Los mandatarios aseguraron que serán una “oposición sana” y que las designaciones de dirigentes del espacio en el próximo gobierno, si se concretaran, son “decisiones individuales”.
No exenta de cruces y reproches, se realizó este martes una cumbre entre los diez gobernadores de Juntos por el Cambio con los diputados y senadores nacionales por ese espacio, donde conviven diferencias respecto de la relación con el gobierno entrante de Javier Milei.
Los mandatarios provinciales les pidieron a los bloques legislativos mantener la unidad en el Congreso, algo que en los últimos días asomaba más complicado de pensar en la Cámara baja, donde a partir del nombre de Cristian Ritondo sonando como posible presidente del cuerpo, el Pro estaría más cerca de una alianza parlamentaria con los libertarios. Sin embargo, todavía nada está confirmado.
Tras la cumbre, los gobernadores ratificaron la postura de la coalición como oposición y rechazaron el co-gobierno, pese a que también la presidenta del partido amarillo, Patricia Bullrich, es mencionada como eventual ministra de Seguridad. Dijeron que, en todo caso, si hubiera designaciones de dirigentes de JxC se tratará de “decisiones individuales”.
En declaraciones a los medios, el jefe de Gobierno electo, Jorge Macri, destacó: “La decisión que hemos tomado los gobernadores es la de sostener y afianzar la unidad de JxC. Vamos a gobernar de esa manera, vamos a defender la representatividad que tenemos con la gente que nos votó”.
“El resultado nacional (en octubre) fue adverso, no logramos ganar desde Juntos por el Cambio, pero logramos muchas gobernaciones e intendencias. Queríamos transmitirles a los diputados y senadores nacionales nuestra voluntad de sostener la unidad y pedirles a esos legisladores que encuentren los mecanismos en cada cámara para sostener esa unidad”, señaló.
Sobre las posibles incorporaciones de dirigentes del Pro a la gestión de Milei, el porteño respondió que “es valioso que haya un gobierno nacional que valore a algunos dirigentes nuestros, pero esa incorporación, si se hace, se hará a modo personal”. “Creemos que es mejor que haya un gobierno nacional con los mejores hombres y mujeres que pueda sumar, pero es una decisión que no se toma desde Juntos por el Cambio”, insistió en aclarar.
En esa línea, el primo de Mauricio Macri reiteró que “JxC es alternativa y una sana oposición, que escuchará las propuestas que tenga para hacer el gobierno nacional, pondrá límites, control o acompañará cuando sea necesario”.
No obstante, admitió que aunque el espacio “está unido” eso “no quiere decir que haya unanimidad, hay diferencias en un montón de cosas”. “La CC-ARI tomó una decisión anterior de salir de JxC”, dijo sobre la ausencia del partido de Elisa Carrió, que retomó su autonomía tras el triunfo de Milei y luego que la gran parte del Pro haya apoyado al libertario en el balotaje.
Otro de los gobernadores del Pro que habló fue Rogelio Frigerio, quien expresó: “Creemos que en este momento de tanta confusión, de tanta incertidumbre, la unidad de nuestro espacio, que es una alternativa, es muy importante”.
El entrerriano habló de “apoyar los cambios que vayan en línea con nuestras ideas y los valores de JxC” durante la nueva gestión, pero remarcó que “las incorporaciones al gobierno que se inicia del 10 de diciembre de dirigentes de JxC, que las vemos bien porque es un gobierno que entra sin experiencia, no son decisiones institucionales ni orgánicas de JxC”.
También en diálogo con la prensa instalada a la salida del encuentro, que se realizó en en el Club Alemán de Equitación, ubicado en el barrio de Palermo, el correntino Gustavo Valdés aseguró que “JxC va a mantener la unidad” porque “no nos eligieron para co-gobernar”.
“Hubo una segunda vuelta y mucho de nuestro electorado acompañó al gobierno de Javier Milei, pero por ahora esas decisiones van a ser individuales”, añadió el radical, que igualmente pidió “esperar al 10 de diciembre” para ver quiénes son designados dentro de la nueva gestión.
En las elecciones de este año, a lo largo y ancho del país, los mandatarios de la coalición opositora pasaron de ser 4 a 10. Cinco de ellos son de la UCR, Alfredo Cornejo (Mendoza), Gustavo Valdés (Corrientes), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Leandro Zdero (Chaco) y Carlos Sadir (Jujuy); tres del Pro Ignacio “Nacho” Torres (Chubut), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Jorge Macri (CABA); y dos de partidos provinciales aliados Claudio Poggi (San Luis) y Marcelo Orrego (San Juan).
A días del comienzo del nuevo gobierno, los mandatarios mantendrán un encuentro con sus legisladores. En Diputados, a la espera de qué sucederá con el Pro, el futuro del interbloque es una incógnita.
Los gobernadores de Juntos por el Cambio mantendrán este martes al mediodía un encuentro con senadores y diputados nacionales actuales y electos. La cumbre será en el Club Alemán de Equitación, ubicado en el barrio de Palermo.
En las elecciones de este año, a lo largo y ancho del país, los mandatarios de la coalición opositora pasaron de ser 4 a 10. Se trata de Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio “Nacho” Torres (Chubut), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gustavo Valdés (Corrientes), Claudio Poggi (San Luis), Marcelo Orrego (San Juan), Carlos Sadir (Jujuy), Leandro Zdero (Chaco), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri (CABA).
Tras la victoria de Javier Milei en el balotaje, los gobernadores de JxC emitieron un comunicado en el que señalaron que el rol de los bloques legislativos de ese espacio “será determinante en la próxima gestión nacional”, ante lo cual expresaron su convencimiento de “la necesidad de trabajar en conjunto con los representantes de nuestras fuerzas en el Congreso de la Nación en una estrategia política común”. “Nuestra decisión es la de contribuir con la gobernabilidad de la Argentina, pero también sabemos que parte de nuestro rol es controlar la gestión del futuro gobierno”, agregaron.
A partir de las elecciones de octubre, Juntos por el Cambio quedó con 93 miembros en la Cámara baja para los próximos dos años. Sin embargo, a partir del apoyo de un sector mayoritario del Pro a la candidatura de Milei, el futuro del interbloque es una incógnita.
Aún cuando no se resuelve quién será el presidente de la Cámara, lo cual será clave para ver de qué manera queda la alianza de los “halcones” con los libertarios, ya hay quienes piensan en la conformación de un nuevo interbloque “de centro” que reúna lo que quede de JxC sin los macristas que se vayan con el nuevo oficialismo. En la construcción de ese espacio trabajan Emilio Monzó y Nicolás Massot.
Por el lado del Senado, JxC quedó con 24 integrantes, de los cuales cuatro senadores del Pro se posicionarían como aliados de La Libertad Avanza, que tendrá apenas una bancada de 7 miembros.
Los legisladores de la oposición advirtieron que el ministro de Economía y candidato presidencial de UP incumplió con la cláusula que establecía mandar un recálculo en el caso que la inflación superara el 60%.
En medio de la campaña electoral y tras el fuerte salto de la inflación, que registró en agosto 12,4%, la más alta en los últimos 32 años, diputados de Juntos por el Cambio presentaron un pedido para que se interpele al ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa.
Los opositores reclamaron que debe dar “las explicaciones correspondientes de por qué no ha cumplido con la obligación legal de enviar una ley complementaria al Congreso para determinar un nuevo cálculo de recursos y créditos de la Administración Pública Nacional y el plan de gastos para el cuarto trimestre, contenida en el artículo 131 de la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal correspondiente al año 2023, Ley 27.701″.
En ese sentido, los legisladores recordaron que “desde Juntos por el Cambio logramos incluir una cláusula en el Presupuesto 2023 con la condición que si se superaba el 60% de inflación deberíamos volver a discutir su modificación en el Congreso”.
“A mediados de septiembre se conoció el dato de inflación de agosto 2023, publicado por el INDEC, donde la variación mensual fue de dos dígitos, de 12,4%, lo que arrojó un 80,2% acumulado en el año, superando ampliamente el tope fijado en la cláusula del artículo 131 del Presupuesto 2023, y activando la obligación legal del ministro de enviar al Congreso una ley complementaria”, subrayaron.
En el proyecto encabezado por el puntano Alejandro Cacace (Evolución Radical), cuestionaron que “ha transcurrido el mes de septiembre y el ministro de Economía no solo ha incumplido con su promesa, la cual, según él mismo fue incorporada como señal de buena fe para lograr consenso en la sanción del presupuesto, si no que, ya incorporada la cláusula como una obligación legal en cabeza del Poder Ejecutivo y, en particular, sobre el ministro de Economía, no ha cumplido con la ley”.
Sobre ello, recordaron que el 28 de septiembre de 2022, ante la propuesta de la diputada Margarita Stolbizer (Encuentro Federal), Massa había dicho en su presentación ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda: “No tengo ningún problema, no tengo ninguna dificultad. Al contrario, creo que puede servir inclusive para viabilizar el voto de todas las fuerzas políticas del Presupuesto”.
Tras el pedido de la oposición y la aceptación por parte del oficialismo en el dictamen, en la “ley de leyes” sancionada el año pasado, quedó establecido que “si al 31 de agosto de 2023 la tasa de inflación acumulada superara en un 10% la meta anual establecida en la presente ley, o si los ingresos del sector público nacional superaran en un 10% los previstos para el período acumulado, el Poder Ejecutivo nacional enviará una ley complementaria al Congreso para determinar un nuevo cálculo de recursos y créditos de la Administración Pública Nacional y el plan de gastos para el cuarto trimestre”.
“El proyecto deberá enviarse durante el mes de septiembre de 2023 y tratarse en un lapso de 30 días, no pudiendo el Poder Ejecutivo nacional ampliar el presupuesto por Decreto de Necesidad y Urgencia en ese lapso”, agregaba el texto.
En los fundamentos del proyecto presentado este martes, los diputados de Juntos por el Cambio aseguraron que “es necesaria una revisión del Presupuesto 2023 con una discusión basada en una sólida comprensión de la realidad económica del país, porque es necesario preservar la facultad constitucional del Congreso de sancionar la ley de Presupuesto y porque es imprescindible que en el contexto económico y social que vive el país, que además se encuentra transitando un proceso electoral donde el ministro de Economía es uno de los candidatos a presidente, venga a este Congreso a explicar las razones por las cuales no cumple con la ley”.
La iniciativa lleva las firmas de Alejandro Cacace, Margarita Stolbizer, Martín Tetaz, Héctor Stefani, Adriana Ruarte, Laura Carolina Castets, Danya Tavela, Ana Carla Carrizo, Soledad Carrizo, Gerardo Cipolini, Pablo Torello, Sofía Brambilla, Oscar Agost, Ana Clara Romero, Carlos Raúl Zapata, María Sotolano, Gabriela Brouwer de Koning, Francisco Monti, Juan Carlos Polini, José Luis Espert, Gabriela Lena, Germana Figueroa Casas, Gabriela Lena, Roxana Reyes, Claudio Poggi, Alejandro Finocchiaro, Marcela Antola, Sabrina Ajmechet, Soher El Sukaria, Pamela Verasay, Dolores Martínez, Lisandro Nieri, Graciela Ocaña y Marilú Quiroz.
Legisladores de la principal oposición calificaron de “mentiroso” al líder de La Libertad Avanza. “Esto sí es campaña sucia”, dijo Mario Negri.
Legisladores de Juntos por el Cambio reaccionaron contra el candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, quien tras el debate lanzó duras acusaciones contra su rival de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich.
“Todo el día están diciéndome que yo usé la violencia, yo no la usé, yo fui parte de una organización juvenil, y siempre lo dije”, respondió en el debate Bullrich, luego de ser tildada por Milei como “montonera” a raíz de su pasado en la Juventud Peronista.
Pero durante una entrevista en el canal A24, el libertario insitió con que Bullrich “era una montonera tira bombas” que “ha puesto bombas en jardines de infantes” porque “era parte de una organización terrorista”.
“Un día dice una cosa, otro día dice otra”, le reprochó y dijo que “estuvo nueve meses presa en Devoto”. “Yo entiendo que le pueden lavar la cara como se la lavaron a (Horacio Rodríguez) Larreta, que era responsable del PAMI cuando se suicidó (René) Favaloro, al que le pedían coimas”, lanzó.
A raíz de esas declaraciones, desde Juntos por el Cambio manifestaron el repudio a Milei. “INACEPTABLE. Milei acusó de actos de terrorismo a una rival democrática como es Patricia Bullrich. ‘Ha puesto bombas en jardines de infantes’, dijo, como si hablara del tiempo. Sin pruebas, sólo por megalomanía. Repudio absoluto. Esto sí es campaña sucia”, aseveró el jefe del bloque radical en Diputados, Mario Negri.
Por su parte, el diputado del Pro Alejandro Finocchiaro escribió en su cuenta de la red social X: “Miserable y cobarde en su mentira. Nadie de esta calaña debería aspirar a la presidencia”.
El diputado y presidente del partido CC-ARI, Maximiliano Ferraro, recordó palabras de Bullrich en el debate. ” ‘Yo aprendí que la única forma de hacer política en serio es en paz y en convivencia democrática’, dijo @PatoBullrich. Mentir y difamar a otros no es propio de una convivencia democrática. Pero quizás eso a Milei no le importa. Mi total repudio a esta canallada”, publicó.
“Intolerable tus dichos hacia @PatoBullrich, @JMilei! Con esa inestabilidad pretendés ser presidente de todos los argentinos o hacer los cambios profundos que el país necesita Realmente es preocupante la falta de coherencia!”, exclamó la diputada del Pro Virginia Cornejo.
En tanto, la diputada cívica Mariana Stilman aseguró que “Milei miente con la misma facilidad con la que se sale de sus casillas, sólo que ahora parece le es más rentable electoralmente. Atención! No olvidar que es el mismo que maltrata mujeres y representa intereses económicos ocultos, pero ahora tiene buenos modos y contiene gritos”.
“Miente, miente que algo quedará…Esa es la estrategia de Milei. Es miserable mentir para tomar ventaja de una rival, pero lo que dijo es siniestro (no lo voy a reproducir). Qué oscuro que resultó”, fue el mensaje de la diputada radical Karina Banfi.
Otro de los mensajes fue el de Luis Petri, compañero de fórmula de Bullrich, quien expresó: “¿Sos consciente de las barbaridades que decís @JMilei? Irresponsable, mentiroso e inestable. El país se saca adelante con orden y decisión, no con promesas irrealizables y falsas acusaciones”.
La respuesta de Bullrich
En un posteo publicado este martes, Patricia Bullrich manifestó que “los argentinos necesitan de los candidatos a presidente serenidad y templanza frente al futuro. Hasta hace poco tiempo Javier Milei hablaba muy bien de mí. No sé qué le pasó que dejó de hacerlo. Pero acá el problema no soy yo ni las mentiras y calumnias sobre mí”.
“Me preocupa que, con esa misma inestabilidad emocional que Milei tiene a la hora de emitir juicios y falsas acusaciones sobre otros, haya diseñado su programa y sus propuestas. De esa inestabilidad surgen proyectos que dañan a los argentinos o son lisa y llanamente insostenibles, como la dolarización, la libre portación de armas o la privatización de la educación pública. De esa inestabilidad surge la idea de prometer reformas profundas sin poder político, sin tener gobernadores ni legisladores. Está claro que con más inestabilidad e incertidumbre los argentinos no salimos adelante”, advirtió.
Y completó: “Por eso, cada vez es más clara la discusión que tenemos que dar los argentinos por el futuro de nuestra Patria: quién y cómo ordena el caos en el que estamos”.
En el comienzo de las audiencias con testigos, los diputados de la oposición cuestionaron el proceso y hablaron de convocar a “veedores” para que no se violen “los derechos individuales y políticos”.
Tras un arranque polémico en la quinta reunión de la Comisión de Juicio Político, los diputados de Juntos por el Cambio brindaron una conferencia de prensa en la que denunciaron “una serie de irregularidades y avasallamientos” en el proceso contra los jueces de la Corte Suprema y afirmaron que hay “violación de las garantías del debido proceso”.
“Creemos que se está haciendo un proceso penal paralelo, porque no tuvo suerte en sede judicial la cantidad de denuncias que se fueron haciendo”, señaló Juan Manuel López, jefe de la Coalición Cívica, quien advirtió que “se está tratando de convertir a la Comisión de Juicio Político en una comisión que puede producir inteligencia ilegal, esto es peor que cualquier comisión que se haya conocido”.
El porteño, vicepresidente de la comisión, denunció que “se está produciendo prueba sobre una infinidad de personas”. “No podemos confiar en la palabra del Frente de Todos porque hasta ahora lo único que ha hecho fue violar las garantías del debido proceso”, agregó.
Por su parte, la diputada del Pro Silvia Lospennato avisó: “Vamos a seguir controlando todo este proceso, y en caso que se requiera intervención, intervendremos”, en alusión a las declaraciones de los testigos.
La macrista habló de “una enorme cantidad de violaciones” que “nada tienen que ver con un proceso regular de juicio político”, y esto “pone en riesgo no solamente a quienes están siendo sometidos al procedimiento, sino a quienes son citados”, apuntó, al criticar que hay testigos citados que “no tienen relación con las causas”. También rechazó las “medidas de prueba amplias, indeterminadas, injustificadas y sin intervención judicial”.
A su turno, el diputado del Pro Álvaro González subrayó que “todas las decisiones que se han tomado en la comisión fueron 16 contra 15. Tampoco es que representan una mayoría política en el seno de la Cámara de Diputados”. Y pidió “no utilizar el mal desempeño para aprobar el mal desempeño”.
También desde el bloque macrista, el legislador Omar De Marchi reclamó “no naturalizar” que “el juicio político es la agenda de Argentina”. Y cuestionó al oficialismo por querer “instalar que estamos en presencia de un Poder Judicial dudoso” porque es el Poder Judicial “que ha condenado” a la vicepresidenta Cristina Kirchner, al tiempo que rechazó “estar hablando de esto en lugar de estar hablando de los verdaderos problemas del país”.
Desde Evolución Radical, la diputada Carla Carrizo le solicitó a otros bloques de la oposición que no tienen un asiento en la comisión que los acompañen a “proteger los derechos individuales y políticos de los argentinos”. “A 40 años de democracia no podemos legalizar un proceso de juicio político que los viole esos derechos”, remarcó y mencionó la posibilidad de convocar a representantes de ONG’s y referentes intelectuales para que actúen como “veedores” en el proceso”.
“De forma absolutamente categórica esta oposición no va a permitir que se coarte una sola libertad ni que se vulnere un derecho más en Argentina”, coincidió el diputado del Pro Alejandro Finocchiaro.
Luego de la conferencia, un grupo de diputados de JxC ingresó nuevamente a la reunión de la Comisión de Juicio Político “a fin de preservar los derechos y garantías” de los testigos citados.
El interbloque opositor convocó a la prensa al Salón Pasos Perdidos este jueves a las 16, a raíz de los dichos del presidente sobre el fiscal Diego Luciani.
Diputados del interbloque de Juntos por el Cambio convocaron para este jueves, a las 16, a una conferencia de prensa que realizarán en el Salón Pasos Perdidos del Congreso.
En ese marco anunciarán el pedido de juicio político contra el presidente Alberto Fernández, a raíz de sus “amenazas públicas contra el fiscal Diego Luciani“, quien acusa en el juicio por la obra pública a la vicepresidenta Cristina Kirchner.
Entrevistado en el canal TN, el jefe de Estado dijo este miércoles que el fiscal Alberto Nisman “se suicidó” y que él espera que “no haga algo así Luciani”, lo que provocó una ola de repudios y hasta el adelanto de denuncias penales por parte de la Coalición Cívica.
En tanto, este jueves, en diálogo con El Destape Radio, Fernández consideró que hubo “una enorme tergiversación” de sus declaraciones y señaló: “Apareció el nombre de Nisman porque fue parte de la pregunta concreta. ‘¿No tiene miedo de que le pase lo mismo?’, me preguntaron y me sorprendió. ¿Qué tiene que ver Nisman con todo esto? Pero bueno: no, yo no tengo ningún temor que pueda pasar esto”.
Fue luego que el oficialismo citara al pleno a las 11 para tratar tres proyectos, con el objetivo de abortar la convocatoria por la boleta única de papel.
Diputados de Juntos por el Cambio, el interbloque Federal, el interbloque Provincias Unidas y Avanza Libertad se reunieron este miércoles luego que el oficialismo pidiera una sesión para este jueves una hora antes de la convocada por el tema de boleta única de papel.
En una nota dirigida al presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, los legisladores de la oposición solicitaron que se unifiquen los temarios y que, en una sola sesión, a las 12, se trate en primer término la cuestión de boleta única.
En ese caso, para tratar alguno de los ocho proyectos de ley que se incluyeron sobre el tema, habría que votarlos y habilitarlos por los dos tercios de los votos, lo cual es imposible sin el apoyo del oficialismo.
Pero lo que sí podría forzar la oposición -que alcanzaría 130 votos- es votar un emplazamiento de la comisión, como sucedió en diciembre pasado con Bienes Personales, de modo de impulsar el tratamiento de la iniciativa.
El resto de los temas incluye a los proyectos sobre nueva ley de VIH, cannabis medicinal y cáñamo industrial, y la prórroga del blanqueo previsto en la Ley de Régimen de Incentivo a la Construcción, que ya recibieron dictamen de comisión y fueron convocados a debatir por el Frente de Todos a las 11.
La nota, que se difundió tras la reunión que realizaron en el Anexo de la Cámara baja, lleva las firmas de Mario Negri, jefe del bloque UCR; Juan Manuel López, presidente de la CC-ARI; Margarita Stolbizer, jefa de Encuentro Federal; Emilio Monzó y Carla Carrizo, por Juntos por el Cambio. Sí estuvo en la reunión pero no firmó la nota el jefe del Frente Pro, Cristian Ritondo.
También suscribieron los cordobeses Carlos Gutiérrez e Ignacio García Aresca, el bonaerense Florencio Randazzo, y la santafesina Mónica Fein, por el interbloque Federal; el rionegrino Luis Di Giacomo, presidente del interbloque Provincias Unidas; y José Luis Espert, titular de Avanza Libertad.
Los diputados del interbloque opositor solicitaron una serie de beneficios impositivos para productores, al tiempo de que no queden alcanzados por lo dispuesto en la última reforma de la Ley de Manejo del Fuego.
El interbloque Juntos por el Cambio de la Cámara de Diputados consensuó y presentó un proyecto de ley de alivio fiscal para los productores agropecuarios y rurales de Corrientes y Misiones, afectados por los incendios que empezaron a fin de 2021 y se agudizaron en enero y febrero de este año.
En el primer artículo de la iniciativa se declara el estado de desastre y emergencia ambiental, económica, social, agropecuaria y productiva por un año, prorrogable por otro más por el Poder Ejecutivo, en los territorios de Corrientes y Misiones afectados por la sequía y los incendios. Los legisladores señalaron que las pérdidas hoy se calculan parcialmente en 60 mil millones de pesos.
El proyecto busca replicar algunos de los instrumentos de la ley de alivio fiscal que se aprobó a fin de 2021 para PyMEs y contribuyentes morosos. Pero, dada la magnitud de las pérdidas provocadas por los incendios, se elevan los montos de los beneficios.
Entre las principales medidas, plantea la extensión del plazo hasta el 31 de marzo de 2022 para la condonación de deudas tributarias, aduaneras y de la seguridad social fijada por la Ley 27.653 (de Alivio Fiscal) para los contribuyentes de las provincias de Corrientes y Misiones afectados por los incendios forestales y rurales, comprendiendo además de los entes sin fines de lucro, micros y pequeñas empresas, personas humanas consideradas pequeños contribuyentes y a las empresas medianas. Esta condonación abarca hasta la suma de $5.000.000.
Por otra parte, se propone la extensión de las medidas de alivio fiscal dispuestas por la Ley 27.653 facultándose al Poder Ejecutivo Nacional a extender plazos para la rehabilitación de moratorias caducas, ampliación de moratorias para deudas posteriores y no regularizadas para los contribuyentes y responsables de las provincias de Corrientes y Misiones afectados por los incendios forestales y rurales.
También se busca la eximición de tributos nacionales como el impuesto a las Ganancias, impuesto sobre los Bienes Personales, impuesto sobre los Débitos y Créditos de las Transacciones Financieras (Cheque) y derechos de exportación de productos de origen agrario.
Además, del componente impositivo del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, durante los años 2022 y 2023; bonificación del 50% del importe destinado al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y a las obras sociales para los inscriptos en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes correspondiente a los años 2022 y 2023; y bonificación del 50% de la contribución a cargo de los empleadores y de los trabajadores autónomos al SIPA.
El proyecto también suspende por parte de la AFIP hasta el cese del estado de desastre y/o emergencia de los juicios de ejecución fiscal; exime a los productores afectados de las prohibiciones establecidas en la Ley 27.604 -modificatoria de la Ley 26.815 de Manejo del Fuego-; y dispone medidas de auxilio para los productores que deben rematar ganado a causa de los incendios.
“La terrible tragedia que abarca a productores agropecuarios y rurales de las provincias de Corrientes y Misiones, debido a los incendios de grandes proporciones que ocurren desde finales del año 2021 y lo que va del año 2022 (segunda quincena de febrero), con pérdidas económicas estimadas parcialmente en alrededor de $60.000 millones, han motivado un denodado esfuerzo de gobiernos y entidades civiles, organizaciones de bomberos voluntarios, colaboración de brigadistas de distintas provincias así como de Brasil, todo lo que ha dejado traslucir la escasez de recursos y de medios para combatir el fuego”, plantearon los legisladores de JxC.
En los argumentos de la iniciativa, resaltaron que “ello ha provocado que, a la fecha de presentación del presente proyecto, se estime que alrededor de 800.000 hectáreas productivas y del Parque Nacional Iberá hayan sido devastadas por el fuego, acarreando pérdidas de todo tipo que llevarán muchos años de recomposición y de restauración”.
El proyecto determina como “imprescindible la intervención de las autoridades pertinentes de las provincias de Corrientes y Misiones, mediante la declaración de las zonas de emergencia y desastre, así también como mediante la extensión de los certificados correspondientes”.
La iniciativa está encabezada por las firmas de Mario Negri (presidente del bloque UCR), Cristian Ritondo (titular del bloque Frente Pro) y Juan Manuel López (jefe del bloque CC-ARI).
Además, lleva las firmas de los legisladores correntinos Manuel Aguirre, Jorge Vara, Ingrid Jetter y Sofía Brambilla, y de los misioneros Martín Arjol, Florencia Klipauka y Alfredo Schiavoni. También adhirieron Rodrigo de Loredo (presidente del bloque Evolución Radical), Margarita Stolbizer (titular del bloque Encuentro Federal), Carlos Zapata (Ahora Patria) y Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos).
A punto de asumir en la Cámara de Diputados, el economista afirmó que “ningún espacio intentará ninguna aventura por fuera de Juntos por el Cambio”.
El diputado electo Martín Tetaz se refirió a la ruptura del bloque radical y enfatizó que “ningún espacio intentará ninguna aventura por fuera de Juntos por el Cambio”.
Luego que se formalizara la conformación de UCR Evolución, bancada de la que formará parte, el economista aseguró que “no hay ninguna chance de que ni el radicalismo, ni el Pro, ni la Coalición (Cívica), ni ningún espacio, intente ninguna aventura por fuera de Juntos por el Cambio”.
En diálogo con CNN Radio, el porteño consideró que la división radical “es para fortalecer JxC. La oposición está más junta que nunca, solo que hay matices y voces de renovación”.
“Es un planteo para que la nueva UCR tenga visibilidad dentro del Congreso, es la renovación que votó la gente en las urnas. Que no siga siendo la UCR que va en el asiento de acompañante del Pro dentro del espacio de Juntos”, explicó.
Y subrayó que “desde la conformación de Cambiemos en adelante, el partido radical tuvo un rol de acompañante, nunca agarró el volante, sin mucha voz y sin mucho voto. Ahora en las urnas hubo un cambio y la gente puso de pie al partido”.
En ese sentido, destacó que “la UCR es el partido que ganó más distritos y más provincias y eso se tiene que ver reflejado en las voces”.
Por eso, Tetaz defendió que el radicalismo “no puede seguir teniendo la misma voz en el Congreso, como si no hubiera crecido el partido, como si no tuviera una expectativa de ser protagonista y poner por lo menos uno o dos candidatos a presidente en la próxima elección. Hay otro radicalismo que quiere ser protagonista”.
“(Mario) Negri ha cumplido un ciclo, a nosotros nos gusta la figura de Rodrigo (de Loredo). Podría ser Facundo Manes también”, agregó.
La diputada electa mencionó que también estarán García de Luca y Amaya, dos legisladores que hoy son parte del Pro.
La diputada electa Margarita Stolbizer confirmó que conformará un bloque nuevo dentro del interbloque Juntos por el Cambio, el cual estará también integrado por Emilio Monzó, expresidente de la Cámara baja durante el gobierno de Cambiemos.
Tanto Monzó como Stolbizer compitieron en las PASO en la lista del radical Facundo Manes. Después que Diego Santilli se impusiera en las primarias, ambos quedaron en los puestos 9° y 12° de la nómina que compitió en provincia de Buenos Aires y lograron acceder a una banca para volver al Congreso.
En declaraciones a Radio Con Vos, la líder del GEN anunció: “Juntos por el Cambio es un interbloque grande dentro del cual conviven los bloques de cada partido. Nosotros no pertenecemos a ninguno de esos partidos, entonces vamos a conformar otro bloque, conjuntamente con Emilio Monzó, Sebastián García de Luca, Domingo Amaya, y después existe la posibilidad de que alguno más se sume“. Actualmente, De Luca y Amaya integran el bloque Pro que conduce Cristian Ritondo.
Sobre más legisladores que podrían refugiarse en ese nuevo espacio, Stolbizer dijo que se trata “de esos que han ingresado por distintas provincias, que reconocemos nuestra pertenencia (a JxC), ingresamos dentro del interbloque grande, pero con nuestro propio partido”.
Consultada por el nombre de esa nueva bancada, respondió que tratarán que “sea un nombre que refleje un poco la amplitud. El buen resultado que hemos tenido, en particular en la provincia de Buenos Aires, es un poco el resultado de ampliar la coalición”. En ese sentido, expresó que coincide con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en “la necesidad de seguir ampliando esta coalición, pensando en un futuro gobierno en 2023”.
También, la diputada electa admitió que le “incomoda” una posible incorporación de Javier Milei al espacio, pero “desde luego que estoy dispuesta a discutirlo”, señaló. “A mí lo que no me pareció bien era que en plena campaña electoral (Mauricio) Macri se reúna y elogie a Milei, cuando Milei un día disfrazado de no sé qué insultó de arriba a abajo a Larreta”.
“Estoy en las antípodas del pensamiento de Milei o de (José Luis) Espert“, sostuvo en otro tramo y agregó: “La derecha extrema como la izquierda extrema se justifican a sí mismas, pero de ninguna manera nadie tiene que tener permitido una expresión de violencia política como la que ellos han tenido”.
Finalmente, sobre el ritmo de actividad que tendrá el próximo Congreso, al estar tan polarizado, y comparando el escenario con el que se dio en 2009, Stolbizer manifestó que “es posible que eso ocurra, sería deseable que no. Yo comparto que en ese momento esa estrategia no funcionó. No funciona la idea de la traba, creo mucho más en el diálogo, en la negociación, siempre arriba de la mesa, no me gustan las negociaciones por debajo de la mesa”.
El jefe de la bancada, Juan Manuel López, elogió al cordobés. El Pro, con un poco más de miembros, podría reclamar ese lugar.
Desde el bloque de la Coalición Cívica en la Cámara de Diputados, referenciado en Elisa Carrió, salieron a respaldar la figura del radical Mario Negri al frente del interbloque Juntos por el Cambio.
Ante la inminente discusión hacia el interior de la principal bancada opositora, el jefe de los “lilitos”, Juan Manuel López, expresó: “Yo no encuentro ningún argumento para que no siga”.
En declaraciones a radio Milenium, el porteño señaló que Negri “ha sido un gran presidente del interbloque estos seis años y su trayectoria y su experiencia no es equiparable con los demás diputados que formamos parte del bloque”.
Tanto como sucede en la actualidad, por una diferencia escasa de miembros, el Pro será el bloque más numeroso dentro de Juntos por el Cambio y la UCR se ubicará en segundo lugar a partir del 10 de diciembre. Pero se sabe que el macrismo aspira a pelear por la presidencia, impulsando a Cristian Ritondo.
A su vez, Negri está objetado por una parte de la bancada radical tras perder la interna en su provincia contra la dupla Luis Juez-Rodrigo De Loredo. Ese lugar se lo disputará el porteño Emiliano Yacobitti, quien responde al sector del senador Martín Lousteau.
Hace dos años atrás, Carrió ya había manifestado su apoyo a Negri, a quien llama su “amigo”, cuando con el desembarco de Alfredo Cornejo también se presentaba la chance de que perdiera la presidencia del bloque, aunque finalmente no fue así.
Diputados de Juntos por el Cambio criticaron al embajador Carlos Raimundi y al canciller Santiago Cafiero, al tiempo que advirtieron por el retroceso en materia diplomática de no condenar la violación a los DD.HH.
Diputados de la oposición criticaron fuertemente al embajador ante la OEA, Carlos Raimundi, y al canciller Santiago Cafiero, luego que Argentina se abstuviera de votar una resolución que exige la liberación de presos políticos, opositores a Daniel Ortega, en Nicaragua.
“Es vergonzoso que representantes como (Carlos) Raimundi ensucien nuestra historia y olviden que los derechos humanos son un valor universal. Otra vez el Gobierno argentino se abstiene de condenar el régimen de Nicaragua en la OEA. No hay ‘tradición’ que justifique encarcelar opositores”, fustigó el legislador Maximiliano Ferraro.
Además, el presidente de la CC-ARI a nivel nacional resaltó que “es injustificable el alineamiento con regímenes autoritarios. Raimundi y el canciller (Santiago) Cafiero deben dar explicaciones por no exigir la inmediata liberación de candidatos presidenciales y presos políticos”.
“Defender la democracia y los derechos humanos es un imperativo moral, pero también un interés de política internacional concreto. La paz y la seguridad de la región no será posible con regímenes dictatoriales que anulan la libertad y la dignidad de las personas”, señaló.
En el final de su comunicado, el diputado advirtió que “el silencio frente a un claro incumplimiento de la Carta Democrática Interamericana es un hecho grave que sienta antecedentes preocupantes para la historia diplomática argentina”.
Por su parte, el jefe del interbloque Juntos por el Cambio en Diputados, Mario Negri, escribió en su Twitter: “Por segunda vez en pocos meses, Argentina se abstuvo de condenar a #Nicaragua en la OEA. Esta vez se negó a pedir -nada menos- la liberación de presos políticos”. “Esta es la política exterior kirchnerista que avergüenza a toda una nación por la doble vara con los derechos humanos”, lanzó el radical.
“Cuánta vergüenza me da la política exterior de nuestro Gobierno”, expresó el macrista Waldo Wolff, mientras que su par Álvaro de Lamadrid acusó que “sigue la diplomacia encapuchada de Cristina Kirchner privilegiando negocios y su sociedad delictiva con dictaduras que violan los DD.HH., haciendo que Argentina se abstenga de votar una resolución de la #OEA que exige la liberación de los presos políticos en Nicaragua”.
El interbloque opositor, comandado por el cordobés Mario Negri, quería incorporar a la sesión de este martes la ley ovina y además comprometer al oficialismo a que arranque con la discusión de otros temas en comisiones.
El interbloque Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados, comandado por el cordobés Mario Negri, ya había adelantado su decisión de no dar quórum en la sesión de este martes convocada por el oficialismo, por estar en desacuerdo con la forma en que se había realizado esa citación.
Sin embargo, en la previa de la reunión de Labor Parlamentaria, las autoridades del espacio mantuvieron un encuentro con el presidente del cuerpo, Sergio Massa, y luego sí presentaron su propuesta formal ante los jefes de bloques en el Salón Delia Parodi.
Con la intención de negociar la inclusión de otros temas, y a cambio de dar quórum, los diputados del Pro, la UCR y la CC-ARI solicitaron al Frente de Todos incorporar al temario de la sesión el proyecto de ley ovina -que tiene dictamen-.
Además, los legisladores de la oposición pidieron un compromiso para que, dentro de las dos próximas semanas, se comiencen a tratar en comisiones proyectos sobre boleta única, una reforma a la Ley de Alquileres, la emergencia educativa y el Presupuesto 2022, con la presencia del ministro de Economía, Martín Guzmán.
“Queremos que el Congreso funcione plenamente y se traten los temas prioritarios para la sociedad”, sostuvieron los referentes del interbloque.
Pero la propuesta no fue avalada y, mientras dentro del recinto Massa daba por caída la sesión, en el Salón Pasos Perdidos Negri lamentaba que “el oficialismo no aceptó nada de lo que planteó la oposición en Labor Parlamentaria”.
“Se debe sesionar hoy mismo, porque queremos que el Congreso se ponga en marcha, con todos los temas que planteamos”, dijo el radical, y anticipó que habría durante la tarde de este martes una nueva reunión para arribar a un acuerdo.
Lo cierto es que, una vez caída la sesión, el oficialismo dejó claro que no se retomaría nada. Y en lo que respecta a esta semana, con un feriado -el viernes 8 de octubre-, más la ausencia de Massa, quien viaja a Roma para participar del G-20 de presidentes parlamentarios, la chance de sesionar esta semana es nula.
El temario de la sesión de este martes, que fue la primera plenamente presencial desde el inicio de la pandemia y tras las elecciones PASO, tenía como tema principal a la ley de etiquetado frontal de alimentos, un proyecto que divide aguas, pero que encuentra varios votos en contra sobre todo dentro del bloque Pro, situación por la que el oficialismo fustigó fuerte al interbloque opositor.
Además, incluía una iniciativa sobre protección de los derechos de personas en situación de calle; proyectos vinculados a trabajadores viñateros; y la declaración del águila harpia como monumento natural.
En la reunión de Labor Parlamentaria, el interbloque opositor pidió que se incorpore al temario la ley ovina y que en los próximos días se pongan en tratamiento en comisiones otros temas.
El interbloque Juntos por el Cambio en Diputados le hizo una propuesta al Frente de Todos en la reunión de Labor Parlamentaria a cambio de dar quórum en la sesión convocada para este martes por el oficialismo.
El encuentro entre el presidente del cuerpo, Sergio Massa, y los jefes de bloques comenzó primero sin la presencia de representantes del Pro, la UCR y CC-ARI, que luego de una reunión a solas con Massa se sumaron a Labor, en el Salón Delia Parodi.
Molestos por la forma en que se dio la convocatoria, desde JxC le solicitaron al FdT incorporar al temario la ley ovina y, además, abrir el debate de otros temas en las próximas dos semanas en el marco de las comisiones.
Según informaron fuentes de la bancada conducida por Mario Negri, los diputados de JxC quieren arrancar a discutir proyectos sobre boleta única, una reforma a la Ley de Alquileres, la emergencia educativa y el Presupuesto 2022, con la presencia del ministro de Economía, Martín Guzmán.
“Queremos que el Congreso funcione plenamente y se traten los temas prioritarios para la sociedad”, sostuvieron las autoridades del interbloque.
El temario de la sesión de este martes, que será la primera plenamente presencial desde el inicio de la pandemia y tras las elecciones PASO, tiene como tema principal a la ley de etiquetado frontal de alimentos, un proyecto que divide de manera transversal a todos los bloques.
Además, se incluyó una iniciativa sobre protección de los derechos de personas en situación de calle; proyectos vinculados a trabajadores viñateros; y la declaración del águila harpia como monumento natural.
La iniciativa fue presentada por el legislador radical Juan Martín para para pedirle al Gobierno Nacional que explique “en qué localidades se encuentran distribuidas las fuerzas de seguridad” y celebró dicha medida.
Diputados de Juntos por el Cambio, encabezados por Juan Martín (UCR – Santa Fe), presentaron un proyecto por el cual piden que el Gobierno, a través del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, informe sobre “la distribución de las fuerzas federales que fueron enviadas a la provincia, sobre los resultados revelados en cada intervención, quiénes son los responsables de los operativos y si existe un programa orientado a mejorar las capacidades operativas de la policía”.
En primer lugar, el proyecto solicita que se informe sobre el anuncio de envío de fuerzas federales a la provincia que realizó el ministro de seguridad para saber “en qué localidades se encuentran actualmente distribuidas las Fuerzas de Seguridad Federales, ya que la ciudad de Santa Fe no puede quedar relegada de esta medida”.
También, exigen que el Municipio santafesino realice “gestiones para que los agentes federales puedan abordar la situación crítica en materia de inseguridad en la ciudad y que vuelvan a realizar tareas en los barrios de la capital provincial”.
Sin embargo, el diputado radical y autor del proyecto destacó: “Aunque se perdió mucho tiempo, celebramos la decisión de reforzar la presencia de efectivos federales en la provincia”, pero advirtió que “la inseguridad no sólo es un problema de Rosario”.
Además, resaltó: “Tenemos que articular con el Estado provincial y Nacional para vivir más seguros, creemos que el municipio también debe alzar la voz para que las fuerzas federales vuelvan a desempeñar tareas en nuestras calles”.
El proyecto solicita: “Conocer resultados relevados al momento de la actual intervención; también por qué se redujo la cantidad de fuerzas federales asignadas en la provincia y quiénes son los responsables del operativo anunciado en la provincia”.
Asimismo, “que funciones y área de responsabilidad operacional tendrá a cargo la unidad 7, con asiento permanente en la provincia; si está previsto volver a implementar el Programa Barrios Seguros en la Ciudad de Santa Fe y si se evalúa extenderlo porque permitió desbaratar el narcotráfico en el barrio de Alto Verde, donde se inició, disminuyendo además los índices de violencia, y la gestión de Sabina Frederic desarticuló el programa en los hechos”.
Finalmente, manifiesta saber “si existe en el marco del Ministerio de Seguridad de la Nación un programa orientado a mejorar las capacidades operativas de la policía de la provincia de Santa Fe, ya que resulta imprescindible trabajar articuladamente con las fuerzas locales, de manera tal que la única opción a futuro no sea solicitar el refuerzo de efectivos federales en territorio provincial”.
Acompañan esta iniciativa los diputados nacionales por Santa Fe de Juntos por el Cambio Gisela Scaglia, Albor Cantard, José Carlos Nuñez, Lucila Lehmann, Luciano Laspina, Ximena García.
Desde el interbloque opositor exigieron la presencialidad plena tanto en las sesiones como en las comisiones, y advirtieron que el titular de la Cámara baja se excedió en sus facultades.
El interbloque de diputados de Juntos por el Cambio pidió este viernes la derogación de la resolución 672/21, que firmó el titular de la Cámara baja, Sergio Massa, por la cual se establece un “Protocolo de Recinto Protegido”, argumentando que esa decisión se tomó “unilateralmente” y “excediendo las facultades que tiene la Presidencia”.
“La resolución implica un cambio al reglamento y esto exige no sólo la participación de los bloques en su redacción, sino que tres cuartas partes de los presentes en una sesión voten afirmativamente”, señalaron los legisladores.
Además, la bancada opositora ratificó que “no está de acuerdo en el trabajo remoto de las comisiones, salvo que sean reuniones informativas para lo cual ya estaba establecida esta opción en el reglamento (no hace falta introducir nada)”.
“En 2020, el Protocolo de Funcionamiento Remoto fue redactado en comisiones, puesto a consideración de Labor Parlamentaria y luego aprobado por tres cuartas partes en la sesión del 13 de mayo (de esa año)”, recordaron sobre la herramienta que permitió -todo el tiempo de pandemia- a la Cámara baja sesionar en forma mixta y reunir las comisiones de manera remota. En ese sentido, consideraron que “Massa de ninguna manera puede ahora arrogarse todas esas potestades a sola firma”.
En la carta enviada a Massa, con las firmas de los jefes de bloques Mario Negri (UCR), Cristian Ritondo (PRO) y Juan Manuel López (CC), remarcaron que “la Cámara funciona, en sus sesiones y en sus comisiones, con la presencia física de los legisladores en el número que el propio reglamento determina en cada caso (artículos 14, 15, 108 y concordantes). Por lo tanto, establecer una forma distinta de computar las asistencias para alcanzar el quórum legal, significa modificar el funcionamiento reglamentario que sólo puede admitirse en los términos que establece el artículo 227 del reglamento y tal como la Cámara obró el año pasado en ocasión de elaborar el protocolo correspondiente”.
Y agregaron que en la resolución, “el presidente está prorrogando de manera tácita, unilateral y antirreglamentariamente el Protocolo de Funcionamiento Parlamentario Remoto del 13 de mayo de 2020, sin los alcances que la Comisión de Labor Parlamentaria había acordado por consenso para sus sucesivas prórrogas”.
La medida firmada por Massa se conoció luego que esta semana el presidente del Cuerpo se reuniera con Negri y López. Sin embargo, fuentes del interbloque opositor aseguraron a parlamentario.com que se había acordado “la baja de todas las resoluciones que establecieron la virtualidad”, y no este nuevo protocolo que mantiene excepciones para quienes no puedan estar presentes en las sesiones y también deja a criterio de los presidentes de comisiones la modalidad de reunión.
Luego que el Gobierno enviara la “ley de leyes” a la Cámara baja, legisladores criticaron aspectos del proyecto que tiene, en total, más de 4.800 páginas.
Legisladores de la oposición salieron a cuestionar el proyecto de ley de Presupuesto 2022, luego que ingresara a la Cámara baja, enviado por el ministro de Economía, Martín Guzmán, cuya presentación en el Congreso para defender la iniciativa todavía no tiene fecha -en medio de la renuncia masiva de ministros y funcionarios del Gabinete-.
Uno de los primeros en manifestarse a través de las redes sociales fue el macrista Francisco Sánchez, quien hizo referencia al documento que contiene más de 4.000 páginas, entre 95 artículos del proyecto en sí, más anexos y planillas.
“A 10 minutos de haber empezado a leer las 4.851 páginas del proyecto de Presupuesto General 2022, ya tengo varias razones para volver a votarlo en contra. Kirchnerismo explícito y radicalizado. Sin sorpresas”, escribió el neuquino.
Por su parte, el radical Luis Pastori señaló: “Entró el proyecto de Presupuesto Nacional para el año 2022. Pregunta de cajón: se incluyó la Zona Aduanera Especial para Misiones? Que creen? NOOOOO! Teléfono para la Renovación!!!”. Así se expresó en referencia a la zona aduanera para Misiones que había sido incluida en el Presupuesto 2021, negociada por el Frente de Todos con el Frente de la Concordia Misionero -fuerza oficialista provincial-, pero luego el presidente Alberto Fernández vetó.
Otro diputado que puso la lupa sobre los intereses de su provincia fue el radical Gustavo Menna, quien apuntó que “el proyecto de ley de Presupuesto 2022 que presentó el Gobierno de Fernández persiste en discriminar a #Chubut”. “El artículo 88 le da $12.500 millones a La Rioja adicionales a la coparticipación. ¿Donde están los que decían que iba a haber una reparación histórica para #Chubut?”, se preguntó.
En tanto, la radical Dolores Martínez planteó: “¿Cómo tomar en serio el proyecto de #Presupuesto2022 en este estado de situación? El Congreso debe pedir que vengan TODOS los Ministros y funcionarios a explicar qué van a hacer en sus carteras y si piensan asumirlas o renunciar. Se lo deben al pueblo representado en este recinto”.
“El Gobierno atraviesa una crisis interna que debilita su poder político e influye en las decisiones que impactan en la sociedad. Recuperen la calma, ordenen hacia adentro y luego expliquen el Presupuesto 2022, que debe ser un proyecto de país, tomado con seriedad y credibilidad”, recomendó la radical Lorena Matzen.
Además, la rionegrina opinó que “tomar decisiones erróneas en estos momentos afectaría a millones de personas. El año pasado la estimación inflacionaria para el 2021 era del 29% y ya está en 32,3%. Les reclamaremos en el Congreso que ésta vez tomen los recaudos y sean cautos. Que la gente no vuelva a ser víctima“.
También dejó un mensaje en Twitter el candidato a diputado por la Ciudad de Juntos por el Cambio Martín Tetaz. “Estoy leyendo el proyecto de Presupuesto que mandaron al Congreso. El análisis sobre la inflación es insólito; no hay ninguna mención a los 3 billones que emitieron”, resaltó el economista. Y agregó que “le echan la culpa a precios internacionales y a una supuesta inercia (ah pero Macri) que en mayo 2020 no existía”.
Puntualmente, sobre el presupuesto destinado a las universidades, el radical Emiliano Yacobitti advirtió que “en el proyecto de ley de presupuesto presentado por el Ejecutivo, el sistema universitario tiene disminuciones presupuestarias en términos reales que no le garantizan siquiera el pago de los salarios ya acordados en paritarias”.
“Lo asignado a las Universidades es inferior a lo solicitado por el CIN, e incluso inferior a lo requerido por la propia Secretaría de Políticas Universitarias. Esta situación atenta contra la autonomía universitaria y las deja desprotegidas para su normal funcionamiento”, alertó y aseguró que “en el caso de la UBA, el proyecto presentado tiene una actualización sensiblemente inferior al promedio de universidades nacionales. Esa tendencia viene agravándose en los últimos años, llegando hoy a su piso histórico del año 2016”.
Y sumó que “adicionalmente, la Universidad de Buenos Aires es también la que obtiene menor actualización presupuestaria dentro de las universidades con mayor cantidad de estudiantes. Esta disminución puede y debe ser corregida”.
“Las metas del presupuesto 2022 son inviables y de imposible cumplimiento”, dijo el diputado nacional Atilio Benedetti (UCR). Sostuvo que la iniciativa “augura mayores cepos” y no vislumbra una reactivación de la economía. “Lo único que podemos destacar es que el Gobierno lo presentó en tiempo y forma”, señaló Benedetti, que apuntó además que “las metas que se fijan son inviables y de imposible cumplimiento”, afirmó, al tiempo que aseguró que “estamos en presencia de un tipo de cambio oficial totalmente retrasado y ante un proceso inflacionario que solo ha sido reprimido en estos últimos meses por el atraso cambiario y el congelamiento de tarifas”.
Para el legislador nacional, “el proyecto de presupuesto augura mayores cepos porque vemos menores ingresos por exportación, pero también menos gasto por importación, lo cual no condice con una reactivación de la economía”.
Eso expresó la candidata de JxC tras el triunfo en las PASO cuyo “objetivo es ponerle un límite al oficialismo”. Además, opinó que “el Gobierno debe escuchar el voto dejar de buscar culpables entre ellos”.
El distrito capitalino le dio la mayoría de los votos a la candidata a diputada nacional María Eugenia Vidal de JxC por CABA en las PASO, tras lo cual expresó que aún le dura “la emoción de lo que pasó el domingo en todo el país”, pero advirtió que esos resultados fueron “un mensaje claro al Gobierno”, aunque remarcó: “No siento que haya un triunfo por celebrar, sino una tarea por cumplir”. Además, le sugirió al oficialismo que deben “abocarse a la tarea de buscar respuestas y dejar de buscar culpables entre ellos”.
En diálogo por la Rock and Pop, Vidal aseguró que “todavía me dura la emoción y la conmoción de lo que paso el domingo, no solo en la Ciudad de Buenos Aires sino en todo el país. Los argentinos me sorprendieron en las urnas. Veía en las semanas previas mucha angustia, mucho enojo, y era muy difícil saber lo que iba a pasar”.
“Transformaron ese enojo y angustia en un mensaje claro al Gobierno y también a la oposición, no siento que haya un triunfo por celebrar, sino que hay una tarea por cumplir y con responsabilidad. Las elecciones del domingo no fueron definitivas, son un cambio de aire, el inicio de un nuevo proyecto esperanzador, pero el partido no esta terminado”, señaló la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires.
En relación a la nueva campaña, afirmó que convocará “a todos los que no nos votaron, a los que no fueron a votar, también a aquellos que no quieren que el oficialismo tenga mayoría en Diputados”, y remarcó que “el único bloque opositor que tiene capacidad de bloquear iniciativas o hacer que algunos proyectos salgan, es Juntos por el Cambio. El objetivo es ponerle un límite al oficialismo, los únicos que tenemos un bloque de 115 diputados somos nosotros”.
“El mensaje del domingo fue un basta y un no. No hay que prometerle a la gente cosas que desde Diputados no se pueden hacer”, subrayó la referente de JxC y reconoció que “fue un error la ley de alquileres, cuando uno se equivoca hay que reconocerlo y dar la cara, aunque haya sido con la mejor intención”.
Además, sostuvo que “hay que pensar en herramientas concretas que permitan conseguir trabajo, los chicos dicen que lo que aprenden en secundario no les sirve para conseguir trabajo después. Hay que enseñarles a programar por ejemplo que hay entre 15 y 20 mil puestos laborales en la Ciudad de Buenos Aires, esas soluciones concretas se pueden incluir en el Congreso”.
Por otro lado, Vidal comparó: “Este Juntos es mejor que Cambiemos, porque es un Juntos más amplio”, y confirmó que “con Ricardo (López Murphy) nos van a ver pronto en las calles haciendo campaña. Es una responsabilidad”, pero destacó que “hay que tomar con humildad no hay que creérsela, hay que darle muchas respuestas a la gente que viene con un año y medio de dolor”.
Por último, resaltó: “Nosotros somos republicanos en serio, el presidente debe terminar su mandato porque fue votado para eso en el 2019 y no va a venir de nuestro espacio nada que ponga en riesgo el fin del mandato de Alberto, tampoco creo que este en riesgo su mandato en estas las PASO”, y concluyó con una contundente sugerencia al oficialismo: “El Gobierno debe escuchar el voto y el mensaje y abocarse a la tarea de buscar respuestas y dejar de buscar culpables entre ellos, es una falta de respeto, son todos culpables”.
Es tras la decisión de la AFIP de desistir como querellante en la causa Oil Combustibles, en la que el empresario K Cristóbal López está acusado de defraudación por 8 mil millones de pesos.
Tras la decisión de la AFIP de desistir de su rol de querellante y retirar la acusación penal y civil contra los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, por la supuesta defraudación de 8 mil millones de pesos, en la causa conocida como Oil Combustibles, diputados de Juntos por el Cambio adelantaron que denunciarán a la titular del ente recaudador, Mercedes Marcó del Pont.
“Una vergüenza más hecha por Alberto Fernández y Cristina Kirchner días antes de las elecciones por temor a perderlas! Los evasores y defraudadores libres y sin condena, y los argentinos un año y medio presos”, lanzó en su Twitter el legislador Juan Manuel López (CC-ARI), que calificó además a la decisión como “intolerable” y “un crimen”.
El bonaerense agregó que “lo que hizo la AFIP de Marcó del Pont y @alferdez con Cristóbal López y OIL Combustibles puede implicar varios delitos y los vamos a llevar a la Justicia. Encubrimiento, negociaciones incompatibles, tráfico de influencias, incumplimiento de deberes”.
Y fustigó a Fernández, al llamarlo “un presidente lobbista de sus clientes que ahoga a los argentinos con impuestos salva a Cristóbal López, Fabián de Souza y Ricardo Echegaray de una de las grandes estafas argentinas, mientras convierte a Marcó del Pont y a la AFIP en un felpudo de los defraudadores”.
Por su parte, el jefe del interbloque opositor en Diputados, Mario Negri, publicó: “La AFIP desistió del juicio a Cristóbal López por haberse quedado con más de $8.000.000.000 del impuesto a los combustibles”. Y recordó la moratoria votada el año pasado en el Congreso, al sostener que “para poder hacerlo el kirchnerismo aprobó una ley a escondidas, mientras encerraban y fundían a medio país. El PJ de Córdoba lamentablemente los apoyó”.
“Se siente mucha bronca cuando, a pesar de las pruebas, te gana la impunidad. Muchos de nosotros sabemos las consecuencias personales que nos trajo luchar contra las mafias. Ellos juegan con nuestro desánimo y avanzan. Por eso, hay que ir a votar y decirles #BASTA . Acompáñanos”, escribió la diputada Paula Oliveto (CC-ARI).
En tanto, la legisladora Silvia Lospennato (Pro) comparó: “Vos que no podes ni cambiar el auto le financiaste 8.000 millones de dólares al multimillonario K Cristóbal López. Los diputados del FdT + falsos opositores le votaron la moratoria a medida art. 8, Ley 27.541, y ahora AFIP desistió de su reclamo. Capitalismo de amigos es esto”.
Otro de los mensajes que aparecieron en las redes fue del diputado Waldo Wolff (Pro), quien señaló que “la AFIP desistió de la querella de OIL combustibles que desviaba las retenciones de los contribuyentes para comprar empresas”. “Solo teniendo encuestas nefastas para el oficialismo harían algo así 3 días antes de las PASO y no después”, consideró y completó: “Accionaremos judicialmente. A votar”.
“El progresismo kirchnerista es crear muchos impuestos con la excusa de cobrarle a los ricos, pero no cobrárselos a sus amigos ricos. Ponen el giro a la izquierda y doblan a la derecha”, sostuvo el diputado Alfredo Cornejo (UCR).
Legisladores de la oposición se refirieron a la decisión del MSCI de reclasificar al país en el índice de mercados emergentes, teniendo ahora la categoría de “standalone”.
Diputados de Juntos por el Cambio lamentaron la decisión del MSCI (Morgan Stanley Capital International) de retirar a la Argentina del índice de mercados emergentes y reclasificarla en la categoría “standalone”, que tenía antes de 2019.
De hecho, Argentina se había vuelto a colocar como mercado emergente en 2018, durante plena crisis económica del gobierno de Mauricio Macri.
De acuerdo informó el MSCI, se “reclasificará el índice MSCI Argentina de la categoría de Mercados Emergentes a la de Mercados estatus de Mercados Independientes en un solo paso coincidiendo con la Revisión Semestral del Índice de noviembre de 2021″.
Al respecto, el diputado Julio Sahad (Pro) señaló: “Hoy la MSCI anunció que Argentina desciende en el índice de mercados emergentes. No solo es una muy mala noticia para los mercados, sino también para las inversiones en nuestro país y especialmente en La Rioja”.
“En pocas palabras, estábamos en la B y nos mandaron directamente a la D. La desconfianza y la falta de reglas claras nos siguen jugando una mala pasada y perjudicando a los más necesitados”, agregó el riojano.
En tanto, el legislador Javier Campos (CC-ARI) expresó que “los inversores del mundo consideran tan riesgosa y complicada la economía argentina que pasaron de considerarnos mercado emergente a colocarnos en una categoría especial que se llama ‘stand alone’ (parados solos)”. “Un éxito más de la gestión de Fernández & Fernández!!!”, ironizó, en contra del Gobierno.
“Ya se van viendo los resultados de la esquizofrénica política económica del Gobierno, que condena la iniciativa privada y descree de la inversión. La Argentina descendió del índice de mercados emergentes y la ubicaron en un ‘limbo’ financiero”, escribió en su cuenta de Twitter el diputado Luis Petri (UCR).
Por su parte, la diputada Ximena García (UCR) consideró que “el control de cambios, la brecha cambiaria y la falta de claridad de reglas de juego hicieron que a Argentina la desciendan a un status peor que mercado de frontera. Es decir, más abajo de lo que llegamos a estar en 2015”.
“Esto no es solo un golpe para el financiamiento del Estado Argentino y de las provincias. Arrastra gravemente a las empresas argentinas exitosas que operan en el país y en el mundo, cerrándoles el acceso a financiamiento internacional”, continuó.
Sobre ello, dijo que a las empresas “las fuerza a pensar en migrar o a generar inversiones y empleo en el exterior donde si reciben financiamiento. A esto lo terminamos pagando los argentinos con menos empleo y menos crecimiento”.
Para la santafesina, “debemos reflexionar si esto es por mala gestión del Gobierno o porque se tiene decidido ir hacia un modelo que entrega la inversión y financiamiento de largo plazo al capitalismo ruso y chino”.
Diputados de la oposición figuran en un mapa interactivo realizado por seis periodistas, que contó con el financiamiento de una organización internacional feminista. El mensaje de Negri sobre la inclusión de la UCR. Dos oficialistas están presentes.
Un fuerte repudio se levantó en las redes sociales este domingo ante la aparición de una plataforma web denominada “La reacción conservadora”, donde figura un listado de personas, partidos y organizaciones apuntadas de imponer un “nuevo conservadurismo” en Argentina.
De esa lista forman parte varios legisladores nacionales, todos de Juntos por el Cambio, aunque también está la santafesina Vanesa Massetani, la voz más fuerte del Frente de Todos que se opuso a la ley del aborto. Y otro presente es el senador oficialista Dalmacio Mera, en contra de la Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Entre algunos de los nombres están los macristas Francisco Sánchez, Julio Sahad, Jorge Enríquez, Alberto Asseff, Soher El Sukaria, Dina Rezinovsky, David Schlereth y Gustavo Hein; la radical Estela Regidor; y la cívica Marcela Campagnoli. Además, fue incluida la senadora de la UCR Silvia Elías de Pérez.
Y mencionando a la UCR, el partido centenario también figura, al igual que el Pro. Sobre ello, el jefe del interbloque JxC en la Cámara de Diputados, Mario Negri, repudió: “No se puede vestir de periodismo el armado de una lista negra o una invitación al escrache. El periodismo debe cuidar la convivencia democrática. Armar un mapa interactivo del ‘conservadurismo reaccionario’ y poner a la @UCRNacional es caprichoso y delirante. Repudiable”.
Las fuertes reacciones, con hashtags como “#LaGestapoArgentina”, provocaron que la web con el mapa interactivo -compuesto por fotos, biografías y “vínculos” de cada uno de los nombres- se cayera.
Además, los periodistas a cargo del informe -que fue financiado por la organización internacional feminista IPPFRHO- Ingrid Beck, Florencia Alcaraz, Paula Hernández, Paula Rodríguez, Juan Elman y Soledad Vallejos, debieron cerrar sus cuentas en Twitter a causa de las presiones recibidas.
El repudio de los legisladores
Proyecto de declaración
Acompañada con la firma de más de una veintena de sus pares, la diputada Dina Rezinovsky presentó un proyecto de declaración en el que expresa “su más profunda preocupación y repudio por la creación del sitio reaccionconservadora.net”.
“Entre los nombres que aparece en las listas, figuran casi la totalidad de diputados y senadores de Juntos por el Cambio que han votado en contra de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. En el detalle de los perfiles, se acusa a los mismos de ser ‘antiderechos’ y de presentar proyectos que son ‘opuestos a la agenda de los derechos de las mujeres y la perspectiva de género'”, señaló la legisladora del Pro.
Y agregó que “también entre las personas que figuran en esta ‘lista negra’ hay nombres de twitteros que tienen entre 18 y 20 años, en su mayoría denominados influencers por contar con un par de miles de seguidores. Hay también unos cuantos pastores e iglesias, médicos, abogados, politólogos, escuelas confesionales, medios de comunicación, periodistas y partidos políticos”.
“Vivimos en democracia y estas prácticas nos trasladan a tiempos oscuros de nuestra historia que no deberíamos permitir que se repitan”, completó Rezinovsky en los fundamentos de la iniciativa.
La historia nació en un comentario al aire del canal C5N mientras mostraban la avenida Córdoba en la ciudad de Buenos Aires. Conocé lo que dijo el periodista, el cruce de los diputados de Juntos por el Cambio y el final de esta novela que otra vez involucra al canal de noticias con la oposición.
La tensión entre el canal de noticias C5N y Juntos por el Cambio tuvo un segundo capítulo luego de la nota escrache que realizó el periodista Tomás Méndez en la casa de la presidenta del Pro, Patricia Bullrich, que generó un comunicado del medio pidiendo disculpas a la líder de la oposición y echando al comunicador.
Ahora, el hecho involucró al periodista Diego Iglesias, quien se presenta como oficialista y apoya al Frente de Todos, durante una nota en la que una moto con una cámara circulaba por la avenida Córdoba en la ciudad de Buenos Aires.
En ese momento, Iglesias dijo: “Córdoba, la avenida del mal. La avenida del infierno. La avenida Córdoba, una avenida que de no existir de seguro la Argentina sería potencia, pero lamentablemente Córdoba todavía existe y nos encontramos en una situación difícil”.
Y remata: “Más allá de mi posición ideológica que la planteo con firmeza sobre la avenida Córdoba porque la verdad que no me callo nada y no le tengo miedo a los poderes fácticos, reales, voy a seguir diciendo lo que pienso de Córdoba”.
Allí, su compañero periodista lo interrumpió y aclaró “de la avenida”.
Ante estas declaraciones, la diputada nacional por Córdoba Soher El Sukaria (Juntos por el Cambio) salió al cruce en Twitter y publicó: “Para C5N somos ‘la avenida del mal, la avenida del infierno’ y agregan que si no existiéramos ‘la Argentina sería potencia’. Así son: destilan odio y desprecio por el que piensa diferente. ¿Yo? ¡Más cordobesa que nunca!”.
A las críticas al periodista se sumó el diputado de Juntos por el Cambio Waldo Wolff, quien escribió en Twitter: “En C5N promueven la destrucción de Cordoba? Mira vos”.
Luego de las críticas en redes sociales, Iglesias llamó a Wolff y lo sacó al aire en su programa en Radio Con Vos, donde el periodista le explicó al diputado que lo “habían malinterpretado” porque él se refería a la avenida porteña.
Durante la conversación radial, Iglesias afirmó que este “era un ejemplo de cómo se genera una fake news”, pero Wolff le dijo que no, que en todo caso era “fue una misunderstood news, un malentendido”.
Tras la aclaración, el periodista oficialista le pidió dos veces al legislador del Pro que publicara en Twitter la aclaración, lo que Wolff cumplió.
“Conversé con Diego Iglesias acerca de sus dichos y mi tuit. Por mi parte acepté su explicación a la pregunta que este tweet formulaba y le manifesté las disculpas respecto a la parte que me toca por este mal entendido”, escribió el diputado nacional, presidente la Comisión de Libertad de Expresión, en la red social.
Al finalizar la conversación, la historia de un malentendido terminó con la canción “Soy Cordobés” del famoso cuartetero fallecido Rodrigo Bueno, con lo que el periodista buscó dar por concluido el tema.
Pero en redes sociales, Iglesias remató: “Bien por la aclaración diputado Wolff. Y le recomiendo que nunca agarre por la avenida Córdoba. Jamás llegará a destino a tiempo. Saludos”.
Al igual que hace un mes atrás, los legisladores del interbloque opositor reclamaron por redes que el jefe de Gabinete asista al recinto a rendir cuentas de la gestión.
Diputados de Juntos por el Cambio reclamaron al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, que asista al Congreso a rendir cuentas de la gestión, tal como lo establece la Constitución Nacional.
Los legisladores del interbloque opositor reavivaron su reclamo para que el funcionario brinde un informe de manera presencial en el recinto de la Cámara baja, y remarcaron que “hace 300 días” que lo “están esperando”.
Al igual que un mes atrás -cuando además enviaron una carta a Sergio Massa- varios diputados lanzaron en sus redes el hashtag #CafieroVengaAlCongreso y un vídeo en el que se lo ve visitando las provincias de Santa Fe, Tucumán y Chaco, y también canales de televisión.
“Estuvo en todos lados, menos en el Congreso de la Nación. Hace 300 días lo estamos esperando”, culmina el vídeo que fue compartido, entre otros, por el jefe del bloque Pro, Cristian Ritondo, quien añadió: “Cafiero anduvo por todos lados ¿Tanto le cuesta venir a cumplir con lo que la Constitución le exige?”.
En ocasión pasada, funcionarios de la Jefatura de Gabinete salieron al cruce de los opositores al asegurar que Cafiero cumple mensualmente con los informes por escrito, donde se responden las preguntas enviadas por todos los bloques. Sin embargo, de manera presencial, el jefe de Gabinete estuvo en el recinto de Diputados por última vez el 30 de julio de 2020.
De acuerdo al artículo 101 de la Constitución Nacional, “el jefe de gabinete de ministros debe concurrir al Congreso al menos una vez por mes, alternativamente a cada una de sus Cámaras, para informar de la marcha del gobierno”.
Según pudo saber parlamentario.com, Cafiero asistirá por primera vez en lo que va de este año al Senado, cámara que en 2020 visitó dos veces. La sesión informativa se haría en la primera o segunda semana de junio.
La iniciativa que regula un nuevo marco regulatorio de biocombustibles obtuvo dictamen de mayoría con el apoyo de 2 diputados radicales y otros 2 macritas. El resto de Juntos por el Cambio firmó en contra.
En el plenario de las comisiones de Energía y Combustibles, y de Presupuesto y Hacienda, de la Cámara de Diputados emitió dictamen favorable a un proyecto que establece un marco regulatorio de la ley de Biocombustibles, que propone un corte del 5 por ciento para el gasoil y el biodiesel y del 12 por ciento entre las naftas y bioetanol.
Si bien parecía que todo iba a estar dividido entre oficialismo y oposición, la firma del despacho favorable dejó una perlita política: “2 diputados radicales y otros 2 macristas”.
Los nombres son: José Cano (Tucumán), Jorge Rizzotti (Jujuy), Domingo Maya (Tucumán) y Osmar Monaldi (Jujuy).
Las comisiones firmaron un despacho para regular los biocombustibles, que contó con el respaldo del Frente de Todos y bloques aliados, y fue rechazado por el resto de Juntos por el Cambio, que quiere mantener el actual régimen.
El despacho de mayoría consiguió 49 firmas -28 en presupuesto y 21 en energía entre las dos comisiones- y fue respaldado por el Frente de Todos, el Movimiento Popular Neuquino, el bloque Justicialista, Frente para la Concordia Misionera.
En tanto, Juntos por el Cambio propuso extender el actual régimen hasta el próximo 31 de diciembre de 2024, en sintonía con el proyecto de ley sancionado el año pasado por el Senado y que el oficialismo en Diputados decidió no impulsar para proponer un nuevo régimen.
La diputada jujeña radical acusó a su par Carolina Moisés del Frente de Todos de tener “una memoria fragmentada” y usar “la mentira como herramienta para construir un relato”.
Gabriel Burgos, la diputada nacional de Juntos por el Cambio, le respondió a su coterránea Carolina Moisés del bloque oficialista que días atrás publicó una nota de opinión con críticas al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales (JxC).
Sin rodeos, Burgos fustigó: “Las opiniones de la diputada Moisés, solo corroboran memoria fragmentada, mentira como herramienta para construir relato”.
“¿Sorprende?…en realidad ya no sorprende. No hay peor ciego que aquel que no quiere ver, la ceguera, aunque bastante selectiva, de Carolina Moisés ya es conocida en Jujuy”, señaló la diputada radical que continuó: “La diputada se olvidó al parecer que fue parte del gobierno que solo atendía la salud en San Salvador de Jujuy, dejando a su suerte a miles y miles de jujeños en todo el territorio”.
“Las opiniones de la diputada Moisés, solo corroboran memoria fragmentada, mentira como herramienta para construir relato”.
En su crítica, Burgos agregó: “Incluso a los propios sampedreños, de donde ella es oriunda, quienes debían emigrar a la capital por la más leve dolencia porque el hospital estaba desguasado”.
“Sobre todo su selectiva memoria olvida los 12 años de gobierno K los destinos de la salud, la vivienda, y la asistencia social recayeron en Milagro Sala, la gerenta de la pobreza del primero de ellos. Durante esos gobiernos la legisladora Moisés fue diputada provincial, nacional y funcionaria”, añadió.
Burgos manifestó, a través de un comunicado, que “la verdad que hablar de ‘dos caras’ y hablar de la pandemia criticando la convocatoria a elecciones, mientras defiende el vacunatorio vip es irónico”.
“A la diputada Moisés le duele que haya clases en Jujuy, le molesta la capacidad de gestión y civismo del gobernador Morales que tiene clara posición de diálogo con el presidente (Alberto Fernández), y acordaron, aunque tengan sus diferencias”, remató.
En una nota de opinión publicada en el diario Página 12 con el título “Las dos caras de Gerardo Morales”, la diputada Moisés sostuvo que “La fragilidad del sistema de salud de Jujuy, dramáticamente expuesta a los ojos de la Argentina durante la multiplicación de casos de covid en el invierno pasado, vuelve a la palestra ahora al conocerse que nuestra provincia alcanzó la tasa más alta de letalidad de la Argentina, con un 4,14%”.
Tras el mensaje presidencial, legisladores del interbloque opositor criticaron la extensión de las medidas restrictivas y el plan de vacunación.
Tras el anuncio del presidente Alberto Fernández, diputados de Juntos por el Cambio cuestionaron el mensaje y el anuncio sobre un proyecto de ley para que el Congreso le brinde más facultades al Poder Ejecutivo Nacional y a los gobernadores para tomar medidas por la pandemia.
En Twitter, el radical Luis Petri señaló que “después de 14 meses de la llegada del virus al país, el presidente reconoce que no puede restringir derechos y garantías revoleando DNU y que tiene que ser el Congreso de la Nación quien debe disponerlas o autorizarlas”.
En ese sentido, advirtió: “No espere del Congreso un cheque en blanco para hacer lo que ahora no tiene autoridad para disponer. Todas las medidas en el marco de la Constitución y conforme a las necesidades de la pandemia, por tiempo limitado, con control permanente del Congreso. Suma del poder público no!“.
Además, el mendocino cuestionó que “todas las restricciones que anuncia Alberto Fernández dice que tienen base científica. ¿Cuál es la base científica para priorizar y vacunar a 70 mil piqueteros, en lugar de los mayores de 60 años o a personas de riesgo?”.
“Sobre qué base científica se tercerizaron los testeos en Ezeiza a una empresa sin antecedentes en estudios clínicos, garantizándole un negocio millonario, en un lugar clave para impedir el ingreso de nuevas cepas”, se preguntó.
Y agregó: “Recursos para ampliar las camas hospitalarias? Son para la 3ra. ola? Porque para la 2da. ya llegamos tarde presidente, debía planificar con anticipación las medidas para combatir la 2da. ola que comenzó a afectar a Europa en agosto, ese anuncio debió hacerlo hace 5 meses presidente”.
Por su parte, el radical Alejandro Cacace expresó que “tras más de un año de declarada la pandemia, y de haber dispuesto cuantas restricciones a los derechos de los ciudadanos quiso por DNU, el presidente manda proyecto de ley al Congreso”. “Es obvio que lo hace para buscar blindarse en su disputa judicial con CABA por sus facultades“, consideró el puntano.
Desde el Pro, el santafesino Luciano Laspina publicó: “El presidente @alferdez anuncia que recién ahora (en medio de la segunda ola) se van a asignar fondos para ampliar las camas hospitalarias. La imprevisión es total”.
“No entiendo como prefieren que los chicos se queden encerrados en sus casas o (más probable y peligroso) jugando en la calle, que en la escuela bajo estrictos protocolos. El año pasado probó que el cierre indiscriminado no sirvió para frenar la peste”, agregó el legislador.
La diputada de la Coalición Cívica Paula Oliveto alertó que “una mayoría circunstancial en el Congreso, NO puede avanzar sobre la Constitución. No pueden votarse superpoderes”. “Siempre hay panqueques, vendidos y pusilánimes. Lo bueno es que vamos a tener la oportunidad de verles las caras“, disparó.
En la misma línea, el diputado macrista Fernando Iglesias reclamó que “la democracia no se suspenda por pandemia. El presidente pide superpoderes para suspender las elecciones. No ha lugar”.
“Resumen del mensaje: 1) No tenemos plan de vacunación, así que enciérrense de nuevo. 2) Denme todo el poder con la excusa de la pandemia y se quedarán sin elecciones. Fin del mensaje”, añadió en otro tuit.
Haciendo hincapié en lo que respecta a la vacunación, el radical José Cano criticó la frase de presidente sobre “la campaña de vacunación más importante de nuestra historia”. “Rechazaron vacunas. Después pagaron por vacunas que nunca llegaron. Muchas de las que llegaron se las robaron y hasta ahora solo el 2% de la población tiene las dos dosis. Mientras, siguen con la épica“, dijo el tucumano.
“El presidente vuelve a presentar un DNU de prórroga de restricciones en base a ‘sus’ datos. Nada dice sobre el plan de vacunación y testeos, concientización y empoderamiento social para evitar un nuevo año de restricciones. Se gobierna desde la desconfianza, lo único claro“, fue el mensaje de la radical Karina Banfi.
En tanto, el radical Álvaro de Lamadrid fustigó: “Vuelven a la lógica de marzo de 2020 que fracasó. Sostuve desde el año pasado que el gobierno usa la pandemia para ir hacía más autoritarismo. No saben gobernar sin plata y sin discrecionalidad. Vamos a defender las atribuciones del Congreso la CN y la libertad“.
“Creer en el diálogo del gobierno liderado por la vicepresidente es como creer en el escorpión pidiendo ayuda para cruzar el río. Quieren gobernar por decreto sin dar explicaciones. Debemos salvar al país de la imposición totalizadora y hegemónica del pensamiento único”, completó.
Desde el Senado, el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, reclamó que “después de un año de pandemia y de adoptar medidas en soledad, el presidente anuncia el envío de un proyecto al Congreso”. “Siempre vamos a reivindicar la discusión parlamentaria, pero no vamos a avalar ninguna ley que de superpoderes y un cheque en blanco al Ejecutivo“, anticipó.
Encabezados por el radical Luis Petri, los legisladores proponen que el Gobierno nacional brinde el beneficio por tres meses a los trabajadores de todos los niveles.
Diputados de Juntos por el Cambio, encabezados por el radical Luis Petri, presentaron un proyecto para otorgar un bono de 15.000 pesos, durante 3 meses, al personal de salud de todo el país.
El beneficio aplicaría a “los trabajadores y las trabajadoras profesionales, técnicos y técnicas, auxiliares y ayudantes que presten servicios, en forma presencial y efectiva, relacionados con la salud, en todos los niveles de atención y en todas las instituciones asistenciales del sistema público, privado y de la seguridad social del país, que estén abocados al manejo de la pandemia de Covid-19 en todas las jurisdicciones”.
En la iniciativa se señala que “si durante el período establecido, el trabajador o la trabajadora no hubieren cumplido con la asistencia al lugar de trabajo, total o parcialmente, en forma justificada, la suma a abonar se ajustará proporcionalmente a la efectiva prestación del servicio, con excepción de los casos afectados por Covid-19 conforme los protocolos vigentes, que recibirán la asignación completa”.
“Para el caso de trabajadores y trabajadoras que se desarrollen en tareas discontinuas o a tiempo parcial o bajo el régimen de jornada reducida legal o convencional, el incentivo extraordinario resultante será proporcional a la jornada cumplida”, aclara el texto.
El bono será “una asignación estímulo a la efectiva prestación de servicios, de carácter no remunerativo”. Asimismo, se establece que los trabajadores de salud “que perciban remuneración de más de un empleador, sólo percibirán el incentivo por uno de sus empleos”.
Petri sostuvo que el proyecto “se dirige a reconocer la labor que desarrolla el personal de salud, el enorme y continuo esfuerzo que vienen haciendo por el bien de todos, en la primera línea de combate en la lucha contra la pandemia”.
“Teniendo en cuenta la inflación y el momento de la pandemia en el que nos encontramos, este bono es lo mínimo que podemos hacer en reconocimiento a la labor que hacen diariamente para salvar vidas. Debemos cuidar a quienes nos curan y cuidan”, aseguró el legislador mendocino.
Por otra parte, en los argumentos de la iniciativa, los diputados opositores fustigaron: “Contra el espectáculo lamentable de improvisación, mezquindad y corrupción que ha dado a lo largo de la pandemia el Poder Ejecutivo Nacional, corresponde que el Congreso de la Nación, como sede de la más diversa y abarcativa representación popular, reconozca con el mayor esfuerzo posible dentro de las actuales restricciones, a los argentinos y argentinas que han cumplido y siguen cumpliendo de manera sobresaliente y heroica con su deber hacia toda la comunidad”.
El proyecto fue acompañado por los legisladores Waldo Wolff, Claudia Najul, Álvaro de Lamadrid, Pablo Torello, Carla Piccolomini, Gustavo Menna, Alejandro Cacace, Mario Arce, Ximena García, Estela Regidor, Soledad Carrizo, Jorge Enríquez, Adriana Ruarte, Héctor Stefani, Federico Zamarbide, Luis Pastori, Hugo Romero, Gonzalo Del Cerro, Gerardo Cipolini y Lidia Ascárate.
La bancada que reúne a la UCR, el Pro y la CC-ARI no logró el número para debatir la iniciativa impulsada por el propio oficialismo, que se apresta a tratarla el próximo sábado.
Como era previsible, la convocatoria de Juntos por el Cambio a debatir el proyecto de modificaciones en el impuesto a las Ganancias, impulsado por el propio oficialismo, no reunió el quórum necesario este jueves.
Tras el fracaso de la reunión citada para discutir la prórroga de la Ley de Biocombustibles, la bancada que agrupa a la UCR, el Pro y la Coalición Cívica se encontró en soledad en el recinto, alcanzado un total de 101 legisladores, entre los presentes en el recinto y los conectados virtualmente.
De esta manera, el Frente de Todos se encamina a discutir la iniciativa el próximo sábado, en un día verdaderamente inhabitual, pues la última vez que sucedió algo así fue en enero de 2002, en pleno contexto de crisis.
Luego que el oficialismo acusara a la oposición de querer “obstaculizar” el tratamiento de Ganancias, uniéndose con el Interbloque Federal para debatir biocombustibles en el día que se estimaba se podía llevar al recinto el proyecto impulsado por Sergio Massa, la bancada que comanda Mario Negri solicitó una sesión para negar dicha intención.
Después le siguió la polémica por la no autorización del presidente de la Cámara baja a ese pedido de Juntos por el Cambio, que salió a reclamarle a Massa una violación del reglamento con “una maniobra sin antecedentes”. Finalmente, el titular del cuerpo accedió a la solicitud para habilitar una sesión este jueves a las 14.
El proyecto apunta a que todos los trabajadores y jubilados que ganen menos de 150 mil pesos brutos no paguen el impuesto a las Ganancias; la medida beneficiará alrededor de 1.267.000 personas.
Durante las negociaciones, de la que formaron parte representantes del sindicalismo, la iniciativa sufrió una serie de modificaciones y se incorporaron mejoras, tales como que el beneficio será retroactivo al 1ro. de enero y que el aguinaldo quedará exento del pago del tributo.
Además, se agregó la deducción del concubino -actualmente se permite solo el cónyuge- y se mantiene el diferencial del 22% que perciben los trabajadores de la Patagonia en concepto de zona desfavorable.
Asimismo, se habilitó que los jubilados que perciban ingresos distintos al haber jubilatorio, como por ejemplo una renta de alquiler o intereses de un plazo fijo, podrán acceder igualmente al beneficio de la deducción de Ganancias, que pasa de seis a ocho haberes mínimos.
Otro de los cambios es que se eximirá del impuesto al reintegro por gastos de guardería para los hijos de hasta tres años, con un tope de hasta el equivalente al 40% de la ganancia no imponible -67.000 pesos al año, es decir 5.590 pesos mensuales-.
También, se aumentará la deducción por hijo con discapacidad hasta los 18 años y se prorrogará hasta el 30 de septiembre de este año la exención de las horas extras y guardias -activas o pasivas- del personal de salud, debido a la pandemia del Covid-19.
Al abrirse el tramo de expresiones en minoría, el jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Mario Negri, argumentó el pedido a esta sesión porque “empezó a tomar fuerza en todos los medios del país que los presentes hoy inventábamos una sesión especial de biocombustibles con el solo propósito de impedir el tratamiento de la ley de Ganancias y de monotributo”.
El radical enfatizó que querían dejar “constancia inevitable e indubitablemente de que estábamos dispuestos a ese tratamiento”, y reveló haberse comunicado con el presidente de la Cámara, Sergio Massa, que lamentó que se haya retirado del estrado, para transmitirle la “predisposición de facilitar hoy jueves y mañana viernes incluido” el debate de esos proyectos.
“Argentina no está en condiciones de hacer juegos infantiles, a Walt Disney van otros, la Argentina está difícil”, sostuvo y lanzó: “El presidente en una movida de ajedrez, pero solo de peón con peón, citó para el día sábado por el mismo tema”.
El cordobés resaltó entonces que con el pedido de sesión para este jueves, “quizás pensando que le estábamos faltando a su autoridad, pero no era así”. “Un pedido de 10 diputados no tiene ningún acto de discrecionalidad para disponer cuando da la sesión, sino tiene la obligación de citarla y los que la piden de juntar la gente”.
“Un día sábado no se sesiona en Argentina desde la crisis de 2002, a la que nadie quiere volver”, dijo e hizo referencia a los antecedentes que publicara parlamentario.com. “Salvo que el Gobierno crea que estamos como en el 2002 y no lo quiere decir, no veo el motivo para que convoque el día sábado”, agregó.
Pero también, Negri mencionó que el sábado es Pascua judía y hubo varios legisladores, incluso del oficialismo, que así se lo remarcaron a Massa, pero desde Presidencia se respondió que “como la Pascua judía contempla dentro de su reflexión estar en su domicilio, que lo hicieran por Zoom”. “Si los que estamos en el mundo cristiano estaríamos en Semana Santa, ¿estaría convocando un día sábado a sesión especial?”, se preguntó.
Finalmente, el diputado opositor consideró que “esto se convirtió casi en una comidilla de conventillo promovida desde lo institucional en la que nunca quisimos entrar” y rechazó la “política de espectáculo que se está preparando para el día sábado”.
Luego fue el turno del macrista Waldo Wolff, quien había reclamado a Massa durante la sesión en minoría anterior por el tema del Pésaj, y planteó una cuestión de privilegio porque en la respuesta a la nota que envió se le contestó que “se posibilita la asistencia a la sesión en forma presencial y remota, a efectos de dar cumplimento con la función legislativa”.
“Lo único que falta es que el presidente de la Cámara me tenga que dar permiso a mí para ver cómo yo festejo una fecha de la religión que yo profeso”, se quejó y adelantó que asistirá a la sesión y “por primera vez en muchos años no voy a pasar las Pascuas judías con mi familia”.
Para el legislador, “la Presidencia de la Cámara acaba de asentar un hecho que va a quedar en la historia como una falta de respeto al pluralismo al que ha existido siempre en Argentina y que no tiene registro en la historia parlamentaria de esta Casa”.
A su turno, el macrista Luciano Laspina aseguró que los proyectos sobre Ganancias y monotributo “son importantes para la clase media argentina que ha sufrido de manera dramática los efectos de una cuarentena salvaje que aplicó la Argentina desde el inicio de esta pandemia”.
Esa clase media “realmente requiere un alivio, sobre todo tratándose de un Gobierno que desde que asumió ha tenido el récord mundial en suba de impuestos, subió 14 impuestos”, apuntó el santafesino, que enumeró “reducción del IVA de la canasta básica, suba de retenciones, Bienes Personales, el impuesto extraordinarios, Ingresos Brutos en las provincias”.
“En Argentina lo que tenemos además de inflación monetaria, es inflación de impuestos”, siguió y señaló que “el 41% de la factura de un changuito de supermercado son impuestos de distinto tipo”.
Laspina ratificó entonces que están “de acuerdo con que el impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría se vaya actualizando y aliviando en la medida de las necesidades”, pero “no estamos para nada de acuerdo en la necesidad de avalar lo que parece ser una idea aparentemente del bloque oficialista de convertir el fin de semana en esos programas maratón, tipo feliz domingo, donde van a hacer un alarde de festejo como si estuvieran recuperando la soberanía nacional o estuvieran recuperando los dos millones de puestos de trabajo que cayeron en este último año, según datos del INDEC, o el 40 y pico por ciento de pobreza que tenemos producto de la inflación galopante”.
“Nos parece una falta de respeto, nos parece que están subestimando a la sociedad y nosotros no nos queremos prestar a eso”, insistió, para enfatizar que el proyecto “más que salvarle el año a los trabajadores, apenas los va a sacar por algunas semanas de la penuria que implica ir al supermercado todas las semanas y ver cómo los precios se remarcan día a día”.
Por último, el legislador dijo que el país tiene “el riesgo soberano más alto de la región y que por los dichos de la propia vicepresidenta de la Nación nos está llevando a un escenario aún más de aislamiento internacional”.
A su turno, el diputado Nicolás del Caño expresó que asistía convencido de que ese impuesto representa un impuesto al trabajo, pero cuestionó el “circo” que el oficialismo estaba armando en torno a ese debate, aunque también remarcó que “bajo el gobierno de Mauricio Macri aumentó en más de un millón los trabajadores que pagan este impuesto, un robo al salario. Ahora se rasgan las vestiduras, cuando siempre justificaron este robo al salario. Lo mismo hicieron cuando justificaron la Ley de Solidaridad”.
Más allá de lo que definió como “puja política entre el oficialismo y Juntos por el Cambio”, recordó que “están muchos trabajadores, la inmensa mayoría, que ni siquiera son alcanzados por este impuesto, porque sus salarios no alcanzan para llegar a fin de mes”.
Del Caño advirtió además que “van a montar un circo este sábado con la CGT que no movió un dedo para defender a los trabajadores y las trabajadoras”.
Desde ese mismo sector, el diputado socialista Juan Carlos Giordano cuestionó a Juntos por el Cambio, diciendo que “pedir una sesión especial para simular que están en contra del impuesto a las Ganancias mueve a risa, porque efectivamente Macri prometió la eliminación de ese impuesto, y de 1.688.000, pasaron a 2.139.000 trabajadores alcanzados por el impuesto”.
“Macri estaba preocupado por las ganancias capitalistas, no por sacarle impuestos a los trabajadores -dio por sentado-. Ya está claro para quienes trabajaron los CEO’s del Gobierno anterior”. Con todo, Giordano aclaró que “todos los gobiernos le metieron la mano a los bolsillos de los trabajadores con este impuesto”.
Una docena de legisladores del interbloque opositor no dieron quórum, entre ellos seis de la Patagonia. Los nombres.
A la sesión convocada por la oposición para tratar la prórroga de la Ley de Biocombustibles faltaron una docena de diputados de Juntos por el Cambio. La convocatoria fracasó con 108 legisladores, entre presenciales y conectados de forma remota, es decir 21 diputados menos de lo que se requerían para el quórum.
Dentro de los doce ausentes, seis fueron de provincias patagónicas: Francisco Sánchez (Pro-Neuquén), Ignacio Torres (Pro-Chubut), Federico Frigerio (Pro-Tierra del Fuego), Lorena Matzen (UCR-Río Negro), Gustavo Menna (UCR-Chubut) y Roxana Reyes (UCR-Santa Cruz).
Además faltaron, o no se pudieron conectar y no avisaron a sus pares, Ezequiel Fernández Langan (Pro-Buenos Aires), Sebastián García de Luca (Pro-Buenos Aires), Gustavo Hein (Pro-Entre Ríos), Luis Juez (Pro-Córdoba) y Martín Maquieyra (Pro-La Pampa).
A su vez, el radical puntano José Luis Riccardo “perdió el avión”, según confiaron fuentes del interbloque; mientras que no pudieron dar quórum los macristas santafesinos Gisela Scaglia, José Núñez y Federico Angelini, “que estaban retenidos por falta de resultado del PCR” y luego finalmente ingresaron al recinto.
Tampoco aportaron quórum, por problemas en su conectividad, el formoseño Ricardo Buryaile, el chaqueño Gerardo Cipolini y el catamarqueño Eduardo Brizuela del Moral, que posteriormente solucionaron.
Pero además de los ausentes de Juntos por el Cambio, desde el otro espacio que convocó a la sesión estuvo ausente nada más y nada menos que el presidente del Interbloque Federal, el bonaerense Eduardo “Bali” Bucca, y su compañero de bloque Justicialista Andrés Zottos, quien a las 12 en punto avisó que se retiraba del recinto.
Los interbloques Juntos por el Cambio y Federal reunieron 108 legisladores, 21 menos de los 129 necesarios para habilitar la sesión.
Por Melisa Jofré
Fracasó este jueves la sesión especial solicitada por Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal en la Cámara de Diputados para debatir la prórroga de la Ley de Régimen de Promoción de Biocombustibles.
En la reunión, convocada para las 11.30, figuraron 108 diputados, de manera presencial y remota. Un número ampliamente menor a los 126 que, con asistencia perfecta, hubieran reunido ambos espacios.
De todas maneras, si la sesión hubiera tenido quórum, la oposición no contaba con los dos tercios necesarios para aprobar el proyecto que no tiene dictamen de comisión.
La bancada que conduce el radical Mario Negri y el sector liderado por Eduardo “Bali” Bucca solo contaron con el respaldo de la tucumana Beatriz Ávila (Partido por la Justicia Social).
En tanto, no tuvieron acompañamiento del Frente de Todos; del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, comandado por el mendocino José Luis Ramón; ni del bloque Acción Federal, que integran el riojano Felipe Álvarez y el santacruceño Antonio Carambia.
Tampoco se sumaron la neuquina Alma Sapag y los diputados del Frente de Izquierda Nicolás Del Caño y Juan Carlos Giordano.
A las 12, cuando se cumplieron 30 minutos más de la hora citada, a pedido de Negri, Massa otorgó diez minutos de prórroga. A continuación, tomó la palabra el salteño Andrés Zottos, del bloque Justicialista, quien reclamó la ausencia de diputados y decidió retirarse del recinto antes de esperar el comienzo de la reunión convocada por su propio interbloque.
El legislador dijo que este era un tema “importante” y para él “una política de Estado”. “Hay legisladores que le gusta más el protagonismo a través de los medios, sin interesarles la producción y los productores. Les interesa más lo político que solucionar este problema”, lamentó.
Zottos se quejó entonces que “de Cambiemos están faltando alrededor de 23, 24 (diputados)…de nosotros también un par”. “Habiendo cumplido más de media hora en que estoy sentado acá, voy a proceder a retirarme”, cerró.
La semana pasada, Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal resolvieron unificar sus pedidos de sesión para tratar el tema, luego que Negri acordara con Carlos Gutiérrez, jefe del bloque Córdoba Federal -que responde al gobernador Juan Schiaretti-, aunar fuerzas en el recinto.
La decisión se dio en la previa de una reunión de la Comisión de Energía y Combustibles, convocada por el oficialismo el pasado lunes, donde comenzó a debatirse la cuestión con la presencia del secretario de Energía, Darío Martínez.
La alerta de la oposición se encendió a partir de la intención de Máximo Kirchner, jefe del bloque Frente de Todos, de debatir un nuevo proyecto sobre el cual no se conocen mayores detalles, salvo que apunta a que los beneficios del régimen favorezcan prioritariamente a las PyMEs.
Si bien desde todos los bloques coinciden en discutir una nueva norma, especialmente los diputados que representan a las provincias beneficiadas por esta industria -entre ellas Tucumán, Córdoba, Santa Fe y Jujuy- reclaman que se trate en lo inmediato la extensión de la Ley 26.093, que vence en mayo próximo.
La prórroga del régimen recibió media sanción por unanimidad en el Senado en octubre pasado, pero pese al acuerdo en la Cámara de Diputados para aprobarla en el verano, el Gobierno no incluyó el proyecto en el temario de sesiones extraordinarias.
Expresiones en minoría
En el arranque de las expresiones en minoría, el presidente del interbloque Juntos por el Cambio, Mario Negri, recordó que la Ley 26.093 había sido aprobada en 2006 en tiempos de Néstor Kirchner, y que la Argentina fue entonces uno de los primeros países que se ocupó de esa industria que “aceleradamente fue creciendo”. Destacó, en ese sentido, que en nuestro país existen 54 plantas instaladas en diez provincias y que representan un motor para el desarrollo y el empleo, aportando valor agregado.
Tras 15 años de vigencia de la norma y próximo su vencimiento -el 15 de mayo-, el cordobés señaló que el Senado aprobó en octubre pasado la prórroga “por unanimidad, como pocas veces ha ocurrido”. Y en esa oportunidad, resaltó también, muchos senadores advirtieron en sus discursos de la necesidad de actualizar la ley.
Se preguntó Negri entonces “qué pasó durante estos cinco meses” para que todavía no se haya avanzado en ese tema. Habló así de un “silencio que aturde” y lamentó que nadie se hubiera puesto a trabajar para buscar un acuerdo.
En su discurso, el radical alertó que eso puede volver a ocurrir con otros temas, como la Ley Ovina, próxima a vencer en abril, y remarcó que la Argentina debe “dar certezas”. “¿Por qué tenemos que terminar en una sesión en minoría, reclamando a viva voz que esto tenga una respuesta inmediata?”, se preguntó.
“Sabíamos que era difícil alcanzar el quórum; no tenemos el número de por sí. Pero hay un enorme interrogante sobre cuál es la razón de la tardanza en poner una solución a esta inestabilidad para el sector”, concluyó.
Después fue el turno de Carlos Gutiérrez, jefe del bloque Córdoba Federal, quien subrayó que “no venimos a sumar a los biocombustibles a la pelea de la grieta”. “Hemos cumplido cabalmente desde el Interbloque Federal con el compromiso de venir a defender la Ley de Biocombustibles”, dijo.
El diputado explicó que “menos corte significa que cada 100 litros de combustible que tiene hoy en el marco de la Ley 26.093 la obligación de ser cortados por dos litros de bioetanol, cualquiera sea su origen, o por 10 litros de biodiesel, el recorte hasta de un 50 o más por ciento del que se habla es lisa y llanamente un atentado contra las provincias productoras y contra mi Córdoba”.
El presidente de la bancada que responde al gobernador Juan Schiaretti apuntó que “más de 6.000 puestos de trabajo están hoy en ascuas producto de esta seguidilla de indefiniciones y de improvisaciones”.
“No tenemos nada contra las provincias petroleras. Le reconocemos el derecho constitucional de sus regalías”, aclaró, pero enfatizó que “Córdoba este año vuelve a poner en las arcas nacionales 3 mil millones de dólares en conceptos de retenciones agropecuarias”.
Por eso, Gutiérrez rechazó que “se nos venga a decir desde el lobby petrolero” que “la industria petrolera subsidia los biocombustibles, ¿no será exactamente al revés?”. Y agregó también que al no dar impulso a este sector “se están vulnerando los principios más elementales del ambientalismo”.
El cordobés afirmó que no existe una negativa a sacar una nueva ley, pero sí “nos negamos a este atropello” y que “se pretenda lograr los consensos en 30 o 40 días”. “El éxito está garantizado porque es exitoso el sistema productivo que abarca los biocombustibles como una de las alternativas más fuertes que tiene Argentina para apostar al desarrollo”, finalizó.
A su turno, el macrista Omar De Marchi resaltó que “el 95% de nuestro interbloque está presente”, pero hay “100% ausencia del Frente de Todos”. El mendocino expresó que la Ley 26.093 fue “muy buena” y recordó que el 13 de febrero el presidente Alberto Fernández, de visita en Tucumán, “garantizó a los industriales del sector la prórroga” de la norma.
Sin embargo, “de repente nos encontramos que empiezan a aparecer dudas” y “proyectos fantasmas”, señaló el diputado, que cuestionó el borrador de la iniciativa impulsada por Máximo Kirchner porque “deja en el aire la certidumbre y la seguridad jurídica”.
El vicepresidente primero de la Cámara baja mencionó particularmente dos artículos de ese texto, referidos a las plantas que podrían seguir con su producción y a la manera en que se definirán a las PyMEs. Sobre ello, consideró que se apunta a “la tendencia al monopolio”, además de “discrecionalidad y oscuridad”.
“Creo en el fondo que lo que esta improvisación esconde es la falta de rumbo claro en materia de biocombustibles en Argentina, la falta clara de plan energético”, aseguró, al tiempo que opinó que se debe a que “no hay plan económico, porque no hay plan de país”. “El Frente de Todos es cada vez más el gobierno de pocos”, lanzó.
Por su parte, el jefe del bloque Consenso Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez, criticó duramente al oficialismo al recordar que, una vez aprobada la prórroga en el Senado, “la nueva autoridad de la Comisión Energía y Combustibles predijo lo que iba a suceder. Dijo que ‘esa ley que aprobaron por unanimidad del Senado’ era ‘una mala ley’”.
“La justificación de por qué era una mala ley es que supuestamente perjudicaba a la industria petrolera. Y la industria y las empresas petroleras estaban subsidiando al resto del país”, continuó el bonaerense.
Para el legislador, “no hay un rumbo en esta materia”. “La amenaza a nosotros es que van a votar en contra de la ley que sus propios senadores y Néstor Kirchner pusieron en funcionamiento en la Argentina”, prosiguió y anticipó que “antes del 12 de mayo vamos a tener prórroga sí o sí”.
“Creo finalmente que en un mundo que empieza a presenciar la recuperación” y “con la posibilidad de que nuestro biocombustible ingrese al mercado norteamericano, es una muy mala señal que Argentina no respete y que retroceda en material ambiental”, cerró.
Al igual que De Marchi, el diputado de la Coalición Cívica Juan Manuel López hizo hincapié en la ausencia del oficialismo: “120 diputados (ausentes) son del Frente de Todos, sépanlo. Porque es extraño que no quieran dar este debate. Y la política energética de este Gobierno, si soy generoso creo que es errática… si subo un poco el tono, creo que es escandalosa”.
“Y si alguien de acá quiere hablar de lobby’s, podemos hablar de lobby: ¿saben dónde está el lobby más escandaloso de este Gobierno? En la Secretaría de Energía de la Nación, en el Ente Regulador de los Servicios Públicos, intervenido. Y mientras los empresarios que apostaron a desplegar la actividad de los biocombustibles en la Argentina navegan a ciegas entre la discrecionalidad, la improvisación y la incertidumbre, hay algunos que en esa Secretaría de Energía tienen tráfico de influencias, tienen información privilegiada y pueden comprar una distribuidora de electricidad a precio vil como Edenor. Se llaman Maurici Filiberti, José Luis Manzano o Daniel Vila”, disparó.
Y completó: “¿Qué pasa entonces? ¿Hay dos estándares en la Argentina, algunos hacen lo que quieren y compran con información privilegiada, y a otros los tenemos desde octubre del año pasado, cuando se votó la ley por unanimidad en el Senado, sin saber qué hacer?”.
A su intervención le siguió el santafesino Luis Contigiani, quien arrancó: “La posición del diputado preopinante me obliga a remarcar con mucha fortaleza y convicción personal porque estoy acá desde el punto de vista político. La democracia necesita de una oposición con altura y sincera”. “No se puede hablar de lobby cuando tenían a (Juan José) Aranguren en la Secretaría de Energía y dolarizaban las tarifas”, le enrostró.
El legislador del Interbloque Federal aseveró que no quería “llevar este tema tan estratégico para el país a la grieta”, porque “lo que está en juego es algo extraordinario, es una oportunidad que no podemos perder en la Argentina; lo que está en juego son las PyMEs y un sistema asociativo no integrado”.
“No creo en el divorcio entre la industria petrolera y la de biocombustibles”, subrayó y reflexionó que “necesitamos que Argentina de manera equilibrada vaya a un esquema de integración para ser una potencia en producción de energías”.
Desde Tucumán, la diputada Beatriz Ávila denunció que “las petroleras incumplieron; mezclaron solamente el 7% de biodiesel en lugar de 10% y menos del 11% del bioetanol en lugar del 12%”. La legisladora insistió en la “incertidumbre” que “pone en vilo no solamente a la provincia de Tucumán, sino también a todo el noroeste y a todas las provincias que están involucradas”.
“En el caso de Tucumán, la producción de azúcar y alcohol es la principal actividad” y “cuando se carga combustible en un auto, el 88% es nafta y el 12% es biocombustible, de los cuales el 4% es de Tucumán”, precisó.
Otro de los oradores fue el santafesino Enrique Estévez, quien valoró que “esta es una ley que trajo muchos beneficios absolutamente palpables” a las economías regionales, además del valor agregado y el cuidado del ambiente.
El socialista explicó que los biocombustibles “vienen a frustrar algunos negocios” y por eso “borramos con el codo lo que fue casi una política de Estado en nuestro país”. “En Santa Fe la industria de los biocombustibles es muy importante y nuestra provincia trabajó para potenciar esa industria”, ponderó.
Diputados de la oposición alzaron la voz para exigir que esta misma semana se ponga en agenda “la preocupación de los argentinos”.
Durante un plenario de las comisiones de Salud y Deportes de la Cámara de Diputados, convocada para tratar un proyecto relacionado al dopaje, legisladores de Juntos por el Cambio reclamaron el “urgente” tratamiento de proyectos vinculados a las vacunas, además de la presencia de funcionarios, entre ellos de la ministra de Salud, Carla Vizzotti, para que brinden explicaciones sobre la marcha lenta del plan de vacunación contra el Covid-19.
En la primera reunión que realizó la Comisión de Salud, iniciado el nuevo período ordinario, la macrista Carmen Polledo pidió que se convoque “en forma urgente” a tratar “cuatro proyectos, tres de ellos relacionados con los acontecimientos que derivaron en la salida” del ministro Ginés González García, en referencia a la vacunación “VIP”.
La vicepresidenta de la comisión enumeró un “pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre el listado completo de las personas vacunadas contra el Covid-19”, una “ley de transparencia en la gestión, provisión y acceso a las inmunizaciones contra el Covid-19” y la “creación de una comisión especial investigadora de control y monitoreo de la provisión de vacunas y de la campaña de vacunación”.
Sobre este punto, cuestionó que “extrañamente este expediente no tiene giro a la Comisión de Salud, y vamos a solicitar la ampliación de giro”.
Además, solicitó debatir una iniciativa sobre “la extensión y ampliación de la asignación estímulo para el personal de salud”. “Esta es la única oportunidad que tuvimos para plantearle cara a cara esta solicitud que estaremos enviando por nota”, agregó.
Luego continuó su par Silvia Lospennato, quien resaltó que “hace 17 días que no ingresa una vacuna a nuestro país”. “¿Por qué las diez millones de vacunas que se nos prometieron no están ni siquiera en Argentina? ¿Por qué estamos en un nivel tan bajo de inmunización?”, se preguntó la macrista y advirtió que “solamente 805 mil argentinos mayores de 80 años han recibido la vacuna, cuando sabemos que es el grupo que corre mayor riesgo de muerte”.
Al aflorar el tema de las vacunas, el presidente de la comisión, el oficialista Pablo Yedlin, expresó: “Entiendo el tema de vacunas y la tribuna que se genera a partir de la posibilidad que nos escuchen por Diputados TV. Mantengamos el tema de la reunión para la que fue convocada. Los pedidos están hechos, el protocolo está recién habilitado, vamos a trabajar en esto, nadie le quiere quitar la información de nada a nadie”.
Pero tuvo que pedir disculpas por sus dichos sobre la “tribuna”, después que le reclama otro tucumano, el radical Pablo Cano, quien además en su intervención recordó que “Vizzotti dijo que en marzo deberíamos tener 10 millones de personas vacunadas con dos dosis, o 20 millones con una sola, y nada de eso ocurrió”. “Este tema forma parte de la preocupación del interbloque y de los ciudadanos argentinos”, añadió.
Desde el Frente de Todos recogió el guante la diputada Cecilia Moreau, que sostuvo: “Es cierto que debemos hablar del tema de la vacunación en muchas provincias, hay provincias y lugares que a mí y a nosotros nos tienen muy preocupados”.
Pero replicó que sería bueno también convocar a la titular del PAMI, Luana Volnovich, quien “tuvo que salir urgentemente a ver cómo hacía para remediar el drama que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires había generado en el Hospital Español”. “También habría que rever que está pasando en la Ciudad, donde el ritmo de vacunación es uno de los más lentos junto con Mendoza”, cargó.
“Debemos ser muy responsables y no hacer poliquetería con esto. Convoquemos a una reunión con los que tengan que estar“, sumó la vicejefa de la bancada oficialista, que mencionó además al ministro de Salud porteño, Fernán Quirós.
A su turno, la macrista Graciela Ocaña remarcó que Vizzotti debe “explicar cuál es la situación real de las vacunas” para poder “tener un informe real, y saber qué pasa con las otras negociaciones” con otras firmas además de Sputnik y Sinopharm.
La legisladora alertó que la población mayor “no está inmunizada” cuando “estamos ante una posibilidad de segunda ola”. Y, en respuesta a lo de Volnovich, Ocaña recordó que pidió su citación “en varias oportunidades” para que “venga a explicar el vacunatorio ‘VIP’ en el hospital de Mar del Plata” y “por qué PAMI inmuniza a jóvenes”.
“Necesitamos urgente tener certezas, después de la salida escandalosa que tuvo el ministro”, expresó la radical Claudia Najul, que apuntó que “todavía no sabemos la magnitud” que tuvo el “vacunatorio ‘VIP'”, y lamentó que “por ese hecho han quedado tantísimos adultos mayores sin vacunar”. En defensa de la campaña de vacunación en su provincia, la mendocina argumentó: “No vamos lento, lo que no tenemos es vacunas”.
Finalmente, Yedlin aclaró que no podía “asegurar” convocar a una reunión esta misma semana, “pero sí no tengan dudas que vamos a tener las invitaciones y lo que haga falta para que estos temas se traten; coincido son los que nos preocupan a los argentinos”, cerró.
La bancada opositora que preside Mario Negri solicitó una reunión para el próximo jueves a las 11, una hora antes de la pedida por el Interbloque Federal.
El interbloque Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados solicitó una sesión especial para el próximo jueves 25, a partir de las 11, una hora antes de la pedida por el Interbloque Federal.
Luego que los jefes de los bloques avanzaran con la firma de la prórroga del Protocolo de Funcionamiento Remoto -que tendrá vigencia hasta el 30 de abril-, la bancada opositora llamó a sesionar con un temario propio.
Dentro de los temas incluidos, figura en primer lugar la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2024 del “Régimen de Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles”, con media sanción del Senado.
Se trata del proyecto que extiende la vigencia de la Ley 26.093 -que vence en mayo-, y que durante el verano no se debatió porque el Gobierno no lo incluyó en el temario de extraordinarias.
Por otra parte, Juntos por el Cambio quiere debatir en el recinto iniciativas vinculadas al escándalo por la vacunación “VIP”. Uno de los puntos es un proyecto de ley para otorgar “transparencia en la gestión, provisión y acceso a las inmunizaciones contra el Covid-19”.
Otro expediente es el pedido de “informes verbales”, es decir la citación, al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y a ministra de Salud, Carla Vizzotti; con todos los secretarios de la cartera de Salud, para que respondan “sobre la existencia de vacunatorios clandestinos y/o vacunaciones irregulares, y otras cuestiones conexas”.
También, la oposición quiere votar un pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre el listado completo de las personas vacunadas contra el Covid-19.
Finalmente, el listado incluye un proyecto del radical Gustavo Menna para prorrogar por 10 años al Régimen para el Recupero de la Actividad Ovina, Ley Ovina, e incrementar en 1.600 millones de pesos el Fondo para la Recuperación de la Actividad Ovina (FRAO) que se distribuye todos los años entre las provincias.
Los legisladores de la oposición aseguraron que la elección del rionegrino es para “cerrar causas del kirchnerismo” y generar “impunidad”, al tiempo de controlar a jueces y fiscales.
Tras la confirmación de Martín Soria como nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos, la oposición cuestionó la designación del rionegrino, decisión que vinculó directamente con la influencia de la vicepresidenta Cristina Kirchner.
En su cuenta de Twitter, el jefe del interbloque Juntos por el Cambio en Diputados, Mario Negri (UCR), enumeró: “La Carta de Cristina contra la Corte Suprema. El discurso de Alberto Fernández en la Asamblea Legislativa. Las presiones a los jueces del Ministro del Interior. La llegada de #Soria a Justicia. Todos capítulos de un mismo plan: cerrar las causas del kirchnerismo por corrupción”.
“La designación de Martín Soria como Ministro de Justicia nos demuestra que quien decide es Cristina Kirchner. La constante erosión a la autoridad presidencial viene de su propia Vice, empeñada en demostrarnos que quien gobierna es ella. Anclados al pasado no se construye futuro”, sostuvo la diputada Paula Oliveto (CC-ARI).
Por su parte, el legislador Jorge Enríquez (Pro) opinó que “con la designación de Soria, el presidente ha abdicado de hecho. El papelón de la salida de Losardo se profundiza por la designación de Martín Soria, un kirchnerista que viene siendo vocero de las posturas más recalcitrantes del Instituto Patria contra la independencia judicial”.
“Si bien la incidencia de ese ministerio en llevar adelante tales reformas es escasa, queda claro ahora que el presidente ha abdicado de hecho y que su margen de decisión es nulo”, consideró el macrista y agregó que “cualquier atisbo de moderación y racionalidad ha sido dejado de lado. ¿Será Martín Guzmán el próximo peón al que se comerá la dama?”.
En la misma línea que sus pares, el diputado Luis Petri (UCR) enfatizó que “la agenda judicial sigue manejándola CFK desde el Instituto Patria, la única diferencia ahora es que ya se designó a su vocero consustanciado con la defensa del Lawfare al frente del Ministerio de Justicia”.
“Les presento al nuevo ministro de justicia. Las caras lo dicen todo. Muy a tono con #ElPeorGobiernoDeLaHistoria”, escribió el legislador Fernando Iglesias (Pro), junto a una foto de CFK y Martín Soria, señalando con su dedo.
En tanto, el diputado Pablo Tonelli (Pro) afirmó que “la designación de Martín Soria como ministro implica que el presidente va a profundizar el plan contra la justicia para controlarla y amedrentar a los jueces independientes. Nada bueno espero de esta designación”.
“Soria se ha caracterizado por múltiples denuncias y acusaciones contra jueces y dirigentes políticos. No me parece que tenga la mesura, la prudencia y el equilibrio que uno desearía que tenga un ministro de justicia”, señaló el porteño.
Y pronosticó: “Avizoro que habrá nuevas embestidas contra la justicia. Y está claro que el ministerio de justica en pleno va a conducir y comandar esas embestidas”.
“Oficialmente se anunciará el MINISTERIO DE IMPUNIDAD”, publicó la diputada Mariana Zuvic (CC-ARI), mientras se esperaba por la entrevista televisiva en la que el presidente Alberto Fernández oficializó el nombre.
Los presidentes de los bloques que conforman el interbloque opositor se reunieron con Sergio Massa y le llevaron sus pedidos.
Los presidentes de los bloques que integran Juntos por el Cambio en Diputados, Mario Negri (UCR), Cristian Ritondo (Pro) y Juan Manuel López (CC-ARI), se reunieron con el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, y le acercaron una serie de propuestas de modificación al proyecto sobre el impuesto a las Ganancias.
Desde la bancada opositora aseguraron que las mismas serán “presentadas formalmente” también al presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, para que se tengan en cuenta en el debate que comenzó esta semana.
Si bien desde JxC se muestran a favor, en general, de la iniciativa impulsada por el oficialismo, reclaman que se introduzcan una serie de cambios al texto, que de no tomarse en cuenta podría generar que el interbloque vaya con un dictamen propio a la discusión en el recinto.
Los diputados de la UCR, el Pro y la CC-ARI reclaman que se reemplace la deducción especial para trabajadores que cobren 150 mil pesos mensuales brutos por un aumento del mínimo no imponible hasta 513 mil pesos, con actualización semestral por IPC.
También buscan llevar la deducción de autónomos a dos veces el mínimo no imponible (actualmente es una vez); y derogar la deducción especial para jubilados y pensionados y reemplazarla por una exención a las jubilaciones, pensiones y retiros o subsidios de cualquier especie en cuanto tengan su origen en el trabajo personal, manteniendo la plena vigencia del impuesto para jubilaciones de privilegio (para armonizar con la jurisprudencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación).
Uno de los principales pedidos es reemplazar el índice RIPTE de actualización de escalas y deducciones por una actualización semestral por IPC, “para evitar la rápida licuación de los topes y sumas contenidas en la ley”.
En cuanto a las deducciones para personas humanas, Juntos por el Cambio solicita incorporar en la deducción por cónyuge al conviviente -algo que el oficialismo ya anunció que aceptará-; y actualizar la deducción por créditos hipotecarios (hoy de 20 mil pesos anual). Sobre este punto, se explicó que ese tope “se fijó en el año 2003 con un dólar de 3 pesos. Se debe elevar a 200 mil pesos y fijar mecanismo de actualización semestral por IPC”.
Además, los diputados quieren elevar el tope de deducción por alquiler del 40% al 60%; incorporar una deducción por gastos en educación; y eximir del impuesto a las Fuerzas Armadas y fuerzas de seguridad tanto federales como provinciales.
Desde la bancada opositora señalaron que sí debería crearse una comisión, pero para investigar “el uso de privilegios para el acceso a las vacunas”.
Diputados del interbloque Juntos por el Cambio ratificaron su rechazo a la creación de una comisión bicameral que controle al Poder Judicial, luego que el presidente Alberto Fernández le pidiera al Congreso, en su discurso ante la Asamblea Legislativa, asumir “el rol de control cruzado sobre el Poder Judicial” como “lo prevé nuestra Constitución”.
A través de un comunicado difundido este miércoles, la bancada opositora que conduce el cordobés Mario Negri lamentó “escuchar que el oficialismo pretenda crear una comisión legislativa para controlar a la Justicia, no sólo porque sería abiertamente inconstitucional, sino porque además demuestra que la principal preocupación del Poder Ejecutivo es amedrentar a jueces y fiscales para garantizar la impunidad en nuestro país”.
“Vemos a un Gobierno alejado de los problemas reales de los argentinos que no acceden a las vacunas, que no pueden retomar sus trabajos al ver limitada su movilidad por las restricciones en el transporte público, de las miles de PyMEs que cerraron sus puertas, de millones de mujeres que no pueden reinsertarse en el mercado laboral teniendo que hacer malabares para que sus hijos recuperen apenas algunas horas de presencialidad escolar y de los millones de nuevos pobres y desocupados que dejó la pandemia. Esto es lo que preocupa a los argentinos, que aún no saben cuál es el plan de vacunación que nos permitirá recuperar la normalidad”, cuestionaron.
Para los legisladores del Pro, la UCR y la CC-ARI, “si el oficialismo quiere crear una comisión, en lugar de pensar en controlar la Justicia, lo invitamos a apoyar nuestra propuesta para monitorear la transparencia de un plan de vacunación que nos devuelva previsibilidad y tranquilidad a todos los argentinos”. “Sostenemos que la única comisión que debería proponer el Gobierno es la que investigue el uso de privilegios para el acceso a las vacunas”, concluyeron.
Un grupo de legisladores presentó un proyecto para implementar ese sistema, y consideraron que “la pandemia parece ser una buena oportunidad para instalar esta metodología”.
Un grupo de diputados de Juntos por el Cambio, encabezados por el radical Facundo Suárez Lastra, presentaron un proyecto para que este año se vote con boleta única en formato papel, “frente a la incertidumbre generada sobre el proceso electoral”, indicaron.
“Es el método más sencillo, económico, transparente y de fácil implementación. Reduce el tiempo de votación, los contactos con las boletas y el espacio que se necesita destinar para los cuartos oscuros”, explicó Suárez Lastra.
La iniciativa se suma a las ya presentadas en este sentido, pero que hasta ahora no consiguieron el consenso político para aprobarse. “La pandemia parece ser una buena oportunidad para instalar esta metodología que prima en las principales democracias del mundo”, consideraron los opositores.
En Argentina, más de 40 entidades de la sociedad civil, entre ellas el Club Político Argentino, la Red Ser Fiscal, Poder Ciudadano, Conciencia, ACDE, ConstiTuya, Transparencia Electoral, CIPPEC y ACIJ, entre otras, abogan por este sistema.
En los argumentos del proyecto se remarcó que “está comprobado que la boleta única reduce el gasto destinado a las elecciones por la menor cantidad de impresiones necesarias y permite cumplir con indicaciones sanitarias y de distancia social”.
“Incluso se observó que mediante este sistema solamente el presidente de mesa y el votante tocan la boleta; se evita la acumulación de boletas y se prescinde de los cuartos oscuros, siendo suficiente un espacio que brinde privacidad al votante”, agregaron.
Además, defendieron que “se agiliza la votación evitando la acumulación y permanencia de personas en los centros de votación”.
En este sentido, Suárez Lastra sostuvo: “Debemos velar por el pleno ejercicio de los derechos políticos y garantizar la integridad de todo el proceso electoral en este año que se presenta tan desafiante”.
“Con este proyecto buscamos sumar un elemento más para garantizar la transparencia y evitar el oportunismo partidario”, completó el impulsor de la iniciativa, similar a la presentada por el catamarqueño Oscar Castillo en el Senado.
El proyecto fue acompañado por los diputados Pablo Torello, Mónica Frade, Gonzalo Del Cerro, Sofía Brambilla, Dina Rezinovsky, Camila Crescimbeni, Gabriela Lena, Gerardo Cipolini, Jorge Enríquez, Alberto Assef y Alicia Terada.
La mesa chica del interbloque opositor se encuentra “analizando” la iniciativa que este lunes anunció el oficialismo. En tanto, la Mesa Nacional de la coalición ratificó el rechazo a la suspensión de las PASO.
La mesa chica del interbloque Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados le pedirá al presidente del cuerpo, Sergio Massa, que el proyecto que impulsa para que los trabajadores que ganan menos de 150 mil pesos por mes no paguen el impuesto a las Ganancias, sea tratado en sesiones extraordinarias. Esto es, en lo que resta del mes de febrero.
Tras el anuncio del titular de la Cámara baja, que encabeza la iniciativa, los referentes de la bancada opositora se encuentran “analizando” la propuesta para ver “si se ajusta a los estándares legales”, según indicaron voceros del espacio.
Cabe señalar que el tema no fue tratado en el Zoom que la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio realizó este lunes, con la participación incluida del expresidente Mauricio Macri, conectado desde Qatar en el día de su cumpleaños.
Sí se debatió en ese encuentro virtual sobre el calendario electoral y los dirigentes ratificaron su rechazo a la suspensión de las PASO. Además, advirtieron que una eventual unificación de las primarias con los comicios generales “sería una ley de lemas encubierta”.
Por otra parte, los referentes de la alianza del Pro, la UCR y la CC-ARI confirmaron su participación en la jornada de clases abiertas, en defensa de la vuelta a clases presenciales, que se realizará en todo el país este martes, bajo las consignas “#9F” y “#JuntosPorLaEducación”.
En el Zoom de los dirigentes de Juntos por el Cambio se trataron también las declaraciones del presidente Alberto Fernández durante una entrevista con el diario Página/12, durante la que “amenazó al campo con el regreso de los cupos de exportación y la suba de retenciones”.
Los opositores consideraron que sería “un retroceso a políticas que ya fracasaron durante 2007 y 2015”, bajo los gobiernos de Cristina Kirchner. También calificaron como “preocupantes y graves” los dichos del mandatario sobre la Corte Suprema, “en un capítulo más del acoso del Gobierno a otro poder del Estado”, expresaron.
La comitiva de diputados que viajó a la provincia para constatar las condiciones de los centros de aislamiento aseguraron que hay “violación sistemática de los derechos humanos”.
La comitiva de diputados nacionales de Juntos por el Cambio que viajó a la provincia de Formosa, con el objetivo de recoger testimonios de las personas que pasaron por los centros de aislamiento dispuestos por el gobierno provincial, anunciaron este viernes que denunciarán al secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, por el delito de “encubrimiento”.
Durante una conferencia de prensa en el hotel Howard Johnson, los legisladores afirmaron que “todos los testimonios y materiales recolectados de denuncias contra las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, cometidos en el marco de la estrategia sanitaria oficial, terminarán en causas judiciales que se elevarán al Congreso y luego a organismos internacionales”.
En primer término, el radical Ricardo Buryaile agradeció la sociedad formoseña y mencionó dos ejes “irrenunciables” que perseguirán: “Vamos a insistir con el respeto irrestricto a los derechos humanos y quien venga a Formosa tenga su cuarentena domiciliaria”.
“Nunca hemos hecho de esto una cuestión política, sino una cuestión de entendimiento sanitario”, dijo el formoseño, que habló de una “sociedad golpeada psicológicamente” que le tiene “más miedo a hisoparse que al propio coronavirus”.
Por su parte, el jefe del interbloque JxC en el Senado, el radical Luis Naidenoff, habló de un “control asfixiante” por parte de la gestión de Gildo Insfrán. “En Formosa no se salvó nadie, ni los comerciantes, ni los cuentapropistas, los gastronómicos, la gente en general que se vio coartada y estigmatizada, como los varados que por mucho tiempo estaban sindicados como portadores del virus”, sostuvo.
El senador resaltó que “es la primera vez en los últimos años en nuestra provincia donde se ha dado una masificación y una internalización de lo que significa el valor y la importancia de la libertad”. “Vamos a llegar hasta las últimas instancias”, prometió el formoseño, que abogó por que “en Formosa se terminen los centros de aislamiento que son centros de privación de la libertad”.
A su turno, la diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade destacó la “valentía enorme” del pueblo formoseño e informó que el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, será denunciado porque “ha incurrido en un encubrimiento inaceptable”. “Pudimos ver en estos dos días una Formosa que se está muriendo y otra que comienza a nacer”, agregó la bonaerense.
En tanto, el presidente de la Comisión de Libertad de Expresión de Diputados, el porteño Waldo Wolff, aseveró que “en Formosa hay un sistema de violación de los derechos humanos y nosotros lo comprobamos con decenas de testimonios”. “Hemos constatado que hay mucho miedo en Formosa”, expresó el macrista, que indicó que los centros de aislamiento están “militarizados” y no tienen “un solo médico”.
Durante la conferencia, de la que también participó el diputado radical Mario Arce, el bonaerense Sebastián Salvador cuestionó la visita de Pietragalla días atrás. “Es grave que haya venido a convalidar el sistema policial que se está llevando en Formosa”, lamentó.
Además, el vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja observó que se trata de “un régimen carcelario, más que un regimen sanitario lo que está ocurriendo en estos centros”. “Lo único bueno que tuvo la pandemia es que le puso luz a todas estas situaciones en algunas provincias del Norte”, agregó el radical.
La mesa del interbloque opositor solicitará a Massa que se conformen dos comisiones y se envíen legisladores a constatar las denuncias. Además, volvieron a reclamar por las clases presenciales. Insistirán con la incorporación de la ley de biocombustibles en extraordinarias.
La mesa del interbloque Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados se reunió este miércoles en el Congreso y, tras el encuentro, se resolvió solicitarle al presidente del cuerpo, Sergio Massa, que se conformen las comisiones de Derechos Humanos y de Libertad de Expresión en la provincia de Formosa, para constatar las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno de Gildo Insfrán.
De la reunión participaron el presidente de la bancada, Mario Negri (UCR); el vicepresidente primero de la Cámara baja, Omar De Marchi (Pro), el titular del bloque de la CC-ARI, Juan Manuel López; y los diputados Silvia Lospennato (Pro), Brenda Austin (UCR), Álvaro González (Pro) y Miguel Bazze (UCR).
Tras el encuentro, los legisladores difundieron un comunicado en el que revelaron que analizaron “la grave situación en la que viven las personas confinadas por el gobierno de Formosa en los centros de aislamiento y las múltiples violaciones a los derechos humanos que éstos padece”.
Entre las más graves, los opositores destacaron “la situación de menores de edad encerrados, quienes conviven -según las denuncias recibidas- hacinados, compartiendo camas con familiares y baños con adultos que no son de sus propias familias”.
Este martes, los miembros de JxC de las comisiones de Derechos Humanos y de Libertad de Expresión recibieron denuncias de las dos concejalas que fueron detenidas por hacer públicos estos hechos y varios testimonios de periodistas formoseños “a los que se les cercenan sus libertades y se los intimida para que no informen, así como los de otros ciudadanos que contaron sus experiencias”, aseguraron.
Según indicaron desde el interbloque, “los testimonios dan cuenta de situaciones que remiten a las épocas más oscuras de nuestro país: traslados nocturnos de personas a centros de alojamiento, seguimientos y causas penales contra las personas que expresan una opinión disidente en medios de comunicación o redes sociales, censura, denegación de la tramitación de hábeas corpus, personas que son sometidas a aislamiento por Covid durante más de 20 días pese a haber dado negativo en los test, impedimento de derecho de circulación y libre tránsito, detención ilegal de opositores, entre otros hechos actuados por agentes estatales, todos ellos absolutamente violatorios de garantías consagradas en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales sobre Derechos Humanos de los que nuestro país es parte”.
Los testimonios serán incorporados a las denuncias ante la Justicia nacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que los diputados han presentado en los últimos días. También se los pondrá a disposición de las organizaciones nacionales de DD.HH., a los que se insta a visitar los centros de aislamiento de la provincia de Formosa para constatar las denuncias y acompañar los reclamos judiciales.
Los diputados de JxC pidieron “la inmediata reunión en la provincia de Formosa” de las comisiones de Derechos Humanos, que preside el diputado Hugo Yasky, y de Libertad de Expresión, que preside el diputado Waldo Wolff. Para esto, informaron que se pedirá al presidente de la Cámara, Sergio Massa, que “arbitre los medios para que los legisladores puedan ingresar a la provincia y que se respeten los fueros parlamentarios de los miembros de la delegación”.
Por otra parte, los diputados del Pro, la UCR y CC-ARI volvieron a insistir con el reclamo por las clases presenciales. “Luego de haber reclamado durante meses que se considere a la educación como una actividad esencial y se declare la emergencia educativa para hacer frente a la crítica situación, el interbloque de Juntos por el Cambio demanda que se tomen las medidas necesarias para garantizar en todo el país el retorno a la presencialidad, con protocolos sanitarios adecuados, para resguardar el derecho de niños, niñas y adolescentes de acceder a una educación de calidad”, señalaron en el comunicado.
Y agregaron que “volver a las aulas expresa el compromiso de poner a la educación en el centro de la escena. El Gobierno nacional debe garantizar la presencia de los alumnos en las aulas y acompañar a las jurisdicciones provinciales con los recursos y medidas necesarias para ello. Una hoja de ruta clara es imprescindible para que las familias y la comunidad educativa conozcan, a poco de comenzar el año escolar, en qué condiciones empezarán las clases”.
Por último, a pedido de los diputados de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Salta, Jujuy y Tucumán, entre otros, se insistirá para que “el oficialismo incorpore la prórroga de la ley que beneficia la producción de biocombustibles en la primera sesión a la que se convoque, tal como fue comprometido por el presidente del cuerpo en el mes de diciembre”.
Diputados de la oposición quieren impulsar una comisión investigadora del proceso de contratación, aprobación y seguimiento de la vacuna.
Diputados de Juntos por el Cambio, encabezados por el radical Luis Petri, presentaron un proyecto que propone la creación de una comisión bicameral investigadora del proceso de contratación, aprobación y seguimiento del plan de vacunación contra el Covid-19 en todo el territorio nacional.
La iniciativa es impulsada “ante la ausencia de información, la falta de transparencia, los múltiples interrogantes y sospechas que rodean la adquisición de vacunas por el Estado Nacional”, señalaron en un comunicado.
“El Gobierno nacional ha improvisado desde la llegada del virus al país y lo vuelve a hacer con las vacunas. Mientras países como Chile ya comienzan a vacunar, el proceso de adquisición de vacunas por la Argentina, está lleno de anuncios vacíos, promesas incumplidas y graves irregularidades que necesitan ser investigadas”, aseveró Petri.
En el mismo sentido, el mendocino Alfredo Cornejo advirtió: “Es nuestra obligación controlar lo que hoy parece un descontrol y por eso necesitamos esta herramienta para que todo el proceso de compra de vacunas y su distribución sean claros. Sabemos que la salud es prioridad hoy, pero también queremos que sea con transparencia”.
Según el proyecto, la comisión “podrá requerir información o documentación al Ministerio de Salud, la ANMAT, al Ministerio de Defensa, a Ministerios de Salud de las provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires y todo otro organismo en lo que resultare pertinente”.
También, deberá “investigar las condiciones de contratación, cantidades de vacunas adquiridas, plazos de entrega y su correspondencia o no con las condiciones establecidas en otros países para la adquisición; el precio pagado por el Estado Nacional por las mencionadas vacunas al/los laboratorios contratantes y su ajuste o no a los precios internacionales de adquisición por otros Estados de las mencionadas vacunas; los avances y alcances del Plan de Vacunación conforme a los tipos de vacunas adquiridas por el Estado Nacional, porcentaje de personas alcanzadas y condiciones médicas para acceder a dichas vacunas; la cantidad de vacunas enviadas a cada una de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y criterios para la determinación de las partidas”.
Petri, además, explicó que “a facultades excepcionales -como las otorgadas por la Ley 27.573 de Vacunas que, entre otras cosas, consagró cláusulas de indemnidad, prórroga de jurisdicción y aprobación exprés de las vacunas adquiridas por el Estado Nacional- es imprescindible establecer controles excepcionales para garantizar la mayor información y transparencia por estar en juego la salud de toda la población”.
Asimismo, el diputado macrista Fernando Iglesias opinó: “La saga de las vacunas ha sido uno de los episodios más vergonzosos del peor Gobierno de la historia. Empezó hace meses con el presidente diciendo que el mundo nos había elegido para probar la vacuna de la Pfizer y que por eso íbamos a tener la precedencia en la aplicación. Termina ahora, sin vacuna de Pfizer, con una vacuna rusa de efectividad dudosa y sin ningún plan consistente para enfrentar la pandemia”.
Por su parte, Carmen Polledo, vicepresidenta de la Comisión de Salud, indicó que “necesitamos tener información. Está en juego nada más ni nada menos que la salud de los argentinos”.
De acuerdo a la iniciativa, la bicameral debería llegar a un informe final, y sin perjuicio de ello, tendrá que emitir informes semestrales, los cuales al igual que el final “serán obligatoriamente públicos”.
El proyecto fue firmado por los radicales Luis Petri y Alfredo Cornejo, y los macristas Fernando Iglesias, Waldo Wolff, Omar de Marchi, Luis Juez, Graciela Ocaña y Carmen Polledo, entre otros.
Luego de la situación de desmadre que se vivió en la Casa Rosada y el centro porteño, sumado a la crítica del ministro Eduardo “Wado” de Pedro contra el Gobierno de la Ciudad, legisladores de JxC fustigaron al Gobierno nacional.
Legisladores de Juntos por el Cambio cuestionaron este jueves al Gobierno nacional luego del desmadre que se vivió en la Casa Rosada y las calles del centro porteño, durante el funeral de Diego Maradona.
Además de criticar la organización de semejante velatorio, diputados y senadores de la oposición reaccionaron al mensaje que el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, realizó contra las autoridades del Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta (jefe) y Diego Santilli (vicejefe).
El diputado radical Alfredo Cornejo consideró que “el gobierno de @alferdez quiso hacer suyo el velorio de Maradona. Lo hizo en un lugar cerrado y en plena pandemia. Podía terminar mal y terminó mal. ¿La respuesta del gobierno? Echarle la culpa a otro. Que se hagan cargo de sus decisiones”.
“Eso si, a los @DiputadosAR que pedimos volver a la normalidad de las sesiones presenciales nos dicen que tenemos que hacerlo en forma remota para evitar contagios”, comparó el también radical Ricardo Buryaile, que en otro tuit sumó: “#Irresponsables #Demagogos #Improvisados #SonLoPeor”.
Por su parte, el diputado del Pro José Luis Patiño compartió una imagen con el texto: “El chico que están subiendo a la reja tendría que estar en la escuela, pero…”. En igual sentido, su par Fernando Iglesias ironizó que “los únicos privilegiados son los niños. Bienvenidos a #ElMedioevoPeronista”.
“Sumada a la hipocresía gubernamental, siguen las muestras de inoperancia de este gobierno de científicos. Planificaron un velorio para 1 millón de personas en 10 hs., 0,036 segundos por persona. En serio creían que algo podía salir bien? Háganse cargo por favor. #VerguenzaNacional”, lanzó la diputada radical Ximena García.
También reaccionó el jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Mario Negri: “Con los sentimientos populares hay que tener cuidado, ningún gobierno debería intentar sacar provecho. Quisieron meter un millón de personas en la Casa de Gobierno para despedir a Maradona. Faltó sentido común y sobran imágenes caóticas. Encima no se hacen cargo y culpan a otros”, observó.
A su vez, el diputado Luis Petri advirtió que “el velorio se hizo en Casa de Gobierno, y desde Presidencia fueron los primeros en decirse lo organizadores, después del desastre organizativo son ajenos y echan culpas. Alguna vez háganse cargo!”.
En tanto, la diputada de la CC-ARI Marcela Campagnoli lamentó que “en un momento de tanto dolor para la familia de Diego y sus seguidores, el ministro @wadodecorrido y otros funcionarios politizan el descontrol que ha sido la organizacion del evento. ¡¡Alguna vez háganse cargo, muchachos!!”.
“Lamento por tantas personas que se acercaron a despedir a #Maradona y se encontraron con la incapacidad de un Gobierno Nacional para garantizar la organización y, frente al desmadre, echa culpas por twitter al Gobierno de la Ciudad. Vergüenza”, escribió la radical Dolores Martínez.
También haciendo referencia al tuit de “Wado” de Pedro, el jefe del bloque Pro en el Senado, Humberto Schiavoni, manifestó: “El oportunismo es mal consejero”.
En el mismo sentido, el diputado Jorge Enríquez tuiteó: “El (des)gobierno kirchnerista quiere echarles la culpa del estruendoso fracaso de su organización del velatorio a @horaciorlarreta y a la familia de Maradona. Algo falso (basta leer su propio comunicado) e infame”.
“Todo lo que es organizar, planificar y llevar adelante mediante procesos y protocolos es ‘operativamente un despelote’ para el kirchnerismo. ¿Será por eso que no quieren abrir las escuelas?”, fue el mensaje del senador del Pro Alfredo De Angeli, en alusión a las declaraciones del gobernador bonaerense, Axel Kicillof.
El principal interbloque de la oposición no tuvo éxito en su intención de tratar más de una treintena de proyectos. Sin quórum, Massa declaró caída la sesión a las 12.18, con 85 presentes.
El interbloque Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados no consiguió quórum para dar inicio a una sesión especial, en la que se pretendían tratar más de una treintena de proyectos sobre diferentes temas.
A las 12.18, con 85 presentes, es decir 20 legisladores menos del total de los 115 miembros de la bancada, el presidente del cuerpo, Sergio Massa, declaró caída la sesión y comenzó el tiempo de las expresiones en minoría, con 27 oradores anotados.
La reunión había sido citada para las 12, tres horas antes de la convocatoria a otra sesión especial por parte del oficialismo.
Entre las iniciativas figuraba un pedido al Ejecutivo para elaborar un “protocolo único de circulación en el territorio nacional”, y otra que prohíbe las restricciones al derecho constitucional de libre circulación interprovincial, como consecuencia del ASPO. Sobre este tema también se incluía un proyecto solicitando medidas que permitan el ingreso a la provincia de Formosa de las familias varadas en Chaco.
Además, el temario contemplaba varias propuestas sobre educación, entre esas la declaración de emergencia educativa nacional y la creación de un fondo de asistencia a los jardines maternales.
Por otro lado, había proyectos vinculados a las usurpaciones de tierras; los casos de violencia institucional con participación de fuerzas policiales; las roturas sistemáticas de silobolsas; y los derechos humanos en Venezuela.
También, pedidos de informes al titular de la Oficina Anticorrupción, Félix Croux, por la decisión de desistir de ser querellante en causas penales de corrupción; y al Poder Ejecutivo por la decisión de dejar sin operaciones al Aeropuerto de El Palomar.
Durante los discursos, de tres minutos para cada diputado, el porteño Juan Manuel López (CC-ARI) se refirió al tema de la OA y cargó que “uno de los roles del presidente era resolverle la situación judicial a la vicepresidenta de la Nación (Cristina Fernández de Kirchner). Ese habrá sido el acuerdo”. Y criticó la decisión de Félix Crous de desistir, primero, de la querella en las causas Los Sauces y Hotesur, para después terminar de “cerrar la oficina de litigios y no investigar más a nadie”.
Por su parte, el tucumano José Cano (UCR) se refirió a las restricciones de circulación entre diferentes provincias y aseguró que en algunos casos hay “medidas que nada tienen que ver con situaciones sanitarias o epidemiológicas”. En ese sentido, señaló que se presentaron “dos amparos en la Justicia Federal por productores tucumanos que no podían levantar su cosecha en otras provincias”.
“Hay personas que fallecieron en absoluta soledad y no pudieron ver a sus familiares porque fallecieron en otras provincias”, lamentó y remarcó que “cientos de argentinos hoy, después de siete meses, no pueden volver a sus provincias” por “actitudes dictatoriales que nada tienen que ver por el respeto a la Constitución”.
Sobre el tema de educación, la cordobesa Brenda Austin (UCR) enfatizó que “estamos por terminar el año sin que muchos estudiantes hayan tenido la oportunidad de encontrarse con sus compañeros y de hacer el cierre de ciclo”. Mencionó que, ya en agosto, los datos reflejaban que “más de un millón de chicos habían abandonado la escuela, un número inédito para Argentina; y a esta altura ese número debe ser mucho mayor”.
“Quienes hoy más están sufriendo el cierre de las escuelas son justamente los niños y las niñas de los contextos y entornos más vulnerables”, advirtió, al defender el proyecto para declarar la emergencia educativa.
Respecto de las tomas de tierras, la bonaerense Adriana Cáceres (Pro) reclamó que “estando en pleno siglo XXI en nuestro país se siga poniendo en tela de juicio la propiedad privada”. Y fustigó al Gobierno nacional porque “lejos de tomar una decisión y medidas contundentes, y trasmitir un mensaje claro, solamente fueron y son cómplices de esta ola delictiva que estamos viviendo en todo el país”.
Entre sus críticas, la macrista se quejó de la participación de funcionarios en tomas y de la medida del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, “que da dinero a quienes cometen este tipo de conductas delictivas”.
En tanto, Karina Banfi (UCR) consideró: “Debemos instar al régimen de (Nicolás) Maduro para que cese con la violencia institucional. Tenemos que repudiar a las violaciones sistemáticas de derechos humanos y es increíble que lo tengamos que hacer en una sesión en minoría”.
Al repasar datos del informe Bachelet sobre Venezuela, la radical resaltó que “desde enero se contabilizan dos mil muertes” en ese país, donde hay presos políticos desde 2014 y “violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales”.
En el tramo final, Fernando Iglesias (Pro) disparó contra el Gobierno: “Diciendo que nos iban a salvar de un desastre sanitario nos metieron en una catástrofe económica”. El macrista señaló que mientras Argentina se ubica en el ranking mundial de contagios, también “se está perdiendo 12 puntos del PBI, más o menos el doble de los países vecinos, y aumentando su pobreza en un 10%”.
El opositor cuestionó “las violaciones de las garantías constitucionales y violaciones a los derechos humanos más graves desde la vuelta de la democracia”, al expresar que se provocaron durante la cuarentena casos de “desapariciones seguidas de muerte” y “personas que no pudieron visitar a sus familiares que estaban muriendo”. Por eso, pidió la creación de una comisión bicameral investigadora de “los crímenes de Estado cometidos durante la cuarentena”.
Último orador de las expresiones en minoría, el jefe del bloque Pro, Cristian Ritondo, alertó que “la democracia ha ingresado en un terreno peligroso” porque “es la agenda del conflicto la que empieza a imponerse y eso nos debe llamar la atención”.
Al manifestar su preocupación por “la inseguridad ilegal con las usurpaciones y toma de tierras” del último tiempo, el legislador de JxC reprochó que “nos decían con filminas que íbamos por buen camino”, pero “tenemos una gran cantidad de muertos por millón de habitantes” y contagiados “por arriba de la cantidad que íbamos a promediar”. “Mucho menos nos alegra que no se hayan hecho los testeos que se tenían que hacer”, agregó.
Para concluir, Ritondo reclamó que “en Argentina vuelva a reinar el Estado de Derecho” y le envió un mensaje al Gobierno: “Dejen de usurparnos el futuro”.
Legisladores nacionales de la oposición advirtieron sobre el “ajuste” a los jubilados por el nuevo cálculo que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso.
Diputados del interbloque Juntos por el Cambio rechazaron este martes la nueva fórmula de movilidad jubilatoria que el Poder Ejecutivo enviará para su aprobación en el Congreso.
El nuevo cálculo, en base a salarios y recaudación, fue confirmado este lunes tras una reunión que referentes parlamentarios del Frente de Todos mantuvieron con el ministro de Economía, Martín Guzmán.
A través de su Twitter, el jefe de la bancada opositora, el radical Mario Negri, hizo alusión a la fórmula que se votó en diciembre de 2017 -y se suspendió en diciembre pasado mediante la Ley de Solidaridad Social- con jornadas violentas en las calles.
“Tiraron toneladas de piedras cuando Cambiemos incorporó la inflación al cálculo de la movilidad jubilatoria. Como era favorable a los jubilados, suspendieron la fórmula en diciembre. Ahora directamente sacan a la inflación y ponen la recaudación. ¡Ajustan con los jubilados!”, enfatizó.
En tanto, el macrista Waldo Wolff habló de “ajuste sin diálogo” al indicar que “vuelve la fórmula previsional que no contempla inflación. Solo salarios y recaudación. De esta manera licúan el haber jubilatorio perdiendo frente a la inflación”. “Si cuidaran a los jubilados con el mismo amor que a los proveedores de fideos seríamos Suecia”, agregó.
“Los jubilados con esta decisión van a recibir un ajuste brutal de sus haberes, no contemplarán la inflación y se actualizará cada seis meses, pero sin un Congreso tomado, sin piedras, ni plazas destruido”, escribió el radical Luis Petri.
Además, el mendocino acusó a la oposición de aquel entonces por lo ocurrido cuando se votó la ley impulsada por Cambiemos: “Lo de diciembre del 17 fue armado por el peronismo”.
La diputada Paula Oliveto, de la Coalición Cívica, se preguntó: “Qué recaudación va a aumentar si el país está en medio de una crisis? Los sindicalistas cierran aumentos de salarios muy por debajo de la inflación y están calladitos”. “Se viene un gran ajuste a los jubilados con discurso progresista de aquellos que tiraron piedras y lloraban por TV”, anticipó.
El oficialismo destacó que la nueva fórmula guarda similitud con la aplicada entre los años 2009-2017, pero si bien las variables son las mismas, los porcentajes no. Mientras el antiguo cálculo, puesto en marcha bajo la gestión de Cristina Kirchner, estaba compuesto en un 70% por la variación de los salarios (RIPTE) y en un 30% por la recaudación de la ANSeS, ésta nueva será en partes iguales, es decir un 50% y 50%. Además, volverán las actualizaciones de haberes cada seis meses.
También se manifestó sobre el misionero Luis Pastori, quien subrayó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) “está prácticamente en la mayoría de los países, porque es el que puede asegurar la preservación del poder adquisitivo de los haberes previsionales”. “Sacar eso es una regresión injustificada que no estamos dispuestos a acompañar”, anticipó.
Asimismo, el radical lamentó “que la comisión especial no haya discutido en su seno la propuesta, y quienes la integramos por parte de la oposición nos enteramos por vía de un comunicado del oficialismo cuál será la fórmula que impulsarán, que es prácticamente la misma que existía durante el gobierno kirchnerista”.
Por su parte, el puntano Alejandro Cacace explicó que “la inclusión de la recaudación como variable de movilidad no es acertada. Primero, no es necesario para asegurar la sustentabilidad del sistema. Un tema que fue largamente debatido en la Comisión Bicameral, es que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) asista al Tesoro con el pago de haberes cuando sea necesario. De hecho, se aprobó recientemente una ley que explicita esta circunstancia, que ya estaba prevista en la normativa que regula al FGS”.
“En segundo lugar, la recaudación es una variable procíclica, lo cual implica que cuando la economía vaya bien, los haberes van a crecer, pero cuando la economía esté en recesión, los haberes van a disminuir, ajustando sobre los jubilados en el peor momento, como ha sucedido durante todo este año. Esto, además, es malo para la economía, porque profundiza los ciclos económicos”, remarcó el vicepresidente de la Comisión de Previsión y Seguridad Social.
Para el radical, “los haberes debieran actualizarse utilizando la variable de la inflación, que permite mantener el poder adquisitivo de las jubilaciones ya sea en ciclos positivos o negativos de la economía. En los casos que sea necesario asistir al Tesoro en el pago de las jubilaciones, como ha sucedido este año, el FGS debería intervenir, ya que ese fue uno de los fines para los cuales fue creado”.
Por su parte, el santafesino Juan Martín ironizó: ” ‘La fórmula de movilidad permitirá reducir el actual déficit previsional’, dice el parte de prensa del Gobierno sobre la propuesta de fórmula de movilidad jubilatoria. ¿En qué parte entraría lo del 20% de aumento a los jubilados que fue promesa de campaña del Frente De Todos?”.
“Tras casi un año con la ley de Movilidad Jubilatoria suspendida y aumentos por decreto y discrecionales, por debajo de los que hubiesen sido por ley, el Ejecutivo propone una nueva fórmula jubilatoria. La nueva fórmula propuesta es similar a la del 2008, abandonando la variable inflación; variable que preserva el poder adquisitivo”, publicó Dolores Martínez.
La legisladora recordó que “desde 1985 al 2020 se reformó nueve veces el Sistema Previsional argentino, seis de estas reformas se sucedieron entre 2002 y 2020”. “Este patrón sigue vigente en el 2020. Seguimos lejos de discutir una reforma equitativa y sustentable, en la que no sean nuestros Adultos Mayores los que paguen los ajustes de la política”, completó.
El bloque de Diputados bonaerense de JxC apoyó la construcción de cárceles y alcaidías en distintos partidos, y sumar de ese modo más plazas carcelarias.
No obstante, el bloque de Juntos por el Cambio logró introducir un artículo donde los municipios tendrán que acordar con la provincia para avanzar en las obras respectivas.
“Nosotros contribuimos con el plan del Gobierno de continuar el camino iniciado por la ex gobernadora, María Eugenia Vidal, para descomprimir la superpoblación carcelaria creando nuevas plazas penitenciarias”, apuntaron desde el bloque de JxC.
Por su parte, el Daniel Lipovetzky, indicó que “estamos convencidos que la política penitenciaria de nuestra provincia no es sólo construir cárceles, sino trabajar para lograr la resocialización de quienes cometieron delitos y purgan una condena, en pos de bajar los altos niveles de reincidencia”.
“La realidad hoy indica que tenemos superpoblación carcelaria pero la solución no es liberar presos indiscresionalmente como se quiso hacer meses atrás, por ello, vamos a acompañar el proyecto, pero es fundamental que la localización sea una decisión en conjunto con los municipios”, aseguró Lipovetzky y agregó: “No habrá más excusas para liberar presos por motivos de esta índole”.
Al tiempo que, la diputada provincial Sandra Paris, expresó, “la política penitenciaria es una cuestión de Estado, por mandato constitucional, hay que tener prisiones para seguridad y reinserción y no para mortificación de los detenidos, por eso es que venimos desde JXC a acompañar la propuesta del Ministerio de Justicia para intentar revertir una situación de hacinamiento existente en las cárceles de la Provincia”.
“Aquellos quienes abrazamos los principios constitucionales aspiramos a que en las cárceles se encuentren alojados las personas condenadas con sentencias firmes y no con prisiones preventivas a cuenta con resoluciones condenatorias no definidas”, enfatizó Paris.
La oposición celebró además el artículo que introdujo para el tratamiento de la Ley. “Para reforzar la autonomía municipal y respetar a los vecinos del lugar donde se emplazarán las unidades penitenciarias, logramos sumar un artículo para que el municipio correspondiente otorgue la autorización y preste el acuerdo para que esto suceda”, afirmaron.
Buena parte del interbloque se inclina por la abstención, pero habría un grupo de “rebeldes” que votarían en contra.
El interbloque de diputados de Juntos por el Cambio intenta unificar, por estas horas, una postura común de cara a la votación del Presupuesto 2021, en la sesión convocada para este miércoles a las 12.
En la bancada presidida por Mario Negri hay una inclinación mayoritaria hacia la abstención, como un gesto de marcar una diferencia con el oficialismo pero sin obstruir la aprobación del proyecto.
Bajo esa postura se encolumnan Negri, Cristian Ritondo (Pro) y Alfredo Cornejo, titular partido radical.
Sin embargo, un reducido grupo de diputados se encamina al rechazo, entre los que se encuentran algunos del Pro y un puñado de radicales.
Por caso, el chubutense Gustavo Menna (UCR) se quejó de que su provincia salió perjudicada en la distribución de fondos y obras estipulada en el Presupuesto.
Del mismo modo, los diputados de UCR-Evolución, referenciados en Martín Lousteau, también se oponen al proyecto, aunque están dispuestos a abstenerse en un gesto a favor de la gobernabilidad.
“El Presupuesto plantea un rol clave del Estado para la recuperación económica, pero no logra explicar cómo hacerlo en función de las propias proyecciones que presenta, como la inflación, el dólar o las inversiones. A eso se le suman particularidades como la pérdida de presupuesto para universidades y el área de niñez”, plantearon a parlamentario.com desde ese sector.
Pero más allá de la decisión de Juntos por el Cambio, el Frente de Todos no tendrá inconvenientes en darle media sanción al proyecto y girarlo al Senado, pensando en alzarse con la ley a mediados de noviembre.
Con el acompañamiento del Interbloque Federal y Unidad Federal para el Desarrollo, sumados a la neuquina Alma Sapag, el bloque presidido por Máximo Kirchner llegaría a un piso de 137 votos para aprobar la “ley de leyes” en la Cámara baja.
Luego de que la Justicia rechazara el desalojo en el terreno de la familia Etchevehere, la bancada que preside Mario Negri emitió un duro comunicado.
Tras el rechazo de la Justicia a desalojar el terreno de la familia de Luis Etchevehere, exministro de Agroindustria durante la gestión de Mauricio Macri, el interbloque de diputados nacionales de Juntos por el Cambio reclamaron este viernes al Gobierno que “actúe rápido y que lo haga bien antes de que debamos lamentar la profundización de un conflicto gratuito y decadente”.
La bancada encabezada por Mario Negri (UCR), Cristian Ritondo (Pro) y Maximiliano Ferraro (CC-ARI) emitió un comunicado titulado “Basta de usurpar”, en el que expresan su “más enérgico repudio ante las usurpaciones de tierras en distintos lugares del país” y solicita “con carácter de urgencia la intervención del Gobierno nacional, a los efectos de preservar el derecho a la propiedad privada y aventar, al mismo tiempo, cualquier hecho violento que ponga en riesgo la tranquilidad pública”.
“Las constantes usurpaciones ocurridas en los últimos días son consecuencia de la desidia oficial, que deviene en complicidad frente a la voluntad delictiva de sectores políticos que agreden las más elementales normas del Estado de Derecho”, consideraron.
Los legisladores señalaron que “cuando un gobierno duda en hacer cumplir la ley y en auxiliar a la Justicia para hacer valer los derechos constitucionales, ingresamos en un terreno conflictivo de resolución azarosa. Porque se pone en juego la legitimidad en el ejercicio del poder y la incertidumbre se apodera de los diversos actores económicos y sociales, perjudicando el trabajo, la producción y el desarrollo sostenible de la Argentina”.
“Observamos con sorpresa la falta de reacción de la administración central cuando el delito se expande por todas partes. Las usurpaciones de tierras son señales de inseguridad legal que dañan la credibilidad del Gobierno nacional. Nosotros deseamos contribuir a la solución del problema desatado en un momento crítico de la pandemia y de volatilidad cambiaria”, continuaron.
Los opositores opinaron que “la sociedad demanda un mensaje sereno, firme y apegado a la tradición jurídica que establece nuestra Constitución”. Por otra parte, afirmaron que las fuerzas de seguridad “necesitan directivas precisas para la prevención de las usurpaciones de tierras y ello es responsabilidad del Poder Ejecutivo. Es en este sentido que apelamos a la racionalidad política de la coalición gobernante”.
“Las únicas víctimas son los ciudadanos usurpados y los victimarios son los usurpadores. Nunca nada estuvo tan claro a la vista de todos como para dejarlo en manos de la prepotencia de una minoría trasnochada que lesiona la democracia y la paz de los argentinos“, apuntaron.
Y para concluir, los diputados pidieron que “el Gobierno actúe rápido y que lo haga bien antes de que debamos lamentar la profundización de un conflicto gratuito y decadente”. “Estaremos siempre del lado de la democracia, cumpliendo y haciendo cumplir la ley que garantiza derechos y libertades sin exclusivos partidarios ni divisiones estériles”, añadieron.
“Presidente, deje de federalizar la mentira”, manifestaron, luego de que Fernández cuestionara la gestión de Cambiemos en el yacimiento.
El bloque de diputados nacionales del Pro publicó un comunicado en el que repudian los dichos del presidente Alberto Fernández sobre la gestión del gobierno de Cambiemos en Vaca Muerta: “Presidente, deje de federalizar la mentira. Hoy su credibilidad quedó más enterrada que ese gas que tanto necesitamos para producir”, reprocharon.
“Desde la campaña electoral de 2019, el presidente de la Nación no dice la verdad sobre los logros de los cuatro años de gobierno de Juntos Por el Cambio para afianzar el relato oficial”, comienza el comunicado, en el que se hace referencia además a la intervención de Fernández en el Coloquio IDEA: “El presidente afirmó que el día de su asunción el Banco Central no tenía reservas. Es falso. Las diferentes mediciones de las reservas internacionales marcan que, para el cambio de mandato en diciembre de 2019, el gobierno de Cambiemos dejó reservas internacionales e incluso más altas que las recibidas en diciembre de 2015. En 2019, las reservas netas eran de U$D 13 mil millones, mientras que en 2015 Mauricio Macri encontró reservas netas negativas. Los números son indiscutibles”.
Respecto al discurso de Fernández en Vaca Muerta sostienen que “volvió a mentir con el único fin de atacar la gestión del expresidente Mauricio Macri y seguir construyendo el incomprobable relato de tierra arrasada. Contra los dichos del presidente Fernández, los datos oficiales muestran que la extracción de gas aumentó durante los cuatro años de nuestro gobierno, y se desplomó en este primer año del Frente de Todos en el poder”.
En este sentido, los diputados sostienen que “la paralización de Vaca Muerta llegó de la mano de la falta de confianza en la nueva administración nacional, de la mala gestión de la pandemia y de las restricciones impuestas por la Provincia de Neuquén”.
“Presidente, deje de federalizar la mentira. Hoy su credibilidad quedó más enterrada que ese gas que tanto necesitamos para producir”, concluye con dureza la misiva.
Diputados del interbloque opositor presentaron la iniciativa en la que consideraron a la educación como “actividad esencial”.
A más de seis meses sin clases presenciales en el país, a causa de la pandemia de coronavirus, el interbloque de diputados de Juntos por el Cambio presentó un proyecto de ley para declarar la emergencia del Sistema Educativo Nacional, en todos los niveles y modalidades, para los ciclos lectivos 2020 y 2021.
La iniciativa busca considerar a la educación como “actividad esencial”, debiendo garantizarse el derecho constitucional a la educación en la República Argentina, conforme las pautas y protocolos que cada jurisdicción determine.
El proyecto fue firmado por los presidentes de los tres bloques que la bancada opositora: Mario Negri (UCR), Cristian Ritondo (Pro) y Maximiliano Ferraro (CC-ARI), y por referentes en educación como las diputadas Brenda Austin (UCR) y Victoria Morales Gorleri (Pro).
La iniciativa establece, además, que las autoridades de las jurisdicciones con competencia educativa “quedan facultadas para reorganizar el calendario escolar, adaptar los contenidos curriculares, disponer la reapertura parcial o total de los establecimientos educativos y establecer la coexistencia de la modalidad virtual o estudios a distancia, durante los ciclos lectivos alcanzados por la emergencia”.
Agrega que estas mismas autoridades “dispondrán, en conformidad con sus competencias, de planes de contingencia orientados especialmente a abordar de manera integral las trayectorias educativas discontinuas con la finalidad de garantizar los núcleos de aprendizajes prioritarios, con especial énfasis en la reducción de las desigualdades educativas que pudieran haberse incrementado desde el inicio del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO)”.
“Declarar la emergencia educativa es un imperativo ético. Actualmente nuestro país se encuentra en emergencia pública con delegación de facultades en el Poder Ejecutivo en nueve ámbitos diferentes: económico, financiero, fiscal, administrativo, previsional, tarifario, energético, sanitario y social. Debido la pandemia, por medio del Decreto 260/20 se amplió la emergencia pública en materia sanitaria hasta mediados de marzo del 2021.
Sin embargo, pese a la amplitud de la agenda, no se incluyó ni se puso el foco en el sistema educativo, ni en el impacto que podría ocasionar sobre el mismo el aislamiento decretado en marzo”, señalaron los diputados de JxC en los fundamentos.
Los legisladores de la oposición remarcaron que “Argentina es el país que ha mantenido una de las cuarentenas más largas del planeta, incluyendo en ello la suspensión del dictado presencial de clases desde marzo, aun en zonas con baja o nula tasa de contagio de Covid-19. La Organización de las Naciones Unidas llamó a todos los países a dar prioridad a la reapertura de sus escuelas, advirtiendo que la situación actual de cierre plantea el riesgo de la referida catástrofe generacional”.
“Argentina debe escuchar ese llamado y poner en la agenda de modo urgente la situación crítica de la educación en el país. La desigualdad educativa creciente, acelerada por la superposición de la brecha digital, el deterioro socioeconómico que se advierte cada vez con más fuerza y el impacto de ello en niños, niñas y adolescentes, amerita con urgencia disponer de acciones y recursos que tiendan a atender esta situación”, añadieron.
“No podemos permitir que Argentina rechace o se abstenga” en la votación que se realizará en los próximos días, afirmaron los opositores. Además, consideraron que el país debe mantener “su tradición en defensa de los derechos humanos”.
Frente a la votación que se llevará a cabo la primera semana de octubre en la ONU, los diputados nacionales de Juntos por el Cambio que integran la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto insisten en “garantizar que la Argentina vote a favor de la prórroga de la misión internacional en Venezuela y mantenga su tradición en defensa de los derechos humanos”.
Preocupados por las declaraciones del embajador ante la OEA, Carlos Raimundi, quien habló de “una visión sesgada de la violación a los derechos humanos en muchos países”, los legisladores opositores presentaron un proyecto al respecto.
“El vergonzoso discurso expuesto por Raimundi y las declaraciones precedentes del canciller (Felipe) Solá sobre la problemática venezolana nos ponen en estado de alerta, no podemos permitir que la Argentina rechace o se abstenga en la votación de la prórroga. Esto sería un retroceso inaudito en nuestra tradición democrática y en defensa de los derechos humanos”, expresó el radical Facundo Suárez Lastra, autor de la iniciativa y vice de la Comisión de RR.EE.
Por su parte, el vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos, Sebastián Salvador, calificó de “vergonzoso” que la Argentina rechace el informe de la OEA, criticó la posición de Raimundi y dijo: “En Venezuela se violan sistemáticamente los derechos humanos y el representante argentino en la OEA no solo que no lo cuestiona, sino que parece justificarlo”. “Un país democrático como el nuestro no puede avalar detenciones ilegales o represiones a opositores”, agregó.
“El 27 de septiembre de 2019 la ONU aprobó una resolución que establecía que, por un período de un año, una misión internacional independiente investigue supuestas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014 en Venezuela. Ahora el Consejo de Derechos Humanos busca prorrogar por dos años la misión y convocó a una votación para la primera semana de octubre”, recordaron.
Los diputados de JxC señalaron que “el trabajo realizado fue considerado un éxito y sus conclusiones se presentaron en un primer informe que analiza de manera exhaustiva 223 casos en donde se prueban graves violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno de Nicolás Maduro. El año pasado, honrando una destacada historia en materia de protección de los derechos humanos, el gobierno de la Argentina acompañó la resolución votando a favor y consolidando su compromiso con la búsqueda de justicia, paz y democracia para el pueblo venezolano”.
“La Misión Internacional debe continuar y como hermanos latinoamericanos debemos fomentarla para acompañar así los esfuerzos de la ciudadanía venezolana en la búsqueda de verdad y justicia”, concluyó Suarez Lastra.
El proyecto fue firmado por Facundo Suárez Lastra, Albor Cantard, Carmen Polledo, Karina Banfi, Soher El Sukaria, Diego Mestre, Lucila Lehmann, Waldo Wolff, Alberto Asseff, Martin Maquieyra, Maximiliano Ferraro, Ricardo Buryaile, Fernando Iglesias y Dolores Martínez.
La vicejefa del Frente de Todos pronosticó “operaciones y especulaciones” hasta el día en que se debata el proyecto, que aseguró “tiene un número importante de votos”.
La vicejefa del bloque Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, dijo que le “cuesta creer” por su “origen radical” que haya “algunos radicales que no van a acompañar este aporte” solidario y extraordinario a las grandes fortunas, proyecto impulsado por el oficialismo.
“Vamos a seguir trabajando en buscar consensos alrededor del proyecto, pero creo que sí, que va a ser un proyecto con acompañamiento transversal”, sostuvo este lunes y aseguró que la iniciativa “ya tiene un número importante de votos”.
Además, la legisladora pronosticó que “de acá hasta que se trate va a haber una carrera de especulaciones y de operaciones terrible”, porque “no solo es un dolor de cabeza para el macrismo en términos políticos y económicos para muchos de ellos, sino también para muchos grandes lobbistas empresariales -opinó-“.
Consultada en radio Futurock por el pedido del interbloque Juntos por el Cambio -que presentó un dictamen en minoría- de debatir el tema en una sesión presencial, Moreau cargó que en las distintas “caravanas” que se hicieron al Congreso por parte de la oposición, “terminan viniendo menos de 114 diputados”.
Y lanzó que algunos legisladores “a las 21 se van (de la sesión) porque empiezan los programas en los que empiezan a tirar veneno, mientras nosotros nos quedamos sentados trabajando. Hay todo un show detrás”.
No obstante, la oficialista afirmó que si las condiciones sanitarias permiten que la sesión se haga en recinto, “se hará dentro del recinto”. “(Desde Juntos por el Cambio) tienen una obsesión con el tema del (Teatro) Colón. Le tienen miedo a sesionar lejos de Recoleta”, agregó.
Finalmente, reiteró que el Frente de Todos pone “a disposición” sus bancas: “No necesitamos la banca para sentirnos más altos, importantes o elocuentes”.
Diputados del interbloque opositor manifestaron su consternación por el hecho sucedido durante un enfrentamiento contra un grupo guerrillero. El Gobierno también había reaccionado, enviando un pedido de explicación al país vecino.
Diputados nacionales de Juntos por el Cambio, encabezados por Roxana Reyes -titular de la Comisión de Familia, Niñez y Juventudes-, manifestaron su “profunda consternación” por el asesinato de dos niñas argentinas, de 11 años, en el marco de un operativo de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) contra un campamento de la organización guerrillera Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), en el distrito Yby Yaú, Departamento de Concepción, en Paraguay.
Los legisladores realizaron un pedido “expreso y urgente de investigación exhaustiva por parte de las autoridades competentes y de la justicia, para el esclarecimiento e identificación de los responsables de este trágico hecho”, por el cual el Gobierno nacional también reaccionó, enviado un pedido de explicación al país vecino a través de la Cancillería.
Los diputados relataron que el pasado miércoles 2 de septiembre “las FTC de Paraguay atacaron un campamento del EPP, en la zona de Yby Yaú, conocida como ‘Arroyito’, Departamento de Concepción”. “La resultante de este operativo fue el asesinato de dos niñas argentinas de 11 años. Las autoridades paraguayas afirmaron que las niñas tenían 15 y 18 años y que estaban armadas”, señalaron.
“Sin embargo, Miriam Villalba, madre de una de las niñas, afirma que ambas fueron capturadas, torturadas y ejecutadas. Además, señaló que las niñas habían viajado a Paraguay para visitar a sus parientes y que no pudieron regresar a la Argentina a causa de las restricciones sanitarias impuestas por la pandemia del coronavirus. Lilian María y María Carmen nacieron en Clorinda, Formosa, y vivían en Puerto Rico, Misiones”, aclararon los legisladores.
También indicaron que “los procedimientos fueron confusos y dejaron muchas dudas. El resultado de semejante operativo fue la muerte de las dos niñas, el entierro de ambas en tumbas NN, la no realización de una autopsia con la debida diligencia y la destrucción de sus prendas, que según informó la fiscalía se realizó por el Covid-19”.
Además del reclamo del Gobierno nacional, los diputados mencionaron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “pidió que se investigue el operativo militar”, mientras que el representante de Derechos Humanos de la ONU en América del Sur, Jan Jarab, “demandó al Estado paraguayo una investigación sin demora y de forma imparcial”.
“Es un hecho gravísimo que requiere de una profunda investigación. Los Estados tienen la obligación de establecer mecanismos de prevención y protección hacia niñas, niños y adolescentes para evitar todo tipo de violencia o vulneración a sus derechos humanos”, remarcaron.
El proyecto fue firmado por Roxana Reyes, Mario Negri, Karina Banfi, Gustavo Menna, Lorena Matzen, Facundo Suárez Lastra, Miguel Bazze, Albor Cantard, Aída Ayala, Federico Zamarbide, Jorge Vara, Gabriela Lenna, Lidia Ascárate, Estela Regidor, Claudia Najul, Gonzalo del Cerro, Carla Carrizo, Sebastián Salvador, José Luis Riccardo, Josefina Mendoza, Jimena Latorre, Victoria Morales Gorleri, Hugo Romero, Ximena García, Diego Mestre y Dolores Martínez.
El tratado internacional cuenta con media sanción del Senado, pero no avanzó todavía en Diputados, donde las comisiones estaban desactivadas por el vencimiento del protocolo de trabajo remoto.
Diputados de Juntos por el Cambio solicitaron formalmente a las autoridades de las Comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano que propicien el “pronto tratamiento en una reunión conjunta” de los proyectos de ratificación del Acuerdo de Escazú.
Fue a través de dos notas elevadas a los presidentes de ambas comisiones, Eduardo Valdés y Leonardo Grosso, respectivamente, que llevaron las firmas de los diputados Brenda Austin, Maximiliano Ferraro, Federico Zamarbide, Mario Arce, Mariana Zuvic, Karina Banfi, Lucila Lehmann, Diego Mestre y Camila Crescimbeni.
El Acuerdo de Escazú es un tratado vinculante adoptado el 4 de marzo de 2018 en la ciudad costarricense del mismo nombre. Allí se jerarquiza el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en los países de América Latina y el Caribe. Su vigencia depende de que al menos 11 países lo ratifiquen y, al momento, sólo hay 9 ratificaciones. Fue aprobado por unanimidad el 13 de agosto por el Senado, y para que la Argentina se convierta en el décimo país, ahora el proyecto debe ser aprobado en Diputados.
“Dada la reciente aprobación por parte del Senado y la convergencia de diversos proyectos en el mismo sentido, solicitamos tenga a bien arbitrar los medios necesarios para propiciar su pronto tratamiento en reunión conjunta. Todo ello a los fines de otorgar celeridad a la ratificación por parte de la Argentina de este trascendental tratado ambiental y de derechos humanos”, señalaron los legisladores en sendas notas.
Este tratado, el primero a nivel mundial en contener disposiciones específicas sobre la protección de los activistas y defensores ambientales, resulta especialmente relevante para la región puesto que busca garantizar los derechos de acceso a la información pública ambiental, la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en materia ambiental.
“Es absolutamente importante que nuestro país ratifique el Acuerdo de Escazú porque viene a poner sobre la mesa herramientas concretas para garantizar la protección del ambiente, y está a un paso de conseguir las ratificaciones necesarias para entrar en vigor. La premisa de este tratado es poner el foco en los sectores más vulnerables, su ratificación va a brindarle a nuestro país un mayor marco protectorio y garantizará efectivamente el acceso a la Justicia en materia ambiental”, expresó la radical Brenda Austin.
El Acuerdo de Escazú establece que su instrumentación persigue “garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible”.
“Ya pasaron 9 meses de gestión de Axel Kicillof y la Policía bonaerense es el sector estatal más castigado por este gobierno”, sostuvieron los diputados de JxC.
“Nunca tuvieron una actualización salarial, ni recambio de móviles y mucho menos un gobernador que esté comprometido con la institución policial y sus familias”, se consignó en un comunicado que emitió todo el bloque de diputados de Juntos por el Cambio.
“La Policía de nuestra provincia está cumpliendo desde hace meses un esfuerzo extraordinario en el marco de la pandemia que atravesamos; y ellos han visto caer, en este período, muchos de sus compañeros en manos de delincuentes ante las distintas olas de inseguridad en todo el territorio bonaerense, siempre bajo la mirada indiferente del Gobernador y su gabinete”, consignaron en un comunicado conjunto.
Para los diputados opositores “los ‘aplausos’ o ‘anuncio’ no resolverán la política salarial policial si no hay un plan sustentable a futuro. Luego de 9 meses de descuido, a los policías bonaerenses les cuesta llegar a fin de mes y muchos de ellos están bajo el límite de la pobreza”.
El bloque de diputados que comanda el marplatense Maxi Abad, según detallaron, presentó, a mediados del mes de mayo, “un proyecto para actualizar el salario del personal policial, iniciativa que el espacio político del Frente de Todos, que pertenece al gobernador Axel Kicillof, se ha negado a tratar sistemáticamente”.
En la gestión de María Eugenia Vidal y Cristian Ritondo, recordaron “la calidad del trabajo policial mejoró: en lo salarial, en la adquisición de equipamiento de trabajo y en la conducta de una gobernadora que estuvo siempre al lado de ellos y ellas dándole lo fundamental, el respaldo del estado a miles que honran el uniforme”, y concluyeron “hoy se ha retrocedido y el gobernador y el ministro de Seguridad han descuidado a quienes nos cuidan”.
Por último, los diputados opositores exigieron “con celeridad una urgente atención al reclamo de recomposición salarial, porque necesitamos una policía de pie, trabajando y fundamentalmente con respaldo”.
“También le pedimos a la policía que no se vea afectado el servicio de seguridad para la ciudadanía, porque hoy más que nunca son los mismos vecinos quienes más valoran y necesitan el trabajo policial”, agregaron para terminar.
Legisladores de Juntos por el Cambio, encabezados por el radical Álvaro de Lamadrid, presentaron un pedido de informes dirigido al Ministerio de Salud.
Diputados de Juntos por el Cambio presentaron un proyecto para solicitar, a través de la Ley de Acceso a la Información Pública, al Ministerio de Salud de la Nación un informe detallado acerca del precio de las cuotas mensuales de las obras sociales privadas.
“Queremos conocer los aumentos autorizados durante el año 2020 a la fecha y que se aclare sobre los motivos por los cuales se ve afectada la disposición para atender consultas y/o servicios específicos diferentes a los relacionados con el Covid-19, como hemos tomado conocimiento ocurre sistemáticamente en la práctica”, señaló el impulsor de la iniciativa, el radical Álvaro de Lamadrid.
Además, el legislador agregó: “La actual crisis por la que atraviesa el país ha generado gran preocupación en todos. Su más grave consecuencia es en lo relacionado a la salud, por el impacto de la pandemia del Covid-19, pero también por el impacto en personas que sufren de otras enfermedades o dolencias que también las han obligado a necesitar citas médicas y han encontrado dificultades”.
En los argumentos del proyecto, se plantearon ejemplos de casos de personas que han tenido dificultad para ser atendidas a pesar de contar con una obra social privada pagada al día.
“No solamente muchos afiliados tienen dificultades para acceder a atención médica, sino que también las obras sociales han aumentado sus precios”, enfatizó el porteño.
En la iniciativa se enfatiza también sobre “la preocupación de las dificultades económicas que ha generado la pandemia en la ciudadanía, sobre todo en sectores vulnerables como los de mayor edad”. “No ha existido un programa que les facilite los pagos ni tampoco que les asegure el acceso a todas las consultas y servicios por los que ellos están pagando”, se cuestionó.
El pedido de informes fue acompañado por los diputados de JxC Estela Regidor, Gabriela Lena, Aída Ayala, Gonzalo del Cerro, Ximena García, Sofía Brambilla, Jorge Enríquez, Alicia Terada, Jorge Vara, Virginia Cornejo, Alberto Asseff, Lorena Matzen, Héctor Antonio Stefani, Gustavo Menna, Martín Berhongaray y Adriana Ruarte.
Integrantes opositores de la Comisión de Defensa criticaron la derogación que el Gobierno nacional hizo de la reforma que había impulsado Mauricio Macri, y afirmaron que con la decisión “atrasan 40 años”.
Los diputados de Juntos por el Cambio que integran la Comisión de Defensa Nacional, presidida por el radical Carlos Fernández, expresaron su rechazo a la derogación que el Gobierno nacional hizo de dos decretos, firmados durante la gestión de Mauricio Macri, sobre las facultades de las Fuerzas Armadas y consideraron que con esta decisión “atrasan 40 años”.
“El decreto 571/20 que deroga las Directivas de Política de Defensa Nacional, genera una situación que atrasa, nos lleva en el marco normativo 14 años hacia atrás, agravando lo que ya de por sí era una interpretación errónea que avanzaba por sobre la Ley de Defensa 23.554, autolimitando el empleo legítimo del derecho de todo Estado a la Defensa”, señalaron.
Mediante un comunicado, los legisladores cuestionaron “la existencia de agresiones de origen externo, por parte de potencias extranjeras es un escenario de aparición improbable, por las decisiones de política exterior adoptadas por la Argentina, no existiendo hipótesis de conflicto con los países vecinos”.
“La tajante separación existente en nuestro marco normativo entre defensa y seguridad interior es el producto de un contexto nacional y latinoamericano propio de la situación imperante hace 40 años. Esa mirada no se comparte hoy en el mundo”, consideraron.
Además, los opositores expresaron que les parece “racional generar una mirada más abarcativa de las eventuales agresiones que pudiera recibir nuestro país, que tenga en cuenta la naturaleza y dimensión de estas, más que la ubicación geográfica y la naturaleza jurídica del agresor”.
“Los cambios tecnológicos en el mundo generan la aparición del ciberespacio como una nueva dimensión de la defensa que debe ser tomada en cuenta”, advirtieron.
Para los diputados de JxC “no resulta conveniente evitar una profunda mirada sobre lo que sucede en nuestro entorno inmediato. La situación provocada por el régimen de (Nicolás) Maduro en lo político, social y económico, más las gravísimas violaciones a los derechos humanos y la generación de tensiones con países limítrofes tienen un potencial efecto desestabilizante en la región que no se puede desconocer”.
“Consideramos que la decisión adoptada, fuera de contexto, tiene una mirada distinta a la que sostenemos, resulta poco pragmática y un retroceso al pasado que no privilegia los intereses estratégicos de nuestro país”, sintetizaron.
Finalmente, instaron a “generar espacios que permitan reflexionar en conjunto para evitar estas decisiones unilaterales, que contradicen los dichos de generar una política de Estado en los temas de Defensa Nacional”.
“El futuro debiera ser una construcción conjunta, en donde el instrumento militar y sus funciones y las políticas que hacen a la protección de los argentinos y sus intereses estratégicos debiera ser una visión compartida y de largo plazo”, completaron.
El comunicado fue firmado por Carlos Fernández, Alberto Asseff, Juan Aicega, Hernán Berisso, Gonzalo Del Cerro, Federico Frigerio, Dolores Martínez, Martín Medina, Julio Sahad, Sebastián Salvador, Jorge Alberto Vara, Luis Juez y Mariana Stilman.
El proyecto de ley propone la creación de una mesa de trabajo entre funcionarios y representantes de la actividad, con el fin de reabrir por etapas y con todos los cuidados correspondientes.
Diputadas nacionales de Juntos por el Cambio presentaron un proyecto de ley sobre “Corredores Turísticos Sanitarios”, el cual propone la creación “inminente” de una mesa de coordinación entre los gobiernos nacional, provincial y municipales, y las cámaras de turismo, con el fin de reactivar al sector.
Según la iniciativa, esta mesa tendrá que “planificar protocolos que permitan la libre circulación entre jurisdicciones con situaciones epidemiológicas comparables en la región de origen y de destino, siempre y cuando sigan las actuales tendencias positivas con respecto a la enfermedad” coronavirus.
“De esta manera, potenciados por las medidas de seguridad sanitaria correspondientes, las economías y las ganancias producto del turismo puedan ser el primer eslabón de la reactivación y el primer componente para plantear la agenda del día después al Covid -19”, expresa el proyecto.
La iniciativa encabezada por Camila Crescimbeni (Pro) y Josefina Mendoza (UCR) va en el mismo sentido que el presentado en la Legislatura bonaerense por el senador provincial Owen Fernández y la diputada provincial Anastasia Peralta Ramos, ambos con el acompañamiento del exministro de Turismo Gustavo Santos.
El proyecto contempla no solamente la creación de los corredores, sino también la implementación de “burbujas”, es decir, “lugares cerrados y seguros, en donde el movimiento libre de personas permitiría explotar estas apreciadas rutas turísticas”.
“Teniendo en cuenta la cantidad de personas afectadas directamente por la imposibilidad de abrir totalmente, este proyecto busca impulsar la recuperación del sector de una forma responsable y esperando el momento oportuno”, expresó la diputada Mendoza.
Por su parte, Crescimbeni sostuvo que “la recuperación del turismo interno es la primera etapa para la recuperación de uno de los sectores más lastimados en este nuevo contexto”.
“La reactivación del turismo en el mundo deberá ser, sin duda, con mayor empatía, solidaridad y conciencia. En este sentido, la Argentina tiene una potencialidad comparativa enorme por contar con innumerables puntos turísticos naturales”, indicaron en los fundamentos.
También señalaron en los argumentos que “la industria del turismo aporta el 10% del PBI de nuestro país y un 9,4% de la población laboral y, debido a la crisis sanitaria, este sector es uno de los más afectados por la pandemia (según la Organización Mundial del Turismo). Los pronósticos indican que en el mundo se podrían perder millones de empleos y que las economías menos desarrolladas podrían verse particularmente afectadas”.
La iniciativa fue acompañada por los diputados de Juntos por el Cambio Mario Negri, Cristian Ritondo, Alfredo Cornejo, Carla Carrizo, Mariana Stillman, Mónica Frade, Federico Frigerio, Eduardo Cáceres, Hernán Berisso, Ximena García, José Riccardo, Lorena Matzen, Gerardo Cipollini, Luis Pastori, Soledad Carrizo, Aída Ayala, Héctor Stefani, Gustavo Hein, Natalia Villa, Adriana Ruarte, Ingrid Jetter, Claudia Najul, Estela Regidor, Alejandro Cacace, Dina Rezinovsky, Carlos Fernández, Alicia Terada y Roxana Reyes.
Con la presencia de un gran número de diputados, ratificaron su decisión de sesionar urgentemente.
Luego de viajar sus miembros desde todo el país en automóvil hasta el Congreso, el interbloque de diputados de Juntos por el Cambio se reunió este martes en el Anexo C de la Cámara de Diputados.
El encuentro, conducido por los jefes de los bloques, Mario Negri (UCR), Cristian Ritondo (Pro) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) fue convocado para debatir sobre la necesidad “imperiosa” de que el Congreso funcione plenamente y sobre las distintas alternativas para sesionar en Diputados.
Los diputados de Juntos por el Cambio defendieron la necesidad de que las sesiones sean presenciales como mecanismo regular de deliberación del cuerpo, aunque también manifestaron un voto de confianza para avanzar, en acuerdo con el oficialismo, en un sistema mixto de sesiones presenciales y remotas únicamente durante el período que dure la pandemia del coronavirus.
En este punto, Juntos por el Cambio acordó en la Comisión de Labor Parlamentaria que el protocolo sea el primer punto de la sesión que sería en forma remota, con presencia reducida en el recinto, y requerirá los tres cuartos de los votos para ser aprobado.
De esta manera se garantiza que el sistema mixto de sesión cuente con un aval político que deberá incluir a casi la totalidad de las fuerzas políticas, lo que en un futuro evitará la judicializacion de las normas aprobadas durante este período bajo este sistema.
También ratificaron los diputados que ni bien las restricciones sanitarias sean superadas, se volverá al funcionamiento normal del Congreso con las sesiones presenciales.
El interbloque de Juntos por el Cambio espera seguir avanzando con el oficialismo en un acuerdo que destrabe el funcionamiento de Diputados y permita sesionar.
A través de Twitter, legisladores de la oposición se sacaron fotografías en sus autos viajando hacia Buenos Aires, donde intentan imponer una sesión presencial.
Luego de las fuertes críticas que han ido in crescendo durante los últimos días sobre la parálisis del Congreso, los diputados de Juntos por el Cambio tomaron la semana pasada la decisión de instalarse en Buenos Aires esta semana con el fin de presionar al oficialismo para poner en marcha la Cámara baja.
La idea era presentarse en el Congreso este martes, y hacia Buenos Aires entonces partieron todos desde sus provincias en automóvil, la única manera de llegar, habida cuenta de que los vuelos comerciales están todos suspendidos.
Para ponerle épica a la situación, los legisladores difundieron en las redes sociales la consigna “Los diputados de JxC viajan al Congreso”, sugiriendo a sus seguidores acompañarlos “en esta travesía por la democracia”. Y de hecho, buscaron imponer el hashtag #TravesíaPorLaDemocracia. En ese mensaje que difundieron por las redes sociales apuntaron contra el oficialismo señalando: “Alberto, Massa y Cristina no los dejan sesionar. Se presentan para exigir que el Congreso sesione”.
La “travesía” tuvo su momento dramático el domingo por la tarde, cuando el Peugeot 208 que conducía la diputada santacruceña Fernanda Reyes volcó, pero afortunadamente la legisladora radical no sufrió heridas y pudo continuar su viaje. Ahora en el auto conducido por su par chubutense Gustavo Menna.
#CongresoAllaVamos es otro de los hashtags con el que matizaron esta cruzada de la oposición que encuentra como punto negativo para ellos que un grupo de diputados del JxC tomó distancia de la dureza de la conducción del interbloque, firmando con el interbloque Federal un pedido de sesión para este jueves, en el que se avienen a que la reunión sea no presencial.
Recordemos que la conducción del interbloque Juntos por el Cambio reclama a través de Mario Negri que haya por lo menos una sesión presencial para modificar el reglamento, antes de sentarse para hacer una por videoconferencia.
El que salió a criticarlos fue el mendocino José Luis Ramón. Lo hizo también a través de las redes sociales, recordando que cuando él también viajó en auto a Buenos Aires para pedir que se reactivara el Congreso, el diputado Mario Negri rechazó su propuesta. Y remató: “La interna de Juntos por el Cambio está haciendo daño a personas”.
