El proyecto busca incorporar al Código Penal un artículo que garantice que llevar dinero en efectivo por el territorio nacional no implique presunción de ilícito, salvo que existan pruebas objetivas. La iniciativa surge ante la inflación y las dificultades cotidianas para operar con billetes.
El diputado nacional Oscar Agost Carreño presentó un proyecto de ley que apunta a modificar el Código Penal Argentino para evitar que el simple traslado de dinero en efectivo sea considerado indicio de delito. La propuesta incorpora el artículo 304 bis, que establece que la tenencia o traslado de efectivo por montos inferiores a 50 salarios mínimos, vitales y móviles (SMVM) no podrá ser motivo de sospecha ni requerirá acreditar el origen lícito de los fondos, salvo que existan elementos objetivos que indiquen la comisión de un ilícito.
En caso de superar ese límite, la autoridad competente podrá solicitar documentación que pruebe la licitud del dinero, pero solo si hay indicios concretos. El secuestro de fondos quedará restringido a situaciones donde se cumplan esas condiciones.
Agost Carreño argumenta que la iniciativa responde a la realidad económica argentina, marcada por una inflación acumulada del 7.652% entre 2017 y 2025, que pulverizó el poder adquisitivo de los billetes. “Hoy, el billete de mayor denominación apenas alcanza para comprar dos kilos de carne o diez litros de leche”, señala el legislador, quien advierte que esta situación obliga a los ciudadanos a trasladar grandes cantidades de billetes para operaciones cotidianas.
El diputado también cuestiona la vigencia de normas como la Ley 25.345, que exige bancarizar operaciones superiores a mil pesos, monto que no se actualizó pese al contexto inflacionario. “Esto genera problemas para la vida diaria y expone a ciudadanos comunes a imputaciones por lavado de activos o evasión tributaria”, subraya.
Casos judiciales y antecedentes
El proyecto cita fallos como el de la Cámara de Casación Penal en la causa “Plehm”, donde se cuestionó el secuestro de dinero sin indicios previos de delito. Además, especialistas en derecho penal sostienen que la mera posesión de efectivo no configura ilícito y que exigir demostrar su origen sin causa concreta vulnera principios legales.
La propuesta busca dar certeza jurídica tanto a ciudadanos como a fuerzas de seguridad y magistrados, estableciendo un criterio claro: trasladar dinero no es delito per se. “Se trata de garantizar derechos y evitar excesos, sin limitar las facultades para investigar operaciones sospechosas”, concluye Agost Carreño.
Para el diputado Agost Carreño, esta medida es necesaria debido a la alta inflación y la devaluación de la moneda, que han obligado a los ciudadanos a manejar grandes volúmenes de efectivo para realizar transacciones cotidianas.
El diputado nacional de Hacemos Coalición Federal Oscar Agost Carreño presentó un proyecto de ley que busca eliminar la presunción de delito en el traslado de dinero en efectivo dentro del territorio argentino.
La iniciativa, respaldada por los diputados Carlos Fernández, Ignacio García Aresca, Carlos Gutiérrez y Alejandra Torres, propone la incorporación del artículo 304 bis al Código Penal Argentino.
El nuevo artículo establece que la tenencia o traslado de efectivo hasta 50 salarios mínimos no debe considerarse indicio de delito, ni requerirá probar el origen lícito de los fondos, salvo que existan otros elementos objetivos que sugieran actividad ilícita. Si el monto supera dicho límite, la autoridad competente podrá solicitar pruebas del origen lícito del dinero, pero solo si existen sospechas razonables de su ilicitud.
El diputado Agost Carreño argumentó que esta medida es necesaria debido a la alta inflación y la devaluación de la moneda, que han obligado a los ciudadanos a manejar grandes volúmenes de efectivo para realizar transacciones cotidianas. Además, destacó que la actual normativa, que exige la bancarización de operaciones superiores a mil pesos, no refleja la realidad económica del país y genera inconvenientes injustificados para los ciudadanos.
El proyecto también busca aliviar la carga sobre los ciudadanos que, al ser detenidos en controles rutinarios con dinero en efectivo, enfrentan la posibilidad de ser imputados injustamente por delitos como lavado de activos o evasión tributaria. Sin embargo, el espíritu del mismo no radica en convalidar la circulación indiscriminada de efectivo ni menoscabar las atribuciones de los organismos competentes para investigar evasiones tributarias o delitos financieros. La propuesta apunta a brindar mayor claridad y certidumbre tanto a la ciudadanía como a las fuerzas de seguridad y a las autoridades judiciales sobre cómo actuar en estas situaciones.