Fue uno de los proyectos tratados este miércoles en el seno de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.
La norma, que establece un protocolo de comunicación a la familia, se sancionó por unanimidad en la Cámara de Diputados.
En la sesión de este jueves, la Cámara de Diputados sancionó por unanimidad, con 210 votos, una ley sobre diagnóstico humanizado del Síndrome de Down, con el objetivo de brindar contención y acompañamiento a las familias que reciben la noticia durante el embarazo o el nacimiento de su hijo/a.
La iniciativa, que venía siendo reclamada fuertemente desde ASDRA (Asociación Síndrome de Down de la República Argentina), había tenido media sanción del Senado en diciembre de 2021, impulsada por quien fuera en ese momento senador, el radical Julio Cobos.
En tanto, en diciembre del año pasado, se incluyó en los temarios de sesiones que se frustraron y no se pudieron realizar en la Cámara baja.
La presidenta de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, Mónica Fein (PS-Santa Fe), defendió el proyecto que tiene como objetivo “discutir la necesidad de abordar un cambio de paradigma en el sistema de salud, en el vínculo entre el sistema de salud y las personas”.
“Específicamente nos están pidiendo que busquemos humanizar aún más el sistema de salud, buscando la herramienta donde el diagnóstico y los pronósticos puedan generar en el vínculo médico-paciente una relación diferente”, señaló la diputada socialista.
Resaltó la importancia de “este proyecto que fue impulsado por familiares, madres, padres, organizaciones como ASDRA”, y agregó: “Como integrante de la comisión, todos sabemos que hay permanentemente actualizaciones científicas, tecnológicas, pero muchas veces se dedica poco tiempo en profundizar cómo los vínculos, el contexto, acompañan y cuidan a una familia en un momento tan importante como el nacimiento de un niño o niña”, señaló.
Fein consideró que “es momento de pensar el paradigma del sistema. Pensar cómo el sistema muchas veces no le da el tiempo para que ese vínculo se profundice y pueda acompañar de otra manera”, y cerró resaltando que esta iniciativa tuvo aprobación unánime en el Senado, y la misma “no hace más que profundizar un concepto que todos los que estamos en salud creemos: humanizar, generar vínculos, fortalecer la información y acompañar y cuidar a aquellos que más lo necesitan”.
A continuación, la diputada Anahí Costa (FdT-Catamarca) destacó que esta iniciativa “reconoce derechos fundamentales, como son el acompañamiento y la contención a los pacientes y sus familias. Todos hemos recibido en algún momento de nuestras vidas diagnósticos de nuestra persona o los que nos rodean, y siempre deben ser humanizados. Por supuesto que es importante lo que se dice, pero más importante aún cómo se dice”.
El proyecto “tiene un objeto central que es la información y capacitación de los equipos de salud. Promover la apertura temprana para asegurar la calidad de vida. Y no solo abarca al diagnóstico de Trisonmia 21, sino también a otras patologías asociadas a la discapacidad”, agregó, para resaltar que “escuchar a las mamás y papás contando sus experiencias con respecto al momento de recibir el diagnóstico, es movilizador, nos deja una gran enseñanza y debemos trabajar muchísimo en eso”.
A su turno, la diputada Dina Rezinovsky (Pro-CABA) celebró el tratamiento de este proyecto que en pocos minutos sería ley. “Es un día de mucha alegría para miles de familias en todo el país, y creo que es un antes y un después para las familias que pueden llegar a vivir en sus vidas alguna vez la necesidad de tener esta ley”, señaló.
Luego dijo que mucho había hablado durante los debates en comisión, y que se preguntaba a sí misma qué decir esta vez, y encontró la respuesta en un posteo de Instagram que graficaba una situación en particular sobre cómo una familia llegó a un diagnóstico. El posteo representaba mejor que nada el tema y lo leyó. Contó el caso de “Romi”, que acababa de dar a luz a Fausti. “¿No entendiste mami, no?”, le preguntaba una persona del servicio médico. Su compañero ya no le sostenía la mano y había salido de la sala de partos. Cuando obstetras y parteros recibieron a su hija, le dijeron: “Mamá, tu hija puede tener un problema genético”. Ella seguía en shock y ante la pregunta de si no había entendido, respondió que no. “Es muy probable que tenga síndrome de Down”, completaron.
Ya en su cuarto, para ella debía ser el día más feliz de su vida y se lo convirtieron en una pesadilla. Romi no puede dejar de llorar –leyó la diputada Rezinovsky-, y se preguntaba “por qué me pasa esto a mí”. En ese momento le traen a su hija y se produce el primer click: “Es lo que siempre soñé, es nuestra familia”, dice Romi. El segundo click se da por la noche, cuando su compañero comienza a buscar a asociaciones como ASDRA para que lo contengan e informe.
“Que esta ley sirva para que las familias nunca tengan que p asar por situaciones como esta”, concluyó la diputada.
Impulsor de la ley en su mandato como senador, el diputado Julio Cobos (UCR-Mendoza) destacó que “afortunadamente en nuestro país tenemos muchas organizaciones de la sociedad civil que complementan la labor del Estado, y que por ahí nos indican el camino a seguir o las sugerencias a los legisladores sobre problemáticas que viven en carne propia. Este es un típico caso”. El proyecto es “simple pero necesario”, afirmó y expresó: “Yo celebro que esto se transforme en ley”.
Durante su discurso hizo un pedido especial a las presidentas de las comisiones de Salud (Mónica Fein) y Familias (Roxana Reyes) sobre la cuestión de que “la libreta de salud no contempla los parámetros de crecimiento y desarrollo para los chicos con síndrome de Down”. “Esto no tiene ningún costo, simplemente son dos o tres hojas de libreta que hay que incorporar”, explicó.
Poniendo el foco en la responsabilidad de los profesionales, el diputado Luis Di Giacomo (JSRN-Río Negro) dijo que quería “llamar la atención sobre el aspecto del diagnóstico humanizado”, sobre el cual hay proyectos para distintos tipos de enfermedades.
“Lo que hay que cambiar es la formación de los profesionales de salud, en general, y de los profesionales de la educación, para que de alguna manera puedan superar los prejuicios, que los tienen como cualquiera dentro de la sociedad, y puedan emitir un juicio razonado respecto de quien tienen enfrente para ser atendido, educado o acompañado en lo laboral”, sostuvo el presidente de la Comisión de Discapacidad.
En esa línea, el rionegrino consideró que “habría que hacer una ley para que aquel que no trate bien a un paciente o una persona, como se lo merece, y… tiene que ir preso, se le tiene que sacar la matrícula, tiene que tener el castigo a lo que no está haciendo correctamente. Porque lo correcto es que atienda humanizadamente”.
En un discurso muy emotivo, pues se basó en su experiencia personal, el diputado José Luis Gioja (FdT-San Juan) manifestó: “No tengo dudas que este proyecto será una política pública muy importante en el área de salud”. “A nivel personal soy un afortunado por contar en mi vida con mi hijo, más allá de su condición, sin ‘peros’. No hay un pero que menoscabe la felicidad de tener un hijo tan especial”.
De acuerdo a la flamante norma, el diagnóstico deberá hacerse mediante una adecuada comunicación interpersonal e información objetiva y actualizada de la condición informada.
Los objetivos de la ley son: proveer a los progenitores información completa, precisa y actualizada; promover la capacitación en el modelo social de discapacidad y sensibilización de los equipos de salud.
También, promover la atención oportuna y estimulación temprana del recién nacido con diagnóstico de síndrome de Down para asegurar su calidad de vida en igualdad de oportunidades; y contribuir a la plena inclusión de las personas con discapacidad, evitando la difusión de estereotipos o el surgimiento de nuevas formas de discriminación.
Entre sus funciones, la autoridad de aplicación tendrá que: promover la formación y capacitación continua a profesionales de la salud; elaborar y difundir un protocolo respecto de la comunicación y la información que debe proveerse a las personas cuyo hijo en gestación o recién nacido recibe un diagnóstico de síndrome de Down; generar, colectar y sistematizar la información respecto a la cantidad de casos diagnosticados; y difundir cartelería en los establecimientos de salud respecto de los derechos de los progenitores.
La ley establece que la comunicación que realicen los profesionales deberá realizarse en un ámbito de intimidad y, de forma presencial o a través de un medio de comunicación o plataforma tecnológica, que haga posible sostener una comunicación interpersonal de calidad y garantice su privacidad; asegurar la disponibilidad de tiempo necesaria para evacuar dudas y consultas; y ser empática, en lenguaje claro, actualizada, neutral, respetuosa de la dignidad de las personas con discapacidad y en formatos accesibles con una perspectiva en derechos humanos.
A su vez, se indica que "al momento del diagnóstico prenatal o posnatal, deberá proveerse información en los términos de la Ley 26.529 (Derechos del Paciente) y la vinculada a la condición diagnosticada, recomendaciones de seguimiento clínico, recursos, grupos y asociaciones de acompañamiento y contención de las personas con discapacidad y sus familias, servicios sanitarios y de apoyo públicos y de la sociedad civil, así como los sitios de interés para usuarios que reciban el diagnóstico prenatal o posnatal del síndrome de Down".
La iniciativa fue presentada por la diputada Dina Rezinovsky con el fin de “potenciar el cultivo del bambú que permitiría desarrollar las economías locales y dar una solución concreta a la pobreza”.
La diputada nacional Dina Rezinovsky (Pro – Ciudad Autónoma de Buenos Aires) presentó un proyecto de ley para establecer la “Política Nacional de Incentivos para el Manejo y Cultivo Sostenibles del Bambú”.
La legisladora explicó que “el bambú es una de las plantas de crecimiento más veloz en el mundo. Entre sus múltiples beneficios, poder potenciar su cultivo con una política nacional permitiría desarrollar las economías locales y dar una solución concreta a la pobreza que viene aumentando en nuestro país”.
En ese sentido, precisó que su iniciativa tiene como fin lograr una gestión sostenible que permita fomentar la investigación y el desarrollo tecnológico, el cultivo, los servicios ambientales y las aplicaciones de los productos y subproductos de bambú; impulsar el cultivo y uso del bambú en la agricultura familiar; establecer asociaciones con entidades públicas y privadas para maximizar la producción y comercialización de productos de bambú; estimular el comercio interno y externo de bambú y sus derivados; Fomentar los intercambios con instituciones nacionales e internacionales”.
“Para cuidar el medioambiente, fortalecer economías locales y generar oportunidades para combatir la pobreza se necesitan políticas concretas”, remarcó.
Fue durante un acto realizado en el Salón Pasos Perdidos. El presidente de la organización evangélica se manifestó a favor de un "Estado laico".
En el Salón Pasos Perdidos de la Cámara de Diputados se realizó este lunes un acto para expresar el beneplácito por parte del Congreso de la Nación a la labor de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA) en su cuadragésimo aniversario.
Durante el encuentro, encabezado por la impulsora de la iniciativa, la diputada Dina Rezinovsky (Pro), participaron también el jefe del Frente de Todos, Germán Martínez; el presidente del bloque Pro, Cristian Ritondo; y los legisladores Daniel Arroyo (FdT), María Luján Rey (Pro), Alberto Asseff (Pro), Victoria Morales Gorleri (Pro) y Alejandro Finocchiaro (Pro).
La actividad se desarrolló en el marco del Día de la Reforma Protestante, que es celebrado en una amplia mayoría de las provincias del país como el "Día de las Iglesias Evangélicas”, declaración y reconocimiento que aún se encuentra pendiente a nivel nacional.
Al evento asistieron además el Director de Cultos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Federico Pugliese; el subsecretario Parlamentario de la Legislatura porteña, Claudio Cingolani; autoridades del CONICET; miembros del Consejo Directivo Nacional de la Alianza y de otras federaciones como FECEP, FAIE y FIPA; autoridades del Sociedad Bíblica Argentina; y pastores de distintas denominaciones.
Christian Hooft, presidente de ACIERA, expresó: “Estamos inmensamente agradecidos a Dios por su fidelidad durante estos 40 años de vida como institución. Como lo revelan estudios del CONICET, más del 15% de los ciudadanos argentinos son cristianos evangélicos. Por la gracia de Dios el pueblo evangélico ha ido creciendo significativamente. Y no solo en números, sino en unidad, inserción social, compromiso de servicio integral a las personas, familias y a la comunidad toda”.
"Creemos firmemente en un Estado laico, es decir, como lo ha expresado nuestra Corte Suprema de Justicia, de neutralidad religiosa. En ese sentido, desde siempre hemos sostenido como principio la separación de la iglesia y el Estado. La iglesia no puede ser ideologizada, caracterizada o estigmatizada como de derechas o de izquierdas, como conservadores o progresistas", subrayó el pastor.
También afirmó que “en este 40 aniversario y de cara al futuro, reafirmamos nuestro amor a Dios, el reconocimiento de su Palabra expresada en la Biblia, como nuestra regla de fe y vida. Y su amor inconmensurable por su creación y por todo ser humano", al tiempo que pidió por "seguir gozando de libertad religiosa en nuestro país, y que finalmente podamos tener una ley de culto que reglamente la personería jurídica de las iglesias y comunidades de fe, reconociendo la igualdad también en este derecho humano". "Alzamos nuestros ojos al cielo con esperanza. El mismo Dios que nos trajo hasta aquí nos llevará a lograr los grandes sueños que preparó de antemano para nosotros y para nuestra amada Argentina”, completó.
El acto incluyó un momento emotivo de homenajes a los pastores fundadores de ACIERA que se encuentran con vida: Juan Pablo Bongarrá, Osvaldo Pupillo, Ignacio Loredo, Erich Wurfel y Amaro Rodríguez. Se recordó mediante la proyección de un vídeo a los pastores fallecidos de todo el país durante la pandemia.
La placa recordatoria por los 40 años de ACIERA fue entregada por los diputados Daniel Arroyo y Alejandro Finocchiaro al presidente Christian Hooft y su vicepresidente, Jorge Sennewald.
Además acompañaron el acto distintos momentos musicales con la interpretación del Himno a cargo del violinista de la Orquesta de la Cámara, y piezas artísticas del Coro Polifónico Nacional Evangélicos dirigido por la profesora Constanza Bongarrá y la solista Miriam Bloise.
La ley de prevención vigente se aprobó en 2015 y tardó 6 años en ser reglamentada. En Argentina, los casos de suicidio en la adolescencia se triplicaron en los últimos 30 años. Proponen que el 10 de septiembre sea una fecha de concientización.
Por José Angel Di Mauro
El 10 de septiembre de cada año se conmemora el “Día Internacional de la Prevención del Suicidio”, instaurado en 2003 por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio, en colaboración con la Organización Mundial de la Salud. Es por eso que en abril de este año, la diputada nacional Dina Rezinovsky propuso declarar esa fecha como “Día Nacional de la Prevención del Suicidio”.
La propia diputada del Pro destaca en su iniciativa que en la Argentina el suicidio es la segunda causa de muerte en la adolescencia después de las lesiones de tránsito. Allí puntualiza que un relevamiento de datos muestra que hubo un aumento de las tasas en las últimas décadas en el país entre los adolescentes de 15 a 19 años.
Por eso sostiene Rezinovsky que “esta fecha es un día especial para poder desarrollar diversas acciones para concientizar sobre el tema, entendiendo que la prevención es posible en la mayoría de los casos de suicidio”.
Representante de la Ciudad de Buenos Aires, esta diputada presentó en la misma época una serie de proyectos relacionados con el mismo tema, como una propuesta para crear una Campaña Nacional de Prevención y Concientización del Suicidio, cuyo objetivo es garantizar la concientización sobre el suicidio para su prevención.
También ha impulsado un proyecto para crear una línea telefónica gratuita con alcance nacional de tres dígitos para la atención de consultas relativas a riesgo suicida, trastornos de depresión y ansiedad, y que esté disponible las 24 horas todos los días del año.
En el Senado hay también iniciativas relacionadas con el tema suicidios, como la del chaqueño oficialista Antonio Rodas, quien propone adherir al Día Internacional para la Prevención del Suicidio que, como dijimos, se conmemora este 10 de septiembre, bajo el lema “crear esperanza a través de la acción”.
La diputada Claudia Gabriela Márquez (Córdoba Federal) impulsa por su parte una ley general de la Salud y del Código Civil de Salud. En esa ambiciosa iniciativa dedica un título a la prevención del suicidio. En el mismo establece, en el artículo 38, que “la autoridad de aplicación debe coordinar su accionar con las áreas y organismos competentes con incumbencia en la materia, con las provincias y con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. Allí propone la capacitación de los recursos humanos en salud y educación para la detección de las personas en situación de riesgo a través de una formación sistemática y permanente; la elaboración de un protocolo de intervención para los servicios del primer nivel de atención de salud y de los de emergencia hospitalaria, y un protocolo de coordinación entre los servicios de salud, la línea telefónica de emergencia y otros ámbitos comunitarios intervinientes, entre otros temas.
El diputado radical correntino Manuel Aguirre ha presentado también un proyecto que apunta a los suicidios. Fue en agosto pasado, cuando propuso implementar una protección electrónica en los puentes, para prevenir suicidios.
La propuesta prevé que todos los proyectos ejecutivos de obras públicas cuenten para su aprobación con medidas de prevención de suicidios, por medio de sensores electrónicos o que cumplan ese objetivo.
En los fundamentos de su iniciativa, el legislador correntino señala que el suicidio como un evento premeditado es el modelo imperante en la valoración del fenómeno suicida. “Sin embargo, existe creciente evidencia de que muchas veces el suicidio se desarrolla con mínima planificación”. A esto se denomina “suicidio impulsivo”, término que ya había empleado el sociólogo, pedagogo y filósofo francés Emile Durkheim allá por 1897.
Aunque no existe una definición estandarizada, se incluye como suicidio impulsivo a aquellos en los que entre la ideación y la ejecución del acto median pocos minutos a pocas horas (no hay base empírica para estos puntos de corte). La mayoría de estudios encuentra que los suicidios impulsivos constituyen más de la mitad de todos los intentos de suicidio.
Aguirre pone el ejemplo del Golden Gate, el puente con mayor número de suicidios en el mundo, en cuyo caso los estudios costo/beneficio y las evidencias de estudios de prevención en lugares semejantes han llevado a que este año se instalen finalmente mallas protectoras a los costados del puente. Lo más importante, destaca el legislador correntino, es que luego de las medidas de prevención, los suicidios no se incrementaron en áreas cercanas como podría pensarse: que al cercar un puente, el suicida en potencia reemplazará la alternativa bloqueada por otra, por lo que supuestamente resultaría inútil esa forma de prevención. Inclusive en un seguimiento a los suicidas frustrados del Golden Gate, se halló que posteriormente no más de 10% conseguían el suicidio.
“La frase ‘el suicida está dispuesto a morir’ representa esta creencia estigmatizante pues en realidad la gran mayoría de suicidas se halla ambivalente entre la vida y la muerte, si logran superar la crisis pueden recuperar su deseo de vivir”, destaca el autor del proyecto para instalar elementos de protección en los puentes.
La diputada sanjuanina Susana Laciar (Producción y Trabajo) presentó en agosto pasado un pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre cuestiones relacionadas a la problemática del suicidio. Quiere saber la diputada de JxC datos estadísticos discriminados por franja etaria; capacitación en los recursos humanos de salud y educación para la detección de las personas en situación de riesgo, a través de una formación sistemática y permanente; planificaciones estratégicas y registros con información estadísticas de los intentos de suicidios y suicidios cometidos, entre otros temas.
La Ley de Prevención del Suicidio lleva el número 27.130 y data del año 2015. Su objetivo es declarar de interés nacional en todo el territorio de la República Argentina la atención biopsicosocial, la investigación científica y epidemiológica, la capacitación profesional en la detección y atención de las personas en riesgo de suicidio y la asistencia a las familias de víctimas del suicidio.
Se estableció en tal norma la obligatoriedad de diseño y acción de diversos planteos en procura de reducir la tasa de mortalidad por suicidio.
Atento a ello es que la diputada Laciar señala que con las estadísticas oficiales vistas nos muestran indicadores que, más allá de algunas variaciones, arrojan un promedio en la última década de 3.177 muertes por suicidio al año, de los cuales más del 50% corresponden a adolescentes y jóvenes de hasta 34 años. “Hoy por hoy, en la Argentina, los suicidios constituyen la principal causa de muerte de personas de entre 15 y 24 años, ubicándose en segundo lugar los siniestros viales”, destaca la legisladora sanjuanina, tal cual indica también Dina Rezinovsky.
Su proyecto precisa que a nivel internacional, la tasa de suicidio en nuestro país se ubica en 8,4 por cada 100 mil habitantes, indicador que prácticamente se mantuvo constante durante la última década. La tasa se encuentra por debajo del promedio mundial (9,1), pero por encima del indicador correspondiente a América Latina y el Caribe (6,19). Esto surge de un estudio elaborado por el Banco Mundial que abarcó casi 200 naciones.
Según cifras oficiales del Ministerio de Salud de la Nación, en 2019 murieron por esta causa 454 argentinos de entre 10 y 19 años.
La diputada María Eugenia Vidal también se ha ocupado del tema en un pedido de informes presentado en junio pasado sobre diversas cuestiones relacionadas con la salud mental. Allí pide conocer, entre otros ítems relacionados con la salud mental un informe detallado sobre la manera como se prevé fortalecer en las provincias la implementación de la ley de prevención del suicidio.
En mayo de 2021, la entonces diputada entrerriana Mayda Cresto propuso para modificar el Código Penal de la Nación, incorporando el artículo 83 bis sobre “instigación al suicidio de una mujer”. Allí establece que “quien instigare a una mujer al suicidio o le prestare ayuda para cometerlo, valiéndose de cualquiera de las siguientes circunstancias, será sancionado con prisión de cinco (5) a siete (7) años”.
Cabe recordar que el Código Penal reprime el delito de instigación al suicidio con prisión de uno a cuatro años, “si el suicidio se hubiese tentado o consumado”.
En este caso la exdiputada entrerriana señala puntualmente los casos de instigación a la mujer teniendo en cuenta que en el ámbito de la violencia de género el suicidio configura un camino de salida falso para las mujeres que sufren violencia machista. El 80% de la población femenina maltratada ha pensado en suicidarse, mientras que un 64% de ellas lo ha intentado, según estudios internacionales de la materia.
También quieren introducir modificaciones al Código Penal en cuanto a instigación al suicidio dos diputadas radicales: Soledad Carrizo (Córdoba) y Roxana Reyes (Santa Cruz), según las cuales el artículo 83 debería quedar redactado de la siguiente manera: “Será reprimido con prisión de uno a cuatro años, el que instigare a otro al suicidio o le ayudare a cometerlo, si el suicidio se hubiese tentado o consumado. El mínimo de la pena se elevará a cinco (5) años y el máximo a 8 (ocho): 1) cuando la víctima sea menor de edad; 2) cuando la víctima sea una persona gestante; 3) cuando la víctima sea mayor de setenta (70) años de edad”.
Como hemos dicho, la Ley Nacional 27.130 de Prevención del Suicidio fue aprobada en 2015. Sin embargo tardó años en reglamentarse, al punto tal que en marzo de 2021 la diputada mendocina Claudia Najul (UCR) presentó un proyecto solicitándole al Poder Ejecutivo Nacional proceder a “reglamentar de forma inmediata” esa norma, “por haber transcurrido hasta el momento 67 meses de haberse vencido el plazo legal para hacerlo”.
Seis meses después, el 9 de septiembre de 2021 el Gobierno de Alberto Fernández reglamentó finalmente esa norma. Pasaron así seis años desde su sanción, en abril de 2015.
Entre sus objetivos, la ley establece “el abordaje coordinado, interdisciplinario e interinstitucional de la problemática del suicidio; el desarrollo de acciones y estrategias para lograr la sensibilización de la población; el desarrollo de los servicios asistenciales y la capacitación de los recursos humanos y la promoción de la creación de redes de apoyo de la sociedad civil a los fines de la prevención, la detección de personas en riesgo, el tratamiento y la capacitación”.
En lo que a asistencia se refiere, la norma dispone que “quien padeció ideaciones y/o conductas suicidas tiene derecho a ser atendido en el marco de las políticas de salud; debiendo priorizarse la asistencia de los niños, las niñas y adolescentes, destacando que la atención, en todos los casos, deberá ser a través de un equipo interdisciplinario, conformado en los términos de la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657”.
Además, indica que las obras sociales, las entidades de medicina prepaga, así como todos aquellos agentes que brinden servicios médicos, asistenciales a sus afiliados y afiliadas, independientemente de la figura jurídica que posean, deben brindar cobertura asistencial a las personas que hayan realizado un intento de suicidio y a sus familias, así como a las familias de quienes hayan consumado el acto de suicidio; debiendo estas prestaciones comprender la detección, el seguimiento y el tratamiento de acuerdo a lo establecido por la autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Salud.
Según datos de 2019 aportados por la OMS, cada año cerca de 800.000 personas mueren por suicidio, siendo la segunda causa principal de muerte entre personas de 15 a 29 años; estimándose que por cada adulto que se suicidó, hay otras 20 personas que lo intentaron.
En tanto, estadísticas de UNICEF, publicadas también en 2019, señalan que en Argentina los casos de suicidio en la adolescencia se triplicaron en los últimos 30 años, cifra que ascendió a 12,7 cada 100.000 adolescentes entre los 15 y los 19 años.
Desde la Sociedad Argentina de Pediatría advierten que sostener algunos mitos como que “hablar del tema incrementa el riesgo” o que “los niños no se suicidan”, dificulta la prevención de estos episodios.
“El suicidio no se comprende en sí mismo como una entidad psicopatológica ni se circunscribe a un padecimiento mental; se entiende como un fenómeno multicausal en el que interactúan factores del orden individual, familiar, social y comunitario”, afirma Nora Poggione, médica pediatra, miembro del Comité de Estudios Permanentes del Adolescente (CEPA) de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP).
La diputada del Pro y secretaria de dicha comisión expresó su enojo a través de las redes al enterarse que el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad mantuvo un encuentro solo con legisladores oficialistas.
La diputada nacional Dina Rezinovsky (Pro – CABA) expresó su malestar en redes sociales al enterarse que miembros del Frente de Todos de la Comisión de Discapacidad – de la cual ocupa el cargo de secretaria – se reunieron con el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, Fernando Galagarra, y no invitaron ni a la vicepresidenta de la comisión, Leonor Martínez Villada, ni a ningún diputado de JxC a participar.
A través de su cuenta de Twitter, expresó: “Que lástima señor @fggalarraga que no hayan invitado a los diputados de @juntoscambioar, sobre todo a la vicepresidenta de la comisión @leonormartinezv y a mí, que soy secretaria de dicha comisión. Es una lástima porque tenemos muchas ganas de escucharlo y que nos escuche”.
“Queremos conocer las conclusiones d las audiencias x la nueva ley d discapacidad, sobre el proyecto d creación del Fondo Nacional para la Cobertura d las Prestaciones Básicas d Atención Integral a favor d las PCD. Y queremos que conozca nuestros proyectos en favor de las PCD”, agregó en otro tuit.
Por su parte, Galagarra había publicado: “Me reuní con diputadas y diputados de la Comisión de Discapacidad de Diputados para charlar sobre el Certificado Único de Discapacidad y otros temas que nos ocupan, en función de la realidad de las personas con discapacidad”, y sumó: “Cada encuentro con las y los legisladores, nos posibilita mejorar la articulación entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo Nacional”, lo cual despertó el malestar de la diputada del Pro.
La legisladora del Pro Dina Rezinovsky presentó un proyecto de declaración para expresar el “más profundo repudio ante la decisión de la Corte Suprema de Santa Fe” por cancelar la condena al femicida Manuel Mansilla.
Tras conocerse la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe de anular la condena de 21 años de prisión contra Manuel Mansilla por el asesinato de Chiara Páez ocurrido en el 2015, un grupo de diputados, encabezados por Dina Rezinovsky (Pro), presentaron un proyecto para expresar su profundo repudio por el fallo.
“Expresar su más profundo repudio ante la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe que anula la condena a 21 años y 6 meses de prisión contra Manuel Mansilla, femicida de Chiara Páez, caso que ha originado el reclamo de ‘Ni Una Menos’ cuando fue asesinada a golpes cursando un embarazo en el 2015 en Rufino, Santa Fe”, solicitaron.
En tanto, relataron en la iniciativa: “La muerte de Chiara Páez movilizó al país en el año 2015. Tenía 14 años y estaba de novia con Manuel Mansilla. Chiara estaba embarazada. El sábado 9 de mayo del 2015 ocurrió el trágico final de su vida a manos de su propia pareja y padre de su hijo”.
“Este hecho conmocionó a la sociedad y nos puso de frente a una durísima realidad de violencia. Su caso originó el movimiento que hoy es internacional: ‘Ni Una Menos’. Esa convocatoria fue lanzada por redes sociales como un hartazgo y un llamado de atención ante tan estremecedor caso de violencia de género”, recordaron.
En consecuencia, cuestionaron: “La Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe ha dado lugar a un recurso presentado por la defensa de Mansilla para que se lo juzgue como menor de edad, lo que no solo vuelve hacia atrás la causa, sino que reduciría la pena del femicida a 15 años provocando que en unos pocos meses ya pueda gozar de salidas transitorias por estar por cumplir la mitad de ese tiempo”.
En ese sentido, señalaron que “esta decisión no hace más que mostrar el abandono que hay a las víctimas por parte no solo del sistema judicial sino del Estado como gran ausente después de 7 años de este doloroso caso”.
Acompañan con su firma los diputados María Eugenia Vidal, Federico Angelini, Soher El Sukaria, Silvia Lospennato, Alfredo Schiavoni, Carolina Castets, Pablo Torello, Camila Crescimbeni, Gustavo Hein, Ana Clara Romero , Karina Bachey, Roxana Reyes, Ximena García, María Sotolano, Héctor Stefani , Victoria Morales Gorleri, Laura Machado, María Luján Rey, Mercedes Joury y Matías Taccetta.
PD-Repudio-fallo-Chiara-PaezLa diputada Dina Rezinovsky presentó un proyecto de declaración que rechaza las declaraciones discriminatorias de la dirigente hacia los evangélicos.
La diputada nacional Dina Rezinovsky (Pro) presentó un proyecto de declaración en el que expresa su repudio a los dichos discriminatorios de la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, contra las personas que profesan el culto evangélico.
"En tiempos de atropellos a la libertad religiosa, en una entrevista en radio FM La Patriada, Hebe de Bonafini dijo: 'El pueblo de Brasil es muy difícil. No sé si porque existe mucho analfabetismo, o por los evangelistas que te pudren la cabeza como los macristas. Son muy peligrosos'", señaló la legisladora.
Para la porteña, "estas declaraciones son un reflejo de la discriminación sistemática a los cristianos evangélicos y, en general, a las personas que profesan la fe cristiana".
"Es importante señalar que nuestra Constitución Nacional protege y ampara la libertad religiosa y que sus dichos vulneran este derecho y constituyen una grave amenaza a la convivencia social bajo una explícita discriminación religiosa que amenaza a este derecho humano", sostuvo.
Además, Rezinovsky agregó: "Es importante señalar que según la Segunda Encuesta Nacional sobre Creencias y Actitudes Religiosas en Argentina, realizada por el CONICET, la República Argentina cuenta con un 15,3% de habitantes pertenecientes a la religión evangélica".
La iniciativa fue acompañada por sus pares Waldo Wolff, Pablo Torello, Omar de Marchi, María Luján Rey, Hernán Berisso, David Schlereth, Estela Regidor, Karina Banfi, Gisela Scaglia, Lidia Ascarate, Carmen Polledo, Juan Aicega, Silvia Lospennato, Ricardo Buryaile, Adriana Ruarte, Atilio Benedetti, Ingrid Jetter, Gerardo Cipolini, Gonzalo del Cerro, Virginia Cornejo, Ximena García, Juan Aicega, Fabio Quetglas, Alicia Fregonese, Graciela Ocaña, Gustavo Hein, Alberto Asseff, José Núñez, Carolina Castets, Jorge Vara, Martín Grande y Martín Maquieyra.
“Usaron como insulto una y otra vez la palabra ‘gorda’”, se quejó Dina Rezinovsky, que replicó: “Se llenan la boca de ‘defensa a las mujeres’”, pero le dijeron todo tipo de calificativos por pensar “distinto”.
Su discurso contra el aborto fue uno de los más enfáticos. Desafiante, dijo que la “marea verde” es “un simple charquito”, y fue más allá al denunciar que “con la billetera están comprando diputados oficialistas”. Pero su encendida postura le valió críticas severas en las redes sociales, que fueron más allá de su postura frente al tema del aborto, pues la atacaron con dureza por su condición física.
Integrante de la comunidad evangélica, Dina Rezinovsky publicó este sábado una serie de tuits en los que planteó con crudeza la manera como fue atacada en los últimos días por su postura en el debate sobre el aborto, y dijo “BASTA”.
“Es muy difícil para mí hacer este posteo. Son más de 20 años de luchar contra una realidad por la que pasan más de 2,5 millones de argentinos: la obesidad”, arrancó la legisladora del Pro, señalando que “en estos días en los que por decir mis verdades (y las de millones en todo el país) tuve mayor exposición en los medios y las redes, una palabra que usaron como insulto y que se repitió una y otra vez fue la palabra: GORDA.
Rezinovsky expresó entonces: “Se llenan la boca de ‘defensa a las mujeres’, ‘sororidad con las compañeras’, ‘#NiUnaMenos’, pero a la que piensa distinto: dinAsaurio, gorda, obesa y otros insultos que no puedo reproducir por ser crueles”.
“Yo necesito y tengo que ponerme en el lugar de las adolescentes y niñas que pasan por lo que yo pasé. Que quizás nunca tengan que exponerse públicamente como yo, pero a las que si me afectan cuando las llaman así a diario”, expresó la diputada evangelista, que sostuvo a continuación que “como sociedad tenemos que dejar de caratular al otro por su condición, menos con una enfermedad como lo es la obesidad. Y sobre todo, por las consecuencias trágicas que puede traer en las personas que lo sufren”.
La diputada de Juntos por el Cambio continuó: “Gracias a Dios yo tengo un entorno que me rodea de amor y pude tolerar los ataques de estos días porque sé que no me definen, pero además porque sé quién soy y la lucha que llevo”, y agregó: “Ojalá nunca más una persona tenga que sufrir un insulto por ser gordo. Ojalá quienes insultan maduren y eleven su discurso a debatir ideas y no insultar personas”.
Dina Rezinovsky concluyó advirtiendo que “a un par de ellos los denunciaré ante el @inadi. Espero tener suerte”.
Lo dijo Dina Rezinovsky (Pro), integrante de la comunidad evangélica. Consideró que la “marea verde” es “un simple charquito”.
La diputada del Pro Dina Rezinovsky calentó el debate del proyecto de aborto legal en la Cámara baja y advirtió que el oficialismo “está comprando” votos a favor “con la billetera”.
“Con la billetera están comprando diputados oficialistas. Me frustra saber que están dando vuelta diputados”, resaltó la legisladora macrista.
En el recinto, Rezinovsky apuntó a los legisladores que están a favor de la interrupción voluntaria del embarazo y lanzó: “Cínicos son ustedes en decirles a las mujeres que la única salida es el aborto”.
“Lamentablemente, están hablando de un derecho a decidir y muchas mujeres no tienen derecho a decidir, porque cuando va a la salita le preguntan ‘¿Lo querés tener?’, y la están empujando al aborto”, consideró la diputada.
A su entender, “el aborto no es un derecho; derecho es tener un trabajo, derecho es que la inflación no te ahogue los sueños”.
“Esa marea (verde) de la que hablan es un simple charquito”, enfatizó, al cuestionar a los militantes a favor del aborto.
Integrante de la comunidad evangélica, Rezinovsky agregó: “Yo no voy a hablar desde la religión, aunque bien podría hacerlo, pero si tanto les molesta Dios, sáquenlo de la Constitución”.
Cuatro legisladores de diferentes credos proponen que sea el 21 de septiembre, en consonancia con el Día Internacional de la Paz.
La diputada nacional Dina Rezinovsky (Pro) presentó junto a sus pares Victoria Morales Gorleri, Waldo Wolff y Soher El Sukaria un proyecto de ley para declarar al 21 de septiembre como el "Día Nacional de Oración en Argentina".
Con las firmas de Rezinovsky, quien profesa el culto evangélico; Morales Gorleri, en representación del catolicismo; Wolff, del judaísmo; y El Sukaria, quien practica la religión musulmana, en la iniciativa se encuentran representados los distintos credos que conviven en el país y en el mundo como lo son el judaísmo, el protestantismo, el catolicismo y el islam.
La elección de la fecha obedece al Día Internacional de Oración por la Paz que coincide con el Día Internacional de la Paz de Naciones Unidas.
El proyecto pone de manifiesto "uno de los fines en común a todas las religiones es un mundo en paz. Religiones y culturas en diálogo para que esa anhelada paz mundial deje de ser un deseo y se traduzca en momentos de profunda unión entre las naciones y sus credos religiosos".
Según la Segunda Encuesta Nacional sobre Creencias y Actitudes Religiosas en Argentina, realizada por el CONICET y publicada en noviembre del año 2019, el país cuenta con un 62,9% de católicos y un 15,3% de habitantes pertenecientes a la religión evangélica. Esto da un total de 78,2% sobre el total de la población, es decir, la gran mayoría.
Dentro de la misma encuesta se especifican otras religiones, como son la religión judía y la musulmana que representan el 1,2% de la población, completando casi un 80% de los argentinos que se identifican con alguna de estas cuatro religiones monoteístas.
"El ser humano es un ser bio, psico, social y espiritual. En este tiempo de encierro, de aislamiento social, preventivo y obligatorio, la fe en un ser superior se vuelve una fuente de tranquilidad y paz. Mientras las familias están atravesando momentos difíciles desde lo económico, rompiendo la calma entre los que conviven bajo el mismo techo; mientras hay cada vez más comerciantes quebrados y trabajadores desempleados, donde se perdieron libertades y se vulneran los derechos fundamentales; la oración ayuda a renovar fuerzas y atravesar las dificultades", enfatizaron.
Finalmente, expresaron que "en estas circunstancias tan difíciles, la unión espiritual de nuestro pueblo se torna imperiosamente necesaria para llevar paz a cada uno de los hogares".
Dina Rezinovsky presentó un proyecto de declaración y enfatizó que "cuesta pensar" que esos hechos "estén sucediendo en plena democracia".
La diputada nacional Dina Rezinovsky (Pro) repudió el accionar de un grupo de efectivos de la Policía de la provincia de Chaco, en la ciudad de Fontana, quienes atacaron violentamente a integrantes de la comunidad Qom en el marco de un operativo realizado durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia Covid-19.
"El pasado 30 de mayo trascendió un vídeo de un operativo policial realizado en la localidad de Fontana, provincia de Chaco, donde se observa cómo de forma violenta efectivos de la fuerza reprimieron a la familia Qom que se encontraba en el interior de una vivienda, propinándoles golpes de puño, arrastrándolos por el suelo y amenazándolos con las armas de fuego, todo esto ante la presencia de menores de edad", señaló la legisladora.
Además, recordó que se conoció, "por el testimonio de las víctimas de estos hechos brutales, que una vez trasladados a la Comisaría, fueron torturados y rociados con alcohol".
"Cuesta pensar que imágenes como la de estos vídeos estén sucediendo en plena democracia ya que las mismas nos remiten a una etapa oscura de la historia de nuestro país que, como sociedad, decidimos dejar atrás", agregó en los fundamentos.
La iniciativa fue acompañada por sus pares de Juntos por el Cambio Karina Banfi, Mónica Frade, Sofía Brambilla, Soher El Sukaria, Federico Angelini, María Luján Rey, Ingrid Jetter, Alberto Asseff, Emiliano Yacobitti, Álvaro de Lamadrid, Fernando Iglesias, Federico Zamarbide, Mario Arce y Estela Regidor.