El bloque de diputados del FdT presentó un pedido de juicio político al Procurador General de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Julio Conte Grand, en el marco de una acusación de mal desempeño en el ejercicio de sus funciones.

Lo anunciaron en una conferencia de prensa el presidente del bloque, el diputado de Olavarría César Valicenti, junto al vicepresidente de la Cámara el diputado massita Rubén Eslaiman y la diputada Susana González, última presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia.

Conforme marca el inciso 2 del art. 73 de la Constitución bonaerense, es competencia de la Cámara de Diputados acusar ante el Senado a distintos funcionarios provinciales por delitos en el desempeño de sus funciones o falta de cumplimiento de los deberes a su cargo.

En el texto presentado por los 43 legisladores del oficialismo, se detallan elementos salientes, para avanzar en el juicio político, tales como “la pertenencia partidaria del Procurador General a la fuerza opositora Juntos y su subordinación funcional a los líderes de ese espacio político, expresadas en la foto tomada a Julio Conte Grand almorzando junto al ex presidente Mauricio Macri el pasado 9 de diciembre”.

Otro elemento que se menciona es “la manifiesta persecución judicial montada desde estructuras del Ministerio Público del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, sostenida e impulsada desde el orden nacional con instalaciones en territorio bonaerense y producción de inteligencia ilegal”.

Y por último también se señala como causante del inicio de la investigación “la efectiva instrumentalización del Ministerio Público bonaerense para llevar adelante un plan de persecución judicial a gremialistas, que dejó en evidencia el video que tomó estado público el pasado 27 de diciembre”.

La presentación contra el jefe de los fiscales bonaerenses se suma a declaraciones públicas de distintos dirigentes y referentes políticos y sociales luego de conocerse el video en el que el exministro de Trabajo de María Eugenia Vidal, Marcelo Villegas, expresa su deseo de armar una “Gestapo” antisindical, implicando además de a otros funcionarios de su gobierno, a empresarios y agentes de la AFI.

Al respecto, titular de la bancada del oficialismo César Valicenti señaló que “hemos sido testigos las y los bonaerenses, las y los argentinos en el periodo 2015-2019 de una dinámica política, mediática y judicial de la que fue víctima la sociedad en su conjunto, porque sin ese método de persecución, disciplinamiento y espionaje no se podría haber avanzado en un proyecto económico, político y de una mirada de función del estado”.

“La Provincia no estaba exenta de ese mecanismo cuyo fin último era disciplinar a la sociedad organizada para que no tenga niveles de crítica contra el modelo de fuga de capitales, endeudamiento, destrucción del aparato productivo e intento de eliminación de la política que se ejecutó durante 4 años”, agregó el diputado de La Cámpora.

Para terminar, el jefe de los diputados del oficialismo dijo que “como representantes del pueblo tenemos el deber de avanzar con el juicio político, mecanismo que nos confiere la Constitución provincial, al Procurador General Julio Conte Grand, involucrado como actor clave en este proceso”.

Por su parte, Susana González consideró que “en esta provincia, con la aprobación de María Eugenia Vidal y Cristian Ritondo, se sentaron bases de la AFI cuyo objetivo era investigar, perseguir, encarcelar a actores que tenían que ver con la política, el sindicalismo y las organizaciones sociales, incluso a estudiantes secundarios y hasta a familiares del submarino ARA San Juan”.

También añadió que “la filmación que se dio a conocer no es más que una pequeña parte de todo lo desplegado por la mesa judicial, de lo que el gobierno de Macri y de Vidal realizaron en nuestra provincia, en un intento de disciplinamiento a jueces, juezas, fiscales y fiscalas, cuando no querían fallar conforme a los intereses del modelo político y económico del ex presidente y de la ex gobernadora”.

“Desde nuestro bloque avalamos por unanimidad este pedido de juicio político a Conte Grand para decir basta de atropellos, de espionaje y de Gestapo”, dijo el diputado Rubén Eslaiman.

“El accionar del Procurador General es incompatible con la autonomía y la independencia del desempeño del Ministerio Político y por ello estamos aquí dando curso a la máxima instancia que nos brinda la Constitución bonaerense, a los fines de buscar la respuesta que el pueblo se merece y por lo tanto vamos a buscar consensos con los demás bloques políticos”, agregó el diputado de San Martín.

A su vez, los legisladores adelantaron que se pedirán oficios a la AFI y se citará a declarar a dirigentes políticos, gremiales, funcionarios y ex funcionarios, entre ellos a Gabriel Vitale, Enrique Ferrari, Pablo y Hugo Moyano, Natalia Roussillon, Cristina Caamaño, Roberto Cipriano García, Gustavo Ferrari, Marcelo Villegas, Adrián Grassi, Julio Garro, Juan Sebastián De Stéfano y a Juan Pablo Allan.

“En nuestro carácter de representantes del pueblo de la provincia de Buenos Aires y tras haber tomado conocimiento de situaciones de inusitada gravedad institucional en las que incurrió el Procurador General de la Suprema Corte de Justicia Julio Conte Grand, nuestra facultad se transforma en un imperativo legal y moral”, sostiene la argumentación que acompaña el pedido de los diputados del FdT.

En ese sentido, el principal referente del massismo y vicepresidente de la Cámara de Diputados bonaerense Rubén Eslaiman dijo “con esta ley vendrá alivio fiscal a la clase media trabajadora y jubilados de todo el país”.

Para ello, el bloque del oficialismo en la provincia de Buenos Aires presentó un proyecto para respaldar la propuesta que eleva el monto mínimo de la base imponible del Impuesto a las Ganancias, además de ampliarse las deducciones del mismo, beneficiando de esta manera a gran cantidad de trabajadores/as y jubilados/as de nuestro país.

En esta oportunidad, la modificación se centra en no sólo actualizar dichos montos sino en darle al tributo un aspecto más progresivo, equitativo y justo a los sectores que por el paso del tiempo e impronta numérica quedan incluidos, desnaturalizándose así el concepto que representa esta deducción, no sólo para asalariados sino también a jublidaos/as.

Tal como explica en los fundamentos, para fines del año 2020, el Impuesto a las Ganancias afectaba a unas 2,3 millones de personas, es decir, el 25,6% del total de los contribuyentes en relación de dependencia.

Con la actualización anual del impuesto de acuerdo a la ley vigente a partir de enero de este año, 300 mil trabajadores dejan de estar alcanzados por el tributo siendo en el caso de los solteros, el piso de $ 74.810 mientras que casados con dos hijos es de $ 98.963.

Con la propuesta del líder del Frente Renovador la cantidad de trabajadores y jubilados que dejarían de pagar el impuesto se incrementaría a más de 1.267.000.

“En este 2021 el objetivo del gobierno es seguir poniendo a la Argentina de pie, y dejar atrás el freno que nos generó la pandemia del COVID-19, por eso es importante que existan mecanismos para reactivar la economía, y uno de ello es sin dudas el impuesto a las ganancias”, expresó el diputado massista en el FdT, Rubén Eslaiman.

Y concluyó: “Es por eso que desde la Legislatura de la provincia de Buenos Aires respaldamos la iniciativa del Gobierno nacional que beneficia a 569 mil empleados y jubilados bonaerenses quienes dejarían de pagar el impuesto y que generará un impulso en el consumo y un alivio a la presión fiscal”.