañana habrá una movilización del turismo pidiendo por favor la ley de emergencia turística para ayudar a estas fuentes de trabajo y reactivar su economía y valorar el potencial turístico.
A través de una iniciativa, el radical Diego Mestre quiere que los consumidores en mora por motivo del Covid-19 no sean incluidos en el Veraz.
El diputado nacional Diego Mestre (UCR-Córdoba) y presidente de la Comisión de Consumidores, los Usuarios y la Competencia, presentó un proyecto de ley para que no se incluya, en los informes crediticios, a los consumidores que estén en mora como consecuencia de la pandemia por el Covid-19.
“Con este proyecto buscamos preservar a los consumidores que no pueden hacer frente a deudas contraídas, como consecuencia de la cuarentena impuesta por el Coronavirus, que afecta sus ingresos mensuales, por eso queremos que no sean incluidos en las bases de datos crediticias por el tiempo que dure el aislamiento obligatorio para que puedan, en caso de requerirlo, acceder a créditos que les permitan afrontar las necesidades básicas de consumo”, señaló Mestre.
Según informe elaborado por el Centro de Economía Regional y Experimental (CERX), la carga de la deuda en las familias será uno de las grandes limitantes para recuperar el consumo. La deuda total de las familias alcanzó en junio los $ 1.905.119 millones y afectó a 11,9 millones de hogares, que equivalen al 86,5% de los hogares del país. El endeudamiento de las familias argentinas creció 4,6% empujado por las deudas no bancarias, que aumentaron 16,1%, de modo que casi nueve de cada diez familias terminaron el mes con compromisos de pago pendientes.
“Según datos del Banco Central, las familias argentinas están endeudas hasta tres veces más que su capacidad de pago vulnerando el derecho humano de acceder a bienes y servicios esenciales. Ante este hecho fáctico debemos articular un procedimiento que permita sanear las economías familiares que propusimos en el nuevo código de defensa del consumidor”, señaló el diputado radical.
“La pandemia ha agravado a límites nunca vistos la vulnerabilidad del consumidor en el mercado. No hablamos sólo de rupturas de cadenas de pago, o pérdida de miles de puestos de trabajo. Hablamos de personas que no pueden satisfacer necesidades humanas básicas. Esta situación nos obliga a tomar medidas urgentes para el bienestar de la población, porque la solución no es estigmatizar o discriminar a los deudores sino ponernos en lugar de ellos”, finalizó el titular de la Comisión de Defensa del Consumidor en el Congreso.
El comercio electrónico, los “abusos” de las prepagas, el sobreendeudamiento de las familias y la declaración de nuevos servicios públicos fueron algunos de los temas planteados.
La Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia de la Cámara de Diputados, que preside Diego Mestre (UCR), escuchó este jueves a representantes de asociaciones de consumidores que plantearon distintas problemáticas derivadas de la pandemia del Covid-19.
El primero en exponer en la videoconferencia fue Diego Fontela, del Centro de Educación, Servicios y Asesoramiento al Consumidor (CESYAC), quien hizo diversas propuestas, como declarar “servicio público” a la garrafa de gas licuado de petróleo, así como los servicios de Internet, cable y telefonía celular.
También llamó a “revalorizar lo que queda del teléfono fijo, que es servicio público pero la tarifa está un poco desregulada”.
Fontela además pidió “mayores regulaciones en la Ley de Medicina Prepaga” y “reforzar los mecanismos de precios claros” transparentando los costos de la cadena de valor.
Por otra parte, apuntó a la “falta de entrega” de los productos adquiridos mediante el comercio electrónico, y denunció “abusos” por parte de las tarjetas de crédito no bancarias.
Asimismo, el referente de CESYAC manifestó “interés” por integrar el futuro Consejo Económico y Social, un organismo que el Gobierno tiene intenciones de crear por ley.
Adriana Malek, de la UCA (Universidad Católica Argentina) expresó: “Lo que nos preocupa y mucho en este contexto de pandemia son los consumidores hiper-vulnerables. Después de que pase la pandemia, muchos van a quedar en esta situación de hiper-vulnerabilidad”.
En ese sentido, Malek sostuvo que “muchas familias están sufriendo un sobreendeudamiento, sobre todo con las entidades financieras que no están dentro de la resolución del Banco Central y que están cobrando intereses que son usura pura”, y que además “dejan de lado el trato digno hacia el deudor”.
Desde la Asociación Coordinadora de Usuarios, Consumidores y Contribuyentes (ACUCC), Ana María Godoy llamó a revisar el sistema de medicina prepaga por los “abusos continuos”, y también se preguntó “qué va a pasar con el PMO (Programa Médico Obligatorio), que está sumamente atrasado”.
A través de un proyecto, el diputado Diego Mestre busca prohibir descuentos bancarios sobre el IFE.
El diputado nacional Diego Mestre (UCR – Córdoba) presentó un proyecto de ley por el cual se busca asegurar la inembargabilidad y prohibir las deducciones y débitos bancarios al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). “Debemos proteger a los consumidores vulnerables en tiempos de pandemia”, dijo Mestre, presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, Usuario y la Competencia de la Cámara baja.
“Recordemos que la naturaleza jurídica de este ingreso es alimentaria, y como tal, conforme nuestro derecho positivo, no puede ser reducido sin poner en riesgo la subsistencia del grupo familiar. Por ello, la iniciativa establece su inembargabilidad”, explicó el legislador.
Al mismo tiempo, Mestre destacó como antecedente, que el Banco Central (BCRA), mediante la comunicación “B” 11996 de fecha 24 de abril de 2020, adoptó la postura impulsada por la norma. Pero señaló que “lamentablemente los destinatarios de la misma, en la práctica, ya sea por falta de voluntad, por la automatización de los sistemas y/o por carecer de una ley nacional uniforme que establezca la prohibición que aquí se establece, no han cumplido con la misma. Lo que, en otras palabras, se tradujo en un perjuicio directo para millones de familias”.
Y señaló que esta iniciativa surge fundamentalmente de la experiencia diaria de las distintas Asociaciones de Defensa del Consumidor, quienes en el marco de las reuniones de la comisión de Defensa del Consumidor, Usuario y la Competencia de la Cámara de Diputados, expresaron con preocupación cómo esta problemática se repite a diario y son objeto de incesantes reclamos de cientos de consumidores en todo el territorio nacional”.
El proyecto lleva también las firmas de los diputados Claudia Najul, Lorena Matzen, Roxana Reyes, Hugo Romero, Jorge Enríquez, Soledad Carrizo, Hernán Berisso, José Cano, Estela Regidor, Sofia Brambilla, Carla Carrizo, Mario Arce, Juan Martín y Miguel Nanni.
El legislador nacional radical Diego Mestre presentó un proyecto para modificar el Código Civil y Comercial y establecer la obligatoriedad de la constitución de un domicilio electrónico, para garantizar un trato digno y los derechos de los consumidores.
El diputado nacional por la UCR – Córdoba y presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor Diego Mestre presentó un proyecto de ley para modificar el Código Civil y Comercial con el objetivo de establecer la obligatoriedad al proveedor de un bien o un servicio a la constitución de un domicilio electrónico, donde todas las notificaciones y comunicaciones se tendrán por válidas, para garantizar un trato digno y los derechos de los consumidores.
“En materia de contratos, el domicilio especial es un requisito esencial. Y lo es, fundamentalmente, porque establece un lugar a elección de las partes donde las comunicaciones efectuadas entre ellas se considerarán válidas. El incumplimiento de estos deberes será considerado una transgresión al deber de información en los términos de la Ley de Defensa del Consumidor”, aclaró Mestre.
“Tiempo atrás se pensaba en ese lugar fijado como domicilio en un inmueble fácilmente identificable por su numeración y por su emplazamiento físico, pero hoy en el Siglo XXI eso ha cambiado, las tecnologías ha revolucionado nuestras vidas y por supuesto internet ha llegado y es una herramienta fundamental que nos permite trabajar, estudiar, mantenernos conectados e informados y, por supuesto tiene que garantizar la igualdad y el ejercicio de los derechos por parte de los usuarios y de los consumidores”, destacó el diputado.
Finalmente, Mestre señaló que les parece que es una “muy buena herramienta que ha sido también pedida por muchas asociaciones de consumidores, en el marco de la Comisión de Defensa del Consumidor, y hace al trato digno del consumidor y al reconocimiento de su dignidad que no solamente está en la ley y en la Constitución Nacional sino, también, en los tratados de Derechos Humanos”.
La Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y dela Competencia recibió este jueves a organizaciones de la sociedad civil para analizar la situación de consumidores en el contexto del aislamiento social.
A través de una videoconferencia, la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia, presidida por el diputado Diego Mestre (UCR), recibió este jueves a asociaciones de consumidores para analizar cómo impacta el contexto de la pandemia en los usuarios.
En primer lugar, la titular de Adecua (Asociación de Defensa de los Consumidores y Usuarios de la Argentina), Sandra González, denunció que los consumidores “se están convirtiendo en consumidos y usados”. “La pandemia nos llevó a cambiar hábitos de consumo y tuvimos que empezar a comprar por internet. Y nos encontramos que compras un vaso y te traen un ladrillo”, dijo.
Por Acción del Consumidor (ADELCO) expuso Claudia Collado, quien reclamó financiamiento para las organizaciones de la sociedad civil y consideró que “lo urgente hoy es el endeudamiento de los consumidores”. “Estamos embarcados en una ley para la clase media y baja que no pudo acceder a los paliativos que el gobierno ha otorgado”, señaló también.
A su turno, el titular de la Asociación de Consumidores y Usuarios de la Argentina, Ricardo Espinosa, se mostró preocupado por “los comercios que no han podido abrir” y los precios que dejará la situación post-pandemia. “Está habiendo aumentos del 5 al 7%, la comida hoy está en aumento”, resumió.
Desde la Unión de Usuarios y Consumidores, Claudio Boada pidió regular “la sociedad digital” que produjo el aislamiento social. “Hay que regular el comercio electrónico, las mesas de entradas virtuales donde no queda constancia de los reclamos y la aparición de productos y servicios libres de Covid-19”, dijo.
Asimismo, el titular de Consumidores Libres, Héctor Polino, se refirió a la inflación y el aumento de precios. “La Argentina consolidó el tercer lugar en el mundo por los constantes aumentos de precios, aún en plena cuarentena, donde están congeladas las tarifas y los combustibles”, señaló.
Polino también reclamó el cumplimiento de la ley de tarjetas de crédito, la ley de Observatorio de precios y la ley de defensa de la competencia. Del mismo modo, pidió la declaración de la telefonía móvil como servicio público.
El legislador nacional radical Diego Mestre señaló que buscan establecer un nuevo “marco preventivo, protectorio y congruente de nuevos derechos para los consumidores y usuarios”.
El diputado nacional de la UCR Córdoba Diego Mestre, presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, el Usuario y la Competencia presentó un proyecto para modificar la Ley 25.065, de Tarjetas de Crédito, en lo referido a los resúmenes mensuales.
“El comercio electrónico ha tenido un avance vertiginoso en las últimas semanas que, sumado a evitar el contacto entre personas, ha llevado a miles de consumidores a modificar sus hábitos comerciales”, señaló Mestre.
En Argentina las ventas a través de comercios online de los supermercados crecieron un 300%, las farmacias en un 60% y el rubro computación tuvo un incremento en sus ventas del 50%. Así, la escalada del comercio electrónico es una realidad, y la digitalización de las instituciones bancarias es otra cara de la misma moneda.
“En nuestro país el incremento de ventas online ha llevado a muchos argentinos a una nueva realidad que ha sido fácil para algunos sectores de la población, pero muy difícil para otros, especialmente para nuestros adultos mayores”, sostuvo el diputado radical.
“El uso de la tarjeta de crédito ha destronado la utilización de efectivo para realizar pagos comerciales lo cual trae aparejado otro tipo de problemas para el consumidor al cual debemos atender para que sus derechos sean tutelados según nuestra Constitución Nacional”, expresó el titular de la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y la Competencia en el Congreso de la Nación.
“En nuestro país se han detectado, entre enero y marzo de este año, más de 187 millones de ciberataques contra lo que llamamos consumidores hipervulnerables, especialmente nuestros adultos mayores, lo que nos obliga aún más a tutelar sus derechos como usuarios y consumidores. Es por ello por lo que debemos actualizar el marco legal que los proteja ante este tipo de delitos”, sostuvo Mestre.
El proyecto de Ley establece modificar la Ley 25.065 para que ante un error en el resumen de la tarjeta de crédito el usuario pueda cuestionar el mismo dentro de un plazo y a través de la vía postal, personal, digital y telefónicamente. Por otra parte, el emisor de la tarjeta de crédito estará obligado e informar al Usuario y/o consumidor todas las vías de comunicación y domicilios de la entidad para hacer el reclamo ante un error en la imputación de un gasto, cualquier incumplimiento generará una situación jurídica abusiva y una práctica abusiva de parte de la entidad financiera.
“En Argentina, como en gran parte del mundo esta nueva tendencia de consumo supone un gran desafío, pero a la vez una gran oportunidad. No nos hemos quedado simplemente en considerar el incremento proporcional que han tenido los consumos digitales con los ciberataques y robo de datos de las tarjetas de crédito, hemos ido más allá, hemos tomado la posta del mandato constitucional, y hemos establecido un marco preventivo, protectorio y congruente de nuevos derechos para los consumidores y usuarios”, afirmó finalmente el diputado.
El diputado radical presentó un proyecto de ley que propone declarar la emergencia por este tema, crear un consejo federal e incluir a los repelentes en la cobertura de las obras sociales.
El diputado nacional Diego Mestre (UCR-Córdoba) presentó un proyecto de ley para declarar la emergencia sanitaria por el dengue, crear un cuerpo federal de emergencia y traer alivio financiero, incluyendo a los repelentes de insectos en el Programa Médico Obligatorio de las obras sociales.
“El dengue es uno de los principales problemas de salud del mundo y de nuestro país en particular: entre agosto de 2019 y abril de este año se contaron 13.000 infectados y alrededor de 40.000 casos sospechosos”, señaló.
El legislador expresó su preocupación con respecto a la pandemia del Covid-19 y al brote de dengue, que calificó como el peor de los últimos años: “Estamos ante la concurrencia de dos epidemias peligrosas y no debemos subestimar al dengue solo porque no esté en los titulares de los medios”.
“En la actualidad, la Organización Mundial de la Salud estima que 80 millones de personas se infectan anualmente y que cerca de 550 mil enfermos necesitan hospitalización, 20 mil personas mueren a causa de esta enfermedad y 2.500 millones, casi un tercio de la población mundial, corren el riesgo de contraer dengue. Hay más de 100 países que tienen transmisión endémica. En Argentina, se han detectado, hasta el momento, tres tipos de serotipos: DEN-1 en un 63%, DEN-4 en un 35% y DEN- en un 2%”, detalló en su iniciativa.
El legislador explicó que la propuesta busca “declarar la emergencia sanitaria para destinar recursos humanos y financieros, los que sean necesarios, para afrontar el dengue que ya es una epidemia en Argentina, pero además, como se necesita de una coordinación entre el Estado Nacional y las provincias, necesitamos crear un Cuerpo Federal de Emergencia Sanitaria Dengue destinado a visibilizar, monitorear, crear e instrumentar políticas destinadas a combatir esta enfermedad”.
“También debemos acompañar a los ciudadanos con la adquisición de repelentes del mosquito vector que ayuden a prevenir el dengue en toda la Argentina”, agregó.
Para el radical “hay que utilizar todas las herramientas necesarias para que el virus que transmite el mosquito sea erradicado de nuestro país. Las obras sociales y prepagas que incluyan, en la prestación obligatoria, la cobertura de repelentes estará beneficiándose, a futuro, con esta política de prevención porque disminuirán los casos que requieran internación y cuidados intensivos costosos”.
Mestre, quien se desempeña además como presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, resaltó las complicaciones que podría acarrear un desborde en el sistema de salud: “Estamos en un momento de extrema gravedad como hace mucho no se ve en nuestro país. Debemos seguir trabajando para combatir la pandemia del Covid-19 sin dejar de atender todo lo inherente a la epidemia del dengue”.
“Debemos aunar esfuerzos para que los ciudadanos sientan realmente que el Estado está presente y que el cuidado de la salud es de vital importancia en todas sus fases”, concluyó el cordobés.
El diputado radical presentó un proyecto de ley que tiene por objetivo “proteger a los pacientes y a los trabajadores de la salud”.
En medio de la pandemia del coronavirus, el diputado nacional Diego Mestre (UCR) presentó un proyecto de ley para que las recetas médicas sean expedidas, obligatoriamente, en soporte digital o electrónico.
El legislador cordobés explicó que con la iniciativa se busca “proteger con medidas adicionales a los pacientes y también a nuestros trabajadores de la salud que arriesgan todo de manera estoica y solidaria”.
“La medida tiene que ser adoptada de manera urgente porque hay que hacer todo lo humanamente posible para evitar el sufrimiento innecesario de los argentinos”, consideró.
La propuesta apunta a garantizar la claridad y trazabilidad de las recetas médicas. “A nivel mundial, el costo asociado con errores de recetas y la consiguiente medicación es de unos 42.000 millones de dólares anualmente, casi el 1 % del gasto sanitario global”, señaló.
Para el radical, “la norma sería una herramienta clave para la prevención de muertes asociadas a una receta errónea y viene a resolver la situación de informalidad en las recetas de papel tradicionales”. “Muchas veces la receta no es comprendida ni por el paciente ni por el farmacéutico originando errores letales”, expresó.
“Es momento de dar un salto cualitativo en nuestras normas aprovechando la tecnología disponible y resolver este gran problema con la colaboración de profesionales y organismos estatales”, añadió Mestre.
Finalmente, el diputado dijo que “estamos en una situación similar a la de una guerra y el Estado es la columna vertebral de la lucha contra nuestro enemigo. Es momento de estar unidos por encima de cualquier bandera política o ideológica. Estoy convencido de que los argentinos vamos a emerger de esta situación y lo haremos con toda nuestra fuerza”.
El legislador de Juntos por el Cambio presentó un proyecto que contempla 14 iniciativas para contener a la ciudadanía y a las PyMEs ante la crisis económica.
El diputado nacional Diego Mestre presentó un proyecto de resolución, proponiéndole al Poder Ejecutivo medidas tendientes a dar alivio económico a los ciudadanos argentinos durante la pandemia del Covid 19.
El proyecto contempla 14 iniciativas que tienen el objetivo de contener a la ciudadanía y a las pequeñas y medianas empresas en un contexto en el que peligran las fuentes de trabajo, entre las que se destacan:
“Desde el Estado, debemos actuar de manera consciente para prevenir especulaciones económicas, tender la mano a la ciudadanía y llevar alivio dentro de las posibilidades, apelando al sentido de la solidaridad de todos, acompañar y apoyar a los argentinos en este tránsito hacia la calma y el restablecimiento del desarrollo normal de nuestras vidas”, sostuvo el diputado radical en los fundamentos del proyecto.
El autor de la iniciativa, el legislador nacional radical Diego Mestre, consideró que este proyecto “puede impulsar a tomar una decisión que beneficie tanto al niño en gestación como a aquellos padres que no pueden concebir”.
El diputado nacional Diego Mestre presentó un proyecto de ley para regular la adopción desde el vientre materno en todo el territorio de la República Argentina, que fue acompañado por los diputados Gabriela Burgos, José Cano, Federico Zamarbide, David Schlereth y Víctor Hugo Romero.
“El embarazo no deseado es una situación existencial compleja que merece una empatía profunda y esta es una ley que puede impulsar a tomar una decisión que beneficie tanto al niño en gestación como a aquellos padres que no pueden concebir”, consideró Mestre, y señaló que la norma “llena un vacío legal y está en sintonía con la jurisprudencia moderna”.
La propuesta consiste en una modificación al artículo 595 del Código Civil y Comercial que crea una nueva alternativa para aquellas mujeres embarazadas que no se encuentran en condiciones de ser madres, incorporando la posibilidad de adoptar a personas en gestión.
“Este proyecto está en absoluta sintonía con nuestra Constitución, que a su vez ha incorporado tratados importantísimos como el Pacto de San José de Costa Rica y la Convención sobre los derechos del niño”, enfatizó.
La norma ingresó en la Cámara baja para ser tratada en comisión en un futuro inmediato. “En el año ’84 se sancionó la Ley 23.054, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos del pacto de San José de Costa Rica para que se respete el derecho a la vida y esto está protegido por ley desde el momento de la concepción”, sostuvo y agregó que “en el año ’90 el Congreso avanzó en la convención de los derechos del niño y declara que niño es todo ser humano desde la concepción. Por eso esta ley porque los niños en gestación no pueden expresarse y merecen nacer, es su derecho nacer y crecer con amor. Esta Ley garantiza y reafirma el derecho a la vida que es el derecho fundamental de todo ser humano”, concluyó Mestre.
