La Comisión de Discapacidad de Diputados, a cargo de Daniel Arroyo (UP), se reunió este jueves y pasó a la firma un proyecto para declarar la emergencia nacional en materia de discapacidad, junto con otras cinco iniciativas que son pedido de informes y días conmemorativos.

Durante el encuentro, diputados resaltaron la necesidad de debatir proyectos para la capacitación del trato digno y el buen lenguaje hacia las personas con discapacidad a raíz de la polémica resolución 187/25 de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que establecía na nueva normativa para evaluar la discapacidad intelectual en el acceso a las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral, pero que había utilizado términos discriminatorios como "idiota", "imbécil" y "débil mental". Tras las críticas el Gobierno dio marcha atrás con eso.

Al inicio del encuentro en la Sala 6 del Anexo “A”, Arroyo comentó que los tres objetivos de cara al año legislativo son la declaración de la emergencia en discapacidad porque “es evidente que estamos ante un serio problema de falta de financiamiento de prestaciones, de no acceso a las pensiones por discapacidad de parte de todos aquellos que la están reclamando más un retraso o no pago de cuestiones básicas”.

“La resolución 187 que básicamente tiene varios aspectos, uno muy fuerte es que vuelve atrás con el concepto de pensión por invalidez. Pero, además, se ha incorporado conceptos tan brutales como ‘idiota’, ‘imbécil’ o ‘débil mental’ a las personas con discapacidad. El Gobierno se comprometió a volver atrás con los conceptos”, comentó en segundo luego y por último: “Es el cambio estructural de la ley que regula la situación de las personas con discapacidad. Es una ley que tiene más de 40 años que se hizo en el medio de la dictadura. No es solo que es una ley de la dictadura, sino que es viejísima”.

DICTAMINAMOS LA EMERGENCIA EN DISCAPACIDAD

Recién en la Comisión de Discapacidad de @DiputadosAR logramos dictamen para mi proyecto de ley de emergencia en discapacidad.
Ahora vamos para que se trate en las comisiones de Salud y de Presupuesto para que sea LEY. pic.twitter.com/YH1ydKFAAv

— Daniel Arroyo (@LicDanielArroyo) March 20, 2025

Al pedir la palabra la diputada Carla Carrizo (DpS) planteó que pasaron “muchas cosas” desde diciembre a la fecha en el área de discapacidad, por sobre todo con el uso del lenguaje. “La palabra es el primer recurso de poder y en Argentina se trabajó mucho para llegar a la Convención de los Derechos Internacionales y no queremos volver atrás”, remarcó.

Carrizo recordó la modificación del CUD para “hacerle más fácil la vida a las personas con discapacidad. Son logros compartidos entre todos, avanzamos un montón. Siempre trabajamos en conjunto y se necesita hacer un monitoreo”, y pidió trabajar por la educación inclusiva porque “es una agenda que quedó pendiente”.

El chaqueño Aldo Leiva (UP) manifestó que “quienes tenemos responsabilidades políticas no podemos mirar para otro lado”. “Si estamos planteando la emergencia es porque estamos viviendo una situación límite en cuanto a las cuestiones vinculadas a la discapacidad”, alertó.

“Esta es una cuestión que no tiene color político, pero si tiene un contenido que va a plasmarse en que todos juntos podamos transmitirle a la Agencia de Discapacidad que hay medidas que no pueden detenerse, no podemos volver al pasado”, expresó y señaló que la cuestión vinculada al transporte “es muy importante, no podemos dejar de elevar nuestra voz”.

Leiva denunció que hay un “estancamiento” para el acceso a nuevas pensiones y se aduce que “hay pensiones que no se otorgaron como corresponde. Está bien que investiguen y que vaya preso quien tenga que ir, pero no se puede generar una parálisis total. El Ejecutivo tiene prorrogado el mandato y la responsabilidad de resolver la cuestión y llamo a la reflexión. Es inhumano que haya pasado un año para que el Gobierno reciba este mensaje. Asistimos a un Gobierno que mira para otro lado en estos temas”.

El vicepresidente de la comisión, el diputado Nicolás Del Caño (FIT), criticó que “se está viviendo un durísimo ajuste, no se están otorgando las pensiones y no se actualizan como deben ser, la actualización del 100% de pensión por hijo con discapacidad, que los trabajadores de prestadores estén registrados y se reconozca su relación laboral, la reincorporación de las personas despedidas de ANDIS. Hay una falta de atención a las personas con discapacidad y. reclamos”.

“El proyecto para avanzar en una declaración de emergencia es urgente. Hay que plantearlo rápido en el recinto. En estos proyectos estamos dando cuenta de esta situación de ciento de miles de personas”, afirmó.

Por el bloque Encuentro Federal el santafecino Esteban Paulon solicitó trabajar en asesores un proyecto para la instauración de capacitación permanente en relación a trato digno y equidad hacia las personas con discapacidad.

“Creo que la resolución que ha generado tanta preocupación y tanta imposibilidad de entender en qué cabeza de qué funcionario entra la utilización de determinados términos que claramente mancillan la dignidad y la integridad de un colectivo tan vulnerable como el colectivo de personas con discapacidad”, cuestionó y planteó: “Nos ha hecho prender una luz de alerta en relación a cómo mejoramos dentro de los equipos del Estado, fuerzas de seguridad, estados provinciales, estados municipales, la capacitación para garantizar”.

Paulon sostuvo que las personas con discapacidad “se enfrentan permanentemente a múltiples barreras. Hay barreras que no son tan visibles y que son barreras relevantes porque pueden significar la diferencia entre acceder a un derecho y no acceder a él y, en el caso del colectivo de las personas con discapacidad, el Estado tiene que estar muy presente”.

“Estamos en una etapa donde pareciera que el Estado no se tiene que ocupar de nada, pero en este caso no hay dudas de que, sin el acompañamiento del Estado, la representación de la voluntad colectiva de integrar y de construir una sociedad integrada muchas personas quedan afuera”, consideró. Paulon propuso trabajar un paquete de iniciativas para llegar a una sesión especial y abordar el tema.

La radical Natalia Sarapura destacó que dictaminar las iniciativas es “un acto de expresión voluntad política de un grupo de diputados y respuesta legal a la situación que se vive”, y señaló que se “están violentando los instrumentos internacionales de los que Argentina es firmante y no se cumple la obligación del Estado que también generó este Congreso”.

Por el oficialismo se manifestó la diputada Lilia Lemoine quien expresó que "la situación de las personas con discapacidad es difícil por las barreras que tienen para desarrollarse en sociedad, por eso tenemos que integrarlas en el estudio y el trabajo”, por lo cual afirmó: “Queremos aliviar situaciones, integrándolas”. “No hay que tratar a una persona con discapacidad como alguien que no puede hacer nada, sino todo lo contrario”, remarcó.

Lemoine aclaró que este viernes saldrá la resolución para “corregir la barbaridad que salió sobre esa terminología que no se utiliza más, que no fue voluntad nunca del ANDIS. Es un tema complejo, hay dos personas despedidas por esto, no fue voluntario”, aclaró.

Sin la polémica que podía esperarse después de los cruces del martes en torno a si se podía o no dictaminar ese día, se cumplió este miércoles en el Salón Delia Parodi la formalidad de emitir dictamen tanto en el plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento, como en el de Asuntos Constitucionales, Finanzas y Justicia.

La primera reunión se realizó a partir de las 17, tal cual había sido votado temprano en la sesión de este miércoles y se dictaminó allí para la creación de una comisión investigadora. Hubo dos dictámenes, el de mayoría, que tuvo 35 firmas (27 de Unión por la Patria, 4 de Democracia para Siempre, 2 de la Coalición Cívica (en disidencia) y 2 de Encuentro Federal. Y el de minoría, de rechazo, con 10 firmas. En rigor, el día anterior la oposición había alcanzado 36 firmas, pero para este miércoles no contaron con la presencia del radical disidente Manuel Aguirre, que viajó a Corrientes inmediatamente después de concluida la sesión.

El día anterior el oficialismo había rechazado que se emitiera dictamen el mismo martes, argumentando que los emplazamientos a las comisiones votados en la sesión de la semana pasada preveían el día miércoles para dictaminar y no el martes.

Como sea, ya este miércoles no hubo historia con ese tema. Temprano se había votado el nuevo emplazamiento para votar este mismo miércoles.

El segundo emplazamiento votado era para las 18, con las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Finanzas, para dictaminar en torno a los pedidos de interpelaciones de funcionarios y de informes por escrito al Ejecutivo. Este miércoles el trámite se hizo engorroso, pues todos tuvieron que volver a firmar y ante la indefinición sobre los números, el presidente del plenario, el libertario Nicolás Mayoraz, explicó que había habido 7 pedidos de interpelación: 6 para interpelar y uno de rechazo. Incluso acababa de ingresar uno de la izquierda. Y dos pedidos de informes: uno de ellos de rechazo. Quedaron en que por secretaría se procedería a verificar las firmas y constatar cuáles eran dobles, de legisladores que estuvieran en más de una comisión. Eso llevaría tiempo, por lo que los diputados fueron liberados y quedaron en que se les informaría más tarde cuáles eran los dictámenes de mayoría y minoría correspondientes.

En definitiva, el pedido de informes con preguntas por escrito al PEN tuvo un dictamen de mayoría con 53 firmas, un dictamen de minoría de la UCR (preguntas al jefe de Gabinete) y un dictamen de rechazo (firmado por el oficialismo).

Respecto del pedido de interpelación, hubo un dictamen de mayoría de UP más la izquierda que alcanzó 40 firmas y prevé interpelar a Karina Milei, Manuel Adorni, Guillermo Francos, Mariano Cuneo Libarona y Luis Caputo, como así también a otras entidades (Comisión Nacional de Valores, etc).

Hay también un dictamen de minoría con 7 firmas, de Encuentro Federal, la Coalición Cívica e Innovación Federal. Hay otro dictamen con firmas de los diputados Agost Carreño, Brügge, Agustin Domingo y tres de la Coalición Cívica, que piden interpelar solamente a Guillermo Francos.

También hay un dictamen de minoría de Democracia para Siempre con 6 firmas, interpelando a Francos, Adorni y Cuneo Libarona; otro de minoría con 2 firmas, de Stolbizer y Massot; y otro de minoría, de rechazo del oficialismo.

El inicio de esta reunión se demoró por la ausencia del presidente de Finanzas, Bertie Benegas Lynch, sobre quien Karina Banfi pidió ir a buscarlo con la policía, “así podemos comenzar”. A lo que le aclararon que como esa comisión no es cabecera se podía arrancar igual. Cabe aclarar que, al comenzar, Bertie ya estaba ubicado en la cabecera, a la derecha de Banfi.

Durante la espera, que se hizo tediosa, el riojano Sergio Casas rompió el hielo para preguntar qué era lo que estaban haciendo ahí, ya que nadie hablaba, y que él ya había firmado el día anterior. Mayoraz le explicó que él había dejado el micrófono abierto por si alguien quería hacer uso de la palabra, pero no.

Habló entonces Juan Manuel López -porque estaba aburrido, aclaró-, y comentó que eso que estaban haciendo comenzó a hacerse en tiempos del Grupo A. Hasta entonces se acostumbraba a que las firmas se hicieran en los despachos, y como eso generaba dudas, comenzaron a hacerlo así.

“En cambio en el Senado, ahora vemos que se sigue haciendo en los despachos”, observó con ironía, poniendo como ejemplo lo que sucedió con los  pliegos de la Corte, que durante meses nadie supo cuántas firmas tenían. “Eso acá no se hace, subámonos la autoestima: somos mejores que el Senado”, celebró el legislador de la Coalición Cívica.

El discurso de apertura en la sesión de este miércoles en la Cámara baja para explicar los principales puntos del acuerdo entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional, estaba a cargo del correntino Lisandro Almirón, pero su alocución poco tuvo que ver con esa tarea que tenía encomendada por parte de su bloque.

En medio de gritos y bullicio en el recinto, el libertario comenzó diciendo que el acuerdo con el FMI es para “subsanar errores de mucho tiempo del país”.

“Este daño que lo han generado los políticos, el gasto público excesivo, que históricamente terminaron en espirales inflacionarios que tuvimos que asumir la responsabilidad todos los que estamos sentados acá, pero lamentablemente algunos se olvidan que no afrontaron con responsabilidad el gasto público excesivo del que no se hacen cargo”, continuó.

A medida que se expresaba, el clima se iba tensionando cada vez más en el recinto, por lo que el correntino procedió a elevar su tono de voz palabra tras palabra. “16 mil millones de dólares le costó al país la estatización de YPF que la tenemos que pagar nosotros. Fortalecer las reservas del Banco Central, es el objetivo primario”.

Así, se dirigió al titular del Cuerpo, Martín Menem, y se quejó: “Señor presidente así no se puede hablar”. Menem procedió a pedir “tener una sesión en paz”.

“Claramente hay dos países, uno de los argentinos de bien que quiere que al país le vaya bien y sacarlo adelante y otros que especulan después de que 30 años… 30 años…. Diputado le recuerdo que usted sabe …”, lanzó Almirón hacia la bancada de UP que caldeó más los ánimos, por lo que Menem volvió a interrumpir en tono de enojo: “Estamos dando un espectáculo lamentable, está haciendo uso de la palabra un diputado nacional elegido por el voto de la gente. Respeten el uso de la palabra, son el bloque más tiempo tiene”.

Almirón siguió entre gritos: “Hay dos países. Un país donde Argentina tiene la oportunidad histórica de subsanar errores. Hoy argentinos están afrontando la deuda que en el pasado la generaron los gastos políticos del kirchnerismo. Han generado un daño terrible. Han dejado al país en un 55% de inflación y un 16% de indigencia”.

“Cuando generaban la pobreza y el empobrecimiento después de gastar la nuestra, los traían en esos colectivos anaranjados para generar movimientos sediciosos financiados por el gasto público. Quemaban patrullas afuera, rompían los negocios afuera de los comerciantes que estaban viviendo el día a día. Se aprovechaban de los más pobres a través de esta espiral de inflación y ustedes mismos generaban la pobreza y la indigencia”, disparó.

Respecto del acuerdo con el Fondo, solo señaló que el objetivo principal es “fortalecer las reservas del Banco Central para que los balances se puedan sanear, cosa que ustedes no hicieron”.

“No se pueden olvidar del Plan Platita, metieron la mano en el bolsillo a todos los argentinos. Axel Kicillof, Silvina Batakis, Martín Guzmán, todos fueron a llorar al Fondo para gastar plata, la que no tenían, para pagar pobreza, para empobrecer a los argentinos, para escudarse en los fueros…”, expresó alterado.

Menem, muy enfurecido por la actuación de su par de bloque, lo interrumpió para exigirle que le pida disculpas públicas al jefe del bloque del MID, Oscar Zago -ex miembro de LLA- con quien se agarró a las trompadas en la sesión de la semana pasada. Luego, le dio por finalizada su intervención.

“Zago ¿qué querés, que te de un pico? Vení Zago querido amigo”, lanzó exaltado y de forma irónica desde su banca el diputado libertario Lisandro Almirón luego de que el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, le exigiera que le pida disculpas públicas al diputado Oscar Zago, tras haber estado cerca de agarrarse a trompadas en la sesión de la semana pasada.

Mientras Almirón abría con un discurso envalentonando el debate sobre el acuerdo con el FMI, en medio de gritos, reproches y bullicio por parte de los bloques opositores, Menem lo interrumpió enojado y le pidió que tenga respeto: “Soy de su bloque diputado, un poco de respeto por favor”, le reprochó.

“Escúcheme, en pos de ordenar la situación y en virtud de lo que ocurrió el otro día le pido y, a fin de que estamos todos de acuerdo, que le pida disculpas públicas al diputado Oscar Zago en este momento así podemos continuar. Es lo que están pidiendo todos. Fue un hecho que no puede pasar…”, le exigió el titular del Cuerpo.

“Por supuesto que lo voy a hacer…”, lo interrumpió el correntino de modo desafiante, a lo que Menem acotó: “Hágalo y continúa…”.

Almirón, lejos de calmarse siguió en un tono efervescente: “Ante todo soy argentino, patriota. No me importa lo que ustedes piensen. Acá hay alguien cerebral, no voy a dejar guiarme ni por las pasiones ni especulaciones de ustedes”.

“¡Zago perdón!”, gritó y sumó: “Perdón a todos ustedes, pero piensen en la Argentina y en los que están afuera. ¡Carajo! Que no se le caen los anillos a nadie por pedir perdón. Aun cuando los intereses generales de la Patria sean mucho más importantes” …En ese momento, el libertario se levantó de su banca, se dio vuelta y con los brazos abiertos lanzó: “¿Zago qué querés, que te de un pico? Vení Zago querido, amigo”.

Mientras algunos lo aplaudían, su jefe de bloque Gabriel Bornoroni y la diputada del Pro Laura Rodríguez Machado se acercaron para calmarlo, pero fue en vano porque Almirón siguió exaltado apuntando contra la bancada de UP: “Vamos Argentina … ¿a quién más quiere que pida disculpas? ¡Caraduras! Pidan disculpas a los argentinos ahora que la pedí yo. Pidan disculpas ustedes. Que la presidenta Cristina Kirchner venga y pida perdón de rodillas por lo que hizo, que venga (Amado) Boudou y pida perdón, que venga (Axel) Kicillof y pida perdón…”.

Menem, al ver que la situación se desmadraba, lo invitó a terminar su alocución: “Gracias, diputado”, pero el libertario cerró: “Aprendan…les falta dignidad y pidan perdón”.

El primer choque de una sesión caliente como la de este miércoles en Diputados se dio en el inicio de la sesión, cuando se tuvo que votar el plan de labor para la sesión. Fue leído por el secretario Parlamentario y el mismo establecía los tiempos de oratoria de cada bloque y un cambio de horario para la reunión de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones Poderes y Reglamento, para tratar la creación de una comisión investigadora, para las 17; y la de Asuntos Constitucionales, Finanzas y Justicia, para las 18, en ambos casos para dictaminar sobre temas de la causa $Libra. El horario previsto para la oposición era a las 16.

Intervino entonces la secretaria Parlamentaria de UP, Paula Penacca, para señalar que la propuesta era “imprecisa”, no quedando claro cuánto tiempo podían hacer uso de la palabra, y cuándo se podía hacer uso de las cuestiones de privilegio también. “Yo no voto cosas que no sé qué son”, dijo la diputada camporista, tras lo cual el secretario Parlamentario Adrián Pagán detalló los tiempos que tendría cada bloque.

A su turno, el jefe del bloque Germán Martínez aclaró que no habían acordado nada con ese plan de labor. “Creemos que el tema tiene una envergadura tal que no puede haber limitante en el uso de la palabra. Entiendo que algunos pueden estar culposos, pero estos temas merecen un debate a fondo, lo expresamos en Labor Parlamentario”, señaló el santafesino, recordando que en la sesión de la semana pasada había habido “un escándalo de diputados trompeando y levantando por la fuerza a otros diputados, y otros tirándose agua. Y el resto mirando como si nada sucediera”.

Martín Menem le advirtió que le estaba quitando tiempo a su bloque, generando la airada reacción de Martínez, quien dejó de lado las formas y lanzó: ¿¿Qué tiempo le estoy quitando a mi bloque?? ¡Vení a laburar!”. El presidente de la Cámara le advirtió que lo llamaría al orden. “¡Llamame al orden! ¡Llamalo a (Lisandro) Almirón, que cagó a trompadas a un diputado! Queremos plantear al inicio los temas que quedaron pendientes y no vamos a acompañar este plan de labor”.

A continuación, Nicolás del Caño estalló, para quejarse entre otras cosas de la presencia de miles de efectivos federales y reclamando un cuarto intermedio, porque “no se puede sesionar con la militarización y la represión que están preparando”.

Desde el Pro, Silvana Giudici intentó poner orden. “Quiero decirle a la izquierda que grita y a los de Unión por la Patria que insultan, que la verdadera violencia surge cuando no tienen el acompañamiento de los votos”, señaló, asegurando que el plan de labor anunciado “no cercena la palabra a nadie”, y negó irregularidades la semana anterior respecto del quórum. Cerró recordando que habría dos plenarios también durante la tarde y luego había una sesión pedida por UP para las 19. “Así que va a haber todo el día para hablar”.

Como dije en el inicio de la sesión, quieren aplicar la violencia afuera y adentro del recinto. “Por más que siembren vientos no cosecharán tempestades” pic.twitter.com/FoUE7rhbXW

— Silvana Giudici (@SilvanaGiudici) March 19, 2025

El plan de labor fue aprobado por 141 votos a favor y 95 en contra, tras lo cual no se dio por vencida Cecilia Moreau reclamando a los gritos que no se podía obviar votar la moción presentada por Del Caño. Y ante las explicaciones de Martín Menem, la extitular de la Cámara perdió las formas: “A mí no me pelotudeés”, le espetó al riojano, que al pedirle a Germán Martínez que pusiera orden en su bloque lo hizo estallar: “¡Venís de hacer un papelón la semana pasada, así que no me dés indicaciones con lo que tengo que hacer con mi bloque!”.

El presidente de la Cámara trató de mantener la calma pidiendo a todos dirigirse con respeto. “No me tutees”, le acotó personalmente a Martínez.

Y concedió la posibilidad de votar la moción de Del Caño, que precisó que su moción consistía en ir a un cuarto intermedio que se extendiera hasta que se fueran las fuerzas del orden de alrededor del Congreso. Ante el pedido puntual de dar un horario concreto para el cuarto intermedio, Vanesa Biasi se sumó reclamando que se extendiera al menos hasta las 16.

La moción fue rechazad por 143 votos contra 93 y 3 abstenciones.

En plena turbulencia financiera, con los valores del dólar en alza, igual que el riesgo país, y caída de bonos y acciones, la Cámara de Diputados se abocará este miércoles a debatir el decreto de necesidad y urgencia 179/2025 por el cual se aprueban las operaciones de crédito público contenidas en el Programa de Facilidades Extendidas a celebrarse entre el Poder Ejecutivo y el FMI.

En este contexto, el oficialismo espera conseguir la aprobación de este DNU, que allane el acuerdo con el Fondo y con ello le brinde aire para afrontar esta etapa de ebullición económica, inédita para la gestión mileísta. La confianza del Gobierno es alta, por cuanto los cálculos le asignan al oficialismo las mayores chances de éxito en la votación que esperan alcanzar a media tarde de este miércoles. Incluso con cierta holgura. Se verá.

No será la única instancia de este miércoles intenso, ya que horas más tarde el recinto volverá a abrir sus puertas, esta vez para desafiar al Gobierno con proyectos que el oficialismo y sus aliados no piensan acompañar. Se trata de proyectos vinculados con los jubilados -en un día muy especial para los mismos-, especialmente una prórroga de la moratoria previsional.

Desde que el presidente Javier Milei anuncio el 1° de marzo que enviaría el acuerdo con el Fondo al Congreso y esperaba una aprobación rápida por parte de los legisladores, el tema no dejó de dar sorpresas. Porque esa disposición a cumplir con la Ley 27.612 expresada por el mandatario derivó en algo distinto cuando se supo que en lugar de un proyecto de ley, lo que el Ejecutivo mandaría al Congreso sería un DNU, generando una áspera reacción de la oposición.

Pese a ello, el Gobierno se apegó al plan que consistía en un rápido envío del decreto de necesidad y urgencia al Congreso y una presta convocatoria a la Bicameral de DNU. Aun más veloz fue la llegada del decreto al recinto, anunciada incluso antes de que hubiera dictamen.

Ese trámite se cumplió este martes, cuando se alcanzaron las firmas necesarias para que el despacho pudiera llegar al recinto sin necesidad de contar con mayorías especiales.

La sesión fue convocada para las 10 de la mañana -un horario inédito en los últimos años-, previéndose la reunión de Labor Parlamentaria para una hora antes. Allí las autoridades de la Cámara baja intentarán llegar a un acuerdo con la oposición para desarrollar un debate ordenado y rápido de lo que en definitiva es un único tema a abordar: el decreto de necesidad y urgencia. Así, el oficialismo querría tener la cuestión resuelta para entre las 15 y 15.30, aunque desde Unión por la Patria no mostraron disposición a acelerar el debate, tratándose de semejante tema.

Como zanahoria para evitar un debate eterno, el oficialismo sugirió emplazar durante el mismo al Cuerpo a las comisiones que este martes trataron los proyectos relacionados con el escándalo $Libra a dictaminar este miércoles a las 18. Para curarse en salud, la oposición forzó los dictámenes en sendos plenarios realizados este martes, de modo tal que para ellos ya no hace falta una reunión para dictaminar. Todo lo contrario de lo que sostiene el oficialismo, convencido de que hay que cumplir lo que mandó el Cuerpo: tratamiento de los proyectos en dos días, dictaminando el 19 de marzo. Dicen que no vale que se haya dictaminado un día antes. En ese caso, no haría falta la reunión de comisiones de las 18.

Esta discusión formará parte de la sesión de este miércoles, con  posturas seguramente muy disímiles.

Se agregó a última hora, eso sí, un aditamento especial para que UP adelante los tiempos: ellos mismos pidieron una sesión especial para las 19, para tratar cinco proyectos relacionados con los jubilados. tres de los cuales tienen que ver con extender la moratoria previsional que vence este fin de semana.

Debería ser un motivo suficiente como para acelerar la sesión de este miércoles, en la que el oficialismo se ilusiona con alcanzar un triunfo legislativo que lo encarrile nuevamente en la senda del éxito.

El jefe del bloque Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), Oscar Zago, que supo encabezar el bloque de La Libertad Avanza, pidió disculpas este jueves por el episodio violento que protagonizó en la Cámara de Diputados durante una sesión que terminó en escándalo luego de que se fuera de manos con el libertario Lisandro Almirón.

"Primero me arrepiento de los hechos violentos que tuvimos adentro. Quiero pedirle disculpas a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que me dio la oportunidad de estar en una banca, al pueblo en general y a la ciudad de Bahía Blanca que está pasando por un terrible momento y nosotros estamos dando este escenario bochornoso", expresó el legislador y sumó: “Cometí un error, lo tendría que haber resuelto en otro ámbito”.

El diputado, en declaraciones televisivas, quien explicó que estuvo “cinco minutos soportando insultos y agresiones” hasta que reaccionó, pero apuntó al oficialismo por haberlo provocado para que se levantara de la banca y dejar sin quórum la sesión.

Zago también sostuvo que Martín Menem, titular de la Cámara baja, tenía el objetivo de hacer fracasar la sesión para que no se cree una comisión investigadora por el escándalo con la criptomoneda $LIBRA, debido a que él está implicado.

"Muy mal el presidente Menem de haber logrado su objetivo, que la casa de la democracia no funcione. Que diga el presidente si él no tiene involucración, que lo diga el presidente Menem, que lo digan porque ayer otro diputado le dijo usted presidente Menem que tiene que dar respuesta a todo esto que se está trabajando", agregó.

"Agredieron a (Marcela) Pagano para que se levante, se levantó un diputado y es la mala intención de Martín Menem decir: '128, me levanto y me voy', con un escándalo en el Congreso", contó respecto al momento en que se levantó la sesión por falta de quórum.

Por último, Zago expresó su malestar por el manejo de la sesión por parte de Menem, quien, según él, “cometió un error” al permitir que la violencia y el caos se desbordaran en el recinto. “El presidente de la Cámara tiene una responsabilidad de gobernar y garantizar que la sesión se desarrolle con normalidad”, afirmó, recalcando que la actitud de Menem dejó en evidencia una falta de control sobre la situación.

"Hizo que se creara este alterado momento. Estábamos totalmente tranquilos sentados, nos vinieron a agredir algunos diputados, Almirón y otros, vos escuchás gritos, insultos y no sabés quienes son", insistió en referencia a Menem, a quien atribuyó el liderazgo de la bancada de La Libertad Avanza.

Luego, envió un mensaje a Javier Milei y citó a Mauricio Macri al decir que "está muy mal rodeado", y habló de una "banda de ladrones" en el entorno presidencial.

“No les hago un favor al kirchnerismo, tienen un problema interno en La Libertad Avanza que no lo pueden resolver, y fueron por la violencia”, subrayó, al tiempo que insistió en que su objetivo es “ordenar” la situación. Además, reiteró que había dado un paso al costado dentro de su propio bloque para evitar continuar involucrado en la disputa.

"Todos queremos la verdad, con estos actos lo único que hacemos es ensuciar al Presidente, que es el único limpio que debe estar", sentenció Zago .

Luego del pedido que hizo el presidente Javier Milei en la apertura del período ordinario al Congreso para que aprueben el proyecto sobre un nuevo Régimen Penal Juvenil que baja la edad de imputabilidad a 13 años, un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados retomó este miércoles el debate tras cinco meses de la última reunión informativa que habían tenido.

El plenario, que duró poco más de una hora y se desarrolló en el Anexo “C”, estuvo compuesta por las comisiones de Legislación Penal; Familia, Niñez y Juventudes; Justicia; y Presupuesto y Hacienda, a cargo de Laura Rodríguez Machado (Pro), Roxana Reyes (UCR), Manuel Quintar (LLA) y José Luis Espert (LLA), respectivamente.

El proyecto de régimen penal juvenil fue uno de los temas de seguridad que el año pasado no avanzó por la falta de consenso entre el oficialismo y la oposición, dada la variedad de propuestas para reformar la legislación vigente, tras siete reuniones informativas que hubo. Sin embargo, el trágico caso de la nena de siete años Kim Gómez que fue asesinada por dos menores de edad, reactivó el reclamo por parte del Gobierno.

En lo que respecta al proyecto del Poder Ejecutivo, se propone un régimen penal aplicable a adolescentes de 13 a 18 años, bajando así la edad de imputabilidad de los 16 a los 13 años. Esto regirá para cuando fueran imputados por delitos tipificados en el Código Penal o leyes penales especiales.

Se define que la finalidad será “fomentar en el adolescente el sentido de la responsabilidad legal por sus actos” y “lograr su educación, resocialización e integración social”.

De acuerdo con el proyecto, las penas privativas de la libertad serán: en el domicilio; en un instituto abierto; en un instituto especializado de detención, o bien en una sección separada de un establecimiento penitenciario.

Estará “prohibida la imposición de las penas privativas de la libertad de reclusión perpetua y de prisión perpetua”, siendo el plazo máximo de las penas privativas de la libertad de 20 años. Además, prevé penas tales como: amonestación, prohibición de contacto o de aproximarse a la víctima. También, la prohibición de conducción de vehículos; prohibición de concurrir a determinados lugares; prohibición de salir del país y prestación de servicios a la comunidad. Asimismo, la iniciativa contempla una serie de medidas complementarias como programas educativos, deportivos, de capacitación laboral, entre otras.

Al inicio de la reunión, Laura Rodríguez Machado -titular de la comisión de Legislación Penal- aclaró: "Este plenario no es informativa. En el día de hoy la decisión que hemos tomado con los presidentes de bloques es no emitir despacho por ahora y trabajar en la posición que tiene cada uno de los bloques sobre la temática”.

“Hemos tenido 7 reuniones de comisión y hemos escuchado a los doce autores de los proyectos que van a ser tenidos en cuenta presentes al momento de dictaminar, a más de 26 especialistas en la temática. Si alguno de los bloques considera que hay que tener presente alguna otra exposición la vamos a incorporar por escrito”, recordó.

Machado pidió que los expositores dejen explícito su punto de vista sobre lo que consideran como edad mínima de imputabilidad, pena máxima, plazos de implementación, penas alternativas a la prisión, modalidades atenuadas, programas de resocialización, tratamientos médicos, figura de supervisor, que son algunos puntos que existen coincidencias y discrepancias.

La primera en hacer uso de la palabra fue la radical Soledad Carrizo quien celebró el tratamiento inmediato de un tema “tan importante” y recordó que hace ya 11 meses que ingresó el proyecto del Ejecutivo. Así, remarcó que a la sociedad “tenemos que darle una solución”.

“En lo personal creo que este debate está agotado, que tenemos que avanzar en un dictamen en los meses restantes sabiendo que es un tema complejo. Hay que tomar una decisión”, planteó. En tanto, resaltó que todos coincidieron en que “la criminalidad, la delincuencia”, y manifestó: “No solamente lo debemos mirar desde un paradigma punitivo, entendemos que tenemos que tener en cuenta todas las problemáticas”.

Carrizo afirmó que “la pena en la cuestión de los jóvenes tiene que tener una finalidad reeducadora y resocializadora, sino no tiene sentido discutir el tema”. Además, cuestionó que se ha querido reducir el tema en cifras sobre criminalidad de menores: “Nos quedamos en cifras aritméticas, pero hay una realidad que la sociedad, las víctimas destrozadas han vivido en manos de menores, por lo tanto, tenemos que entender que esta criminalidad juvenil existe y debemos abordarla definitivamente”. La radical pidió que entre marzo y abril se tome una decisión porque “no es algo que viene desde ahora, es una ley desde 1980 que se sancionó con paradigmas diferentes a las actuales. Hay que modernizarla y poner al país en otra mirada integral del régimen penal juvenil”.

A continuación, la diputada Marcela Campagnoli (CC-ARI) coincidió con su par preopinante de que “no se puede seguir mirando para otro lado”, porque “tenemos un régimen de 1980 sin ninguna garantía procesal para el menor”. Campagnoli cuestionó que en la provincia de Buenos Aires “muchas veces la única respuesta que da el Estado es penal”, pero aclaró que “esa respuesta punitiva tiene que estar, pero esto no viene de ahora sino desde el año 2000”.

Campagnoli enumeró que los proyectos que fueron presentados por su bloque durante estos años propone bajar la edad de imputabilidad a 14 años, crear un Régimen de responsabilidad penal juvenil, donde estén todas las garantías procesales que tienen también los adultos, medidas socio educativas, reclusión privativa de libertad para delitos de acción pública.

La diputada de la CC pidió que se decida si se quiere o no que haya un régimen penal juvenil, aunque remarcó que “debe haber lugares de alojamiento adecuados, porque recuerdo que no hay planta. ¿Los vamos a meter con los adultos?”. Así, manifestó que “el Gobierno en su afán de conformar a la sociedad sale con medidas tribuneras, pero la realidad es que no hay dónde alojarlos a los menores. Necesitamos un debate sincero y profundo”.

La bonaerense dijo que, pese a que solo el 2% de delitos lo comenten los menores, hay que dar una respuesta y crear un sistema de responsabilidad penal juvenil. Sin embargo, remarcó que los jóvenes que delinquen “están bajo el consumo de sustancias” por lo que pidió tratar la Ley de Salud Mental.

“La mayoría de los proyectos son coincidentes, tenemos muy pocas diferencias o sea que podemos avanzar con el régimen con medidas socioeducativas para delitos de menor escala, prisión para delitos más graves. La mayoría propone 14 años de edad”, destacó y solicitó crear un grupo de asesores que quieran buscar un dictamen de mayoría y ceder en algunas cosas “si tenemos la voluntad de dar una respuesta a la sociedad”.

Desde la izquierda, manifestaron su rechazo en un “100%” el proyecto y acusó a todos los gobiernos de hacer de las necesidades de la gente “una campaña electoral”. La diputada Mónica Schlotthauer señaló que “no es ninguna garantía que con esta iniciativa se va a terminar con la inseguridad, esto es imposible”.

“No digan más que con leyes duras vamos a resolver el problema de la inseguridad. Solo quieren seguir metiendo presos a los pibes y criminalizar la pobreza, lo que no resuelven”, apuntó y propuso: “Democratizar la justicia, basta de poner jueces a dedo, los tienen que votar la gente. Es una vergüenza que se siga hablando de esto”.

En tanto el diputado Christian Castillo sumó: “La baja de edad no solo no soluciona el problema, sino que es perjudicial”, y brindó detalles sobre delitos: “Argentina tiene 4,2 delitos cada 100 mil personas. Ecuador que tiene 12 años tiene un 46,1%, Honduras 31,1%, Venezuela 20,8”. “Los países que bajaron la edad de punibilidad aumentaron la cantidad de delitos por menores”, planteó y cuestionó: “Esto es humo para criminalizar a los pibes, para no resolver los problemas estructurales y tener política de vendetta sobre pibes en situación de vulnerabilidad”.

“Es ridícula la frase de ‘crimen de adulto, pena de adulto’. Solo el 0,45% de niños y adolescentes entran en el sistema penal”, cerró.

El radical correntino Manuel Aguirre planteó que la delincuencia juvenil es multicausal desde la familia, la escuela, seguridad que llevan a “una desviación de conducta”. Por eso remarcó que en su proyecto propone: “Hay que tratar de ayudarlos a que se rencaucen socialmente porque no sirve imponerlo con sanciones graves. Yo puse 14 años en sentido formal, pero no creo que se necesite edad. Hay que tratar de recuperar a los chicos, hay que hacer institutos, no cárceles, porque hay que recuperar a los chicos de su desviación de conducta”.

Por su parte, el neuquino Osvaldo Llancafilo adelantó su acompañamiento la baja de edad de imputabilidad a los 14 años entendiendo que “se deja de lado algo que es tan importante lo que pasa con las víctimas y las familias que han tenido que pasar un homicidio en manos de un adolescente”. Así, sostuvo que hay que considerar “su edad y su responsabilidad al cometer un delito de grande”.

“Hablan de cuestiones que tienen que ver con el entorno socioeconómico, la cuestión social, la vulnerabilidad, pero en Gales y en Inglaterra la de imputabilidad es de 10 años hablamos de países desarrollados y dudo que allí no haya oportunidades, en función de las comparaciones que hacen. Claro está que hay una cuestión que tiene que ver con que los legisladores demos respuestas a una cuestión coyuntural que estamos viviendo y que parte de la sociedad pide”, manifestó y criticó: “Estar reduciendo esto a una cuestión de índices a ver si baja o no la inseguridad, me parece que es un enfoque errado”.

Al igual que los demás, Llancafilo también propuso la necesidad de tener un sistema de resocialización y políticas correccionales acorde a lo que sucede: “Ojalá se trate rápidamente el proyecto y dictaminar y llevarlo al recinto. El tema de la inseguridad y el delito penal juvenil tiene muchos años en el país y ninguna gestión ha logrado resolverlo. Hablan de programas y leyes, pero está claro que el tema no se resolvió”.

“La baja de edad de imputabilidad me parece es un buen paso para dar una respuesta a una cuestión coyuntural que vivimos. El Estado tiene que ocuparse de la resocialización de esos jóvenes y para eso tienen que invertir para la contención. Se debe hablar de un enfoque restaurativo”, cerró.

Ramiro Gutiérrez por el bloque de Unión por la Patria expresó brevemente: “Debemos preguntarnos si necesitamos un Régimen que debe tener la instrumentación de los hechos. Se necesitan órganos regidos por el principio de especialidad y especificidad. Se necesita un proceso que establezca cómo va a ser el sistema de atribución de responsabilidades, de pruebas, medidas, determinar una implementación real, posible y financiada. Si hay todo eso estaremos poniendo una medida que nos puede ayudar a todos y lograr un consenso mayoritario”.

Su compañera de espacio Agustina Propato afirmó que es “sumamente necesario construir desde una visión una respuesta real al postergado régimen penal juvenil”. Sin embargo, resaltó que el proyecto del Ejecutivo incurre en la inconstitucionalidad y falencias del debido proceso. “Hay que ir a una propuesta que concilie los aspectos de constitucionalidad y constituya una respuesta que está en espera desde 1980”, consideró y concluyó: “Hay muchas coincidencias en los proyectos, pero se requiere un debate profundo”.

La diputada criticó que la iniciativa del Ejecutivo “tiene bastante de un oportunismo coyuntural carroñero de la tragedia que hemos vivido recientemente, que a todos nos interpela, pero creo no puede estar sujeto a estos momentos en donde la opinión mediática y pública exige respuestas y van allí inmediatamente a sacar cual delivery una respuesta inconstitucional”.

Por el bloque Democracia Para Siempre se manifestó el formoseño Fernando Carbajal quien reiteró su pedido para que un proyecto de su autoría sea sumado al debate y consideró que “no se puede debatir un nuevo régimen si no asumimos la respetabilidad de establecer cuáles son las reglas mínimas de los centros de contención de menores”.

“Acá no se cumple ni el reglamento, pero cuando discutimos leyes penales nos convertimos en fundamentalistas de la legalidad y que esto tendrá impacto sobre la realidad. Lo que se propone con esto extender el régimen penal a un espacio de vida que estaba excluido y acá está el problema, creemos que va a tener impacto en la realidad, pero en términos de política de seguridad va a tener un impacto igual a cero, pero es necesario debatir nuestro régimen de menores porque tiene falencias, pero no se puede sustraer el contexto político en que esto se plantea”, argumentó.

Carbajal criticó duramente que el fondo del proyecto: “Es volver a la edad media”, y señaló que “debe ser discutido en un contexto diferente”, y sugirió para dar “un matiz de racionalidad es sustraer el tema de la coyuntura porque no se va a resolver ningún problema de seguridad, pero establezcamos estándares mínimos que deben tener los centros de contención de menores”.

Al cierre, el libertario y titular de la Comisión de Justicia, Manuel Quintar, señaló: “El tema está agotado, no da para más seguir dándole vuelta al a cuestión y buscándole la quinta pata al pato y sacarle un redito político. Tenemos que dictaminar en forma urgente, tenía ganas de dictaminar, pero hay una sesión politizada. Esto es un tema central, esta semana tenemos que emitir dictamen o el borrador, nos tenemos que poner las pilas porque es una demanda de la sociedad y no puede haber más casos como Kim y es una vergüenza no dar respuesta social y entrar en debates burocráticos que, sabemos que con una ley no se soluciona la vida, no estamos en disneylandia, le faltan condimentos y perfeccionarla, pero hay que dar un mensaje claro y rápido”. Así, convocó a todos los bloques a circular un borrador de dictamen para, la próxima semana, convocar un plenario y dictaminar.

Luego que el presidente Javier Milei le pidiera al Congreso, en su discurso de apertura de sesiones ordinarias, por la aprobación de un nuevo régimen penal juvenil en medio de la conmoción por el caso Kim, los presidentes de las comisiones de la Cámara de Diputados que debatieron el tema a lo largo del año pasado decidieron convocar a un plenario el próximo miércoles 12.

En ese contexto, el Centro de Estudio técnicos (CEMUPRO), del Partido Socialista, difundió un documento en el que advierten la necesidad de trabajar en un nuevo sistema de responsabilidad penal juvenil, expresaron preocupación que “algunos actores políticos intenten utilizar este caso como justificación para una agenda que propone la baja de la edad de imputabilidad como solución mágica a los problemas de inseguridad que padece la gente”.

“Este discurso no sólo es reduccionista de un problema social muy complejo, sino que además no se sustenta en ninguna información estadística, ya que la proporción de niños y adolescentes en conflicto con la ley penal es muy baja en comparación con la población mayor de 18 años”, criticaron y ejemplificaron que “sólo el 2% del total de investigaciones penales iniciadas en 2023 por el Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, corresponde a adolescentes acusados de cometer una infracción”.

En esa línea, sumaron: “No hay evidencia que demuestre que la baja de la edad de imputabilidad impacte favorablemente en una mayor seguridad en la población. A modo de ejemplo, Argentina, que tiene la edad en 16 años, registra un promedio de 5 homicidios cada 100 mil habitantes, ubicándose muy por debajo de otros países de la región. Este reduccionismo, conlleva implícitamente efectos profundamente estigmatizantes y discriminatorios para los jóvenes, especialmente para aquellos que se encuentran en contextos de vulnerabilidad social y económica”.

Por ello, instaron a que el tema sea debatido en el marco de un análisis serio, ético y responsable. “Es crucial que, como sociedad, mantengamos un enfoque claro y responsable sobre este caso, centrado en la verdad, la justicia y la reparación, y no en la explotación de la tragedia para fines ajenos al bienestar común, evitando que el sufrimiento de las personas sea aprovechado con fines políticos”, ratificaron.

“Consideramos que resulta urgente avanzar hacia un nuevo sistema integral de responsabilidad penal juvenil (y derogación del Decreto Ley N°22.278), determinando las obligaciones del Estado -en todos sus niveles- de garantizar y ejecutar políticas que aniden los puntos de intersección, estableciendo un adecuado equilibrio entre las dimensiones sociales y penales, relacionando eficazmente las políticas e instituciones propias del sistema penal juvenil con las del sistema de derechos de los adolescentes, que establezca principios basados en los derechos humanos, promoviendo la reparación del daño causado a las víctimas y a la comunidad, así como el desarrollo integral de los jóvenes”, argumentaron.

Así, criticaron que el Gobierno propone reformas profundas en materia de seguridad “con el punitivismo como única respuesta” y cuestionaron: “El proyecto plantea reducir la edad de 16 a 13 años, como manera mágica de resolver los problemas de inseguridad que afectan a la ciudadanía”.

El diputado nacional Eduardo Toniolli (UP – Santa Fe) presentó dos proyectos citando a la Cámara de Diputados a los ministros de Seguridad y de Relaciones Exteriores, Patricia Bullrich y Gerardo Werthein, y el otro pide la presencia del titular de la cartera de Defensa, Luis Petri, por los posicionamientos internacionales de Argentina.

La iniciativa que convoca a Bullrich y Werthein es para que expliquen “su inacción frente a las violaciones de nuestra soberanía perpetradas por el rompehielos británico RRS Attenborough”. En cuanto al proyecto convocando a Petri tiene como propósito que brinde detalles sobre la participación de la Argentina en el Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania.

“El alineamiento servil del gobierno de Milei con las potencias occidentales, ha llevado a su gestión -entre otros despropósitos- a relativizar posicionamientos históricos de la Argentina, como el de neutralidad activa en los conflictos bélicos, y a desobedecer en más de una ocasión la manda constitucional que establece que el reclamo por el ejercicio pleno de nuestra soberanía sobre Malvinas es un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino”, argumentó Toniolli.

Así, resaltó que “en cumplimiento de la función de control sobre el Poder Ejecutivo que nuestra normativa vigente le otorga al Congreso Nacional, exigimos la presencia de los ministros de Relaciones Exteriores, de Defensa y de Seguridad Nacional en la Cámara baja”.

Frenada -de momento- la creación de una comisión bicameral investigadora en la Cámara alta, como sucedió el viernes pasado en un episodio polémico que sigue dando tela para cortar, esta semana volverá a agitarse el caso protagonizado por el presidente de la Nación, cuando llamó a apoyar un token de criptomoneda que se acababa de crear y que ahora es investigado por la justicia.

Será este martes a las 15, cuando en la Sala 1 del Anexo A se reúna la Comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara de Diputados, que preside el diputado de UP Pablo Carro, en un encuentro informativo al que fueron invitados especialistas sobre informática y tratamiento automizado de la información. En ese marco, según se informó oficialmente, se abordará la trama informática de identidades, dispositivos y programaciones relacionados al uso de las criptomonedas y la prevención de estafas.

Consultados sobre el tema por parlamentario.com, aclararon puntualmente que no se trata de una comisión investigadora: “No tenemos fines investigadores, sino fines ampliadores de la información, vinculada al tema de las cripto y las identidades digitales”, puntualizaron las fuentes consultadas por este medio.

Así apuntaron que fueron cuidadosos en la convocatoria para que encuadre en el artículo 106 del funcionamiento de las comisiones en extraordinarias, a fin de evitar que no fuera oficializada por las autoridades de la Cámara, que confirmaron su realización el viernes pasado. Cabe señalar que el citado artículo señala sobre el funcionamiento durante el receso que “las comisiones permanentes y especiales podrán funcionar durante el receso para lo cual están facultadas a requerir los informes que consideren necesarios”.

“Buscamos garantizarla por la pertinencia del tema dentro de las competencias de la comisión y del reglamento de la Cámara. Tenemos la expectativa de que sea una reunión cuidada, en la que puedan hablar tantos los expertos, como los diputados que participen”, agregó la fuente consultada.

Los invitados

Mariano Biocca – Director Ejecutivo de la Cámara Argentina Fintech, que nuclea a más de 300 empresas del sector y organiza el Argentina Fintech Forum.

Emilse Garzón - Periodista en radio y TV, especializada en Cultura Digital, Ciberseguridad e Inteligencia Artificial.

Maximiliano Firtman - Programador, docente y periodista especializado en CyT, inteligencia artificial y sistemas Ponzi.

Guido Zatloukal - Presidente Fundación Blockchain Argentina. Especialista y consultor con experiencia internacional.

Santiago Siri - Presidente de The Democracy OS Foundation. Promotor del uso de herramientas electrónicas, cripto y de IA en Argentina y España.

Carlos Maslatón – Abogado, ex legislador en la Ciudad de Buenos Aires, analista financiero.

Laureano Bielsa - Abogado, especializado en finanzas, relaciones internacionales y criptoactivos.

Fernando Molina – Ingeniero especializado en sistemas, management y analytics (UTN y Universidad Di Tella). Con trayectoria en el área tecnológica de empresas como JP Morgan, Pan American Energy y Blockworks.

Gustavo Nigohosian – Contador público (UADE), especialista en auditorías y control de fraudes, con certificaciones internacionales, y trayectoria en empresas como Tenaris y Aeropuertos Argentina 2000. Director del Programa Ejecutivo de Compliance Integral de la UMSA.

Otras reuniones

No será esta la única actividad que tenga lugar esta semana, la última de receso legislativo antes del reinicio de ordinarias. Ese mismo martes a las 12.30está convocada la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia, que preside la fueguina Carolina Yutrovic (UP), que invitó a referentes de asociaciones de consumidores, organizaciones, instituciones y sindicatos que expondrán sobre desregulación energética, ajustes tarifarios, recortes de subsidios y electrodependientes.

Y para las 17.30 ha sido convocada la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, que buscará definir la agenda de trabajo 2025 y se pondrá a consideración la Memoria Anual 2024. Dicha comisión es presidida por Miguel Pichetto y se reunirá en el Salón Arturo Illia del Senado.

En el inicio de la sesión del 6 de febrero en la que se aprobaron tres de los proyectos previstos en extraordinarias, durante el debate de la suspensión de las PASO, expuso largamente el diputado de izquierda Christian Castillo, hasta que el presidente del Cuerpo le advirtió sobre la finalización de su tiempo, aclarándole que tenía que fundamentar el dictamen de minoría, y no era lo que estaba haciendo (ergo, se estaba “yendo por las ramas”). “Parece que le molestan mis palabras”, replicó Castillo, a lo que Martín Menem le aclaró que no le había escuchado decir nada de la suspensión de las PASO, y le pidió atenerse al motivo de lo que estaban tratando.

A continuación fue el turno de Vanina Biasi, quien defendió la presentación que había hecho su compañero de bloque, apuntando que Menem no tenía “los atributos para venir a decirnos cómo debemos defender los dictámenes que presentamos, ni en qué términos políticos debemos hacerlo”. Y cerró advirtiéndole al presidente de la Cámara “que no vuelva a atreverse a querer censurarnos en esta Cámara, porque nosotros no somos como el resto de los felpudos de esta Cámara y usted nunca logrará callarnos”.

A lo que Menem le contestó que “no hay ningún tipo de censura, sino que simplemente le manifiesto que mi función es cumplir con el reglamento como usted me lo solicitó en la reunión de Labor Parlamentaria”. Y completó: “Aprovecho también para decirle que según las estadísticas, los bloques de la izquierda son los que más han hablado. Hablaron más que todo el bloque de Unión por la Patria, que tiene 99 diputados. Le pido que no hable de censura porque bajo ningún punto de vista se lo voy a permitir”.

El diputado Martín Menem es, por lejos, el que más palabras pronunció en el recinto a lo largo del año.

Se refería el presidente de la Cámara baja al informe anual recientemente publicado por parlamentario.com, que refleja la cantidad de palabras expresadas por cada diputado en el recinto a lo largo de 2024. Allí, los diputados de izquierda ocupan lugares de privilegio, al punto tal que entre los diez primeros lugares figuran tres de sus siete diputados.

En efecto, el mencionado Christian Castillo ocupa el tercer lugar, con 32.743 palabras, seguido por su compañero Nicolás del Caño, con 28.167, y sexta está Vanina Biasi, con 19.481, a pesar de haber ocupado una banca solo medio año, ya que entró en lugar de Myriam Bregman, 13° con 13.881 palabras. Por eso, al hablar de sus siete diputados estamos incluyendo a Romina del Plá (12° lugar, con 15.742 palabras), en tanto que su reemplazante Mónica Schlottahuer, quedó 38°, con las 8.882 palabras expresadas a lo largo del año. El jujeño Alejandro Vilca resultó 34°, con 9.505.

Esto es, todos los diputados de izquierda tienen máxima exposición y aprovechan que, al representar tres bancadas van alternándose en los distintos temas para exponer como jefes de sus bancadas. Ejemplo, por el PTS-Frente de Izquierda Unidad figuran Del Caño, Castillo y Vilca; por Izquierda Socialista está Schlottahuer y Biasi representa al Partido Obrero.

“Hablaron más que todo el bloque de Unión por la Patria, que tiene 99 diputados”, les dijo Martín Menem ese día y lo repitió Miguel Pichetto en la sesión siguiente, cuando le pidió al titular del Cuerpo que hiciera callar a Biasi mientras él pronunciaba una cuestión de privilegio. “Son los que más hablan en esta Cámara”, señaló. Y en efecto, el promedio de los diputados de izquierda es largamente superior al resto de los bloques: con 128.401 que sumaron sus siete diputados el año pasado, el promedio da 18.343, mientras que el promedio de UP es más de cuatro veces inferior, con 4.054 palabras. Eso sí, el bloque que conduce Germán Martínez es el que suma más palabras, con 401.380 expresadas a lo largo del año. Así surge del informe anual elaborado por el Indice de Calidad Legislativa para Parlamentario.

Obvio, a menor cantidad de integrantes, mejor promedio… si sus diputados hablan mucho. Máxime con los monobloques, que al no dividir pueden encaramarse bien alto. Ejemplo, el neuquino Osvaldo Llancafilo pronunció 12.102 palabras, con lo que si se considera a todos los bloques juntos, ocuparía el segundo lugar en la tabla general.

Con casi la misma cantidad de diputados que la izquierda, la Coalición Cívica tiene menos de la mitad de palabras, sumadas todas las de sus seis miembros. Y un promedio módico: 8.818 palabras.

Entre los bloques más grandes, le siguen Encuentro Federal en el cuarto lugar y la UCR en el quinto. Con Por Santa Cruz, un bloque de dos, terciando entre ellos y en el podio.

Con sus 39 diputados, La Libertad Avanza está en el sexto lugar, con un promedio de casi cinco mil palabras, por encima de Unión por la Patria y con la ventaja de tener al presidente de la Cámara, Martín Menem, que por presidir el Cuerpo y dirigir las sesiones, tiene una ventaja. Y con sus 72.276 palabras pronunciadas, aventaja a todos los bloques por sí solo… menos a la izquierda.

Recordemos de paso sobre el presidente de la Cámara que reglamentariamente quien dirige el debate pronuncia por lo menos 9 palabras cada vez que da la palabra: “Tiene la palabra el señor diputado XXX, por XXX”.

Cuánto hablaron en el recinto, bloque por bloque

Los monobloques

Radiografía de los bloques

Izquierda

Coalición Cívica

Por Santa Cruz

Encuentro Federal

UCR

La Libertad Avanza                              

247°)

Unión por la Patria

Democracia para Siempre

Pro

MID

Innovación Federal

Producción y Trabajo

Independencia

   FUENTE: Índice de Calidad Legislativa

El diputado nacional Alejandro Finocchiaro (Pro – Buenos Aires) alertó está mañana que su mail institucional de la Cámara de Diputados fue hackeado y "no está en control de lo que se haya emitido desde ahí".

"Desde las 6 de la mañana de hoy no puedo acceder a mi mail", indicó Finocchiaro en sus redes sociales. El exministro de Educación explicó que, según los especialistas de sistemas, "hubo actividad" desde ese mail.

Finocchiaro alertó que “no solo accede al correo oficial sino también a otras plataformas de la Cámara de Diputados de la Nación”, y sostuvo: “Hasta tanto se realice el blanqueo de la contraseña y recupere el control de la cuenta, me desentiendo de cualquier emisión o acción que se haya realizado desde ese mail durante el día de la fecha”.

Y un día la dedicación obsesiva del presidente Javier Milei en las redes sociales le trajo problemas. Su posteo en la red social X y en Instagram promocionando a la criptomoneda $Libra durante más de seis horas generó una repercusión mundial que no es aquella que él suele replicar en las mismas redes, y sobre todo en el plano interno, donde la oposición salió masivamente a cuestionarlo y por primera vez llegó a esgrimir como amenaza el juicio político.

Es lo que anunció este fin de semana el bloque de diputados de Unión por la Patria que conduce Germán Martínez. Tres días después de una sesión en la que las tensiones entre esa bancada y el oficialismo quedaron más que nunca expuestas a cielo abierto -amenaza boxística incluida-, UP difundió un mensaje en el que considera que “la participación de Milei en un delito de estafa cripto es de enorme gravedad. Es un escándalo sin precedentes”, por lo cual anunció la decisión de “avanzar en la presentación de un pedido de juicio político contra el presidente de la Nación”.

Los senadores de Unión por la Patria se alinearon con sus pares de la Cámara baja, a través de un comunicado difundido en las redes en el que anticipan que “el Senado de la Nación no puede permanecer ajeno a los hechos de público conocimiento que tienen como protagonista al presidente de la Nación, Javier Milei. La ciudadanía debe estar informada de que es esta Cámara la encargada de juzgar en juicio político a quien PRIMERO es acusado por la Cámara de Diputados, conforme lo establece el artículo 59 de la Constitución Nacional. Por lo tanto, los senadores y las senadoras deben actuar con prudencia respecto de este instituto”.

El interbloque que encabeza José Mayans instó a que “la Cámara de Diputados de la Nación intervenga en este caso ejerciendo las atribuciones que le confiere la Carta Magna”, considerando que “la gravedad de los hechos amerita que las instituciones funcionen rápidamente y sus miembros estén a la altura de las circunstancias”.

Desde el viernes por la noche que el tema está dando vueltas en las redes sociales, donde legisladores de todos los sectores de la oposición -menos el Pro- salieron a cuestionar de la manera más dura al presidente Javier Milei. Picó en punta Esteban Paulón, que presentó en sus redes un pedido de informes que redactó para que el jefe de Gabinete conteste sobre lo que considera como “la posible comisión de múltiples delitos por parte del primer mandatario”. Pero más tarde, el propio diputado socialista dijo que los diputados de diversos bloques “estamos trabajando para presentar el lunes a primera hora el pedido de juicio político a Javier Milei”.

El texto que buscan impulsar esta semana habla de “promover juicio político contra el presidente de la Nación, sr. Gerardo Javier Milei, por el mal desempeño y eventuales delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 de la Constitución Nacional de la República Argentina”.

El primer artículo habla de constituir a la Comisión de Juicio Político a los fines de investigar y dictaminar sobre la responsabilidad del presidente de la Nación por su posible participación en la presunta defraudación vinculada a la cripto/token/memecoin $LIBRA”.

El siguiente artículo solicita información que consta en la Comisión Nacional de Valores como órgano regulador del mercado de cripto activos según resoluciones 994/2024 y 1025/2024”.

Los siguientes artículos piden información a la Unidad de Investigación Financiera, como así también piden la intervención de la Oficina Anticorrupción para dictaminar sobre esos hechos.

La defensa de Marcela Pagano

Votada como presidenta de la Comisión de Juicio Político, pero nunca reconocida como tal por el presidente de la Cámara, Martín Menem, la diputada oficialista Marcela Pagano salió en defensa de Milei. Oficiando en el rol de titular de la citada comisión, Pagano lanzó: “¡No se hagan los rulos! El tweet de @JMilei no fue en el ejercicio de sus funciones (Art. 99 CN) por lo que los diputados y senadores no tenemos jurisdicción para evaluar un mal desempeño de la función”.

“El juicio político es una herramienta extrema y excepcional que no debe ser bastardeada para ganar títulos de diarios”, agregó la diputada.

Para los ignorantes que opinan sin leer la CN les recomiendo que lean de qué se tratan las facultades de un presidente antes de hablar de incumplimiento de sus deberes… pic.twitter.com/PgnyTqHKkI

— Marcela Pagano (@Marcelampagano) February 15, 2025

El constitucionalista Daniel Sabsay sostuvo por su parte que “el episodio de las criptomonedas que protagonizó el presidente exige la actuación de una comisión investigadora que aclare lo sucedido. Se deberían tomar las medidas que resulten necesarias. De lo contrario, se estaría avalando un accionar no transparente del primer mandatario”.

Para la diputada kirchnerista Julia Strada, “Milei fue partícipe necesario de una cripto estafa y potencial acto de corrupción por un valor de casi 100 millones de dólares, al promover la inversión en un criptoactivo valiéndose de su rol en la primera magistratura de la Nación”. La legisladora anticipó que “desde el Congreso, quienes integramos el bloque de Unión por la Patria, impulsamos el pedido de Juicio Político al presidente. Queremos que se conozca y castigue a quienes se enriquecieron con la estafa cripto y vamos a acompañar a todos los damnificados. Para eso también nos presentamos con una correspondiente denuncia penal en la justicia”.

“Ojalá los diputados que cacarearon por twitter el viernes a la noche después no finjan demencia a la hora de votar. Yo lo viví: con Ley Bases, con jubilaciones, con Universidades y la semana pasada con Ficha Limpia. Acá son guapos pero a Milei le votaron TODO. Espero que esta vez no tengan miedo”, tuiteó Strada.

Reclamo de explicaciones

Economista y presidente del radicalismo, el senador Martín Lousteau señaló que “es la segunda vez que, como funcionario, Milei publicita activos del mundo crypto que terminan siendo una estafa. ¿Le cabría la penalidad por reiterancia que propone en el proyecto que Patricia Bullrich envió al Senado?”

“Vamos a exigir que los organismos responsables auditen para que se pueda saber quiénes son los que lucraron a costa de argentinos que creyeron en el posteo del Presidente”, advirtió Lousteau.

Doce bolsos de López se llevaron con una estafa cripto y el presidente, como mínimo, fue partícipe necesario.

Esta es la segunda vez que el presidente recomienda una estafa. No fue una simple torpeza. pic.twitter.com/6pPFKWvcFc

— Martín Lousteau (@GugaLusto) February 15, 2025

Este sábado, desde esa bancada de Encuentro Federal difundieron un comunicado en el que exigen “explicaciones inmediatas sobre la promoción de un activo financiero altamente cuestionable por parte del presidente Javier Milei”. Para el bloque conducido por Miguel Pichetto, se trata de “un hecho de una gravedad institucional sin precedentes”. El mensaje hace referencia a que el token Libra que publicitó el presidente argentino “se desplomó tras una liquidación masiva de un grupo reducido de tenedores que controlaban el 84% de los activos, retirando al menos 87 millones de dólares y dejando a cientos de compradores con pérdidas millonarias”.

“El presidente debe explicar con claridad lo que hizo en lugar de cuestionar a la oposición -expresa el comunicado difundido este sábado-. Milei es economista y no puede desconocer las consecuencias de promover un activo de estas características”.

Preguntas que quieren que conteste Milei de inmediato: “¿Quiénes están detrás de la emisión y comercialización del token Libra? ¿Qué vínculos tienen con el Gobierno o con el entorno personal del presidente? ¿Algún funcionario o allegado al oficialismo obtuvo un beneficio económico de esta promoción? ¿Por qué se utilizó la investidura presidencial para impulsar una inversión que resultó en un brutal perjuicio para la ciudadanía de buena fe?”.

Para Encuentro Federal, “lo ocurrido es inaceptable” y el presidente debe “dar explicaciones y asumir las consecuencias de sus actos”.

A su vez, desde el bloque Democracia Para Siempre anticiparon la decisión de insistir con la creación de una comisión investigadora en el Congreso. “Esto sin perjuicio de realizar la oportuna denuncia ante la Justicia”, señalaron a través de un comunicado en el que advierten que “Javier Milei fue elegido para defender a todos los argentinos, no para favorecer los intereses inescrupulosos de un grupo de personas allegadas y de dudosos antecedentes”.

“Durante cinco horas el Presidente promovió en sus redes sociales la compra de acciones de una nueva criptomoneda, que en poco tiempo se desvalorizó provocando una enorme estafa”, continúa el bloque que encabeza Pablo Juliano, que pregunta quién se benefició económicamente y quién salió perjudicado. "El Congreso y la Justicia deben actuar como contrapeso de un Poder Ejecutivo que todos los días transgrede la ley”.

LOS TUITS SE BORRAN, LAS ESTAFAS NO

Las explicaciones del presidente sobre la criptomoneda Libra, que se desplomó tan rápido como creció, son insuficientes. Si no estaba interiorizado del proyecto, ¿por qué lo promocionó desde sus redes sociales y fijó el tuit durante horas, aun… pic.twitter.com/Do1FdMNN9s

— Facundo Manes (@ManesF) February 15, 2025

Flamante presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, la senadora nacional Alejandra Vigo, consideró que el caso del presidente y la criptomoneda $Libra “reviste gravedad institucional”. Dijo que “no es un asunto que deba resolverse en el ámbito político, sino en los tribunales dado que -según la información- fueron perjudicadas miles de personas”, y posteó en su cuenta de X: “Corresponde que la Justicia investigue si -el hecho que involucra al Presidente- constituye un delito penal. LA JUSTICIA DEBE ACTUAR DE INMEDIATO”.

Decir que no estaba “interiorizado en los pormenores” no alcanza, el Presidente tiene que rendir cuentas.

Usar su posición para promover inversiones privadas de alto riesgo es un hecho muy grave. 87 millones de dólares son casi 10 veces los bolsos de López: los delitos no los…

— Mariela Coletta (@marielacoletta) February 15, 2025

Por su parte, desde la izquierda anticiparon que pedirán la interpelación de Milei en el Congreso. “Que se transmita por cadena nacional. Es un escándalo que el presidente reconozca que promocionó una estafa millonaria y después diga que no estaba interiorizado. ¿Va a dar la cara o se va a esconder como el ministro Caputo?”, expresó en las redes sociales Nicolás del Caño, al tiempo que su par Mónica Schlottahuer clamaba en las redes: “¡Milei es un facho, un miserable y un timbero! ¡No puede quedar impune!”.

Luego de que la Cámara de Diputados diera media sanción al proyecto de ficha limpia pasadas las diez de la noche de este miércoles, el diputado nacional Fernando Iglesias (Pro) en su carácter de titular de la Comisión de Relaciones Exteriores realizó un pedido de apartamiento para leer una declaración conjunta sobre el gendarme argentino preso en Venezuela.

Durante el debate no había prosperado un apartamiento de reglamento para hacer una declaración que había planteado la diputada de UP Cecilia Moreau: “Este no es un tema para hace run video en Twitter, para mostrar divisiones en el Parlamento, no es un tema de lo que le está pasando a este muchacho y a esta familia para que intenten sacar ventaja política partidaria. Es un tema que nos tiene, como Parlamento, abocar y accionar, hacer algo de verdad”.

“Como muchas otras veces hemos podido producir y elaborar textos y declaraciones conjuntas de la Cámara. Pido que, si realmente queremos acompañar a este gendarme, a la familia y al gobierno de la provincia que viene llevando adelante acciones para pedir por él, nos tomemos en serio el tema y elaborar un texto conjunto”, había pedido.

Promediando la sesión, Iglesias pidió un apartamiento del reglamento para tratar el texto. “Acabo de recibir del diputado Santiago Cafiero la adhesión del bloque Unión por la Patria y la vamos a elevar al menos que alguien me haga llegar alguna negativa como declaración unánime en caso contrario con la firma de los bloques que la aprueban”, aclaró.

El proyecto dice: “Rechazar la injusta detención y cautiverio de Nahuel Agustín Gallo, ciudadano argentino miembro de gendarmería nacional detenido de manera ilegal el domingo 8 de diciembre de 2024 durante un trámite ordinario de ingreso a la República Bolivariana de Venezuela cuando entraba a ese país para visitar a su familia”.

“Denunciar su detención como una práctica ilegitima violatoria de los más elementales derechos humanos y exigir al Gobierno venezolano, presidido por Nicolás Maduro, su incondicional liberación y que, una vez producida, permita su inmediato regreso a la Argentina poniendo a su disposición los medios necesarios”, plantean.

Además: “Exigir a las autoridades venezolanas responsables de la privación de la libertad del gendarme Gallo la adopción de medidas que garanticen el pleno respeto de sus derechos humanos hasta el momento de su liberación lo que incluye el derecho a condiciones de detención dignas, a ser visitado y tener comunicaciones regulares con su familia, contar con asistencia consular y a la designación de su propio abogado defensor”.

Iglesias bregó: “Espero que salga de forma unánime porque simplemente es la reivindicación de los derechos humanos de un argentino injustamente detenido”. Con votación a mano alzada la iniciativa resultó aprobada.

A un mes para que se derogue la Ley 27.705 de Plan de Pago de Deuda Previsional, sancionada en febrero de 2023, para que quienes no cuentan con los aportes necesarios puedan acceder a una jubilación, el diputado nacional Ricardo Herrera (UP) solicitó un pedido de apartamiento para tratar, en la sesión de este miércoles en la Cámara baja, un proyecto de resolución 7543/24 de su autoría a fin de prorrogar la moratoria.

“Es un proyecto que lo hemos presentado con más de 50 firmas. Previamente he escuchado al diputado Nicolás del Caño hacer referencia a este tema y creemos que es muy importante su tratamiento. Lo he dicho la sesión pasada es un tema que está en la agenda de la gente y por eso debe ser tratado porque 9 de cada 10 mujeres y 7 de cada 10 hombres no van a poder jubilarse a partir del 23 de marzo”, advirtió.

Herrara señaló que “no es un tema menor. La Ley de Bases en el artículo 77 inc. C hablaba de condonación de deuda por capitales intereses cuando aquella tenga origen en la falta de pago de aportes y contribuciones con destino a la seguridad social”.

Así, criticó: “Vamos a premiar a aquellos evasores que no hicieron los aportes a los trabajadores, y a los trabajadores que están solicitando y están queriendo pagar su deuda previsional que quieren hacer los aportes y se quieren jubilar mediante una moratoria, se les va a negar esa posibilidad”. “Estamos pidiendo que se reconsidere y se ponga en tratamiento en este temario el tema de la moratoria previsional”, pidió.

El riojano explicó: “El 23 de marzo vamos a condenar a una rebaja del 20% de las jubilaciones porque vamos a ir camino a una PUAM que significa una rebaja del 80% de la jubilación mínima porque el 85% de las personas que están en condiciones de jubilarse en el país no lo van a poder hacer. Es un tema que urge. En el 2024 en el primer trimestre 260 mil personas se jubilaron, 160 mil lo hicieron por moratoria”.

La votación resultó rechazada con 96 votos afirmativos, 100 negativos y 3 abstenciones. Cabe destacar que este martes en una reunión informativa de la Comisión de Personas Mayores, organizaciones de jubilados reclamaron por la prórroga previsional. El reclamo de Unión por la Patria para el tratamiento de la moratoria no es nuevo, ya que el pasado 17 de enero el diputado Pablo Todero le había sugerido a la vice Victoria Villarruel que agregue dicho tema al periodo extraordinario teniendo en cuenta que se quedaba a cargo del Ejecutivo por una semana.

A modo personal, ya no como presidente del bloque Encuentro Federal, Miguel Pichetto intervino durante las exposiciones de los dictámenes, citando el de su bancada que presenta disidencias que él dijo compartir “plenamente”. En ese sentido dijo que le parecía que “lo del ministro de Defensa (Luis Petri), que no sé cómo aparece, porque es un verdadero mamarracho y le da discrecionalidad (al Poder Judicial), de que ‘si te condeno un año antes no’, y ‘si te condeno en el año electoral sí’… Juguemos en el bosque mientras el lobo no está… Démosle más poder al Poder Judicial”.

Y se quejó de que “en los últimos 10 años hay una supremacía política en el sistema de división de poderes del Poder Judicial de la Nación”, cosa que presentó como “una derrota del sistema político institucional”.

Pichetto cuestionó “este camino que elige el Congreso, con buenas intenciones a veces”, y remarcó la necesidad de que el sistema político tenga “equilibrios y contrapesos”. Citó la experiencia brasileña, que consideró “demoledora”, recordando que en 2010 “Lula se compra el discurso de la anticorrupción y vota ficha limpia. Creo que en 2014, el juez Aldo Moro lo condena con doble conforme y le impide ser candidato. A Lula le gusta bailar con el verdugo… Arman la estructura para que después el poder se transfiera al sistema judicial”.

A juicio de Miguel Pichetto, lo que los legisladores deberían haber hecho, en lugar de caminar lo que definió como “el camino judicialista de las almas bellas”, era “haber profundizado la defensa del Congreso nacional y de las atribuciones que nos da el artículo 66 de la Constitución Nacional, que nadie menciona, porque no repasan ni leen la Constitución”. El jefe del bloque EF sostuvo que según la Carta Magna, el Parlamento “es el árbitro que puede controlar quién puede ingresar o no, y puede echar a un diputado o un senador, como lo hizo hace menos de diez días, por inhabilidad social”.

Pichetto recordó los casos de la Cámara baja, que con atribuciones propias no permitió el ingreso de personas comprobadas fehacientemente de haber cometido delitos de lesa humanidad. Citó el caso de Luis Patti y Antonio Domingo Bussi, a los que se les prohibió el ingreso, a pesar de  hacer sido votados, y se fijó así “el criterio de la inhabilidad moral”. Así las cosas, consideró que “ese era el camino del fortalecimiento del Congreso para evitar que a gente que tiene condenas no le permitan el juramento”.

“Pero no, optamos por el camino judicial, un camino equivocado”.

En otro pasaje, el legislador aclaró que en el proyecto puesto a consideración “hay un montón de cosas que están en el aire”, y coincidió con UP respecto de su defensa del derecho a votar y ser elegido. Sobre el final, recordó que como diputado nacional integró la Comisión de Juicio Político. “Cuando venía un juez, esto era imponente; no digo que temblaban, pero era imponente. Y cuando iban a la Cámara de Senadores, ya con el juicio político en marcha, funcionaba el Parlamento… Acá la Constituyente del 94, con la incorporación de un montón de institutos franceses, lo que ha hecho es consolidar la corporación y el aumento del poder político del sistema judicial. Así como a (Edgardo) Kueider lo expulsaron del Senado, hubo antecedentes que aplicaron la Constitución”, y cerró reclamando el poder para el Parlamento y tener un Poder Judicial independiente, “no como ahora, que dice que si la pena la aplica antes, funciona la pena limpita, y si es durante el año electoral no… ¿Qué pavada es esta? ¿Qué discrecionalidad mayor?”. Y cerró mandando a sus pares a repasar el artículo 66 de la Constitución Nacional.

La tercera fue la vencida. A las 10.21de la mañana de este 12 de febrero y con la presencia de 129 diputados sentados en sus bancas, la Cámara baja consiguió finalmente el quórum necesario para comenzar a debatir el proyecto de ficha limpia, que impediría a los condenados en segunda instancia por casos de corrupción ser candidatos en las elecciones, como así también acceder a una serie de cargos nacionales.

Durante la reunión de Labor Parlamentaria, el titular de la Cámara, Martín Menem, propuso una sesión de una extensión de siete horas, que desde el bloque Unión por la Patria no se aceptó. Finalmente el tema terminó resolviéndose en el recinto.

El quórum fue alcanzado con los bloques LLA, Pro, UCR, DpS, EF, Independencia, Por Santa Cruz, Innovación, Producción y Trabajo, Paula Omodeo y la Coalición Cívica. Después del quórum llegaron los diputados Rodrigo de Loredo, Lisandro Nieri y Diego Santilli. En el bloque Encuentro Federal se advertían en el inicio varias ausencias, entre ellas las de Miguel Pichetto, Rocardo López Murphy, Nicolás Massot, Emilio Monzó y los diputados socialistas Esteban Paulón y Mónica Fein.

Este fue el tercer intento de conseguir quórum, pues ya dos veces habían fallado quienes impulsan esta iniciativa durante el último período ordinario. Eso ocurrió en las sesiones del 20 y el 28 de noviembre de 2024; el primero de esos días, a falta de apenas un diputado, mientras que la semana siguiente y a pesar de las garantías que se habían dado respecto de que entonces sí habría sesión, terminaron faltando 13 diputados, 8 de La Libertad Avanza. En rigor, hubo otro intento fallido, y para encontrarlo hay que remontarse al epílogo de la gestión macrista, cuando el 21 de noviembre de 2019 no se alcanzó tampoco el quórum cuando la bancada de Cambiemos buscó infructuosamente llevar adelante ese debate.

Algo que finalmente se consiguió esta vez, permitiendo avanzar en la que será la segunda y última reunión de este período extraordinario en la Cámara baja, con el objeto de dar media sanción al cuarto de los siete puntos presentados por el Poder Ejecutivo para ser tratados este verano.

El desarrollo del debate

Al abrir el debate sobre ficha limpia en la sesión de este miércoles, el diputado oficialista Nicolás Mayoraz aseguró que “este es solamente el piso, no es el techo”. “Lo que reclama la sociedad está en la Constitución. El derecho a ser elegido, en ningún lado dice que es absoluto y no puede ser reglamentado”, defendió sobre el proyecto que busca prohibir que personas con condena doble por delitos de corrupción no puedan competir a cargos electivos.

El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales detalló las modificaciones que se acordaron con la oposición dialoguista este martes en el despacho de Martín Menem, de modo de eliminar la “cláusula Petri”, que proponía que la prohibición regiría para quien haya recibido una sentencia en segunda instancia antes del 31 de diciembre de un año no electoral y no así para quien la recibiera a partir del 1ro. de enero de un año electoral.

Bajo la nueva redacción se indica que la prohibición se aplicará “únicamente en aquellos casos en que la sentencia condenatoria resulte confirmada por un órgano judicial de instancia superior, hasta su eventual revocación o cumplimiento de la pena correspondiente, y siempre y cuando la confirmación de la condena se produzca con anterioridad al comienzo del plazo establecido en el artículo 25 del Código Electoral Nacional”, que se refiere a la fecha del cierre de los padrones, seis meses antes de las elecciones generales.

En el artículo 1ro. se agrega que “si la confirmación de la condena en la instancia superior se produjera con posterioridad a dicho plazo, la prohibición tendrá efecto a partir de la finalización del proceso electoral”.

Además, la iniciativa establece que la inelegibilidad regirá desde la fecha de la sentencia hasta su eventual revocación o hasta el cumplimiento de la pena correspondiente.

En tanto, en el artículo 2do. se modificó: “La Cámara Nacional Electoral llevará un registro público de ficha limpia en donde constarán las sentencias dictadas en los términos del artículo 1ro., sus eventuales revocaciones y los datos identificatorios de las personas alcanzadas por dichas sentencias”.

Encargadas de fundamentar el dictamen de Unión por la Patria fueron las diputadas Mónica Litza y Vanesa Siley. La primera rechazó que ese espacio no quiera ficha limpia, como “quieren instalar”, según sostuvo. A su juicio, ese es “un golpe de efecto que les da resultado”.

“No es verdad, por si la verdad todavía importara”, aseguró, afirmando que ficha limpia ya existe en nuestra legislación. “Lo que no estamos de acuerdo es con querer votar o acompañar un proyecto que violenta el principio de sentencia firme o presunción de inocencia”, continuó. Luego Litza planteó las tres grandes diferencias que su espacio tiene con el proyecto oficial. Uno es los delitos abarcados, que ellos quisieran extender como inhabilitantes; también la extensión para las sociedades offshore y un respeto a la Constitución Nacional.

A continuación, Vanesa Siley sostuvo que “por lo menos ha reconocido el oficialismo que estamos hablando del ejercicio de los derechos políticos, porque se ha intentado disfrazar esto como la transparencia, garantías, y estamos hablando de una limitante importante a la soberanía popular: el derecho a elegir y ser elegido”.

A su turno, la diputada de Encuentro Federal Margarita Stolbizer sostuvo: “No estamos cercenando el derecho o la capacidad de la persona que está condenada dos veces por delito de corrupción de seguir recurriendo su sentencia hasta última instancia, si no que estamos diciendo que aun cuando tenga pendiente ese proceso judicial no puede ser candidato”. A continuación, lamentó el “exceso de polarización política” en la que se da el debate.

“El doble conforme es parte de los estándares internacionales en materia de derechos humanos a los que Argentina ha adherido”, apuntó sobre la instancia judicial desde la que se aplicará la prohibición y consideró que aprobar esto “es el mensaje que el Congreso debe dar de que no estamos dispuestos a seguir siendo paraguas para que nadie venga a buscar protección aquí después de haber cometido delitos”. “Este proyecto apunta a fortalecer nuestra democracia”, sumó.

A modo personal, ya no como presidente del bloque Encuentro Federal, Miguel Pichetto intervino durante las exposiciones de los dictámenes, citando el de su bancada que presenta disidencias que él dijo compartir “plenamente”.

A juicio de Miguel Pichetto, lo que los legisladores deberían haber hecho, en lugar de caminar lo que definió como “el camino judicialista de las almas bellas”, era “haber profundizado la defensa del Congreso nacional y de las atribuciones que nos da el artículo 66 de la Constitución Nacional, que nadie menciona, porque no repasan ni leen la Constitución”. El jefe del bloque EF sostuvo que según la Carta Magna, el Parlamento “es el árbitro que puede controlar quién puede ingresar o no, y puede echar a un diputado o un senador, como lo hizo hace menos de diez días, por inhabilidad social”.

Pichetto recordó los casos de la Cámara baja, que con atribuciones propias no permitió el ingreso de personas comprobadas fehacientemente de haber cometido delitos de lesa humanidad. Citó el caso de Luis Patti y Antonio Domingo Bussi, a los que se les prohibió el ingreso, a pesar de  hacer sido votados, y se fijó así “el criterio de la inhabilidad moral”. Así las cosas, consideró que “ese era el camino del fortalecimiento del Congreso para evitar que a gente que tiene condenas no le permitan el juramento”.

Por el bloque Democracia Para Siempre se expresó el formoseño Fernando Carbajal quien defendió el dictamen de su bloque y criticó el proyecto de mayoría. Así, señaló que “el sistema legal contempla cuando una persona ha sido condenada por un delito se le aplica de forma automática una inhabilitación, por lo cual, la discusión de ficha limpia no es correcta. Plantearlo desde el punto de vista si es legítimo o no limitar el derecho a ser elegido porque el sistema legal ya contempla la limitación al derecho a ser elegido y esto nunca ha sido motivo de debate constitucional”.

“Lo que estamos discutiendo en serio es si una persona que ha quebrantado la ley puede ser candidata. Acá tenemos que señalar la profunda incoherencia del bloque oficialista y sus nobles aliados sumados en la mesa de saldos y retazos del trasfuguismo político que, de manera clara, dicen que esto está solamente limitado los delitos de corrupción y no terminan explicar de manera seria, sólida y consistente, por qué razón un narcotraficante o un pedófilo puede ser candidato. Hay otras provincias donde tiene ficha limpia que contemplan esta figura”, cuestionó y cerró: “Hablan de transparencia, pero ocultan de manera malicioso de que esto no es ficha limpia porque no contempla el universo de todos los delitos. Hay un escandaloso silencio de por qué se limita. Es un discurso retórico porque la ficha limpia, así como lo plantean alcanza un escenario minúsculo de casos, es puro relato”.

Desde el Frente de Izquierda, la diputada Vanina Biasi aclaró que su dictamen es de rechazo y apuntó: “Estamos discutiendo algo con una hipocresía muy grande. Si no se pone de relieve que el sistema judicial argentino no es independiente, no funciona como se quiere vender y si queremos soslayar que es el poder institucional del país con menos consideración popular que podamos tener, podemos seguir hablando hipócritamente sobre el reforzamiento de la democracia y otras cuestiones que, en realidad muestran, que el objetivo que persigue ficha limpia es el opuesto al postulado”.

“Este es un proyecto de ficha sucia que tiene por objeto ocultar la corrupción en el país y ocultar qué clase social es la que lleva adelante esa corruptera de forma sistemática para imponer sus puntos de vista en este régimen capitalista”, manifestó Biasi.

Desde la Coalición Cívica, el titular del bloque Juan Manuel López, resumió que es un debate “de la lucha contra la corrupción, porque de ficha limpia podemos decir un montón de cosas”. Recordó que su jefa Elisa Carrió presentó uno de los primeros proyectos del tema y “lo venimos representando hasta la fecha”.

López señaló que “el dictamen de noviembre me gusta más que el actual”, y enumeró las cuestiones en la que difieren del dictamen del oficialismo, pero que ceden: “Queremos que entren todos los delitos dolosos; la instancia en que ficha limpia se aplica porque si hay juicio oral ya la persona no tiene por qué ser candidata porque lo dice el artículo 36 de la Constitución porque ficha limpia ya existe, pero por una resolución judicial del 2017 no se puede aplicar”.

“Nuestro partido no cree en el lawafere, de que Cristina Kirchner fue perseguida por los medios de comunicación y juzgados corruptos que, si creemos, que a veces son arbitrarios. Por eso pedimos una ley de auditar los juzgados federales por el Consejo de la Magistratura. Esta ley de ficha limpia es un pasito para que el presidente pueda tapar lo que mandó a hacer a sus diputados en noviembre y quiere que solo sea su proyecto”, concluyó.

Sin embargo, López advirtió que “vamos a tener que revisarla porque habrá condenados por otro tipo de delitos que nos va a agraviar que sean legisladores y candidatos”.

El presidente del bloque Democracia Para Siempre, Pablo Juliano, sostuvo que se recogió una vieja tradición de la política argentina y apuntó: “Vengo de un partido donde ningún presidente conoció Comodoro Py”. Así, indicó que “el lado B del debate de hoy es un debate sobre la justicia en argentina”.

“Entiendo la necesidad política, pero es muy poco decir que esto es proscripción o que tiene nombre propio, es desconocer una tradición en donde la Argentina le estaba dando la espalda a una sana práctica política. Hay instrumentos y antecedentes donde no se parte de una noción de proscripción como el Código Electoral”, planteó.

Juliano alertó que lo que sucedió con el exsenador Kueider es “la punta del iceberg” de lo que le va a pasar al Gobierno cuando termine y manifestó: “No se le puede poner a todas las leyes un nombre. Este debate se viene pateando hace rato. Los que no somos oficialistas venimos señalando una degradación de la democracia, pero hay una serie de bancadas ponen la defensa del liderazgo de una sola persona por encima de la representación y esto le da de comer a Milei porque en vez de representar la realidad argentina, defienden a Cristina”.

Avanzado el debate, el jefe del bloque de la UCR, Rodrigo de Loredo, expresó: “Me tiene cansado el tema y me imagino cómo estará un ciudadano de a pie que nos mira con este loop de discusiones estériles, y esta capacidad de hacer complejo algo tan sencillo y simple, como procurar que no nos gobierna la corrupción”.  “A esta altura es absurdo hablar de proscripción, o que se ponga en tela de juicio el estado de inocencia garantizado por nuestro derecho penal, cuando simplemente es una restricción a derechos civiles”, siguió. Para el cordobés, “es intolerable que bajo argumentos, ausencias, indigestiones o lo que fuera, se le vuelva a dar una frustración a la sociedad argentina” y advirtió que “el desafío va a estar en la Cámara de Senadores”. 

En tanto, su par Karina Banfi reflexionó que “fue muy importante el proceso de estos casi 10 años de tratamiento de ficha limpia, donde hemos tenido dictámenes que se vieron frustrados y que durante toda la etapa del último gobierno kirchnerista directamente se omitió”. “La ficha limpia, la transparencia y la honestidad, son parte de los valores radicales que venimos a traer y potenciar cuando promovemos este tipo de normas”, afirmó. 

Impulsora de la ficha limpia, la diputada del Pro Silvia Lospennato destacó que “después de tantos años y varios intentos fallidos” se reunieron los votos para avanzar con la ley. Además, agradeció “a cada uno de los ciudadanos que nos exigió y sigue exigiendo una ley de ficha limpia”, entre ellos Gastón Marra y la periodista Fanny Mandelbaum. “Hubiera deseado que hace 10 años haya ficha limpia, hace 10 años la expresidenta no estaba condenada ni en primera instancia. ¡Qué me vienen a hablar de que esto tiene nombre y apellido!”, lanzó. 

La legisladora precisó que esta ley ya rige “en ocho provincias argentinas y hay cuatro más que la están debatiendo en sus Legislaturas”. A su vez, “ya hay más de una docena de candidatos que fueron rechazados en las justicias provinciales por no cumplir con la ley de ficha limpia”. “Podrán seguir repitiendo sus mentiras, pero los argentinos ya no les creen más esa doble vara”, disparó contra UP y los cuestionó porque “defienden a una condenada” pero “echaron en una semana a un senador sin un procesamiento”, en alusión a Kueider. 

Según Lospennato, “hay mucha gente queriendo que le vaya mal al presidente, hay empresarios millonarios que perdieron las cajas y que están desesperados por volver al poder para volver a robar, hay movimientos sociales sin plata que ya no pueden extorsionar a la gente, por ende no movilizan a nadie, hay empresarios prebendarios, que con cada desregulación que se desarma pierden un negocio que tenían asegurado”, pero al mismo tiempos hay “muchos argentinos con esperanza” que “piensan que esta va a ser la oportunidad”. 

“Hace falta de frente un combate contra la corrupción, porque sino todo el esfuerzo que están haciendo los argentinos se va a ir por la canilla de las que beben algunos”, advirtió y envió un mensaje al “Poder Judicial, gran responsable de los niveles de impunidad”. “Una Justicia proba e idónea es la única condición para que estas leyes tengan sentido”, finalizó.  

A su turno, el diputado nacional Eduardo Valdés (UP) se refirió al avance del proyecto en cuestión y vinculó: "Está claro y comprobado que Cristina Fernández de Kirchner fue juzgada con la doctrina penal del enemigo". en ese punto, cargó que "voluntad judicial y voluntad popular no van de la mano", y cerró: "En la época de las ocho indagatorias quedó demostrado. Lo mismo está sucediendo en estos tiempos. No hay Ficha Limpia con Justica Sucia".

NOTICIA EN DESARROLLO

De acuerdo con lo establecido oportunamente en la hoja de ruta delineada por el oficialismo para el tratamiento del temario de extraordinarias diseñado por el Gobierno, y habiendo pasado una primera sesión con éxito -aprobó los proyectos de suspensión de las PASO, juicio en ausencia, y reincidencia y reiterancia-, este miércoles 12 de febrero, desde las 10, Diputados sesionará para debatir el proyecto de ficha limpia.

La iniciativa, que apunta a prohibir que personas condenadas por corrupción, como el caso de Cristina Kirchner, puedan ser candidatas a cargos nacionales, ya recibió dictamen de comisiones, pero en total hubo seis despechos. De cara a la discusión en el recinto, La Libertad Avanza deberá atender pedidos de modificaciones de bloques dialoguistas. Al tratarse de una cuestión electoral, el texto requerirá de una mayoría absoluta de 129 votos para ser aprobado.

El proyecto de ficha limpia se trata de un tema motorizado con fuerza hace largo tiempo por el Pro, y que se había frustrado en el cierre del período ordinario en noviembre pasado, cuando hubo dos convocatorias a sesión que no reunieron quórum, y con el dato de que en la última faltó un número importante de legisladores de LLA.

Tras un trabajo de especialistas y en el que estuvo involucrado también el ministro de Defensa, Luis Petri -exdiputado-, además de la legisladora del Pro Silvia Lospennato, el Gobierno envió al Congreso en enero su propio proyecto.

En la nueva redacción se propone que ninguna persona condenada por delitos de corrupción en segunda instancia, dictada antes del 31 de diciembre del año previo al proceso electoral, podrá presentarse como candidato a elecciones. Esto afectaría, puntualmente, a la expresidenta y titular del PJ Nacional Cristina Kirchner, quien el 13 de noviembre pasado recibió la confirmación de su condena por administración fraudulenta en la causa Vialidad.

En la iniciativa se indica que la prohibición de candidatearse correrá "únicamente en los casos en que la condena impuesta hubiera sido confirmada en segunda instancia, dictada antes del 31 de diciembre del año anterior al proceso electoral, en la que se hubiera confirmado la comisión de al menos uno de los delitos establecidos en la sentencia de primera instancia, aunque modifique la pena impuesta".

Mientras que "en caso de una condena confirmada en segunda instancia dictada con posterioridad al 1° de enero del año en que se llevaren a cabo las elecciones, el supuesto tendrá efecto a partir de la finalización de dicho proceso electoral".

A su vez, la Cámara Nacional Electoral deberá llevar "un Registro Público de Ficha Limpia en donde constarán las sentencias de segunda instancia que sean confirmatorias de la comisión de al menos uno de los delitos establecidos en la condena de primera instancia, sus eventuales revocaciones y los datos identificatorios de las personas alcanzadas por dichas sentencias".

Además de no poder ser candidatas en elecciones nacionales, las personas condenadas en segunda instancia por corrupción tampoco podrán ser designadas como jefe de Gabinete, ministros, secretarios, subsecretarios, autoridades de entes y organismos descentralizados e instituciones de la Seguridad Social, integrantes de cuerpos colegiados, personal diplomático, ni como directores de empresas o entes con participación estatal de cualquier clase; "ni, en general, podrán ser designadas para ejercer funciones equivalentes a estos", reza el texto.

El proyecto del PEN recibió dictamen de mayoría en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia con 30 firmas, de LLA, el Pro y el monobloque CREO; mientras que la UCR, la Coalición Cívica e Innovación Federal firmaron en disidencia.

Entre las diferencias planteadas por algunos bloques de la oposición aliada se encuentran reclamos respecto de la cláusula que establece que regirá para casos en que los fallos se hayan dado en años no electorales, la ampliación de delitos (no sólo corrupción) y de cargos que no podrían ocupar personas en esta condición.

El primer dictamen de minoría, con 26 firmas, fue el de Unión por la Patria, que incorpora delitos económicos y estima que la prohibición debe darse únicamente en casos de condena firme de la Corte Suprema. También firmaron sus propios dictámenes Encuentro Federal, Democracia para Siempre -por dos- y el Frente de Izquierda, de rechazo.

El pedido de sesión fue firmado por Gabriel Bornoroni, Nadia Márquez, Nicolás Mayoraz, Manuel Quintar, José Luis Espert, Romina Diez (LLA); Silvia Lospennato, Silvana Giudici (Pro); Oscar Zago, Cecilia Ibáñez, Eduardo Falcone (MID); Rodrigo de Loredo, Karina Banfi, Roxana Reyes (UCR); Oscar Agost Carreño (EF); Juan Manuel López, Maximiliano Ferraro y Paula Oliveto (CC).

La mancha de humedad en la pared se transformó en rajadura. Ahora no solo se nota la filtración superficial, sino que cuando llueve corre un hilo de agua que desemboca en una caja de enchufe. La probabilidad de que produzca un cortocircuito es cada vez más alta. De eso se trata hoy Unión por la Patria bajo la conducción desgastada de Cristina.

A partir de la votación suspendiendo las PASO en Diputados, lo más importante ahora es el dominó de situaciones que se van a disparar. Habrá que mirar con lupa el complejo ajedrez de voluntades expresadas este jueves pasado para empezar a deducir el comportamiento de sus pares en el senado. Roto el primer dique, que se rompa el segundo es más probable, y luego puede inundar el valle del territorio bonaerense, dándole a Kicillof la oportunidad del tan mentado desdoblamiento. Pompeya y más allá la inundación.

UP se convirtió en un galimatías. Hubo massistas apoyando la suspensión. Leales a CFK como el jefe de bloque que se abstuvieron. Varios “sin tierra” votaron a favor como los mendocinos y los chubutenses. Los que responden a gobernadores no fueron solo los catamarqueños más los santiagueños, sino que también acompañaron los santacruceños y algún fueguino. De los 99 integrantes, solo 43 se pronunciaron en contra.

Cuando se ven este tipo de situaciones surge la natural lectura de que el bloque se está deshaciendo, ya que la conducción política no lo está pudiendo ordenar. Ahí es donde uno se pregunta si hay quiebre, impericia, mayor habilidad oficialista o picardía. Porque en este juego nada debe ser descartado. ¿Cristina bajó línea? ¿o frente a la fragmentación evidente se corrió y dio libertad de acción implícita? Solo para tomar un ejemplo, ¿los diputados de Zamora ayudaron al gobierno con o sin el ok de la jefa? Fue precisamente en Santiago donde Ella inauguró la presidencia del PJ. La mujer del gobernador fue presidenta provisional del senado con el ok de CFK dada la lealtad del matrimonio. ¿No hablaron antes del dictamen de comisiones? ¿Zamora se mantuvo en su postura oficialista en la sesión sin acordarlo o avisarle a la expresidenta? ¿Nadie le dio el ok para que jugara de esa esa manera? ¿O sí se lo dieron? Muchos interrogantes van a quedar pendientes para aclarar en los próximos días. Este juego recién empieza.

¿Quién festeja este resultado? Quizá todos. El gobierno porque gana la batalla de bajar el costo de la política -ya impuso la boleta única de papel que estaba trabada desde 2023- y le quita una herramienta de ordenamiento a los espacios sin liderazgo real (el PRO, los radicales, los moderados de varios pelajes). Cristina, ahora presidenta del PJ, con la lapicera en la mano ¿quería las primarias? A los Macri no les quedó otra que apoyar, teniendo en cuenta que no las necesitan ahora en la CABA y así poder adelantar aún más la elección local. Los filo oficialistas -gobernadores variopintos- no iban a contradecir a Milei, menos ahora que se abre la billetera. Y el resto que compuso la mayoría de los 162 votos a favor, ir en contra de la opinión pública, no los iba a ayudar mucho.

Con este claro triunfo en diputados -aunque le falten varios capítulos a la serie- se demuestra que la política contemporánea puede experimentar la misma dinámica que el mercado tecnológico global: alguien desde el garaje de su casa puede hacer temblar la economía mundial con una ocurrencia. ¿Cuánta estructura hace falta para ganar? Probablemente, ninguna fuerza tan pequeña en el Congreso haya logrado tanto.

Si todo esto lleva a un dominó bonaerense, también festejarán de antemano entonces los territoriales, sobre todo los intendentes de todo tipo y color, ya que de ellos sería el Reino de los Cielos: al final, la discusión electoral se haría local. Maldecirán los candidatos a concejales y legisladores provinciales de LLA ya que necesitan jugársela en un marco de nacionalización que quizá no exista. El presidente pondrá las fichas en su lista de diputados nacionales. Con o sin PASO, ahora Cristina debe evitar el desdoblamiento. ¿Se podrá hacer? Hay que mirar al juez, o hacerse amigo de él.

Con esta victoria, el oficialismo puede dejar de preocuparse por las lecturas sobre el discurso en Davos. Su pragmatismo le indicó que debía 1) recoger el barrilete para salir de esa trampa en la que se metió, y 2) cambiar de tema, elevando a Kicillof como antagonista, obligándolo a hablar del issue más amargo: la inseguridad.

Sin embargo, más allá de la estrategia distractiva, ¿le sirve al presidente la agenda anti woke, cambio climático y OMS? En los estudios no se visualiza que esas cuestiones tengan mucha pregnancia en la mayoría social. De hecho, algunos dichos específicos como el de la eventual asociación de la homosexualidad con la pedofilia, generaron una reacción importante y derivó en marchas masivas el sábado 1 de febrero. Esas “batallas culturales”, como la revisión sobre la violación de los derechos humanos durante los ´70, no arrojan un interés particular ciudadano por incurrir en esos ítems, corriendo el oficialismo el riesgo de que se lo vea desenfocado de la cuestión central: salir de la crisis económica.

El quid de la cuestión es ¿de qué está hecho el 50 % de aprobación del gobierno? ¿de adhesión ideológica o de pragmática esperanza? Porque las consecuencias sobre la dinámica de evolución pueden ser muy distintas. Si el león cree que es la primera, podrá tirar de la cuerda sobre temas valorativos sensibles, poniendo en riesgo el apoyo de aquellos que pasan por alto ciertos modos en aras de la recuperación económica. Es la apuesta pura a la construcción de una minoría nítida. Pero si cae en la cuenta que es la segunda opción, comprenderá la delicadeza estratégica de cuidar el rebaño que ha criado gracias a la esperanza generada, que no tiene además mucha alternativa.

Mientras veraneamos en Brasil y vaciamos Chile -para satisfacción de los zurdos Lula y Boric- la Big Mac está un 20 % más cara que a la vuelta de la casa de Trump. Algo así como la brecha cambiaria…

La Comisión de las Personas Mayores de la Cámara de Diputados, presidida por Gisela Marziotta (UP), convocó a una reunión para recibir y escuchar testimonios de organizaciones representativas de jubilados y pensionados.

El encuentro se llevará a cabo el próximo martes 11 a las 15 en la Sala 7 del 3° piso del Anexo “A” de la HCDN, a fin de abordar diversas cuestiones que impactan en los derechos de las personas mayores en relación a la seguridad social y la salud, extensión de la moratoria, gratuidad de medicamentos y aumento del haber jubilatorio.

La citación, que lleva la firma del secretario de la comisión Juan Palacios, informa que “se recibirá la visita de organizaciones representativas de jubilados y pensionados que expondrán sobre estas temáticas”.

"La convocatoria es para todos los diputados que forman parte de la comisión y quienes no, también. La propuesta tiene que ver con escuchar a damnificados que en este caso son las personas mayores y vamos a abordar tres ejes. Uno es el impacto que puede llegar a tener si no se renueva la moratoria que se está por vencer, los medicamentos gratis para personas mayores y la necesidad de un aumento extraordinario por la que atraviesa el sector de la sociedad", explicó Marziotta en declaraciones a parlamentario.com.

Así, precisó: "Va a hacer no más de 5 oradores de distintos espacios de jubilados de la Ciudad que pueden venir presencial. A partir de las exposiciones y de la agenda que trabajemos se organice una audiencia publica ya con representación federal y especialistas en la materia".

Por la ola de inseguridad que se vive en la provincia de Buenos Aires, el diputado nacional José Luis Espert (LLA) planteó una cuestión de privilegio contra el gobernador Axel Kicillof a quien le pidió que renuncie por “inepto” y por “abandonar” la provincia. Su discurso calentó el ambiente en el recinto de la Cámara baja durante la sesión de este jueves.

“Mi cuestión de privilegio es contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el responsable esencial de la sangre que se está derramando de inocentes por su inoperancia para combatir la inseguridad que azota a la provincia”, inició su alocución el libertario.

Espert indicó que “la situación en la provincia de Buenos Aires en materia de inseguridad es absolutamente atroz y no hay lugar para los tibios. O se está del lado de los inocentes, o se está del lado de los delincuentes”, y denunció: “Está claro en qué lugar se puso el gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof”.

“En lo que va del año más de 60 personas fueron asesinadas en la provincia de Buenos Aires”, precisó y se preguntó: “¿Cuántos inocentes debe el morir adicionales a lo que ya han muerto a mano de homicidas para que el Gobernador conecte con la realidad que vive?”.

“Es para preocuparnos y mucho su inacción y falta de liderazgo que ha transformado la provincia de Buenos Aires no solo el miserable, sino en insegura”, apuntó el economista.

Así, reiteró que desde que inició el 2025 “más de 60 personas fueron asesinadas”, y recordó los recientes casos de los jóvenes adolescentes que fueron hallados sin vida en Florencio Varela, Paloma y Josué, comerciantes como Cristian Velasco que fueron “fusilados” en Mar del Plata, repartidores que son apuñalados como ocurrió con Lucas Aguilar en Moreno y “tantos otros que han perdido la vida por el simple hecho de caminar por sus barrios o llevar sus chicos al colegio o tratar de realizar su actividad como comerciante”.

“La provincia Buenos Aires es una cárcel a cielo abierto donde cuando se oculta el sol directamente hay un toque de queda decretado por los delincuentes que amedrentan a los inocentes que no tienen otra que encerrarse en sus casas con varios candados y hasta con rejas para no ser asesinados”, alertó.

El libertario criticó: “Kicillof no gobierna la provincia de Buenos Aires, directamente la abandona. Permite una provincia sitiada directamente por el terror, donde la inseguridad no es una sensación, no es una estadística fría, tampoco es un conjunto de condolencias que se da por las redes sociales porque cada vez que un delincuente camina libre y una familia llora un ser querido”.

“El gobernador fracasó. Le queda grande el lugar de gobernador de la provincia de Buenos Aires”, apuntó y le pidió que le de “seguridad a los bonaerenses. Dale dignidad a las fuerzas policiales porque hoy la policía cobra miserias, trabajan en comisaría que son verdaderas letrinas con chalecos antibalas vencidos, con patrulleros que se destartalan”.

Fracasaste @Kicillofok. Renunciá o pedí ayuda al Gobierno del Presidente @JMilei para poner orden, llevar tranquilidad y honrar la libertad de los bonaerenses. pic.twitter.com/20gmGJzbJ7

— José Luis Espert (@jlespert) February 6, 2025

También acusó que el mandatario provincial “es responsable político que los jueces y los magistrados no fallen en contra de los delincuentes y tengan miedo de meterlos presos. El combate con el narcotráfico no existe en la provincia de Buenos Aires y debería existir si es necesario a los bunkers de los narcotraficantes hay que pasarlos por encima con tanques y a la policía si es necesario para luchar contra la delincuencia hay que darle fusiles”.

Espert planteó que “la policía no puede tener miedo a usar su arma reglamentaria frente un delincuente como ocurre hoy. Démosle ese poder”, y comparó: “En otros países si un delincuente se anima a levantar la mano a un policía termina hecho harina, y no como acá que el delincuente, fruto del apoyo del encubrimiento del gobernador de la provincia, entra por una puerta y sale por la otra. La puerta giratoria debería ser para los inocentes, no para los delincuentes como ocurre hoy en la provincia de Buenos Aires. El chorro tiene que sentir terror de cometer un delito saber que si levanto un arma frente un policía termina sentenciado de muerte”.

Así, les sugirió a sus pares que “si tienen dudas del relato que les estoy haciendo, visiten, recorren la provincia de Buenos Aires y van a encontrar a un comerciante aterrado, a un padre de familia aterrado cuando lleva a sus chicos al colegio y un trabajador más aterrado todavía”.

“Es hora de que Kicillof rinda cuenta de su evidente fracaso y, personalmente creo, que el gobernador de la provincia de Buenos Aires solo que le quedan dos alternativas o renuncia a su cargo de gobernador por inepto o le pide ayuda al Gobierno nacional para poder luchar con las fuerzas federales contra el narcotráfico y contra la inseguridad”, le sugirió.

Al cierre de su discurso, mientras era interrumpido con gritos por parte de algunos diputados de UP cercanos Kicillof, Espert alzó su voz: “Basta de impunidad, basta de vivir con este modelo, basta de pagar con nuestras vidas mientras otros cobran con violencia. No nos vengan con excusas, mientras los delincuentes caminan como dueños de la calle y los laburantes corremos como fugitivos”.

Al tiempo que el titular de la Cámara baja, Martín Menem, le pedía por favor a la diputada Cecilia Moreua respeto, el diputado de LLA expresó a los gritos: “No pedimos milagros solamente pedimos que no se sigan enterrando inocentes a manos de delincuentes por culpa de un atorrante como Kicillof…si atorrante”, y remató: “No hay seguridad sin autoridad, no hay justicia sin castigo. Delincuentes, ustedes kirchneristas y asesinos”.

Poco antes de las 13.30 arrancó el debate del proyecto para suspender las PASO. Miembro informante del dictamen de mayoría, el titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, recordó que el oficialismo buscaba la eliminación definitiva de las PASO, pero no habiendo podido alcanzar ese objetivo, dijo que resultaba necesario “suspenderlas en pos de lograr el objetivo por lo menos para esta elección”.

El diputado de La Libertad Avanza dijo que estaban cumpliendo una de las promesas del presidente: “Achicar el costo de la política y poner a los políticos en su lugar”.

Para justificar la medida que se estaba adoptando, Mayoraz se basó en las encuestas, afirmando que distintas consultas hablan del “rechazo absoluto a este sistema de Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias. Es decir que de lo que la ciudadanía se da cuenta a veces, a la clase política le lleva más tiempo darse cuenta”.

En su discurso inicial, el diputado santafesino sostuvo que las PASO terminaron siendo “una encuesta cara” y que “los partidos políticos no han estado a la altura de lo que decían que venían a cumplir: mejorar la calidad institucional”.

A continuación, por el dictamen de minoría habló el diputado de izquierda Christian Castillo, quien se quejó de que se estuviera discutiendo “una agenda totalmente funcional al Gobierno”, al que endilgó una “manipulación del calendario electoral para llevarlo a la conveniencia del oficialismo y poner un mojón en el rediseño del sistema político para que quede conformado por solo dos o tres fuerzas, todas financiadas por las grandes corporaciones”.

Sin referirse a la suspensión de las PASO, el jefe de Unión por la Patria, Germán Martínez, consideró que “lejos de quererse debatir la cuestión de fondo, lo que se quiere es tirar una especie de bomba de humo, que distraiga durante un determinado tiempo la atención”. En ese sentido, cuestionó en duros términos que no se trate el Presupuesto 2025 y acusó al Gobierno de querer “la discrecionalidad de un manejo absolutamente arbitrario de los recursos públicos” y “hacer lo que quieran con la deuda pública”.

El santafesino advirtió que su bloque “va a seguir trabajando para dar un debate serio, real y concreto” de la ley de leyes, “recurriendo a todas las herramientas reglamentarias”. “La Comisión de Presupuesto tiene que ser emplazada para que funcione”, reclamó.

“Detrás de estas cosas que se están planteando y plantando en el debate, lo que hay es una intención de fondo de no discutir lo que corresponde”, denunció y expresó que el proyecto de ficha limpia es “otra bomba de humo”. “Una ley absolutamente negativa para Argentina; con nombre y apellido contra quien apuntan, Cristina Fernández de Kirchner; y que pone a toda la noble actividad de la política de rodillas frente a Comodoro Py”, observó.

En su discurso, Martínez dijo que “si lo que quiere el presidente es plantear es una disolución nacional, nosotros tenemos que hacer lo contrario, tenemos que poner por delante el debate de todos aquellos temas que permitan reconstruir un proyecto profundamente nacional y federal”.

Luego fue el turno del presidente de la bancada oficialista, Gabriel Bornoroni, quien celebró que el proyecto apunta a “bajar el costo de la política”. “Los ciudadanos de bien están cansados de pagar los costos de la política. Las PASO son una encuesta que hacen los partidos políticos, que no se pueden poner de acuerdo, pero quieren gobernar las provincias y la Nación” y esas elecciones “nunca han funcionado”, señaló. 

El libertario precisó que con la suspensión “estaríamos ahorrando 150 millones de dólares”. “Hoy va a salir la suspensión, pero más adelante las vamos a eliminar”, prometió y agradeció a los bloques que votarán a favor, porque “van a acompañar lo que los argentinos han pedido”.  

Por el bloque Pro se expresó la diputada Silvana Giudici indicó que el artículo 28 de la CN les da un “rol fundamental” a los partidos políticos, ya que su creación y el ejercicio de las actividades dentro de los mismos garantizan la organización y el funcionamiento democrático y fue la Reforma del 94 la que lo incorporó y dice que “la vida interna de los partidos políticos debía ser libre y ajena a las intervenciones del partido gobernante”. Así, argumentó: “A diferencia de lo que se planteaba recién de que la suspensión o la eliminación de las PASO atenta atentar contra el sistema federal o representativo de nuestro país, es todo lo contrario”.

La diputada del Pro recordó que cuando se propuso la ley en el 2009 “se prometió que iba a haber mayor participación ciudadana a partir de este mecanismo, mayor transparencia a la de la opacidad de la vida interna de todas nuestras instituciones, el sindicalismo los partidos políticos, iba a posibilitar mayores oportunidades para la competencia de aquellos partidos más pequeños y también que iba a haber mayor equidad en la asignación de los recursos sobre todo aquellos recursos para la publicidad electoral”.

Fabio Quetglas, uno de los pocos miembros de la UCR que rechaza suspender las PASO, confesó que lo que más le “preocupa” es “la narrativa que está por detrás de este proyecto” en la idea de que “ir a votar es algo que nadie quiere” y “que los recursos que se dan para la competencia política son siempre un curro”. El bonaerense pidió cuidar los mecanismos para la selección de los candidatos y habló de “un mensaje oportunista” por parte del Gobierno. 

“Por supuesto que la política no funciona bien en Argentina, que los costos deben ser revisados, que hay muchas cosas que pueden ser mejoradas, pero hoy lo que ampara esa narrativa es la idea de novedad de La Libertad Avanza, que se aprovecha de un hecho novedoso, de una irrupción política, pero como el matrimonio, mes a mes y semana a semana van a ser rutina; no serán una novedad eterna”, reflexionó. 

Quetglas cuestionó la idea de que se vuelva a una “interna cerrada, eso sí era casta”. “Lo hacen porque les conviene; se aprovechan de un prejuicio antipolítica”, cerró. 

Durante los discursos de tiempos de bloques, el jefe de Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, consideró que las elecciones PASO “provocaron una fragilidad en el plano institucional y económico” y opinó que, con esta decisión, “el Congreso está en línea con una visión de hastío y cansancio de la sociedad con la multiplicidad de elecciones”. Por otro lado, propuso que “en algún momento hay que avanzar, con el consenso de los partidos políticos -a los que hay que fortalecer-, en una reforma de la Constitución, en término del mandato de los diputados y senadores, que deben durar el mandato presidencial”.

Desde el mismo bloque, pero en contra de la suspensión de las PASO, el porteño Ricardo López Murphy afirmó que esta herramienta “ha funcionado muy bien” y que “el problema electoral son las leyes provinciales”, como la ley de lemas. “El sistema anterior era peor”, enfatizó y dijo que suspendiendo las primarias se “le va a dar la lapicera a quien ejerce el poder”. 

“El único caso en que funcionó mal fue en 2017”, cuando Cristina Kirchner, candidata a senadora “decidió hacer otro partido político para no enfrentar en la interna en su partido”, lanzó. 

El legislador rechazó que se impida “la cohesión de fuerzas afines” y se lleve al sistema “a una polarización extrema”. Quitar las PASO, “nos va a llevar a una degradación aún mayor del sistema político que tenemos”, expresó y completó: “Esto de que vamos a tener un almuerzo gratis suprimiendo las PASO es falso, la plata va a haber que gastarla y la van a gastar peor que de esta manera”.

De Encuentro Federal, la diputada nacional Margarita Stolbizer se mostró crítica del tratamiento exprés de la derogación de las PASO y cargó que “rompe todos los acuerdos porque no se debían dar estas reformas en años electorales”. En esa línea, amplió que la aprobación de esta iniciativa va a marcar “precedente peligroso sobre cómo deben funcionar las instituciones”. También, calificó al dictamen de “pobre, desprolijo y precario”.

Asimismo, fustigó el argumento del oficialismo relacionado a qué esta suspensión responde a un pedido de la opinión pública y añadió que “si el Congreso va a resolver en base a lo que dice la calle, no asumimos con responsabilidad lo que debemos hacer”. Entre varias críticas a lo ocurrido en el plenario de comisiones del martes, donde se despachó el proyecto, cargó contra el oficialismo: “el Gobierno quería una cosa y terminó haciendo un canje”. “No hay discusión por hacer una buena legislación, si no por conseguir número y listo”, cerró.

NOTICIA EN DESARROLLO

Luego de avanzar de manera exprés con el dictamen que propone la suspensión de las elecciones PASO este año, el oficialismo en la Cámara de Diputados trata de cerrar el despacho de ficha limpia con el resto de los bloques aliados y dialoguistas.

En medio de las discusiones entre el oficialismo y los miembros de Unión por la Patria, cerca de las 15 y 20 el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, informó que el proyecto obtuvo dictamen.

Se trata de un tema motorizado con fuerza hace largo tiempo por el Pro, y que se había frustrado en el cierre del período ordinario en noviembre pasado, cuando hubo dos convocatorias a sesión que no reunieron quórum, y con el dato de que en la última faltó un número importante de legisladores de La Libertad Avanza.

Ahora, tras un trabajo de especialistas y en el que estuvo involucrado también el ministro de Defensa, Luis Petri -exdiputado-, además de la diputada del Pro Silvia Lospennato, se trata un nuevo proyecto enviado por el Gobierno.

La reunión de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia se desarrolla en la Sala 1 del Anexo de la Cámara baja. El objetivo fue anunciado por la primera oradora: Silvia Lospennato, quien destacó la intención de dictaminar este mismo miércoles, con el objetivo de llevarlo al recinto la próxima semana.

En la nueva redacción se propone que ninguna persona condenada por delitos de corrupción en segunda instancia, dictada antes del 31 de diciembre del año previo al proceso electoral, podrá presentarse como candidato a elecciones. Esto afectaría, puntualmente, a la expresidenta y titular del PJ Nacional Cristina Kirchner, quien el 13 de noviembre pasado recibió la confirmación de su condena por administración fraudulenta en la causa Vialidad.

Puntualmente, en el proyecto se indica que la prohibición de candidatearse correrá “únicamente en los casos en que la condena impuesta hubiera sido confirmada en segunda instancia, dictada antes del 31 de diciembre del año anterior al proceso electoral, en la que se hubiera confirmado la comisión de al menos uno de los delitos establecidos en la sentencia de primera instancia, aunque modifique la pena impuesta”.

Mientras que “en caso de una condena confirmada en segunda instancia dictada con posterioridad al 1° de enero del año en que se llevaren a cabo las elecciones, el supuesto tendrá efecto a partir de la finalización de dicho proceso electoral”.

A su vez, la Cámara Nacional Electoral deberá llevar “un Registro Público de Ficha Limpia en donde constarán las sentencias de segunda instancia que sean confirmatorias de la comisión de al menos uno de los delitos establecidos en la condena de primera instancia, sus eventuales revocaciones y los datos identificatorios de las personas alcanzadas por dichas sentencias”.

Además de no poder ser candidatas en elecciones nacionales, las personas condenadas en segunda instancia por corrupción tampoco podrán ser designadas como jefe de Gabinete, ministros, secretarios, subsecretarios, autoridades de entes y organismos descentralizados e instituciones de la Seguridad Social, integrantes de cuerpos colegiados, personal diplomático, ni como directores de empresas o entes con participación estatal de cualquier clase; “ni, en general, podrán ser designadas para ejercer funciones equivalentes a estos”, reza el texto.

Los diputados darán este martes el puntapié inicial al trabajo en el período de sesiones extraordinarias, con la reunión que llevarán adelante dos comisiones a partir de las 14 para tratar el proyecto del Poder Ejecutivo que contempla la derogación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Esa es la hipótesis de máxima del oficialismo, que ya percibió en las reuniones previas con las bancadas dispuestas al diálogo que no tiene los votos para que prospere esa decisión, por lo que se avendrá a morigerar sus expectativas e ir por la suspensión.

La idea es dictaminar este mismo martes con la intención de llevar el tema al recinto el martes. A la postre, este es el tema que más le interesa y más urge al Gobierno nacional para esta instancia extraordinaria.

El debate se desarrollará en las comisiones de Asuntos Constitucionales (cabecera), que preside el santafesino Nicolás Mayoraz; de Justicia, a cargo del jujeño Manuel Quintar; y de Presupuesto y Hacienda, presidida por José Luis Espert.

En la previa al inicio del trabajo en extraordinarias se desarrollaron intensas negociaciones en el seno de varios de los bloques para decidir qué decisión adoptar a la hora de decidir el destino de las PASO.

En el Pro, ya se sabe que la decisión es ir en busca de la suspensión, tal cual se lo hizo saber el propio Cristian Ritondo a las autoridades del oficialismo en la Casa Rosada. Más allá de que los diputados del partido amarillo más cercanos a los libertarios preferirían votar tal cual desea el presidente de la Nación, ya ha quedado claro ante el oficialismo que este jueves votarán la suspensión de las PASO de este año.

En el radicalismo no hay todavía una postura definida. Hubo una reunión este lunes del bloque presidido por Rodrigo de Loredo en la que la única coincidencia fue en continuar debatiendo en las próximas horas. Previsiblemente, los radicales más cercanos al Gobierno, Mariano Campero, Pablo Cervi, Luis Picat, Martín Arjol y Federico Tournier insisten en votar la derogación, tal cual pide el Gobierno. Otros, como Julio Cobos, que explicó su postura en las redes sociales, desean mantener la vigencia de las elecciones primarias.

En Encuentro Federal, su presidente, Miguel Pichetto, dio libertad de acción a los miembros de su muy diverso bloque. Según pudo saberse, Pichetto, Emilio Monzó, Nicolás Massot, Florencio Randazzo, Ricardo López Murphy y los santafesinos Mónica Fein y Esteban Paulón, optarían por mantenerlas. El diputado cordobés Oscar Agost Carreño todavía no definió su posición.

Otro bloque que mantuvo una intensa reunión este lunes, sin llegar a ponerse de acuerdo, fue el de Unión por la Patria, que al caer la noche difundieron un mensaje en redes sociales donde consideraron “inconcebible” que el presidente Javier Milei “quiera avanzar a toda velocidad con un temario de Extraordinarias que NO incluye el debate del Presupuesto”. Y remataron con una obviedad, tratándose de esa bancada: “Si los libertarios quieren avanzar igual, que consigan ellos solos (con sus ‘amigos’) las firmas para el dictamen y el quórum para sesionar”.

Lo cierto es que en ese bloque hay muchas diferencias respecto de qué hacer con las PASO este jueves, al punto tal que se hablaba de que terminarían votando divididos. Una fuente del bloque consultada al respecto por parlamentario.com aclaró que la de este lunes fue “una muy buena reunión”, puntualizando que solo los diputados chaqueños hablaron de suspender las PASO. Con todo, esa misma fuente reveló que el autor del proyecto para suspenderlas, Juan Manuel Pedrini, le dijo que los diputados chaqueños acatarán la decisión del bloque.

Los bonaerenses alineados con el gobernador Axel Kicillof votarán a favor de la permanencia de las PASO, en tanto que los pampeanos también piensan en la suspensión. Pero no se diferenciarían del resto del bloque, a la hora de la votación. En definitiva, quedaron en volver a reunirse el miércoles para seguir debatiendo qué hacer con las PASO.

La diputada nacional Silvia Lospennato (Pro) contó este jueves que se acordó con el oficialismo que la próxima semana despacharán de comisión el proyecto de ficha limpia que envió el Ejecutivo, pero advirtió lo que pasará en el Senado con el kirchnerismo.

Lospennato, quien participó de la reunión que mantuvo el Pro este miércoles en la sede del partido, contó: “La suspensión de las PASO es lo que tendría número para salir ahora en una semana. El oficialismo nos expresó su apuro en que se aprueba a la suspensión porque el cronograma electoral está por iniciarse y hay licitaciones que hacer y la justicia electoral también exigen que las definiciones estén”.

“En año electoral no se hacen cambios en las reglas de juego, por eso antes de que comience el año electoral, y está muy pronto a suceder, es necesario que, si se va a hacer este cambio tan profundo como la eliminación o suspensión de las PASO, tenerlo aprobado”, comentó en declaraciones radiales.

Así, precisó que “esto implicaría que la semana próxima la Cámara de Diputados debería reunirse, aprobar esta propuesta en comisión y llevarla al recinto. No hay tiempo de dar una discusión profunda sobre las PASO, si hay una decisión de muchos bloques de acompañar la suspensión en esta oportunidad y luego, con el tiempo que amerita una reforma de este tema, se debatirá”.

En ese sentido, precisó: “Estaremos yendo a comisión martes y miércoles de la siguiente semana, y el jueves aprobando la suspensión, que luego tiene que ir al Senado, donde el proceso es más lento porque una vez que se despacha de comisión sí o sí tiene que pasar una semana hasta que se trata y eso ya pondría a las PASO en el final de las extraordinarias. Si no hay prórroga no se podría aprobar si no tuviéramos la celeridad necesaria en Diputados”.

“El oficialismo al ver que no tenía números en el tema, acordó con casi todos los bloques la suspensión por esta elección”, dijo.

Ficha limpia

Respecto del proyecto de ficha limpia que envió el Ejecutivo, afirmó: “Creemos que los números están. Ahora la novedad es que el Ejecutivo envió su propio proyecto y lo incluyó. Complementa y amplia el proyecto que ya tenía despacho. Mandaron una versión mejorada porque ampliaron a todos los miembros de la administración pública nacional. Eso me parece muy positivo”.

“Quisiéramos avanzar rápido porque hay poco tiempo porque son cambios en las reglas electorales. Sabemos que esta ley en el Senado va a tener la oposición ferviente del kirchnerismo y ellos tienen 34 senadores y va a ser una dura batalla”, adelantó y sumó: “Tenemos que tenerla aprobada en Diputados y se acordó que la próxima semana se despache de comisión ficha limpia y ojalá que ya la sancionemos”.

El concepto de femicidio y los dichos de Milei en Davos

“Creo que no hay ninguna organización que defienda los intereses de la comunidad LGBTQ+ que promueva la pedofilia. Creo que hay ejemplos de pedófilos que son delincuentes aberrantes en todas las elecciones sexuales. El 89% de las víctimas de abuso sexual infantil lo son a mano de personas heterosexuales y de su vínculo intrafamiliar”, opinó Lospennato.

Por otro lado, al ser consultada por la iniciativa del Gobierno que propone, entre otras cosas, eliminar el concepto de femicidio, sostuvo: “No tiene chance de ser aprobado, pero no hay que rehuir a ningún debate. Si el Gobierno entiende que esta incorporación de este inciso del artículo 80 hay que eliminarlo, deberíamos entender sus motivos y escuchar a sus funcionarios”.

“Lo que se dijo hasta ahora es que el artículo implicaba legalizar de alguna manera que la vida de las mujeres es más valiosa que la de los hombres y eso no es así. Ninguno de los agravantes del artículo implica que una vida valga más que otra, sino que se entiende que hay circunstancias que un grupo social tenga una protección especial”, aclaró y cerró: “La figura del femicidio no se aplica a todas las muertes de mujeres, tiene que mediar la violencia de género. Siempre hay igualdad ante la ley, pero debería proteger al más desprotegido”.

Este martes representantes del oficialismo junto a funcionarios recibirán a jefes de bloques de la Cámara baja para avanzar en el cronograma de trabajo de las sesiones extraordinarias. La idea es ultimar detalles y, sobre todo, terminar de tantear cómo están los ánimos para conseguir la aprobación de las leyes que le interesan al Gobierno este verano. El trabajo en las comisiones se iniciará la próxima semana.

Así lo confiaron fuentes de La Libertad Avanza consultadas por parlamentario.com, que preparan lo que denominaron será una suerte de reunión de “pre labor parlamentaria”, a realizarse este martes a partir de las 17, de la que tomarán parte los jefes de bloques con los que el oficialismo espera conseguir los votos necesarios para aprobar los proyectos de ley que forman parte del temario de extraordinarias.

La cita será esta vez en el despacho del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en lugar de la Casa Rosada. Razón por la cual esta vez sí se espera la asistencia del titular del bloque Encuentro Federal, Miguel Pichetto, renuente a concurrir a la Casa de Gobierno, como dejó claro para la reunión del martes pasado a la que también estaba invitado y desistió de asistir argumentando que los temas legislativos se tratan en el Congreso. Lo mismo sucederá con un bloque más refractario a La Libertad Avanza como es el de Democracia para Siempre, que preside Pablo Juliano, y que resolvió este lunes en una reunión por Zoom concurrir a esta reunión por los mismos argumentos que Pichetto: “Nosotros siempre hemos dicho que los debates deben darse en el ámbito institucional del Congreso, por eso creemos que debemos estar”, señalaron fuentes de ese espacio consultadas, que aclararon que irán a escuchar el plan que tiene el oficialismo para sesionar en estas extraordinarias y darán su opinión. “Nada más que eso”, aclararon voceros de ese espacio que ya de por sí no apoyarán la derogación, ni siquiera la suspensión de las PASO. Sí tienen posiciones más cercanas con ficha limpia, aunque guardan muchos reparos al proyecto del Ejecutivo.

De tal manera, al encuentro convocado por Martín Menem y el presidente del bloque LLA, Gabriel Bornoroni, asistirán los mismos que ya concurrieron a la reunión de la semana pasada, más el resto de los bloques. No así Unión por la Patria y la izquierda, que son los sectores más opuestos a las propuestas oficiales.

De los funcionarios, no concurrirá esta vez el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, pero sí su vicejefe, José Rolandi. Probablemente también esté Lisandro Catalán, más la secretaria de Planeamiento Estratégico Normativo, María Ibarzábal Murphy. Además se contará con la presencia del secretario de Relaciones Parlamentarias e Institucionales, Oscar Moscariello.

Se delineará el cronograma de trabajo para extraordinarias, comenzando las reuniones de comisión el martes venidero, 4 de febrero. No se descarta que pueda haber una primera sesión esa misma semana, y otra la siguiente. Sucede que todos los proyectos que pasan por Diputados deben ir después al Senado y los tiempos están ajustadísimos, teniendo en cuenta que las extraordinarias concluyen el 21 de febrero.

Los temas centrales para la Cámara baja son la derogación de las PASO y el proyecto del Poder Ejecutivo de ficha limpia. Para el primero, madura la suspensión de las elecciones primarias para este año, y eso es algo que el oficialismo estaría aceptando, ya que no alanzarían los números para la derogación definitiva que se proponía originalmente y que quedaría así para más adelante, pensando en 2027. En cuanto a ficha limpia, voceros del oficialismo advirtieron que si bien a priori no debería ser un tema que generara mayores discrepancias, no aparece tan claro su destino y el mismo estaría en manos del bloque Encuentro Federal. De ellos dependería la aprobación o no de esta propuesta que sacaría de las elecciones a los condenados en segunda instancia.

Precisamente en la reunión de este martes quieren verificar en el oficialismo cuál es el estado de ánimo respecto de ese tema en un bloque tan diverso, donde persisten las diferencias no solo en ese proyecto, sino también con relación a las PASO. En efecto, allí conviven posturas como las de los socialistas, favorables a la continuidad de las primarias, y los cordobeses, partidarios de derogarlas.

Más allá de esos temas, los otros proyectos que deben pasar por la Cámara baja son la modificación del régimen de reiterancia; el juicio en ausencia, y el proyecto del Ejecutivo de compensación e índice de actualización de quebrantos, que también tendría objeciones, pero que no desvela al Ejecutivo.

Recordemos que las comisiones que deberán ser convocadas en la Cámara baja a partir de la próxima semana son las de Asuntos Constitucionales, la de Justicia, y la de Presupuesto y Hacienda.

Los legisladores de Unión por la Patria Eduardo Valdés, Roxana Monzón, Jorge Antonio Romero y Blanca Osuna presentaron sendos proyectos, que fueron cofirmados por 47 diputados lo que representa más de la mitad del bloque opositor, repudiando las declaraciones de persecución ideológica del presidente de la Nación, Javier Milei.

Estas iniciativas califican a las expresiones presidenciales como “violentas” e incompatibles con la Constitución Nacional y con el propio funcionamiento del sistema democrático.

El 21 de enero de 2025 en su cuenta de la red social “X” (ex twitter), el presidente Milei dijo: “Zurdos hijos de putas tiemblen” “No sólo no les tenemos miedo. Sino que los vamos a ir a buscar hasta el último rincón del planeta en defensa de la LIBERTAD”.

Respecto a estas declaraciones, uno de los proyectos sostiene: “Estos discursos son inaceptables, y promueven que nos apartemos del pacto democrático que tanto costó sostener. La idea, que creímos perimida, de que un adversario político es un enemigo nos remonta a nuestros peores tiempos y sólo puede traer caos y violencia a nuestra vida cotidiana. (...) El argumento de que esa violencia de las redes no se transmite a la realidad no es cierto. Siempre tiene su correlato en la realidad. De una forma o de otra. Si el discurso es violento, la práctica también lo será. Vivimos en un país cada vez más violento, en un mundo cada vez más violento, del cual forman parte esos discursos de odio”.

Los legisladores de Unión por la Patria advierten sobre el deterioro democrático a raíz de estas actitudes: “Es insólito que en un país que ha sufrido el terrorismo de estado, perpetrado por una de las dictaduras más sangrientas de la historia mundial, un presidente elegido democráticamente se anime a promover nuevamente estos discursos de persecución del oponente ideológico. La expresión ‘los vamos a ir a buscar hasta el último rincón’ es justamente lo que hizo la dictadura militar para perpetrar los delitos de genocidio y lesa humanidad ocurridos durante el periodo 1976-1983. Los fueron a buscar, los secuestraron, los desaparecieron, los torturaron y luego los mataron. Por eso, no se puede soslayar esta conducta gravísima realizada por el mismísimo presidente de la Nación”.

Otro de los puntos en común de estos proyectos es la crítica al avance del gobierno sobre las distintas minorías: “Las manifestaciones del presidente de la Nación implican un acto de provocación contra los más altos valores democráticos, como son la libertad de pensamiento y expresión, el respeto por el disenso, las minorías y el debate a partir de la pluralidad de voces”, sostiene los fundamentos de otro de los proyectos”.

“Los destinatarios de los discursos de odio han sido las minorías sexuales, las personas con discapacidad, los científicos, los pueblos originarios, periodistas, referentes de la cultura, dirigentes sindicales, funcionarios diplomáticos, los propios partidos políticos y sus dirigentes”, señalaron.

Por estas declaraciones, el presidente de la Nación ya ha recibido al menos dos denuncias en sede penal; una realizada por el abogado Gregorio Jorge Dalbón, por la presunta comisión de los delitos de amenaza, intimidación pública, apología del delito e infracción a la Ley contra la discriminación (arts. 149 bis, 211 y 213 Cod. Penal y Ley 23.592), y la otra denuncia impulsada por el titular de ATE, Daniel Catalano por persecución ideológica y por instigación a cometer delitos (art.209 Cod. Penal).

Los proyectos fueron acompañados entre otros, por los diputados, Daniel Gollán, Pablo Yedlin, Carolina Gaillard, Jorge Araujo, Andrea Freites, Sabrina Selva, Lorena Pokoik, Eugenia Alianello, Hilda Aguirre, Estela Neder, Victoria Tolosa Paz, Natalia Zabala Chacur, Nancy Sand, Ernesto Alí, Gabriela Pedrali, Ricardo Herrera y Juan Manuel Pedrini.

"En atención a la gravedad institucional de las declaraciones efectuadas por el presidente Milei, los repudios podrían ser expuestos en el recinto con motivo de las sesiones extraordinarias que puedan llegar a celebrarse en los próximos días", adelantaron.

Si bien el término “sesiones extraordinarias” es el que menciona la propia Constitución Nacional en sus artículos 99 y 100, el trabajo convocado por el Poder Ejecutivo de turno en los meses de diciembre, enero y febrero no se circunscribe solo a las sesiones, sino que refiere a toda la tarea legislativa, ya sea en el recinto, o -sobre todo- las comisiones.

Así las cosas, lo que se espera suceda en el verano no está circunscripto estrictamente a la actividad en los recintos, sino también a la tarea que deben desarrollar diputados y senadores en las comisiones respectivas, si es que los proyectos propuestos para su tratamiento no tienen los dictámenes correspondientes.

Puntualmente el Gobierno de Javier Milei ha mandado al Congreso un temario de 7 cuestiones, de las cuales cuatro están listas para llegar al recinto, mientras que otras tres deben hacer todo el recorrido correspondiente a cualquier ley. En ambas cámaras, lo que puede hacer más engorroso y hasta escueto el tiempo de cinco semanas dispuesto para debatirlos.

Dos de los proyectos están listos para ser tratados en el recinto de Diputados esta misma semana, pues de hecho habían sido incluidos en la última sesión que fracasó por falta de quórum. Hablamos de juicio en ausencia y el proyecto sobre reincidencia y reiterancia. Ambos temas formarán parte de la primera reunión de la Cámara baja, mientras que el proyecto de ley antimafias está en el Senado, con media sanción de Diputados y el dictamen correspondiente en esa Cámara.

En el Senado, juicio en ausencia deberá pasar por la Comisión de Justicia y la de Seguridad Interior y Narcotráfico. Esta última es presidida por la radical Carolina Losada.

El proyecto de reincidencia y reiterancia pasará solo por Justicia en el Senado.

El cuarto tema merece una consideración especial, pues refiere a los pliegos que requieran acuerdos para designaciones y promociones del Senado. Cuando hablamos de eso, está claro que se piensa en el tratamiento de los pliegos propuestos por el Ejecutivo para completar la Corte, Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla. Pero también pueden ser incluidos ascensos militares y pliegos judiciales, en cuyo caso debería ser convocada la Comisión de Acuerdos del Senado, que preside la senadora del Pro Guadalupe Tagliaferri, aunque no pareciera ser este el caso.  Todo indica que el Senado abrirá el recinto para debatir si aprueba o no a Lijo, y a continuación trataría sobre tablas el caso del jurista García-Mansilla.

Ahora vamos a los temas que arrancan de cero y deberían hacer el recorrido completo en ambas cámaras. Comenzando por la eliminación de las PASO, presentada como la reforma para el fortalecimiento electoral. Se trata de un proyecto del Poder Ejecutivo enviado al Congreso el 21 de noviembre del año pasado, que arrancará su camino en Diputados y deberá ser tratado antes de llegar al recinto por las comisiones de Asuntos Constitucionales, que preside Nicolás Mayoraz; la de Justicia, encabezada por Manuel Quintar, y Presupuesto y Hacienda, a cargo de José Luis Espert. Una vez aprobado, si eso sucede, debería pasar por las mismas comisiones del Senado.

En el caso de Asuntos Constitucionales, la presidencia de esa comisión en el Senado se encuentra vacante, pues era ostentada por el ya expulsado Edgardo Kueider. La vicepresidenta de esa comisión es la tucumana Sandra Mariela Mendoza, pero no se espera que asuma ella el cargo vacante. Tal vez podría ocupar ese sitial el senador Luis Juez, tan cercano ahora al presidente Javier Milei, más allá de que encabece la Comisión de Defensa, que podría dejar en ese caso.

También la reforma electoral debería pasar por Justicia y Asuntos Penales, que encabeza el riojano Juan Carlos Pagotto, y Presupuesto y Hacienda, presidida por Ezequiel Atauche.

Asuntos Constitucionales y Justicia serán las comisiones que deberán encargarse de tratar el proyecto del Poder Ejecutivo de ficha limpia, que ingresará a la Cámara baja este lunes; en tanto que el tercero de los proyectos que deberán hacer todo el recorrido legislativo por ambas cámaras es el de compensación e índice de actualización de quebrantos, también del Ejecutivo, que necesita dictamen de Presupuesto y Hacienda.

Así las cosas, siete comisiones de ambas cámaras son las que deberán ser convocadas a partir de este lunes para trabajar durante las próximas cinco semanas en las que el Poder Ejecutivo espera dar tratamiento a los siete temas propuestos para este verano.

La diputada nacional Vanina Biasi (Frente de Izquierda) denunció que este viernes la Cámara de Diputados “censuró” un evento que había sido convocado por el Comité de Mujeres del Kurdistán en reclamo por la libertad de Ocalan y más 10 mil presos políticos kurdos y por el cese de los ataques por parte del gobierno de Erdogan.

“A horas de que tuviera que realizarse el evento convocado, la Cámara de Diputados informa que no va a permitir su realización, en un claro acto de censura contra el derecho democrático y de libertad de expresión hacia el interior del Parlamento”, criticó Biasi.

Así, sostuvo: “Los diputados del Frente de Izquierda, aún con diferentes posiciones sobre el conflicto en curso en Oriente Medio, nos hemos solidarizado con estos reclamos democráticos de quienes nos solicitaron colaborar en la realización del evento, donde iban a expresarse incluso posiciones divergentes sobre el curso del conflicto y cuáles son las perspectivas para una salida favorable a las y los trabajadores del Kurdistán y toda la región”.

“Denunciamos que se trata de un grave precedente, pues se pretende imponer la censura, la regimentación y la persecución contra cualquiera que levanté la voz contra la represión política y en defensa de las libertades democráticas dentro del Congreso Nacional”, cerró.

Diputados del bloque de Unión por la Patria celebraron a través de las redes la caía de la sesión de este jueves en la Cámara baja que iba a tratar el proyecto de ficha limpia y apuntaron que solo era para “proscribir a CFK”.

El diputado Leopoldo Moreau expresó: “Hoy se frustró el intento mafioso de Macri de darle a sus jueces amigos de Comodoro Py la facultad de decidir a quién le dan ficha limpia o a quien se la ensucian para proscribirlo. En democracia deciden los votos de los ciudadanos y no los votos de los jueces amigos”.

En el mismo sentido, Vanesa Siley señaló: “Nuevamente el Pro, la Libertad Avanza, la UCR y aliados no consiguieron quórum para la media sanción de la denominada ‘ficha limpia’, un proyecto que pretende restringir la voluntad popular proscribiendo a la principal líder de la oposición: Cristina Fernández de Kirchner”.

Hugo Yasky compartió un video de expresión en minoría del diputado de la CC Juan Manuel López: “En menos de 1 minuto un diputado del opooficialismo realiza una confesión de parte para dejar en claro que el proyecto ‘ficha limpia’ con justicia corrupta sólo tiene un objetivo: proscribir a Cristina”.

¿Vieron que lo de ficha limpia era solo para proscribir a @CFKArgentina y por el cagazo de que les gane de vuelta? Si no me crees, acá te lo deja clarito @JuanmaLopezAR pic.twitter.com/kEOAqxW98R

— Tomás Ledesma (@tomiledesmaok) November 28, 2024

“Hoy se cayó Ficha Limpia, una iniciativa del Departamento de Estado para el exterminio político de los líderes populares en América Latina. Mientras te distraen con estas boludeces ilegales, los verdaderos corruptos, como el Toto Caputo y Macri, siguen robándose el país”, disparó Rodolfo Tailhade.

El dictamen de UxP sobre ficha limpia es realmente serio y no se sube al tren de la proscripción.

Si van a hablar, que sea con dictamen en mano y leído. De paso, la fundamentación es muy buena. A los periodistas les recomiendo que la lean también.

Proponemos que:
1) Los… pic.twitter.com/t3SOEWidRP

— Julia Strada (@Juli_Strada) November 28, 2024

Tras la sesión fallida de este jueves en Diputados para debatir el proyecto de ficha limpia que se cayó por falta de quórum, desde el bloque de la UCR conducido por el cordobés Rodrigo De Loredo, acusaron al oficialismo de frustrar el debate ya que 8 de sus diputados se ausentaron.

A través de un comunicado explicaron que “ficha limpia es una herramienta absolutamente simple y lógica que cualquiera entiende”, y apuntaron: “Pero con argucias y vericuetos, la política intenta sofisticar el debate para evitar la aprobación parlamentaria”.

“El oficialismo se ha ocupado, en su estrategia de ultra polarización, de fines electorales inmediatos, de que esto no prospere. Se ocupó de que se frustre por segunda vez en dos semanas algo que la sociedad argentina está pidiendo”, denunciaron.

Desde la bancada radical señalaron que “para acceder a cualquier trabajo normal hay que tener un prontuario en condiciones, pero para administrar los recursos de todos los argentinos se puede tener una condena en primera y segunda instancia y seguir siendo candidato”.

“El objetivo final de ficha limpia es que la corrupción deje de gobernar al país y vamos a seguir intentándolo”, anticiparon al cierre del texto.

Poco más de diez horas después de haber dejado el recinto tras una larga jornada en la que se aprobó el proyecto de ludopatía y apuestas en línea, los diputados son esperados a la Cámara para meterse de lleno en un nuevo debate no menor: una sesión que, a diferencia de la anterior, tiene varios temas previstos para debatir y cuyo quórum había sospechas de que podría estar en riesgo.

Ya desde la jornada anterior están plantadas las dudas. Este miércoles no fue difícil finalmente llegar al número 129 y sobrepasarlo con amplitud; pero para este caso habría muchas dudas respecto de que se pueda alcanzar el número suficiente. La sesión está convocada para las 10 y se sabe de la inflexibilidad del presidente del Cuerpo, Martín Menem, respecto de que el número debe ser alcanzado dentro de los 30 minutos siguientes a la hora de convocatoria. Sino, sesión en minoría.

Los temas a debatir

En el caso de ficha limpia, la iniciativa establece la prohibición para que personas condenadas por corrupción sean candidatas a cargos nacionales, impulsado por lo que fue Juntos por el Cambio y avalado por La Libertad Avanza, se espera tenerlo sancionado lo antes posible.

En palabras de integrantes del oficialismo y los bloques aliados, este proyecto apunta para que la inhabilitación correrá “desde que exista sentencia condenatoria, aunque no se encuentre firme, siempre y cuando resulte confirmada por un órgano judicial de instancia superior, hasta su eventual revocación o, en su caso, cumplimiento de la pena correspondiente”.

En virtud de la iniciativa sobre el nuevo marco legislativo que aborda los conceptos de reiterancia y reincidencia, su propone la modificación de los artículos 50 y 58 del Código Penal, donde se centra en redefinir la reincidencia y establecer la reiteración delictiva como un factor clave en el proceso judicial.

La iniciativa define la “reincidencia como toda persona que ha sido condenada dos o más veces a penas privativas de libertad, siempre que la primera condena sea firme. En caso de unificación de condenas, la pena resultante se calculará como la suma de las penas impuestas”.

En tanto, denomina “reiteración delictiva” cuando “se introduce como un nuevo concepto que se refiere a situaciones en las que una persona enfrenta múltiples procesos penales simultáneamente. A partir del primer llamado a declarar, se considera a la persona imputada, lo que puede llevar a la imposición de medidas de coerción más estrictas”.

Además, se establece que se podrán aplicar medidas de coerción en casos donde se hayan cometido delitos contra personas o propiedades en el marco de la libertad de expresión.

El proyecto de ley para garantizar el voto por correo postal de los argentinos que residen en el exterior establece que los ciudadanos argentinos que residen fuera del territorio de la República son titulares del derecho a votar en todas las instancias de las elecciones nacionales que deciden cargos efectivos en iguales condiciones que los ciudadanos residentes en el país.

De ese modo, el Poder Ejecutivo Nacional será responsable de garantizar los medios económicos, organizativos y tecnológicos necesarios para el pleno cumplimiento de este derecho. A su vez, la Cámara Nacional Electoral será la responsable de establecer el número de las mesas electorales de cada sede, respetando el límite máximo de 1.000 electores por mesa.

En cuanto a juicio en ausencia, la modificación al Código en el artículo 104 propone que “el imputado tendrá derecho a hacerse defender por abogado de la matrícula de su confianza o por el defensor oficial siempre que ello no perjudique la eficacia de la defensa y no obste a la normal sustanciación del proceso”.

De igual manera, establece: “La declaración de rebeldía no suspenderá la investigación ni las resoluciones que deban dictarse hasta la elevación a juicio. Si fuere declarada durante el juicio, este se suspenderá con respecto al rebelde y continuará para los demás imputados presentes, salvo en el caso de los supuestos previstos en el Capítulo V del Título II del Libro III de este Código”.

A su vez, este proyecto señala que el juicio en ausencia será aplicable únicamente en aquellas causas en las que se investigue: Delitos previstos en Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional; previstos en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas; Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos O Degradantes; y el Código Penal.

A cuatro días del final del período ordinario, diputados de cuatro bloques intentarán rechazar el decreto de necesidad y urgencia 846/24, que establece modificaciones en la forma de canjear deuda.

Con ese objetivo presentaron este miércoles un pedido de sesión para el próximo martes a las 15, a fin de tratar el decreto de necesidad y urgencia N° 846/24, que habilita al Ministerio de Economía a realizar canjes para títulos en cualquier moneda sin los requisitos de la Ley de Administración Financiera y sin pasar por el Congreso.

Según pudo saber parlamentario.com, en caso de que haya quórum, se va a pedir la prórroga de las sesiones ordinarias, en base al proyecto de resolución presentado este martes por el bloque Democracia para Siempre, a fin de tener más tiempo para sancionar el Presupuesto 2025.

El tratamiento de este proyecto figuraba en el temario de la sesión del martes de la semana pasada, que fracasó por falta de quórum. En esa oportunidad se había incluido el tratamiento del proyecto de ley de reforma de la Ley 26.122, que reglamenta los decretos de necesidad y urgencia. Ahora ese tema no figura.

La sesión fue pedida por miembros de cuatro bloques. Por Unión por la Patria, firman Germán Martínez, Cecilia Moreau, Paula Penacca, Itai Hagman, Carlos Heller, Graciela Parola, Gabriela Pedrali, Ariel Rauschenberger, Julia Strada y  Pablo Todero.

Por Encuentro Federal están Emilio Monzó, Nicolás Massot, Esteban Paulón, Margarita Stolbizer, Mónica Fein y Oscar Agost Carreño. Y por Democracia para Siempre están Pablo Juliano, Marcela Coli, Carla Carrizo y Danya Tavela, Fernando Carbajal. También firma el santacruceño Sergio Acevedo.

Al cabo de una jornada intensa y con clima enrarecido en Diputados, consecuencia del anuncio oficial de suspender el debate del proyecto de Presupuesto 2025, estaba muy en duda la posibilidad de llevar adelante este miércoles la sesión pedida la semana pasada para tratar un tema muy esperado por muchos, como es el de Ficha Limpia.

En rigor, el pedido fue hecho por del Pro y La Libertad Avanza como Cristian Ritondo, Gabriel Bornoroni, Silvana Giudici, Silvia Lospennato, María Eugenia Vidal y Nicolás Mayoraz, entre otros. Y además de Ficha Limpia, el temario incluye el nuevo marco legislativo que aborda los conceptos de reiterancia y reincidencia, como así también el proyecto de ley para garantizar el voto por correo postal de los argentinos que viven en el exterior.

Si bien se llegó a este martes con muchas dudas respecto de la posibilidad de firmar el dictamen para la ley de leyes, no dejó de causar sorpresa que la reunión fuera directamente desactivada, y el anuncio de José Luis Espert abriendo la posibilidad de un llamado a extraordinarias para tratar la ley de leyes, habida cuenta de que ya no podrá ser tratado en este período ordinario.

Recordemos que este miércoles vencen los tiempos para dictaminar en las comisiones, y como eso no ha sucedido con el Presupuesto, solo resta la posibilidad de que el Gobierno convoque a extraordinarias.

El mayor enojo corre por cuenta de los gobernadores, sorprendidos este martes con la suspensión del debate. Por eso los diputados relacionados con mandatarios provinciales fueron los primeros en expresar su enojo y anticipar que no tenían disposición a dar quórum este miércoles. Para ellos, la prioridad es el Presupuesto.

Alineados con los gobernadores de Salta, Misiones y Río Negro, los diputados de Innovación Federal dejaron claro que no darán quórum para esta sesión.

Los de Encuentro Federal resolverán este miércoles por la mañana, pero trascendió que solo bajaría Margarita Stolbizer, quien ha militado desde siempre el proyecto de Ficha Limpia. Los radicales de Democracia para Siempre sí estaban dispuestos a bajar, pero por la tarde trascendió que habían decidido que no lo harían, a pesar de que uno de sus miembros, Fernando Carbajal, es autor de uno de los dictámenes. Tendrían decidido que sean los del Pro y La Libertad Avanza los que se ocupen de conseguir el quórum.

Sin Innovación Federal ni los de Encuentro Federal, no llegarían al quórum; aun si estuvieran los de Democracia para Siempre, quienes como hemos dicho están muy en duda. Así que todos los caminos parecerían conducir a una sesión frustrada.

Una señal que confirma estas prevenciones la dio al caer la noche el bloque del Pro, con un comunicado en el que anticiparon que ellos estarán este miércoles en sus bancas y esperan “que el resto de los bloques también lo hagan”.

“Esta es una iniciativa que venimos impulsando hace años en conjunto con la sociedad civil, y estamos ante una oportunidad histórica de hacerlo. No dar quórum es darle la espalda a la sociedad. Quienes no ocupen sus bancas estarán jugando a favor de los corruptos”, advirtieron.

Recordaron los diputados del Pro que en la misma sesión incluyeron la modificación del Código Penal sobre la reiterancia, “para que los delincuentes no salgan por la puerta giratoria con la que muchas veces son beneficiados”, y prevén tratar el proyecto para facilitar el derecho al voto de los argentinos en el exterior.

Lo cierto es que tampoco tiene buenas chances una eventual sesión el jueves, en este caso la pedida por la oposición para debatir la reforma de la ley que reglamenta los DNU, y el decreto 846 sobre el canje de deuda. De hecho, los diputados que la habían pedido para la semana pasada no la ratificaron, aunque hay que decir que el martes pasado habían solicitado una “prórroga” para este jueves. Por cuestiones reglamentarias, eso quedó en duda: Martín Menem dio por caída la sesión del martes de la semana pasada, así que no podría hablarse de “prórroga”…

Como sea, es difícil que esta eventual sesión se haga, pues los gobernadores mantienen su postura de privilegiar el tratamiento del Presupuesto, y prefieren que eso siga siendo un elemento de presión al Gobierno… aunque el Gobierno no se sienta demasiado aludido.

En caso de rechazar la oposición el DNU 846/24, el Gobierno necesitaría contar con el proyecto de presupuesto que mandó al Congreso, uno de cuyos artículos incluye las facultades que ese decreto de necesidad y urgencia le brinda. Cierto es que si la oposición rechazara ese decreto la semana que viene, no tendría tiempo para tratarlo en el Senado; pero tampoco hay chances de que la Cámara alta se reúna para hacerlo, así el rechazo fuera consumado esta semana.

El proyecto de Democracia Sindical naufragó este martes en Diputados al no reunir la cantidad de firmas necesarias (16) para que el dictamen pueda llegar al recinto y ser debatido, ya que contó con el rechazo del bloque Encuentro Federal, liderado por Miguel Ángel Pichetto, quien argumentó: “El Gobierno se planteó un objetivo ambicioso, me parece que no alcanza con un debate meramente parlamentario”.

El presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo, Martín Tetaz (UCR), tenía esperanzas de reunir las 16 firmas y alzarse con el despacho, pero todo se truncó porque, según contó a parlamentario.com, "no se respetaron los compromisos pautados que había".

Cabe recordar que el oficialismo también había frenado la iniciativa cuando abrieron un frente de diálogo con la cúpula cegetista y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que se realizó el 1° de octubre pasado en la Casa Rosada. Dos semanas después, ante la postura libertaria, Tetaz tuvo que suspender los encuentros de comisión. A raíz de ello, se incorporaron al dictamen “muchas de las propuestas impulsadas por nuestro espacio y forma parte central de nuestra agenda parlamentaria”, según habían comunicado desde LLA.

El dictamen de Democracia Sindical condensaba un total de 28 proyectos que iban en la misma sintonía que, entre otros puntos, postulan la cantidad de períodos en los que pueden ser elegidos los representantes sindicales, la forma de dicha elección, la participación de las minorías, la perspectiva de género, la libertad de obra social, y la forma de financiamiento de los sindicatos incluida la discusión de las cuotas sindicales. Por su parte, UP no había presentado dictamen de rechazo.

No fue casualidad que el titular del bloque Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto se hiciera presente en la comisión, sino que ingresó en lugar de la cordobesa Alejandra Torres, quien había participado intensamente en las demás reuniones aportando modificaciones que fueron tomadas en cuenta para el dictamen final.

Por esa maniobra, el presidente del bloque radical, Rodrigo de Loredo, apuntó contra el gobernador de su provincia Martín Llaryora: “El gobernador retiró a una diputada nacional de la Comisión de Legislación del Trabajo para que entre otro en su lugar, y así otorgar el voto decisivo en contra del proyecto que impulsamos que propone entre otras cosas terminar con los privilegios de los gremios, sus reelecciones indefinidas, eliminar la obligatoriedad de la cuota solidaria, y obligarlos a que presenten declaraciones juradas… Llaryora reniega en público de Cristina, pero cuando no lo miran juega para el kirchnerismo”.

Por Llaryora se cayó la reforma sindical. El gobernador retiró a una diputada nacional de la Comisión de Legislación del Trabajo para que entre otro en su lugar, y así otorgar el voto decisivo en contra del proyecto que impulsamos que propone entre otras cosas terminar con los…

— Rodrigo de Loredo (@rodrigodeloredo) November 19, 2024

En la misma sintonía, Tetaz contó a este medio que tenía el compromiso con Torres -que hizo varias sugerencias de modificaciones al dictamen- cuando no contaban con las firmas de los libertarios. “Nosotros habíamos negociado y ella estaba dispuesta a acompañar con alguna disidencia parcial y Agustín Domingo (Innovación Federal) no iba a venir. Ese compromiso teníamos. Para la segunda ronda Pichetto la cambia a Torres y viene él para mantener el acuerdo con los gremios”, relató y apuntó contra Pichetto: "Tenía un acuerdo político para bloquearnos”.

El rechazo de Pichetto

Al hacer uso de la palabra, Pichetto anticipó su rechazo y planteó: “Este Congreso ha hecho un esfuerzo extraordinario, un abordaje en el marco de las relaciones laborales donde hemos sacado una ley que fue ratificada por el Senado que tenía por objetivo tratar de mejorar el ingreso de los trabajadores al mundo del trabajo”.

“Hemos eliminado las multas, ampliado el periodo de prueba, hemos incorporado un sistema voluntario de los sindicatos lo que tiene que ver con el sistema de cese sindical. Me parece que estos tres elementos son muy importantes para un año parlamentario donde el Gobierno se planteó un objetivo ambicioso, pero que para abordar este tema que tiene con la reforma de las organizaciones sindicales, me parece que no alcanza con un debate meramente parlamentario”, fundamentó su postura.

Pese a que hubo reuniones informativas, el titular de Encuentro Federal expresó: “Es imprescindible llamar a los representantes de las organizaciones sindicales. Hay algunas experiencias que han sido muy frustrantes en la vida argentina de querer abordar esta temática y les ha ido mal a los gobiernos”.

FOTO: HCDN

“Esto no se puede hacer sin los actores del mundo del trabajo. Me parece que es fundamental hacer una convocatoria más amplia y, además, tener un determinado consenso para llevar adelante una reforma de esta naturaleza. También se requiere poder político”, apuntó y resaltó que el Gobierno tiene “límites” en el Congreso.

Pichetto cerró su intervención ratificando su voto negativo: “Hay que agotar otra discusión y otro debate con el Gobierno, con los representantes de los sindicatos. Todos estos debates requieren de una amplitud de discusión mucho más amplia que lo limitado de este espacio parlamentario”.

De la vereda de enfrente, el titular de la comisión le enrostró que han hecho dos reuniones informativas en las que han venido representantes de la CGT y sectores gremiales.
“Hemos dado un debate profundo sobre el tema”, le remarcó.

El debate

En la misma sintonía, el diputado del FIT el jujeño Alejandro Vilca expresó su rechazo y denunció que detrás “de la libertad sindical se esconde una clara intención de la intervención del Estado sobre las organizaciones de los trabajadores”.

“Nosotros podemos tener muchas críticas a los dirigentes sindicales, de hecho, lo hemos expresado contra la CGT, pero eso no justifica a que se quiera avanzar sobre la organización de los trabajadores, sobre su libertad sindical, sobre las medidas”, justificó Vilca y criticó que el Gobierno avanza sobre los derechos de los trabajadores y “toma medidas en favor de los empresarios”.

La radical Soledad Carrizo manifestó: “Hemos discutido estos temas más de tres meses. Soy autora de un proyecto desde el 2016 y se llegó a una unificación de un dictamen muy bueno. Es importante pasar a la firma del despacho y quedaremos en esta Argentina mostrando quiénes estamos del lado de las reformas que necesariamente necesitamos a hacer y quienes se oponen al status quo”.

FOTO: HCDN

Por el contrario, el dirigente sindical de la Bancaria y diputado de UP, Sergio Palazzo, aclaró que no han presentado dictamen de rechazo y desafió a Tetaz: “El que tiene que juntar las 16 firmas es usted”.

“No acompañamos la posición del proyecto presentado porque entendemos que se vulnera el principio de autonomía sindical consagrado en el convenio 87 la OIT. No es ningún cargo poder defender ese principio. Las asociaciones sindicales pueden libremente pactar cuota solidaria porque el sistema sindical argentino, inclusive, es distinto al sistema sindical en otros lugares del mundo”, argumentó

“El sistema sindical argentino implica que la organización sindical defiende, no solo al afiliado, sino también al no afiliado y los comprende a todos en un convenio colectivo. Por eso existe la cuota de solidaridad”, planteó Palazzo. Sobre la prohibición de reelecciones indefinidas expresó: “Es un tema que vulnera los principios del convenio 87 de libertad sindical. Las convocatorias de elecciones, las declaraciones juradas”, reiteró y cerró: “Es un tema que tienen que resolver los afiliados de la organización sindical y no nosotros con una ley que vulnera el principio de libertad sindical del convenio 87”.

De la otra vereda, el presidente del bloque radical, Rodrigo De Loredo, manifestó: “Para nosotros esta probablemente sea una de las reformas por la que más bregamos durante todo este año”, y señaló que “una de las pocas reformas que se mantiene perenne, estática, cristalizada, justamente la organización de los gremios”.

“En la historia de nuestro país nos hemos acostumbrado que la representación gremial de los trabajadores pertenezca a una expresión política. Es un dato de la realidad hace mucho tiempo”, indicó y resaltó que “esta modernización de la legislación vinculada a los sindicatos nos parece que le hace un aporte que es absolutamente indispensable en el devenir institucional y democrático de la argentina”.

FOTO: HCDN

Desde el Pro, la santafecina Germana Figueroa Casas sostuvo: “Más allá de lo ya mencionado sobre sospechas de corrupción o enriquecimiento ilícito, estamos en un país que hay un 50% casi de gente que no tiene esa representación y está trabajando en la informalidad sin nadie que los defienda”.

“¿Por qué negarse a que haya una renovación? ¿por qué tiene que estar eternamente los mismos los mismos nombres, los hijos de los mismos y etcétera? siempre como como jefes de esos sindicatos, como directivos de esos sindicatos. ¿No podemos pensar realmente que puede haber algo mejor? ¿no vale la pena probar algo distinto?”, planteó.

Al cierre, el titular de la comisión destacó el “esfuerzo extraordinario de los bloques de esta cámara” para poder “dar mayor competitividad al proceso electoral de los gremios, para tratar de aportar más transparencia y para tratar de darle más libertad a los trabajadores de elegir si es que quieren hacer aportes o no quieren hacerlos, para el sostenimiento de sus organizaciones y si quieren o no quieren recibir distintos tipos de descuento en su recibo de sueldo”.

Así, anunció: “Hemos conseguido 15 firmas. No alcanzan para hacer un dictamen. La inmensa mayoría de la población argentina sigue esperando que le pongamos un límite a las reelecciones indefinidas de los sindicatos. No es equiparable la situación de un sindicato con la de cualquier espacio de la organización civil porque tienen las obras sociales sindicales que manejan”.

“Lamentablemente no alcanzaron los números en esta oportunidad, ya vamos a trabajar o seguir trabajando para poder construirla”, concluyó.

Actualización y repotenciación de los créditos laborales

Por otro lado, se trató la actualización y repotenciación de los créditos laborales del cual confluyeron tres dictámenes: uno de mayoría que reunió 15 firmas, uno de minoría y otro de rechazo del FIT.

En este sentido, en representación del dictamen de mayoría, Sergio Capozzi (Pro) explicó que "este proyecto trata de poner certeza, permitirá no solo recomponer y adecuar el crédito original en un reclamo de índole laboral, sino también, otorgará previsibilidad y seguridad jurídica”.

Por su parte, en representación de la minoría, Sergio Palazzo (UP) señaló que “vamos acompañar la propuesta del diputado Ávila porque entendemos exigua la tasa del 3%, creemos que la norma tiene que tener alcance a los juicios en trámite o con sentencia no confirmada para que su crédito laboral se actualice”.

En contrapartida, Alejandro Vilca (FIT), presentó un dictamen de rechazo: “Cuando hablamos de créditos, lo que buscan es ponerle limite desfavorable para el trabajador, es perjudicial”.

A un día del cierre de comisiones, la titular de la Comisión de Pequeñas y Medianas Empresas de Diputados, Mónica Fein (Partido Socialista), lamentó no haber podido consensuar un proyecto de ley PyMES.

La breve reunión se llevó a cabo bajo la utilización del artículo 108 del reglamento que establece que “las comisiones necesitarán para funcionar de la presencia de la mayoría de sus miembros; pero luego de transcurrida media hora desde la establecida en la convocatoria, podrán, con la asistencia de por lo menos la tercera parte de sus componentes, considerar y despachar los asuntos consignados en la citación correspondiente”.

La diputada santafecina expresó: “Hemos tenido distintos proyectos y hemos escuchado a las distintas instituciones que tienen que ver con las PyMES. Lamentablemente, más allá de los esfuerzos realizados, no hemos podido consensuar un proyecto en común”.

“Seguiremos trabajando el año próximo, pero no queríamos que terminara este año sin sacar algunas propuestas y resoluciones que están en la comisión y comprometernos a seguir trabajando los proyectos más de fondo que muchas identidades estuvieron aquí han expresado y a quienes les debemos alguna respuesta”, se comprometió y bregó poder “encontrar el año próximo las condiciones para acercarnos a algunas de las propuestas que las instituciones han solicitado”.

"Si bien el oficialismo se había comprometido a tener una ley durante 2024, que contemple al rubro para fomentar la producción y el empleo -ya que quedaron fuera de los beneficios de Ley Bases- los proyectos nunca llegaron", sostuvo la santafecina y sumó: "Es fundamental que desde el Congreso avancemos con una legislación que acompañe el esfuerzo y el trabajo de las PyMeS que son el motor de la economía de nuestro país".

Al leer el temario, Fein comunicó que el diputado Juan Carlos Polini solicitó el retiro del proyecto de su autoría que le pedía al Ejecutivo que disponga de exceptuar a las PyMES del cumplimiento de la Resolución 3/2024 de AFIP porque “se resolvió el tema, ese expediente nos ha solicitado no considerarlo”.

“Todos los proyectos han tenido algunas modificaciones producto del trabajo de los asesores, pero no de fondo se ha respetado el espíritu”, acotó Fein.

Por su parte, el diputado Daniel Arroyo (UP) explicó su iniciativa para adherir al “Día internacional de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas - mipyme -”, que se conmemora el 27 de junio de cada año.

“Es un proyecto muy básico que es adherir al Día Internacional a las Microempresas para reforzar la idea de la necesidad de trabajar en un proyecto integral de ley PyME. Creo que ha habido avances, no solo de quienes vinieron sino de diferentes bloques. El año que viene tiene que haber una ley pyme que tome el tema laboral, impositivo y créditos como grandes ejes”, manifestó.

La autora del proyecto para expresar preocupación por la situación económica de las micro, pequeñas y medianas empresas del país, la santafecina Florencia Carignano (UP), afirmó: “Es importante el proyecto teniendo en cuenta las últimas declaraciones del presidente de la Nación donde descartó beneficios para PyMES que prometió cuidar los beneficios de los grandes empresarios y cuestionó los incentivos a medianas y pequeñas empresas”.

En esa línea, se dirigió a Javier Milei: “Le quiero decir al presidente que ‘los chiquitos’ como él los llama son los dadores del trabajo en este país de más del 97%. Hay que cuidar a los chiquitos, porque nadie nace siendo grandes”, y cerró: “Más de 16.500 PyMES se cerraron en el país desde que está Milei, 10.000 desde los primeros seis meses. Mínimo desde el Congreso tenemos que generar preocupación”.

Por último, Fein concluyó: “Hay un desafío porque, así como este Congreso pudo generar un régimen especial para grandes empresas, tenemos pendiente poder hacer una ley PyME y nos pidieron todas las instituciones que vinieron.  Queremos expresar nuestro compromiso a tener una ley PyME el año que viene que son el 93% de las empresas que tenemos en el país y este congreso le debe un reconocimiento”.

También pasaron a la firma un proyecto Yamila Ruiz para expresar beneplácito por el reconocimiento de mujer empresaria en internacionalización empresarial otorgado a Lorena Gruber, de la localidad de el Dorado, provincia de Misiones

Otro de Fein y Esteban Paulón para declarar de interés de la Cámara baja a la pyme primera línea s.r.l por el lanzamiento de ECOBIZ, primer medio de información sobre desarrollo sustentable, economía circular y empresas b de Argentina.

También un proyecto del diputado Tomás Ledesma para declarar de interés de la Cámara de Diputados la “Expo industrias y servicios”, a realizarse del 22 al 24 de octubre de 2024, en el predio ferial la rural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por último, una iniciativa de Margarita Stolbizer, Fein y Paulon que solicitan informes al Ejecutivo sobre diversas cuestiones relacionadas con el fondo tecnológico argentino y el fondo nacional de desarrollo productivo para fomentar la productividad de las pequeñas y medianas empresas.

Tras conocerse la condena a la expresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, se oficializó este viernes el pedido de sesión especial en Diputados para tratar en el recinto el proyecto de Ficha Limpia la próxima semana.

La solicitud a sesionar fue impulsada por parte de los jefes de bancada del Pro, Cristian Ritondo, y de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, más los diputados nacionales Silvana Giudici, Silvia Lospennato, María Eugenia Vidal, Nicolás Mayoraz, Gabriel Chumpitaz, Ana Clara Romero y Patricia Vásquez, entre varios más, para el próximo miércoles 20 de noviembre a las 12.

Completan el temario, el texto sobre el nuevo marco legislativo que aborda los conceptos de reiterancia y reincidencia; y el proyecto de ley para garantizar el voto por correo postal de los argentinos que residen en el exterior.

Respecto al proyecto de ley de ficha limpia, que establece la prohibición para que personas condenadas por corrupción sean candidatas a cargos nacionales, impulsado por lo que fue Juntos por el Cambio y avalado por La Libertad Avanza, se espera tenerlo sancionado lo antes posible.

En palabras de integrantes del oficialismo y los bloques aliados, este proyecto apunta para que la inhabilitación correrá “desde que exista sentencia condenatoria, aunque no se encuentre firme, siempre y cuando resulte confirmada por un órgano judicial de instancia superior, hasta su eventual revocación o, en su caso, cumplimiento de la pena correspondiente”.

La puesta en debate del tema no es casual, ya que si se sanciona durante este periodo legislativo la expresidenta de la Nación y titular del PJ no podrá postularse como candidata en las próximas elecciones tras conocerse la condena de la Cámara de Casación por la causa vialidad.

El resto de los proyectos del temario

En virtud de la iniciativa sobre el nuevo marco legislativo que aborda los conceptos de reiterancia y reincidencia, su propone la modificación de los artículos 50 y 58 del Código Penal, donde se centra en redefinir la reincidencia y establecer la reiteración delictiva como un factor clave en el proceso judicial.

La iniciativa define la “reincidencia como toda persona que ha sido condenada dos o más veces a penas privativas de libertad, siempre que la primera condena sea firme. En caso de unificación de condenas, la pena resultante se calculará como la suma de las penas impuestas”.

En tanto, denomina “reiteración delictiva” cuando “se introduce como un nuevo concepto que se refiere a situaciones en las que una persona enfrenta múltiples procesos penales simultáneamente. A partir del primer llamado a declarar, se considera a la persona imputada, lo que puede llevar a la imposición de medidas de coerción más estrictas”.

Además, se establece que se podrán aplicar medidas de coerción en casos donde se hayan cometido delitos contra personas o propiedades en el marco de la libertad de expresión.

Finalmente, el proyecto de ley para garantizar el voto por correo postal de los argentinos que residen en el exterior establece que los ciudadanos argentinos que residen fuera del territorio de la República son titulares del derecho a votar en todas las instancias de las elecciones nacionales que deciden cargos efectivos en iguales condiciones que los ciudadanos residentes en el país.

De ese modo, el Poder Ejecutivo Nacional será responsable de garantizar los medios económicos, organizativos y tecnológicos necesarios para el pleno cumplimiento de este derecho. A su vez, la Cámara Nacional Electoral será la responsable de establecer el número de las mesas electorales de cada sede, respetando el límite máximo de 1.000 electores por mesa.

En la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia, presidida por la diputada Carolina Yutrovic (UP), se firmó un dictamen de mayoría y otro de minoría, con la unificación de distintos proyectos destinados a la modificación de la Ley de Defensa del Consumidor -Ley 24.240-. Tienen giro a otras comisiones.

Se trata de la norma que propone un Régimen de atención personalizada a personas usuarias y consumidoras, con el fin de que “todas las empresas deberán disponer de un servicio de atención a la persona usuaria-consumidora que sea gratuito, eficaz, inclusivo”, así como también, del proyecto que establece “un sistema de resolución de conflictos en las relaciones de consumo”, vinculado a los consumidores que se encuentren en situaciones de vulnerabilidad en razón de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas-culturales.

Desde Encuentro Federal Oscar Agost Carreño, uno de los autores de la norma para modificar la Ley de Defensa del Consumidor, en lo que se refiere a la atención del usuario por parte de los proveedores, aseveró: “Es fundamental que las empresas mejoren su atención y no generen daños al consumidor”. “Tenemos que evitar la práctica en la que incurren muchos proveedores, consistente en imposibilitar o dificultar la atención humana ante los requerimientos del consumidor”, detalló el diputado.

Por su parte, la diputada Alida Ferreyra (LLA) informó: "Nosotros vamos a presentar un dictamen de minoría".

Luego, el director de Defensa del Consumidor y Arbitraje de Consumo, dependiente de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, Leonardo Lepíscopo, se refirió a los proyectos en cuestión y opinó que “si bien la Ley de Defensa del Consumidor amerita una actualización, los proyectos presentados son loables, pero no dejan de ser parches". En ese sentido, informó: “Tenemos un anteproyecto con una visión más integral y holística, que se pueden complementar y corregir parlamentariamente".

Respecto al sistema COPREC (Servicio de Conciliación previa en las relaciones de Consumo), el responsable de Defensa del Consumidor, señaló: “Saneamos y ordenamos su funcionalidad y estamos tratando de reperfilar el trabajo de la autoridad de aplicación”.

También participaron de la reunión, representantes de la Unión de Mediadores Prejudiciales.

Cabe mencionar que, en el marco de comisión, el diputado Beltrán Benedit (LLA) fue designado para ocupar una secretaria que estaba pendiente de designación.

La diputada nacional Carla Carrizo, del bloque Democracia para Siempre, presentó un proyecto de resolución para crear una Comisión de Ética y Disciplina en la Cámara de Diputados de la Nación destinada a elaborar recomendaciones sobre orden, ética, transparencia y el buen comportamiento de los legisladores.

"Lo que ocurrió ayer en el plenario de 5 comisiones entre la diputada nacional Silvana Giudici del Pro y el diputado Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica, mientras se debatía sobre ludopatía en niños y adolescentes en el país lamentablemente no es ya una excepción o un caso aislado sino que últimamente se ha transformado en una práctica que muestra agresión y violencia verbal en lugar de discusión informada y tolerancia que es lo que la casa de las leyes debería transmitir a la ciudadanía", agregó la diputada radical.

La nueva comisión, que debería funcionar dentro de la Comisión de Asuntos Constitucionales, estaría integrada por 15 miembros designados en representación de los distintos bloques y entenderá en todo asunto relacionado con las facultades disciplinarias de la Cámara en los términos del artículo 66 de la Constitución Nacional y en los deberes de comportamiento ético de los diputados vinculados a las inobservancias de la Ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública.

Además, necesitará para funcionar de la mayoría absoluta de sus miembros, adoptará sus acuerdos con la mayoría de sus integrantes y se reunirá ante la convocatoria que realice el presidente de la Cámara o de la Comisión de Asuntos Constitucionales. La facultad disciplinaria prevista por el artículo 66 de la Constitución Nacional, deberá por supuesto sustanciarse atendiendo a los principios de legalidad, debido proceso, defensa en juicio, presunción de inocencia y proporcionalidad o razonabilidad de la sanción.

“No se representa de cualquier modo porque, en democracia, la autoridad debe poder enseñar.  Y no alcanza con ser honesto. Uno puede ser honesto y al mismo tiempo ser violento. Y la agresión verbal, como todos lo ven, existe en el Congreso Nacional. Lo increíble es que a 40 años de democracia no funcione en el Congreso Argentino, como sí funciona en otros países democráticos, una comisión de ética y disciplina que penalice distintas formas de agravios, ofensas y formas de maltrato entre diputadas y diputados y entre diputados y personal a cargo", expresó Carla Carrizo.

“Necesitamos urgente un espacio institucional que penalice el mal comportamiento porque hoy no existe esa estructura en la Cámara, y no hay un ámbito donde se puedan canalizar denuncias y fijar reglas, límites y sanciones”, finalizó Carrizo.

El proyecto cuenta con las firmas de los diputados Carla Carrizo, Manuel Aguirre, Danya Tavela, Marcela Ántola, Mariela Coletta, Marcela Coli y Fernando Carbajal.

La Comisión de Discapacidad de Diputados, presidida por Daniel Arroyo (UP), se reunió este martes y emitió dictamen del proyecto que establece una asistencia económica mensual para personas con discapacidad que practiquen deportes federados y fue girado a la Comisión de Presupuesto y Hacienda para su firma definitiva, ya que cuenta con despacho de la Comisión de Deportes.

El texto reza: “Atento a los indiscutibles beneficios que el deporte apareja para dichas personas, para su entorno y para la sociedad toda, porque posibilita su integración social, el mantenimiento de una salud plena y su desarrollo integral”, según explica la norma.

La iniciativa es impulsada por la diputada Karina Bachey (Pro) quien remarcó que el proyecto “no está orientado al resultado, sino a la asistencia y apoyo al proceso del deportista con discapacidad”. “A través del deporte, las personas con discapacidad pueden encontrar el máximo protagonismo mostrando sus habilidades y destrezas, con el fin de incluirnos entre todos”, puntualizó.

En la reunión de la Comisión de Discapacidad de @DiputadosAR marqué cinco cuestiones muy graves que ocurrieron en este último año en relación a los derechos de las personas con discapacidad. pic.twitter.com/e6RN6paKYx

— Daniel Arroyo (@LicDanielArroyo) November 12, 2024

Además, pasaron a la firma una batería de proyectos de resolución y declaración. Tres de ellos, de resolución, que le solicitan al Poder Ejecutivo diversas cuestiones.: uno de María Sotolano (Pro), que disponga realizar campañas de bien público destinadas a fomentar la adopción de niñas, niños y adolescentes con discapacidad o grupos de hermanos.

Otro corresponde a Martín Aveiro (UP) para que disponga dar cumplimiento al artículo 30 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptada por Ley 26.378; y el de Marcela Coli (Democracia para Siempre) sobre pensiones no contributivas otorgadas por la Agencia Nacional de Discapacidad.

Al referirse a su proyecto, la diputada Coli, aseveró que “en muchas familias hoy lo ven como una preocupación y no como un beneficio que les fue otorgado como corresponde”. En esa línea, señaló que “debemos tener la información necesaria y adecuada para transmitir tranquilidad y transparencia”.

También, avanzaron seis proyectos para declarar de interés de la Cámara de Diputados de la Nación a: la realización del "I Encuentro Nacional de Deporte y Discapacidad Visual", que se realizará del 14 al 16 de junio de 2024 en la localidad de San Isidro, de la provincia de Buenos Aires; a la vigésimo primera edición de la competencia internacional de tenis de mesa para personas con discapacidad, “Copa Tango”, que se realizó del 11 al 13 de octubre de 2024, en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, de CABA; a “CaféLSA”, primera cafetería en lengua de señas argentina ubicada en la provincia de Salta; a los servicios de la Red Interuniversitaria de Discapacidad (RID); a las actividades de la fundación sin fines de lucro “Valentino”, cuyo objeto es acompañar a familias de niños y niñas que padecen o padecieron Síndrome de West y patologías similares; y a la 1° expo inclusiva "Por un Jujuy más amigable", realizada el 12 y 13 de octubre de 2024 por la fundación "Infancias Jujeñas".

Como autora del proyecto, Natalia Sarapura (UCR) se refirió a la 1° expo inclusiva "Por un Jujuy más amigable", y lo consideró como “un reconocimiento a aquellos esfuerzos que realizan personas para visibilizar la necesidad de una sociedad que respete los derechos y un Estado que los garantice”.

La diputada Victoria Tolosa Paz (UP), habló sobre su iniciativa para la fundación sin fines de lucro “Valentino” manifestando que “es importante llevar la voz porque creemos que muchas veces son invisibilizadas”.

Asimismo, luego de unificarse diecisiete iniciativas, se pasó a la firma el proyecto que busca expresar beneplácito por la participación de la delegación argentina en los “Juegos Paralímpicos 2024”, que se desarrollaron París del 28 de agosto al 8 de septiembre de 2024. En ese mismo sentido, avanzaron las normas que expresan beneplácito por la participación del pampeano Joshua Ricardo en el "Torneo Nacional de Golf Adaptado"; y a la destacada participación del nadador paralímpico Bautista Bal, en los Juegos Olímpicos para personas con Síndrome de Down "Trisome Games" realizados en Antalya, Turquía.

En otro orden, se firmó el proyecto de resolución que expresa preocupación por la desafectación de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) de la órbita de la Secretaría General de la Presidencia. También una iniciativa que adhiere al Día Internacional de las Personas con Discapacidad, declarado el 3 de diciembre por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1992.

Un plenario informativo de las comisiones de Energía y Combustibles y de Industria, presididas por las diputadas nacionales Lorena Villaverde (LLA) Y Ana Clara Romero (Pro) respectivamente, se reunieron este martes para continuar con el debate del marco normativo para la industria del hidrógeno de origen renovable y de bajas emisiones y sus derivados.

Durante el encuentro, expuso virtualmente Alejandro Aguirre, ministro de Energía de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, que hizo un resumen del diseño que vienen desarrollando en la provincia que “históricamente es productora de gas”.

“El alto potencial que tenemos en generación eólica nos hace pensar en cómo transformar esa energía en un vector para transportarla fuera de Tierra del Fuego o utilizarla dentro de nuestro territorio”, manifestó.

“Desarrollamos una hoja de ruta del hidrógeno y para ello buscamos socios activos en Tierra del Fuego, sobre todo empresas hidrocarburíferas que estaban pensando en la transición”, detalló el funcionario fueguino, al tiempo que agregó: “También, trabajamos con educación ambiental, la capacitación y formación de recursos humanos”.

Al referirse al proyecto de ley, Aguirre afirmó que “es imprescindible tener un marco normativo” al considerar que es una norma que “demanda la actividad y pensando a futuro”. Asimismo, destacó que “se incluya no solo al hidrógeno verde sino también al de baja de emisiones y que se pueda promover todo tipo de inversiones”.

Con respecto a las observaciones que tiene sobre el proyecto, el funcionario fueguino especificó que “tienen que ver con la generación del fondo relacionado a la ley donde debería contemplarse el aporte de capital de parte de los privados para aumentarlo y que tiendan a la innovación y la tecnología”. En la misma línea, instó a “la participación de las provincias en algún esquema de decisiones o de aportes de opiniones; y lo referido al contenido nacional en la capacidad de mano de obra local”.

Previamente, la comisión de Energía y Combustibles había realizado una primera reunión donde expusieron el secretario de Energía de la Nación, Eduardo Rodríguez Chirillo; la subsecretaria de Transición y Planeamiento Energético de la Secretaría de Energía de la Nación, Mariela Beljansky; el gobernador de Chubut, Ignacio Torres; el embajador de la Unión Europea en Argentina, Amador Sánchez Rico; el presidente del Centro de Estudios de la Actividad Regulatoria Energética (CEARE-UBA), Raúl Bertero; y desde la Cámara Eólica Argentina (CEA), Héctor Ruiz Moreno.

El Gobierno logró frenar la sesión especial solicitada para este martes en Diputados que tenía como objetivo darle tratamiento al dictamen que busca reformar la Ley 26122 de DNU. Al respecto, el diputado nacional Juan Fernando Brügge del bloque Encuentro Federal –uno de los espacios que pidió la sesión- explicó los motivos que llevaron a pedir la postergación del encuentro para la próxima semana.

En diálogo por DTV, Brügge manifestó: “Somos los promotores de esta sesión especial y estamos justamente con despacho de mayoría para modificar la Ley 26.122 que es inconstitucional y produce un desequilibrio en lo que es la división de poderes”.

“Estábamos dispuestos para sesionar, pero aparentemente los otros bloques que también han firmado el pedido no cuentan con algunos de sus legisladores que no han podido venir”, detalló y sumó: “Se va a pedir una postergación de la sesión especial para la semana que viene y veremos si se junta el quórum para darle tratamiento”.

El cordobés planteó que “este es el juego de la democracia”, y respaldó: “Entendemos que la modificación de la ley es muy necesaria. No solo por los antecedentes que hay, sino porque en un esquema de equilibrio y de respeto por las libertades de las personas”.

“Las reglas en la democracia tienen que ser claras y, si no nos adecuamos al esquema de división de poderes que establece la Constitución, van a ser los jueces quienes en definitiva van a tener que resolver y se va a judicializar la política lo cual no es bueno para el refuerzo de las instituciones ni tampoco es una buena imagen para dentro y fuera del país”, consideró.

El diputado de EF justificó: “El Pro adelantó que no iba a dar quórum, la LLA tampoco, parte del radicalismo aliado al Gobierno de la mano de De Loredo tampoco iba a dar quórum por lo tanto recaía sobre UP, Encuentro Federal, el FIT y la Democracia para Siempre y otros parlamentarios provinciales”.

Brügge sostuvo que “ha habido casos de ausencias que no han podido estar presente por lo que el quórum estaba ajustado y por eso pedimos la postergación para la semana que viene. Quienes no pudieron estar por diferentes motivos estén y así avanzar con el quórum propio y dar el debate”.

“El Parlamento es para debatir. Esto del quórum o no quórum es una mala práctica que venimos arrastrando de varios periodos legislativos que nada bien le hacen al país”, criticó.

Debió multiplicarse Martín Menem el fin de semana, pues más allá de la actividad partidaria que siguió cumpliendo junto a Karina Milei, recorriendo provincias donde van extendiendo a La Libertad Avanza (fue el turno de Chaco, Corrientes y Formosa), el presidente de la Cámara baja gastó el teléfono trabajando para tratar de desactivar la sesión pedida por la oposición para este martes. No es nada fácil.

Atento a las dificultades de conseguir semejante objetivo, que dependerá de la capacidad de influencia que puedan tener los gobernadores con los diputados que les respondan, el jefe de Diputados cumple con el relato que el oficialismo contrapone contra la intentona opositora. Fundamentalmente con la modificación de la ley que reglamentó en 2006 la utilización de los decretos de necesidad y urgencia. Así, Menem sostuvo este fin de semana que “la Ley 26.122 que ‘repentinamente’ quieren modificar, TIENE CASI 19 AÑOS DE VIGENCIA. Quienes promueven esto SE VALIERON de la misma cuando fueron gobierno. Solamente QUIEREN COMPLICAR al actual GOBIERNO  Priorizan sus intereses y SE OLVIDAN UNA VEZ MAS DE LA GENTE”.

Las mayúsculas corresponden a su cuenta de la red social X.

Los convocantes para la sesión de este martes son 18 diputados que corresponden a cuatro bloques que, sumando sus miembros, dan justo 129. A saber: Encuentro Federal (16), Democracia para Siempre (12), Unión por la Patria (99) y Por Santa Cruz (2).

A ellos, podrían sumarse sin dudas a los 5 de la izquierda (Vanina Biasi viene reclamando incluir en el temario al megadecreto 70/23) y muy probablemente a la Coalición Cívica (6).

Pero nada es tan lineal y menos en política. Los bloques tienen vida interna propia y eso implica que más de uno podría no estar de acuerdo con sumarse a la sesión. Convengamos, de paso, que solo darán quórum aquellos diputados que están interesados en que ambas propuestas del temario sean aprobadas, lo cual implica que, si la sesión arranca, la derrota del Gobierno estará asegurada.

De ahí que quienes se ocupan de hacer el poroteo parten de ese número inicial mencionado (129) para restar aquellos que puedan hacer bajar. Partiendo de los que respondan a los gobernadores. De los 16 de Encuentro Federal, el oficialismo podría esperar un gesto de al menos 3 de los 5 cordobeses. No incluyen a Natalia de la Sota, que suele votar siempre en contra del Gobierno, aunque esta vez llamó la atención que no estuviera entre los firmantes de la convocatoria. Tampoco a Juan Brügge, que sí firmó el pedido de sesión.

También aspiran a la eventual ausencia de Jorge Ávila y Francisco Morchio, alineados con los gobernadores de Chubut y Entre Ríos, respectivamente.

Le llamó la atención al ofiicalismo que tampoco firmara la convocatoria el presidente de ese bloque, Miguel Pichetto, pero el Gobierno no se ilusiona con él, a quien tanto viene fustigando sobre todo el presidente.

De la docena que compone el bloque de radicales disidentes, Democracia para Siempre, no se esperan deserciones, más allá de que la radical Melina Giorgi esté alineada con el gobernador Maximiliano Pullaro. También Jorge Rizzotti está con su gobernador Carlos Sadir (Jujuy), quien ya cumpliría restándole al quórum a Natalia Sarapura, que sigue en el bloque UCR. El otro diputado con gobernador es el chaqueño Juan Carlos Polini, que justamente estuvo enfrentado con el gobernador Leandro Zdero en las primarias del año pasado, pero se alineó con su vencedor, quien además preside el partido a nivel provincial.

El santacruceño Sergio Acevedo firmó el pedido de sesión, no así su compañero de bloque, José Luis Garrido. No sería la primera vez que ambos integrantes del bloque Por Santa Cruz se diferencian a la hora de votar.

Del bloque Unión por la Patria, aquellos diputados que están bajo la lupa son los catamarqueños. De los 4 que integran el bloque de la principal oposición, 3 son los que se han diferenciado en ocasiones del resto del bloque: Fernanda Ávila (la única integrante de UP que estuvo la semana pasada en Estados Unidos), Dante López Rodríguez y Sebastián Nóblega. Curiosamente (o no) Silvana Ginocchio se mantiene alineada con el resto del bloque que conduce Germán Martínez.

A priori, no hay mucho más para el Gobierno entre lo que pueda confiar. Serían 8 bajas que podría asegurar, aunque no alcanzarían para voltear la sesión. Porque como hemos dicho, a los 129 de los bloques convocantes habría que sumar a los 5 de la izquierda y a algún radical (especulando con que ese bloque decida no sumarse este martes), como Julio Cobos, que el fin de semana ya anunció su voto a favor de la reforma de la Ley 26.122. También al monobloquista Mario Barletta. Y por lo menos a algunos de la Coalición Cívica, que si bien no se sumaron a la convocatoria opositora, cuentan por ejemplo con la anuencia de Maximiliano Ferraro, que defendió esa modificación de la ley de los DNU el fin de semana.

A la hora de votar, también podrían sumarse desde el Pro Alvaro González y Héctor Baldassi.

Una alternativa que también podría llegar a darse en la sesión de este martes sería “la vía salomónica”. Esto es, la media sanción de la reforma de la ley de los DNU, cuya aprobación definitiva en el Senado quedaría para el año que viene y el presidente vetaría en ese caso, y el “no rechazo” del decreto 846/24, de canje de deuda.

Ese último punto es el que más preocupa al Gobierno, como ya lo anticiparon, y es allí donde podría llegar a diferenciarse el número de diputados suficientes como para que esa herramienta clave para el ministro de Economía el año que viene, con tantos vencimientos de deuda, quedara a resguardo. El argumento que pondría a muchos a resguardo sería el de que la inclusión del decreto 846 en el temario fue una imposición del kirchnerismo.

En la antesala a la sesión especial convocada por diputados de Encuentro Federal, el radicalismo díscolo, Unión por la Patria y el santacruceño Sergio Acevedo para este martes, el bloque del Frente de Izquierda envió una nota solicitando a sus pares el acompañamiento para ampliar el temario.

La sesión fue convocada para considerar un temario que incluye la reforma de la Ley 26.122, correspondiente al Régimen Legal de los Decretos de Necesidad y Urgencia, como así también el DNU 846/24 correspondiente al canje de deuda.

Sin embargo, los cinco integrantes de la izquierda pidieron a los diputados convocantes que agreguen al temario el rechazo al DNU 70/2023 y explicaron: “Motiva esta solicitud la urgencia de completar el demorado tratamiento parlamentario iniciado en el mes de marzo de este año en el Senado de la Nación para rechazar definitivamente este mega DNU”.

Al respecto, calificaron el decreto como “ilegal e inconstitucional que concentra un compendio de agravios contra el pueblo trabajador cuya derogación definitiva traerá bienestar a los sectores que se encuentran afectados por su alcance”.

⚠️ PRÓXIMA SESIÓN EN DIPUTADOS: Tenemos una oportunidad para tirar el DNU 70

Los diputados del @FdeIzquierda enviámos una nota a los diputados convocates de la sesión del martes, pidiendo que se agregue al temario el rechazo al decreto 70/2023...👇🏻 pic.twitter.com/bJiiNjcVHZ

— Vanina Biasi (@vaninabiasi) November 11, 2024

Este lunes 11 de noviembre se celebra el Día del Empleado Legislativo Nacional en Argentina. Esta fecha fue establecida en el año 1995 por la Ley 24.600, que regula el Estatuto y Escalafón del personal del Congreso de la Nación.

La elección del 11 de noviembre se debe a que ese día de 1852 se llevó a cabo la primera reunión preparatoria de la Asamblea Constituyente de 1853.

“Saludamos y felicitamos a todos los empleados legislativos en su día, reconociendo su compromiso y dedicación en el cumplimiento de sus funciones”, celebró la Secretaría Administrativa de la Cámara baja, que recordó que con motivo de esta fecha especial, se dispone asueto para el día 11 de noviembre de 2024 conforme RC 12/2012. Las áreas que cumplen con servicios esenciales cubrirán sus funciones como en un día feriado, a fin de garantizar la atención mínima necesaria.

La Cámara de Diputados difundió en las redes un mensaje en el que les rinde homenaje a todos los trabajadores legislativos en su día, ya que desde cada una de sus tareas fortalecen la vida parlamentaria de nuestro país.

📆| DÍA DEL EMPLEADO LEGISLATIVO

Hoy le rendimos homenaje a todos los trabajadores legislativos en su día, ya que desde cada una de sus tareas fortalecen la vida parlamentaria de nuestro país.#LibertadYDemocracia pic.twitter.com/Hb5EzV2vAK

— Diputados Argentina (@DiputadosAR) November 11, 2024

El diputado de La Libertad Avanza Nicolás Mayoraz envió “un saludo muy especial a los empleados legislativos en su día que con profesionalismo y dedicación nos ayudan a trabajar para que la Argentina vuelva a ser un gran país”.

En el mismo sentido, la expresidenta de la Cámara de Diputados Cecilia Moreau expresó su saludo “en este día a todos los trabajadores y trabajadoras del Poder Legislativo Nacional que, con su labor, esfuerzo y compromiso diario, hacen posible el funcionamiento de Diputados”.

Mi saludo en este día a todos los trabajadores y trabajadoras del Poder Legislativo Nacional que, con su labor, esfuerzo y compromiso diario, hacen posible el funcionamiento de @DiputadosAR.

🩷🏛️ pic.twitter.com/X6Or8Js0az

— Cecilia Moreau (@ceciliamoreauok) November 11, 2024

El senador nacional riojano Fernando Rejal posteó en su cuenta de X: “¡Feliz día del empleado legislativo! Su dedicación y profesionalismo hacen posible la democracia”.

Su comprovinciano de la otra Cámara Ricardo Herrera dijo que “en el Día del Empleado Legislativo, mi reconocimiento por la tarea y dedicación diaria en las funciones que realizan, destacando el compromiso y la responsabilidad que guían el desempeño laboral”.

“Un saludo especial a quienes me acompañan en Diputados”, agregó.

“Muchas gracias a cada trabajador y trabajadora legislativa por hacer posible que debatamos, deliberemos y fortalezcamos la democracia. El mayor de los homenajes!”, expresó por su parte el diputado socialista Esteban Paulón.

También saludó a los trabajadores la senadora Juliana di Tullio, quien envió “un fuerte abrazo a todos los empleados y empleadas legislativas en su día y el agradecimiento por su labor diaria en el Senado. También me solidarizo con aquellos trabajadores/as que sin reconocer sus derechos fueron despedidos. El Congreso no podría funcionar sin las tareas que realizan”.

El organigrama que el oficialismo había difundido de manera informal en los últimos días se modificó sustancialmente conforme se aproximaban las fechas previstas en el mismo. Lo que se esperaba era un esquema organizado en el que se contemplaban cuentas pendientes propias para el oficialismo y para con sus aliados más fieles -una y una al menos-, más el tradicional tratamiento del proyecto del presupuesto, cambió súbitamente.

Puede que esa alteración haya estado motivada en la arremetida final en el recinto de Diputados (por tratarse de fin de año y quedar solo tres semanas para el final del período ordinario), pero las señales muestran atisbos de una actitud deliberada en el sentido que parece estar siendo trazado por el oficialismo.

Digamos todo: el oficialismo ya tiene todo lo que deseaba para este primer año legislativo, que le debería dejar un gusto dulce, más allá de algún claroscuro. En materia de leyes, no podía pedir más con una composición tan escueta en ambas cámaras. Pero hasta en materia de promesas electorales debe darse por cumplido: cuenta con la Ley de Bases, más chica que la propuesta original, pero suficiente; y ha logrado resistir los débiles embates contra el mega decreto de necesidad y urgencia 70/23, que incluye innumerables modificaciones y es la génesis argumental para el embate contra la Ley 26.122, que reglamenta los DNU. Con eso puede darse más que por hecho en 2024, y si lo apuran, también para 2025.

En diálogos privados, las fuentes oficiales aclaran que las dos premisas que llevaron a La Libertad Avanza hasta el poder eran bajar la inflación y más seguridad, y eso lo dan por logrado. No hubo promesas electorales de orden legislativo, al menos de primera generación, y en la materia hicieron lo que podían hacer y más.

En el debe, ponen sí el no haber podido completar la composición de la Corte Suprema, pero quienes escuchan a esos voceros legislativos intuyen que esa sigue siendo una materia pendiente, mas no abandonada.

Llama la atención que en este análisis parcial no entre la aprobación del Presupuesto 2025, cuando el propio presidente Milei pareció darle preponderancia al ocuparse personalmente de presentarlo en el Congreso. Visto a la distancia, hoy esa puesta en escena no parece haber sido más que eso. Contrariando todas las tradiciones -a estas alturas, un clásico libertario-, poniendo al presidente en un lugar que debió haber ocupado el ministro de Economía, sin la obligación de recibir preguntas, y a este último exceptuándolo del trámite de ir a la comisión respectiva.

Llamó la atención que el oficialismo se tomara su tiempo para dar inicio al tratamiento del proyecto. Después de la presentación, se anticipó que dejarían libre la segunda mitad del mes, para arrancar recién con el debate en octubre. Llegado el mismo, se salteó la primera semana, dedicándola al inicio de otro debate coyuntural, el de la privatización de Aerolíneas.

También sonó extraño que en ese cronograma se hablara de reuniones semanales de la Comisión de Presupuesto, dejando casi sin tiempo el debate puntual entre los legisladores. El desfile de funcionarios fue en definitiva escueto, con eclécticos informes de funcionarios que salvo la presentación inicial de Carlos Guberman y Pablo Quirno, desviaron el eje de la discusión hacia orillas diversas.

Mientras tanto, se desarrollaban en otras oficinas diálogos con legisladores de aquellas bancadas que deberían brindar los votos para la aprobación del proyecto, siguiendo el esquema desarrollado en la etapa exitosa del debate de la Ley de Bases. Pero con diferencias: ni fue con todos, ni fue continuo, ni pareció productivo. Tampoco pareció cumplir su objetivo el “debate en espejo” prometido con senadores. Salvo la presencia de los senadores Bartolomé Abdala y Ezequiel Atauche en esas charlas privadas, y la aislada de algunos senadores interesados en las escasas reuniones de Presupuesto y Hacienda realizadas, no da la sensación de que cuando el proyecto llegue a la Cámara alta no despierte el interés modificatorio de un número importante de senadores, como sucedió con Bases.

Claro que para que eso suceda, antes debería haber una media sanción. Y a esta altura eso está en veremos.

Van dos semanas sin que la comisión que preside José Luis Espert se reúna. Y para la próxima, el tema sigue sin aparecer en la agenda. Esas ausencias abonan las dudas que crecen, de la mano de los dichos de voceros principalísimos del Gobierno que soslayan la importancia de contar con el presupuesto y dan crédito a la creciente sospecha de que, por primera vez en la historia, una administración prorrogará dos veces seguidas el último texto aprobado.

Llaman la atención también las suspensiones. Primero, la de una conferencia de prensa convocada sorpresivamente para el 30 de octubre para hacer “importantes anuncios” en torno al Presupuesto 2025. La suspensión se anunció diez minutos antes de las 17.30, hora prevista para la reunión. Se supo que el levantamiento obedeció al rechazo de los diputados del Pro, al enterarse de que allí se anunciaría la disposición a redireccionar hacia la educación, partidas provenientes de los fondos destinados a los partidos políticos. Una medida inconsulta, dejaron trascender legisladores aliados. La conferencia de prensa no fue reprogramada.

La semana pasada, también sorpresivamente para unos días en los que se había anticipado que no habría encuentros relevantes por estar buena parte de los legisladores en Estados Unidos, se anunció la reanudación del tratamiento del presupuesto, con la presencia del ministro de Salud. Un día antes, también se suspendió, por problemas de agenda. Sonó inquietante que al anunciarse el impasse, se hablara de “suspensión hasta nuevo aviso”.

Tampoco volvió a reunirse la “mesa de los lunes”, que junta a diputados del Pro y el MID con funcionarios y legisladores de La Libertad Avanza. La última vez que se hizo ese cónclave estuvieron también los radicales... E inmediatamente después vino la ruptura de ese bloque.

Todo el mundo sabía que la oposición buscaría convocar a debatir la reforma de la ley que reglamenta los DNU, que para eso se apuró su dictamen. Para respetar acuerdos, no se intentaría hacerlo la semana que pasó, pero sí lo intentarían para la que viene. Y era de manual que no lo harían en el marco de la reunión formal que se esperaba pidiera el oficialismo para el miércoles 13, sino en una sesión especial que solo requiriera conseguir el quórum.

Sí sorprendió que al conocerse el temario del pedido hecho para este martes 12, se incluyera el tratamiento del decreto 846, sobre canje de deuda. Se sabía que ese objetivo estaba en la mira de los senadores de Unión por la Patria, pero finalmente lo impusieron sus diputados. El oficialismo acusó el impacto y, mientras se abocaba a tratar de desactivar esa reunión, dejó de lado la sesión que informalmente había programado para este miércoles. Podrá decirse que lo hizo ante la certeza de que no tendría los votos para aprobar la privatización de Aerolíneas Argentinas, tema insignia para esa sesión. Pero lo que queda claro es que prefiere mantener las puertas del recinto cerradas, pues tampoco convoca para tratar “ficha limpia”, un tema acordado fundamentalmente con sus socios del Pro. Proyecto que, por otra parte, fue dejado de lado en la sesión del 2 de octubre pasado, que se limitó a ley antimafias y Boleta Única de Papel.

En privado, fuentes oficiales admiten que no los desvela aprobar “ficha limpia”, que eso no estaba en sus propuestas electorales, como así tampoco la Boleta Única, y así y todo la aprobaron. Habrá que ver cómo reaccionan sus aliados del Pro ante el desaire, pues les queda claro que el oficialismo prefiere congelar un proyecto que de ser ley dejaría fuera de carrera a Cristina Kirchner, quien esta semana se espera sea condenada en segunda instancia, quedando así inhibida para ser candidata en caso de transformarse en ley el dictamen aprobado en Diputados.

Ya estaba claro que ese proyecto no regiría para las próximas elecciones, pues con la demora ¿deliberada? en Diputados, los tiempos ya no daban para la aprobación en el Senado. Y tratándose de un proyecto de orden electoral, no debería ser tratado el año que viene, de elecciones. Todos saben que si se tratara de un proyecto de interés del oficialismo, podría ser incluido en un temario acotado de extraordinarias. Eso no sucederá.

El presupuesto también podría tratarse en extraordinarias, de ahí que no debiera haber tantas dudas… pero ya el Gobierno se ocupó de decir y reiterar que no las convocará. Y no hay porqué dudar de semejante insistencia.

Se esperaba que esta semana se diera esa última sesión en Diputados para tratar otros temas, dictaminar el presupuesto y llevarlo al recinto esta semana. Y en una prórroga de ordinarias, hacer un debate exprés en el Senado.

Pero ya esta semana no se vislumbra la reanudación del debate del presupuesto en comisión, más aún si la oposición le asesta una derrota al oficialismo este martes de una semana ya poblada de reuniones de comisión, encima corta por el asueto del Día del Trabajador Legislativo, este lunes.

En una semana que lo tuvo como protagonista, al quedar designado ante la bicameral de Control de los Fondos de la Seguridad Social y del GPA con Brasil, el diputado misionero Martín Arjol, uno de los radicales aliados al Gobierno, anticipó el voto en contra de la reforma de la Ley de DNU.

La postura fue comunicada a través de un extenso posteo en su cuenta de “X” tras el pedido de sesión especial para el próximo martes que presentó el bloque comandado por Miguel Pichetto, el radicalismo díscolo, Unión por la Patria y el santacruceño Sergio Acevedo con el fin de tratar la reforma a la ley que regula el trámite de los decretos del Poder Ejecutivo en el Congreso, del cual se firmaron un dictamen de mayoría de UP, DpS y EF, y otros tres dictámenes de minoría: el de LLA, de rechazo, al que no adhirieron sus socios amarillos; el de la Coalición Cívica y el de la Unión Cívica Radical, encabezado por Karina Banfi.

Arjol adelantó que junto con los “radicales peluca” Pablo Cervi, Luis Picat, Mariano Campero y Federico Tournier, sumado a Francisco Monti, van a “rechazar el dictamen del kirchnerismo”, y explicó que su posición tiene tres ejes: “Equilibrio fiscal, dejar gobernar y respeto por las instituciones”.

En ese sentido, remarcó: “Esta posición nos ha traído conflictos internos; es lo que menos nos importa”. Se refiere al pedido de expulsión del bloque que hubo luego de que votaran en contra de la ley de financiamiento universitario y tras la foto en Casa Rosada lo que conllevó a la ruptura de la UCR tras la salida de una docena de diputados que conformaron el espacio Democracia para Siempre bajo la conducción de Pablo Juliano.

“El Gobierno de Milei ha enfrentado dos intentos de desestabilización financiera: jubilados y universidades”, recordó y advirtió que “se viene un tercer intento de desestabilización institucional, esta vez: los DNU.

El diputado misionero aclaró. “No somos libertarios. Somos radicales que quieren que a este Gobierno le vaya bien para que a la Argentina le vaya bien. Dar gobernabilidad a Milei para que lleve adelante su plan económico es el objetivo”.

Así, destacó: “Tenemos el riesgo país más bajo en seis años. Tenemos el dólar a $ 1.200. En diciembre del año pasado la inflación estaba en 25,5%; hoy quizás perfore el 3 %. No retrocedamos”, y ratificó su postura: “Por eso, nosotros bancamos el discurso de equilibrio fiscal”.

Arjol explicó que para que un DNU sea rechazado se requiere que las dos cámaras se expidan y apuntó: “Los K pretenden que baste con el rechazo de una sola Cámara y que pierda vigencia si no es ratificado en un plazo de 90 días”, lo que calificó como “una locura inconstitucional”.

Para la media sanción de la reforma de la Ley 26.122 se requieren 129 votos (mayoría absoluta). Sumando a todos los integrantes de los bloques que realizaron el pedido, más el santacruceño Acevedo (que se ha diferenciado en ocasiones de su compañero de bloque José Luis Garrido), los opositores reúnen 128, uno menos de los 129 que se requieren para el quórum. Será clave si bajan al recinto los miembros del Frente de Izquierda o la Coalición Cívica, que tiene su propio dictamen sobre el tema.

“Coincidimos en que debemos limitar esta herramienta”, consideró, pero resaltó que “el DNU está previsto en la Constitución; le permite a un jefe de Estado legislar en circunstancias excepcionales”.

Arjol señaló que “la Argentina era un tren bala camino a la hiperinflación. Y ningún presidente en la historia de este país tuvo tanta debilidad parlamentaria como Milei”. En esa línea, comparó que “Néstor Kirchner gobernó con 236 DNU. Alberto Fernández con 177. Cristina Fernández con 78. Milei lleva cinco”, aunque en realidad lleva firmados más de 40 decretos de ese tipo.

“El kirchnerismo, que hizo del Congreso una escribanía, ahora es republicano. Agarran un tema noble (otra vez) para voltear al Gobierno”, denunció y retomó las palabras de su par Francisco Monti: “Gran parte del arco político argentino ha bregado durante 30 años por la continuidad de los DNU. Ahora abrazan otra biblioteca jurídica”.

“Así de simple vamos apoyamos a la Argentina. Y queremos que no vuelva el kirchnerismo. Que No Vuelva Mas”, cerró su posteo en redes que acompañó con la foto de los cinco radicales rebeldes que se sacaron en Casa Rosada ocasionando la posterior ruptura del bloque.

Un plenario de las comisiones de Economía y de Análisis y Seguimiento de Cumplimiento de Normas Tributarias y Previsionales de la Cámara de Diputados se reunió este miércoles para escuchar la opinión de un puñado de investigadores, rectores universitarios y economistas sobre las perspectivas y el impacto del Presupuesto 2025.

El encuentro se llevó a cabo en el Anexo “C” bajo el tema “Argentina 2025: Perspectivas Económicas y Tributarias”. El titular de la Comisión de Economía, el pampeano Ariel Rauschenberger (UP) explicó que “el objetivo es recabar la opinión de expertos y especialistas sobre el impacto que tiene para el 2025 el Presupuesto desde el punto de vista macroeconómico y tributario que afecta a distintos actos de la realidad política y económica y social del país”, la reunión se dividió en tres bloques: Ciencia, Tecnología y Universidades; Centros de Estudios Económicos e impacto en provincias; y Sistema cooperativo.

El encargado de abrir la ronda de expositores fue el investigador del CONICET Agustín Salvia quien detalló que “Argentina viene padeciendo un problema estructural de empobrecimiento de clases medias y una marginación de sectores más pobres, pero esto no nace del actual contexto ni régimen económico. Esto se viene acumulando hace décadas que han sido muy corrosivas en la economía de alta informalidad con muy pocas capacidades productivas, producción de trabajos muy precarios y alta marginalidad laboral”.

En esa línea, precisó que la clase media viene experimentando un proceso de “deterioro en su capacidad de ahorro y de inversiones”. “Pensar un presupuesto para el próximo año en términos de diagnóstico socioeconómico es pensar que Argentina no es homogénea ni regional ni social”, analizó.

“La proyección es que la situación mejore si Argentina baja la inflación como viene sucediendo, sin que produzca desempleo y mejoras en el nivel de actividad en los sectores de consumo y de producción. Para el mercado interno la situación es recesiva. Es de esperar al año que viene una reactivación y una mayor tasa de crecimiento económico”, avizoró.

En esa línea, advirtió: “Pero nos vamos a encontrar con valores de pobreza del 40%, indigencia del 15% lo que habla de una Argentina que sigue teniendo problemas estructurales en materia de inclusión y de capacidad de incorporar a la población al mercado formal”.

“Hoy necesitamos romper la reproducción intergeneracional de la pobreza. Si bien necesitamos de un crecimiento económico que permita la creación de empleo para que las propias familias puedan invertir en su propio capital y desarrollo humano, también necesitamos que el Estado tenga capacidad de inversión en infraestructura social para romper ese circuito y que las provincias también hagan su trabajo. Eso implica una fuerte inversión en salud, educación y protección”, consideró.

Salvia sostuvo que los programas sociales son “insuficientes” para lograr ese objetivo y que “no son la medida educada para atender la transferencia de ingresos y resolver estos problemas”, y cerró: “Esto es grave en el país no en el actual contexto, se viene padeciendo este problema hasta en los gobiernos de (Mauricio) Macri y Cristina (Kirchner). Hay que crear inversión y trabajo e inversión en capital humano y no burbujas ficticias de consumo”.

Luego fue el turno de Oscar Alpa, rector de la Universidad de La Pampa, quien expresó que la realidad del sistema universitario desde la economía del país implica que “históricamente el sistema universitario era el 0,8% del PBI cuando otros países tienen un arancel y están por arriba del 0,9%. Ahora estamos en un 0,4% del PBI”.

“El sistema científico y técnico que, muchas veces se visibiliza en el CONICET cuya base está en las universidades públicas y hoy la disminución de lo que implica el CONICET y el Ministerio de Ciencia y Tecnología repercute directamente en lo que es el sistema de investigación de Argentina y en el sistema universitario y su relación con el futuro de la economía del país”, alertó.

Así, señaló que Argentina tiene más de dos millones y medio de estudiantes universitarios con un porcentaje menor y “calidad de graduados que es algo que ni siguiera se pone en discusión de que nuestros graduados son recibidos en cualquier empresa de Europa porque el nivel de la calidad universitaria de Argentina es enorme”.

Alpa indicó que el porcentaje del PBI “bajó casi a la mitad debido a la reducción del salario real de más del 50% y el salario docente y no docente el 90% del Presupuesto universitario”, y contó que mantuvo una reunión con embajadores alemanes quienes se sorprendieron por la baja inversión en ciencia y técnica y “Estaban muy extrañados por la baja en las universidades”.

“Desde diciembre de 2021 venimos trabajando con 7.1 de política universitaria que hace mucho de los temas que se venían comentando. Hace más de tres años que venimos trabajando fuerte en nuestras carreras como políticas como la duración de las carreras, el salario, las tecnicaturas, y escuela de formación profesión enfocado en la salida laboral en función de lo que el país necesita”, comentó.

Por último, el rector denunció que los programas de extensión que estaban en el presupuesto prorrogado “no se han ejecutado y fueron debilitados bajo las líneas de investigación. El prestigio de nuestros graduados es de excelente primer nivel en la formación. Es fundamental que esa economía se logra con la inversión del presupuesto y pública”, y remató: “Está en el futuro del país la inversión que se haga en ciencia, técnica y el sistema universitario”.

El vicerrector de la Universidad Nacional de General Sarmiento, Germán Pinazo, denunció una “campaña de desprestigio de las universidades”, y alertó que “vamos a terminar el año con una participación del gasto público universitario en términos del PBI de una de las más bajas de 2006 a esta parte con un sistema universitario que es más grande que el de aquel entonces. Es un 0,5% del PBI es uno de los gastos en educación superior más bajos de casi los últimos 20 años con tasa de matriculación más alta de América Latina”.

Pinazo apuntó contra el Gobierno por sus críticas sobre la tasa de egresos y explicó: “Argentina tiene menos universidades por habitante que Brasil, que México”, detalló que según encuestas “en el área metropolitana de Buenos Aires se triplicó el número de egresados y el 42% pertenece a menores de ingresos por lo cual es falso que los pobres no llegan a las universidades”.

“Este recorte es inédito que nos ubica muy por debajo, con tasas de matriculación más alta en educación superior en América Latina”, remarcó y cerró: “Cuando discutimos Universidad pública en Argentina, no estamos discutiendo el derecho de quienes habitamos la Universidad, sino que hablamos de la capacidad de tener ciencia y tecnología, de tener grandes profesionales; es un derecho comunitario”.

En suma, el rector de la Universidad de Mar Del Plata, Alfredo Lazzeretti, expresó: “El Presupuesto que envió el Ejecutivo Nacional prevé 3,8 billones de pesos; está bastante alejado del presupuesto que elabora anualmente el Consejo Interuniversitario Nacional, que en está alrededor de 7 billones pesos”.

Además, se refirió a que “para hablar del desarrollo de la economía del país ya no es más la ecuación capital-trabajo lo que va dinamizar la economía argentina en un futuro, es capital-trabajo y conocimiento”. Al respecto, manifestó que “el no invertir en las universidades públicas, que es donde se genera más del 80% de los graduados, es una decisión equivocada desde cualquier mirada ideológica que uno tenga cuando quiera analizar el desarrollo del país”.

Luego, instó a los legisladores a “poner énfasis y profundizar el análisis del presupuesto y de todas sus partidas, para ver de qué manera podemos contribuir a dotar al sistema universitario público argentino de un presupuesto que nos permita arrancar con cierta normalidad el ejercicio 2025”.

El titular de la Universidad de San Martín, Carlos Greco, agregó: “Las Universidades tienen un rol importante para la sociedad, no solo como un factor de movilidad social ascendente, sino que además contribuyen al desarrollo del país. Necesitamos que se reconsidere el presupuesto ya que es insuficiente y no podemos brindar la calidad y eficacia que se nos exige”.

En materia económica, la directora del Centro de Economía Política Argentina, Alejandra Scarano, explicó que “el diagnóstico sobre el cual se elabora el Presupuesto tiene que ver con el déficit fiscal. Y para ello se hace un blindaje fiscal: este trata básicamente de que, si los ingresos son mayores a los previstos, se bajan los tributos; en cambio sí se recauda menos, se ajustan las partidas del gasto discrecional”.

En tanto, el profesor e investigador económico Guido Zack sostuvo que “la regla fiscal del Presupuesto tiene un mecanismo que es pro cíclico, cuando la economía crece más hay mayor disponibilidad de recursos y eso habilita a bajar impuestos, pero cuando crece menos provoca una reducción de gastos. Esta visión no tiene en cuenta la integralidad del sistema tributario y fiscal. El sistema actual es distorsivo, desigual y fomenta la informalidad”.

Al analizar los números del presupuesto en la parte tributaria, Guillermo Michel, ex director General de Aduanas, reafirmó que “este presupuesto no tiene ninguna norma específica respecto a normas tributarias, no prevé ninguna modificación tributaria de fondo, ni ninguna eliminación de exenciones, incluso nada respecto al ajuste por inflación”.

Luego, Mariana González, directora económica del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA-CTA), hizo hincapié en las proyecciones económicas incluidas en el proyecto de presupuesto 2025. “Según la regla fiscal se pretende alcanzar superávit primario y financiero con bajos ingresos, con lo cual todo el ajuste que recae sobre el gasto es absolutamente extraordinario”, aseveró.

También, participaron Horacio Fernández y Mariana Rivolta, del Instituto de la CTA Autónoma. Fernández remarcó que “este Presupuesto necesita un cambio de 180°, para tener un compromiso con nuestra gente; por más que se introduzcan modificaciones, si no se anula la discrecionalidad estamos complicados”. En el mismo sentido, Rivolta puntualizó que “En este caso pensamos que la regla, justamente, es que no hay ninguna regla, que pueden hacer lo que dispongan en función de garantizar los superávits que los acreedores necesitan”.

En la continuidad, Roberto Arias, coordinador de políticas públicas de la consultora EGES, y ex secretario de Política Tributaria de la Nación, planteó los objetivos de la política económica en tres ámbitos: el de corrección de externalidad y provisión de bienes públicos; la redistribución del ingreso; y la estabilización y el crecimiento económico. “Creo que las reglas fiscales, evitar la asistencia monetaria del tesoro y tener un programa que vaya consolidando las cuentas es algo totalmente necesario”, sintetizó.

Del Centro de Investigación de Economía Nacional (C.I.E.N.), expuso Lucas Nieto Catania, acompañado por Lucila Martínez Pelliza, quien se mostró preocupado por las proyecciones macro del presupuesto al catalogarlas “excesivamente optimistas”. Por zoom, Alejandro Nicolás Pegoraro, de la consultora Politikon, de la provincia de Chaco, que resaltó que “aún con la caída muy fuerte de los ingresos, que generó una caída del gasto también muy importante, las cuentas públicas provinciales hoy están mostrando resultados positivos”.
En tanto, Vicente Alberto Pollola, asesor financiero de la Comisión Federal de Impuestos, también por zoom, se abocó en su exposición principalmente a la recaudación de los tributos que sean coparticipables o de asignación específica.

En el último bloque, de sistema cooperativo, Julián Moreno, de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), formuló la idea de que “no existe en el mundo un país con aproximadamente cincuenta millones de habitantes que genere trabajo para toda su población activa y no considere fundamental su entramado industrial; hoy, Argentina, poco a poco lo está perdieron”. También formaron parte representando a Cooperar Alberto Bavestrello, su vicepresidente primero y Cesar Basañez; y Luis Usero, gerente General de la Cooperativa de Electricidad de Santa Rosa.

La Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados, a cargo del radical Martín Tetaz, avanzó este miércoles con el tratamiento de distintos proyectos vinculados a la actualización y repotenciación de los créditos laborales, pero no emitió dictamen, por lo que estiman hacerlo en una próxima reunión el martes 5 de noviembre a las 12.30.

Durante la reunión, se analizaron las iniciativas presentadas por los diputados Verónica Razzini (Pro), Jorge Ávila (Encuentro Federal) y Martín Tetaz (UCR), que proponen la modificación de la Ley de Contrato De Trabajo –Ley 20.744–, con el fin de lograr la adecuación de los créditos laborales. El titular de la comisión comentó que se incorporó al temario un proyecto del diputado Sergio Capozzi (Pro) que va en la misma sintonía.

“La intención no es de dictaminar el día de hoy. Ojalá podamos ponernos de acuerdo, es la conversación que vengo teniendo con los distintos bloques, pero es la oportunidad para que cada uno defienda su proyecto e intercambiar opiniones y limar diferencias para avanzar hacia un dictamen”, explicó el radical.

Capozzi comentó que la cuestión relacionada con la readecuación de las sumas de dinero provenientes de créditos laborales “ha generado un grado alto de incertidumbre impacta de lleno la economía productiva de la Nación”.

“La Justicia no ha logrado, hace 30 años, unificar criterios en la forma de readecuar las sumas de dinero derivadas de un reclamo de derecho de trabajo generando, no solo resultados altamente disvaliosos, sino también un alto grado de inseguridad jurídica”, fundamentó y recordó que la situación “se fue agravando a fines del 2022”.

El diputado rionegrino señaló que las condenas “tuvieron un fuerte impacto negativo produjeron en las finanzas de las castigada PyMES”. Así, manifestó la necesidad de abocarse al tratamiento de la cuestión y “establezca un mecanismo equitativo de actualización de los créditos laborales, unificado en todo el país y con capacidad de recomponer el poder adquisitivo”.

También propone que se rija por el índice RIPTE porque “es un parámetro equitativo y objetivo que permitirá conjurar los intereses entre ambas partes”. “Este nuevo sistema de actualización, ya utilizado en la actualización de las prestaciones dinerarias del sistema de riesgo del trabajo”, lo cual -explicó- “permitirá no solo recomponer y adecuar el crédito original en un reclamo de índole laboral, sino también, otorgará previsibilidad y seguridad jurídica a quienes puedan ser condenados”, cerró y agregó que se le agrega una tasa del 3% anual.

Luego, la diputada Mónica Frade (CC), quien presentó un proyecto en el mismo sentido, explicó que “debemos ajustarnos a lo que ha planteado el Decreto 7023 que ha modificado el artículo 276 que pone como pauta tope el IPC más el 3%”, y al respecto afirmó: “Nosotros coincidimos con este criterio que es razonable, pero no ideal”.

“El trabajador va a mantener su indemnización justa, aunque en algún caso puede haber algún desajuste. La parte a proteger es el trabajador y eso va a seguir existiendo”, enfatizó.

Desde el bloque Unión por la Patria, el diputado Sergio Palazzo manifestó su apoyo a la propuesta del diputado Jorge Ávila (Encuentro Federal) “porque queremos preservar y mantener el poder adquisitivo” e indicó: “Tenemos que desalentar la posibilidad de que los abogados del sector empresario continúen peloteando los juicios en el tiempo, por eso nos parece razonable una tasa del 8%”.

El chubutense Ávila expresó: “Tenemos que empezar a mirar y darnos cuenta de que no es solamente un paquete, estamos mirando un envoltorio que tiene un montón de dificultades a la hora de resolver. Nosotros queremos que salgan adelante, es por eso que presentamos un proyecto también, pero mirando todo, no solo a la PyME”.

El titular de la Comisión del Legislación del Trabajo planteó la existencia del problema de la nominalidad y de la incertidumbre: “Lo que genera más problemas e incentivos a litigar es la incertidumbre”, y añadió: "Usar la tasa nominal trae problemas, porque la tasa debería reflejar el costo de oportunidad por haberle hecho perdido tiempo a las personas, por la propia demora de la Justicia".

En la antesala al paro nacional de transportes convocado para este miércoles, el oficialismo se alzó este martes en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados con el dictamen de mayoría que propone la privatización de Aerolíneas Argentinas. Sin embargo, con la diferencia planteada por un sector de los bloques dialoguistas, los votos para el recinto todavía no están asegurados.

El despacho de la Libertad Avanza contó con el acompañamiento del bloque Pro, la UCR, el MID, Producción y Trabajo, y la cívica Paula Oliveto Lago. Reunió en total 35 firmas. El texto se basó en los proyectos de Hernán Lombardi (Pro) y Juan Manuel López (CC). Se declara a la empresa "sujeta a privatización", pero no se detalla cómo será la venta.

Además, se autoriza al Poder Ejecutivo "a establecer el marco legal y llevar adelante el procedimiento para instrumentar el proceso de privatización" e indica que éste deberá regirse "en todo lo que fuera compatible o no se opusiere" por lo establecido en el capítulo de privatizaciones de la Ley de Bases (N° 27.742).

Hernán Lombardi, autor de uno de los proyectos debatidos. (Foto HCDN)

Por su parte, los diputados de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda encabezaron el rechazo. Hacia el final de la reunión, UP todavía no había presentado su dictamen.

En tanto, el bloque de Encuentro Federal junto a Democracia por Siempre, la bancada de los radicales díscolos, presentó su propio dictamen de minoría. Reunió 8 firmas, con el apoyo del cívico Maximiliano Ferraro, quien se diferenció así de Oliveto. El texto plantea que se podrá incorporar capital privado, pero el Estado deberá mantener "el control o la participación mayoritaria". Además, se requerirá "expresa autorización por ley del Congreso" para cualquier decisión que se tome en torno a la compañía y se prevé la intervención de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones.

Logramos el dictamen para avanzar en el proceso de privatización de Aerolíneas Argentinas durante el plenario de comisiones de Presupuesto y Hacienda y Transportes. Aseguramos un debate donde se escucharon todas las posturas.

Estamos dando discusión muy relevante para optimizar… pic.twitter.com/NsDZAAoW5G

— Pamela Verasay (@PameVerasay) October 29, 2024

El mensaje de la radical Pamela Verasay, presidenta de la Comisión de Transportes.

Hasta antes de este plenario en el que se dictaminó, el único encuentro que hubo fue el que se realizó el pasado 25 de septiembre y, desde ese entonces, los diputados de esas comisiones no volvieron a reunirse. En esa ocasión asistieron el vicejefe de Gabinete Ejecutivo, José Rolandi, y el secretario de Transporte, Franco Mogetta, quienes explicaron cuáles eran las motivaciones que llevaban al Poder Ejecutivo a avanzar con la pretensión de vender la aerolínea de bandera. En medio del conflicto gremial y los paros que había por esos días.

Dos días después el vocero presidencial Manuel Adorni anunció que el presidente firmaría un decreto para declarar a la empresa “sujeta a privatización”, y el 2 de octubre se publicó ese decreto en el Boletín Oficial, ingresando el mismo día al Congreso.

En medio de la discusión del Presupuesto 2025, el oficialismo hizo un parate en esa agenda esta semana y decidió avanzar de lleno con el dictamen, aún sabiendo que una parte de la oposición dialoguista no lo acompañaría plenamente esta vez.

El debate

Al pedir la palabra, el diputado Diego Giuliano (UP) planteó que el tema “no es un tema que podamos tratar desde nuestra perspectiva y constitucional en este período de sesiones”. Al respecto, leyó el artículo 81 de la Constitución Nacional que establece que “ningún proyecto de ley desechado totalmente por una de las Cámaras podrá repetirse en las sesiones de aquel año. Ninguna de las Cámaras puede desechar totalmente un proyecto que hubiera tenido origen en ella y luego hubiese sido adicionado o enmendado por la Cámara revisora”.

Así, señaló que en el corriente año el tema se trató y se rechazó en el tratamiento de la Ley Bases. “La idea es evitar la reiteración de proyectos que fueron resistidos por una u otra cámara. Si la cámara revisora en su momento eliminó Aerolíneas del listado de empresas sujetas a privatización. Eso significa que ha vedado que un proyecto con idéntico objeto, ahora el Ejecutivo remite, pueda ser tratado sobre el mismo periodo”, planteó el santafecino.

Exministro de Transporte, Diego Giuliano cuestionó hacer “una privatización a ciegas”. (Foto HCDN)

Giuliano denunció que se quiere hacer una “privatización a ciegas, sin ningún plan ni proyecto”, y que se planeta “una fragilidad parlamentaria sobre un tema que ya se rechazó, por lo que pidió “respetar el procedimiento reglamentario”. “Más que cielos abiertos, proponen cielos cerrados y eso no es una política aeronáutica”, remató con críticas al Gobierno.

De la vereda de enfrente, le respondió la diputada Silvana Giudici (Pro) quien le aclaró que la cuestión de forma “no es tal” porque “el artículo no llegó al recinto y no puede considerarse que fue rechazado en el año parlamentario. Nos estamos abocando a un tema que no tuvo tratamiento en el recinto este año”.

“Recordamos que el bloque preopinante decidió avanzar en la privatización y estatización gravosa de la empresa. Lo más imperdonable es la deuda que emitió Sergio Massa en el 2023 y que tomó fondos para subsidiar esta fiesta de ñoquis, agrupaciones partidarias dentro de Aerolíneas y de un servicio deficiente”, cerró.

Silvana Giudici justificó el tratamiento del proyecto, más allá de lo que se haya hecho con la Ley Bases. (Foto HCDN)

El primer expositor fue el comandante A330, Gabriel Ramiro Pla, quien comentó que trabaja hace 27 años en la empresa donde le ha tocado transitar diferentes administraciones. “Ingresé en la época que Iberia estaba a cargo de la empresa, continuó American Airlines. Dos empresas que fueron competidoras directas de Aerolíneas que, hasta ese momento, tenía en sus rutas coberturas a nivel internacional en las mejores capitales de Europa, Estados Unidos, Canadá. Cumplía una función importantísima en cabotaje como sigue cumpliendo ahora fomentado destinos”.

El comandante calificó al Grupo Marsans, que tuvo la empresa en 2007, como “la más nefasta que tuvimos. Había atrasos en lo que era flotas, desinversión y ni hablar de tecnologías. No había centros de instrucción, ni mantenimiento, no había repuestos, los tripulantes de cabina tenían que mezclar el jugo con agua para poder dar un servicio a bordo”.

“Años después Aerolíneas fue la primera operadora de Boeing 737 max en la región, incorporó aviones cero kilómetros, actualizó su flota internacional, recuperamos algunos destinos”, destacó y sumó: “Cuando hablan de gasto en inversión en los últimos años quiero dar fe que es palpable y concreta. Aerolíneas está posicionada con empleados, con flota, con tecnología, con centros de instrucción propios, con un hangar que es orgullo en Sudamérica que es el más grande. Aerolíneas hoy en personal, en inversión y tecnología está presentada para ser una herramienta estratégica para el desarrollo del país”.

El comisario de abordo Matías Bagnato denunció que “se llegó acá por un debate ideológico y no con argumentos justos y con un debate serio”. “Se ha utilizado el problema salarial que venimos atravesando, a este conflicto que ha logrado que se esté tratando de esta forma la privatización de la empresa”, criticó.

El tripulante de cabina, ponderó que “hay un gran nivel de profesionalismo y dedicación de los empleados para sacar día a día a la empresa adelante”, y aclaró: “Estamos dispuestos al diálogo porque se nos ha atacado tanto este último tiempo que no queremos privatización. Estamos dispuestos a sentarnos en una mesa a dialogar todos los temas porque queremos un debate justo, serio, razonable y no un debate ideológico para sacarse de encima Aerolíneas”.

Bagnato se quejó porque “no escuchamos ninguna propuesta concreta. No sabemos cuál es el plan que hay en política aerocomercial. Solo escuchamos que van a venir un montón de empresas”, y ponderó que “al día de hoy las líneas aéreas que están operando en el país tienen posibilidad de volar a todas las provincias desde el 2016 y 21 destinos son cubiertos solo por Aerolíneas”.

“Pido que no firmen, no la rifen a la empresa. Analicen bien con datos concretos. Somos una empresa reconocida a nivel mundial. Los privilegios la tienen otorgadas todas las aerolíneas, nos duele la forma en que nos han atacado”, solicitó y reiteró: “Le venimos pidiendo al Gobierno nacional desde principios de año que queremos tener un debate y un diálogo justo. Queremos que sean claros con la privatización y no que se utilice el problema salarial que estamos un 90% abajo para esto”.

A su turno, Hernán Agraso, administrativo de la gerencia de aeropuertos en el área de seguridad, destacó que Aerolíneas fue premiada en “distintas administraciones”, y alertó que con las privatizaciones se produce “vaciamiento, desguace de la empresa como en la década del 90’ y no queremos volver a vivir esa historia”.

Agraso procedió a leer la misión que tiene la empresa y sostuvo que “eso se está cumpliendo con eficiencia. Atravesamos dos autorías internacionales y, por segundo año consecutivo, lo rectificamos. La inversión de Aerolíneas está en la seguridad y la calidad, eso es muy caro, y se puede ver en los hangares, en la seguridad informática, en los equipos”.

En tanto, resaltó que desde 2007 “hubo que hacer todo desde cero en la empresa”, y precisó: “Desde la Secretaría de Turismo actualmente, como el mercado bajó mucho en pasajeros y turistas extranjeros, nos piden que bajemos las tarifas a los turistas brasileros a costo de Aerolíneas para fomentar el turismo. No sean hipócritas”.

En contraposición, el director ejecutivo de Fundación Atlas para una Sociedad Libre, Martín Simonetta, consideró que viajar a low cost en Argentina “parece un futuro imposible, estamos en la era del hielo”. Así, manifestó que “es fundamental que el país sea federal porque hasta ahora nos auto percibimos federal, pero actúa de manera centralista y unitaria. El hecho de tener un régimen como el actual es concentrarnos a todos en Buenos Aires, desincentivar nuevas aerolíneas, nuevas rutas, mantener empresas deficitarias”.

Simonetta explicó que si sumamos el déficit de Aerolíneas desde que se re estatizó “tiene un valor similar al valor de YPF. Es importante tener otro número en cuenta más allá de las palabras vemos cuánto cuesta cada empleado de Aerolínea y si dividimos el costo total por empleado por mes es de 5 mil dólares. La pregunta es si esto está cerca de lo que gana un argentino promedio”.

“Estamos ante una enorme oportunidad de entrar al mundo. De empezar a pensar como lo hace el mundo, permitir poner en movimiento la energía de este país tan maravilloso con este enorme potencial que es la Argentina y romper el círculo vicioso que nos mantiene cerca de Buenos Aires y la apertura del mercado, la privatización de Aerolíneas permitiría que puedan empezar a viajar más personas de menores recursos”, respaldó.

El prosecretario de Relaciones Institucionales y Política Aérea - Asociación del Personal Aeronáutico, Rodrigo Borras, expresó su “espanto” ante los dos proyectos presentados para privatizar la compañía aérea”, y apuntó contra el diputado Lombardi que “muestra una total ignorancia y falta de conocimiento”. “Aerolíneas se eligió como terreno de batalla de cuestiones políticas. Hoy Aerolíneas se encuentra en una situación crítica”, concretó.

La exdiputada nacional y actual dirigente sindical Alicia Castro señaló que “entre las falacias para alentar la privatización están las económicas porque, tanto el Gobierno como en los proyectos, aluden que Aerolíneas da pérdidas cuantiosas y eso es falso”. A continuación, detalló que en el 2022 por cada peso que puso el Estado en Aerolíneas recaudó dos, y en el 2023 el Estado puso cero pesos y recaudó 80 mil millones de pesos.

Alicia Castro denunció “falacias” para alentar la privatización. (Foto HCDN)

Castro recordó lo sucedido con la privatización de los 90’ y planteó que “no solo se está discutiendo la privatización, sino la extranjerización de los cielos y la privatización de los cielos”. “Otra falacia para alentar la privatización es que ningún país del mundo tiene aerolínea de bandera privatizada”, indicó y remató: “Las low cost fueron un desastre. Privatizar y reducir los costos significa reducir los entrenamientos de tripulantes de cabinas, tripulantes técnicos y fallas técnicas de aviones viejos y mal mantenidos”.

Levantó ebullición en el debate la intervención de Fernando Dozo, abogado especialista en Derecho Aeronáutico, quien dijo que este debate lo retrotraía a 1986 y sostuvo que “las discusiones son las mismas de siempre: siempre con la guitarra, siempre con el mate, siempre con el folklore, la chacarera y la zamba… Cuando la única realidad es que estamos ante una empresa que está quebrada técnicamente, tiene un patrimonio neto negativo de 210 millones de dólares; le ha costado al Estado Argentino 8 mil millones de dólares, y el principal dato que hay que tener en cuenta, que no lo he oído hasta ahora, es del actual presidente de la compañía: que los ingresos medidos por asiento/kilómetro, son 7,19 centavos de dólar”.

“Desde el punto de vista de los ingresos a  una compañía aeronáutica, están dentro de lo que más o menos son niveles aceptables a nivel internacional, en una operación de cabotaje internacional -dijo-. ¿Cuál es el problema de Aerolíneas Argentinas? Que sus costos, también medidos en asiento/kilometro son 9,34 centavos de dólar, con lo cual la compañía no tiene arreglo sino da vuelta estos números”.

Para Dozo, con este cuadro de situación, “cuanto más se demore este Congreso en discutir qué hacemos con Aerolíneas Argentinas, la compañía va a dejar de operar por consunción”. Y remató: “Acá la única alternativa que tiene la Argentina con esta compañía es llamar a un concurso internacional a ver quién se hace cargo de esto. ¡Y no creo que haya muchos dispuestos!”, dijo levantando el tono.

Luego recordó la privatización de los 90, advirtiendo que “al menos el Estado español capitalizó Aerolíneas Argentinas, porque acá todos se olvidan que el Estado español puso 3.500 millones de dólares en AA. ¡Nos comimos nosotros los millones de dólares, y allá están preso!... ¡Acá están todos sueltos: los que fundieron la compañía los que dilapidaron 8 mil millones de dólares, todos sueltos! ¡Empezando por la vicepresidenta de la república condenada; ¡el otro vicepresidente de la República condenado, y los responsables principales, el intendente de La Plata, el gobernador de Buenos Aires, el senador por la provincia de Buenos Aires!... ¿De qué estamos hablando? ¡Basta de pavadas! Yo los veo por televisión cuando debaten y vemos el nivel vergonzoso del debate. ¡A ver si levantamos un poco el nivel!”, lanzó entre gritos de los diputados de Unión por la Patria.

El especialista en ciencias políticas Franco Rinaldi opinó que el Congreso de la Nación tiene una “oportunidad histórica de remediar lo que en un acto demagógico y lamentable para las arcas nacionales se hizo en el 2008 cuando se decidió expropiar la compañía”.

“No sé a qué refieren con desguazar si la compañía está quebrada porque así figura en los balances de la empresa y vive bajo el amparo del Estado. Con la privatización va a haber más pasajeros, más compañías, más trabajo que no sucede por la posición monopólica y anti competente destinada a proteger Aerolíneas”, expresó y resaltó que Aerolíneas “regalada es cara, hay que hacerle un monumento al privado que se haga cargo de esta empresa con patrimonio neto”.

Franco Rinaldi habló de una “oportunidad histórica”. (Foto HCDN)

El expresidente de Aerolíneas Argentinas, Luis Pablo Ceriani, planteó que hay que tener “un enfoque sin ideologías y pragmático”, y respaldó: “Manejada por el Estado funcionó mejor que cuando estuvo privatizada que fue una época calamitosa. La compañía era obsoleta porque había sido vaciada”.

“El proyecto de ley de privatización no garantiza de ninguna manera ningún mecanismo, ni ninguna manera de garantizar la conectividad ni de qué manera hay que contemplarla porque causaría un problema gigante", rechazó.

También disertaron Guido Jager, trabajador de tráfico Aeroparque; Pablo Perret, miembro de la Asociación de Alojamientos Turísticos de El Calafate (A.C.A.T.E.C); Dina Perla Feller dirigente sindical; Mercedes Belén Niel, secretaria de Turismo de la municipalidad de Río Gallegos; Emiliano Saúl Echeveste, secretario de Turismo de la provincia de La Pampa; Agustín Monteverde, doctor en Economía.

La Cámara de Diputados dio inicio el pasado 8 de octubre al tratamiento del Presupuesto Nacional 2025 con un ritmo activo e intenso con reuniones informativas por semana. No obstante, esta semana se interrumpió el ritmo de reuniones para debatir el proyecto.

La semana pasada la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside el libertario José Luis Espert, había acelerado la discusión con dos reuniones que estuvieron dedicadas a Capital Humano. Así, martes y jueves se registraron las visitas de los secretarios de Niñez, de Turismo y de Educación. Para esta semana se hablaba de tres encuentros, aunque no habían trascendido quiénes serían convocados a exponer. No será así.

Llamó la atención que no se anunciara ninguna reunión para esta semana, cuando suelen anticiparse la semana anterior. Fuentes consultadas por parlamentario.com atribuyeron el impasse al paro de transporte, aunque no descartaron que para el jueves pudiera haber novedades. Difícil: el paro está previsto para el miércoles y el jueves se sumará la UTA. Aunque con el paro nacional que entre otras cosas dejará sin vuelos a los usuarios, alcanza para postergar la reanudación del tratamiento del presupuesto.

El plan trazado entre Casa Rosada y el oficialismo en la Cámara baja era llevar a cabo una reunión semanal durante al menos ocho semanas. En un cronograma que trascendió la semana pasada se establecía como finalización de las reuniones con invitados el próximo martes 6 de noviembre. Según esos cálculos, el dictamen quedaría para el martes 12 de noviembre, mientras que el debate en el recinto sería entre el 26 y el 27 de dicho mes.

El turno en la Cámara alta sería en extraordinarias.

Hay que tener en cuenta además que en la primera semana de noviembre está prevista una ralentización de la actividad en el Congreso por la presencia de numerosos legisladores en las elecciones de Estados Unidos, invitados a presenciar los comicios previstos para el 5 de noviembre, en calidad de observadores. Eso no quita puda hacerse al menos una reunión informativa esa semana. Se verá.

A la primera reunión programada asistieron para respaldar la “ley de leyes” el secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Guberman; y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno. Luego, el 15 de octubre fue el turno de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; y el director ejecutivo de la ANSeS, Mariano Antonio Salvador de los Heros, en tanto que la semana pasada asistieron los secretarios Yanina Nano Lembo, Daniel Scioli y Carlos Torrendell.

La Comisión de Asuntos Municipales, que preside el diputado Juan Brügge (EF), se reunió este jueves para analizar la propuesta de áreas metropolitanas que tiene por objeto “generar lineamientos para el desarrollo de la institucionalización de la gobernanza para las áreas metropolitanas de la República Argentina y promover un modelo de financiamiento concertado, con participación federal, que establezca un sistema de incentivos para promover y mejorar la coordinación y cooperación en estas áreas”.

El presidente de la Comisión explicó que “los cambios en el ámbito provincial y nacional nos imponen que reestructuremos nuestra agenda, las áreas metropolitanas generan una serie de problemáticas”.

Así afirmó que “el concepto no tiene una legislación en la Constitución ni en el Congreso, pero sí tenemos que ver de qué manera podemos colaborar con el asociativismo municipal para crear estas áreas”, y adelantó que invitarán expertos e intendentes sobre la temática.

Como autor del proyecto, el diputado Fabio Quetglas (UCR), consideró que “la virtud de esta ley es su sencillez, se propone la definición de estas áreas metropolitanas; la Creación del Registro de Áreas Metropolitanas (ReAM), y un pequeño fondo Federal para el Desarrollo de Áreas Metropolitanas (FoMetro)”.

El radical planteó que el objeto es “financiar programas y proyectos que impliquen una mejora en materia de infraestructura, competitividad del territorio, preservación del ambiente, superación de las desigualdades inherentes a estas áreas y que promuevan un modelo de gobernanza territorial”, y sumó: “El país precisa un pensamiento estratégico territorial”.

Su par del mismo bloque, Luis Picat, apoyó el proyecto y agregó: “Estamos buscando recursos, apoyos para darle gobernanza a áreas metropolitanas y, de alguna manera, estamos sin quererlo estimulando lo que pasa en el mundo”.

“La concentración en esas áreas porque dejamos de apoyar a las ciudades del extremo que no tienen capacidad de escala para solucionar problemas. Para sumar al proyecto debería haber una coordinación entre las provincias”, aportó.

En tanto, la diputada Lourdes Arrieta (Fuerzas del Cielo) expresó: “Celebro esta iniciativa acerca de poder darle un marco normativo a las áreas metropolitanas”, y destacó la “voluntad política para darle pie y camino a esta ley”.

“Al proyecto hay que agregarle una pata de desarrollo rural, tuvimos la experiencia de un plan de ordenamiento territorial rural que nos permitió crecer y dio una guía a cada departamento rural del país”, añadió el diputado Martín Aveiro(UP).

Sobre el final del encuentro, en representación del Círculo de Legisladores, Matías Mejuto, aportó que “realizaremos una diplomatura a nivel federal, la intención real es trabajar en conjunto diferentes temáticas que estamos llevando a cabo y que competen a la comisión como es la indefensión del ciudadano”.

Al referirse a “indefensión del ciudadano”, Nicole Peters, coordinadora del Instituto de Estudios Estratégicos y de Relaciones Internacionales (IEERI), comentó que se trata del “empoderamiento del ciudadano y el ámbito para este tema es esta comisión, el municipio es el primer contacto con el ciudadano, nos queremos enfocar en las problemáticas diarias, en cada sector y en cada municipio se va complejizando, qué instituciones y herramientas tienen los ciudadanos, fortalecer las herramientas, hacernos los cuestionamientos que corresponden, que el Parlamento y la política esté cerca de ellos”.

Tras la ruptura del bloque de la UCR en Diputados este miércoles por la noche, el presidente de la nueva bancada, el bonaerense Pablo Juliano, acusó al titular del bloque radical Rodrigo de Loredo y a los “radicales libertarios” de hacer “servilismo”, y fundamentó: “Los diputados que decidimos crear un espacio nuevo no vinimos al Congreso para eso”.

“Había un bloque que estaba roto hace mucho tiempo y sin una conducción”, señaló Juliano en declaraciones radiales y se distanció: “Nosotros no queremos vivir más discutiendo la interna del radicalismo, sino que queremos discutir los temas importantes que le importan a los argentinos, a la gente de a pie”.

El bonaerense contó que buscaron el diálogo hasta este miércoles por la mañana y expresó: “Estábamos sinceramente esperanzados en tener otro tipo de respuestas, pero la respuesta del oficialismo, la respuesta del bloque de Rodrigo de Loredo fue contestarnos con fotos. Con una foto abrazado de vuelta al gobierno, tergiversando el momento político, camuflándolo de institucionalidad cuando no lo es. La verdad que crearon una situación que tornaba imposible seguir trabajando de esa manera”.

Así, manifestó que están trabajando “en la construcción de una alternativa, que no caiga ni en el extremo que invita Javier Milei, del populismo de derecha, ni tampoco en el extremo del populismo de izquierda que nos tenía acostumbrado el kirchnerismo hasta el año pasado. Entonces, ahí, sobre esa base, nosotros vamos a empezar a construir una alternativa”.

“A mí los que son conquistables por el gobierno, la verdad que me los tienen sin cuidado”, disparó Juliano sobre los radicales “con peluca” y sumó: “Esa es la estrategia que arma el gobierno. Nosotros queríamos ponerle punto final a la infiltración que había en la marca del radicalismo. Hay tipos que tenían su jefatura política y la tienen, su jefatura política, en Patricia Bullrich y no se terminan de hacer cargo”.

En diálogo con CNN Radio, el bonaerense expresó: “Es muy obvio lo que estaban haciendo y lo que están haciendo. Está a los ojos de toda la sociedad. Es clarísimo. Entonces, yo lo que digo en ese aspecto, hay que dejar de dar vueltas. Había que dejar de dar vueltas. Nosotros, en mi caso, la referencia política es la de Facundo Manes”.

“Facundo lo viene diciendo que Milei llegó para terminar con la casta y se rodeó de más de lo mismo. Pero realmente, cuando te sentás en esa mesa y ves trayectorias de tan vieja data, ¿la discusión pasa por lo nuevo o por el futuro de la Argentina? ¡Pero nos toman el pelo! O sea, primero nos toman el pelo, puertas para adentro. Y después se burlan de la gente”, planteó.

Al ser consultado si sumaba entre los “infiltrados” al cordobés De Loredo, Juliano explicó: “A ver, el fin de semana yo no me saqué una foto con Macri. Y esto para mí es claro. Yo trabajo y milito toda la vida desde la Unión Cívica Radical”.

“Creo que la Unión Cívica Radical tiene una misión trascendental en lo que viene. ¿Y sabes qué? Eso me pone en la única coincidencia que tengo con Milei. Milei también cree que nosotros estamos en las antípodas de él. Y yo acepto el desafío político que él presenta con respecto a lo nuestro, a todo lo que nosotros queremos representar y a todo lo que nosotros significamos. No me hago el distraído y me siento en la mesa disfrazando de diálogo y de acuerdo y demás. A Milei le votan los vetos y después se burla. Y se juntan a comer asados con él. Yo no vine al Congreso para eso. Y los diputados que emprendimos la marcha de crear esto nuevo, no vinimos para eso”, disparó.

Así remató: “La ingenuidad en política es un delito. La ingenuidad en política es un delito. Sentarte en la mesa de Milei, después de lo que le está haciendo a las universidades. Después de lo que le está haciendo al Garraham. ¿Qué necesidad?”.

Un plenario de las comisiones de Legislación Penal, Presupuesto y Hacienda y de Justicia de Diputados emitió despacho de mayoría con amplio consenso al proyecto del Poder Ejecutivo que busca transformar el sistema judicial del país mediante la participación ciudadana en los procesos judiciales, así como también ocho iniciativas de distintos bloques parlamentarios que crea el juicio por jurados de jurisdicción federal.

El despacho de mayoría reunió más de 89 firmas con una sola en disidencia parcial. En tanto, se presentó un dictamen de minoría que lleva las firmas de los diputados del bloque Encuentro Federal Fernando Brügge y Alejandra Torres al manifestar un desacuerdo respecto a “las garantías constitucionales”.

El titular de la Comisión de Justicia, el libertario Manuel Quintar (Jujuy), expresó: “Teniendo en cuenta esta deuda histórica que tiene que ver con estos nueve proyectos que estamos tratando”.

Manuel Quintar, titular de Justicia. (Foto HCDN)

Así, afirmó que “fruto de mucho trabajo de todos los asesores de todos los diputados de los diferentes bloques, si todo sale bien, vamos a cumplir con una manda histórica constitucional avanzando fuertemente y firmemente en la instauración de los juicios por jurados en materia federal”.

“Ha llevado mucho trabajo y se han recetado muchas observaciones. Vamos a empezar a circular el dictamen al cual se ha llegado con mucho consenso para que lo evalúen y lo firmen”, informó Quintar.

TENEMOS DICTAMEN PARA EL JUICIO POR JURADO.

Otro proyecto de @JMilei que va camino a ser ley. Una deuda histórica que los gobiernos anteriores no habían podido saldar.

La implementación de los juicios por jurado traerá más transparencia y seguridad a las víctimas.

— Gabriel Bornoroni (@BornoroniG) October 23, 2024

El primer expositor fue Alberto Dalla Vía juez de la Cámara Electoral quien manifestó su “mi posición favorable al juicio por jurados como constitucionalista porque la Constitución Nacional establece tres veces el juicio por jurados en el artículo 24,75 inc. 12 y en el 118”.

“Desde la creación de la Nación los constituyentes quisieron adoptar el modelo que tenía la Constitución de Estados Unidos, porque era la más democrática en su momento y con mayor apertura”, relató y sostuvo: “En buena hora que el derecho penal vaya al procedimiento oral que concluye con el juicio por jurados. Esa fue la idea de los constituyentes porque querían democratizar el debate público”.

Dalla Vía señaló que la primera cuestión es constitucional y “no puedo entender ninguna otra cosa que la Constitución sea suprema. En materia penal el juicio por jurados fue una decisión del constituyente del 53 ratificada después”.

“El juicio por jurados es una institución probada en el mundo anglosajón que no sustituye el rol del juez en el proceso. Es el juez el que dirige el proceso, establece las reglas y dicta sentencia. El jurado toma una decisión política, no es una decisión jurídica, es una decisión libre de convicciones. Incorporar el jurado es incorporar la participación ciudadana al proceso judicial”, destacó y cerró: “La normativa que van a discutir es un paso adelante”.

Alberto Dalla Vía, a favor del juicio por jurados. (Foto HCDN)

De forma virtual expuso el abogado Esteban Yanguez Papagenadio comparó que “el juicio por jurado clásico no es el juicio por jurado en el modelo estadounidense o anglosajón. Hay 2.500 años de juicios por jurados acá en Atenas y es distinto porque, estamos todos de acuerdo en que debe imponerse el juicio por jurado y es necesario dar este paso, pero debe olvidar estas circunstancias de cuál es el mejor modelo porque esta discusión ya se tuvo en 1860”.

“Las provincias originarias son independientes en el sentido de poder instaurar su propio sistema de jurados que deseen. A nivel federal esto falta”, indicó y remarcó que no hay “ningún modelo específico”, al tiempo que consideró que “hay que tener en cuenta las particularidades de cada provincia porque hay circunstancias que deben ser debatidas por el número de jurados y se deben amparar a la cantidad de población de cada provincia”.

El abogado también pidió que haya respeto de las minorías, la irrecurrabilidad del veredicto y cerró: “Se puede mejorar, tenemos que realizar una ley de jurados, pero estos puntos tienen que ser debatidos en la sesión”.

A su turno, el director general de la oficina de juicio por jurado de CABA, Gastón Blanchetiére, consideró que cada proyecto de ley depende de la capacitación exhaustiva de los operadores porque “en la práctica necesitan una asistencia que lo lleven a la implementación en audiencias preliminares que son difíciles porque hay cambios de reglas y para eso se necesita que el proyecto guarde consonancia con las reglas procesales”.

“Debe ser considerado si o si la capacitación de los operadores en materia de audiencias preliminares, en las audiencias de selección de jurados que representan serias dificultades”, reiteró. También manifestó la necesidad de tener las oficinas judiciales que se encarguen de realizar todo lo que es la administración y sorteo de jurados “hay que dotarlas de recursos”.

En tanto, Martín Sabelli, ex Presidente de la Asociación Nacional de Abogados Defensores de EE. UU, consideró que “este sistema mejora la calidad de la justicia y de la democracia porque es una ventana para que el pueblo vea cómo funciona o no el sistema judicial”, y opinó que en Argentina hay “una profunda desconfianza en el sistema judicial y la única forma de mejorar eso es volver a la Constitución y establecer un sistema en todos los delitos los juicios por jurados”.

Mientras que el abogado Víctor Vélez, informó que “Córdoba fue la primera provincia que inició el juicio por jurado”, y que -enfatizó- “la participación ciudadana es necesaria y da buenos resultados”.

En tanto, el diputado Fernando Carbajal (UCR) destacó “el esfuerzo conjunto de todos los bloques”, con el objetivo de “saldar una deuda histórica” y dar un paso más para “la transformación de la justicia".

La diputada Paula Oliveto Lago (CC) expresó su acompañamiento al dictamen de mayoría; mientras que su par Rodolfo Tailhade (UP) indicó: "Nuestro bloque va a respaldar este proyecto que es fundamental para nuestra democracia".

La Comisión de Legislación del Trabajo, presidida por el diputado radical Martín Tetaz, se reunió este martes para debatir sobre tres expedientes vinculados a reformas de los artículos 2, 7 y 6 de la Ley de Contrato de Trabajo sobre deducción de las indemnizaciones percibidas y actualización y repotenciación de los créditos laborales por depreciación monetaria.

En el encuentro, que se extendió por dos horas y se llevó a cabo en el Anexo “A” de la Cámara baja, disertaron de forma presencial y remota más de 20 expositores quienes coincidieron en la necesidad de que el Congreso de forma “urgente” sancione una norma sobre el tema. La próxima reunión estiman dictaminar.

El primer expositor fue Esteban Mancuso de la Cámara Argentina de Comercio quien afirmó que desde la CAC el tema de la actualización judicial de los créditos laborales “fue y es un tema prioritario sobre el cual venimos trabajando desde hace tiempo, en especial, por los enormes costos de la incidencia de los costos laborales sobre las PyMES representadas”.

Mancuso explicó que un 80% de sus representados y asociados son PyMES y dio cuenta de la “problemática a nivel federal y para este tipo de empresas que son agobiadas por este tipo de sentencia condenatoria”. Así, señaló que la realidad laboral es “dinámica, requiere de cambios constantes y atención permanente”, por lo que resaltó que “es necesario dar respuesta a las nuevas técnicas de producción como tecnología, digitalización de proceso, teletrabajo, IA”.

Sobre la Ley Bases indicó que en su capítulo laboral contenía diversos de derecho laboral, colectivo y de seguridad social y destacó: “Desde la CAC consideramos que fue un avance importante y medular que se dio dentro de una adecuada política institucional dentro del Parlamento oyendo a los distintos actores sociales”, pero indicó que el tema convocante de la reunión quedó fuera de la Ley.

“Es una cuestión medular para la CAC y requiere, a nuestro modo de ver, una solución inmediata”, solicitó y sumó: “Tan importante es para nosotros esta problemática, es una prioridad absoluta más allá de otros temas”. Mancuso explicó que “las actualizaciones judiciales tienen criterios disímiles y arrojan sumas exorbitantes atentando de manera profunda con el cierre de algunas PyMES”.

Así, planteó que desde la CAC vienen insistiendo con énfasis en “dar una solución equitativa para ambas partes y definitiva al tema”. “Elevamos conjuntamente con otras cámaras empresarias distintas notas tanto a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo como la Corte Suprema de Justicia de la Nación donde, acompañado por un informe técnico de la Universidad de Buenos Aires, dábamos cuenta que los métodos de cálculo de las sentencias condenatorias conforme a las distintas actas mencionadas dan resultados exorbitantes, erráticos, inequitativos y con criterios disímiles de interpretación”, contó.

“Los distintos mecanismos de cálculo tienen efectos extremadamente nocivos para el comercio, los servicios, la industria y también para los trabajadores, afectando especialmente a las PyMES”, planteó y destacó el proyecto de la diputada Verónica Razzini como “una conclusión satisfactoria con la modificación de los artículos 276 y el agregado del 276. Defiende el mercado de trabajo, es equitativo, defiende al empleador y al trabajador”.

A continuación, expuso Pablo Venarotti de IDEA quien afirmó que “la conciliación en materia judicial es uno de los modos más utilizados para dar, en tiempos más rápidos, una solución a las partes”.

Por el contrario, señaló que “la extensión de los procesos judiciales, cualquier distorsión que haya en materia de intereses o actualización, agrava dicha circunstancia”. Así, indicó que la actual Ley 24.283: “Plantea expresamente que en cada etapa de liquidación judicial que hubiera una distorsión había que verificar la realidad de ese empleado al momento del pago para cotejar con valores actuales”.

Venarotti propuso que la reforma legislativa tenga, por un lado, un alcance de índole nacional; que sea una solución para todas las partes, que no dependa de una jurisdicción; que preserve el crédito al cual tiene derecho reconocido del trabajador, pero al mismo tiempo, que no conlleve el cierre de una empresa y la pérdida de fuente de trabajo.

Por el lado de CAIPE señalaron que “es un tópico que requiere urgente solución”, ya que “se encuentra en juego el futuro y la sustentabilidad de numerosas empresas que se encuentran expuestas a reclamos laborales multimillonarios que resultan de imposible incumplimiento y no encontrar una pronta y equitativa solución se verán condenadas a su desaparición”.

En esa línea, manifestaron que “es necesario que exista una protección para la empresa”, y resaltaron: “Resulta urgente la determinación de un único sistema de actualización de los créditos laborales que resulte viable justo equitativo y duradero y que brinda previsibilidad y seguridad jurídica”.

Así, contaron que en la Cámara de Apelaciones del Trabajo existen seis criterios distintos en el módulo del cálculo de los intereses y “resultan de ser de carácter del organismo. El escenario en el que nos encontramos hace que los reclamos laborales entablados por trabajadores, en muchas oportunidades, sean de difícil y hasta imposible de resolución”.

“Estamos absolutamente convencidos que la implementación de reglas claras propicia la simple resolución de conflictos acercando las posturas controvertidas, alentando conciliaciones y, en todo caso, se pueden predecir las sentencias que se eliminará el oportunismo y el abuso por parte de quienes especulan con los intereses lo cual también de cierta manera es moneda corriente en el fuero laboral. Sin duda, todo esto a la larga generará una administración de justicia más ágil, efectiva y justa para las partes intervinientes”, expresaron.

Por último, destacaron el proyecto de la diputada Razzini que “es el que mejor soluciona esta problemática porque aborda de manera fundamentada y pormenorizada los múltiples escenarios en los que se encuentran los generadores de empleo frente a un reclamo laboral y ofrece una posibilidad certera y factible de cumplimiento de la falta pagadora, siempre respetando el derecho al cobro”.

“El proyecto se considera un acierto la vuelta a la aplicación de las tasas bancarias para la actualización de los créditos. En este caso, de la tasa activa al Banco Nación, ya que en proyección a futuro donde la inflación mensual no supera el dígito se entiende que la depreciación de los créditos no será sustancial y que, claramente, se verá acompañado por la tasa utilizada. También se valora y se celebra la intención de conservar al anatocismo únicamente como excepción y no como reglas. De esta manera, brindaría una mayor seguridad jurídica. Se espera una pronta resolución del problema realmente bien atravesando el sector y viene generando embates realmente difíciles”, concluyó.

César Arese del Círculo de Abogados Laboralistas sostuvo que “hay una necesidad de actualizar/ indexar los créditos laborales de una manera de que ponga punto final a un largo debate de cómo tratar a las contingencias en lo relativo a los créditos laborales”.

“Es una pérdida de derechos considerados en la legislación de fondo. Creemos que es el Poder Legislativo el que tiene un rol esencial para poner un punto final al debate de manera justa”, manifestó y explicó: “Es reconocer la intangibilidad, la irrenunciabilidad entre la condición inalienable que tienen los derechos del trabajo traducidos en créditos especializados. Esto no tiene otra forma de ser respondido que como lo hizo hace medio siglo la Ley de Contrato de trabajo indexándolos conforme a la evolución de los precios, del costo de vida, de los salarios”.

“Nosotros nos hemos fijado posición de un año y medio reclamando ante el Poder Legislativo, ante los jurisdiccionales que los créditos laborales sean indexados, que entre ambas categorías que informamos puede llegar entre un 8, un 10 un 15% anual”, sostuvo y destacó la iniciativa del diputado Jorge Ávila porque “los otros proyectos implican pérdidas o le fijan techos a la indexación de créditos”, y concluyó: “No se trata de ni potenciar ni degradar los créditos laborales, sino otorgarle su justa composición a través de la ley del Congreso que establezca la indexación conforme el índice de precio del consumidor o más intereses que serán fijados por los jueces en cada caso”.

En coincidencia, su colega Esteban Carcavallo explicó que “se hace muy difícil encontrar una variable que permita transitar a lo largo del tiempo y sin dificultades el problema de repotenciación adecuada”.

En contrapartida, desde el Foro de Abogados y Abogadas de Organizaciones Sindicales (FAOS), Guillermo Agis, cuestionó las iniciativas porque “proponen analizar cómo abordar el incumplimiento al pago de indemnizaciones y de créditos que, por su naturaleza, tienen carácter alimentario”.

A su turno, vía zoom el doctor Sebastián Serrano de la Asociación de Abogados Laboralistas de Rosario sostuvo que hay que “establecer leyes que protejan a los derechos de los trabajadores” y propuso cinco puntos a tener en cuenta: mantener el valor del crédito porque “un ajuste de indemnización no puede implicar un empobrecimiento de la víctima”; la no indexación no puede mantenerse una ley de hace tres décadas que sufre inconstitucionalidad y “nunca ha servido”, que se compense el curso del tiempo con lo que se determine; compáralo con parámetros reales de la economía como la inflación; no se puede repetir un mismo criterio en todos los casos; que todos los cálculos los jueces lo vuelquen a la sentencia.

Así, criticó que los proyectos de Razzini y Tetaz “fijan techos para que los empresarios no tengan problema en vez de establecer pisos para que las personas vean asegurados sus créditos alimentarios”. “El proyecto Ávila se acerca a lo que necesitamos”, concluyó.

Por su parte, Edith Pecci, presidenta de Idea Pyme, señaló que “hay situaciones en las que ponemos en riesgo nuestras empresas por la falta de legislación” y reclamó “falta de previsión”. Además, la empresaria Pyme invitó a “dejar de lado el concepto de que trabajadores y empresarios estamos en dos veredas diferentes, estamos diciendo que las reglas de juego tienen que ser justas para ambas partes”.

Un grupo de diputados del bloque Unión por la Patria, encabezados por la entrerriana Carolina Gaillard, presentaron un proyecto repudiando las “Violentas” declaraciones del presidente de la Nación, Javier Milei, contra la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

“Me encantaría ponerle el último clavo al cajón del kirchnerismo, con Cristina adentro”, lanzó el jefe de Estado en una entrevista televisiva al ser consultado por la interna dentro del principal partido de la oposición.

Desde UP expresaron: “Estas declaraciones son una clara incitación a la violencia contra la ex Presidenta, que ya ha sufrido un atentado contra su vida producto de los discursos de odio”.

Así, señalaron que el presidente “emplea un lenguaje que, además de ser profundamente violento, resulta temerario en razón de que proviene de la máxima autoridad del Estado”, y plantearon que este tipo de discurso “habilita, en términos simbólicos y prácticos, a situaciones de violencia hacia dirigentes opositores, atentando contra los principios fundamentales del sistema democrático y del respeto a la convivencia pacífica entre los distintos sectores de la sociedad”.

“Milei se tiene que hacer cargo del desastre que está haciendo y dejar de buscar responsables. Él es el responsable de la masacre social que está llevando adelante y ya no puede entretener más a una sociedad que está agonizando por sus políticas de miseria y hambre”, cuestionaron.

📄Presentamos junto a otros diputados y diputadas del bloque Unión por la Patria un proyecto de resolución para repudiar las violentas declaraciones del Presidente de la Nación Javier Milei contra la ex Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en las que expresa… pic.twitter.com/gVW5m2lXuB

— Carolina Gaillard (@CaroGaillard) October 21, 2024

La Comisión de Discapacidad de la Cámara baja, presidida por el diputado Daniel Arroyo (UP), se reunió este martes para iniciar el debate sobre las Pensiones no contributivas y el derecho a la protección social de las personas con discapacidad en donde asistieron representantes de organizaciones que explicaron sobre la problemática que están atravesando.

Arroyo informó que también serán ejes de trabajo para próximas reuniones la problemática al acceso a tener el boleto para poder viajar de forma gratuita que “le corresponde por ley porque es un derecho establecido”, y afirmó que harán un pedido de informes al Ejecutivo sobre el tema.

De forma virtual, Amalia Gamio del Comité sobre Derechos de Personas con Discapacidad de la ONU recordó que la Convención es un tratado internacional vinculante para los países que lo ratificaron”, y señaló que Argentina está “retrocediendo respecto de las recomendaciones que le hizo el Comité en marzo de 2023 al regresar el Consejo para la Discapacidad al Ministerio de Salud, eso es un terrible retroceso”.

“Las personas con discapacidad han sido sujetas a grandes inequidades, son más propensas a sufrir pobreza y malnutrición. Tienen menos oportunidades de recibir educación. La brecha con niños con discapacidad que no disfrutan del derecho a la educación es un gran reto 93 millones de niños con discapacidad son los que tiene posibilidad de quedarse atrás. Tienen menos oportunidades de tener empleo y la situación para la mujer es peor”, alertó.

Gamio indicó que en 91 países y territorios de ocho regiones geográficas la relación empleo población de las personas con discapacidad mayores de 15 años es del 36% de media, mientras el de las personas sin discapacidades del 60%.  “La situación es peor para las mujeres con discapacidad, ya que la relación empleo y población de estas mujeres con discapacidad es inferior a lo de los hombres con discapacidad y también tienen menos acceso a servicios públicos”.

“La agenda 2030 establece que más del 80% de las personas con discapacidad viven en pobreza”, advirtió y lamentó que haya una reducción del presupuesto para las personas con discapacidad.

A continuación, disertó la Coordinadora del Programa De Derechos de las Personas con Discapacidad, Belén Arcucci, quien estimó que “para 2025 los recursos asignados para las Pensiones no contributivas que administra ANDIS caen un 39%. Se observa que se proyecta 1.034.447 pensiones, lo cual contrasta con el dato de las pensiones actuales que es 1.212.187”.

“Acumulan una caída del 47% comparando los recursos ejecutados en 2023 y sería el presupuesto más bajo asignado a este programa desde 2018”, criticó y sumó: “La información presupuestaria refleja una caída del 15% en la cantidad de pensiones que se proyectan otorgar comparadas con las que se dieron actualmente”.

Arnucci finalizó: “El 73,75% del presupuesto total de ANDIS, la caída de recursos de este programa explica la caída del 30,5% de los recursos proyectados para el 2025 en el organismo. Los recursos para el programa de atención médica aumentan un 15,85%”.

Gabriela Troiano explicó que la Red por los Derechos de las Personas con discapacidad: “Es una ONG conformada por familiares y personas con discapacidad que viene desarrollando su acción en pos del cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en Argentina”.

“Este tema de las pensiones no contributivas no es nuevo, ya pasó en 2016. En este año con mayor perversidad. Estamos regresando a un sistema eugenésico porque se piensa que las personas con discapacidad no sirven a la sociedad. Es lo que se plantea hoy desde el Estado. Hay una doble discriminación al no dar trabajo a las personas con discapacidad y sacando las pensiones”.

Troiano aseguró que es “regresivo y perverso porque no se puede garantizar ni la autonomía ni la independencia porque lo toman como un gasto”, y exigió que el Estado cumpla con la Convención a la que está suscripta.

En representación de la Defensoría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, Marcelo Greco, señaló que “los organismos específicos de DDHH le están exigiendo a la Argentina que continúe con la garantía de la pensión no contributiva, para los niños con discapacidad”.

En tanto, la abogada especialista en discapacidad y seguridad social, María Daniela Savarese, manifestó: “En este gobierno de ajuste se ve a las personas con discapacidad como un gasto. Esto ya lo vivimos, nada mejoró y ningún proyecto trajo una solución real. Hoy nos convoca nuevamente el mismo tema: la quita de pensiones. Se la considera incompatibilidad con trabajo registrado y no se toma a la pensión como un derecho adquirido”.

El coordinador del Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, Pablo Molero, consideró: “Se podría pensar en una nueva ley que reconozca la asignación económica para las personas con discapacidad, solucionaríamos muchos de los problemas que están hoy”.

La investigadora del CONICET, María Pía Venturiello, detalló que “de la población argentina solo un tercio tiene acceso al Certificado Único de Discapacidad, que le permite el acceso a los derechos reconocidos. Otro dato adicional: la tasa de empleo es del 32% lo que evidencia la expulsión sistemática de las personas con discapacidad del mercado laboral”.

En tanto, la abogada Celeste Dimegli cuestionó que el decreto 853/24: “Introduce cambios significativos, establece la incompatibilidad laboral entre el cobro de una pensión y un trabajo registrado; esto significa que los beneficiarios no pueden tener un empleo formal mientras reciben la pensión”.

En representación de APDH expuso Claudia Naom quien planteó que “en el modelo social de la discapacidad es responsabilidad de la sociedad. Eliminar las barreras para que las personas con discapacidad puedan incluirse y ejercer su derecho a decidir su propio plan de vida. Con la eliminación de la pensión no se puede lograr eso y se le coloca una barrera más”.

Por último, expuso el psicólogo del equipo de Salud Mental del CELS Joaquín Castro Valdez quien afirmó: “Las personas con discapacidad tienen necesidades económicas diferentes y un costo de vida más alto que el promedio. El contexto económico actual los afecta también de manera diferencial”.

La Comisión de Ciencia y Tecnología de Diputados, presidida por Daniel Gollan (UP), escuchó este martes a representantes provinciales del Consejo Federal de Ciencia y Tecnología (COFECYT) quienes alertaron por la falta de financiamiento en el sistema actual en las diversas jurisdicciones.

Gollan comentó que el motivo de la reunión surge habida cuenta de que el Ejecutivo en lo que va del año no se ha reunido con el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología: “Esto agregaba una preocupación más y es algo que hemos escuchando en las múltiples recorridas por centros tecnológicas y universitarios en todo el país la necesidad imperiosa de que las instituciones funcionen”.

“Nosotros, lamentablemente, no tenemos una capacidad resolutiva, simplemente cumplimos con lo que debemos cumplir por parte del Legislativo que es escuchar y visibilizar la problemática”, explicó.

El titular de la comisión comentó que han citado a Alejandro Cosentino –quien estaba al frente de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología- pero un día antes a asistir renunció. También han convocado al secretario Darío Genua, pero “a la fecha no ha venido. Nos recibió en una reunión y se comprometió en que no tenía problema en asistir. Hoy fue invitado y no pudo asistir”.

“Es imprescindible que tengan que funcionar estas instituciones. No se puede naturalizar esto de que no hay respuestas, de que no hay reuniones. Estoy mencionando una serie de cosas que son graves y que no hay manera de mantener un vínculo dentro de lo que debería ser institucionalmente con los funcionarios y no hay manera de que este Cuerpo legislativo pueda dialogar con ellos y no debería ser así porque nunca pasó”, se quejó Gollan.

Representantes del COFECYT

La primera oradora fue la representante del COFECYT en el Directorio del CONICET,  Luz Lardone quien alertó por la fragilidad institucional del Consejo Federal y del presupuesto e informó que “al día de la fecha no se ha constituido el Consejo en esa primera reunión”. Así, explicó que cada uno de los representantes provinciales son designados por decreto de sus gobernadores. Se arma un cronograma donde lo que se reúne es el Comité Ejecutivo, que funciona mensualmente. Como su nombre lo indica, pretendidamente federal, funcionan los consejos regionales en espejo con los consejos, pero el Consejo Federal tampoco está funcionando”.

Lardone se mostró preocupada por el financiamiento: “¿Cómo recuperamos la institucionalidad de este Consejo?”, preguntó y precisó: “Es un ámbito donde se ha discutido, no solo la política científica del país, un espacio donde, además, se articulaban esas políticas con el Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología y, en ese marco, considerar una política científica con perspectiva federal de cómo ir trabajando los instrumentos de política pública que pudieran dar cuenta, no solo de las realidades y las inequidades y las asimetrías presentes en cada una de las provincias, sino también, cómo proponer soluciones con una mirada situada que pueda atender la diversidad federal de nuestro país”.

En tanto, indicó que desde el 2019 al 2023 se realizaron un total de 15 asambleas, por lo que advirtió que “esas representatividades también han caducado en su mayoría”.

“Es preocupante, no solo la cuestión presupuestaria que no se está cumpliendo con la Ley de Financiamiento. Tampoco se está cumpliendo con la Ley del Plan de Ciencia y Tecnología en cuyo corazón están definidas por las provincias que integran este Consejo Federal”.

La Rioja

Hugo Vera, secretario de Ciencia y Tecnología de La Rioja, destacó la visión estratégica y la decisión política de su gobernador, Ricardo Quintela, de “fomentar, promocionar todo lo que hace a este andarivel de la ciencia y la tecnología a este camino de la innovación y el conocimiento a este sendero de la investigación y el desarrollo”.

Así, conto que su provincia “viene transformándose de la mano del sector” que le han dado un “crecimiento exponencial” gracias a los programas federales y comentó que nueve laboratorios han sido equipados y puestos en valor por los proyectos federales. También ponderó 23 iniciativas que “hablan de soluciones concretas a nuestros territorios, a economías regionales”.

“Había un paraguas desde Nación con una gestión muy federal en donde se apalancaban programas, se financiaban distintas líneas de acción. Con un programa que se denomina Popularización de la Ciencia y la Tecnología estamos federalizando, democratizando el conocimiento y estamos logrando hacer unidades de ciencia y tecnología en todos los municipios de nuestra provincia”, ponderó.

Vera lamentó la posibilidad de que “se dilapide, de que se pierda, de que se diluya todo eso porque necesitamos fundamentalmente que se haga realidad ese Plan Nacional de Ciencia y Tecnología, que se ejecute, que se ponga en marcha y que se apalanque financieramente y presupuestariamente a una serie de programas de acciones que necesitamos las provincias y que esos programas sean fundamentalmente federales”.

“Necesitamos que esté incorporado en el actual presupuesto las partidas necesarias para darle continuidad a esas construcciones”, cerró

Santa Fe

La secretaria de Ciencia y Tecnología de la provincia, Érica Hynes, planteó que Santa Fe “no escapa a la coyuntura nacional que han descrito quienes me precedieron en la palabra”, y destacó que la provincia tiene “mucha actividad científico tecnológica con polos de conocimiento en varias de las ciudades, especialmente en Rosario y en Santa Fe capital”.

También, destacó que tienen actividades “con mucho dinamismo industrial, empresas de biotecnología que “tienen una relevancia y un impacto que es reconocido en todo el país”. “Esto todo tiene una relación muy fuerte con la producción de conocimiento y con la producción de datos de información novedosa que, después, es la que se va a poder convertir en innovación en las empresas”, informó.

“Hay una gran preocupación por lo que está detenido”, alertó y comentó que Santa Fe tiene una agencia de ciencia y tecnología que fue creada en 2013 y refrendada por Ley en 2017 que tiene “la obligación y la responsabilidad institucional de ejecutar la mayor parte del presupuesto de ciencia y tecnología provincial”. Por último, manifestó que están abriendo convocatorias nuevas para “poder sostener esto en un contexto muy difícil donde todos miran a la a la provincia como una fuente de recursos”.

Tierra del Fuego

La ministra de Educación, Cultura ay Ciencia, Analía Cubino, criticó: “No sé si nos queda alguna posibilidad de tener que justificar el rol de la ciencia y la tecnología respecto de la vida de los argentinos”, y agregó: “Pasados 10 meses tenemos que empezar a convencernos de que no hay plata, pero que no hay democracia es algo difícil de asumir. Poder hablar de leyes que no se están cumpliendo porque se han redactado y votado con unanimidad de todos los sectores políticos y el respeto a las instituciones es lo que tenemos que hacer”.

“Es muy grave que no esté funcionando el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología, pedimos que se reabra y se convoque desde la Secretaría de Ciencia y Tecnología para habilitar la discusión de las realidades de las provincias”, exigió y recordó que fue creado por decreto y firmado por Carlos Menem.

“Realmente nos preocupa porque, más allá de que las provincias no hemos recibido un solo peso para el sector, que no se ha ejecutado el presupuesto 2023. Que ahora se va a discutir el nuevo presupuesto. En 2024 estamos viendo con gravedad todos los artículos que se están soslayando, suspendiendo de leyes de ciencia, de educación y todos los ámbitos que nos circulan”, expresó.

Córdoba

Gabriel Tonetti, secretario de articulación científico tecnológico, señaló que para su provincia es “importante la institucionalidad y que podamos seguir trabajando y arranquemos con las sesiones, reuniones y trabajo conjunto dentro del Consejo Federal”.

“En Córdoba, la iniciativa de nuestro gobernador fue poner a la ciencia y la tecnología dentro de los ejes estratégicos de desarrollo socioproductivo de la provincia”, destacó y señaló que “el presupuesto con el que contamos para la ciencia no se ha tocado, de hecho, estamos llegando al 100% de la ejecución. Estamos con un programa de financiamiento a la ciencia y tecnología”.

El funcionario provincial remarcó que el eje “fundamental la vinculación y la transferencia. En cómo llegar de las 12 universidades que tenemos, las 18 instituciones de Ciencia y Tecnología tanto nacionales como provinciales poder transferir ese conocimiento a las empresas y eso sin un Estado presente es prácticamente imposible y muy difícil de lograr. Tenemos que seguir trabajando a nivel nacional y seguir uniéndonos entre las provincias y llevar este desarrollo de las empresas y la economía basado en el conocimiento”, cerró.

Catamarca

El ministro provincia, Isauro Molina, expresó: “En este contexto nacional complejo y difícil, en Catamarca no hemos logrado avanzar en la ejecución de los fondos para la creación del Centro Científico, Tecnológico y Productivo que está proyectado porque carecemos de los fondos, por eso es importante tener estos ámbitos para debatir e incluir estos temas en la agenda legislativa”.

“El modelo nacional concentra el presupuesto de ciencia en las dos Buenos Aires, sino federalizar, democratizar y descentralizar el sector”, finalizó.

Buenos Aires

En su intervención, el secretario del área bonaerense Nahuel Ares contó cómo desde la provincia están “tratando de paliar la ausencia del Gobierno nacional en todo lo que refiere a ciencia y tecnología”.  “El COFECYT se tiene que reunir. Tenemos las leyes del conocimiento, de nano y biotecnología, el Plan 2030 con todas las provincias y Nación. Nos parece que tenemos que dar esa discusión acá en el Congreso”, planteó y reclamó despidos que se están llevando en el INTI, CONICET.

“La ciencia y tecnología sirve para el desarrollo de nuestro país”, planteó y remarcó las obras paralizadas en Buenos Aires: “Tenemos 22 obras paralizadas, más de 193 equipos que dejaron de pasar fondos. Eran compromisos asumidos por el Estado Nacional y hoy se está incumpliendo la ley”.

También resaltó que el COFECYT viene desde los 90 y precisó que el artículo 5 establece cuáles son las obligaciones del Estado Nacional donde “esta financiar la ciencia y tecnología y promover el desarrollo federal del país y ninguna de esas cosas se está llevando a cabo”. “No podemos dejar de lado la ausencia y desidia del Gobierno nacional en este momento en todo lo que tiene que ver con ciencia e innovación y el desarrollo federal”, manifestó.

Corrientes

“Desde Corrientes impulsamos acciones que promovieron el desarrollo de carácter público y privado, de manera articulada para lograr resultados concretos generando un proceso de consolidación constante”, informó la subsecretaría de Coordinación Institucional, Micaela Van Der Woerd e indicó: “Generamos mecanismos ágiles y de articulación y acciones conjuntas con el COFECYT”.

Así, destacó que el COFECYT: “Es esencial el rol que desempeña porque es el cuerpo de elaboración, asesoramiento y articulación estratégica de políticas prioritarias nacionales y regionales que promueven el desarrollo armónico de las actividades científica. Es un espacio donde se escuchan las demandas territoriales dando cuenta de un importante criterio federal”.

Por último, expresó: “Confiamos en que los desembolsos pendientes se regularicen pronto para poder cumplir con los compromisos adquiridos”.

Jujuy

Desde la provincia del norte, Luis Bono secretario ejecutivo de la Agencia de Ciencia, Tecnología e Innovación de la provincia se mostró preocupado por la pérdida de federalización porque “se está dejando de lado las convocatorias”.

“Estamos cumpliendo más de 110 días que no tenemos respuestas de Nación del presupuesto para la construcción de nuestro Polo Tecnológico. Se trabajó con el Ministerio de Infraestructura para poder iniciar la obra”, denunció.

Formosa

El secretario de Ciencia y Técnica, Camilo Orrabalis, resaltó “la falta de diálogo desde las direcciones que toman decisiones a nivel nacional, están totalmente ausentes. Pese a eso en Formosa se sigue apostando a la ciencia y a la tecnología, se está terminando el Instituto Politécnico Formosa y otros proyectos, con recursos propios”.

“Lamentamos la decisión de no convocar a las asambleas que son necesarias. Uno hace reclamos y del otro lado hay ausencias”, manifestó y contó que en su provincia desde el 2003 al 2015 el “desarrollo en ciencia y tecnología ha crecido en infraestructura. Pudimos completar un Polo Científico que hoy está en funcionamiento”, y criticó que las decisiones políticas “centralistas siempre perjudican a las provincias del norte”.

San Luis

El director de Vinculación Estratégica del Ministerio, Delfor Sergnese, afirmó: “Estamos esperando la convocatoria del Consejo Federal y vemos con preocupación que no se realice. Desde San Luis estamos trabajando tanto en la vinculación como en la transferencia de conocimiento en conjunto con los organismos provinciales y nacionales”.

También disertaron la directora general de Economía del Conocimiento de La Pampa, Laura Biasioti; el presidente de la Agencia de Desarrollo e Innovación Tecnológica de Misiones, Nicolás Daviña; el director General de Ciencia y Tecnología de Santiago del Estero, Edmundo Vizgarra Gómez; la ex presidenta del CONICET, Ana Franchi; la exsecretaria de Ciencia de Chubut, Georgina Davis; la representante de la Mesa Federal de Ciencia, Josefina Vaca.

La Comisión de Turismo de Diputados, a cargo de la riojana Gabriela Pedrali (UP), se reunió este jueves para recibir y escuchar al Jefe de Gabinete de la Subsecretaria de Turismo de la Nación, Christian Rodolfo Dovico, y especialistas, quienes expusieron sobre la situación de la actividad de guías y profesionales de turismo en todo el territorio nacional.

Dovico señaló que, si bien la Nación no lleva un registro específico sobre guías porque “la habilitación de los mismos corresponde a las jurisdicciones locales dadas las particularidades que cada una de ellas tiene que darle. Si creemos que la formación de estos profesionales y estos puedan brindar los servicios tan importantes que representan en el turismo, lo hagan de una manera que puedan equipararse en todo el territorio nacional y resulta fundamental”.

“Cuando un turista concurre al país visita varios destinos y se encuentra con realidades distintas. Se encuentran con servicios que tienen distintas magnitudes, calidades. Por eso es importante la formación de los profesionales”, indicó,

Así, comentó que desde la secretaría este año han comenzado a dar charlas en las universidades para tratar de transmitir, por un lado, las expectativas del turismo y del posicionamiento de la Argentina a nivel regional y mundial. Por supuesto, las expectativas que hay de algunos mercados ya consolidados donde tenemos turismo, tomamos turismo receptivo y otros por desarrollar”, y sumó: “Sí hay mercados todavía por desarrollar y la formación de estos profesionales en todo el sector turístico, pero especialmente aquellos que tienen ese contacto directo con los turistas, es fundamental”.

“Entre las prioridades que tiene la secretaría está la de capacitar formar. Esa capacitación y formación de los profesionales del turismo incluye establecer a nivel nacional las directrices de calidad. A través del área de formación está desarrollando directrices para todo lo que es el servicio de guía, ya sea de aventura, rafting, montañismo. En varios sectores y creemos que eso es fundamental para que todos los turistas que nos visitan en Argentina puedan encontrar servicios de calidad y de manera similares en todo el territorio”, explicó.

Dovico planteó que la idea desde la subsecretaría es “no quitar ni desmerecer el valor de ninguno de los operadores y dotar y fortalecer de herramientas que se necesitan a cada eslabón que hace al turismo”.

“El sector turístico es el tercer productor de divisas en el país después del agro y la industria.  El turismo va a ser aquel que derrame más trabajo. Desde Nación se están llevando a cabo políticas que apuntan a que todo el sector turístico busque una mejora constante y logremos superar las metas e índices que tenemos”, destacó y sumó: “La política de cielos abiertos mejoró la conexión, aunque quedan desafíos con tramos internos y se está trabajando eso implementando políticas que logren la conectividad en donde hoy no se está llegando”.

El funcionario informó que el registro que está llevando la Federación de Agencia de Viajes marcó un 14% más de agencias registradas que el 2023. “Eso habla de un mercado que quiere progresar e invertir”, destacó.

En consonancia con su preopinante, Malvina Gómez, referente del Foro de Guías de Turismo Nacional, remarcó “la importancia de la capacitación”; mientras que Carlos Espinosa, decano de la Universidad Nacional del Comahue, argumentó: “La Argentina tiene, en sus graduados en Turismo, un punto de partida y un estándar de calidad que no deberíamos desconocer ya que ayuda y construye la competitividad".

La radical jujeña Natalia Sarapura coincidió en la necesidad de profundizar la capacitación y profesionalización de los guías de turismo. “La formación de guías de turismo es una actividad que se han promovido”, resaltó y contó la experiencia de su provincia y de las carreras afines en las universidades.

“Es una vocación de que el turismo sea una posibilidad de crecimiento y desarrollo económico de promoción y valorización de la cultura y de la identidad y un concepto de gobernanza territorial por parte de hombres y mujeres de comunidades indígenas”, expresó la radical y sostuvo que la interculturalidad “es un desafío que es necesario transversalizar en todos los temas de la política pública”. Sarapura pidió que se especifique qué faltaría en el sector turístico en cuanto a las capacitaciones y que se reconozcan los avances que las provincias ya han hecho

Pedrali manifestó que “una de las cosas que nos preocupa son las desregulaciones en el sector”, y destacó: “Nos alienta escuchar que a la secretaría le interesa el profesionalismo y la carrera en sí misma”.

Su par de bloque el sanjuanino Jorge Chica se sumó a las preocupaciones de desregulación y de “quitarle validez” a los guías turísticos y recordó el caso de la turista alemana Julia Horn que falleció en su provincia al hacer una expedición sola cuyo cuerpo fue hallado por la ayuda de los guías de turismo. “Es importante brindar un servicio de turismo y darle las seguridades a través de quienes han estudiado”, resaltó e informó que San Juan solamente tenía una capacidad del 25% de ocupación hotelera y 3000 empleados, pero despedidos mil porque “no se puede sostener su ocupación por la falta de desarrollo del turismo”.

El jefe del bloque radical en Diputados, el cordobés Rodrigo De Loredo, ratificó el respaldo a la Ley de Financiamiento Universitario y apuntó contra el Gobierno porque “estiran, patean, dilatan y han agravado la crisis Universitaria”, al tiempo que señaló que “es falso que esto pueda quebrar la ecuación del equilibrio fiscal”.

En la sesión de este miércoles, el radical planteó: “Si el problema es la baja tasa de egresados que tienen nuestras universidades que son 28 cada 100 alumnos, cuando en Brasil tenés 46, en Chile tenés 69, no estaría sobre nuestras bancas alguna propuesta tendiente a determinar si en algunas facultades o universidades debiéramos de tener más rigurosos exámenes de inscripción”.

“No estaría sobre nuestras bancas alguna propuesta que resuelva este flagelo que tenemos en la educación secundaria, en donde el 50% de nuestros egresados no terminan de comprender lo que leen y, finalmente, las trayectorias truncas en las universidades terminan dándole a esos estudiantes las herramientas que el secundario no dio”, apuntó.

Así, sumó: “Si lo que verdaderamente estuviera en discusión fuese la transparencia, el uso de los fondos del conglomerado universitario argentino y consideraran que es insuficiente la rendición de cuentas, por cierto, tardía de la Auditoría General de la Nación, estarían sobre nuestras bancas alguna propuesta para mejorar controles y auditorías de desempeño con metas”.

De Loredo señaló que, de esa manera, “habrían de haber integrado la Bicameral de Rendición de cuentas, habría cuanto menos conformado la AGN si, en definitiva, se trata de poner en discusión este valor tan sagrado que tenemos que la autonomía universitaria”.

“Si el problema es el financiamiento o la supuesta gratuidad, estaríamos discutiendo si habría que cambiar el criterio de las becas para la universidad o animarse a discutir si los graduados pudieran aportar con parte del Impuesto a las Ganancias y devolver en parte lo que le ofreció una universidad pública”, expresó.

En esa línea, siguió: “Sí lo que está en discusión son los objetivos científicos y de investigación, porque debieran de priorizarse aquellos que potencien la actividad económica social y no destinarse recursos económicos o humanos a investigar telenovelas o cine militante, habría alguna propuesta al respecto”. “Si lo que estuviesen discusión son aquellas universidades creadas al calor de la política, estaríamos analizando cuál de aquellas verdaderamente se vinculan con el apalancamiento productivo de la región de la que se trate y cuáles no”, propuso.

“Si estuviésemos discutiendo actualizar los contenidos universitarios, habría una propuesta de ustedes que proponga reducir las carreras, certificar conocimientos vincularlas con el mundo del trabajo. Si estuviésemos discutiendo equilibrar la oferta con los extranjeros, estaríamos cuanto menos discutiendo sea reciprocidad”, agregó.

En tanto, De Loredo apuntó: “Pero no hay sobre nuestras bancas una sola propuesta vinculada a ninguna de las reformas que, seguramente necesitan nuestro conglomerado de universidades argentinas, para mejorar lo que ya funciona mucho mejor que el resto del Estado y estaríamos discutiendo”.

“Lo único que estamos discutiendo es un ajuste. Estamos discutiendo eventualmente el tamaño del ajuste. Un ajuste que este bloque ha demostrado entender que es necesario en la Argentina para estabilizar la economía, pero nos embarga la pregunta de por qué han escogido arteramente que el ajuste sea para con el conglomerado de la universidad argentina de un 20% superior que el promedio del ajuste al resto del sector público. Si el resto del sector público perdió en un 50% con la inflación, por qué es que la comunidad universitaria Argentina perdió un 68% casi 20 puntos más”, criticó.

El radical alertó que “esconde esta decisión de financiamiento, una voluntad política que me gustaría que la pongan sobre la mesa de entender, que no quieren sostener un sistema público universal y gratuito. No lo sé si en el fondo es lo que quieren. Lo que sí sé, es que la serie de argumentos de reformas que necesitan las universidades no tiene una sola propuesta de ustedes”.

El cordobés recordó que hace 10 meses el bloque que “no pueden señalar de obstruccionista porque ha demostrado sobradas veces que está dispuesto a cooperar, viene bregando para que ustedes resuelvan este tema de la forma natural, por los canales normales por los cuales se tiene que resolver que es una paritaria con el sector docente, pero ustedes estiran patean dilatan y han agravado la crisis universitaria”.

“Es absolutamente falso que no hay una previsión de gasto para la propuesta esta porque claramente presupuestos que ustedes prorrogaron, en el artículo 130 exactamente prevé que el 1,33% del PBI tiene que estar dedicado al financiamiento educativo. Es falso que esto pueda quebrar la ecuación del equilibrio fiscal porque el 0,14 que prevé la Oficina de Presupuesto del Congreso equivale al 10% el superávit primario”, detalló.

De Loredo mostró preocupación por el “riesgo al que someten el prestigio de nuestras universidades con este discurso absolutamente lesivo por el uso político de estas agendas, de esta herramienta central. El desprestigio al que quiere someter esta herramienta por el uso político es algo que ya conocemos los argentinos”.

“El peligro en el que estamos es que, si triunfan unos, pareciera que se garantiza el estatus quo y nada tiene que cambiar en el sistema universitario argentino. Si triunfa el otro, vamos camino al desfinanciamiento de la sustitución de este modelo por un modelo excluyente y un modelo de Elite”, advirtió.

El jefe de la UCR señaló que las universidades son una “herramienta de acceso universal. Es una herramienta valiosísima para mezclarnos los argentinos, para aliviar nuestras fragmentaciones y dar una sustentabilidad social”.

“Me toca estar acá conduciendo un bloque en un momento de absoluta turbulencia política. En un momento de absoluta atomización y hemos usado hasta el último de los esfuerzos para llevar la totalidad de los votos. El bloque de la UCR va a insistir con esta ley de la cual fue autor y de esta ley que procura defender uno de los pilares, todavía en pie, que hace la movilidad social ascendente de la República Argentina”, cerró.

La Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación productiva de Diputados, a cargo de Daniel Gollan (UP), recibió este martes a una nueva ronda de invitados quienes debatieron acerca de iniciativas sobre el uso de inteligencia artificial en lo que fue el quinto encuentro informativo.

En ese sentido, Gollan dijo que la “idea es seguir con las opiniones y que los asesores sigan conectados con los expertos que exponen. Podemos tener uno o dos proyectos consensuados y avanzar con el tema”.

Por su parte, Juan Santiago, fundador y CEO Santex Group, empresa de soluciones tecnológicas con sede en California, Estados Unidos, contó que "hoy es una de las 5 mil empresas que más crece en EEUU exportando talento de Argentina. Tenemos en nuestras manos la posibilidad de definir los cimientos para que la IA impulse un cambio paradigmático en la sociedad”.

“Hay que repensar el establishment, esto significa repensar el sistema transaccional actual. Es posible cambiarlo para abrir posibilidades a cada vez más personas de Argentina al mundo”, aportó.

Emiliano Baum, ingeniero en software, Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), manifestó: “Hay muchas áreas de servicios que van a ser reemplazadas y ahí hay que poner el acento. El Estado tiene que tener una regulación activa para garantizar que no se vean afectadas las sociedades”.

“Es importante que se logre una legislación y un conjunto de regulaciones que permita que la IA sea una oportunidad de crecimiento para todos”, reflexionó.

En tanto, Agustín Caverzasi, CEO en Anyone IA, explicó que “estamos hablando del futuro del software y el impacto en los desarrolladores, nos pone un desafío, pero también representa una gran oportunidad para la Argentina. La IA está concentrado en tres grandes tipos de recursos para su desarrollo: hardware, datos y el talento”.

“Argentina es país que más crece en términos de desarrolladores, hay 500 mil desarrolladores en el país. Propongo un marco lo más flexible para atraer más inversión, es una oportunidad única para el país”, subrayó.

Damián Loreti, abogado, integrante de la Comisión Directiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), expresó que la “preocupación es que tipo de regulación se propone, el riesgo es que si formulamos algún tipo de regulación burbuja, que se autoabastezca y no dialogue con el resto de la legislación argentina”.

“Regular con una perspectiva de derechos implica adoptar estándares internacionales de derechos humanos como marco principal a cumplir por los operadores estatales y no estatales, reconocer la existencia de otras reglas vinculantes, es decir, como convive con la ley de protección de datos y la ley antidiscriminatoria”, entre otras dijo.

Asimismo, Micaela Sánchez Malcolm, ex secretaria de Innovación productiva, convocó a “tratar de evitar caer en esta grieta que nos fueron imponiendo respecto del desarrollismo versus la regulación porque básicamente forman parte de una misma estrategia”. Y se explayó sobre tres cuestiones para debatir en los proyectos, “enmarcados en el rol del Estado: soberanía tecnológica y desarrollo local; gobernanza regional; y la necesidad de generar instancias de formación y discusión ciudadana”.

Participaron, el diputado de la UCR, Facundo Manes; Diego Morales, integrante del CELS; Fernando Vargas, especialista Senior en Competitividad, Tecnología e Innovación del Banco Interamericano de Desarrollo; Andrés Piazza, abogado en materia digital, entre otros.

La titular de la Agencia de Acceso a la Información Pública, Beatriz Anchorena, se presentó este martes ante la Comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados, y afirmó que el Decreto 780/24, por el cual se modificó la reglamentación de la Ley 27.275, no fue ni redactado, ni impulsado ni avalado por la Agencia que conduce y culpó al Procurador del Tesoro de incentivar el decreto.

Anchorena inició su alocución destacando que “la argentina ha hecho, en lo que va del S.XXI, un importante progreso en materia de acceso a la información pública en consonancia con lo que ocurre en los países más avanzados intentando ponerse a la altura de los estándares internacionales”.

Así, remarcó que “el derecho al acceso a la información pública es un derecho humano fundamental establecido en la Declaración Universal de DD. HH y en la Convención Americana sobre DD. HH, el Pacto de San José de Costa Rica y tiene, por lo tanto, raigambre constitucional para nuestro país. Se le ha sumado leyes, decretos, fallos que han ido conformando un verdadero régimen, un sistema de acceso a la información pública robusto y con una modernización incremental que está en proceso de conformación por lo que es necesario cuidar, defender, fortalecer y apoyar”.

“Un avance fundamental ha sido la Ley 27.275 de Derecho al Acceso a la Información pública que crea la agencia y, también establece la ley, los principios, valores y procedimientos que rigen al derecho”, remarcó y agregó: “Garantizar que ciudadanía, la sociedad civil pueda reclamar y recibir información sobre las acciones del Estado constituye, además, la puerta de acceso a otros derechos económicos, sociales y culturales. También permite el control ciudadano sobre los poderes del Estado, promueve la transparencia sobre los actos del Gobierno y la rendición pública de cuentas”.

“Hoy defender el derecho a la información al igual que promover la participación ciudadana es defender la democracia”.

La funcionaria opinó: “estoy convencida que todos los actores constitucionales que participan en este tema de este campo, el Poder Legislativo, el Ejecutivo, el Judicial, la Agencia como autoridad de aplicación, las fuerzas políticas y la sociedad civil debemos comprometernos a consolidar el sistema, defenderlo de cualquier intento de cercenar sus valores fundamentales, sus conceptos esenciales, sus procedimientos críticos y su institucionalidad”.

Decreto 780/2424

Anchorena señaló que el derecho al acceso a la información tiene rango constitucional en el artículo 75, en el 2003 con Decreto 11/72, en el 2016 la Ley 27.275, en 2017 el Decreto 206 reglamentario y el DNU 746 que “poda la autonomía de la agencia”, en 2017 resoluciones con criterios orientadores, en el 2019 también, en 2021 ratificación de acuerdos, en 2023 proceso participativo de redacción de reglamento de gestión, solicitudes y reclamos, y en 2024 la resolución 76, 77 y 80 de la agencia y el DNU 780.

“Estamos hablando de un plexo normativo amplio que se tiene que interpretar de forma armónica”, defendió y sumó: “Hay que agregarle hitos de jurisprudencia que son de la Corte Interamericana de DD. HH y de la Corte Suprema de Justicia, como los fallos. También la Ley Modelo Interamericana de Derecho al Acceso a la Información Pública que trae a las organizaciones no gubernamentales como sujetos no obligados”.

“Tenemos los principios de la Ley 27.275 en su artículo 1 que son fundamentales a la hora de interpretar armónicamente el Decreto 780”, y dejó en claro que “materialmente y objetivamente la agencia no redactó, no impulsó, y avaló el decreto 780 y se puede ver claramente en el expediente”. “No tuvimos una intervención formal con un dictamen técnico ni jurídico propio, así como tampoco participamos de reuniones ni de mesas de trabajo”, agregó.

Anchorena hizo observaciones a la medida: “Acá hay una precuela del Decreto 780 que es el dictamen del Procurador del Tesoro del 23 de julio en donde recomienda que se redefina el concepto de información pública de la Ley 27.275”.

“El Decreto se caratuló en la presidencia, fue a la secretaria de Planificación Normativa donde se elabora un primer proyecto de decreto que va luego a jefatura de Gabinete y se gira al buzón general de la agencia una versión preliminar que no fue el que se terminó publicando en el Boletín Oficial de modificación del decreto reglamentario”, explicó y siguió: “Al tomar conocimiento la dirección de contenido y normativa de acceso a la información redactó comentarios sobre los puntos críticos a la espera de ser convocados a una mesa de diálogo, pero no fue posible llevarlo a cabo una reunión, ni una mesa de trabajo. Finalmente, la idea de que podamos subir las modificaciones no se pudo llevar a cabo porque el Decreto tenía que ser firmado ese día”.

Según Anchorena se “enteraron de la medida a través de la publicación del Boletín Oficial y ese mismo día teníamos programada una reunión con agencias”, y apuntó: “El Consejo de la Magistratura también tiene algo para decir, el Ministerio Público Fiscal también”, y sugirió poner en agenda la posibilidad de que el Congreso también cuente con una Agencia de Información Pública.

La funcionaria comentó: “Con las agencias llegamos a la conclusión de que el Decreto no era necesario porque contamos los instrumentos para administrar la atención entre la privacidad de los funcionarios públicos y el acceso a la información. Este plexo normativo nos da los instrumentos, pero de todas maneras el Decreto se debe interpretar de forma armónica con los principios y tratados internacionales y en ese sentido entiendo que se va a avanzar”.

Así, volvió a apuntar: “El dictamen del Procurador del Tesoro finaliza recomendando que se modifique la definición de información pública”.

La Agencia de Acceso a la Información Pública

Según contó Anchorena, la agencia se creó en el 2017 a fines de septiembre a un año de la aprobación de la ley. La Agencia es autoridad de aplicación, órgano garante y rector de la Ley de Derecho al Acceso de la Información pública y de la Ley de Protección de Derechos Personales.

El trabajo de la agencia está conformado por tres direcciones nacionales: acceso a la información, protección de datos y dirección nacional de evaluación de políticas de transparencia que “es reciente creación hace dos años”.

“La agencia tiene tan solo siete años, pero transcurrió por tres gestiones de gobierno diferentes”, resaltó y sumó: “Desde enero de 2021 a marzo de 2022 estuvo acéfala. Recién en marzo de 2022 se designó una nueva titular donde se comprometió por el contrato social ciudadano, legitimar la acción de la agencia a través de un acuerdo que promueve el compromiso entre el Estado y la sociedad, la construcción de capacidades estatales para que todos los sujetos obligados cuenten con las herramientas necesarias para concretar el acceso a la información pública, la transparencia y la protección de datos personales y sostener la autonomía que es la independencia de la agencia para ello la ley le otorga autarquía y autonomía”.

La funcionaria remarcó que los cuatro compromisos públicos que se asumieron “ya están cumplidos y son el fortalecimiento institucional, el presupuestario, el de recursos humanos y un plan estratégico 2022-2026”. También destacó el salto de calidad en política de transparencia y acceso a la información a través de un portal de transparencia, un nuevo índice de evaluación, nuevos programas y resoluciones que ordenan el sistema.

“El tercer punto constituyó a la actualización normativa de la protección de datos personales que ya se cumplió con el ingreso de un proyecto el mensaje 87/2023 que fue construido con 11 mesas de diálogo y consulta pública”, explicó y cerró al respecto: “El cuarto punto cumplido es la consolidación del Consejo Federal para la transparencia creado por el artículo 29 de la ley”.

Anchorena comentó que al asumir solo había en el Consejo Federal cinco jurisdicciones con representantes provinciales designados y, actualmente, hay 24 representantes y alternos designados con decretos de sus gobernadores que participan de la transparencia.

Sobre el Plan Estratégico 2026 planteó que cuenta con cuatro objetivos: promover y fortalecer el ejercicio del derecho ciudadano en la protección de datos personales y el acceso a la información pública, ampliar las capacidades regulatorias de gestión a nivel nacional y federal; impulsar la transparencia en la gestión pública y fortalecer las capacidades institucionales de la agencia.

Según informó desde octubre de 2017 a la actualidad hay 53.706 solicitudes de acceso a la información publica por lo que “se ha incrementado año tras año. Tenemos una tasa de respuesta del 93.8%, 14 días de promedio para dar respuesta. Desde 2023 empezamos a tener a los organismos que no pertenecen al ecosistema de la gestión documental electrónica”.

“En 2024 tenemos un total de solicitudes de 9.300 con una tasa de respuesta de 95,2%. El Ministerio de Economía es uno de las entidades que más recibe consultas; jefatura de Gabinete, Capital Humano, Salud”, detalló y resaltó que la agencia tiene una “centralización normativa, pero descentralización operativa”.

Un plenario de las comisiones de Legislación Penal y de Familias, Niñez y Juventudes de la Cámara de Diputados se encamina a dictaminar, con modificaciones, el proyecto de ley que busca tipificar el delito por compra y venta de menores, a la vez de establecer duras penas, que viene con media sanción del Senado.

El encuentro se dará este martes a las 17.30 en el Salón Delia Parodi del Palacio Legislativo. Según pudo saber parlamentario.com habría consenso por unanimidad para introducir los cambios propuestos la reunión pasada y emitir dictamen.

Una vez finalizado el plenario, la Comisión de Legislación Penal iniciará el debate sobre los proyectos presentados que proponen modificaciones al Código Penal de la Nación en los artículos 186 y 189 sobre delitos contra la seguridad pública producidos por incendios a raíz de lo ocurrido en Córdoba y San Luis.

La titular de la Agencia de Acceso a la Información Pública, Beatriz Anchorena, fue convocada a la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados este martes 8 de octubre. La reunión será a las 13 en el Salón Delia Parodi, mismo día en que arrancará el debate por el Presupuesto 2025.

La presencia de la funcionaria había sido requerida días atrás, vía una nota formal, por diputados de la oposición dialoguista: la radical Karina Banfi; el cívico Juan Manuel López; Silvana Giudici y Silvia Lospennato, del Pro; y Miguel Pichetto y Oscar Agost Carreño, de Encuentro Federal.

En la solicitud enviada al presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el oficialista Nicolás Mayoraz, los legisladores consideraron que “sería menester que brinde información pertinente al decreto 780/24, debido a los planteos en la opinión pública y de los diputados que integran este cuerpo acerca de la viabilidad constitucional de la reglamentación efectuada por el Poder Ejecutivo a la Ley 27.275”.

El pasado 4 de septiembre, durante la presentación Guillermo Francos, varios diputados consultaron al jefe de Gabinete sobre el decreto. Algunos, como Banfi, reclamaron directamente su derogación. En esa oportunidad, el funcionario dijo que “no hay ninguna intención del Gobierno nacional de limitar el acceso a la información pública” y abrió la puerta a una revisión del mismo. Pero más tarde, desde Casa Rosada, el vocero Manuel Adorni avisó que no se harían cambios. Sin embargo, la preocupación en torno a las modificaciones en el acceso a la información pública fue trasladada también, en reuniones con funcionarios, por los aliados del Pro. Más precisamente en el encuentro que tuvieron con Karina Milei, cinco días después del paso de Francos por el Congreso, y cuando el jefe de Gabinete se encontraba internado.

Tras su publicación, el decreto 780/24 sumó cuestionamientos no sólo desde el Congreso, sino por parte de distintas asociaciones, organizaciones, entidades periodísticas y Defensorías del Pueblo de todo el país.

El bloque de la UCR presentó un proyecto de declaración de rechazo; la CC-ARI propuso su derogación; mientras que Unión por la Patria y Encuentro Federal presentaron sendas iniciativas para declararlo “nulo de nulidad absoluta e insanable” por haberse arrogado el Ejecutivo atribuciones del Poder Legislativo en los cambios introducidos.

A través del decreto, el Gobierno excluyó de la información pública el pedido sobre datos del ámbito privado de los funcionarios, “especialmente” cuando la solicitud pretenda “ingresar a una esfera típicamente doméstica”.

Entre los cambios, se redefine el concepto de “documento” para que las deliberaciones preparatorias, papeles de trabajo y exámenes preliminares de asuntos gubernamentales no sean considerados de carácter público.

Otra de las modificaciones que encienden las alarmas tiene que ver con que se establece que debe respetarse el principio de “buena fe”, o de lo contrario se podrá entender que existe un “abuso del derecho” remitiendo al artículo 10 del Código Civil.

La Cámara baja oficializó la convocatoria a sesionar este miércoles a partir de las 11 para debatir el veto presidencial contra la Ley de Financiamiento Universitario. Tres pedidos fueron realizados por distintos bloques de la oposición un día después de la gran marcha universitaria reclamando por la vigencia de la norma.

Luego que ingresara formalmente al Congreso el decreto 879/24, publicado en el Boletín Oficial, se presentaron tres solicitudes para tratar el tema. Según supo parlamentario.com, Encuentro Federal, la bancada presidida por Miguel Pichetto, quería que todos los bloques suscribieran juntos, pero desde la conducción del bloque de la UCR no querían dejar la firma estampada junto a Unión por la Patria.

Así las cosas, el primer pedido enviado al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, fue el de los radicales. La segunda solicitud fue la de Encuentro Federal junto a la Coalición Cívica, Movimiento Popular Neuquino y Por Santa Cruz, y la tercera de UP. Todos para el mismo día y horario, con lo cual la nota suscripta por el secretario Parlamentario, Adrián Pagán, hace referencia a las solicitudes formuladas por Rodrigo de Loredo, Miguel Pichetto y Germán Martínez para "considerar el expediente 17-PE-2024, Mensaje Nro. 0057/2024 de fecha 2 de octubre de 2024, comunicando el dictado del Decreto 879/2024, por el cual se observa totalmente y se devuelve el Proyecto de Ley registrado bajo el N° 27.757".

Aunque el oficialismo cuenta con el antecedente reciente a su favor de haber logrado sostener la decisión del presidente Javier Milei en torno a la ley que recomponía jubilaciones, con la ayuda de los bautizados “87 héroes”, el panorama no parece en este caso favorable -por ahora- para La Libertad Avanza.

Si hubiera asistencia perfecta, el oficialismo debería reunir 86 voluntades en contra de la insistencia de la ley. Pero los números necesarios, tanto para un lado como para el otro, disminuyen a medida que hay ausentes (con dos tercios de los presentes se lograría ratificar la ley). Así, con que al Gobierno le falte alguno de sus “héroes”, estaría complicado. Envalentonamiento o ingenuidad para el oficialismo haber creído que ese tercio que logró el pasado 11 de septiembre se convertiría en un mágico número automático.

Dentro de los apoyos que buscará LLA están los cinco diputados de la UCR que, polémicamente, acompañaron a blindar el veto de la movilidad jubilatoria. Después de eso, sumado a la causa universidades, por la cual el partido centenario levanta bandera, se encuentran aún más presionados. En la votación original dos de ellos estuvieron ausentes y los otros tres votaron a favor de la ley. Si alguno no votara esta vez junto al Gobierno y además se ausentara, colaboraría con la oposición. Dentro de la bancada radical aseguran que están “trabajando uno a uno los votos para la insistencia”.

También es mirado con atención que harán los ocho integrantes de Innovación Federal, que responden a los mandatarios de Salta, Misiones y Río Negro. En el caso jubilaciones, pasaron del voto a favor a la abstención. A la Ley de Financiamiento Universitario la acompañaron positivamente. Los salteños están dispuestos a ratificar el voto a favor, según lo anunció la propia jefa del bloque, mientras que los demás todavía no se sabe. Aunque este lunes hubo definiciones por parte de un misionero.

En este marco, LLA tuvo este lunes una buena noticia, al anunciar el Pro que apoyará el veto. Amén de algunos díscolos, como el larretista Álvaro González y Héctor Baldassi, ausentes en la primera votación, que ya dieron indicios de que votarán en contra del veto. El porteño participó de la marcha de este miércoles, mientras que el cordobés publicó un sugestivo mensaje en sus redes. Cuando salió la media sanción hubo además otros cuatro legisladores del Pro ausentes. Este miércoles podría haber más que disientan con la postura oficial del bloque.

La Ley de Financiamiento Universitario fue aprobada el pasado 15 de agosto en la Cámara de Diputados por los bloques de Unión por la Patria, UCR, Encuentro Federal, Innovación Federal, Coalición Cívica, Por Santa Cruz y Movimiento Popular Neuquino.

Las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y la de Energía y Combustibles de Diputados, se reunieron este miércoles para iniciar el debate sobre el proyecto que busca la implementación presupuestos mínimos de protección ambiental de gestión de emisiones de metano en el sector de hidrocarburos.

En el encuentro disertaron  expusieron sobre la temática Mariela Beljansky, subsecretaria de Transición y Planeamiento Energético de la Secretaría de Energía de la Nación, del Ministerio de Economía; Juan José Rivera, secretario de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable de la Provincia de Chubut; Gladys González, asesora del Gobierno de Chubut y senadora mandato cumplido; Marcelo Mena, CEO de Global Methane Hub, Foro Global del Metano; y Juan Pablo Letelier, de la plataforma Parlamentaria de Acción por el Metano.

En el inicio de la reunión, el titular de la Comisión de Ambiente, el puntano Carlos D’ Alessandro (LL), explicó: “Estamos en esta primera informativa conjunta para tratar el proyecto de ley de presupuesto mínimo de metano, de autoría del diputado Maquieyra”.

El proyecto de ley del diputado del Pro tiene como objeto “establecer los presupuestos mínimos de protección ambiental para una adecuada gestión de las emisiones de gas metano (CH4) en las actividades de exploración; explotación; transporte y refinación de hidrocarburos, con la finalidad de reducir su impacto sobre el ambiente; y de conformidad con lo establecido por el Artículo 41 de la Constitución Nacional”.

La titular de la Comisión de Energía, la libertaria Lorena Villaverde (Rio Negro), celebró la convocatoria que “está centrada en poder analizar y brindar un marco informativo sobre la importancia que tiene la reducción de emisiones de metano que es prioridad por lo que tenemos que trabajar en esos marcos regulatorios que motiven a lograr los objetivos planteados”.

“El debate debe ser profundo y profesional, sin anteojeras políticas siempre pensando en el desarrollo del país y el bien común”, cerró.

La primera expositora fue la subsecretaria de Transición y Planeamiento Energético, Mariela Beljansky, quien informó que “las emisiones del sector representan el 50% de gases de efecto invernadero”. También sugirió que “la autoridad de aplicación no debe ser Ambiente”, y se quejó que el tema “estaba en la Ley Bases, pero en la negociación se quitó”. Además, comentó que están trabajando en el diseño de un mercado de derechos de emisión conocido como ‘Cap and Trade’.

Sobre este punto, el diputado Maquieyra consideró “razonable” el planteó de la funcionaria de dónde debería estar la autoridad de aplicación que lo lleve adelante. “Naturalmente, este proyecto podría ser energía relacionado con ambiente. Cuando se lo quitó de la Ley Bases decidimos impulsar el proyecto porque el metano es lo que más efecto puede tener”, señaló.

Luego, fue el turno de Juan José Rivera, quien señaló que “cada provincia tiene su estructura propia de producción de metano”, y sumó: “Creemos que el proyecto es beneficioso, nos organiza, entendemos que ambiente es la herramienta para coordinar con el resto de las áreas y que las decisiones las tenemos que tomar porque las cosas están pasando ahora”.

“Estamos dejando afuera otras industrias como agricultura que es un gran generador de gases de efecto invernadero y nos hemos olvidado de mencionar una problemática como el manejo de residuos urbanos y aguas residuales”, planteó, al tiempo que manifestó que Ambiente debe estar presente: "El eje principal debe pasar por esa área".

El Secretario de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable de la Provincia de Chubut habló de su provincia. “Tenemos una estructura muy particular de producción de gases de efecto invernadero: más del 83% proviene de la industria de hidrocarburos, 9% de agricultura, un 7% del resto de la industria y el 1% de los residuos y de las aguas residuales. Ahí decidimos avanzar con una resolución, junto a las industrias, que tuvimos puntos de encuentro y han entendido que es para elevar los estándares de calidad”, precisó.

Gladys González, asesora del Gobierno de Chubut y senadora mandato cumplido, remarcó que “este proyecto es muy técnico que era imposible hacerlo sin equipo técnico de las operadoras y de la gente que realmente sabe de intensidad de emisiones, sobre todo el proceso de exploración, explotación, transporte y refinamiento del sector”. Asimismo, instó a que se obligue a reportar las emisiones debido a que “los datos que tenemos son sobre factores y están muy lejos de la realidad exacta de lo que se emite”.

Virtualmente, el ex ministro de Ambiente de Chile, Marcelo Mena, CEO de Global Methane Hub, Foro Global del Metano, a modo de repaso sostuvo que “a nivel global, el 40% de las emisiones metano vienen del sector fósil y el 60% de la producción de alimentos y sus residuos. En Argentina esto cambia, el porcentaje de alimentos y sus residuos es mayor, así también es la región latinoamericana”.

Según Mena las razones para apoyar la normativa son la de “tener un marco regulatorio predecible que defina un peso mínimo mejora inventarios, la gestión de los recursos y las prácticas”.

Por último, hizo uso de la palabra Juan Pablo Letelier, ex senador chileno, de la plataforma Parlamentaria de Acción por el Metano. “El metano es el gas de efecto invernadero que más está impactando hoy en el cambio climático, atrapando 80 veces más calor que el CO2”, recalcó al tiempo que pidió “avanzar aún más en la reducción de la emisión de metano de sus tres fuentes: sector energético, sector de gestión de residuos y la agricultura”.

También, destacó “la importancia de tener datos concretos, fidedignos, entendiendo que el objetivo que buscamos es controlar las emisiones de las industrias y, para eso, necesitamos que haya responsabilidad objetiva legalmente hablando”.

La subsecretaria de Transición y Planeamiento Energético de la Nación, Mariela Beljansky, disertó ante un plenario de las comisiones de Ambiente y Energía de Diputados en el arranque del debate sobre el proyecto de presupuestos mínimos de protección ambiental de gestión de emisiones de metano en el sector de hidrocarburos.

La funcionaria destacó la importancia de reducir las emisiones de metano porque “el sector de petróleo y gas que siga creciendo y crezca más porque no nos sirven de nada los recursos si están enterrados, sino que tenemos que poder utilizarlos. Para el gas natural hay una ventana temporal que es imprescindible tratar de aprovechar al máximo para generar riqueza”.

“Argentina pretende ser un país netamente exportador y la demanda, tanto de hidrocarburos como de otros bienes que la Argentina puede producir y exportar, requiere del cumplimiento de compromisos de gases de efecto invernadero”, señaló y agregó que el país debe “cumplir” con los compromisos como, por ejemplo, no exceder las 349 megatoneladas netas absolutas del inventario del 2030 que es el compromiso “legal vinculante” por Ley en 2016 el Congreso ratificó la suscripción del acuerdo de París.

Beljansky destacó que esta gestión de Gobierno “por primera vez” crea en su estructura que es una subsecretaría de transición en la órbita de Energía bajo el Ministerio de Economía a fin de tener “una mirada y abordaje integral de la transición hacia economías más bajas en carbono. En dicho ministerio están representadas el 90% de las emisiones de efecto invernadero del país. Las emisiones del sector energético nada más representan el 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero”.

“Hay que tratar de hacer la transición hacia una economía más baja en carbono, una oportunidad para ser un país netamente exportador porque no hay que olvidarse que es parte de lo que pretendemos para que Argentina tena mucho más nivel de producción económica y exportación y tener confiabilidad para poder acceder a financiamientos”.

La funcionaria explicó que dentro de las misiones de la secretaría “están enfocadas en establecer una asignación de derechos de emisión de gases de efecto invernadero que resulten compatibles con el cumplimiento del acuerdo de París en la proporción en que, cada quien que emite, tiene que hacerse responsable de sus emisiones, pero a su vez, es libre de cumplir con no superar ese umbral de derechos de emisión como quiera”, y sumó: “También para hacer que la transición sea más costo efectivo, justamente para tratar de poder crecer con la menor cantidad de limitaciones. No auto imponernos más limitaciones que, la demanda de productos y del cumplimiento de los acuerdos que tenemos suscriptos, nos requiera”.

La expositora contó que establecerán un mecanismo de Mercado de derechos de emisión de gases de efecto invernadero conocido como “Cap and Trade”. “En eso venimos trabajando desde el 11 de diciembre del año pasado y hemos avanzado bastante en ese sentido en el diseño del esquema de asignación de derechos de emisión y en el esquema de mercado de derechos de emisión”, comentó y explicó que han hecho una presentación de interés para tener la cooperación del Banco Interamericano de Desarrollo.

“Hay 38 ‘Cap and Trade’ vigentes operativos en el mundo 14 países que están evaluando implementarlo básicamente porque ha demostrado ser un instrumento que pone un precio al carbono que resulta más efectivo y que aumenta la productividad de las Industrias o de los sujetos obligados”, informó y planteó: “Estamos en un momento donde Argentina justamente quiere crecer y hay que tratar de crecer de la manera más inteligente para poder cumplir también con los requerimientos de nuestros compradores de bienes y productos que queremos exportar”.

Sobre el proyecto de ley, puso el foco en la autoridad de aplicación que establece que sea Ambiente: “En realidad es una ley que está dedicada y enfocada en el sector de exploración, explotación y todo lo que tenga que ver con el gas y, en realidad eso está dentro de las competencias que tiene la Secretaría de Energía”.

Sin embargo, propuso que “puede ser una responsabilidad compartida porque energía y ambiente en muchos casos se interrelacionan”, pero reiteró: “Las misiones y funciones de la Secretaría de Energía está generar todos los instrumentos para ver que ese sector energético sea sustentable en términos económicos, pero también en términos ambientales”

Así, adelantó que el ‘Cap and Trade’ sobre el que están avanzando está enfocado en implementarlo en el sector energético, pero “aspiramos realmente a poder extenderlo a otros sectores de la economía que va a tener sus propias reglas de juego”, y precisó: “Lo que nosotros estamos aspirando es en diseñar de manera muy participativa con las compañías cómo vamos a hacer nuestras ecuaciones para ver cuáles son las emisiones que cada uno de esos sujetos obligados está emitiendo para ver si cumplió o no cumplió con el umbral asignado”.

“La Argentina tiene que reportar su inventario Nacional de gases de efecto invernadero. El inventario tal como se hace en este momento no captura muchas de las implementaciones que son el más costo efectivas para la industria de petróleo y gas a la hora de reducir emisiones básicamente, porque usamos un factor de misiones por defecto para producción de sheil y un factor de misiones por defecto para producción de hidrocarburos convencionales y multiplicamos actividad productiva o volumen de producción por ese factor de emisiones por defecto”, explicó Beljansky, pero señaló: “La verdad es que eso no captura posibles medidas que las compañías pueden implementar. Entonces no hay un incentivo real, eso no se ve reflejado porque simplemente se multiplica un dato de actividad por un factor de emisiones que no lo está capturando”.

“El país tiene el compromiso de no exceder las 349 mega toneladas netas absolutas”

Otro de los puntos del proyecto que le generó preocupación, es si la autoridad de aplicación es Ambiente “puede tener sus reglas de cálculo que, en principio, son las del inventario y, entonces, no se van a ver reflejadas las medidas que las compañías van a estar implementando y, por otro lado, van a tener una manera de reportar cuál es su nivel de emisiones asociados con el ‘Cap and Trade’ que va a estar operativo”, y sugirió: “Lo más razonable es que las reglas de juego y la manera de reportar de las compañías sea única. No dupliquemos esfuerzos, pero me parece que en el ‘Cap and Trade’ vamos a establecer cómo son las reglas para poder implementarlo”.

“Me parece fundamental que la autoridad de aplicación sea la misma autoridad que está implementando el ‘Cap and Trade’ para el sector energético, que al fin y al cabo es la que genera la normativa técnica o la reglamentación de detalle para ver cómo se van a reportar o a declarar o a verificar o a controlar las emisiones de metano en este caso, pero en realidad nosotros lo haríamos para todas las emisiones no solo asociadas a metano”, consideró.

Otro punto que señaló de la iniciativa es la compensación de créditos y explicó: “El que hizo las cosas bien antes, ahora no se le está pidiendo un poco más, sino que justamente, no perjudicamos al que innovó y, por el otro lado, que tenemos sí o sí que dejar derechos de emisión gratuitos para nuevos volúmenes de producción o para nuevos actores para que esto no se convierta en algo que pueda hacer una barrera de ingreso, pero para eso necesitamos una actividad muy comprometida de las empresas para tratar de entender. No se busca perjudicar a nadie, pero saber que tenemos que hacer nuestro desarrollo y tener un crecimiento con estas condiciones de borde”.

Así, celebró que “haya iniciativas como éstas que están alineadas en tratar de tener un desarrollo económico y de un sector que entiendo que va realmente a explotar. Va a ser un sector que va a tener muchísimo crecimiento en los próximos años y es fundamental que hagamos las cosas también para que el mercado esté dispuesto y esperando nuestros productos y no que empecemos a generar algún rechazo de algún tipo”.

“Estamos en el momento correcto y, si hacemos las cosas bien, hay una ventana temporal para valorizar nuestros recursos de hidrocarburos fenomenal y la verdad que insisto en que me parece valioso”, destacó.

Por otro lado, hizo algunas consideraciones respecto de la redacción como por ejemplo las compensaciones: “Acá se habla como de forestar con especies nativas. En realidad, nuestro inventario nacional habla de emisiones netas absolutas. No me gustaría que en nuestro ‘Cap and Trade’ no va a haber una limitación de que alguien compense con especies nativas. Se puede compensar con cualquier cosa que capture porque, insisto, nuestro compromiso país está sobre misiones netas absolutas de no exceder ese 349 en el inventario 2030”.

Beljansky cuestionó que el tema “efectivamente estaba en la Ley Bases que en algún momento de la negociación se quitó. Si me hubieran preguntado yo no le hubiera quitado”.

En tanto, indicó que “ya estaba dentro de las funciones de la secretaría hacer instrumentos sectoriales para cumplir con mitigación o adaptación frente a escenarios climáticos futuros”, y manifestó que la intención era que estuviesen todos los sectores involucrados y no solo el sector de energía.

Así, planteó que uno de los pilares del sector era “encarar la transición energética, no copiando un modelo de otros países, sino haciendo un propio modelo entendiendo que el sector energético tenía que tener un perfil netamente exportador con un crecimiento muy importante. Para eso teníamos que mostrar sustentabilidad económica, pero sustentabilidad ambiental también porque gran parte de nuestros producidos van a mercados que están también mirando”.

La Cámara de Diputados dio media sanción por 142 votos a favor, 89 en contra y 1 abstención -de la diputada de UP Ana Aubone-, a un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo sobre la regularización de la tenencia de armas y una nueva prórroga del Programa de Entrega Voluntaria.

La iniciativa, que ingresó en mayo pasado y ahora deberá tratarse en el Senado, plantea por un lado un procedimiento de regularización de la tenencia de armas de fuego en todo el territorio nacional para aquellas personas humanas o jurídicas que posean armas de fuego de uso civil o de uso civil condicional o sus repuestos principales, que no se encuentren registrados de conformidad con la normativa vigente.

Para esto habrá un plazo de 360 días, y quien posea armas no autorizadas deberá presentarse ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), organismo que a su vez deberá realizar una intensa campaña de difusión a los efectos de informar sobre la ley.

Por otra parte, se propone prorrogar desde el 1ro. de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2027 el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego. Y se establece que la entrega será, además de voluntaria, anónima y a “cambio de un incentivo”. Esto último, el Poder Ejecutivo lo explicitó en los fundamentos.

Según datos oficiales, se estima que hay cerca de 800 mil armas que están en una situación irregular. La última prórroga de este programa se había votado en septiembre de 2022, con una extensión hasta el 31 de diciembre de 2023.

A través del jefe de bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, y las intervenciones de sus pares de bancada Matías Molle, Juan Manuel Pedrini, Pablo Yedlin y José Glinski, desde la oposición propusieron incorporar el artículo 2 del dictamen de minoría.

El vicepresidente de la Comisión de Legislación Penal, Martín Soria, procedió leer la propuesta de redacción del mencionado artículo: "La entidad estatal deberá dictar normas para establecer normas del programa de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, agregando una campaña de difusión de los alcances de la ley", y agregó que “en caso de armas no registradas serán guardadas en los depósitos del Registro Nacional mientras dure el proceso de regularización”. En caso de no avanzar con el blanqueo de armas, “la agencia deberá dictar la destrucción de ese material”, explicó. Finalmente, Rodríguez Machado no dio lugar a la incorporación. La votación en particular de dicho artículo resultó con 125 votos afirmativos, 94 negativos y 13 abstenciones.

La palabra de los Diputados

En el rol de miembro informante, la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado (Pro), explicó el plan de regularización de armas de fuego y la prórroga del programa de entrega voluntaria de armas: “Tener un arma es legítimo hace 50 años en Argentina, pero para ser legitimo usuario hay que cumplir requisitos físicos, psicológicos, informar el arma, que no esté buscada por cuestión delictiva y que el usuario no tenga causas penales”.

Como una de las problemáticas que este proyecto viene a resolver, señaló que “en pandemia no se pudieron renovar muchos registros de armas, el cual es cada cinco años”. En tal sentido, aclaró que “tenerla no registrada es incurrir en un delito”. Allí indicó que la propuesta trae “dos soluciones”.

En primer lugar, se refirió a una “entrega voluntaria de armas que se dejaron de usar por la cuestión que sea” y nombró a aquellas que no fueron renovadas o se usaron con fines de caza deportiva. En este caso, Rodríguez Machado auguró por la reducción de armas en la sociedad.

La segunda solución explicada por la diputada cordobesa fue por la regularización de armas no registradas, sin embargo, aclaró que “no estamos modificando la portación de armas porque es otra normativa”. “Estamos normalizando el legítimo usuario o autorizar que se entregue un arma”, amplió.

A continuación, el vicepresidente de la Comisión de Legislación Legal, el rionegrino Martín Soria (UP), informó: “En argentina se producen 8 muertes por día a causa de armas de fuego. 1 de cada 4 femicidios son cometidos con armas de fuego.  Es en este contexto que resulta una obligación y un deber que el Estado nacional, a través de los poderes, profundicen las políticas tendientes a eliminar la circulación de armas de barrios”.

“Cada arma que se logra sacar de las calles constituye una acción directa para construir una sociedad más segura para todos los argentinos”, destacó y recordó que el Programa de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego “sin vigencia desde el 31 de diciembre del año pasado”, fue creado a través de la Ley 26.216 en el año 2007 bajo la presidencia de Kirchner y “desde esa fecha fue renovado sucesivamente”.

Soria resaltó que su vigencia a lo largo de los últimos 15 años constituye “una política pública de desarme voluntario de todo el Estado Nacional y una política pionera debemos decirlo en nuestro continente”, tras lo que Argentina recibió una distinción por parte de la Oficina de Asuntos de Desarme de Naciones Unidas.

El rionegrino criticó que durante la gestión de Mauricio Macri “no se destruyó ningún arma de fuego”, pero se recuperó durante 2021 y 2023 “destruyéndose más de 45.000 armas de fuego y más de 10 toneladas de municiones”. Así, celebró que el Gobierno haya “desechado” el texto original que envió en mayo al Congreso y “llegue a este recinto un nuevo texto que va en línea con los aportes y con la postura del bloque de Unión por la Patria, que fue proponiendo en el trabajo de comisiones y que se plasmó en muchos de los artículos que forman parte también del dictamen de mayoría”.

“Los estudios serios confirman que, a mayor cantidad de armas de fuego en una sociedad, mayor cantidad de muertes con arma de fuego considerando homicidios, suicidios y accidentes con ella”, planteó Soria y volvió a destacar que el oficialismo fomente el desarme de la sociedad civil y se informe de los peligros inherente a la tenencia de armas.

“Actualmente se estima que hay casi 800.000 armas en situaciones regular en la Argentina”, precisó y comentó que en ambos dictámenes se introdujo la obligatoriedad de iniciar el trámite de legítimo usuario de arma de fuego a todas las personas para que “se vayan acogiendo a la regularización de esa tenencia”. También destacó que se haya eliminado la creación de la figura del depositario legal que permitía que cualquier persona, sin siquiera ser legítimo usuario de un arma, pueda declararla. Además, ponderó que se quitó la intención de legalizar un mercado ilegal, la posibilidad r de que Ejecutivo pueda prorrogar el periodo de regularización de armas sin el consentimiento del Congreso Nacional.

El diputado de UP informó que en el año 2023 ANMAC realizó tres mil inspecciones a usuarios comerciales en la Argentina y se inhabilitaron aproximadamente más de 100 armerías en por incumplimientos y distintas infracciones que fueron detectadas por la autoridad de aplicación.

“No vamos a poder estar acompañando el dictamen de mayoría y por eso hemos presentado un dictamen de minoría. Se centra básicamente en un punto muy importante y es la posibilidad de las regulaciones exprés que genera el dictamen de mayoría porque se permite que una persona sin autorización pueda tener armas en la Argentina. Al dictamen le falta el control y la fiscalización de la ANMAC porque el registro se puede hacer, según el proyecto del oficialismo, de forma digital sin control alguno”, argumentó y cerró: “Vamos estar votando en contra en general y vamos, seguramente, a acompañar algunos artículos que fueron producto del trabajo en comisiones y de nuestro bloque”.

A su vez, el tucumano Pablo Yeldin (UP) relacionó el tema con la concientización del suicidio y explicó que es “la segunda causa de muerte en chicos de 11 a 17 años”. También, remarcó: “Tenemos un presidente que dice que la liberación de armas es buena para alivianar los controles de las armas de fuego, pero vengo a poner en alerta este tema”.

Con relación a la problemática traída a debate, amplió que “en el último año en Argentina fueron 394 y la pandemia empeoró los suicidios”. “vengo a dejar escrito que si nosotros aumentamos la portación de armas, los suicidios van a ocurrir y está demostrado que facilitar armas de fuego, facilita el suicidio”, concluyó.

Por el oficialismo, el diputado Santiago Santurio destacó que el proyecto tiene una entrega voluntaria y una regularización excepcional de gente que tiene “armas de manera irregular, no estamos discutiendo la portación, no está en el debate”.

“Esto es algo que ya viene de años que la persona que tiene armas va de forma voluntaria y las entrega. Por otro lado, se busca regularizar las armas que están en tenencia de forma irregular que, según las cifras, son 800 mil”, manifestó.

Con un recorrido histórico en su discurso, la diputada nacional Silvia Lospennato (Pro) celebró la llegada al recinto del proyecto de BUP porque “va a disminuir la corrupción”, y acusó al kirchnerismo de obstruir la iniciativa durante 17 años en el Congreso: “Les preocupa porque disminuye el peso del dinero en la contienda electoral”.

A la hora de su disertación en la sesión de este martes en la Cámara baja, la macrista informó: “Hoy hace 6.149 días que por primera vez se presentó en este Congreso el primer proyecto de BUP el 5487-D-2017 con la única firma del diputado Pablo Tonelli del Pro. En ese momento el bloque tenía una decena de diputados en esta Cámara y, obviamente, el proyecto nunca llegó a tratarse ni siquiera en comisión”, y resaltó: “Casi 17 años que esperamos que llegue este día. Esta historia es tan larga y este día tan especial que vale la pena recordar cómo llegamos hasta acá todos los argentinos”.

Así, recordó: “Una historia que empezó con ese proyecto en momentos donde nos consideraban un fenómeno barrial y que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner nos mandaba a armar un partido y a ganar elecciones. En un futuro habría que tener más cuidado con subestimar a las fuerzas políticas”.

Lospennato sumó: “En 2009 el kirchnerismo perdió las elecciones de la provincia de Buenos Aires con el empresario Francisco de Narváez que le ganó a la boleta de Néstor Kirchner, Daniel Scioli y Sergio Massa, en ese momento militaban juntos. Cuando ganó De Narváez de manera contundente en la provincia muchos creímos que el ciclo político cambiaba para siempre, pero dos años después el kirchnerismo sacó el 54% de los votos”.

“La segunda lección es que no aprendimos, porque en el 2015 cuando el presidente Mauricio Macri ganó las elecciones con JxC creímos que había ganado y cambiado para siempre el ciclo político en el país, peor en el 2019 con el 48% de los votos el pasado volvió. Ojalá no tropecemos tres veces con la misma piedra”, bregó.

La diputada del Pro criticó que el kirchnerismo cambió la ley electoral e incorporó las PASO “obligando a todos los argentinos a financiar las internas partidarias de todos los partidos políticos con fondos públicos y obligándolos a votar en las internas. Es esa conjunción de las PASO con la obligación del Estado de pagar por las boletas lo que multiplicó el número de fuerzas que se registraban, a veces sin ningún tipo de representatividad, a hacerse de fondos públicos”.

“En esa reforma del 2009 de BUP ninguna palabra. Ese mismo año las ONG iniciaron campañas ciudadanas reclamando la boleta única, pedían la modernización del instrumento electoral que estaba por cumplir 100 años. Por supuesto, este Congreso, integrado mayoritariamente por el kirchnerismo en ambas cámaras hizo oídos sordos”, acusó.

“Del 2009 al 2015 el kirchnerismo acérrimo enemigo de BUP obstruyó cada intento de que el tema se tratara en el Congreso y fue recién en el 2015, cuando Macri llegó al poder, que empezamos a sembrar la semilla del cambio. En el 2017 tuvo media sanción el proyecto para introducir boleta electrónica que fue cajoneada en el Senado con mayoría kirchnerista”.

Lospennato contó que “a mediados del 2022 cuando todas las fuerzas políticas no kirchnerista, porque esa fue la única fuerza política que votó en contra, nos decidimos a unificar los 21 proyectos de ley de todos los partidos que estaban en esta casa. Los partidos que formamos JxC el Pro, la UCR, la CC, pero también el partido socialista, los diputados de Córdoba Federal, los diputados provinciales de Rio Negro, Neuquén, Santa Cruz, Tucumán, Salta”.

En tanto, destacó que “ese gran acuerdo del 2022 nos permitió vencer la resistencia del oficialismo. Yo cerré ese debate anticipando que nos iban a dormir por 2 años la boleta en el Senado. Ya sabíamos porque tenían mayoría, pero también les dije en aquel momento que, si una fuerza política distinta ganaba las elecciones, esa media sanción nos iba a servir para que pudiéramos tener ley de boleta única en la Argentina y no me equivoqué, eso es lo que estamos haciendo hoy recuperando ese gran acuerdo pluripartidario que hicimos en el 2022”.

“Habrá boleta única en la Argentina porque una mayoría multipartidaria logró privilegiar lo que tenemos en común frente a lo que nos diferencia, pero estos cambios solo los consolida el tiempo y los ciudadanos”, ponderó y manifestó: “Hay dos verdades que los politólogos conocemos respecto al sistema electoral, la primera es que no hay reformas neutras y la segunda que ningún sistema por más amañado que sea si se garantizan elecciones libres puede contra la voluntad popular”.

La diputada destacó que “hay tres grandes beneficios de la de la boleta única: el primero es una ley que asegura la libertad de los electores de elegir qué es lo que quieran; es una ley que asegura la igualdad de los partidos políticos de que estén todos en el cuarto oscuro, pero sobre todo es una ley que mejora la integridad del sistema político argentino, algo de lo que no hablaron tanto hasta ahora”.

“Claramente no es ni a la libertad, ni a la igualdad en el sistema político que se opone a los que se oponen, sino que lo que les preocupa es que este es un sistema más transparente que asegura más integridad porque disminuye el peso del dinero en la contienda electoral”.

La macrista comparó: “Con este sistema el Estado paga las boletas a cualquier fuerza política que se presente. En la elección del 2023 hubo 27 candidatos a presidente en las PASO.  Solamente hubo cinco en la elección general. El Estado llegó a pagar en una interna presidente entre dos candidatos que sumados no sacaron más de 23,000 votos por 106 millones de boletas. Todos esos dineros se llevaron del Estado para sacar 23,000 votos”.

“¿Saben cuántas listas financiamos a parlamentarios del Mercosur? una categoría que tiene que desaparecer y que no sé qué hace este Congreso que no termina con ese curro, 288 listas a parlamentarios regionales del Mercosur”, se quejó y pidió que “antes que terminemos el año compañeros, por favor, eliminemos esa casta de gente que viaja una vez al mes a Montevideo para sacar resoluciones no vinculantes que los ciudadanos hoy no tenemos plata para andar invirtiendo en eso”.

Lospennato siguió: “Los partidos políticos, además de las boletas que les dan los que verdaderamente compiten, tienen que imprimir varios padrones de boletas. Además, tienen que trasladar esas boletas por todo el país tiene que llevarla a los locales partidarios donde se doblan y se sobran las boletas con miles de personas en cada local partidario y, en el mejor de los casos, voluntarios. Después tienen que hacerla llegar a los domicilios de las personas pagando correo o pagando el servicio de puerta a puerta que también son personas que se dividen en los barrios en cuadrículas y que reparten la boleta debajo de las puertas de los vecinos. Más de 120,000 fiscales se necesitan en la Argentina para cubrir una elección, 105. 000 mesas; 17.000 establecimientos. Muchísimo dinero para sostener tu boleta en el cuarto oscuro. Muchísimo dinero que nos vamos a ahorrar todos los argentinos”.

Promediando su intervención y con un elevado tono de voz expresó: “Va a disminuir también la corrupción de los que se hacen de maneras impropias de ese dinero para solventar una elección. Además de eso con la BUP se va a eliminar la parte más vergonzosa de la política, esa que reparte electrodomésticos, bolsones de comidas y zapatillas con la boleta partidaria”.

“No va a existir más la indecencia de darle una persona un bolso de comida con la boleta que tiene que votar adentro. Se terminó. Miren si no tenemos un motivo para celebrar cambiar el instrumento electoral que va a ser un paso muy importante para nuestra democracia y para la transparencia”, remarcó y cerró: “Los que siempre impidieron ese cambio hoy no tienen el poder para impedirlo porque hoy no tienen esa mayoría que nos impusieron durante 17 años para que en este Congreso no se pudiera aprobar la boleta única”.

El Grupo Parlamentario de Amistad Argentina-Venezuela, presidido por la diputada nacional Silvana Giudici, junto con miembros de la Asamblea Nacional Legítima de Venezuela, presidida por Dinorah Figuera emitieron una declaración en conjunto por los hechos ocurridos tras las elecciones venezolanas del pasado 28 de julio.

“En un contexto global donde América Latina ha consolidado la alternancia democrática pacífica y el respeto a los derechos humanos, la situación de Venezuela representa una excepción preocupante. Tras las elecciones del 28 de julio de 2024, en las que Edmundo González Urrutia fue legítimamente electo presidente, el régimen de Nicolás Maduro ha desconocido los resultados, intensificando la represión contra opositores y forzando el exilio de González Urrutia”, contextualizaron.

Así, el Grupo Parlamentario de Amistad solicitó “el reconocimiento internacional de Edmundo González Urrutia como presidente legítimo de Venezuela, la creación de una Comisión Internacional Independiente que verifique los resultados electorales, el cese inmediato de la represión y la liberación de los detenidos políticos”.

Además, exigieron el respeto a los tratados internacionales y el fin del hostigamiento contra la sede diplomática de Argentina en Caracas. Finalmente, repudiaron el pedido de captura internacional emitido por el régimen venezolano contra el presidente de Argentina, Javier Milei, y otros altos funcionarios.

El texto lleva las firmas de los integrantes Silvana Giudici, Fernando Iglesias, Sabrina Ajmechet, Karina Banfi, Alejandro Bongiovani, Marcela Campagnoli, Sergio Capozzi, Maximiliano Ferraro, Richard Blanco, Olivia Lozano, Ismael García, Carlos Lozano, Ramón López, Gaby Arellano, Sonia Medina, Dinorah Figuera, Auristela Velázquez.

Tras semanas de intenso debate y trabajo colaborativo, un plenario de las comisiones de Legislación Penal y Justicia, que presiden los diputados Laura Rodríguez Machado (Pro) y Manuel Quintar (LLA), alcanzaron un consenso en un dictamen de mayoría sobre el nuevo marco legislativo que aborda los conceptos de reiterancia y reincidencia. Los diputados de distintos bloques, se refirieron a los proyectos de su autoría, en línea con la norma presentada por el Poder Ejecutivo.

La propuesta de modificación de los artículos 50 y 58 del Código Penal se centra en redefinir la reincidencia y establecer la reiteración delictiva como un factor clave en el proceso judicial. La iniciativa define la “reincidencia como toda persona que ha sido condenada dos o más veces a penas privativas de libertad, siempre que la primera condena sea firme. En caso de unificación de condenas, la pena resultante se calculará como la suma de las penas impuestas”.

En tanto, denomina “reiteración delictiva” cuando “se introduce como un nuevo concepto que se refiere a situaciones en las que una persona enfrenta múltiples procesos penales simultáneamente. A partir del primer llamado a declarar, se considera a la persona imputada, lo que puede llevar a la imposición de medidas de coerción más estrictas”.

Además, se establece que se podrán aplicar medidas de coerción en casos donde se hayan cometido delitos contra personas o propiedades en el marco de la libertad de expresión.

Por su parte, Rodríguez Machado manifestó que se logró un consenso buscando “garantizar un enfoque más riguroso frente a la criminalidad y la protección de la sociedad durante el proceso judicial”. “Hay un trabajo de miembros de la comisión que han tomado la decisión de sacar despacho y unifican diversos proyectos. Esto generó un dictamen donde se introdujeron modificaciones al texto que mandó el Ejecutivo”, expresó y comentó que el bloque de Unión por la patria presentará un despacho de comisión propio.

Luego, el diputado Oscar Agost Carreño adelantó el apoyo de su bloque, Encuentro Federal, al proyecto del Ejecutivo, pero con disidencias. “Es una discusión que el Congreso se debe hace tiempo, sobre todo teniendo en cuenta que avanzó la jurisprudencia”, pero indicó que “limitar los tipos penales”, son la base de los fundamentos centrales de las iniciativas.

“El proyecto del Ejecutivo es saludable y mejorable, pero no puede pasar que la presión social mande por sobre el debido proceso porque vamos a generar responsabilidad y vamos a estar en problema. La idea de puerta giratoria genera una grieta propia. El garantismo del Zaffaronismo nos generó una situación compleja. Al Congreso le toca desatar ese avance de excesivo garantismo de otra época”, manifestó el cordobés y cerró: "Tiene que pasar el control de constitucionalidad el proyecto para no generar responsabilidad internacional y la Corte lo convalide, pero necesitamos que sea de interpretación restrictiva, que se tenga prudencia judicial, el objetivo es no obstaculizar el proceso y nunca tiene que equivaler a una medida de seguridad sustantiva".

En primer término, la diputada Margarita Stolbizer (Encuentro Federal) se remitió a su proyecto que “establece algunas disidencias respecto a la iniciativa del Poder Ejecutivo”. “No coincido en la aplicación del juicio en ausencia para todos los delitos”, argumentó.

Por su parte, el diputado Ramiro Gutiérrez (UP) explicó que “es nuestra voluntad política expresa que manifiesta que aún en ausencia debe prevalecer la justicia, debe construirse la verdad y aplicarse una sanción”, y añadió: “El juicio en ausencia es un excelente camino para hacer justicia”.

Finalmente, la titular de la Comisión de Legislación Penal manifestó la intención de “sumar las coincidencias de los distintos proyectos con los del Poder Ejecutivo”, y, a partir de eso, “armar un borrador tentativo".

Durante su presentación en un plenario de comisiones de Diputados para debatir sobre la privatización de Aerolíneas Argentinas, el secretario de Transportes, Franco Mogetta, sostuvo que “lejos de tener un ensañamiento con los trabajadores, nuestro posicionamiento es firme frente a los abusos de los dirigentes gremiales”.

“Un dirigente gremial que lanza una huelga y se va de vacaciones a España con toda su familia (por Pablo Biró), la verdad que un flaco favor le está haciendo al sector, a los argentinos y a toda la compañía que dice defender”, lanzó en contra del titular de APLA.

Y, acto seguido, cuestionó a “un sindicato que defiende trabajadores que abren valijas y se roban las pertenencias de los pasajeros”, en referencia a los tres empleados de Intercargo que fueron despedidos por robar equipaje. “Son delincuentes, no son trabajadores”, enfatizó y generó las quejas desde Unión por la Patria. "Que se rectifique", reclamó Carlos Heller, mientras que una compañera suya le gritó al funcionario: "Chorro sos vos". Mario “Paco” Manrique, líder de SMATA, se levantó inmediatamente de su silla.

Mogetta siguió: “Hablan de trabajadores y están defendiendo delincuentes. La postura del Gobierno es firme frente a esos abusos que han estado acostumbrados estos señores creyéndose dueños de la compañía”.
Cuando se le otorgó la palabra, Manrique expresó: “Como diputado nacional y representante sindical puedo aceptar que se ponga en tela de juicio el accionar de los gremios, los privilegios de los laburantes y un montón de cosas en las que no estoy de acuerdo y estoy dispuesto a discutirlas. Lo que no puedo aceptar es que un funcionario de la Nación trate de ladrones a los trabajadores. Eso es inadmisible”.

“Si nos empezamos a agredir de esa manera, seguramente el debate que tengamos hacia adelante no va a ser fructífero para nadie”, consideró y pidió que “por favor respetemos a los laburantes”.
Al hacer alusión a otro tramo anterior de su intervención, Mogetta resaltó que “he justamente distinguido a los trabajadores honrados de quienes han cometido irregularidades”. “No estoy tratando a todos los trabajadores de delincuentes ni mucho menos”, aclaró.

Manrique, quien opinó que los argumentos del Ejecutivo eran flojos, le señaló que a ese ejemplo “no lo puede poner dentro de los motivos por los cuales usted considera que hay que privatizar Aerolíneas Argentinas”.

En el marco de un clima de tensión entre las autoridades nacionales y los gremios aeronáuticos, comienza este miércoles el debate de la privatización de Aerolíneas Argentinas. Será a partir de las 11 en un plenario de las comisiones de Transporte, que preside la radical Pamela Verasay, y de Presupuesto y Hacienda, que conduce José Luis Espert (LLA).

El debate contará con la presencia en calidad de invitados del vicejefe de Gabinete, José Rolandi; el presidente de Aerolíneas Argentinas, Fabián Lombardo; y el secretario de Transporte de la Nación, Franco Mogetta.

Si bien el oficialismo había cedido ante el pedido de la oposición dialoguista de quitar a Aerolíneas de las empresas sujetas a privatización en el tratamiento de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos cuando se sancionó en junio pasado, ahora La Libertad Avanza vuelve a la carga y pondrá en discusión los proyectos impulsados por Hernán Lombardi (Pro) y por Juan Manuel López de la Coalición Cívica.

Ambas iniciativas hacen hincapié en que la empresa estatal sufrió un déficit de “200 millones de dólares” en el período 2023. Del mismo modo cuestionan que AA “cuenta con una dotación de 1.204 pilotos de Línea para 81 aviones activos, es decir hay casi 15 pilotos por cada avión operativo”.

El objetivo de privatizar la empresa se revitalizó con la exacerbación del conflicto durante las últimas semanas, lo que generó un clima de rechazo de parte de los usuarios hacia la actitud de los gremialistas, que el Gobierno quiere capitalizar acelerando el proceso de privatización.

No será sencillo, pero el oficialismo se ha planteado darle celeridad a la cuestión y por eso tendría intenciones de emitir dictamen cuanto antes y llevarlo al recinto el próximo miércoles 2 de octubre. En esa sesión todavía no oficializada se prevé tratar Ficha Limpia y Boleta Única de Papel.

Para que eso pueda tener lugar, se necesita un dictamen y eso podría surgir este mismo miércoles o bien en una nueva reunión de la semana próxima.

El oficialismo descuenta que contará con los votos para aprobar la privatización en Diputados. No es una presunción disparatada, ya que cuenta con el antecedente de que ya durante el debate de la Ley Bases que incluía la privatización de la aerolínea de bandera, el tema fue aprobado en la Cámara baja. El problema estará en el Senado, donde ya este año lo andado en Diputados se revirtió.

Para el debate en la Cámara de Diputados, el oficialismo contaría con los votos propios, del MID y del Pro, más la mayoría de los radicales y todos los diputados de la Coalición Cívica, entre otros.

Ante el avance legislativo con la privatización, los gremios aeronáuticos convocaron a una marcha que se realizará este miércoles 25 de septiembre, desde las 10 al Congreso de la Nación en defensa de Aerolíneas Argentinas y en rechazo de su privatización que promueve el Gobierno Nacional.

Así, en medio de la disputa salarial, los trabajadores aeronáuticos y de otros sectores del transporte se unirán bajo el lema: “Todos al Congreso. Aerolíneas Argentinas no se vende, se defiende”.

Ya se ha dicho que la votación registrada en la madrugada del 13 de septiembre pasado en el Senado de la Nación fue histórica, pues ese resultado estableció el rechazo por primera vez en la historia argentina de un decreto de necesidad y urgencia. En este caso, el 656/24, correspondiente a la asignación de fondos reservados para la Secretaría de Inteligencia del Estado.

Este lunes se oficializó esa decisión, a través de la publicación de sendas resoluciones de las presidencias de ambas cámaras en las que se da por finalizado el trámite.

En el caso del Senado, la resolución tiene el número 32/24, de fecha 23 de septiembre y las firmas de la titular del Cuerpo, Victoria Villarruel, y el secretario Parlamentario Agustín Giustinian, resuelve “rechazar, en los términos de la ley 26.122, el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 656/2024 de fecha 19 de julio de 2024. El artículo 2 comunica al Poder Ejecutivo Nacional y a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

La resolución de la Cámara de Diputados lleva el número 76, y corresponde al sábado 21 de septiembre. Allí también hay dos artículos, el primero de los cuales resalta el rechazo “en los términos de la ley 26.122 el Decreto del Poder Ejecutivo nacional Nº 656/2024 de fecha 19 de julio de 2024, mientras que el segundo comunica la novedad al Poder Ejecutivo Nacional.

Recordemos que el pasado 13 de septiembre la oposición aprobaba, pasadas las 2 de la madrugada, el rechazo al decreto de necesidad y urgencia 656/24, correspondiente a la asignación de fondos reservados para la Secretaría de Inteligencia del Estado.

El resultado de la votación fue de 11 votos a favor del decreto, 49 en contra y 2 abstenciones.

El camino del rechazo del DNU 656 se había iniciado en Diputados, cuando el 21 de agosto, se aprobó el rechazo por 156 votos contra el mismo, 52 a favor del decreto y 6 abstenciones. El dato saliente de esa votación fue que por primera vez la mayoría del Pro no se alineó por primera vez con La Libertad Avanza.

Mientras el Gobierno avanza con la idea de vender Aerolíneas Argentinas en medio de los reiteraros paros de aeronáuticos por reclamos salariales, un grupo de diputados de Unión por la Patria presentaron un proyecto de resolución solicitando a la Comisión de Transportes de la Cámara baja que cite a las partes involucradas para resolver de forma “urgente” el conflicto salarial.

La iniciativa, impulsada por la diputada Vanesa Siley, fue presentada tras la reunión que mantuvieron, este jueves, dirigentes gremiales del sector encabezados por el titular de APL, Pablo Biró, en busca de apoyo.

“Es urgente reconstruir el diálogo y dar una respuesta a trabajadores y usuarios”, señalaron desde el bloque. Por ello, piden que la Comisión de Transportes, presidida por la radical Pamela Verasay, convoque con “urgencia” a sindicatos, autoridades de Aerolíneas Argentinas e Intercargo, y funcionarios de la Secretaría de Transporte de la Nación para resolver “prontamente” el conflicto salarial en el sector aeronáutico promovido por el Gobierno Nacional.

Entre los fundamentos, denunciaron que el Gobierno nacional “ha decidido conformar una fuerza de choque articulada para, de manera ilegal, perseguir a los sindicatos aeronáuticos en conflicto con la empresa por la pérdida salarial derivada de la falta de actualización de haberes”.

Así, indicaron que los trabajadores de Aerolíneas Argentinas “sufren un retraso salarial del 77%” desde noviembre de 2023 y que han sido despedidos 1500 trabajadores.

“La Secretaría de Trabajo nunca convocó a una reunión paritaria aun estando en conciliación obligatoria, lejos de buscar la resolución del conflicto, busca profundizarlo para lograr su verdadero objetivo: privatizar Aerolíneas Argentinas e Intercargo”, alertaron.

AEROLÍNEAS ARGENTINAS: es urgente reconstruir el diálogo y dar una respuesta a trabajadores y usuarios.

Presentamos un proyecto para que la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados convoque con urgencia a sindicatos, autoridades de Aerolíneas Argentinas e Intercargo, y… pic.twitter.com/t9A27vKea8

— Vanesa Siley (@Vsiley) September 19, 2024

La Comisión de Cultura de Diputados, presidida por la catamarqueña Silvana Ginocchio (UP), se reunió este jueves para iniciar el debate sobre el fomento de la actividad privada en actividades culturales, también conocido como mecenazgo, con artistas y expertos invitados a disertar sobre el tema.

Así, la diputada de UP comentó que hay cuatro proyectos que tienen giro a la comisión y bregó para poder construir consenso y llegar a un dictamen. “Trabajar en este tema nos ayuda a democratizar la participación en la cultura de manera nacional y federal”, resaltó Ginocchio.

La presidenta de la comisión sostuvo que la cultura es “desarrollo, trabajo, nos enriquece y tiene un impacto dentro de las economías”. Así, señaló que debe ser un “eje central trabajar, apostar, garantizar, fomentar, desarrollar la cultura” y que el Estado “tiene que formar parte porque es una política (…) el Estado no se tiene que retrotraer de un deber que tiene de garantizar la cultura con un reconocimiento a que las actividades culturales y los derechos culturales tienen una enorme influencia en lo individual y colectivo”.

Pidió la palabra el vicepresidente de la comisión, Hernán Lombardi (Pro), quien manifestó: “Estamos en deuda porque la Ciudad de Buenos Aires tiene la ley desde el 2007. Otras provincias también tienen sus leyes. Hay muchos municipios que tienen ordenanzas de mecenazgo. Se ha expandido esto por todo el país, pero Nación no lo ha tocado. Esta cuestión de darle participación a la sociedad civil y al sector privado en la cultura nos parece claro”.

El primero en exponer fue Federico Cermelo, abogado y director del Observatorio de Familias y Juventudes de la HCDN, autor de uno de los proyectos que se convirtió en ley en la provincia de Buenos Aires a fines de 2016.

“Esta experiencia de mecenazgo estamos en deuda a nivel nacional. Toda persona que trabaja en arte o cultura se da cuenta que necesitamos una ley. No solo por el aporte, sino porque es un puente que tiende a unir las necesidades del artista, del Estado que optimiza sus recursos y del sector privado que tiene ganas de cooperar con la cultura. Es una retroalimentación muy positiva si está bien legislada y muy negativa si solo le otorga beneficios al sector privado que, claramente, no es la idea”, expresó.

Cermelo indicó que el antecedente de la ley de capital federal es “positivo” para empezar a legislar al igual que otras provincias. Así, contó que cuando se inició el tratamiento en la provincia de Buenos Aires “había muchos prejuicios de diferentes espacios políticos”. “Somos un poder del Estado intentando generar un recurso más a la cultura por lo que sería muy ingenuo pensar que estamos queriendo correr al Estado cuando queremos legislar en mecenazgo”, planteó.

“Lo que estamos legislando en mecenazgo son derechos, oportunidades de crecimiento y desarrollo para la vasta familia cultural para el artista, para el que realiza festivales, feria y un claro beneficio para el que consume cultura”, afirmó y describió: “La cultura es transversal, es identidad porque son tradiciones y valores. La cultura también es turismo porque las fiestas son un impacto. Cuando hablamos de cultura también hablamos de patrimonio cultural inmaterial que son las bellezas naturales y el turismo es industria al igual que la cultura, pero tiene que ser nacional, pujante, productiva con oportunidades para todos y ese sentido tiene que tener la ley”, y señaló que “históricamente” han querido legislar en mecenazgo, pero “transformándolo” en beneficios para el privado.

Cermelo comentó que han tomado como antecedente la legislación de Uruguay donde “existen escuelas de artistas de gestión privada unido a la educación y a la cultura”, pero resaltó que los proyectos pedían la universalidad de la educación, la accesibilidad a las poblaciones vulnerables y excelencia de las escuelas.

En esa línea, concluyó: “Cuando logramos legislar de una manera armoniosa para el gestor, el artista, empresarios y sobre la cultura, mecenazgo da resultado y puede ser una gran alternativa”, y criticó a la exgobernadora Verónica Magario y al mandatario provincial actual, Axel Kicillof, que “no implementaron la adecuación presupuestaria”.

A continuación, fue el turno de la exdiputada nacional Elda Pértile actual presidente del Tribunal de Cuentas de la provincia de Chaco quien comentó que el mecenazgo es “proteger el desarrollo de las artes, de las letras, ciencias”. Pértile contó que en su provincia ya rige una ley en ese sentido desde el 2012 que ha sido “muy fructífera con resultados valiosos” por lo que remarcó la necesidad de llevar es mirada de forma “federal, nacional” a fin de “atender necesidades que van más allá del Estado y que involucraría al sector privado, a empresas que quieren colaborar”.

“En materia cultural disponer de recursos no es muy fácil”, señaló y comentó que uno de sus proyectos presentados durante su mandato involucraba “el teatro, artes visuales, danzas, música, medios de comunicación y todo quehacer que involucre en materia cultural”, y contó que planteaban la creación de un Consejo Nacional de mecenazgo y que sea presidido por la autoridad máxima cultural de la Nación para que evalúe los proyectos desde una mirada federal y diversidad de expresiones culturales y artísticas.

Además, detalló que los proyectos se financiarían con una desgravación de un porcentaje del 5% de las ganancias netas del ejercicio y un 10% iría a un fondo solidario nacional de mecenazgo. “Hay una necesidad de tener una ley nacional de mecenazgo que extienda los beneficios”, cerró.

Luego expuso Emiliano Fuentes Firmani, investigador del Instituto de Arte y Cultura de la UNTREF, quien remarcó que es un tema “altamente demorado” y planteó: “El mecenazgo es una articulación público-privada que busca estimular la inversión en la cultura. Es solo una herramienta de intervención interesante que en el país ha generado controversias y hasta la actualidad no pudimos avanzar y es una herramienta más dentro de las políticas de financiamiento y fomento de la cultura y de ninguna manera puede reemplazar la acción del Estado, sino que debe funcionar como complemento”.

“Es importante que el mecenazgo impulse el desarrollo de pequeños y micro emprendimientos culturales con alcance federal y equitativo entre las provincias, para compensar las asimetrías históricas”, subrayó Fuentes Firmani y agregó: “A pesar de tener un importante desarrollo jurídico e institucional para el fomento cultural, en nuestro país nos debemos un debate profundo sobre los modos, competencia y concurrencias que Nación y provincias deben asumir sobre el tema”.

El investigador señaló que es importante la promoción de la inversión privada en la cultura porque amplía las posibilidades de desarrollo cultural y fomenta la diversidad de las expresiones culturales; ayuda a construir la sustentabilidad de los proyectos y procesos culturales y porque las empresas y el sector productivo tienen una responsabilidad social.

Para concluir, pidió que haya “una política de mecenazgo con sólidos mecanismos de control y transparencia que permitan tanto la protección de los recursos fiscales como del patrimonio cultural involucrado y acciones de fomento”.

El presidente de la Asociación de Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes, Julio Crivelli, insistió con la experiencia de la Ciudad de Buenos Aires y sugirió que “asociar demasiadas y complejas asociaciones colaterales del Estado no va a ser beneficioso”, y consideró que “los fondos deben ser empleados en instituciones que tienen una trayectoria importante de transparencia y de tradición o en personas físicas que presentan un proyecto que resulta atractivo a la cultura”.

“No vemos necesario una intervención sistemática del Estado en estas cosas. La cuestión presupuestaria la pueden acordar el privado y el sector artístico interesado”, opinó y cerró: “Lamentablemente el presupuesto del Estado no ha sido nunca importante para el desarrollo de la cultura”.

La legisladora porteña Cecilia Ferrero actual titular de la comisión de Cultura de la legislatura, enumeró las características principales de la Ley de Mecenazgo en la Ciudad. Al respecto, detalló que “en la modificación que le hicimos este año, buscamos robustecer la autoridad de aplicación en todo lo que tiene que ver en acompañar a la persona física o jurídica que presenta el proyecto para que la burocracia sea lo menos pesada posible. Buscamos más flexibilidad”.

“La ley está vigente desde el 2007, cumplimos 14 años de funcionamiento interrumpidamente con dos o tres modificaciones”, comentó y concluyó: “Ojalá haya una ley nacional de mecenazgo, porque el ejemplo de la Ciudad es un éxito; así lo plantean quienes se presentan tanto para ser beneficiarios como a querer apoyar el arte”.

De forma remota, expuso el presidente de la Asociación Italiana de Charata, Marcelo Golob, quien resaltó que desde el 2010 tienen la Ley de Mecenazgo y precisó: “Puedo dar fe que contribuyen honrada y honorablemente a cada institución cultural y deportiva”.

“El Estado tiene prioridades sobre eso y debe afianzarse como prioridad con herramientas válidas a través de porcentajes provinciales y nacionales. La cultura es una creencia con valores y formas de vida de una población que se puede transmitir de generación en generación. Mediante la ley, buscamos personas físicas o jurídicas que tengan exenciones o impuestos a pagar para poder promover la actividad privada, la financiación de obras, teatros y actividades artísticas”, destacó y cerró: “No sustituir al Estado, contribuir a ayudar para mejorar involucrando a sociedades sin fines de lucro”.

El presidente de la Asociación Premios Hugo, Ricky Pashkus, señaló que el mecenazgo “supone estimulación hacia los jóvenes y hacia la autogestión que define independencia económica, vivir de lo que amamos. Es una bajada a la federalización porque en algunas provincias actores no tienen manera de acceder a los recursos. Hay que hacer una tarea importante cultural para motivar la proactividad que esto implica”.

“El mecenazgo es algo útil para las dos partes, pero de nada sirve si no está el jurado heterogéneo con una visión de la cultura diversa, con diversos lenguajes y hay una necesidad expresiva de los jóvenes en el país”, indicó y planteó que “hay que tener una conciencia educativa para que llegue a los más bajos estratos –ingreso económico- porque está ahí y no se usa. Esto va a traer futuro y cambio. El arte no tiene sponsor privado, contrario al deporte. Todo lo que hagamos va a generar identidad, estimular a jóvenes, independencia económica, movilidad en el país y traer una cultura que pinte el pueblo”.

El artista visual Miguel Ángel Ronsino: “Hay una riqueza y una variedad cultural muy potente que no depende solo del mecenazgo; se necesitan muchas más herramientas para poder tener una vida desarrollada sobre esto que elegimos, que es la producción de capital simbólico”. Mientras que el músico Gustavo Grobocopatel: “En mi opinión, para que este proyecto sea revolucionario tiene que haber una amplitud en la convocatoria con muchos incentivos para entrar y después debería haber regulaciones que limiten”.

“La cultura tracciona el desarrollo económico del país, pero nunca la vimos integrada a eso y no se pudo monetizar. Es un gran desafío que tiene la Argentina”, manifestó Grobocopatel quien explicó dos experiencias propias y planteó que “la cultura tiene que llegar a todos los rincones del país.

Por su parte, la presidenta de la Asociación Civil Taller Flotante de Entre Ríos, Soledad Ferrería: “En esta propuesta de ley de mecenazgo queremos influir a favor de las organizaciones de la sociedad civil que generamos políticas culturales, y que al momento de aplicarlas puedan expandir nuestros derechos”.

También disertaron de forma presencial Federico Peralta, cooperativista de Gualeguaychú, Adriana Rosemberg, presidenta de la Fundación PROA; y José Catagnino, presidente el Museo Juan B. Castaglino.

Luego de una jornada en la que el bloque radical de la Cámara baja entró en ebullición, producto de la decisión de la Convención Radical de suspender a cuatro diputados por haber votado a favor del veto a la Ley de Movilidad Previsional, los diputados realizaron este martes por la tarde una reunión para tratar de ordenar la situación. Los resultados no fueron los esperados, aunque no hubo resoluciones drásticas: ni expulsiones, ni unidad. Más bien, en esta última alternativa, fue todo lo contrario.

La jornada estuvo caliente desde temprano, cuando el presidente del bloque, Rodrigo de Loredo, dijo no compartir “en lo más mínimo” la decisión tomada por la Convención Radical, que a su juicio “no se corresponde con lo que representa el radicalismo, que es ante todo el partido de las instituciones”. En ese marco, se manifestó contrario a sancionar a una persona por el contenido de sus opiniones políticas, que pueden ser “sumamente reprochables, pero nunca sancionables”.

Fue lo que por la tarde, durante la reunión del bloque, mantuvo firmemente: de momento no habrá expulsiones. Así las cosas, Mariano Campero, Martín Arjol, Pablo Cervi y Luis Picat, los suspendidos por la Convención que preside Gastón Manes, siguen en la bancada rojiblanca. Los tres primeros estuvieron en la reunión del bloque de este martes. El cuarto, no pudo asistir debido a un problema familiar, en tanto que Federico Tournier, no fue convocado porque no es radical, sino un dirigente liberal que se sumó al bloque UCR a pedido del gobernador correntino.

Los cinco manifestaron su intención de mantenerse en el bloque radical. Y un gesto en ese sentido fue que Campero, Arjol y Cervi no concurrieron al asado convocado por Javier Milei para agasajarlos por su voto, que impidió que la Ley de Movilidad prosperara.

A través de  un comunicado, el bloque de la UCR informó que durante la reunión se decidió “por amplia mayoría continuar trabajando con su integración actual, sin excluir a nadie por su manera de pensar, más allá de decisiones externas a este cuerpo que pretenden traspasar su ámbito de competencia”.

“Buscaremos siempre los acuerdos y consensos internos, tomando decisiones por mayorías, una regla básica de la democracia, dentro del marco de las diversidades de opiniones que existen en el partido y por lo tanto también en nuestro bloque”, expresó el bloque radical a través de  un comunicado.

A su vez, la bancada que conduce Rodrigo de Loredo sostuvo que “todas las diferentes posiciones y opiniones, por más minoritarias que sean dentro del bloque, son respetadas y tenidas en cuenta pero, como en cualquier cuerpo colegiado, deben primar las decisiones del colectivo mayoritario, sin excluir a quien piense de una manera distinta”, y cerraron: “La Unión Cívica Radical enfrenta hoy diversas realidades, en muchos casos con responsabilidad de gestionar gobernaciones y municipios. En este marco, aspiramos a seguir representando a millones de argentinos que nos votaron y que esperan de nosotros una actitud responsable y madura para enfrentar los enormes desafíos que hoy tiene nuestro país”.

Según pudo saber parlamentario.com, los diputados alineados con Facundo Manes fueron los más beligerantes durante esta reunión. Y tras el encuentro, afirmaron que “el bloque, en la práctica, está quebrado”. Criticaron que no se expulsara a los diputados sancionados por la Convención, a quienes consideran “topos de La Libertad Avanza dentro de la UCR”.

Con todo, el sector del neurocientífico no se va a ir del bloque, según aseguraron a este medio miembros del mismo. Se quedarán, sostienen, para defender las banderas y la identidad del radicalismo. “No queremos que le regalen el partido y el bloque a Milei”, lanzaron desde ese sector.

Hipercríticos con la conducción del bloque, sostienen que ni Rodrigo de Loredo ni Karina Banfi, presidente y vice de esa bancada, pueden seguir siendo las autoridades principales, porque “además de no conducir en la práctica, desoyen las decisiones del partido nacional”.

Según trascendió, el titular del bloque quiso establecer como condición que cada ley que vaya a ser tratada en el recinto, primero se vote en el seno de la bancada. Y acatar luego lo que resulte en esa votación interna. Sin embargo esa propuesta no fue aceptada por los diputados de Manes, ni los que responden a Martín Lousteau. Tampoco habrían estado de acuerdo los neutrales. Hubo una votación en la que se rechazó esa propuesta, aunque los de Manes aclararon que para ese momento no había quórum para hacerlo.

A la salida del encuentro, el diputado Fernando Carbajal, quien ya había manifestado que los diputados suspendidos no debían participar de la reunión, publicó en sus redes que allí “quedó evidente la falta de conducción. Cinco diputados se hicieron oficialistas, pero el presidente del bloque los dejó participar. Es imposible. No les entregaremos la UCR a Milei ni sus acólitos”.

Asimismo el formoseño desmintió la información contenida en el comunicado del bloque, que según él “no expresa lo sucedido en la reunión. No hubo votación y menos aún una decisión mayoritaria de nada. Entre 4 o 5 no pueden imponer sumisión al oficialismo”.

La Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Medio Ambiente de Diputados, a cargo del libertario Carlos D’Alessandro, se reunió este martes para iniciar el debate sobre el proyecto “Convenio de creación del Parque Interjurisdiccional Marino Monte León”, suscripto entre el Estado Nacional y la provincia de Santa Cruz el 11 de octubre de 2023 que “no genera asignación presupuestaria”.

También, comenzaron a analizar una iniciativa que busca presupuestos mínimos de protección ambiental de gestión de emisiones de metano en el sector de hidrocarburos. Además, pasaron a la firma proyectos de declaración y de resolución. La comisión completó a sus autoridades y estableció un encuentro cada 15 días los martes a las 12.

Antes de iniciar la ronda de expositores, la comisión completó a sus autoridades siendo designado como secretario el radical Pablo Juliano reprodujo el “espíritu de colaboración, las ganas de empujar la agenda fundamental porque tenemos un compromiso”.

De forma breve, la diputada Fabiola Aubone (UP) solicitó retirar momentáneamente de la comisión un proyecto de su autoría que estaba para dictaminar que declaraba de interés la mesa permanente de la gestión integrada del agua en la provincia de San Juan y acotó: “Una gran propuesta que, ante el cambio de gobierno, se ha desarticulado”.

El titular de la comisión, Carlos D'Alessandro, de La Libertad Avanza. (Foto: HCDN)

A su turno, el diputado de la CC-ARI Maximiliano Ferraro planteó la posibilidad de pedir la anulación de giro a otras comisiones de algunos proyectos de resolución y pedido de informes. “Esto la verdad es un artilugio que han utilizado todos los oficialismos en Diputados, pero creo que este rompe con el principio fundamental que tenemos los diputados de poder solicitar informes al Ejecutivo y para valorar esta herramienta y no caer en estos artilugios que demoran el trámite parlamentario”, argumentó.

En esa línea, indicó que varios de los proyectos puestos sobre la mesa tienen giro a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, a cargo del oficialista José Luis Espert, por lo que propuso solicitarle a la Secretaría Parlamentaria y al presidente de la Cámara la anulación del giro a otras comisiones de una segunda competencia que “es para demorar el trámite”.

D’Alessandro le respondió que van a “considerar” el planteo porque “estamos acá para solucionar este tipo de temas” y afirmó: “Entiendo lo de los giros que a veces es molesto. Nosotros tenemos 48 proyectos de los cuales vamos a dictaminar 14 y dos en estudio”.

Al pedir la palabra, la diputada Margarita Stolbizer (Encuentro Federal) remarcó la importancia de armar “una agenda institucional” sobre los temas de ambiente que “garantice un funcionamiento permanente de la comisión” y pidió tener fecha para tratar los proyectos relacionados con los presupuestos mínimos del metano. También solicitó tratar el mes siguiente la ley de envases que “es importante” para “poder organizarnos”.

Stolbizer adhirió a las palabras de Ferraro y remarcó que el Convenio sobre el Parque Monte León que contempla un giro a Presupuestos siendo que “no hay un adicional de presupuesto solicitado y es el que ya tenía. Esto sería inminente para que no vaya a complicar tener el dictamen y pasar al recinto, ya que tiene un gran acuerdo y empuje y tenemos que facilitarlo tratando de evitar que Presupuesto nos ponga una traba”.

Ampliación del Parque Monte León

La primera oradora fue Martina Sasso, directora Ejecutiva Fundación Por el Mar, explicó que la ampliación sería de la tierra hacia el mar del futuro Parque interjurisdiccional Marino Monte León se da en Santa Cruz. “Este parque tiene 1.023 kilómetros cuadrados y fue creado en el 2004 y fue el primer parque creado en la Argentina en post de conservar el mar. Es el primer parque costero que mira la biodiversidad marina, los valores pesqueros y de conservación y desarrollo para poder proyectar esta área”, informó.

“La razón fundamental, por lo que durante los últimos 3 años los distintos gobiernos, fue el valor de conservación que se intenta proteger son los bosques de macro algas. Es el ecosistema de esta era, es lo que el mundo está queriendo proteger. Estos ecosistemas son fundamentales para la industria pesquera. Si estos bosques de algas no estuvieran, la pesquería de la centolla que es clave para las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego no existiría”, explicó.

Sasso también resaltó la importancia del turismo: “Al igual que un bosque en tierra, tiene un montón de especies asociadas como delfines, tiburones, pingüinos. Estos bosques de algas son fundamentales para las colonias de pingüinos y hoy generan un gran destino turístico para la Patagonia”.

La funcionaria alertó que en el mundo se está perdiendo un 40% de estos bosques de algas y destacó que “gracias a la investigación científica, Argentina generó los primeros mapas de distribución de este sistema. Tenemos el 30% del ecosistema global en nuestro país y la comunidad internacional está muy interesada en nuestros bosques por la genética. Es el único lugar del mundo donde estos bosques están expandiéndose en vez de reduciéndose”.

“Se consume el alga en el mundo, se han desarrollado matrices productivas en el mundo. Este ecosistema de este ser viviente es el organismo que más rápido crece en el planeta, puede crecer 40 cm por día. La viabilidad para producir este ecosistema y poder desarrollar una matriz productiva a partir de él es súper viable”, ponderó.

Sasso recordó que en 2004 se creó el área terrestre de Monte León y que la Administración de Parques Nacionales siguió trabajando en post de ir a proteger el mar.  En el 2012 se presentó un proyecto de ley que “que realmente era irracional por sus tamaños, por cómo cruzaba de jurisdicciones agua nacionales” por lo que se dio de baja.

“Esto se retoma con el trabajo, no solamente nuestra organización, sino Parques Nacionales impulsándolo internamente y otros actores de la sociedad para la investigación y empezar a fomentar la creación. En el 2023 se firma un tratado inédito la interjudiccionalidad un convenio entre la provincia y la nación donde en el 2023 se firma entre la provincia de Santa Cruz y la Administración de Parques Nacionales, representando al Ejecutivo, se ponen de acuerdo y luego fue ratificado por la Cámara a nivel Nacional”, explayó.

La directora ejecutiva de la Fundación Por el Mar resaltó que Parques Nacionales tiene la mayor concentración de algas de Santa Cruz y se presentó una declaración de interés para “poder hacer un manejo activo de este ecosistema y la conservación activa”. También comentó que el COFEMA (Confederación Federal en el Ambiente” se expidió con una declaración de interés de la preservación de los bosques en Santa Cruz.

“Esos bosques se encuentran solo en Santa Cruz y Tierra del Fuego, no tienen otra distribución. Tierra del Fuego el año pasado creó el área protegida Península Mitre que preserva la mayor concentración de algas”

En 2024 la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz aprobó la creación del Parque Mario Monte León: “Fue un hecho histórico porque fue el primer parque que se vota en los últimos 10 años. Eso ha generado motor de desarrollo. Es una provincia que tiene mucha fricción con la generación de áreas protegidas, industria ganadera, la pesca”, y planteó: “El paso que falta es este la ratificación por Ley Nacional”.

Sasso afirmó que el futuro es la interjurisdiccionalidad porque “es la única manera de poder gestionar el mar de una manera correcta y competente es con ambas jurisdicciones. Tenemos tres parques interjurisdiccional: en Chubut que fue el primero Pimcpa, luego Makenke y el Parque Isla Pingüino que fueron versiones mejoradas de esas leyes iniciales. Tenemos modelos de gestión que son diferentes. La interjurisdiccionalidad es algo nuevo y a esta gestión le toca el desafío de implementar”.

Según explicó, en la interjurisdiccionalidad no hay sesión de jurisdicción: “Es algo muy acertado, sobre todo en este gobierno, porque no hay recursos. No podemos pretender que Nación ponga todo o la provincia ponga todo. Hay que trabajar de forma mancomunada, debería ser el formato para poder funcionar”.

“Este proyecto de ley Monte León de ampliación al mar es mejorado a lo que es la gestión al resto de las áreas. Este va a ser el primer Parque Marino que tiene base en tierra”, destacó.

Al hablar de la sostenibilidad pesquera, señaló que Monte León en los últimos 10 años “ha tenido un total de mil horas de presión pesquera. Esto se considera como pesca marginal. La industria pesquera apoya el proyecto porque se preserva un área de especies que les interesa a ellos”.

Respecto de la asignación presupuestaria, subrayó que “ya cuenta con una estructura terrestre, esto es una ampliación. La Administración de Parques cuenta con un total de 14 agentes de conservación, tiene equipamiento".

"El parque está preparado para no absorber ni generar ninguna asignación presupuestaria, es casi nula”, y destacó: “La gestión e implementación del futuro Parque Marino Monte León puede llevarse adelante sin recursos adicionales”.

Además, indicó que la extensión del parque hacia el mar “es un avance crucial para el desarrollo del turismo de naturaleza. Modelos de desarrollo de siembra de algas en el país que tiene cero impactos”. Por último, sostuvo que el proyecto toca cuatro pilares que son turismo naturaleza, gobernanza, conservación activa y jerarquización del sistema de áreas protegidas.

A continuación, expuso Cristian Larsen, presidente de Parques Nacionales, quien contextualizó que “parques nacionales tiene cinco millones de hectáreas terrestres que equivale a la provincia de Jujuy y administra trece millones de hectáreas marinas que equivale a la provincia de Córdoba”. Con respecto al Parque Monte León, el funcionario aclaró que “tiene sesenta y dos mil hectáreas y lo que se quiere ampliar es a 1023 km cuadrados más”.

Al referirse a la interjurisdiccionalidad, Larsen sostuvo que “la relación entre parques nacionales y la provincia, específicamente a la conservación, no ha sido la mejor”. “Si bien el impacto presupuestario es menor, no podemos dejar de ver que existe un impacto y en caso de que se dañe el tema de las macroalgas va a tener que hacerse un trabajo de restauración, y esto hay que tenerlo en cuenta al evaluar el proyecto en general”, especificó.

“Estoy a favor del proyecto, de que cada vez conservemos más espacios y, sobre todo, cuando hay un valor tan importante como la macroalga. Pero, habría que definir si esto es un Parque Nacional, que lo sea en su conjunto y sumarlo a Monte León; o bien, que esto quede para la provincia”, manifestó y, en ese aspecto, añadió: “La coadministración presenta un desafío muy importante para Parques, sobre todo cuando hay que preservar tantos millones de hectáreas; seguir agregando terreno y parques nacionales nos invita a pensar con qué recursos vamos a contar, con qué personal y cuál es la infraestructura que se necesita”.

La diputada Sabrina Selva (UP) destacó que es un proyecto que “tiene consensos entre el Estado, la provincia, desde distintos partidos políticos. El mayor desafío de Parques Nacionales serían las dificultades que traen las interjurisdiccionalidad en un momento donde escasean los recursos”, y criticó el Presupuesto 2025 donde “parques nacionales no ha sido beneficiada con el presupuesto del Gobierno. La ampliación de un parque con los recursos que hoy tiene va a ser un desafío enorme”, y sugirió “exigirle al Gobierno” que haya recursos para este tipo de proyectos porque “es importante la conservación del ambiente”.

“Tenemos que encontrar una forma para que la administración de parques pueda asumir el desafío y continuar con el proyecto. El Parque Nacional está capacitado para encarar estos desafíos con los recursos que tiene, con el personal profesional, es un parque con un potencial enorme. La articulación con las provincias para la preservación del ecosistema en el país es fundamental”, cerró Selva.

A su turno, Ferraro se distanció de la idea de “retrotraer la posibilidad de crear el parque si debe ser nacional o provincial” porque “estamos en un país federal”, y planteó encontrar una solución “armoniosa” y reiteró: “No comparto la idea de retrotraer o demorar una expresión del Poder Legislativo de Santa Cruz que ratificó una parte del convenio y que nosotros demos marchas atrás porque se perdería la cuestión del parque por entrar en discusión con el actual gobernador por la cesión o no de jurisdicción entendiendo que los recursos son finos”.

Así, solicitó tener “la buena voluntad” de avanzar en el dictamen del parque y “ver de qué manera el aporte está restructurado”. Desde la presidencia de la comisión le respondió que “es voluntad avanzar sobre la ratificación del acuerdo entre Santa Cruz y Nación”.

Protección ambiental de gestión de emisiones de metano

En la continuidad, expuso Martín Maquieyra (Pro), autor del proyecto de presupuestos mínimos de protección ambiental de gestión de emisiones de metano en el sector de hidrocarburos, quien explicó que el fin es “poder regular y mitigar las emisiones de metano, que es uno de los que más impacto tiene en la industria energética”. “La idea es poder detectar las fugas y repararlas, avanzando en tecnología que permita una mayor identificación de las emisiones de metano”, agregó.

Sobre el proyecto, Maquieyra informó que en primer lugar se apunta a trabajar con “la industria de los hidrocarburos que es la que más rápida se pueda adaptar ya que no tenemos tiempo por el calentamiento global”. El pampeano planteó que vengan funcionarios y ONG’S en reuniones informativas para que sumen sus aportes para “poder producir con el menor impacto posible”. En ese sentido el diputado socialista Esteban Paulón sugirió que esas reuniones se hagan en conjunto con las comisiones de Energía y de Presupuesto para “acelerar el dictamen” y fijar un listado de invitados. A modo complementario, Stolbizer pidió que se cite a la secretaria de Ambiente para que informe cuál es el plan de Gobierno atendiendo el recorte del presupuesto en materia ambiental para el 2025.

El presidente de la comisión mostró preocupación de que la secretaría de Ambiente sea subsecretaría porque “nos juega en contra mundialmente”, y afirmó que asume el compromiso de hablar con la jefatura de Gabinete y solicitarle una reunión.

Proyectos de resolución y declaración

Luego, fue el turno de los proyectos de resolución y declaración. En primer término, se avalaron los pedidos de informes al Poder Ejecutivo sobre el derrame de hidrocarburos y aceites frente al Glaciar Perito Moreno; con la implementación de la ley 26331, de presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos; con los incendios ocurridos en la provincia de Córdoba durante el mes de septiembre de 2024 (en este caso se unificaron dos iniciativas); y para que disponga las medidas necesarias para la elaboración e implementación de un “Glosario Ambiental Federal”, confeccionado por especialistas idóneos en la materia.

También, los legisladores le dieron el visto bueno a los proyectos para declarar de interés de la Cámara de Diputados de la Nación el “2° Congreso Internacional de Educación Ambiental e Innovación Inclusiva, infanto juvenil hacia la resignificación del aprendizaje y su relación post pandemia, desde la tecnológica y la transversalidad”, a realizarse del 20 al 24 de mayo de 2024 en Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires; el II aniversario de la Ley de Humedales de la provincia de Misiones, a conmemorarse el 9 de junio de 2024; y a la “Alianza Verde Argentina”, conformada el 22 de abril de 2024, destinada a priorizar el cuidado ambiental.

Asimismo, se avalaron cuatro iniciativas para expresar beneplácito por el Día Internacional de la Diversidad Biológica, a celebrarse el 22 de mayo de cada año; por el Día Provincial de la Selva Misionera, que se celebra el 7 de mayo de cada año; por el Día Mundial del Ambiente, que se conmemora el 5 de junio de cada año; por el Día Provincial de las Áreas Naturales Protegidas, a conmemorarse el 12 de junio de cada año en la provincia de Misiones; y por la conmemoración del Día Nacional del Agua, a celebrarse el 31 de marzo de 2024.

Por último, el proyecto que apunta a expresar repudio y rechazo a la caza ilegal del ejemplar de yaguareté en la provincia de Formosa, acaecida en julio de 2024.

En el inicio de la sesión especial de este miércoles juró la entrerriana del Pro Nancy Ballejos que completará hasta diciembre de 2025 el mandato del radical Pedro Galimberti, quien el pasado 9 de septiembre presentó la renuncia a su banca para asumir en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM), un cargo en un ente binacional para el que lo propuso el gobernador de su provincia, Rogelio Frigerio.

Ballejos, de 35 años de edad, es oriunda de la localidad de Chajarí y de profesión abogada egresada de la Universidad Católica de Salta. Es militante del Pro desde el 2014. En el 2019 fue designada en el cargo de Coordinadora de Centros de Frontera Mesopotamia Sur.

La dirigente del partido amarillo ocupará el lugar de su coterráneo, debido a que es la última integrante de la lista Juntos por Entre Ríos votada en las elecciones del 14 de noviembre de 2021, de la que ya no quedan varones en la lista de elegida.

En esa oportunidad, JxC consagró a tres diputados: Rogelio Frigerio (Pro) y los radicales Marcela Antola y Pedro Galimberti. Al renunciar Frigerio para dedicarse a la campaña que lo convirtió en gobernador, fue reemplazado por otro radical, Atilio Benedetti, segundo suplente de la lista. Ahora, al renunciar Galimberti, debe asumir Ballejos.

De modo que el Pro ganará un escaño, que en rigor de verdad había perdido en 2023 con la salida de Frigerio. Pasarán a ser 38 los diputados del bloque conducido por Cristian Ritondo, y al haber quedado La Libertad Avanza con 37 por la expulsión de Lourdes Arrieta, el partido amarillo pasa a ser la segunda minoría.

El bloque radical, que encabeza Rodrigo de Loredo pasa a tener 33 miembros, aunque siendo estrictos, los radicales son 32, pues el correntino José Federico Tournier, que asumió el 14 de agosto en reemplazo del nuevo ministro de Gobierno de su provincia, Alfredo Vallejos, es en realidad un dirigente liberal, que de todos modos se sumó al bloque UCR a pedido de su gobernador.