Un grupo de legisladores del bloque de la UCR aseguraron que las declaraciones del presidente son de “una gravedad institucional inusitada que no puede no ser advertida y señalada” desde la Cámara baja.
Diputados nacionales de la UCR presentaron un proyecto de resolución a través del cual instan al presidente de la Nación, Javier Milei, a que realice la denuncia correspondiente, luego de haber afirmado que hay legisladores que “buscan coimas” para tratar el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23.
“El día 26 de diciembre pasado, en una entrevista televisiva brindada al periodista Luis Majul, el presidente de la Nación afirmó, en relación al decreto mencionado, que ‘parte de la lentitud que le ponen los legisladores es porque buscan coimas también’ y agregó: ‘A esos que les gusta tanto la discusión, y discutir la coma y todo eso, es porque están buscando coimas’. Asimismo, declaró que hay votos de legisladores que están ‘a la venta’”, mencionaron los radicales.
En ese sentido, aseveraron que “este hecho detenta una gravedad institucional inusitada que no puede no ser advertida y señalada por la Cámara de Diputados”. “El presidente tiene la obligación de presentar la denuncia correspondiente en los estrados judiciales, siendo el deber que se le impone en virtud del cargo que ostenta, tanto más frente a la trascendencia de lo declarado”, agregaron.
Los legisladores enfatizaron: “Es fundamental expresarnos, pues estamos frente a un ataque contra el Parlamento argentino, el ámbito por excelencia del debate y el control, dotado de la representación máxima y debiendo defender el papel que le da la Constitución Nacional. En este marco, la rectitud en la función pública es un deber moral básico y frente a la sola mención de un posible hecho de corrupción, exigiremos siempre el esclarecimiento”.
El proyecto lleva las firmas de Marcela Coli, Pedro Galimberti, Carla Carrizo, Fabio Quetglas, Natalia Sarapura, Danya Tavela, Alfredo Vallejos, Juan Carlos Polini, Mario Barletta, Mariela Coletta, Melina Giorgi, Francisco Monti y Jorge Rizzotti.
Cuando estaba previsto que la bancada del partido centenario se unificara, con la vuelta de los miembros de Evolución, discrepancias en torno a quien debería ocupar la presidencia desencadenaron un nuevo cisma.
La sangre radical llegó al río. Lo que se presuponía sería el inicio de un nuevo período legislativo con los dos bloques radicales reunificados en Diputados, no pudo ser. El sector que quería imponer la candidatura de Facundo Manes para presidir el bloque a partir del 10 de diciembre -cuando ya no estará Mario Negri al frente de esa bancada-, forzó la votación pese a la resistencia del resto de sus pares, y ante el retiro de los que bregaban por ungir a Rodrigo De Loredo consagraron al neurocientífico nuevo presidente del bloque.
Una hora más tarde, el diputado cordobés fue designado “nuevo presidente del bloque de diputados de la UCR” por el otro sector.
Una docena de diputados sostenían la candidatura de Manes y son los que formarán ese bloque que reclamará para sí llevar el nombre de UCR. El resto -23 diputados-, se reunió poco después para formar otra bancada que reclama para sí esa denominación y coronó a De Loredo. Se viene una gran disputa reglamentaria.
Concluida la reunión, el sector que proponía a Manes difundió un comunicado en el que señaló que había designado a ese diputado como nuevo presidente de la bancada.
“Se designa como presidente de bloque al diputado Facundo Manes y se le encomienda realizar las gestiones necesarias a fin de proceder a la reunificación del bloque, conformación de interbloque y discusión de las autoridades de la Cámara, en virtud de la sesión preparatoria del día jueves 7 de diciembre”, reza el acta de la reunión que finalizó a las 21.10 de este martes.
Pero minutos después vino el contracomunicado que anunció que “por una mayoría de 14 diputados nacionales del bloque de la Unión Cívica Radical, aceptaron la propuesta de unificación al bloque de los 9 legisladores radicales que conformaban el bloque Evolución radical”.
De esta manera, tras la “unificación”, los 23 diputados radicales eligieron como presidente de la bancada oficial del radicalismo a Rodrigo De Loredo. El comunicado de este sector del radicalismo precisó que “tras esta elección, se decidió pasar a un cuarto intermedio para completar la integración a las representaciones parlamentarias del bloque radical”.
“Los diputados radicales remarcaron que la unidad es imprescindible en la Argentina de hoy, que debe iniciar un difícil camino para salir de la grave crisis económica y social que deja el gobierno de Alberto Fernández”, expresó el sector de De Loredo que, en una clara referencia a Manes, concluyó diciendo: “Sin individualismos y sin egos personales, cerca del genuino reclamo de cambio por parte de la ciudadanía”.
El cónclave comenzó este martes a las 17.30 en la sala del bloque del quinto piso del Anexo de Diputados y contó con la presencia de 18 diputados. La había convocado el presidente del bloque saliente, Mario Negri, quien abrió el encuentro y se retiró, tal cual corresponde por concluir su mandato.
Estaban presentes los doce diputados que apoyan a Manes y tres emisarios de los que en representación de lo que proponen los gobernadores respaldan la postulación de Rodrigo De Loredo, que son un total de 23 diputados. Estos eran Martín Arjol (Misiones), Fabio Quetglas (Buenos Aires) y Lisandro Nieri (Mendoza). Más tarde se sumaron la mendocina Pamela Verasay y el chaqueño Gerardo Cipolini, también en representación del otro sector.
En el marco de la discusión, según confiaron a parlamentario.com las fuentes consultadas, los doce legisladores que proponían a Manes decían querer la unidad, “pero no a cualquier precio”. Y esto implicaba que no aceptaban a De Loredo como presidente.
Sucede que el diputado cordobés encabezó los últimos dos años el bloque Evolución y a juicio de los otros radicales, no se justificaba que volviera y quedara al frente de todo el bloque. Sin embargo era lo que habían consensuado los gobernadores de la UCR (menos Gerardo Morales).
En ese marco, los diputados alineados con Manes y Morales pidieron votar este mismo martes, pues había 5 integrantes del grupo de los 23 y técnicamente había quórum en el bloque de los 26 orgánicos. Esto es, los radicales sin Evolución, que oficialmente no está todavía integrada al bloque ni estaba representada en esa reunión.
Así las cosas, los 12 de Manes le reclamaron a los 14 restantes del bloque oficial por no haber dado la discusión y haber enviado solo emisarios.
Luego de un prolongado cuarto intermedio, el sector de Manes y Morales insistieron con votar, argumentando que la reunión estaba legitimada, pues había sido convocada oficialmente para elegir autoridades. Y les recriminaron al resto por el faltazo. Finalmente forzaron la votación, ante el retiro de los emisarios del resto, coronando a Manes. Al rato, el otro sector hizo su propia reunión, designando a De Loredo.
Esta historia continuará.
A través de un comunicado, el bloque conducido por Mario Negri le apuntó a “quienes defienden a Milagro Sala” y se sacaron fotos con ella.
El bloque de diputados nacionales de la UCR repudió “la violencia política agitada por el kirchnerismo en la provincia de Jujuy”, al tiempo que apoyó “al pueblo jujeño que votó democráticamente la reforma parcial de la Constitución provincial”.
“Quienes defienden a Milagro Sala en el país, quienes viajaron para sacarse fotos con ella y quienes la llevaron en sus listas son los responsables de la violencia política en Jujuy”, aseguraron los legisladores radicales, que paralelamente afirmaron que “el gobernador Gerardo Morales sometió a las urnas un nuevo texto para la Carta Magna provincial, el cual fue aprobado por amplia mayoría. Pero una minoría intensa, que abraza como metodología de construcción política a la violencia, intentó a fuerza de piedras, destrozos e incendios bloquear la jura de la nueva Constitución”.
Recordaron también que desde el radicalismo repudiaron la violencia a lo largo de sus más de 130 años de historia. “Somos el partido de la vida y de la paz”, enfatizaron, para expresar luego el apoyo al gobernador Gerardo Morales, quien es además presidente de la UCR nacional, y “a todo el pueblo jujeño que apuesta desde 2015 por la paz y el orden”.
“El radicalismo y Juntos por el Cambio permanecen unidos para defender la vigencia de las leyes y del orden democrático. Nunca más a la violencia política”, concluye el comunicado suscripto por el presidente del bloque, Mario Negri, y el resto de esa bancada: Manuel Aguirre, Martín Arjol, Lidia Ascárate, Karina Banfi, Mario Barletta, Miguel Bazze, Ricardo Buryaile, Marcos Carasso, Fernando Carbajal, Soledad Carrizo, Gerardo Cipolini, Julio Cobos, Marcela Coli, Pedro Galimberti, Ximena García, Jimena Latorre, Gabriela Lena, Facundo Manes, Juan Martín, Francisco Monti, Miguel Nanni, Lisandro Nieri, Juan Carlos Polini, Fabio Quetglas, Roxana Reyes, Jorge Rizzotti, Víctor Hugo Romero, Sebastián Salvador, Roberto Sánchez, Natalia Sarapura, Jorge Vara y Pamela Verasay.
El recurso lo encabezó el diputado radical Gustavo Menna, quien acusó al Gobierno de gobernar por decreto.
Ante el decreto emitido por el presidente Alberto Fernández que prorrogó la ley de propiedad comunitaria indígena en el mismo momento en que se debatían modificaciones a la misma en el Congreso, diputados nacionales de Juntos por el Cambio -encabezados por Gustavo Menna (UCR – Chubut)- decidieron acudir al recurso de amparo para plantear la inconstitucionalidad de la acción.
En la demanda que se emitió a la justicia federal, Menna afirmó que “mediante el DNU 805/2021 el Poder Ejecutivo Nacional ha dispuesto prorrogar la Ley 26.160 (de emergencia en materia de posesión y propiedad de tierras por parte de comunidades indígenas), en clara violación a la prohibición de ejercer facultades legislativas contenidas en los artículos 1, 75, 76 y 99 inciso 3 de la Constitución Nacional”, y continuó: “El DNU fue emitido a los pocos días de que el Senado de la Nación diera media sanción al proyecto de ley que disponía tal prórroga y encontrándose en pleno trámite el proyecto que dispone similar prórroga en la Cámara de Diputados de la Nación”.
En este sentido, el legislador radical acusó al ejecutivo nacional de “no respetar ni la Constitución, ni al órgano legislativo” argumentando que los Decretos de Necesidad y Urgencia sólo están comprendidos en ocasiones particulares. “Es un Gobierno que lleva dictados 172 decretos en forma contraria a la Constitución. Normalizando una situación que sólo es admisible como excepcional. Por esa razón hemos interpuesto un amparo ante la Justicia Federal planteando la inconstitucionalidad del DNU 805”, denunció Menna.
Por otro lado, el radical chubutense se refirió a la problemática actual que enfrenta la región patagónica en materia de la tensión que se viene gestando desde hace un tiempo con las comunidades aborígenes de la zona, algo de lo que también responsabilizó al gobierno en funciones.
“La Patagonia enfrenta una situación de violencia generada por grupos que reniegan de la soberanía argentina, amenazan a los pobladores, usurpan propiedad privada y pública, atacan a los guardaparques, incendian instituciones de la sociedad civil, muchas veces alentados por la omisión cómplice de un Gobierno Nacional que llegó a decir en palabras del presidente que no era su función dar seguridad a la zona”, sentenció para luego fundamentarlo con un ejemplo concreto: “Esa omisión muchas veces se tradujo en complicidad activa, como cuando el embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, abogó por la liberación de Facundo Jones Huala, y cuando la Administración de Parques Nacionales desistió de la querella por la toma de Mascardi”, en Río Negro, agregó, y consideró que “la sensación es de desprotección y abandono”.
El amparo, que cayó en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal n° 5, a cargo de Alejandra Biotti, fue acompañado por los diputados Mario Negri (UCR – Córdoba), Lorena Matzen (UCR – Río Negro), Fabio Quetglas (UCR – Buenos Aires), Ignacio Torres (Pro – Chubut), David Schlereth (Pro – Neuquén), Marcela Campagnoli (Coalición Cívica – Buenos Aires), Francisco Sánchez (Pro – Neuquén), Mónica Frade (Coalición Cívica – Buenos Aires), Rubén Manzi (Coalición Cívica – Catamarca) y Pablo Torello (Pro – Buenos Aires).
El diputado nacional, que responde al sector del senador Martín Lousteau, transparentó su idea de quedarse con el lugar que hoy ocupa Mario Negri.
El diputado nacional Emiliano Yacobitti, referenciado en el sector que lidera Martín Lousteau, reveló su intención de ir por la presidencia del bloque de la Unión Cívica Radical, en el marco de la renovación parlamentaria.
En una entrevista con Infobae, el porteño habló de su idea de comandar la bancada que actualmente conduce Mario Negri, quien a su vez es titular del interbloque Juntos por el Cambio.
Yacobitti señaló que “a diferencia de lo que pasó en 2017 y en 2019, la mayoría de los diputados que va a ingresar a la Cámara en esta etapa vienen de ganar una PASO y una elección general”, en referencia a la interna que hubo en Córdoba, donde Negri fue duramente derrotado frente a la lista de Luis Juez-Rodrigo de Loredo.
En ese sentido, el dirigente universitario consideró que “cada uno tiene más peso propio que los que eran elegidos -como antes- a dedo o en una mesa de negociación”. “Nosotros creemos que la discusión de los espacios dentro del bloque debe ser más horizontal. Hay que defender a los candidatos que van a disputar en cada distrito en el 2023″, agregó.
Para el legislador, más allá de los números, “lo importante es ver la forma en la que vamos a funcionar”. “Desde la oposición tenemos que fomentar la mayor cantidad de voces posible, el presidente del bloque no puede ser también el presidente del interbloque”, resaltó, y lanzó que “a cada representación hay que darle una voz en el Congreso, no hay que centralizar en las mismas personas, sobre todo si no tienen un respaldo de la sociedad”.
En otro tramo, el diputado abogó por “una UCR que se convierta en un vehículo para que la sociedad decida ser parte del futuro de la Argentina” y “no un club de amigos que para liderarlo haya que achicarlo”.
En lo que respecta al interbloque, sobre si debe quedar en manos del Pro o la UCR, consideró: “Las listas fueron cruzadas, no fueron uniformes, lo lógico sería que la representación del interbloque se elija independientemente de los partidos”.
Los legisladores criticaron al ministro de Seguridad, quien expresó que la inseguridad es algo que “sucede en todos los lugares del mundo”.
Diputados nacionales de la UCR cuestionaron al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, en relación al asesinato del kiosquero Roberto Sabo en Ramos Mejía, partido de La Matanza.
Al ser consultado por la prensa por el crimen del comerciante, el funcionario señaló que la inseguridad “sucede en todos los lugares del mundo, en algunos más y en algunos menos”. “Si miramos estadísticas son otras cosas, cuando uno las revisa son nada, estamos hablando de una vida humana truncada por nada”, agregó.
En ese sentido, el diputado Luis Petri consideró que “el ministro Aníbal Fernández miente o está desinformado. Según las estadísticas del Servicio Penitenciario Federal, la cantidad de presos disminuyó durante su gobierno. De 14.067 en el 2019 a 11.470 en el 2020”.
“Y a nivel país se repite el descenso en el 2020. Con la excusa de la pandemia liberaron presos pese a que se demostró que en las cárceles las tasas de contagio eran de las más bajas. Hoy pagamos la consecuencias con mayor inseguridad”, resaltó el mendocino en alusión a las liberaciones ordenadas el año pasado durante la pandemia.
Para el opositor, “hubo una política de liberación de presos avalada por el Gobierno nacional y de la provincia de Buenos Aires que arrancó en diciembre del 2019 cuando asumieron el Gobierno” y “la pandemia fue la excusa perfecta para implementarla”.
Por su parte, la diputada Carla Carrizo sostuvo: “Lamentable que el ministro de Seguridad Aníbal Fernández se ofusque, ironice, cuando tiene que brindar explicaciones a la sociedad. ¿Con qué mapa del delito toma decisiones? No tienen plan. Es el basta más triste a 5 días de las elecciones”.
“Lo que no sucede en otras partes del mundo es que un ministro de Seguridad de la Nación, como Aníbal Fernández, mire a las víctimas de inseguridad como simples números o estadísticas. Las buenas políticas surgen de la empatía señor ministro”, escribió la tucumana Lidia Ascárate.
En tanto, la legisladora Dolores Martínez lamentó “la angustia y el dolor de una familia frente a un Estado provincial que no se inmuta, prioriza un cierre de campaña, riñas internas, y malgasta recursos coparticipables redireccionados a dedo”.
“Así funciona el relato en La Matanza y muchos lugares del país sujetos a esta lógica perversa, de esto pasó un año ya. Mucho vídeo, mucho anuncio, pero nada en la realidad”, observó la bonaerense Josefina Mendoza.
Otro de los diputados que se expresó fue Gonzalo Del Cerro, quien subrayó que “las estadísticas en criminalidad sirven para mostrar la barbarie, no para negarla y justificar la incapacidad, ineficiencia y la complicidad de la corrupción con el delito”. “Son cómplices los que liberan delincuentes, eso no se esconde con cifras, la moral no es matemática”, añadió.
Legisladores radicales advierten que el ministro de Justicia intentará avanzar con “el plan de impunidad” a través de la reforma del Ministerio Publico Fiscal.
Ante la convocatoria a una reunión de comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales de Diputados este lunes, con la presencia del ministro de Justicia, Martín Soria, para avanzar con el tratamiento de la reforma del Ministerio Público Fiscal, diputados de la UCR cuestionaron el intento del oficialismo de avanzar con su plan de impunidad, demostrando cuáles son las prioridades del Gobierno en medio de segunda ola del coronavirus.
El titular del bloque, Mario Negri, señaló que “el ministro Martín Soria quiere que la Cámara baja apruebe los cambios a la ley del Ministerio Público Fiscal, que permite designar al procurador general solamente con la mayoría peronista en el Senado y modifica el Jury, con el objetivo de poner a tiro a los fiscales que no militan en el kirchnerismo. Es claro que están obsesionados con la impunidad”.
Gustavo Menna, vicepresidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, dijo que “sorprende que en un momento tan grave, con la pandemia en una situación tan crítica y desbordada, el gobierno insista con tratar leyes que no tienen nada que ver con las preocupaciones centrales de los argentinos, que pasan por la pandemia, la salud y la inflación descontrolada que tenemos, por el aumento de la pobreza y la situación del empleo; y que por el contrario venga a pretender poner en tratamiento la reforma del Ministerio Público Fiscal, con el agravante que es una ley que desconoce la autonomía del Ministerio Público, que intenta controlarlo y morigerar las mayorías para la designación del procurador general. Es un proyecto que claramente va contra la Constitución Nacional”.
Por su parte, Luis Petri, integrante de la Comisión de Justicia, agregó que “la reforma del Ministerio Público Fiscal es la piedra angular para avanzar hacia la impunidad de los corruptos. Si hay Ley de Ministerio Publico Fiscal, hay impunidad. Toda justificación para su aprobación es cotillón y maquillaje. El proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal otorga a la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control la facultad de elegir un Procurador General interino. Es decir, si se aprueba, van a desplazar a Eduardo Casal y designar un procurador servil al plan de impunidad”.
El diputado Juan Martín, integrante de la Comisión de Justicia, afirmó “es alarmante e inaudito que la agenda del oficialismo en esos momentos de angustia y dificultades por el avance de la segunda ola de coronavirus, se centre en intervenir la justicia, y en consolidar un modelo de impunidad, impidiendo que avancen causas por corrupción. Pero el oficialismo avanza con su plan de impunidad, en un programa de intervención del Poder Ejecutivo en el Ministerio Público Fiscal para soslayar la independencia que consagró la Constitución de 1994. Buscan que las causas de corrupción no avancen, y que no solamente se pueda designar al jefe de los fiscales por una mayoría simple, sin el consenso que establece la legislación actual, sino que además cualquier fiscal que pretenda intervenir en una causa que sea inconveniente al gobierno, pueda ser removido sin más trámite.
Por su parte, Karina Banfi, integrante de la Comisión de Asuntos Constitucionales, señaló que “el interés del kirchnerismo por controlar el Ministerio Público Fiscal comenzó en el gobierno de Cristina Kirchner y se vio interrumpido cuando llegó el gobierno de Cambiemos. Ahora necesitan insistir para tener el control de la persecución penal y dominar las causas de corrupción. La venida del ministro Soria al Congreso para tratar esta reforma muestra las prioridades del gobierno y su desesperación”.
Por otra parte, Menna también señaló que “de ninguna manera vamos a aceptar que se limite el uso de la palabra. Se ha cursado la invitación estableciendo que las preguntas al ministro deben ser formuladas por correo electrónico y hasta las 10 de la mañana del lunes, lo cual es absurdo, porque lógicamente las preguntas que tendremos que hacer surgirán luego de que el ministro exponga. Vamos a concurrir a la reunión y de ninguna manera vamos a permitir que se nos limite en el uso de la palabra y nuestra atribución constitucional de pedir toda la información a los ministros que comparecen en una comisión”.
Los legisladores advirtieron que la iniciativa oficial no contempla el diferencial del 22% para la región y pidieron su inclusión.
El diputado Martín Berhongaray (La Pampa), junto a sus pares radicales Gustavo Menna (Chubut), Lorena Matzen (Río Negro) y Roxana Reyes (Santa Cruz), insistieron en la necesidad de revisar el diferencial en deducciones computables a la Patagonia, referido al proyecto de ley de modificación del impuesto a las Ganancias que impulsa el oficialismo y que se debatirá próximamente en comisiones.
En la iniciativa, los legisladores expresan su preocupación por la “ausencia de una referencia expresa en el texto del inciso c) del artículo 30 que el referido proyecto propone ‘sustituir’, a la permanencia de la vigencia del actual diferencial por zona desfavorable que incrementa en un 22% las deducciones especiales computables para la determinación del impuesto a las Ganancias de empleados en relación de dependencia y jubilados que residen en la Región Patagónica Argentina”.
Los diputados instan a sus pares para que, “en oportunidad de su tratamiento parlamentario, se incluya de manera expresa la actual deducción especial, omitida en el texto del referido proyecto” presentado por el Frente de Todos.
“Se estima que, de aprobarse la modificación planteada por el oficialismo, alrededor de 1.267.000 trabajadores y jubilados dejarían de pagar el impuesto a las Ganancias, constituyendo desde esa perspectiva un avance en términos de restablecer un contexto de mayor equidad tributaria”, explicaron.
Y agregaron: “Si la intención del diputado (Sergio) Massa fue la de sostener el beneficio aludido, nada impedirá que se reproduzca su actual formulación en el nuevo texto que se ponga en análisis, del mismo modo que se repite textualmente en el proyecto tanto el primero, segundo, tercero como el cuarto párrafo del inciso c) del artículo 30”.
Ante la advertencia de los desarrolladores, que indicaron que las vacunas tienen que tener una temperatura de almacenamiento y transporte de hasta 80 grados Celsius bajo cero, consultaron al Poder Ejecutivo sobre las estrategias que se tienen previstas y presupuestadas.
Luego del viaje a Rusia de la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, diputados nacionales de la UCR presentaron un pedido de informes al Poder Ejecutivo consultando sobre “qué estrategias se tienen previstas y presupuestadas para el arribo, almacenamiento y distribución una vez adquiridas las vacunas” contra el Covid-19.
“Nos preocupa que no se esté contemplando las especificidades técnicas que va a requerir el transporte y el almacenamiento de la vacuna. La fabricada por el laboratorio Pfizer, por ejemplo, requiere una cadena de frío de 80 grados Celsius bajo cero”, resaltó el radical Facundo Suárez Lastra, quien encabeza la iniciativa.
En los argumentos se explicó que “las nuevas vacunas contra el Covid-19 plantean problemas logísticos en la cadena de suministro existente para los productos sanitarios, que por el corto tiempo de elaboración se tienen que mantener en árticas temperaturas. Si pensamos que las vacunas del calendario obligatorio normalmente se distribuyen entre 2 y 8 grados Celsius, los nuevos sueros requieren de un transporte y almacenamiento que debe hacerse a hasta 80 grados Celsius bajo cero”.
La Asociación Internacional de Transporte Aéreo, IATA, advirtió que el desafío logístico será “la misión del siglo” y llamó a los gobiernos a planificar con anticipación y cuidado el transporte y distribución de la vacuna.
Los legisladores opositores enfatizaron entonces el “gran desafío” que se abre “teniendo en cuenta la disparidad de infraestructura que hay a lo largo y ancho de toda la Argentina”. En ese sentido, advierten que “requerirá de una planificación estratégica para lograr el funcionamiento efectivo de la cadena logística, con el fin de asegurar la cantidad y la calidad de las dosis de la vacuna contra el Covid-19 en toda la República Argentina”.
Además de Suárez Lastra, acompañaron el pedido los radicales Fabio Quetglas, Gabriela Lena, Diego Mestre, Estela Regidor, Lorena Matzen, Gustavo Menna, Albor Cantard, Juan Martín, Federico Zamarbide, Soledad Carrizo, Ximena García, Gerardo Cipolini, Gonzalo Del Cerro y Carlos Fernández.
Diputados de la UCR, ausentes durante la sanción, criticaron al Poder Ejecutivo por observar artículos de la norma referidos a los créditos para el sector.
Diputados nacionales de la UCR cuestionaron este lunes al Gobierno nacional por el veto parcial a la Ley de Sostenimiento y Reactivación Productiva de la Actividad Turística, en artículos referidos a los créditos para el sector.
“Insólito. @alferdez vetó la ley de sostenimiento de la actividad turística propuesta por el propio oficialismo del Senado, sobre línea crédito que debía otorgar Banco Nación a 36 meses con 6 de gracia y financiamiento a viajes estudiantiles. Otra nueva frustración para el turismo”, escribió el misionero Luis Pastori.
Por su parte, el chubutense Gustavo Menna, dijo: “Pretendieron aprobar una ley de apoyo al turismo en una sesión irregular y sin quórum. Ahora vetan los artículos que daban préstamos al sector. Improvisación y falta de coordinación. El sector continúa a la deriva, con cierres de empresas y pérdidas de miles de empleos”.
“El Gobierno vetó hoy los artículos de acceso al crédito a todo el sector turístico en la Ley de Reactivación de la Actividad Turística. Primero se negó a declarar la Emergencia del sector y ahora le anula el financiamiento sin dar siquiera un horizonte de salida de la cuarentena”, sostuvo el mendocino Luis Petri.
Su comprovinciano Federico Zamarbide explicó: “Hoy salió el Decreto con el VETO parcial a la supuesta ley de ayuda para el sector turístico. Dejan sin efecto los arts. 13 y 15, que establecían período de gracia de 6 meses y tasa cero para los créditos que debe otorgar el Banco Nación. Ahora queda sujeto a lo que dispongan órganos directivos del Banco Nación. Más incertidumbre para un sector que no tiene horizonte sobre cuándo y cómo volverá a trabajar”.
También se manifestó Gonzalo del Cerro, quien apuntó que desde el oficialismo “aprobaron una ley de manera irregular, sin quórum, y el Gobierno vetó el acceso al crédito a todo el sector turístico en la Ley de Reactivación de la Actividad Turística”.
“Dos semanas atrás, el presidente @alferdez alardeaba sobre el apoyo de su gobierno al turismo y criticaba a la oposición. Hoy vetó los artículos de la ley que propuso su gobierno que aseguraban créditos a 36 meses al sector turístico. Que dejen atrás el cinismo de una vez”, enfatizó el santafesino Juan Martín.
Enmarcaron la actitud del Ejecutivo nacional en “una lógica prepotente” que debe ser desterrada, y reclamaron que sea el Congreso el que discuta la asignación de recursos públicos.
Los diputados nacionales radicales de la provincia de Buenos Aires reclamaron que la discusión en torno a la asignación de recursos públicos federales se realice en el Congreso y en acuerdo con los estados subnacionales, tal cual lo que la Constitución establece.
“No se trata de una potestad del Ejecutivo y mucho menos si el ejercicio de la misma es intempestivo y arbitrario”, señalaron a través de un comunicado en el que consideraron que la crisis de seguridad de la provincia de Buenos Aires es “solo un emergente”. En ese sentido señalaron que “una sucesión desgastante de gobiernos justicialistas ha manoseado la administración pública, alimentando una cultura clientelar, desjerarquizado los servicios públicos, etcétera”.
“Todo lo contrario de lo que se necesita en una provincia fragmentada y con enormes deudas sociales”, remarcaron.
Los legisladores nacionales del partido centenario rechazaron el proceder del Poder Ejecutivo Nacional respecto de la asignación de fondos correspondientes a ACBA para atender lo que, aclaran, son “legítimos reclamos de los agentes policiales provinciales”. Y agregan: “la solidaridad interjurisdiccional no se construye a fuerza de maltrato a los opositores”.
Por lo tanto, consideran que se trata de “una medida ilegal, inconsulta, improcedente y a la larga ineficaz, que probablemente abre muchos más conflictos que los que cierra”.
Los legisladores bonaerenses enmarcan la respuesta del Gobierno de Alberto Fernández en “una lógica prepotente que debemos desterrar del país”.
El comunicado radical concluye enfatizando que “una democracia de calidad se construye con diálogo, con responsabilidad en la función pública y con el respeto a la ley”.
Los legisladores apuntaron contra el oficialismo por la excarcelación del empresario, vinculado en causas de corrupción durante la gestión del kirchnerismo.
Diputados nacionales de la UCR cuestionaron la prisión domiciliaria concedida al empresario Lázaro Báez y se refirieron a la protesta de los vecinos del country Ayres del Pilar, quienes impidieron que pudiera ingresar.
“La gente está demostrando con sus cacerolas cuanto hartazgo tiene por la corrupción y cuanto más necesita una Justicia independiente que la condene”, opinó Luis Petri.
Conocido el fallo, el mendocino había señalado: “Lázaro Báez se va a su casa, junto a 4.500 más que ya fueron liberados. El cajero de banco, devenido en empresario de la construcción, tiene un patrimonio valuado en 2016 por más de U$S200 millones, pero aseguró que no podía pagar la fianza y se lo concedieron”.
“Aunque la justicia no funcione, el repudio social nos demuestra que no se van a tolerar más estos actos de impunidad e injusticias”, consideró Daniel Salvador, vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos.
Y cuestionó que Báez “es el símbolo de la corrupción kirchnerista, y aun así recibe prisión domiciliaria”. “Está claro que el único objetivo del oficialismo es la búsqueda de impunidad y la reforma judicial se la garantiza. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestro alcance para impedirlo”, enfatizó.
En tanto, el mendocino Federico Zamarbide afirmó que “en la Argentina la Justicia no funciona” pero “por lo menos, a veces tenemos la condena social”.
“La impunidad, la década enterrada y las valijas de Cristina sin castigo. Esto demuestra que debemos impedir que salga la Reforma Judicial y Cristina se convierta en la justicia para legalizar la ilegalidad. Está acorralada, apurada y dispuesta a arrasar con todo”, disparó contra la vicepresidenta Álvaro de Lamadrid.
Por su parte, José Cano manifestó: “Lázaro Báez puede ir a su casa. En 12 años acumuló 1.412 propiedades y le atribuyeron un patrimonio de USD 205 millones. Solo debía ‘pagar’ (devolver) el 3% de todo lo que robó pero ni siquiera eso pasó. Ahora el Frente de Todos va por la Reforma Judicial, no vamos a permitirlo”.
Los diputados nacionales de la bancada que preside Mario Negri criticaron duramente la cláusula introducida en la iniciativa a pedido del senador Oscar Parrilli.
Diputados nacionales de la UCR se manifestaron este viernes sobre el inciso incorporado en el proyecto de reforma judicial, por el cual se obliga a los jueces a denunciar supuestas presiones de los medios. “Se pretende imponer una limitación inconstitucional a la libertad de expresión”, advirtieron.
El jefe de la bancada -y también titular del interbloque Juntos por el Cambio-, Mario Negri, alertó que “hay un asalto a la Justicia y una limitación inconstitucional a la libertad de expresión”. “Creo que volvieron peores porque ahora tienen una bandera de venganza y de odio. El presidente debería convocar a todos los sectores porque uno de cada dos argentinos será pobre, pero siguen sin hacerlo”, señaló.
Por su parte, la vicepresidenta de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara baja, Karina Banfi, expresó: “¿Se preguntan de qué manera puede este artículo del dictamen afectar la libertad de expresión? ¿Cómo sería el mecanismo de presión? No lo explican. Entonces una noticia lo puede ser. Escribís una nota sobre un juez y tenés denuncias en tu contra. Debemos evitar la autocensura”.
“El Gobierno viola la Constitución Nacional y avanza en su plan de reforma judicial y ataque a la prensa y la libertad de expresión, a jueces, dirigentes opositores y ciudadanos”, enfatizó Álvaro De Lamadrid, que además consideró que “la libertad de expresión está en peligro porque el Gobierno, por decisión de Cristina Fernández de Kirchner y el acatamiento de esa orden por parte del presidente (Alberto) Fernández, ha decidido atacar a la prensa, periodistas, jueces, dirigentes opositores y ciudadanos”.
En tanto, el diputado Luis Petri resaltó: “Atan de manos a la Justicia y a todos los que intenten exponer a los jueces del poder. ¿Qué medidas podría solicitar un juez que denuncia presión mediática ante una nota que exponga su actuación? A partir de ahora la libertad de prensa puede ser considerada presión mediática y denunciada”. “El país está ingresando al peligroso mundo de los autoritarismos con fachada democrática. Sin prensa libre no hay democracia”, subrayó.
El mendocino agregó que el artículo en cuestión “es oscuro e impreciso, buscando amedrentar al periodismo de investigación y evitar que advierta sobre los avances o retrocesos de causas judiciales. Este artículo, que claramente viola la libertad de prensa, es consecuencia necesaria de un proyecto de ley que busca garantizar la impunidad kirchnerista”.
“La reforma judicial que pretende imponer el kirchnerismo no solo busca impunidad, sino también amedrentar al periodismo. Es inadmisible que propongan legalizar la censura y atacar la libre expresión”, sostuvo el legislador Atilio Benedetti.
Finalmente, el diputado Gonzalo Del Cerro opinó que “lo que no pudieron hacer con la ley de medios, domesticar al periodismo independiente, ahora lo buscan con la ‘autoproclamada’ reforma judicial. Van por la libertad de expresión, porque la impunidad, además de jueces amigos necesita silencio cómplice”.
Es a raíz de los incendios registrados en el Delta del Paraná. La iniciativa tiene como antecedentes los textos aprobados por el Senado en 2013 y 2016.
Los diputados radicales Brenda Austin, Ximena García y Gustavo Menna presentaron un proyecto de ley de “Presupuestos Mínimos para la Conservación, Protección y Uso Racional y Sostenible de los Humedales”.
“La iniciativa se enmarca en lo que dispone artículo 41 de la Constitución de la Nación, que reconoce el derecho de todos los habitantes a gozar de un ambiente sano junto al deber de preservarlo. Es la misma Constitución la que asigna a las autoridades el mandato de proveer a su protección, a utilizar racionalmente los recursos naturales, a preservar el patrimonio natural y cultural y la diversidad biológica”, enfatizaron.
El proyecto promueve la protección de los humedales que son ecosistemas con características diferentes a los ambientes terrestres y acuáticos, al destacarse por ser fuente de una enorme riqueza de biodiversidad y proveer de servicios como agua y amortiguación de inundaciones, filtrado y retención de nutrientes y contaminantes, almacenamiento de carbono, disminución del poder erosivo de flujos de agua y la estabilización de la línea costera. Son esenciales en la provisión de alimentos para la sociedad y la fauna silvestre, como también de valores culturales.
Austin sostuvo que “los humedales son claves para el sostenimiento de la vida; tenemos una deuda histórica en establecer un marco protectorio que brinde pautas claras y uniformes para su manejo sostenible”.
Argentina es país signatario de la Convención Ramsar sobre Humedales de Importancia Internacional, en cuyo marco ha designado 23 sitios de protección que cubren una superficie superior a los 5,5 millones de hectáreas. Sin embargo, no se cuenta con legislación interna que establezca pisos mínimos de protección y herramientas de gestión para todos los humedales de nuestro territorio, independientemente de su caracterización internacional. El vacío normativo genera como consecuencia la continua pérdida y degradación de estos ecosistemas, tal como se evidencia a nivel global con una disminución de la superficie de humedales entre un 64% y 71% durante el último siglo.
Por su parte, García señaló que “la necesidad de establecer principios mínimos para conservar y garantizar el uso racional y sostenible de los humedales responde a que tienen un enorme valor biológico, ecológico, cultural y social”.
La santafesina agregó que “su protección se ha transformado en una gran demanda ciudadana, que pudimos comprobar con la condena social y política que han recibido las continuas y masivas quemas de pastizales en el Delta del río Paraná y del río Salado”.
“Avanzar en el ordenamiento territorial de los humedales es una asignatura pendiente para Argentina. Debemos hacerlo contemplando que están considerados entre los ambientes más productivos del planeta, que pueden ser usados racionalmente y que prestan una serie de beneficios ambientales, económicos y sociales que difícilmente puedan ser reemplazados”, dijo por su parte Menna.
Por último, Austin remarcó que “la crisis climática global nos exige dejar de mirar a un costado y nos obliga a abordar la urgente necesidad de resguardar el derecho a un ambiente sano, no sólo como una aspiración a futuro sino para el momento presente. Eso es posible si tenemos claro que el desarrollo sólo es tal, cuando es sostenible”.
La iniciativa fue acompañada por sus pares de Juntos por el Cambio Héctor Stefani, Karina Banfi, Albor Cantard, Graciela Ocaña, Alicia Terada, Jorge Enríquez, Luis Pastori, Claudia Najul, Camila Crescimbeni, Hugo Romero, Mario Arce, Lidia Ascarate, Lorena Matzen, Victoria Morales Gorleri, Alberto Asseff, Josefina Mendoza, Dina Rezinovsky, Virginia Cornejo, Aída Ayala y Gustavo Hein.
Entre los objetivos del proyecto se destacan la identificación de los humedales para garantizar su conservación, uso racional y sostenible; la protección de su valor y potencial estratégico en la mitigación y adaptación al cambio climático; el establecimiento de criterios de conservación y uso que tengan en cuenta su integridad ecológica y su dependencia del régimen hidrológico; la identificación y regulación de actividades que amenazan su integridad; el resguardo de los principios de no regresión, in dubio pro aqua y pro natura, preventivo y precautorio en favor de la protección de los humedales; el libre acceso a la información pública ambiental y la participación ciudadana en la toma de decisiones.
A su vez, integra las herramientas necesarias para el ordenamiento territorial de los humedales, en el marco de los principios e instrumentos de gestión y política ambiental reconocidos en la Ley General del Ambiente. Para ello prevé la elaboración del Inventario Nacional de Humedales, el Ordenamiento Territorial de Humedales como instrumento clave de gestión del territorio por parte de las jurisdicciones, la Evaluación de Impacto Ambiental y la Evaluación Ambiental Estratégica para la autorización de obras, actividades y usos que posibiliten la gestión y el uso racional y sostenible de los humedales.
Contempla otras previsiones, como las relacionadas con actividades prohibidas, las relativas a la integración y aplicación del Fondo Nacional de Humedales y un sistema de sanciones que busca establecer una responsabilidad administrativa coherente con la magnitud de los daños que podrían ocasionarse en caso de infracciones.
La propuesta del radicalismo fue elaborada en base a los antecedentes del Congreso, especialmente los textos sancionados por el Senado en 2013 y 2016 y la propuesta de anteproyecto de ley del diputado (MC) Juan Carlos Villalonga, sumando a ello las recomendaciones emitidas desde diversos ámbitos científico-técnicos nacionales e internacionales y organizaciones de la sociedad civil.
El proyecto de ley fue presentado por el porteño Facundo Suárez Lastra y el bonaerense Fabio Quetglas. Sostienen que es necesario “dar una respuesta integral y coordinada” a “los desafíos” que enfrenta esta región.
Los diputados nacionales Facundo Suárez Lastra (CABA) y Fabio Quetglas (Buenos Aires), ambos del bloque de la UCR, presentaron un proyecto de ley por el cual proponen crear una Agencia para la Región Metropolitana de Buenos Aires, con el objeto favorecer la articulación, planeamiento, diseño, ejecución, fiscalización y control de lineamientos de políticas públicas.
Según la iniciativa de los radicales, este organismo serviría para atender los temas centrales vinculados a las dos jurisdicciones, con el fin de “dar una respuesta integral y coordinada a los desafíos presentes y futuros que enfrenta la región en su conjunto”.
De acuerdo a la propuesta, la agencia estaría integrada por el Estado Nacional, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y contará con la participación de los municipios.
“Tendrá incumbencia sobre el ambiente, salud, residuos, agua potable y saneamiento, transporte y movilidad, cuencas, planificación y desarrollo regional, infraestructura, usos del suelo, competitividad territorial, políticas de desarrollo humano e inclusión social, seguridad y manejo del riesgo, o cualquier otra cuestión que revista de importancia para el desarrollo del área metropolitana”, sostiene el proyecto.
La iniciativa aclara que “esto no implica generar un nuevo nivel de gobierno metropolitano, al tiempo que el ente resultante incorpora a los municipios en el proceso de toma de decisiones vinculadas a la región, pero no diluye su autoridad territorial y nos da la posibilidad de planificar, coordinar y gestionar políticas a partir de una mirada integral sobre el territorio y sus problemáticas”.
En materia de financiamiento, Suárez Lastra y Quetglas proponen que los tres Estados integrantes “se comprometan a financiar de manera solidaria y en función de sus respectivos presupuestos, el funcionamiento de la agencia”. Asimismo, la agencia metropolitana podrá fondearse con “la reasignación presupuestaria de reparticiones o programas de los tres gobiernos involucrados que tenga relación con políticas metropolitanas y sean transferidos a la órbita de la agencia”.
El organismo contará con “entes interjurisdiccionales temáticos”, al tiempo que incorporará agencias ya existentes como, por ejemplo, la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR).
“Se han demostrado claramente las ventajas, en materia de competitividad, que detentan las áreas metropolitanas que cuentan con un órgano de gobernanza de nivel regional, frente a aquellas que -como en nuestro caso- poseen estructuras fragmentadas”, señalaron los legisladores en los argumentos.
Y agregaron que “lo ‘metropolitano’ en nuestra región hoy se gestiona de manera descoordinada y parcial, a partir de un pequeño número de agencias temáticas, creadas a partir de necesidades específicas -con competencias en muchos casos insuficientes-, que no incorporan en su planificación una visión integrada y transversal de la región y tampoco contribuyen a evitar la superposición, tanto de estructuras como de competencias entre las diversas jurisdicciones presentes en la región”.
“La consecuencia de este modelo de gestión es la ineficiencia del gasto y una inadecuada provisión de bienes y servicios estatales, en una región que presenta notorias desigualdades y carencias. La crisis ocasionada por la pandemia del Covid-19, como nunca antes, ha puesto en evidencia esta situación”, continuaron.
Los diputados de la UCR afirmaron que con el proyecto buscan “brindar una respuesta frente a la compleja realidad que atraviesa un territorio que concentra en su seno al 37% de la población de nuestro país”.
“En conclusión, para mejorar la capacidad de intervención estatal y que las políticas públicas metropolitanas se orienten hacia la satisfacción de las diversas y complejas necesidades de la ciudadanía, es indispensable rediscutir la actual distribución de responsabilidades en temáticas complejas que hoy ya forman parte de la agenda metropolitana, dotando asimismo a esas políticas de una planificación transversal que aporte una visión integral y consensuada de la región”, finalizaron.
Luego del caso de un hombre que falleció aplastado cuando intentaba cruzar de una jurisdicción a la otra, legisladores que representan a ambas provincias presentaron un proyecto.
Diputados del bloque de la UCR presentaron un proyecto para instar a las provincias de San Luis y Córdoba a establecer un corredor humanitario que permita la libre circulación de los vecinos de las localidades cordobesas aledañas a la Villa de Merlo (San Luis).
Los legisladores remarcaron que muchos vecinos, “por la cercanía e importancia de Merlo, tienen su domicilio legal, desenvuelven su vida, trabajan, van al médico y desarrollan varias actividades allí, con el debido respeto de los protocolos sanitarios”.
Durante la cuarentena ocurrieron casos como el de un ciudadano de la localidad Cruz de Caña, en Córdoba, a solo 12 kilómetros de Merlo, quien sufrió un ACV y no pudo llegar al hospital de Merlo y falleció. En tanto, esta semana, Mario Cortés, de San Pedro (Córdoba), localidad también vecina a la Villa de Merlo, falleció -mientras intentaba cruzar- al quedar aplastado entre su auto y el terraplén que bloquea el camino hacia Merlo.
“La administración de la cuarentena por parte de los gobiernos locales ha llevado a algunas arbitrariedades y violaciones de derechos por limitaciones que exceden lo razonable, esto es el caso de lo que ocurre en la zona de Traslasierra (Córdoba) y también del Valle del Conlara (San Luis), una zona que está profundamente integrada económicamente y de gran relación entre la población de las distintas localidades de la zona de ambas provincias”, señalaron los radicales.
Y agregaron: “Se les está impidiendo a sus habitantes, a partir de las limitaciones para ingresar a San Luis, de trabajar, muchos corren riesgo en sus empleos, de atender su salud, y otras tantas actividades; es por eso que han reclamado un corredor humanitario”.
El autor del proyecto fue el puntano Alejandro Cacace, y la iniciativa contó con el acompañamiento de los cordobeses Brenda Austin, Diego Mestre, Soledad Carrizo y Hugo Romero, todos de la UCR.
Los legisladores pidieron aclaraciones sobre las versiones públicas que indican que habrían pedidos expresos para el cierre del aeropuerto y su traslado a Ezeiza.
Los diputados radicales Lorena Matzen, Roxana Reyes, Gustavo Menna y Alfredo Cornejo, entre otros, solicitaron al Poder Ejecutivo Nacional que informe su posición política, institucional y administrativa respecto al estado actual de funcionamiento del aeropuerto El Palomar.
Los legisladores pidieron claridad sobre versiones públicas que indican que “habrían existido pedidos expresos” de la empresa concesionaria de El Palomar, Aeropuertos Argentina 2000, a los fines de su cierre y traslado de operaciones a Ezeiza.
Asimismo, el proyecto alude a “las posiciones hechas públicas por las entidades empresariales turísticas argentinas respecto a la necesidad del mantenimiento de la apertura y el pleno funcionamiento del aeropuerto de El Palomar”, a las que “se han sumado también las Comisiones Directivas Asociación Sindical Trabajadores de JetSmart y de Flybondi que han manifestado públicamente que el cierre del aeropuerto mencionado es ‘prácticamente es como echar del país a las dos empresas en las que trabajamos. Lo que es peor, dejar en la calle a miles de empleados directos e indirectos, además del daño que ocasiona a las provincias y a sus habitantes, afectando su conectividad y la explotación turística’”.
Entre los fundamentos del pedido de informes al Gobierno nacional se resaltan los datos de la propia empresa concesionaria en su página web que el mes de diciembre pasado informaba que “El Palomar está en el quinto puesto entre los aeropuertos con mayor tráfico de la concesión. Por allí pasaron en el mes de noviembre de 2019, 158.320 pasajeros, lo que marcó un crecimiento del 81,4% respecto a igual mes del año 2018”.
En la misma publicación se indicaba que “en noviembre de 2019 pasaron 3.311.928 pasajeros por los 35 aeropuertos de la concesión de Aeropuertos Argentina 2000, lo que marcó un crecimiento del 6,12% con respecto al mismo mes de 2018” y atribuyendo dicho crecimiento a “los viajeros domésticos que sumaron 2.206.697 con un alza del 9,15% gracias a las nuevas compañías que operan al interior del país, mientras que las internacionales tuvieron una leve baja del 0,6% con 996.740 pasajeros”.
Al acompañar el proyecto, Menna manifestó que la importancia de brindar precisiones sobre el tema se enmarca en “la necesidad de asegurar e incluso incrementar la conectividad aérea para el desarrollo del turismo, las comunicaciones y demás actividades, una vez que termine el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio y se restablezca la normalidad”.
El proyecto lleva, además, las firmas de los diputados nacionales Gonzalo del Cerro y Ximena García, Gabriela Lena, Sebastián Salvador, Lidia Ascárate, Jorge Vara, Aída Ayala, Héctor Stefani y Hernán Berisso.
Legisladores radicales se pronunciaron en contra del beneficio para autores de delitos graves y cuestionaron al Gobierno y el titular de la Secretaría de Derechos Humanos.
Diputados nacionales de la UCR se pronunciaron de manera categórica contra el beneficio de la prisión domiciliaria otorgada a condenados por delitos graves, bajo el pretexto de la emergencia sanitaria.
“Es inconcebible que se otorguen prisiones domiciliarias a personas privadas de su libertad que han cometido delitos graves, como femicidios y violaciones. La pandemia del Covid-19 deja al descubierto la desinversión del Estado en las cárceles argentinas y la Justicia machista”, señaló la presidenta de la Comisión de Familia de la Cámara baja, Roxana Reyes (Santa Cruz).
El vicepresidente de la Comisión de Seguridad Interior, Álvaro De Lamadrid (CABA), opinó que es “inconcebible dar prisión domiciliaria a narcotraficantes, asesinos, violadores, secuestradores y femicidas. Si, como asegura Alberto Fernández, el Gobierno no está detrás de las prisiones domiciliarias, debería echar al secretario de Derechos Humanos (Horacio Pietragalla), quien públicamente las impulsa”.
Por su parte, el diputado Luis Petri (Mendoza) advirtió: “Piense en las víctimas Presidente y piense en uno de los fines de la pena, que es la seguridad de la población. Liberando presos no se lucha contra el coronavirus. ¿Quién va a ser responsable por los delitos que cometan en libertad? ¿Quién se hace cargo? ¿Usted?”.
“Los delincuentes condenados por delitos graves deben cumplir la totalidad de las condenas en las cárceles, donde el Estado debe garantizar las condiciones sanitarias para impedir la propagación del coronavirus. No estoy de acuerdo que con la excusa de la pandemia se las desoiga a las víctimas y se desproteja a la sociedad. Hay que garantizar el cumplimiento de las condenas, en especial en aquellos que son condenados con delitos graves”, agregó.
En tanto, la diputada Lorena Matzen (Río Negro) recordó que junto a un grupo de sus pares presentaron un pedido de informes para que el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, “ante la evidente liberación de autores de femicidios y/o violaciones, informe si tienen diagramado un programa de acción, y la identificación de estos violentos y que garantice y refuerce la protección a sus víctimas”.
“También solicitamos el número efectivo de procesados y condenados que acceden al beneficio de domiciliaria y la aclaración sobre el tipo de delitos cometidos, así como las medidas y protocolos de seguridad, adoptados por Covid-19, en el Servicio Penitenciario Federal”, añadió.
La legisladora consideró que “es lamentable que, en este contexto de pandemia, y crisis económica sumemos más angustia. Se deben tomar otros recaudos para garantizar salud de detenidos, pero no abrir las puertas de las cárceles y habilitar la impunidad”.
El diputado Ricardo Buryaile (Formosa) preguntó: ¿Cuando la Secretaría de Derechos Humanos pidió la liberación de Martín Báez, el hijo de Lázaro, en qué grupo de riesgo lo consideró? Nos quieren tomar por tontos”.
La diputada Ximena García (Santa Fe) insistió en que “el Poder Judicial debe atenerse al imperio de la ley; su poder se funda y se limita en las normas, no en la voluntad de las personas. Reafirmamos la independencia de poderes, piedra angular de nuestro sistema republicano de gobierno e instamos también a buscar alternativas que no generen una desprotección de las víctimas y de la sociedad en su conjunto”.
El proyecto es encabezado por el diputado radical Víctor Romero, quien señaló que los gobiernos locales tienen “necesidades múltiples y diversas” ante la epidemia del Covid 19.
El diputado nacional Víctor Romero (UCR-Córdoba) presentó un proyecto para solicitarle al Poder Ejecutivo Nacional que cree un “Programa para la Emergencia Financiera Municipal”.
“Creemos necesario la implementación de una medida que asista financieramente a los municipios y comunas, mediante asignación de fondos no reintegrables y el otorgamiento de préstamos con el objetivo de sostener el normal funcionamiento de las finanzas municipales y cubrir las necesidades ocasionadas por la epidemia de Covid-19”, explicó.
En su iniciativa, el legislador propone “un monto de 30.000 millones de pesos destinados a asistir las finanzas municipales que sufren especialmente la crisis económica derivada de la pandemia”.
Y explicó que “la mitad del fondo propuesto proviene de Aportes del Tesoro Nacional cuya remisión a las provincias no encuentra óbice ya que el aporte para sustentar a los gobiernos municipales incide directamente en aliviar la necesidad de respuesta de los gobiernos provinciales que, como sabemos, tienen la función primaria de sostenerlos frente a crisis como la presente”.
Romero afirmó que “los gobiernos locales, al igual que provincias y Nación se ven urgidos, con necesidad de celeridad, y para esos casos la iliquidez puede ser una verdadera tragedia. Solo el dinero da respuestas a las necesidades múltiples y diversas que de Ushuaia a La Quiaca se suscitan y que son imposibles de prever desde un mando centralizado”.
“El Programa para la Emergencia Financiera Provincial, creado el 8 de abril, omitió a municipios y comunas del país. Por tal motivo, creemos que la participación de los fondos recibidos por las provincias en virtud de las disposiciones del Decreto 352/20, no puede quedar librada al criterio de los gobernadores, concluyó.
El proyecto fue acompañado por sus pares José Cano, Diego Mestre, Soledad Carrizo, Brenda Austin, Carla Carrizo, Fabio Quetglas, Carlos Fernández, Roxana Reyes, Gustavo Menna, Alejandro Cacace, Sebastián Salvador, Luis Pastori, Soher El Sukaira, Estela Regidor, Lorena Matzen, Lidia Ascárate, Mario Arce, Atilio Benedetti, Gonzalo Del Cerro, Aída Ayala, Gerardo Cipolini, Miguel Nanni, Julio Sahad, Ingrid Jetter, Virginia Cornejo, Gabriela Lena y Héctor Stefani.
