Se trata de Mónica Frade, quien durante el debate sobre el proyecto de compra de vacunas contra el Covid también habló del ibuprofeno inhalable. “Me pregunto por qué el Gobierno argentino le está negando al pueblo argentino esas alternativas”, dijo.
Hacia el final del debate sobre el proyecto relacionado a la vacuna contra el Covid-19 en la Cámara de Diputados, sorprendió el discurso de Mónica Frade (Coalición Cívica), quien se preguntó “por qué el Gobierno argentino le está negando al pueblo argentino alternativas” como el dióxido de cloro o el ibuprofeno inhalable.
Frade se expresó así antes de abstenerse en la votación del proyecto que establece condiciones, en los futuros contratos a suscribir con los laboratorios, para la adquisición de la vacuna contra el coronavirus.
“Tengo la sensación de que estamos siendo extorsionados por la dictadura de las empresas farmacéuticas”, lanzó la legisladora por Buenos Aires.
Agregó que “en nuestro país tenemos un doble problema, porque es cierto que tenemos el virus, pero también es cierto que tenemos un gobierno que hace siete meses tiene enrejado al país, y con eso no ha demostrado que pueda evitar estar en el primer lugar de muertes por habitantes en el mundo”.
“Escuché que la única solución es la vacuna. Yo los exhorto a que se contacten con el alcalde de San José de Chiquitos, en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), que ha utilizado métodos alternativos y que hoy no tiene en su ciudad ni un caso de Covid”, aseguró.
Frade insistió en que “tendríamos que mirar otros ejemplos, países latinoamericanos que, por ejemplo, tienen autorizado el uso de dióxido de cloro, o provincias argentinas que tienen autorizado el ibuprofeno inhalable, y que con eso minimizan las consecuencias de un virus que es tremendo, que tiene un alto nivel de contagiosidad”.
“Me pregunto por qué el Gobierno argentino le está negando al pueblo argentino esas alternativas para minimizar los daños del virus”, planteó la diputada.
Finalmente, concluyó: “Exhorto a que hablemos con información, porque todos han dicho que desconocemos las consecuencias de la vacuna. Exhorto a que escuchemos todas las voces y todas las experiencias de países hermanos”.
Los diputados de Vamos Juntos impulsaron un proyecto de ley a través del cual solicitan que quienes comercialicen ese producto le coloquen etiquetas que adviertan sobre su nocividad en la salud.
Después de una seguidilla de muertes en el país ocasionadas por el consumo de dióxido de cloro y clorito de sodio, los legisladores de Vamos Juntos presentaron en la Legislatura porteña una iniciativa para que los proveedores, importadores, fabricantes, distribuidores y comerciantes que exhiban y/o expendan esos productos incluyan en los mismos una etiqueta que advierta que la ingesta del mismo puede “causar graves problemas de salud o la muerte”.
El proyecto de ley también plantea que los responsables de los sitios de expendio de estos productos deben asegurar que en el lugar destinado a su exhibición o publicación se encuentre colocado un cartel o aclaración con la leyenda “producto toxico”, a fin de que los consumidores puedan conocer los riesgos de su manipulación.
Al mismo tiempo que prevé unas modificaciones en el Régimen de Faltas, a fin de que quienes no cumplan con la normativa –en caso de que esta se apruebe- sean sancionados con una multa de 250 unidades fijas, que equivaldría a 5.350 pesos, y el decomiso de la mercadería. Asimismo establece que el Poder Ejecutivo deberá organizar campañas de difusión pública tendientes a informar y prevenir sobre los riesgos y/o peligrosidad de la ingesta del dióxido de cloro y clorito de sodio.
En los fundamentos de la medida los oficialistas advirtieron que “el dióxido de cloro es un derivado del clorito de sodio (solución al 28% en agua destilada); ambos son peligrosos productos químicos que en los últimos meses han sido erróneamente difundidos como prevención y/o cura del Covid 19, entre otras enfermedades” e insistieron en que “lejos de ser soluciones, estas fórmulas similares al cloro utilizadas para desinfectar, descontaminar y blanquear, resultan un riesgo para la salud y no deben ingerirse bajo ninguna circunstancia”.
A su vez remarcaron que “no existe comprobación científica ni estudio médico que avale un tratamiento exitoso con estos componentes, mientras que sí se han publicado informes de toxicidad y, por ende, no están autorizados como medicamentos” y alertaron acerca de que “la ingesta de dióxido de cloro o clorito de sodio puede producir deterioro en los tejidos humanos, irritación en el estómago, esófago, náuseas, vómitos, diarrea y complicaciones severas como falta de oxigenación de los órganos y graves trastornos que provocan la muerte por falla multiorgánica”.
Los diputados también recordaron que “en agosto se conocieron dos casos en nuestro país de personas fallecidas luego de consumir dióxido de cloro: un niño de cinco años en Neuquén (sus padres le dieron el líquido) y un hombre de 51 años en Jujuy. Ambos sufrieron un paro cardiorrespiratorio” y destacaron que “previamente, en Mendoza, al menos dos mujeres, de 33 y 36 años, presentaron un cuadro severo de intoxicación con el mismo antecedente”.
“A la espera de una cura oficial y autorizada para el coronavirus, la única manera de prevenir el contagio es quedarse en casa”, argumentaron y concluyeron afirmando que “el objetivo de este proyecto es informar el correcto uso de estos productos, y alertar a los vecinos de la Ciudad para que sepan los riesgos a los que se enfrentan, más allá de cualquier consejo o recomendación falsa, sin sustento científico”.
La medida lleva la firma de los legisladores Daniel Del Sol, Mercedes De Las Casas, Cristina García, Guillermo González Heredia y Paola Michielotto (VJ).
