Sin lograr acuerdo en torno al tema, avanzó este viernes en la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados el dictamen del proyecto -con media sanción del Senado- que aumenta las penas para la difusión y/o publicación de imágenes no consentidas con contenidos de desnudez, sexual o erótico de personas.

El despacho de mayoría alcanzó 13 firmas del Frente de Todos, mientras que 7 legisladores de Juntos por el Cambio y la diputada de Consenso Federal Graciela Camaño votaron a favor de un dictamen de minoría, impulsado por la cívica Marcela Campagnoli.

Al comienzo de la reunión, Carolina Gaillard (FdT), presidenta de la comisión, informó que en asesores se había avanzado con un dictamen único que reunía varias propuestas de diferentes bloques, pero “es importante avanzar en esta media sanción que ya sacó el Senado sobre el tema”. “Es un proyecto perfectible”, admitió, sin embargo dijo que esa era la decisión del oficialismo.

En defensa de la iniciativa, el santiagueño Bernardo Herrera (FdT) consideró que “es una figura que urge que tengamos que legislar” y “no lo podemos dejar pasar por alto”. “Debemos compartir la aprobación de esta media sanción del Senado”, agregó y opinó que “todo el andamiaje jurídico de nuestro país debe tener una perspectiva de género”.

Muy crítica, la diputada Graciela Camaño (Consenso Federal) dijo que “basta leer el proyecto para darse cuenta de que lamentablemente la media sanción que envía el Senado debería completarse con los aportes que le hacemos los diputados”.

En ese sentido, valoró la redacción elaborada en asesores y lamentó que se va a “perder la oportunidad” de “legislar en torno a la materia”, porque “el bloque oficialista se obceca de no hacer las correcciones”.

“Creo que estamos en condiciones de hacerle un aporte valioso y darle realmente una perspectiva de género, es muy lamentable que no lo hagamos”, reiteró y afirmó que la iniciativa posee “una falencia muy grande: no tiene perspectiva de género”.

También en contra de la media sanción, la diputada Gabriela Burgos (UCR) recordó que el tema se había trabajado en 2016, alcanzando una media sanción, que finalmente no se aprobó. Luego vino una media sanción del Senado, que “tenía graves defectos” y “perdió estado parlamentario porque no se tomaron las modificaciones”.

Al igual que Camaño, la jujeña señaló que el texto “no habla de la cuestión de género” y advirtió sobre “aprobar algo que no va a resolver la problemática”. Por eso, pidió un cuarto intermedio para la semana próxima avanzar con un dictamen con cambios ya que es “un tema que nos preocupa a todos”. Finalmente no prosperó.

De hecho, reveló las observaciones hacia el proyecto por parte de Daniela Dupuy, fiscal penal especializada en delitos informáticos de la Ciudad, a quien recomendó que “sería más que interesante escucharla”. “No porque venga del Senado significa que la tenemos que aprobar, tiene graves errores”, insistió la radical y abogó por un dictamen con unanimidad y “de consenso; que sea coherente y tenga una verdadera perspectiva de género”.

Por su parte, el mendocino Luis Petri (UCR) alertó que “de no legislarse correctamente podríamos dejar de abarcar en el tipo situaciones que necesariamente tienen que ser comprendidas y contempladas”. “Este proyecto no tiene perspectiva de género”, coincidió con sus pares y se preguntó qué sucederá en el caso de los menores de edad, a quienes “no los va a contemplar el artículo 128” sobre pornografía infantil, cuando se trate de este tipo de imágenes.

“Es muy malo el proyecto del Senado”, enfatizó la legisladora Marcela Campagnoli (CC-ARI), que señaló que “no es menor que podamos garantizar el acceso a la justicia de las mujeres; no es menor que podamos consensuar en esto”. “Estamos perdiendo una oportunidad. No es bueno sacar una mala ley”, agregó.

En igual sentido, la diputada Silvia Lospennato (Pro), quien no integra la comisión pero tenía un proyecto al respecto, expresó que “se había hecho un esfuerzo para alcanzar un dictamen consensuado que corregía la media sanción”. “Lamento muchísimo que este tema no vuelva a asesores”, añadió y apuntó que la media sanción “excluye absolutamente la mirada central de la mujer como víctima”, por lo cual “esta modificación no tiene perspectiva de género”.

La oficialista Gaillard volvió a decir que el proyecto era “perfectible”, pero manifestó “el compromiso de seguir trabajando sobre los proyectos que existen” para “tener un abordaje integral” sobre la temática. Al finalizar la reunión, finalmente se avanzó con la firma de la iniciativa, obteniendo el oficialismo el dictamen de mayoría.

Qué dice la media sanción del Senado

El proyecto plantea modificar el artículo 155 del Código Penal, de modo de aumentar las penas de multa de 10 mil a 100 mil pesos -actualmente van de 1.500 a 100 mil pesos- para “el que hallándose en posesión de una correspondencia, una comunicación electrónica, un pliego cerrado, un despacho telegráfico, telefónico o de otra naturaleza, no destinados a la publicidad, los hiciere publicar indebidamente” y “el hecho causare o pudiere causar perjuicios a terceros”. Y agrega que la misma pena corresponderá a “quien facilitare esa publicación”.

El texto introduce a ese artículo “la pena de prisión de tres meses a tres años y el doble de la pena de multa” para quien “por cualquier medio, y sin expresa autorización, difundiere, divulgare, publicare, distribuyere o de cualquier manera pusiere al alcance de terceros documentos obtenidos en un ámbito de privacidad con contenidos de desnudez, naturaleza sexual o representaciones sexuales explícitas, incluso mediando el consentimiento de la víctima”.

“Cuando la violación de secretos responda a un ánimo de lucro con el propósito de causar sufrimiento, la pena prevista se elevará en un tercio en su mínimo y en su máximo”, estipula la iniciativa.

Además, incluye una modificación al artículo 169, de modo de incorporar como supuesto del delito de extorsión la amenaza de difundir “documentos cuyo contenido fuera consecuencia de una relación íntima o de violación de secreto”, con una pena de prisión o reclusión de tres a ocho años.

Proyecto sobre encubrimiento al delito de abuso sexual infantil

En la reunión también avanzó un proyecto de ley del rionegrino Martín Soria (FdT), que propone modificar el artículo 277 del Código Penal de manera de eliminar la eximición de la responsabilidad en el delito de encubrimiento en el caso de abuso sexual infantil.

El dictamen de mayoría obtuvo las 15 firmas del Frente de Todos y de la diputada Graciela Camaño, mientras que 8 legisladores de Juntos por el Cambio suscribieron un dictamen de minoría, por diferencias con la redacción.

Soria precisó que, según datos de la Organización Mundial de Salud, “una de cada cinco niñas es abusada antes de los 18 años; y uno de cada 13 niños es abusado sexualmente antes de los 18 años”. “El 75% de los casos de abuso de niñas y niños se da dentro del propio seno familiar”, resaltó, con lo cual esta iniciativa “busca fomentar la colaboración de aquellos potenciales testigos dentro del seno familiar para impedir que se sigan cometiendo este tipo de delitos”.

Un dato saliente de la iniciativa es que no cargará con pena cuando “la autora del encubrimiento fuese una mujer que haya actuado en el marco de un contexto de violencia de género por parte del autor del delito”.

El Senado dio media sanción y giró a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que aumenta las penas para la difusión y/o publicación de imágenes no consentidas con contenidos de desnudez, sexual o erótico de personas.

La iniciativa, unificada a partir de dos textos presentados por las senadoras Claudia Ledesma Abdala de Zamora (FdT) y Silvia Elías de Pérez (UCR), fue votada en general por unanimidad pero senadores de Juntos por el Cambio y el interbloque Parlamentario Federal votaron en contra de un artículo.

Durante el debate, Ledesma Abdala de Zamora señaló que este es “un fenómeno mundial creciente del cual nuestro país no está al margen” y “si bien es un fenómeno que afecta a hombres y mujeres, la mayoría de las veces se ha comprobado que, una vez más, a las que más nos afecta, incluso profesionalmente, es a las mujeres”.

“Lo que mucha veces comienza como un simple juego íntimo, no se dimensiona que se está a un click de apretar una tecla y que esto se transforme en una tragedia con consecuencias y con destinos realmente irreparables”, enfatizó.

La santiagueña indicó que estos hechos “han dejado de pertenecer al mundo de los jóvenes y nos afecta a toda la sociedad”, y “han crecido” al punto que en 2008 -según datos de la División de Delitos en Tecnología de la Policía Federal Argentina- “se registraron anualmente 250 casos de esta naturaleza”, mientras que en 2019 y lo que va de 2020 “han crecido de tal magnitud que es prácticamente imposible de registrarlos”.

También, la oficialista mencionó un informe de la Universidad de Míchigan, el cual indica que “en el 90% de estos hechos, que ellos llaman pornovenganza, el agresor es un hombre. Por ende, estaríamos ante una nueva modalidad de violencia de género”. Además, según la misma fuente, “cinco de cada diez víctimas han reconocido ser fuertemente agraviadas a través de las redes sociales cada vez que se han subido estos documentos”.

Finalmente, la senadora remarcó que “tenemos un gran vacío legal en nuestro país” al respecto y “existe un derecho claramente vulnerado; se está violando un derecho que es nada más y nada menos que el derecho a la privacidad, o la intimidad, el cual tenemos todas las personas y tiene rango constitucional”.

A su turno, Elías de Pérez sostuvo que la intimidad refiere a “la esfera más personalísima, que debe estar a salvo de este tipo de maniobras que vemos cada vez con mayor frecuencia”.

“Si bien nuestro Código Penal recepta la importancia de proteger el ámbito privado, creemos que hace falta tipificar una conducta específica” relativa a “la difusión de documentos de contenido sexual”, explicó la tucumana.
La legisladora insistió en que “las conductas en este sentido crecen de manera descomunal” y el contenido de las imágenes “se viraliza en segundos, creando bibliotecas verdaderamente infinitas”.

“A veces aparecen en redes exparejas u otros oportunistas que, vulnerando sistemas de seguridad o descifrando las contraseñas de la víctima, humillan y chantajean”, advirtió, y completó: “A todas esas víctimas, que en su mayoría son mujeres, les estamos debiendo esta ley”.

El proyecto plantea modificar el artículo 155 del Código Penal, de modo de aumentar las penas de multa de 10 mil a 100 mil pesos -actualmente van de 1.500 a 100 mil pesos- para “el que hallándose en posesión de una correspondencia, una comunicación electrónica, un pliego cerrado, un despacho telegráfico, telefónico o de otra naturaleza, no destinados a la publicidad, los hiciere publicar indebidamente” y “el hecho causare o pudiere causar perjuicios a terceros”. Y agrega que la misma pena corresponderá a “quien facilitare esa publicación”.

El texto introduce a ese artículo “la pena de prisión de tres meses a tres años y el doble de la pena de multa” para quien “por cualquier medio, y sin expresa autorización, difundiere, divulgare, publicare, distribuyere o de cualquier manera pusiere al alcance de terceros documentos obtenidos en un ámbito de privacidad con contenidos de desnudez, naturaleza sexual o representaciones sexuales explícitas, incluso mediando el consentimiento de la víctima”.

“Cuando la violación de secretos responda a un ánimo de lucro con el propósito de causar sufrimiento, la pena prevista se elevará en un tercio en su mínimo y en su máximo”, estipula la iniciativa.

Además, incluye una modificación al artículo 169, de modo de incorporar como supuesto del delito de extorsión la amenaza de difundir “documentos cuyo contenido fuera consecuencia de una relación íntima o de violación de secreto”, con una pena de prisión o reclusión de tres a ocho años. A este artículo se opusieron senadores de la oposición.

La Comisión de Justicia y Asuntos Penales presidida por el senador por Neuquén, Oscar Parrilli (FdT) se reunió de manera remota para continuar el tratamiento iniciado la semana pasada sobre un proyecto para penalizar la difusión sin consentimiento de imágenes sexuales.

Durante el encuentro de este lunes se giró a despacho iniciativa de la senadora la senadora por Santiago del Estero, Claudia Ledesma Abdala de Zamora (FdT). La iniciativa modifica el artículo 155 y 169 del Código Penal.

“Ponemos en consideración el proyecto que fue avalado por el conjunto, el de la senadora Ledezma, teniendo a la vista el proyecto de la senadora por Tucumán, Silvia Elías de Pérez (UCR)”, destacó Parrilli al finalizar el debate y sin lograrse un acuerdo en todos los puntos del proyecto.

La senadora Elías de Pérez manifestó que “con la reforma que proponemos del artículo 155 del Código Penal redundaría que retoquemos el 169”. “Quisiera que saquemos un dictamen conjunto y sigo sosteniendo mi posición con respecto al artículo 169”, agregó.

En cambio, la senadora Ledesma de Zamora sostuvo que “hay que modificar el artículo 169 porque puede existir una amenaza de difusión de esos contenidos, puede haber una extorsión”.

La senadora por Jujuy, Silvia Giacoppo (UCR) explicó: “Tenemos que hacer correcciones en la técnica legislativa para que sea la ley que todos necesitamos”.

Por su parte, el senador por Chubut, Juan Mario Pais (FdT) consideró que “es una norma necesaria y una excelente oportunidad para modificar el artículo 155”.

El senador por Córdoba, Ernesto Martínez (Juntos por el Cambio) Martínez afirmó que “hay una oportunidad única de un despacho que contemple modificar el primer párrafo del artículo 155 en virtud de que en un país inflacionario como el nuestro las penas son simbólicas”.

En tanto, Parrilli pidió “que saquemos dictamen sin modificar el agravamiento de las penas porque no era lo que previa el proyecto”.