La diputada nacional Vanina Biasi (Frente de Izquierda) denunció que este viernes la Cámara de Diputados “censuró” un evento que había sido convocado por el Comité de Mujeres del Kurdistán en reclamo por la libertad de Ocalan y más 10 mil presos políticos kurdos y por el cese de los ataques por parte del gobierno de Erdogan.

“A horas de que tuviera que realizarse el evento convocado, la Cámara de Diputados informa que no va a permitir su realización, en un claro acto de censura contra el derecho democrático y de libertad de expresión hacia el interior del Parlamento”, criticó Biasi.

Así, sostuvo: “Los diputados del Frente de Izquierda, aún con diferentes posiciones sobre el conflicto en curso en Oriente Medio, nos hemos solidarizado con estos reclamos democráticos de quienes nos solicitaron colaborar en la realización del evento, donde iban a expresarse incluso posiciones divergentes sobre el curso del conflicto y cuáles son las perspectivas para una salida favorable a las y los trabajadores del Kurdistán y toda la región”.

“Denunciamos que se trata de un grave precedente, pues se pretende imponer la censura, la regimentación y la persecución contra cualquiera que levanté la voz contra la represión política y en defensa de las libertades democráticas dentro del Congreso Nacional”, cerró.

Diputados del bloque de Unión por la Patria celebraron a través de las redes la caía de la sesión de este jueves en la Cámara baja que iba a tratar el proyecto de ficha limpia y apuntaron que solo era para “proscribir a CFK”.

El diputado Leopoldo Moreau expresó: “Hoy se frustró el intento mafioso de Macri de darle a sus jueces amigos de Comodoro Py la facultad de decidir a quién le dan ficha limpia o a quien se la ensucian para proscribirlo. En democracia deciden los votos de los ciudadanos y no los votos de los jueces amigos”.

En el mismo sentido, Vanesa Siley señaló: “Nuevamente el Pro, la Libertad Avanza, la UCR y aliados no consiguieron quórum para la media sanción de la denominada ‘ficha limpia’, un proyecto que pretende restringir la voluntad popular proscribiendo a la principal líder de la oposición: Cristina Fernández de Kirchner”.

Hugo Yasky compartió un video de expresión en minoría del diputado de la CC Juan Manuel López: “En menos de 1 minuto un diputado del opooficialismo realiza una confesión de parte para dejar en claro que el proyecto ‘ficha limpia’ con justicia corrupta sólo tiene un objetivo: proscribir a Cristina”.

¿Vieron que lo de ficha limpia era solo para proscribir a @CFKArgentina y por el cagazo de que les gane de vuelta? Si no me crees, acá te lo deja clarito @JuanmaLopezAR pic.twitter.com/kEOAqxW98R

— Tomás Ledesma (@tomiledesmaok) November 28, 2024

“Hoy se cayó Ficha Limpia, una iniciativa del Departamento de Estado para el exterminio político de los líderes populares en América Latina. Mientras te distraen con estas boludeces ilegales, los verdaderos corruptos, como el Toto Caputo y Macri, siguen robándose el país”, disparó Rodolfo Tailhade.

El dictamen de UxP sobre ficha limpia es realmente serio y no se sube al tren de la proscripción.

Si van a hablar, que sea con dictamen en mano y leído. De paso, la fundamentación es muy buena. A los periodistas les recomiendo que la lean también.

Proponemos que:
1) Los… pic.twitter.com/t3SOEWidRP

— Julia Strada (@Juli_Strada) November 28, 2024

Tras la sesión fallida de este jueves en Diputados para debatir el proyecto de ficha limpia que se cayó por falta de quórum, desde el bloque de la UCR conducido por el cordobés Rodrigo De Loredo, acusaron al oficialismo de frustrar el debate ya que 8 de sus diputados se ausentaron.

A través de un comunicado explicaron que “ficha limpia es una herramienta absolutamente simple y lógica que cualquiera entiende”, y apuntaron: “Pero con argucias y vericuetos, la política intenta sofisticar el debate para evitar la aprobación parlamentaria”.

“El oficialismo se ha ocupado, en su estrategia de ultra polarización, de fines electorales inmediatos, de que esto no prospere. Se ocupó de que se frustre por segunda vez en dos semanas algo que la sociedad argentina está pidiendo”, denunciaron.

Desde la bancada radical señalaron que “para acceder a cualquier trabajo normal hay que tener un prontuario en condiciones, pero para administrar los recursos de todos los argentinos se puede tener una condena en primera y segunda instancia y seguir siendo candidato”.

“El objetivo final de ficha limpia es que la corrupción deje de gobernar al país y vamos a seguir intentándolo”, anticiparon al cierre del texto.

Poco más de diez horas después de haber dejado el recinto tras una larga jornada en la que se aprobó el proyecto de ludopatía y apuestas en línea, los diputados son esperados a la Cámara para meterse de lleno en un nuevo debate no menor: una sesión que, a diferencia de la anterior, tiene varios temas previstos para debatir y cuyo quórum había sospechas de que podría estar en riesgo.

Ya desde la jornada anterior están plantadas las dudas. Este miércoles no fue difícil finalmente llegar al número 129 y sobrepasarlo con amplitud; pero para este caso habría muchas dudas respecto de que se pueda alcanzar el número suficiente. La sesión está convocada para las 10 y se sabe de la inflexibilidad del presidente del Cuerpo, Martín Menem, respecto de que el número debe ser alcanzado dentro de los 30 minutos siguientes a la hora de convocatoria. Sino, sesión en minoría.

Los temas a debatir

En el caso de ficha limpia, la iniciativa establece la prohibición para que personas condenadas por corrupción sean candidatas a cargos nacionales, impulsado por lo que fue Juntos por el Cambio y avalado por La Libertad Avanza, se espera tenerlo sancionado lo antes posible.

En palabras de integrantes del oficialismo y los bloques aliados, este proyecto apunta para que la inhabilitación correrá “desde que exista sentencia condenatoria, aunque no se encuentre firme, siempre y cuando resulte confirmada por un órgano judicial de instancia superior, hasta su eventual revocación o, en su caso, cumplimiento de la pena correspondiente”.

En virtud de la iniciativa sobre el nuevo marco legislativo que aborda los conceptos de reiterancia y reincidencia, su propone la modificación de los artículos 50 y 58 del Código Penal, donde se centra en redefinir la reincidencia y establecer la reiteración delictiva como un factor clave en el proceso judicial.

La iniciativa define la “reincidencia como toda persona que ha sido condenada dos o más veces a penas privativas de libertad, siempre que la primera condena sea firme. En caso de unificación de condenas, la pena resultante se calculará como la suma de las penas impuestas”.

En tanto, denomina “reiteración delictiva” cuando “se introduce como un nuevo concepto que se refiere a situaciones en las que una persona enfrenta múltiples procesos penales simultáneamente. A partir del primer llamado a declarar, se considera a la persona imputada, lo que puede llevar a la imposición de medidas de coerción más estrictas”.

Además, se establece que se podrán aplicar medidas de coerción en casos donde se hayan cometido delitos contra personas o propiedades en el marco de la libertad de expresión.

El proyecto de ley para garantizar el voto por correo postal de los argentinos que residen en el exterior establece que los ciudadanos argentinos que residen fuera del territorio de la República son titulares del derecho a votar en todas las instancias de las elecciones nacionales que deciden cargos efectivos en iguales condiciones que los ciudadanos residentes en el país.

De ese modo, el Poder Ejecutivo Nacional será responsable de garantizar los medios económicos, organizativos y tecnológicos necesarios para el pleno cumplimiento de este derecho. A su vez, la Cámara Nacional Electoral será la responsable de establecer el número de las mesas electorales de cada sede, respetando el límite máximo de 1.000 electores por mesa.

En cuanto a juicio en ausencia, la modificación al Código en el artículo 104 propone que “el imputado tendrá derecho a hacerse defender por abogado de la matrícula de su confianza o por el defensor oficial siempre que ello no perjudique la eficacia de la defensa y no obste a la normal sustanciación del proceso”.

De igual manera, establece: “La declaración de rebeldía no suspenderá la investigación ni las resoluciones que deban dictarse hasta la elevación a juicio. Si fuere declarada durante el juicio, este se suspenderá con respecto al rebelde y continuará para los demás imputados presentes, salvo en el caso de los supuestos previstos en el Capítulo V del Título II del Libro III de este Código”.

A su vez, este proyecto señala que el juicio en ausencia será aplicable únicamente en aquellas causas en las que se investigue: Delitos previstos en Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional; previstos en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas; Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos O Degradantes; y el Código Penal.

A cuatro días del final del período ordinario, diputados de cuatro bloques intentarán rechazar el decreto de necesidad y urgencia 846/24, que establece modificaciones en la forma de canjear deuda.

Con ese objetivo presentaron este miércoles un pedido de sesión para el próximo martes a las 15, a fin de tratar el decreto de necesidad y urgencia N° 846/24, que habilita al Ministerio de Economía a realizar canjes para títulos en cualquier moneda sin los requisitos de la Ley de Administración Financiera y sin pasar por el Congreso.

Según pudo saber parlamentario.com, en caso de que haya quórum, se va a pedir la prórroga de las sesiones ordinarias, en base al proyecto de resolución presentado este martes por el bloque Democracia para Siempre, a fin de tener más tiempo para sancionar el Presupuesto 2025.

El tratamiento de este proyecto figuraba en el temario de la sesión del martes de la semana pasada, que fracasó por falta de quórum. En esa oportunidad se había incluido el tratamiento del proyecto de ley de reforma de la Ley 26.122, que reglamenta los decretos de necesidad y urgencia. Ahora ese tema no figura.

La sesión fue pedida por miembros de cuatro bloques. Por Unión por la Patria, firman Germán Martínez, Cecilia Moreau, Paula Penacca, Itai Hagman, Carlos Heller, Graciela Parola, Gabriela Pedrali, Ariel Rauschenberger, Julia Strada y  Pablo Todero.

Por Encuentro Federal están Emilio Monzó, Nicolás Massot, Esteban Paulón, Margarita Stolbizer, Mónica Fein y Oscar Agost Carreño. Y por Democracia para Siempre están Pablo Juliano, Marcela Coli, Carla Carrizo y Danya Tavela, Fernando Carbajal. También firma el santacruceño Sergio Acevedo.

Al cabo de una jornada intensa y con clima enrarecido en Diputados, consecuencia del anuncio oficial de suspender el debate del proyecto de Presupuesto 2025, estaba muy en duda la posibilidad de llevar adelante este miércoles la sesión pedida la semana pasada para tratar un tema muy esperado por muchos, como es el de Ficha Limpia.

En rigor, el pedido fue hecho por del Pro y La Libertad Avanza como Cristian Ritondo, Gabriel Bornoroni, Silvana Giudici, Silvia Lospennato, María Eugenia Vidal y Nicolás Mayoraz, entre otros. Y además de Ficha Limpia, el temario incluye el nuevo marco legislativo que aborda los conceptos de reiterancia y reincidencia, como así también el proyecto de ley para garantizar el voto por correo postal de los argentinos que viven en el exterior.

Si bien se llegó a este martes con muchas dudas respecto de la posibilidad de firmar el dictamen para la ley de leyes, no dejó de causar sorpresa que la reunión fuera directamente desactivada, y el anuncio de José Luis Espert abriendo la posibilidad de un llamado a extraordinarias para tratar la ley de leyes, habida cuenta de que ya no podrá ser tratado en este período ordinario.

Recordemos que este miércoles vencen los tiempos para dictaminar en las comisiones, y como eso no ha sucedido con el Presupuesto, solo resta la posibilidad de que el Gobierno convoque a extraordinarias.

El mayor enojo corre por cuenta de los gobernadores, sorprendidos este martes con la suspensión del debate. Por eso los diputados relacionados con mandatarios provinciales fueron los primeros en expresar su enojo y anticipar que no tenían disposición a dar quórum este miércoles. Para ellos, la prioridad es el Presupuesto.

Alineados con los gobernadores de Salta, Misiones y Río Negro, los diputados de Innovación Federal dejaron claro que no darán quórum para esta sesión.

Los de Encuentro Federal resolverán este miércoles por la mañana, pero trascendió que solo bajaría Margarita Stolbizer, quien ha militado desde siempre el proyecto de Ficha Limpia. Los radicales de Democracia para Siempre sí estaban dispuestos a bajar, pero por la tarde trascendió que habían decidido que no lo harían, a pesar de que uno de sus miembros, Fernando Carbajal, es autor de uno de los dictámenes. Tendrían decidido que sean los del Pro y La Libertad Avanza los que se ocupen de conseguir el quórum.

Sin Innovación Federal ni los de Encuentro Federal, no llegarían al quórum; aun si estuvieran los de Democracia para Siempre, quienes como hemos dicho están muy en duda. Así que todos los caminos parecerían conducir a una sesión frustrada.

Una señal que confirma estas prevenciones la dio al caer la noche el bloque del Pro, con un comunicado en el que anticiparon que ellos estarán este miércoles en sus bancas y esperan “que el resto de los bloques también lo hagan”.

“Esta es una iniciativa que venimos impulsando hace años en conjunto con la sociedad civil, y estamos ante una oportunidad histórica de hacerlo. No dar quórum es darle la espalda a la sociedad. Quienes no ocupen sus bancas estarán jugando a favor de los corruptos”, advirtieron.

Recordaron los diputados del Pro que en la misma sesión incluyeron la modificación del Código Penal sobre la reiterancia, “para que los delincuentes no salgan por la puerta giratoria con la que muchas veces son beneficiados”, y prevén tratar el proyecto para facilitar el derecho al voto de los argentinos en el exterior.

Lo cierto es que tampoco tiene buenas chances una eventual sesión el jueves, en este caso la pedida por la oposición para debatir la reforma de la ley que reglamenta los DNU, y el decreto 846 sobre el canje de deuda. De hecho, los diputados que la habían pedido para la semana pasada no la ratificaron, aunque hay que decir que el martes pasado habían solicitado una “prórroga” para este jueves. Por cuestiones reglamentarias, eso quedó en duda: Martín Menem dio por caída la sesión del martes de la semana pasada, así que no podría hablarse de “prórroga”…

Como sea, es difícil que esta eventual sesión se haga, pues los gobernadores mantienen su postura de privilegiar el tratamiento del Presupuesto, y prefieren que eso siga siendo un elemento de presión al Gobierno… aunque el Gobierno no se sienta demasiado aludido.

En caso de rechazar la oposición el DNU 846/24, el Gobierno necesitaría contar con el proyecto de presupuesto que mandó al Congreso, uno de cuyos artículos incluye las facultades que ese decreto de necesidad y urgencia le brinda. Cierto es que si la oposición rechazara ese decreto la semana que viene, no tendría tiempo para tratarlo en el Senado; pero tampoco hay chances de que la Cámara alta se reúna para hacerlo, así el rechazo fuera consumado esta semana.

El proyecto de Democracia Sindical naufragó este martes en Diputados al no reunir la cantidad de firmas necesarias (16) para que el dictamen pueda llegar al recinto y ser debatido, ya que contó con el rechazo del bloque Encuentro Federal, liderado por Miguel Ángel Pichetto, quien argumentó: “El Gobierno se planteó un objetivo ambicioso, me parece que no alcanza con un debate meramente parlamentario”.

El presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo, Martín Tetaz (UCR), tenía esperanzas de reunir las 16 firmas y alzarse con el despacho, pero todo se truncó porque, según contó a parlamentario.com, "no se respetaron los compromisos pautados que había".

Cabe recordar que el oficialismo también había frenado la iniciativa cuando abrieron un frente de diálogo con la cúpula cegetista y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que se realizó el 1° de octubre pasado en la Casa Rosada. Dos semanas después, ante la postura libertaria, Tetaz tuvo que suspender los encuentros de comisión. A raíz de ello, se incorporaron al dictamen “muchas de las propuestas impulsadas por nuestro espacio y forma parte central de nuestra agenda parlamentaria”, según habían comunicado desde LLA.

El dictamen de Democracia Sindical condensaba un total de 28 proyectos que iban en la misma sintonía que, entre otros puntos, postulan la cantidad de períodos en los que pueden ser elegidos los representantes sindicales, la forma de dicha elección, la participación de las minorías, la perspectiva de género, la libertad de obra social, y la forma de financiamiento de los sindicatos incluida la discusión de las cuotas sindicales. Por su parte, UP no había presentado dictamen de rechazo.

No fue casualidad que el titular del bloque Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto se hiciera presente en la comisión, sino que ingresó en lugar de la cordobesa Alejandra Torres, quien había participado intensamente en las demás reuniones aportando modificaciones que fueron tomadas en cuenta para el dictamen final.

Por esa maniobra, el presidente del bloque radical, Rodrigo de Loredo, apuntó contra el gobernador de su provincia Martín Llaryora: “El gobernador retiró a una diputada nacional de la Comisión de Legislación del Trabajo para que entre otro en su lugar, y así otorgar el voto decisivo en contra del proyecto que impulsamos que propone entre otras cosas terminar con los privilegios de los gremios, sus reelecciones indefinidas, eliminar la obligatoriedad de la cuota solidaria, y obligarlos a que presenten declaraciones juradas… Llaryora reniega en público de Cristina, pero cuando no lo miran juega para el kirchnerismo”.

Por Llaryora se cayó la reforma sindical. El gobernador retiró a una diputada nacional de la Comisión de Legislación del Trabajo para que entre otro en su lugar, y así otorgar el voto decisivo en contra del proyecto que impulsamos que propone entre otras cosas terminar con los…

— Rodrigo de Loredo (@rodrigodeloredo) November 19, 2024

En la misma sintonía, Tetaz contó a este medio que tenía el compromiso con Torres -que hizo varias sugerencias de modificaciones al dictamen- cuando no contaban con las firmas de los libertarios. “Nosotros habíamos negociado y ella estaba dispuesta a acompañar con alguna disidencia parcial y Agustín Domingo (Innovación Federal) no iba a venir. Ese compromiso teníamos. Para la segunda ronda Pichetto la cambia a Torres y viene él para mantener el acuerdo con los gremios”, relató y apuntó contra Pichetto: "Tenía un acuerdo político para bloquearnos”.

El rechazo de Pichetto

Al hacer uso de la palabra, Pichetto anticipó su rechazo y planteó: “Este Congreso ha hecho un esfuerzo extraordinario, un abordaje en el marco de las relaciones laborales donde hemos sacado una ley que fue ratificada por el Senado que tenía por objetivo tratar de mejorar el ingreso de los trabajadores al mundo del trabajo”.

“Hemos eliminado las multas, ampliado el periodo de prueba, hemos incorporado un sistema voluntario de los sindicatos lo que tiene que ver con el sistema de cese sindical. Me parece que estos tres elementos son muy importantes para un año parlamentario donde el Gobierno se planteó un objetivo ambicioso, pero que para abordar este tema que tiene con la reforma de las organizaciones sindicales, me parece que no alcanza con un debate meramente parlamentario”, fundamentó su postura.

Pese a que hubo reuniones informativas, el titular de Encuentro Federal expresó: “Es imprescindible llamar a los representantes de las organizaciones sindicales. Hay algunas experiencias que han sido muy frustrantes en la vida argentina de querer abordar esta temática y les ha ido mal a los gobiernos”.

FOTO: HCDN

“Esto no se puede hacer sin los actores del mundo del trabajo. Me parece que es fundamental hacer una convocatoria más amplia y, además, tener un determinado consenso para llevar adelante una reforma de esta naturaleza. También se requiere poder político”, apuntó y resaltó que el Gobierno tiene “límites” en el Congreso.

Pichetto cerró su intervención ratificando su voto negativo: “Hay que agotar otra discusión y otro debate con el Gobierno, con los representantes de los sindicatos. Todos estos debates requieren de una amplitud de discusión mucho más amplia que lo limitado de este espacio parlamentario”.

De la vereda de enfrente, el titular de la comisión le enrostró que han hecho dos reuniones informativas en las que han venido representantes de la CGT y sectores gremiales.
“Hemos dado un debate profundo sobre el tema”, le remarcó.

El debate

En la misma sintonía, el diputado del FIT el jujeño Alejandro Vilca expresó su rechazo y denunció que detrás “de la libertad sindical se esconde una clara intención de la intervención del Estado sobre las organizaciones de los trabajadores”.

“Nosotros podemos tener muchas críticas a los dirigentes sindicales, de hecho, lo hemos expresado contra la CGT, pero eso no justifica a que se quiera avanzar sobre la organización de los trabajadores, sobre su libertad sindical, sobre las medidas”, justificó Vilca y criticó que el Gobierno avanza sobre los derechos de los trabajadores y “toma medidas en favor de los empresarios”.

La radical Soledad Carrizo manifestó: “Hemos discutido estos temas más de tres meses. Soy autora de un proyecto desde el 2016 y se llegó a una unificación de un dictamen muy bueno. Es importante pasar a la firma del despacho y quedaremos en esta Argentina mostrando quiénes estamos del lado de las reformas que necesariamente necesitamos a hacer y quienes se oponen al status quo”.

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Por el contrario, el dirigente sindical de la Bancaria y diputado de UP, Sergio Palazzo, aclaró que no han presentado dictamen de rechazo y desafió a Tetaz: “El que tiene que juntar las 16 firmas es usted”.

“No acompañamos la posición del proyecto presentado porque entendemos que se vulnera el principio de autonomía sindical consagrado en el convenio 87 la OIT. No es ningún cargo poder defender ese principio. Las asociaciones sindicales pueden libremente pactar cuota solidaria porque el sistema sindical argentino, inclusive, es distinto al sistema sindical en otros lugares del mundo”, argumentó

“El sistema sindical argentino implica que la organización sindical defiende, no solo al afiliado, sino también al no afiliado y los comprende a todos en un convenio colectivo. Por eso existe la cuota de solidaridad”, planteó Palazzo. Sobre la prohibición de reelecciones indefinidas expresó: “Es un tema que vulnera los principios del convenio 87 de libertad sindical. Las convocatorias de elecciones, las declaraciones juradas”, reiteró y cerró: “Es un tema que tienen que resolver los afiliados de la organización sindical y no nosotros con una ley que vulnera el principio de libertad sindical del convenio 87”.

De la otra vereda, el presidente del bloque radical, Rodrigo De Loredo, manifestó: “Para nosotros esta probablemente sea una de las reformas por la que más bregamos durante todo este año”, y señaló que “una de las pocas reformas que se mantiene perenne, estática, cristalizada, justamente la organización de los gremios”.

“En la historia de nuestro país nos hemos acostumbrado que la representación gremial de los trabajadores pertenezca a una expresión política. Es un dato de la realidad hace mucho tiempo”, indicó y resaltó que “esta modernización de la legislación vinculada a los sindicatos nos parece que le hace un aporte que es absolutamente indispensable en el devenir institucional y democrático de la argentina”.

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Desde el Pro, la santafecina Germana Figueroa Casas sostuvo: “Más allá de lo ya mencionado sobre sospechas de corrupción o enriquecimiento ilícito, estamos en un país que hay un 50% casi de gente que no tiene esa representación y está trabajando en la informalidad sin nadie que los defienda”.

“¿Por qué negarse a que haya una renovación? ¿por qué tiene que estar eternamente los mismos los mismos nombres, los hijos de los mismos y etcétera? siempre como como jefes de esos sindicatos, como directivos de esos sindicatos. ¿No podemos pensar realmente que puede haber algo mejor? ¿no vale la pena probar algo distinto?”, planteó.

Al cierre, el titular de la comisión destacó el “esfuerzo extraordinario de los bloques de esta cámara” para poder “dar mayor competitividad al proceso electoral de los gremios, para tratar de aportar más transparencia y para tratar de darle más libertad a los trabajadores de elegir si es que quieren hacer aportes o no quieren hacerlos, para el sostenimiento de sus organizaciones y si quieren o no quieren recibir distintos tipos de descuento en su recibo de sueldo”.

Así, anunció: “Hemos conseguido 15 firmas. No alcanzan para hacer un dictamen. La inmensa mayoría de la población argentina sigue esperando que le pongamos un límite a las reelecciones indefinidas de los sindicatos. No es equiparable la situación de un sindicato con la de cualquier espacio de la organización civil porque tienen las obras sociales sindicales que manejan”.

“Lamentablemente no alcanzaron los números en esta oportunidad, ya vamos a trabajar o seguir trabajando para poder construirla”, concluyó.

Actualización y repotenciación de los créditos laborales

Por otro lado, se trató la actualización y repotenciación de los créditos laborales del cual confluyeron tres dictámenes: uno de mayoría que reunió 15 firmas, uno de minoría y otro de rechazo del FIT.

En este sentido, en representación del dictamen de mayoría, Sergio Capozzi (Pro) explicó que "este proyecto trata de poner certeza, permitirá no solo recomponer y adecuar el crédito original en un reclamo de índole laboral, sino también, otorgará previsibilidad y seguridad jurídica”.

Por su parte, en representación de la minoría, Sergio Palazzo (UP) señaló que “vamos acompañar la propuesta del diputado Ávila porque entendemos exigua la tasa del 3%, creemos que la norma tiene que tener alcance a los juicios en trámite o con sentencia no confirmada para que su crédito laboral se actualice”.

En contrapartida, Alejandro Vilca (FIT), presentó un dictamen de rechazo: “Cuando hablamos de créditos, lo que buscan es ponerle limite desfavorable para el trabajador, es perjudicial”.

A un día del cierre de comisiones, la titular de la Comisión de Pequeñas y Medianas Empresas de Diputados, Mónica Fein (Partido Socialista), lamentó no haber podido consensuar un proyecto de ley PyMES.

La breve reunión se llevó a cabo bajo la utilización del artículo 108 del reglamento que establece que “las comisiones necesitarán para funcionar de la presencia de la mayoría de sus miembros; pero luego de transcurrida media hora desde la establecida en la convocatoria, podrán, con la asistencia de por lo menos la tercera parte de sus componentes, considerar y despachar los asuntos consignados en la citación correspondiente”.

La diputada santafecina expresó: “Hemos tenido distintos proyectos y hemos escuchado a las distintas instituciones que tienen que ver con las PyMES. Lamentablemente, más allá de los esfuerzos realizados, no hemos podido consensuar un proyecto en común”.

“Seguiremos trabajando el año próximo, pero no queríamos que terminara este año sin sacar algunas propuestas y resoluciones que están en la comisión y comprometernos a seguir trabajando los proyectos más de fondo que muchas identidades estuvieron aquí han expresado y a quienes les debemos alguna respuesta”, se comprometió y bregó poder “encontrar el año próximo las condiciones para acercarnos a algunas de las propuestas que las instituciones han solicitado”.

"Si bien el oficialismo se había comprometido a tener una ley durante 2024, que contemple al rubro para fomentar la producción y el empleo -ya que quedaron fuera de los beneficios de Ley Bases- los proyectos nunca llegaron", sostuvo la santafecina y sumó: "Es fundamental que desde el Congreso avancemos con una legislación que acompañe el esfuerzo y el trabajo de las PyMeS que son el motor de la economía de nuestro país".

Al leer el temario, Fein comunicó que el diputado Juan Carlos Polini solicitó el retiro del proyecto de su autoría que le pedía al Ejecutivo que disponga de exceptuar a las PyMES del cumplimiento de la Resolución 3/2024 de AFIP porque “se resolvió el tema, ese expediente nos ha solicitado no considerarlo”.

“Todos los proyectos han tenido algunas modificaciones producto del trabajo de los asesores, pero no de fondo se ha respetado el espíritu”, acotó Fein.

Por su parte, el diputado Daniel Arroyo (UP) explicó su iniciativa para adherir al “Día internacional de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas - mipyme -”, que se conmemora el 27 de junio de cada año.

“Es un proyecto muy básico que es adherir al Día Internacional a las Microempresas para reforzar la idea de la necesidad de trabajar en un proyecto integral de ley PyME. Creo que ha habido avances, no solo de quienes vinieron sino de diferentes bloques. El año que viene tiene que haber una ley pyme que tome el tema laboral, impositivo y créditos como grandes ejes”, manifestó.

La autora del proyecto para expresar preocupación por la situación económica de las micro, pequeñas y medianas empresas del país, la santafecina Florencia Carignano (UP), afirmó: “Es importante el proyecto teniendo en cuenta las últimas declaraciones del presidente de la Nación donde descartó beneficios para PyMES que prometió cuidar los beneficios de los grandes empresarios y cuestionó los incentivos a medianas y pequeñas empresas”.

En esa línea, se dirigió a Javier Milei: “Le quiero decir al presidente que ‘los chiquitos’ como él los llama son los dadores del trabajo en este país de más del 97%. Hay que cuidar a los chiquitos, porque nadie nace siendo grandes”, y cerró: “Más de 16.500 PyMES se cerraron en el país desde que está Milei, 10.000 desde los primeros seis meses. Mínimo desde el Congreso tenemos que generar preocupación”.

Por último, Fein concluyó: “Hay un desafío porque, así como este Congreso pudo generar un régimen especial para grandes empresas, tenemos pendiente poder hacer una ley PyME y nos pidieron todas las instituciones que vinieron.  Queremos expresar nuestro compromiso a tener una ley PyME el año que viene que son el 93% de las empresas que tenemos en el país y este congreso le debe un reconocimiento”.

También pasaron a la firma un proyecto Yamila Ruiz para expresar beneplácito por el reconocimiento de mujer empresaria en internacionalización empresarial otorgado a Lorena Gruber, de la localidad de el Dorado, provincia de Misiones

Otro de Fein y Esteban Paulón para declarar de interés de la Cámara baja a la pyme primera línea s.r.l por el lanzamiento de ECOBIZ, primer medio de información sobre desarrollo sustentable, economía circular y empresas b de Argentina.

También un proyecto del diputado Tomás Ledesma para declarar de interés de la Cámara de Diputados la “Expo industrias y servicios”, a realizarse del 22 al 24 de octubre de 2024, en el predio ferial la rural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por último, una iniciativa de Margarita Stolbizer, Fein y Paulon que solicitan informes al Ejecutivo sobre diversas cuestiones relacionadas con el fondo tecnológico argentino y el fondo nacional de desarrollo productivo para fomentar la productividad de las pequeñas y medianas empresas.

Tras conocerse la condena a la expresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, se oficializó este viernes el pedido de sesión especial en Diputados para tratar en el recinto el proyecto de Ficha Limpia la próxima semana.

La solicitud a sesionar fue impulsada por parte de los jefes de bancada del Pro, Cristian Ritondo, y de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, más los diputados nacionales Silvana Giudici, Silvia Lospennato, María Eugenia Vidal, Nicolás Mayoraz, Gabriel Chumpitaz, Ana Clara Romero y Patricia Vásquez, entre varios más, para el próximo miércoles 20 de noviembre a las 12.

Completan el temario, el texto sobre el nuevo marco legislativo que aborda los conceptos de reiterancia y reincidencia; y el proyecto de ley para garantizar el voto por correo postal de los argentinos que residen en el exterior.

Respecto al proyecto de ley de ficha limpia, que establece la prohibición para que personas condenadas por corrupción sean candidatas a cargos nacionales, impulsado por lo que fue Juntos por el Cambio y avalado por La Libertad Avanza, se espera tenerlo sancionado lo antes posible.

En palabras de integrantes del oficialismo y los bloques aliados, este proyecto apunta para que la inhabilitación correrá “desde que exista sentencia condenatoria, aunque no se encuentre firme, siempre y cuando resulte confirmada por un órgano judicial de instancia superior, hasta su eventual revocación o, en su caso, cumplimiento de la pena correspondiente”.

La puesta en debate del tema no es casual, ya que si se sanciona durante este periodo legislativo la expresidenta de la Nación y titular del PJ no podrá postularse como candidata en las próximas elecciones tras conocerse la condena de la Cámara de Casación por la causa vialidad.

El resto de los proyectos del temario

En virtud de la iniciativa sobre el nuevo marco legislativo que aborda los conceptos de reiterancia y reincidencia, su propone la modificación de los artículos 50 y 58 del Código Penal, donde se centra en redefinir la reincidencia y establecer la reiteración delictiva como un factor clave en el proceso judicial.

La iniciativa define la “reincidencia como toda persona que ha sido condenada dos o más veces a penas privativas de libertad, siempre que la primera condena sea firme. En caso de unificación de condenas, la pena resultante se calculará como la suma de las penas impuestas”.

En tanto, denomina “reiteración delictiva” cuando “se introduce como un nuevo concepto que se refiere a situaciones en las que una persona enfrenta múltiples procesos penales simultáneamente. A partir del primer llamado a declarar, se considera a la persona imputada, lo que puede llevar a la imposición de medidas de coerción más estrictas”.

Además, se establece que se podrán aplicar medidas de coerción en casos donde se hayan cometido delitos contra personas o propiedades en el marco de la libertad de expresión.

Finalmente, el proyecto de ley para garantizar el voto por correo postal de los argentinos que residen en el exterior establece que los ciudadanos argentinos que residen fuera del territorio de la República son titulares del derecho a votar en todas las instancias de las elecciones nacionales que deciden cargos efectivos en iguales condiciones que los ciudadanos residentes en el país.

De ese modo, el Poder Ejecutivo Nacional será responsable de garantizar los medios económicos, organizativos y tecnológicos necesarios para el pleno cumplimiento de este derecho. A su vez, la Cámara Nacional Electoral será la responsable de establecer el número de las mesas electorales de cada sede, respetando el límite máximo de 1.000 electores por mesa.

En la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia, presidida por la diputada Carolina Yutrovic (UP), se firmó un dictamen de mayoría y otro de minoría, con la unificación de distintos proyectos destinados a la modificación de la Ley de Defensa del Consumidor -Ley 24.240-. Tienen giro a otras comisiones.

Se trata de la norma que propone un Régimen de atención personalizada a personas usuarias y consumidoras, con el fin de que “todas las empresas deberán disponer de un servicio de atención a la persona usuaria-consumidora que sea gratuito, eficaz, inclusivo”, así como también, del proyecto que establece “un sistema de resolución de conflictos en las relaciones de consumo”, vinculado a los consumidores que se encuentren en situaciones de vulnerabilidad en razón de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas-culturales.

Desde Encuentro Federal Oscar Agost Carreño, uno de los autores de la norma para modificar la Ley de Defensa del Consumidor, en lo que se refiere a la atención del usuario por parte de los proveedores, aseveró: “Es fundamental que las empresas mejoren su atención y no generen daños al consumidor”. “Tenemos que evitar la práctica en la que incurren muchos proveedores, consistente en imposibilitar o dificultar la atención humana ante los requerimientos del consumidor”, detalló el diputado.

Por su parte, la diputada Alida Ferreyra (LLA) informó: "Nosotros vamos a presentar un dictamen de minoría".

Luego, el director de Defensa del Consumidor y Arbitraje de Consumo, dependiente de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, Leonardo Lepíscopo, se refirió a los proyectos en cuestión y opinó que “si bien la Ley de Defensa del Consumidor amerita una actualización, los proyectos presentados son loables, pero no dejan de ser parches". En ese sentido, informó: “Tenemos un anteproyecto con una visión más integral y holística, que se pueden complementar y corregir parlamentariamente".

Respecto al sistema COPREC (Servicio de Conciliación previa en las relaciones de Consumo), el responsable de Defensa del Consumidor, señaló: “Saneamos y ordenamos su funcionalidad y estamos tratando de reperfilar el trabajo de la autoridad de aplicación”.

También participaron de la reunión, representantes de la Unión de Mediadores Prejudiciales.

Cabe mencionar que, en el marco de comisión, el diputado Beltrán Benedit (LLA) fue designado para ocupar una secretaria que estaba pendiente de designación.

La diputada nacional Carla Carrizo, del bloque Democracia para Siempre, presentó un proyecto de resolución para crear una Comisión de Ética y Disciplina en la Cámara de Diputados de la Nación destinada a elaborar recomendaciones sobre orden, ética, transparencia y el buen comportamiento de los legisladores.

"Lo que ocurrió ayer en el plenario de 5 comisiones entre la diputada nacional Silvana Giudici del Pro y el diputado Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica, mientras se debatía sobre ludopatía en niños y adolescentes en el país lamentablemente no es ya una excepción o un caso aislado sino que últimamente se ha transformado en una práctica que muestra agresión y violencia verbal en lugar de discusión informada y tolerancia que es lo que la casa de las leyes debería transmitir a la ciudadanía", agregó la diputada radical.

La nueva comisión, que debería funcionar dentro de la Comisión de Asuntos Constitucionales, estaría integrada por 15 miembros designados en representación de los distintos bloques y entenderá en todo asunto relacionado con las facultades disciplinarias de la Cámara en los términos del artículo 66 de la Constitución Nacional y en los deberes de comportamiento ético de los diputados vinculados a las inobservancias de la Ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública.

Además, necesitará para funcionar de la mayoría absoluta de sus miembros, adoptará sus acuerdos con la mayoría de sus integrantes y se reunirá ante la convocatoria que realice el presidente de la Cámara o de la Comisión de Asuntos Constitucionales. La facultad disciplinaria prevista por el artículo 66 de la Constitución Nacional, deberá por supuesto sustanciarse atendiendo a los principios de legalidad, debido proceso, defensa en juicio, presunción de inocencia y proporcionalidad o razonabilidad de la sanción.

“No se representa de cualquier modo porque, en democracia, la autoridad debe poder enseñar.  Y no alcanza con ser honesto. Uno puede ser honesto y al mismo tiempo ser violento. Y la agresión verbal, como todos lo ven, existe en el Congreso Nacional. Lo increíble es que a 40 años de democracia no funcione en el Congreso Argentino, como sí funciona en otros países democráticos, una comisión de ética y disciplina que penalice distintas formas de agravios, ofensas y formas de maltrato entre diputadas y diputados y entre diputados y personal a cargo", expresó Carla Carrizo.

“Necesitamos urgente un espacio institucional que penalice el mal comportamiento porque hoy no existe esa estructura en la Cámara, y no hay un ámbito donde se puedan canalizar denuncias y fijar reglas, límites y sanciones”, finalizó Carrizo.

El proyecto cuenta con las firmas de los diputados Carla Carrizo, Manuel Aguirre, Danya Tavela, Marcela Ántola, Mariela Coletta, Marcela Coli y Fernando Carbajal.

La Comisión de Discapacidad de Diputados, presidida por Daniel Arroyo (UP), se reunió este martes y emitió dictamen del proyecto que establece una asistencia económica mensual para personas con discapacidad que practiquen deportes federados y fue girado a la Comisión de Presupuesto y Hacienda para su firma definitiva, ya que cuenta con despacho de la Comisión de Deportes.

El texto reza: “Atento a los indiscutibles beneficios que el deporte apareja para dichas personas, para su entorno y para la sociedad toda, porque posibilita su integración social, el mantenimiento de una salud plena y su desarrollo integral”, según explica la norma.

La iniciativa es impulsada por la diputada Karina Bachey (Pro) quien remarcó que el proyecto “no está orientado al resultado, sino a la asistencia y apoyo al proceso del deportista con discapacidad”. “A través del deporte, las personas con discapacidad pueden encontrar el máximo protagonismo mostrando sus habilidades y destrezas, con el fin de incluirnos entre todos”, puntualizó.

En la reunión de la Comisión de Discapacidad de @DiputadosAR marqué cinco cuestiones muy graves que ocurrieron en este último año en relación a los derechos de las personas con discapacidad. pic.twitter.com/e6RN6paKYx

— Daniel Arroyo (@LicDanielArroyo) November 12, 2024

Además, pasaron a la firma una batería de proyectos de resolución y declaración. Tres de ellos, de resolución, que le solicitan al Poder Ejecutivo diversas cuestiones.: uno de María Sotolano (Pro), que disponga realizar campañas de bien público destinadas a fomentar la adopción de niñas, niños y adolescentes con discapacidad o grupos de hermanos.

Otro corresponde a Martín Aveiro (UP) para que disponga dar cumplimiento al artículo 30 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptada por Ley 26.378; y el de Marcela Coli (Democracia para Siempre) sobre pensiones no contributivas otorgadas por la Agencia Nacional de Discapacidad.

Al referirse a su proyecto, la diputada Coli, aseveró que “en muchas familias hoy lo ven como una preocupación y no como un beneficio que les fue otorgado como corresponde”. En esa línea, señaló que “debemos tener la información necesaria y adecuada para transmitir tranquilidad y transparencia”.

También, avanzaron seis proyectos para declarar de interés de la Cámara de Diputados de la Nación a: la realización del "I Encuentro Nacional de Deporte y Discapacidad Visual", que se realizará del 14 al 16 de junio de 2024 en la localidad de San Isidro, de la provincia de Buenos Aires; a la vigésimo primera edición de la competencia internacional de tenis de mesa para personas con discapacidad, “Copa Tango”, que se realizó del 11 al 13 de octubre de 2024, en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, de CABA; a “CaféLSA”, primera cafetería en lengua de señas argentina ubicada en la provincia de Salta; a los servicios de la Red Interuniversitaria de Discapacidad (RID); a las actividades de la fundación sin fines de lucro “Valentino”, cuyo objeto es acompañar a familias de niños y niñas que padecen o padecieron Síndrome de West y patologías similares; y a la 1° expo inclusiva "Por un Jujuy más amigable", realizada el 12 y 13 de octubre de 2024 por la fundación "Infancias Jujeñas".

Como autora del proyecto, Natalia Sarapura (UCR) se refirió a la 1° expo inclusiva "Por un Jujuy más amigable", y lo consideró como “un reconocimiento a aquellos esfuerzos que realizan personas para visibilizar la necesidad de una sociedad que respete los derechos y un Estado que los garantice”.

La diputada Victoria Tolosa Paz (UP), habló sobre su iniciativa para la fundación sin fines de lucro “Valentino” manifestando que “es importante llevar la voz porque creemos que muchas veces son invisibilizadas”.

Asimismo, luego de unificarse diecisiete iniciativas, se pasó a la firma el proyecto que busca expresar beneplácito por la participación de la delegación argentina en los “Juegos Paralímpicos 2024”, que se desarrollaron París del 28 de agosto al 8 de septiembre de 2024. En ese mismo sentido, avanzaron las normas que expresan beneplácito por la participación del pampeano Joshua Ricardo en el "Torneo Nacional de Golf Adaptado"; y a la destacada participación del nadador paralímpico Bautista Bal, en los Juegos Olímpicos para personas con Síndrome de Down "Trisome Games" realizados en Antalya, Turquía.

En otro orden, se firmó el proyecto de resolución que expresa preocupación por la desafectación de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) de la órbita de la Secretaría General de la Presidencia. También una iniciativa que adhiere al Día Internacional de las Personas con Discapacidad, declarado el 3 de diciembre por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1992.

Un plenario informativo de las comisiones de Energía y Combustibles y de Industria, presididas por las diputadas nacionales Lorena Villaverde (LLA) Y Ana Clara Romero (Pro) respectivamente, se reunieron este martes para continuar con el debate del marco normativo para la industria del hidrógeno de origen renovable y de bajas emisiones y sus derivados.

Durante el encuentro, expuso virtualmente Alejandro Aguirre, ministro de Energía de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, que hizo un resumen del diseño que vienen desarrollando en la provincia que “históricamente es productora de gas”.

“El alto potencial que tenemos en generación eólica nos hace pensar en cómo transformar esa energía en un vector para transportarla fuera de Tierra del Fuego o utilizarla dentro de nuestro territorio”, manifestó.

“Desarrollamos una hoja de ruta del hidrógeno y para ello buscamos socios activos en Tierra del Fuego, sobre todo empresas hidrocarburíferas que estaban pensando en la transición”, detalló el funcionario fueguino, al tiempo que agregó: “También, trabajamos con educación ambiental, la capacitación y formación de recursos humanos”.

Al referirse al proyecto de ley, Aguirre afirmó que “es imprescindible tener un marco normativo” al considerar que es una norma que “demanda la actividad y pensando a futuro”. Asimismo, destacó que “se incluya no solo al hidrógeno verde sino también al de baja de emisiones y que se pueda promover todo tipo de inversiones”.

Con respecto a las observaciones que tiene sobre el proyecto, el funcionario fueguino especificó que “tienen que ver con la generación del fondo relacionado a la ley donde debería contemplarse el aporte de capital de parte de los privados para aumentarlo y que tiendan a la innovación y la tecnología”. En la misma línea, instó a “la participación de las provincias en algún esquema de decisiones o de aportes de opiniones; y lo referido al contenido nacional en la capacidad de mano de obra local”.

Previamente, la comisión de Energía y Combustibles había realizado una primera reunión donde expusieron el secretario de Energía de la Nación, Eduardo Rodríguez Chirillo; la subsecretaria de Transición y Planeamiento Energético de la Secretaría de Energía de la Nación, Mariela Beljansky; el gobernador de Chubut, Ignacio Torres; el embajador de la Unión Europea en Argentina, Amador Sánchez Rico; el presidente del Centro de Estudios de la Actividad Regulatoria Energética (CEARE-UBA), Raúl Bertero; y desde la Cámara Eólica Argentina (CEA), Héctor Ruiz Moreno.

El Gobierno logró frenar la sesión especial solicitada para este martes en Diputados que tenía como objetivo darle tratamiento al dictamen que busca reformar la Ley 26122 de DNU. Al respecto, el diputado nacional Juan Fernando Brügge del bloque Encuentro Federal –uno de los espacios que pidió la sesión- explicó los motivos que llevaron a pedir la postergación del encuentro para la próxima semana.

En diálogo por DTV, Brügge manifestó: “Somos los promotores de esta sesión especial y estamos justamente con despacho de mayoría para modificar la Ley 26.122 que es inconstitucional y produce un desequilibrio en lo que es la división de poderes”.

“Estábamos dispuestos para sesionar, pero aparentemente los otros bloques que también han firmado el pedido no cuentan con algunos de sus legisladores que no han podido venir”, detalló y sumó: “Se va a pedir una postergación de la sesión especial para la semana que viene y veremos si se junta el quórum para darle tratamiento”.

El cordobés planteó que “este es el juego de la democracia”, y respaldó: “Entendemos que la modificación de la ley es muy necesaria. No solo por los antecedentes que hay, sino porque en un esquema de equilibrio y de respeto por las libertades de las personas”.

“Las reglas en la democracia tienen que ser claras y, si no nos adecuamos al esquema de división de poderes que establece la Constitución, van a ser los jueces quienes en definitiva van a tener que resolver y se va a judicializar la política lo cual no es bueno para el refuerzo de las instituciones ni tampoco es una buena imagen para dentro y fuera del país”, consideró.

El diputado de EF justificó: “El Pro adelantó que no iba a dar quórum, la LLA tampoco, parte del radicalismo aliado al Gobierno de la mano de De Loredo tampoco iba a dar quórum por lo tanto recaía sobre UP, Encuentro Federal, el FIT y la Democracia para Siempre y otros parlamentarios provinciales”.

Brügge sostuvo que “ha habido casos de ausencias que no han podido estar presente por lo que el quórum estaba ajustado y por eso pedimos la postergación para la semana que viene. Quienes no pudieron estar por diferentes motivos estén y así avanzar con el quórum propio y dar el debate”.

“El Parlamento es para debatir. Esto del quórum o no quórum es una mala práctica que venimos arrastrando de varios periodos legislativos que nada bien le hacen al país”, criticó.

Debió multiplicarse Martín Menem el fin de semana, pues más allá de la actividad partidaria que siguió cumpliendo junto a Karina Milei, recorriendo provincias donde van extendiendo a La Libertad Avanza (fue el turno de Chaco, Corrientes y Formosa), el presidente de la Cámara baja gastó el teléfono trabajando para tratar de desactivar la sesión pedida por la oposición para este martes. No es nada fácil.

Atento a las dificultades de conseguir semejante objetivo, que dependerá de la capacidad de influencia que puedan tener los gobernadores con los diputados que les respondan, el jefe de Diputados cumple con el relato que el oficialismo contrapone contra la intentona opositora. Fundamentalmente con la modificación de la ley que reglamentó en 2006 la utilización de los decretos de necesidad y urgencia. Así, Menem sostuvo este fin de semana que “la Ley 26.122 que ‘repentinamente’ quieren modificar, TIENE CASI 19 AÑOS DE VIGENCIA. Quienes promueven esto SE VALIERON de la misma cuando fueron gobierno. Solamente QUIEREN COMPLICAR al actual GOBIERNO  Priorizan sus intereses y SE OLVIDAN UNA VEZ MAS DE LA GENTE”.

Las mayúsculas corresponden a su cuenta de la red social X.

Los convocantes para la sesión de este martes son 18 diputados que corresponden a cuatro bloques que, sumando sus miembros, dan justo 129. A saber: Encuentro Federal (16), Democracia para Siempre (12), Unión por la Patria (99) y Por Santa Cruz (2).

A ellos, podrían sumarse sin dudas a los 5 de la izquierda (Vanina Biasi viene reclamando incluir en el temario al megadecreto 70/23) y muy probablemente a la Coalición Cívica (6).

Pero nada es tan lineal y menos en política. Los bloques tienen vida interna propia y eso implica que más de uno podría no estar de acuerdo con sumarse a la sesión. Convengamos, de paso, que solo darán quórum aquellos diputados que están interesados en que ambas propuestas del temario sean aprobadas, lo cual implica que, si la sesión arranca, la derrota del Gobierno estará asegurada.

De ahí que quienes se ocupan de hacer el poroteo parten de ese número inicial mencionado (129) para restar aquellos que puedan hacer bajar. Partiendo de los que respondan a los gobernadores. De los 16 de Encuentro Federal, el oficialismo podría esperar un gesto de al menos 3 de los 5 cordobeses. No incluyen a Natalia de la Sota, que suele votar siempre en contra del Gobierno, aunque esta vez llamó la atención que no estuviera entre los firmantes de la convocatoria. Tampoco a Juan Brügge, que sí firmó el pedido de sesión.

También aspiran a la eventual ausencia de Jorge Ávila y Francisco Morchio, alineados con los gobernadores de Chubut y Entre Ríos, respectivamente.

Le llamó la atención al ofiicalismo que tampoco firmara la convocatoria el presidente de ese bloque, Miguel Pichetto, pero el Gobierno no se ilusiona con él, a quien tanto viene fustigando sobre todo el presidente.

De la docena que compone el bloque de radicales disidentes, Democracia para Siempre, no se esperan deserciones, más allá de que la radical Melina Giorgi esté alineada con el gobernador Maximiliano Pullaro. También Jorge Rizzotti está con su gobernador Carlos Sadir (Jujuy), quien ya cumpliría restándole al quórum a Natalia Sarapura, que sigue en el bloque UCR. El otro diputado con gobernador es el chaqueño Juan Carlos Polini, que justamente estuvo enfrentado con el gobernador Leandro Zdero en las primarias del año pasado, pero se alineó con su vencedor, quien además preside el partido a nivel provincial.

El santacruceño Sergio Acevedo firmó el pedido de sesión, no así su compañero de bloque, José Luis Garrido. No sería la primera vez que ambos integrantes del bloque Por Santa Cruz se diferencian a la hora de votar.

Del bloque Unión por la Patria, aquellos diputados que están bajo la lupa son los catamarqueños. De los 4 que integran el bloque de la principal oposición, 3 son los que se han diferenciado en ocasiones del resto del bloque: Fernanda Ávila (la única integrante de UP que estuvo la semana pasada en Estados Unidos), Dante López Rodríguez y Sebastián Nóblega. Curiosamente (o no) Silvana Ginocchio se mantiene alineada con el resto del bloque que conduce Germán Martínez.

A priori, no hay mucho más para el Gobierno entre lo que pueda confiar. Serían 8 bajas que podría asegurar, aunque no alcanzarían para voltear la sesión. Porque como hemos dicho, a los 129 de los bloques convocantes habría que sumar a los 5 de la izquierda y a algún radical (especulando con que ese bloque decida no sumarse este martes), como Julio Cobos, que el fin de semana ya anunció su voto a favor de la reforma de la Ley 26.122. También al monobloquista Mario Barletta. Y por lo menos a algunos de la Coalición Cívica, que si bien no se sumaron a la convocatoria opositora, cuentan por ejemplo con la anuencia de Maximiliano Ferraro, que defendió esa modificación de la ley de los DNU el fin de semana.

A la hora de votar, también podrían sumarse desde el Pro Alvaro González y Héctor Baldassi.

Una alternativa que también podría llegar a darse en la sesión de este martes sería “la vía salomónica”. Esto es, la media sanción de la reforma de la ley de los DNU, cuya aprobación definitiva en el Senado quedaría para el año que viene y el presidente vetaría en ese caso, y el “no rechazo” del decreto 846/24, de canje de deuda.

Ese último punto es el que más preocupa al Gobierno, como ya lo anticiparon, y es allí donde podría llegar a diferenciarse el número de diputados suficientes como para que esa herramienta clave para el ministro de Economía el año que viene, con tantos vencimientos de deuda, quedara a resguardo. El argumento que pondría a muchos a resguardo sería el de que la inclusión del decreto 846 en el temario fue una imposición del kirchnerismo.

En la antesala a la sesión especial convocada por diputados de Encuentro Federal, el radicalismo díscolo, Unión por la Patria y el santacruceño Sergio Acevedo para este martes, el bloque del Frente de Izquierda envió una nota solicitando a sus pares el acompañamiento para ampliar el temario.

La sesión fue convocada para considerar un temario que incluye la reforma de la Ley 26.122, correspondiente al Régimen Legal de los Decretos de Necesidad y Urgencia, como así también el DNU 846/24 correspondiente al canje de deuda.

Sin embargo, los cinco integrantes de la izquierda pidieron a los diputados convocantes que agreguen al temario el rechazo al DNU 70/2023 y explicaron: “Motiva esta solicitud la urgencia de completar el demorado tratamiento parlamentario iniciado en el mes de marzo de este año en el Senado de la Nación para rechazar definitivamente este mega DNU”.

Al respecto, calificaron el decreto como “ilegal e inconstitucional que concentra un compendio de agravios contra el pueblo trabajador cuya derogación definitiva traerá bienestar a los sectores que se encuentran afectados por su alcance”.

⚠️ PRÓXIMA SESIÓN EN DIPUTADOS: Tenemos una oportunidad para tirar el DNU 70

Los diputados del @FdeIzquierda enviámos una nota a los diputados convocates de la sesión del martes, pidiendo que se agregue al temario el rechazo al decreto 70/2023...👇🏻 pic.twitter.com/bJiiNjcVHZ

— Vanina Biasi (@vaninabiasi) November 11, 2024

Este lunes 11 de noviembre se celebra el Día del Empleado Legislativo Nacional en Argentina. Esta fecha fue establecida en el año 1995 por la Ley 24.600, que regula el Estatuto y Escalafón del personal del Congreso de la Nación.

La elección del 11 de noviembre se debe a que ese día de 1852 se llevó a cabo la primera reunión preparatoria de la Asamblea Constituyente de 1853.

“Saludamos y felicitamos a todos los empleados legislativos en su día, reconociendo su compromiso y dedicación en el cumplimiento de sus funciones”, celebró la Secretaría Administrativa de la Cámara baja, que recordó que con motivo de esta fecha especial, se dispone asueto para el día 11 de noviembre de 2024 conforme RC 12/2012. Las áreas que cumplen con servicios esenciales cubrirán sus funciones como en un día feriado, a fin de garantizar la atención mínima necesaria.

La Cámara de Diputados difundió en las redes un mensaje en el que les rinde homenaje a todos los trabajadores legislativos en su día, ya que desde cada una de sus tareas fortalecen la vida parlamentaria de nuestro país.

📆| DÍA DEL EMPLEADO LEGISLATIVO

Hoy le rendimos homenaje a todos los trabajadores legislativos en su día, ya que desde cada una de sus tareas fortalecen la vida parlamentaria de nuestro país.#LibertadYDemocracia pic.twitter.com/Hb5EzV2vAK

— Diputados Argentina (@DiputadosAR) November 11, 2024

El diputado de La Libertad Avanza Nicolás Mayoraz envió “un saludo muy especial a los empleados legislativos en su día que con profesionalismo y dedicación nos ayudan a trabajar para que la Argentina vuelva a ser un gran país”.

En el mismo sentido, la expresidenta de la Cámara de Diputados Cecilia Moreau expresó su saludo “en este día a todos los trabajadores y trabajadoras del Poder Legislativo Nacional que, con su labor, esfuerzo y compromiso diario, hacen posible el funcionamiento de Diputados”.

Mi saludo en este día a todos los trabajadores y trabajadoras del Poder Legislativo Nacional que, con su labor, esfuerzo y compromiso diario, hacen posible el funcionamiento de @DiputadosAR.

🩷🏛️ pic.twitter.com/X6Or8Js0az

— Cecilia Moreau (@ceciliamoreauok) November 11, 2024

El senador nacional riojano Fernando Rejal posteó en su cuenta de X: “¡Feliz día del empleado legislativo! Su dedicación y profesionalismo hacen posible la democracia”.

Su comprovinciano de la otra Cámara Ricardo Herrera dijo que “en el Día del Empleado Legislativo, mi reconocimiento por la tarea y dedicación diaria en las funciones que realizan, destacando el compromiso y la responsabilidad que guían el desempeño laboral”.

“Un saludo especial a quienes me acompañan en Diputados”, agregó.

“Muchas gracias a cada trabajador y trabajadora legislativa por hacer posible que debatamos, deliberemos y fortalezcamos la democracia. El mayor de los homenajes!”, expresó por su parte el diputado socialista Esteban Paulón.

También saludó a los trabajadores la senadora Juliana di Tullio, quien envió “un fuerte abrazo a todos los empleados y empleadas legislativas en su día y el agradecimiento por su labor diaria en el Senado. También me solidarizo con aquellos trabajadores/as que sin reconocer sus derechos fueron despedidos. El Congreso no podría funcionar sin las tareas que realizan”.

El organigrama que el oficialismo había difundido de manera informal en los últimos días se modificó sustancialmente conforme se aproximaban las fechas previstas en el mismo. Lo que se esperaba era un esquema organizado en el que se contemplaban cuentas pendientes propias para el oficialismo y para con sus aliados más fieles -una y una al menos-, más el tradicional tratamiento del proyecto del presupuesto, cambió súbitamente.

Puede que esa alteración haya estado motivada en la arremetida final en el recinto de Diputados (por tratarse de fin de año y quedar solo tres semanas para el final del período ordinario), pero las señales muestran atisbos de una actitud deliberada en el sentido que parece estar siendo trazado por el oficialismo.

Digamos todo: el oficialismo ya tiene todo lo que deseaba para este primer año legislativo, que le debería dejar un gusto dulce, más allá de algún claroscuro. En materia de leyes, no podía pedir más con una composición tan escueta en ambas cámaras. Pero hasta en materia de promesas electorales debe darse por cumplido: cuenta con la Ley de Bases, más chica que la propuesta original, pero suficiente; y ha logrado resistir los débiles embates contra el mega decreto de necesidad y urgencia 70/23, que incluye innumerables modificaciones y es la génesis argumental para el embate contra la Ley 26.122, que reglamenta los DNU. Con eso puede darse más que por hecho en 2024, y si lo apuran, también para 2025.

En diálogos privados, las fuentes oficiales aclaran que las dos premisas que llevaron a La Libertad Avanza hasta el poder eran bajar la inflación y más seguridad, y eso lo dan por logrado. No hubo promesas electorales de orden legislativo, al menos de primera generación, y en la materia hicieron lo que podían hacer y más.

En el debe, ponen sí el no haber podido completar la composición de la Corte Suprema, pero quienes escuchan a esos voceros legislativos intuyen que esa sigue siendo una materia pendiente, mas no abandonada.

Llama la atención que en este análisis parcial no entre la aprobación del Presupuesto 2025, cuando el propio presidente Milei pareció darle preponderancia al ocuparse personalmente de presentarlo en el Congreso. Visto a la distancia, hoy esa puesta en escena no parece haber sido más que eso. Contrariando todas las tradiciones -a estas alturas, un clásico libertario-, poniendo al presidente en un lugar que debió haber ocupado el ministro de Economía, sin la obligación de recibir preguntas, y a este último exceptuándolo del trámite de ir a la comisión respectiva.

Llamó la atención que el oficialismo se tomara su tiempo para dar inicio al tratamiento del proyecto. Después de la presentación, se anticipó que dejarían libre la segunda mitad del mes, para arrancar recién con el debate en octubre. Llegado el mismo, se salteó la primera semana, dedicándola al inicio de otro debate coyuntural, el de la privatización de Aerolíneas.

También sonó extraño que en ese cronograma se hablara de reuniones semanales de la Comisión de Presupuesto, dejando casi sin tiempo el debate puntual entre los legisladores. El desfile de funcionarios fue en definitiva escueto, con eclécticos informes de funcionarios que salvo la presentación inicial de Carlos Guberman y Pablo Quirno, desviaron el eje de la discusión hacia orillas diversas.

Mientras tanto, se desarrollaban en otras oficinas diálogos con legisladores de aquellas bancadas que deberían brindar los votos para la aprobación del proyecto, siguiendo el esquema desarrollado en la etapa exitosa del debate de la Ley de Bases. Pero con diferencias: ni fue con todos, ni fue continuo, ni pareció productivo. Tampoco pareció cumplir su objetivo el “debate en espejo” prometido con senadores. Salvo la presencia de los senadores Bartolomé Abdala y Ezequiel Atauche en esas charlas privadas, y la aislada de algunos senadores interesados en las escasas reuniones de Presupuesto y Hacienda realizadas, no da la sensación de que cuando el proyecto llegue a la Cámara alta no despierte el interés modificatorio de un número importante de senadores, como sucedió con Bases.

Claro que para que eso suceda, antes debería haber una media sanción. Y a esta altura eso está en veremos.

Van dos semanas sin que la comisión que preside José Luis Espert se reúna. Y para la próxima, el tema sigue sin aparecer en la agenda. Esas ausencias abonan las dudas que crecen, de la mano de los dichos de voceros principalísimos del Gobierno que soslayan la importancia de contar con el presupuesto y dan crédito a la creciente sospecha de que, por primera vez en la historia, una administración prorrogará dos veces seguidas el último texto aprobado.

Llaman la atención también las suspensiones. Primero, la de una conferencia de prensa convocada sorpresivamente para el 30 de octubre para hacer “importantes anuncios” en torno al Presupuesto 2025. La suspensión se anunció diez minutos antes de las 17.30, hora prevista para la reunión. Se supo que el levantamiento obedeció al rechazo de los diputados del Pro, al enterarse de que allí se anunciaría la disposición a redireccionar hacia la educación, partidas provenientes de los fondos destinados a los partidos políticos. Una medida inconsulta, dejaron trascender legisladores aliados. La conferencia de prensa no fue reprogramada.

La semana pasada, también sorpresivamente para unos días en los que se había anticipado que no habría encuentros relevantes por estar buena parte de los legisladores en Estados Unidos, se anunció la reanudación del tratamiento del presupuesto, con la presencia del ministro de Salud. Un día antes, también se suspendió, por problemas de agenda. Sonó inquietante que al anunciarse el impasse, se hablara de “suspensión hasta nuevo aviso”.

Tampoco volvió a reunirse la “mesa de los lunes”, que junta a diputados del Pro y el MID con funcionarios y legisladores de La Libertad Avanza. La última vez que se hizo ese cónclave estuvieron también los radicales... E inmediatamente después vino la ruptura de ese bloque.

Todo el mundo sabía que la oposición buscaría convocar a debatir la reforma de la ley que reglamenta los DNU, que para eso se apuró su dictamen. Para respetar acuerdos, no se intentaría hacerlo la semana que pasó, pero sí lo intentarían para la que viene. Y era de manual que no lo harían en el marco de la reunión formal que se esperaba pidiera el oficialismo para el miércoles 13, sino en una sesión especial que solo requiriera conseguir el quórum.

Sí sorprendió que al conocerse el temario del pedido hecho para este martes 12, se incluyera el tratamiento del decreto 846, sobre canje de deuda. Se sabía que ese objetivo estaba en la mira de los senadores de Unión por la Patria, pero finalmente lo impusieron sus diputados. El oficialismo acusó el impacto y, mientras se abocaba a tratar de desactivar esa reunión, dejó de lado la sesión que informalmente había programado para este miércoles. Podrá decirse que lo hizo ante la certeza de que no tendría los votos para aprobar la privatización de Aerolíneas Argentinas, tema insignia para esa sesión. Pero lo que queda claro es que prefiere mantener las puertas del recinto cerradas, pues tampoco convoca para tratar “ficha limpia”, un tema acordado fundamentalmente con sus socios del Pro. Proyecto que, por otra parte, fue dejado de lado en la sesión del 2 de octubre pasado, que se limitó a ley antimafias y Boleta Única de Papel.

En privado, fuentes oficiales admiten que no los desvela aprobar “ficha limpia”, que eso no estaba en sus propuestas electorales, como así tampoco la Boleta Única, y así y todo la aprobaron. Habrá que ver cómo reaccionan sus aliados del Pro ante el desaire, pues les queda claro que el oficialismo prefiere congelar un proyecto que de ser ley dejaría fuera de carrera a Cristina Kirchner, quien esta semana se espera sea condenada en segunda instancia, quedando así inhibida para ser candidata en caso de transformarse en ley el dictamen aprobado en Diputados.

Ya estaba claro que ese proyecto no regiría para las próximas elecciones, pues con la demora ¿deliberada? en Diputados, los tiempos ya no daban para la aprobación en el Senado. Y tratándose de un proyecto de orden electoral, no debería ser tratado el año que viene, de elecciones. Todos saben que si se tratara de un proyecto de interés del oficialismo, podría ser incluido en un temario acotado de extraordinarias. Eso no sucederá.

El presupuesto también podría tratarse en extraordinarias, de ahí que no debiera haber tantas dudas… pero ya el Gobierno se ocupó de decir y reiterar que no las convocará. Y no hay porqué dudar de semejante insistencia.

Se esperaba que esta semana se diera esa última sesión en Diputados para tratar otros temas, dictaminar el presupuesto y llevarlo al recinto esta semana. Y en una prórroga de ordinarias, hacer un debate exprés en el Senado.

Pero ya esta semana no se vislumbra la reanudación del debate del presupuesto en comisión, más aún si la oposición le asesta una derrota al oficialismo este martes de una semana ya poblada de reuniones de comisión, encima corta por el asueto del Día del Trabajador Legislativo, este lunes.

En una semana que lo tuvo como protagonista, al quedar designado ante la bicameral de Control de los Fondos de la Seguridad Social y del GPA con Brasil, el diputado misionero Martín Arjol, uno de los radicales aliados al Gobierno, anticipó el voto en contra de la reforma de la Ley de DNU.

La postura fue comunicada a través de un extenso posteo en su cuenta de “X” tras el pedido de sesión especial para el próximo martes que presentó el bloque comandado por Miguel Pichetto, el radicalismo díscolo, Unión por la Patria y el santacruceño Sergio Acevedo con el fin de tratar la reforma a la ley que regula el trámite de los decretos del Poder Ejecutivo en el Congreso, del cual se firmaron un dictamen de mayoría de UP, DpS y EF, y otros tres dictámenes de minoría: el de LLA, de rechazo, al que no adhirieron sus socios amarillos; el de la Coalición Cívica y el de la Unión Cívica Radical, encabezado por Karina Banfi.

Arjol adelantó que junto con los “radicales peluca” Pablo Cervi, Luis Picat, Mariano Campero y Federico Tournier, sumado a Francisco Monti, van a “rechazar el dictamen del kirchnerismo”, y explicó que su posición tiene tres ejes: “Equilibrio fiscal, dejar gobernar y respeto por las instituciones”.

En ese sentido, remarcó: “Esta posición nos ha traído conflictos internos; es lo que menos nos importa”. Se refiere al pedido de expulsión del bloque que hubo luego de que votaran en contra de la ley de financiamiento universitario y tras la foto en Casa Rosada lo que conllevó a la ruptura de la UCR tras la salida de una docena de diputados que conformaron el espacio Democracia para Siempre bajo la conducción de Pablo Juliano.

“El Gobierno de Milei ha enfrentado dos intentos de desestabilización financiera: jubilados y universidades”, recordó y advirtió que “se viene un tercer intento de desestabilización institucional, esta vez: los DNU.

El diputado misionero aclaró. “No somos libertarios. Somos radicales que quieren que a este Gobierno le vaya bien para que a la Argentina le vaya bien. Dar gobernabilidad a Milei para que lleve adelante su plan económico es el objetivo”.

Así, destacó: “Tenemos el riesgo país más bajo en seis años. Tenemos el dólar a $ 1.200. En diciembre del año pasado la inflación estaba en 25,5%; hoy quizás perfore el 3 %. No retrocedamos”, y ratificó su postura: “Por eso, nosotros bancamos el discurso de equilibrio fiscal”.

Arjol explicó que para que un DNU sea rechazado se requiere que las dos cámaras se expidan y apuntó: “Los K pretenden que baste con el rechazo de una sola Cámara y que pierda vigencia si no es ratificado en un plazo de 90 días”, lo que calificó como “una locura inconstitucional”.

Para la media sanción de la reforma de la Ley 26.122 se requieren 129 votos (mayoría absoluta). Sumando a todos los integrantes de los bloques que realizaron el pedido, más el santacruceño Acevedo (que se ha diferenciado en ocasiones de su compañero de bloque José Luis Garrido), los opositores reúnen 128, uno menos de los 129 que se requieren para el quórum. Será clave si bajan al recinto los miembros del Frente de Izquierda o la Coalición Cívica, que tiene su propio dictamen sobre el tema.

“Coincidimos en que debemos limitar esta herramienta”, consideró, pero resaltó que “el DNU está previsto en la Constitución; le permite a un jefe de Estado legislar en circunstancias excepcionales”.

Arjol señaló que “la Argentina era un tren bala camino a la hiperinflación. Y ningún presidente en la historia de este país tuvo tanta debilidad parlamentaria como Milei”. En esa línea, comparó que “Néstor Kirchner gobernó con 236 DNU. Alberto Fernández con 177. Cristina Fernández con 78. Milei lleva cinco”, aunque en realidad lleva firmados más de 40 decretos de ese tipo.

“El kirchnerismo, que hizo del Congreso una escribanía, ahora es republicano. Agarran un tema noble (otra vez) para voltear al Gobierno”, denunció y retomó las palabras de su par Francisco Monti: “Gran parte del arco político argentino ha bregado durante 30 años por la continuidad de los DNU. Ahora abrazan otra biblioteca jurídica”.

“Así de simple vamos apoyamos a la Argentina. Y queremos que no vuelva el kirchnerismo. Que No Vuelva Mas”, cerró su posteo en redes que acompañó con la foto de los cinco radicales rebeldes que se sacaron en Casa Rosada ocasionando la posterior ruptura del bloque.

Un plenario de las comisiones de Economía y de Análisis y Seguimiento de Cumplimiento de Normas Tributarias y Previsionales de la Cámara de Diputados se reunió este miércoles para escuchar la opinión de un puñado de investigadores, rectores universitarios y economistas sobre las perspectivas y el impacto del Presupuesto 2025.

El encuentro se llevó a cabo en el Anexo “C” bajo el tema “Argentina 2025: Perspectivas Económicas y Tributarias”. El titular de la Comisión de Economía, el pampeano Ariel Rauschenberger (UP) explicó que “el objetivo es recabar la opinión de expertos y especialistas sobre el impacto que tiene para el 2025 el Presupuesto desde el punto de vista macroeconómico y tributario que afecta a distintos actos de la realidad política y económica y social del país”, la reunión se dividió en tres bloques: Ciencia, Tecnología y Universidades; Centros de Estudios Económicos e impacto en provincias; y Sistema cooperativo.

El encargado de abrir la ronda de expositores fue el investigador del CONICET Agustín Salvia quien detalló que “Argentina viene padeciendo un problema estructural de empobrecimiento de clases medias y una marginación de sectores más pobres, pero esto no nace del actual contexto ni régimen económico. Esto se viene acumulando hace décadas que han sido muy corrosivas en la economía de alta informalidad con muy pocas capacidades productivas, producción de trabajos muy precarios y alta marginalidad laboral”.

En esa línea, precisó que la clase media viene experimentando un proceso de “deterioro en su capacidad de ahorro y de inversiones”. “Pensar un presupuesto para el próximo año en términos de diagnóstico socioeconómico es pensar que Argentina no es homogénea ni regional ni social”, analizó.

“La proyección es que la situación mejore si Argentina baja la inflación como viene sucediendo, sin que produzca desempleo y mejoras en el nivel de actividad en los sectores de consumo y de producción. Para el mercado interno la situación es recesiva. Es de esperar al año que viene una reactivación y una mayor tasa de crecimiento económico”, avizoró.

En esa línea, advirtió: “Pero nos vamos a encontrar con valores de pobreza del 40%, indigencia del 15% lo que habla de una Argentina que sigue teniendo problemas estructurales en materia de inclusión y de capacidad de incorporar a la población al mercado formal”.

“Hoy necesitamos romper la reproducción intergeneracional de la pobreza. Si bien necesitamos de un crecimiento económico que permita la creación de empleo para que las propias familias puedan invertir en su propio capital y desarrollo humano, también necesitamos que el Estado tenga capacidad de inversión en infraestructura social para romper ese circuito y que las provincias también hagan su trabajo. Eso implica una fuerte inversión en salud, educación y protección”, consideró.

Salvia sostuvo que los programas sociales son “insuficientes” para lograr ese objetivo y que “no son la medida educada para atender la transferencia de ingresos y resolver estos problemas”, y cerró: “Esto es grave en el país no en el actual contexto, se viene padeciendo este problema hasta en los gobiernos de (Mauricio) Macri y Cristina (Kirchner). Hay que crear inversión y trabajo e inversión en capital humano y no burbujas ficticias de consumo”.

Luego fue el turno de Oscar Alpa, rector de la Universidad de La Pampa, quien expresó que la realidad del sistema universitario desde la economía del país implica que “históricamente el sistema universitario era el 0,8% del PBI cuando otros países tienen un arancel y están por arriba del 0,9%. Ahora estamos en un 0,4% del PBI”.

“El sistema científico y técnico que, muchas veces se visibiliza en el CONICET cuya base está en las universidades públicas y hoy la disminución de lo que implica el CONICET y el Ministerio de Ciencia y Tecnología repercute directamente en lo que es el sistema de investigación de Argentina y en el sistema universitario y su relación con el futuro de la economía del país”, alertó.

Así, señaló que Argentina tiene más de dos millones y medio de estudiantes universitarios con un porcentaje menor y “calidad de graduados que es algo que ni siguiera se pone en discusión de que nuestros graduados son recibidos en cualquier empresa de Europa porque el nivel de la calidad universitaria de Argentina es enorme”.

Alpa indicó que el porcentaje del PBI “bajó casi a la mitad debido a la reducción del salario real de más del 50% y el salario docente y no docente el 90% del Presupuesto universitario”, y contó que mantuvo una reunión con embajadores alemanes quienes se sorprendieron por la baja inversión en ciencia y técnica y “Estaban muy extrañados por la baja en las universidades”.

“Desde diciembre de 2021 venimos trabajando con 7.1 de política universitaria que hace mucho de los temas que se venían comentando. Hace más de tres años que venimos trabajando fuerte en nuestras carreras como políticas como la duración de las carreras, el salario, las tecnicaturas, y escuela de formación profesión enfocado en la salida laboral en función de lo que el país necesita”, comentó.

Por último, el rector denunció que los programas de extensión que estaban en el presupuesto prorrogado “no se han ejecutado y fueron debilitados bajo las líneas de investigación. El prestigio de nuestros graduados es de excelente primer nivel en la formación. Es fundamental que esa economía se logra con la inversión del presupuesto y pública”, y remató: “Está en el futuro del país la inversión que se haga en ciencia, técnica y el sistema universitario”.

El vicerrector de la Universidad Nacional de General Sarmiento, Germán Pinazo, denunció una “campaña de desprestigio de las universidades”, y alertó que “vamos a terminar el año con una participación del gasto público universitario en términos del PBI de una de las más bajas de 2006 a esta parte con un sistema universitario que es más grande que el de aquel entonces. Es un 0,5% del PBI es uno de los gastos en educación superior más bajos de casi los últimos 20 años con tasa de matriculación más alta de América Latina”.

Pinazo apuntó contra el Gobierno por sus críticas sobre la tasa de egresos y explicó: “Argentina tiene menos universidades por habitante que Brasil, que México”, detalló que según encuestas “en el área metropolitana de Buenos Aires se triplicó el número de egresados y el 42% pertenece a menores de ingresos por lo cual es falso que los pobres no llegan a las universidades”.

“Este recorte es inédito que nos ubica muy por debajo, con tasas de matriculación más alta en educación superior en América Latina”, remarcó y cerró: “Cuando discutimos Universidad pública en Argentina, no estamos discutiendo el derecho de quienes habitamos la Universidad, sino que hablamos de la capacidad de tener ciencia y tecnología, de tener grandes profesionales; es un derecho comunitario”.

En suma, el rector de la Universidad de Mar Del Plata, Alfredo Lazzeretti, expresó: “El Presupuesto que envió el Ejecutivo Nacional prevé 3,8 billones de pesos; está bastante alejado del presupuesto que elabora anualmente el Consejo Interuniversitario Nacional, que en está alrededor de 7 billones pesos”.

Además, se refirió a que “para hablar del desarrollo de la economía del país ya no es más la ecuación capital-trabajo lo que va dinamizar la economía argentina en un futuro, es capital-trabajo y conocimiento”. Al respecto, manifestó que “el no invertir en las universidades públicas, que es donde se genera más del 80% de los graduados, es una decisión equivocada desde cualquier mirada ideológica que uno tenga cuando quiera analizar el desarrollo del país”.

Luego, instó a los legisladores a “poner énfasis y profundizar el análisis del presupuesto y de todas sus partidas, para ver de qué manera podemos contribuir a dotar al sistema universitario público argentino de un presupuesto que nos permita arrancar con cierta normalidad el ejercicio 2025”.

El titular de la Universidad de San Martín, Carlos Greco, agregó: “Las Universidades tienen un rol importante para la sociedad, no solo como un factor de movilidad social ascendente, sino que además contribuyen al desarrollo del país. Necesitamos que se reconsidere el presupuesto ya que es insuficiente y no podemos brindar la calidad y eficacia que se nos exige”.

En materia económica, la directora del Centro de Economía Política Argentina, Alejandra Scarano, explicó que “el diagnóstico sobre el cual se elabora el Presupuesto tiene que ver con el déficit fiscal. Y para ello se hace un blindaje fiscal: este trata básicamente de que, si los ingresos son mayores a los previstos, se bajan los tributos; en cambio sí se recauda menos, se ajustan las partidas del gasto discrecional”.

En tanto, el profesor e investigador económico Guido Zack sostuvo que “la regla fiscal del Presupuesto tiene un mecanismo que es pro cíclico, cuando la economía crece más hay mayor disponibilidad de recursos y eso habilita a bajar impuestos, pero cuando crece menos provoca una reducción de gastos. Esta visión no tiene en cuenta la integralidad del sistema tributario y fiscal. El sistema actual es distorsivo, desigual y fomenta la informalidad”.

Al analizar los números del presupuesto en la parte tributaria, Guillermo Michel, ex director General de Aduanas, reafirmó que “este presupuesto no tiene ninguna norma específica respecto a normas tributarias, no prevé ninguna modificación tributaria de fondo, ni ninguna eliminación de exenciones, incluso nada respecto al ajuste por inflación”.

Luego, Mariana González, directora económica del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA-CTA), hizo hincapié en las proyecciones económicas incluidas en el proyecto de presupuesto 2025. “Según la regla fiscal se pretende alcanzar superávit primario y financiero con bajos ingresos, con lo cual todo el ajuste que recae sobre el gasto es absolutamente extraordinario”, aseveró.

También, participaron Horacio Fernández y Mariana Rivolta, del Instituto de la CTA Autónoma. Fernández remarcó que “este Presupuesto necesita un cambio de 180°, para tener un compromiso con nuestra gente; por más que se introduzcan modificaciones, si no se anula la discrecionalidad estamos complicados”. En el mismo sentido, Rivolta puntualizó que “En este caso pensamos que la regla, justamente, es que no hay ninguna regla, que pueden hacer lo que dispongan en función de garantizar los superávits que los acreedores necesitan”.

En la continuidad, Roberto Arias, coordinador de políticas públicas de la consultora EGES, y ex secretario de Política Tributaria de la Nación, planteó los objetivos de la política económica en tres ámbitos: el de corrección de externalidad y provisión de bienes públicos; la redistribución del ingreso; y la estabilización y el crecimiento económico. “Creo que las reglas fiscales, evitar la asistencia monetaria del tesoro y tener un programa que vaya consolidando las cuentas es algo totalmente necesario”, sintetizó.

Del Centro de Investigación de Economía Nacional (C.I.E.N.), expuso Lucas Nieto Catania, acompañado por Lucila Martínez Pelliza, quien se mostró preocupado por las proyecciones macro del presupuesto al catalogarlas “excesivamente optimistas”. Por zoom, Alejandro Nicolás Pegoraro, de la consultora Politikon, de la provincia de Chaco, que resaltó que “aún con la caída muy fuerte de los ingresos, que generó una caída del gasto también muy importante, las cuentas públicas provinciales hoy están mostrando resultados positivos”.
En tanto, Vicente Alberto Pollola, asesor financiero de la Comisión Federal de Impuestos, también por zoom, se abocó en su exposición principalmente a la recaudación de los tributos que sean coparticipables o de asignación específica.

En el último bloque, de sistema cooperativo, Julián Moreno, de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), formuló la idea de que “no existe en el mundo un país con aproximadamente cincuenta millones de habitantes que genere trabajo para toda su población activa y no considere fundamental su entramado industrial; hoy, Argentina, poco a poco lo está perdieron”. También formaron parte representando a Cooperar Alberto Bavestrello, su vicepresidente primero y Cesar Basañez; y Luis Usero, gerente General de la Cooperativa de Electricidad de Santa Rosa.

La Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados, a cargo del radical Martín Tetaz, avanzó este miércoles con el tratamiento de distintos proyectos vinculados a la actualización y repotenciación de los créditos laborales, pero no emitió dictamen, por lo que estiman hacerlo en una próxima reunión el martes 5 de noviembre a las 12.30.

Durante la reunión, se analizaron las iniciativas presentadas por los diputados Verónica Razzini (Pro), Jorge Ávila (Encuentro Federal) y Martín Tetaz (UCR), que proponen la modificación de la Ley de Contrato De Trabajo –Ley 20.744–, con el fin de lograr la adecuación de los créditos laborales. El titular de la comisión comentó que se incorporó al temario un proyecto del diputado Sergio Capozzi (Pro) que va en la misma sintonía.

“La intención no es de dictaminar el día de hoy. Ojalá podamos ponernos de acuerdo, es la conversación que vengo teniendo con los distintos bloques, pero es la oportunidad para que cada uno defienda su proyecto e intercambiar opiniones y limar diferencias para avanzar hacia un dictamen”, explicó el radical.

Capozzi comentó que la cuestión relacionada con la readecuación de las sumas de dinero provenientes de créditos laborales “ha generado un grado alto de incertidumbre impacta de lleno la economía productiva de la Nación”.

“La Justicia no ha logrado, hace 30 años, unificar criterios en la forma de readecuar las sumas de dinero derivadas de un reclamo de derecho de trabajo generando, no solo resultados altamente disvaliosos, sino también un alto grado de inseguridad jurídica”, fundamentó y recordó que la situación “se fue agravando a fines del 2022”.

El diputado rionegrino señaló que las condenas “tuvieron un fuerte impacto negativo produjeron en las finanzas de las castigada PyMES”. Así, manifestó la necesidad de abocarse al tratamiento de la cuestión y “establezca un mecanismo equitativo de actualización de los créditos laborales, unificado en todo el país y con capacidad de recomponer el poder adquisitivo”.

También propone que se rija por el índice RIPTE porque “es un parámetro equitativo y objetivo que permitirá conjurar los intereses entre ambas partes”. “Este nuevo sistema de actualización, ya utilizado en la actualización de las prestaciones dinerarias del sistema de riesgo del trabajo”, lo cual -explicó- “permitirá no solo recomponer y adecuar el crédito original en un reclamo de índole laboral, sino también, otorgará previsibilidad y seguridad jurídica a quienes puedan ser condenados”, cerró y agregó que se le agrega una tasa del 3% anual.

Luego, la diputada Mónica Frade (CC), quien presentó un proyecto en el mismo sentido, explicó que “debemos ajustarnos a lo que ha planteado el Decreto 7023 que ha modificado el artículo 276 que pone como pauta tope el IPC más el 3%”, y al respecto afirmó: “Nosotros coincidimos con este criterio que es razonable, pero no ideal”.

“El trabajador va a mantener su indemnización justa, aunque en algún caso puede haber algún desajuste. La parte a proteger es el trabajador y eso va a seguir existiendo”, enfatizó.

Desde el bloque Unión por la Patria, el diputado Sergio Palazzo manifestó su apoyo a la propuesta del diputado Jorge Ávila (Encuentro Federal) “porque queremos preservar y mantener el poder adquisitivo” e indicó: “Tenemos que desalentar la posibilidad de que los abogados del sector empresario continúen peloteando los juicios en el tiempo, por eso nos parece razonable una tasa del 8%”.

El chubutense Ávila expresó: “Tenemos que empezar a mirar y darnos cuenta de que no es solamente un paquete, estamos mirando un envoltorio que tiene un montón de dificultades a la hora de resolver. Nosotros queremos que salgan adelante, es por eso que presentamos un proyecto también, pero mirando todo, no solo a la PyME”.

El titular de la Comisión del Legislación del Trabajo planteó la existencia del problema de la nominalidad y de la incertidumbre: “Lo que genera más problemas e incentivos a litigar es la incertidumbre”, y añadió: "Usar la tasa nominal trae problemas, porque la tasa debería reflejar el costo de oportunidad por haberle hecho perdido tiempo a las personas, por la propia demora de la Justicia".

En la antesala al paro nacional de transportes convocado para este miércoles, el oficialismo se alzó este martes en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados con el dictamen de mayoría que propone la privatización de Aerolíneas Argentinas. Sin embargo, con la diferencia planteada por un sector de los bloques dialoguistas, los votos para el recinto todavía no están asegurados.

El despacho de la Libertad Avanza contó con el acompañamiento del bloque Pro, la UCR, el MID, Producción y Trabajo, y la cívica Paula Oliveto Lago. Reunió en total 35 firmas. El texto se basó en los proyectos de Hernán Lombardi (Pro) y Juan Manuel López (CC). Se declara a la empresa "sujeta a privatización", pero no se detalla cómo será la venta.

Además, se autoriza al Poder Ejecutivo "a establecer el marco legal y llevar adelante el procedimiento para instrumentar el proceso de privatización" e indica que éste deberá regirse "en todo lo que fuera compatible o no se opusiere" por lo establecido en el capítulo de privatizaciones de la Ley de Bases (N° 27.742).

Hernán Lombardi, autor de uno de los proyectos debatidos. (Foto HCDN)

Por su parte, los diputados de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda encabezaron el rechazo. Hacia el final de la reunión, UP todavía no había presentado su dictamen.

En tanto, el bloque de Encuentro Federal junto a Democracia por Siempre, la bancada de los radicales díscolos, presentó su propio dictamen de minoría. Reunió 8 firmas, con el apoyo del cívico Maximiliano Ferraro, quien se diferenció así de Oliveto. El texto plantea que se podrá incorporar capital privado, pero el Estado deberá mantener "el control o la participación mayoritaria". Además, se requerirá "expresa autorización por ley del Congreso" para cualquier decisión que se tome en torno a la compañía y se prevé la intervención de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones.

Logramos el dictamen para avanzar en el proceso de privatización de Aerolíneas Argentinas durante el plenario de comisiones de Presupuesto y Hacienda y Transportes. Aseguramos un debate donde se escucharon todas las posturas.

Estamos dando discusión muy relevante para optimizar… pic.twitter.com/NsDZAAoW5G

— Pamela Verasay (@PameVerasay) October 29, 2024

El mensaje de la radical Pamela Verasay, presidenta de la Comisión de Transportes.

Hasta antes de este plenario en el que se dictaminó, el único encuentro que hubo fue el que se realizó el pasado 25 de septiembre y, desde ese entonces, los diputados de esas comisiones no volvieron a reunirse. En esa ocasión asistieron el vicejefe de Gabinete Ejecutivo, José Rolandi, y el secretario de Transporte, Franco Mogetta, quienes explicaron cuáles eran las motivaciones que llevaban al Poder Ejecutivo a avanzar con la pretensión de vender la aerolínea de bandera. En medio del conflicto gremial y los paros que había por esos días.

Dos días después el vocero presidencial Manuel Adorni anunció que el presidente firmaría un decreto para declarar a la empresa “sujeta a privatización”, y el 2 de octubre se publicó ese decreto en el Boletín Oficial, ingresando el mismo día al Congreso.

En medio de la discusión del Presupuesto 2025, el oficialismo hizo un parate en esa agenda esta semana y decidió avanzar de lleno con el dictamen, aún sabiendo que una parte de la oposición dialoguista no lo acompañaría plenamente esta vez.

El debate

Al pedir la palabra, el diputado Diego Giuliano (UP) planteó que el tema “no es un tema que podamos tratar desde nuestra perspectiva y constitucional en este período de sesiones”. Al respecto, leyó el artículo 81 de la Constitución Nacional que establece que “ningún proyecto de ley desechado totalmente por una de las Cámaras podrá repetirse en las sesiones de aquel año. Ninguna de las Cámaras puede desechar totalmente un proyecto que hubiera tenido origen en ella y luego hubiese sido adicionado o enmendado por la Cámara revisora”.

Así, señaló que en el corriente año el tema se trató y se rechazó en el tratamiento de la Ley Bases. “La idea es evitar la reiteración de proyectos que fueron resistidos por una u otra cámara. Si la cámara revisora en su momento eliminó Aerolíneas del listado de empresas sujetas a privatización. Eso significa que ha vedado que un proyecto con idéntico objeto, ahora el Ejecutivo remite, pueda ser tratado sobre el mismo periodo”, planteó el santafecino.

Exministro de Transporte, Diego Giuliano cuestionó hacer “una privatización a ciegas”. (Foto HCDN)

Giuliano denunció que se quiere hacer una “privatización a ciegas, sin ningún plan ni proyecto”, y que se planeta “una fragilidad parlamentaria sobre un tema que ya se rechazó, por lo que pidió “respetar el procedimiento reglamentario”. “Más que cielos abiertos, proponen cielos cerrados y eso no es una política aeronáutica”, remató con críticas al Gobierno.

De la vereda de enfrente, le respondió la diputada Silvana Giudici (Pro) quien le aclaró que la cuestión de forma “no es tal” porque “el artículo no llegó al recinto y no puede considerarse que fue rechazado en el año parlamentario. Nos estamos abocando a un tema que no tuvo tratamiento en el recinto este año”.

“Recordamos que el bloque preopinante decidió avanzar en la privatización y estatización gravosa de la empresa. Lo más imperdonable es la deuda que emitió Sergio Massa en el 2023 y que tomó fondos para subsidiar esta fiesta de ñoquis, agrupaciones partidarias dentro de Aerolíneas y de un servicio deficiente”, cerró.

Silvana Giudici justificó el tratamiento del proyecto, más allá de lo que se haya hecho con la Ley Bases. (Foto HCDN)

El primer expositor fue el comandante A330, Gabriel Ramiro Pla, quien comentó que trabaja hace 27 años en la empresa donde le ha tocado transitar diferentes administraciones. “Ingresé en la época que Iberia estaba a cargo de la empresa, continuó American Airlines. Dos empresas que fueron competidoras directas de Aerolíneas que, hasta ese momento, tenía en sus rutas coberturas a nivel internacional en las mejores capitales de Europa, Estados Unidos, Canadá. Cumplía una función importantísima en cabotaje como sigue cumpliendo ahora fomentado destinos”.

El comandante calificó al Grupo Marsans, que tuvo la empresa en 2007, como “la más nefasta que tuvimos. Había atrasos en lo que era flotas, desinversión y ni hablar de tecnologías. No había centros de instrucción, ni mantenimiento, no había repuestos, los tripulantes de cabina tenían que mezclar el jugo con agua para poder dar un servicio a bordo”.

“Años después Aerolíneas fue la primera operadora de Boeing 737 max en la región, incorporó aviones cero kilómetros, actualizó su flota internacional, recuperamos algunos destinos”, destacó y sumó: “Cuando hablan de gasto en inversión en los últimos años quiero dar fe que es palpable y concreta. Aerolíneas está posicionada con empleados, con flota, con tecnología, con centros de instrucción propios, con un hangar que es orgullo en Sudamérica que es el más grande. Aerolíneas hoy en personal, en inversión y tecnología está presentada para ser una herramienta estratégica para el desarrollo del país”.

El comisario de abordo Matías Bagnato denunció que “se llegó acá por un debate ideológico y no con argumentos justos y con un debate serio”. “Se ha utilizado el problema salarial que venimos atravesando, a este conflicto que ha logrado que se esté tratando de esta forma la privatización de la empresa”, criticó.

El tripulante de cabina, ponderó que “hay un gran nivel de profesionalismo y dedicación de los empleados para sacar día a día a la empresa adelante”, y aclaró: “Estamos dispuestos al diálogo porque se nos ha atacado tanto este último tiempo que no queremos privatización. Estamos dispuestos a sentarnos en una mesa a dialogar todos los temas porque queremos un debate justo, serio, razonable y no un debate ideológico para sacarse de encima Aerolíneas”.

Bagnato se quejó porque “no escuchamos ninguna propuesta concreta. No sabemos cuál es el plan que hay en política aerocomercial. Solo escuchamos que van a venir un montón de empresas”, y ponderó que “al día de hoy las líneas aéreas que están operando en el país tienen posibilidad de volar a todas las provincias desde el 2016 y 21 destinos son cubiertos solo por Aerolíneas”.

“Pido que no firmen, no la rifen a la empresa. Analicen bien con datos concretos. Somos una empresa reconocida a nivel mundial. Los privilegios la tienen otorgadas todas las aerolíneas, nos duele la forma en que nos han atacado”, solicitó y reiteró: “Le venimos pidiendo al Gobierno nacional desde principios de año que queremos tener un debate y un diálogo justo. Queremos que sean claros con la privatización y no que se utilice el problema salarial que estamos un 90% abajo para esto”.

A su turno, Hernán Agraso, administrativo de la gerencia de aeropuertos en el área de seguridad, destacó que Aerolíneas fue premiada en “distintas administraciones”, y alertó que con las privatizaciones se produce “vaciamiento, desguace de la empresa como en la década del 90’ y no queremos volver a vivir esa historia”.

Agraso procedió a leer la misión que tiene la empresa y sostuvo que “eso se está cumpliendo con eficiencia. Atravesamos dos autorías internacionales y, por segundo año consecutivo, lo rectificamos. La inversión de Aerolíneas está en la seguridad y la calidad, eso es muy caro, y se puede ver en los hangares, en la seguridad informática, en los equipos”.

En tanto, resaltó que desde 2007 “hubo que hacer todo desde cero en la empresa”, y precisó: “Desde la Secretaría de Turismo actualmente, como el mercado bajó mucho en pasajeros y turistas extranjeros, nos piden que bajemos las tarifas a los turistas brasileros a costo de Aerolíneas para fomentar el turismo. No sean hipócritas”.

En contraposición, el director ejecutivo de Fundación Atlas para una Sociedad Libre, Martín Simonetta, consideró que viajar a low cost en Argentina “parece un futuro imposible, estamos en la era del hielo”. Así, manifestó que “es fundamental que el país sea federal porque hasta ahora nos auto percibimos federal, pero actúa de manera centralista y unitaria. El hecho de tener un régimen como el actual es concentrarnos a todos en Buenos Aires, desincentivar nuevas aerolíneas, nuevas rutas, mantener empresas deficitarias”.

Simonetta explicó que si sumamos el déficit de Aerolíneas desde que se re estatizó “tiene un valor similar al valor de YPF. Es importante tener otro número en cuenta más allá de las palabras vemos cuánto cuesta cada empleado de Aerolínea y si dividimos el costo total por empleado por mes es de 5 mil dólares. La pregunta es si esto está cerca de lo que gana un argentino promedio”.

“Estamos ante una enorme oportunidad de entrar al mundo. De empezar a pensar como lo hace el mundo, permitir poner en movimiento la energía de este país tan maravilloso con este enorme potencial que es la Argentina y romper el círculo vicioso que nos mantiene cerca de Buenos Aires y la apertura del mercado, la privatización de Aerolíneas permitiría que puedan empezar a viajar más personas de menores recursos”, respaldó.

El prosecretario de Relaciones Institucionales y Política Aérea - Asociación del Personal Aeronáutico, Rodrigo Borras, expresó su “espanto” ante los dos proyectos presentados para privatizar la compañía aérea”, y apuntó contra el diputado Lombardi que “muestra una total ignorancia y falta de conocimiento”. “Aerolíneas se eligió como terreno de batalla de cuestiones políticas. Hoy Aerolíneas se encuentra en una situación crítica”, concretó.

La exdiputada nacional y actual dirigente sindical Alicia Castro señaló que “entre las falacias para alentar la privatización están las económicas porque, tanto el Gobierno como en los proyectos, aluden que Aerolíneas da pérdidas cuantiosas y eso es falso”. A continuación, detalló que en el 2022 por cada peso que puso el Estado en Aerolíneas recaudó dos, y en el 2023 el Estado puso cero pesos y recaudó 80 mil millones de pesos.

Alicia Castro denunció “falacias” para alentar la privatización. (Foto HCDN)

Castro recordó lo sucedido con la privatización de los 90’ y planteó que “no solo se está discutiendo la privatización, sino la extranjerización de los cielos y la privatización de los cielos”. “Otra falacia para alentar la privatización es que ningún país del mundo tiene aerolínea de bandera privatizada”, indicó y remató: “Las low cost fueron un desastre. Privatizar y reducir los costos significa reducir los entrenamientos de tripulantes de cabinas, tripulantes técnicos y fallas técnicas de aviones viejos y mal mantenidos”.

Levantó ebullición en el debate la intervención de Fernando Dozo, abogado especialista en Derecho Aeronáutico, quien dijo que este debate lo retrotraía a 1986 y sostuvo que “las discusiones son las mismas de siempre: siempre con la guitarra, siempre con el mate, siempre con el folklore, la chacarera y la zamba… Cuando la única realidad es que estamos ante una empresa que está quebrada técnicamente, tiene un patrimonio neto negativo de 210 millones de dólares; le ha costado al Estado Argentino 8 mil millones de dólares, y el principal dato que hay que tener en cuenta, que no lo he oído hasta ahora, es del actual presidente de la compañía: que los ingresos medidos por asiento/kilómetro, son 7,19 centavos de dólar”.

“Desde el punto de vista de los ingresos a  una compañía aeronáutica, están dentro de lo que más o menos son niveles aceptables a nivel internacional, en una operación de cabotaje internacional -dijo-. ¿Cuál es el problema de Aerolíneas Argentinas? Que sus costos, también medidos en asiento/kilometro son 9,34 centavos de dólar, con lo cual la compañía no tiene arreglo sino da vuelta estos números”.

Para Dozo, con este cuadro de situación, “cuanto más se demore este Congreso en discutir qué hacemos con Aerolíneas Argentinas, la compañía va a dejar de operar por consunción”. Y remató: “Acá la única alternativa que tiene la Argentina con esta compañía es llamar a un concurso internacional a ver quién se hace cargo de esto. ¡Y no creo que haya muchos dispuestos!”, dijo levantando el tono.

Luego recordó la privatización de los 90, advirtiendo que “al menos el Estado español capitalizó Aerolíneas Argentinas, porque acá todos se olvidan que el Estado español puso 3.500 millones de dólares en AA. ¡Nos comimos nosotros los millones de dólares, y allá están preso!... ¡Acá están todos sueltos: los que fundieron la compañía los que dilapidaron 8 mil millones de dólares, todos sueltos! ¡Empezando por la vicepresidenta de la república condenada; ¡el otro vicepresidente de la República condenado, y los responsables principales, el intendente de La Plata, el gobernador de Buenos Aires, el senador por la provincia de Buenos Aires!... ¿De qué estamos hablando? ¡Basta de pavadas! Yo los veo por televisión cuando debaten y vemos el nivel vergonzoso del debate. ¡A ver si levantamos un poco el nivel!”, lanzó entre gritos de los diputados de Unión por la Patria.

El especialista en ciencias políticas Franco Rinaldi opinó que el Congreso de la Nación tiene una “oportunidad histórica de remediar lo que en un acto demagógico y lamentable para las arcas nacionales se hizo en el 2008 cuando se decidió expropiar la compañía”.

“No sé a qué refieren con desguazar si la compañía está quebrada porque así figura en los balances de la empresa y vive bajo el amparo del Estado. Con la privatización va a haber más pasajeros, más compañías, más trabajo que no sucede por la posición monopólica y anti competente destinada a proteger Aerolíneas”, expresó y resaltó que Aerolíneas “regalada es cara, hay que hacerle un monumento al privado que se haga cargo de esta empresa con patrimonio neto”.

Franco Rinaldi habló de una “oportunidad histórica”. (Foto HCDN)

El expresidente de Aerolíneas Argentinas, Luis Pablo Ceriani, planteó que hay que tener “un enfoque sin ideologías y pragmático”, y respaldó: “Manejada por el Estado funcionó mejor que cuando estuvo privatizada que fue una época calamitosa. La compañía era obsoleta porque había sido vaciada”.

“El proyecto de ley de privatización no garantiza de ninguna manera ningún mecanismo, ni ninguna manera de garantizar la conectividad ni de qué manera hay que contemplarla porque causaría un problema gigante", rechazó.

También disertaron Guido Jager, trabajador de tráfico Aeroparque; Pablo Perret, miembro de la Asociación de Alojamientos Turísticos de El Calafate (A.C.A.T.E.C); Dina Perla Feller dirigente sindical; Mercedes Belén Niel, secretaria de Turismo de la municipalidad de Río Gallegos; Emiliano Saúl Echeveste, secretario de Turismo de la provincia de La Pampa; Agustín Monteverde, doctor en Economía.

La Cámara de Diputados dio inicio el pasado 8 de octubre al tratamiento del Presupuesto Nacional 2025 con un ritmo activo e intenso con reuniones informativas por semana. No obstante, esta semana se interrumpió el ritmo de reuniones para debatir el proyecto.

La semana pasada la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside el libertario José Luis Espert, había acelerado la discusión con dos reuniones que estuvieron dedicadas a Capital Humano. Así, martes y jueves se registraron las visitas de los secretarios de Niñez, de Turismo y de Educación. Para esta semana se hablaba de tres encuentros, aunque no habían trascendido quiénes serían convocados a exponer. No será así.

Llamó la atención que no se anunciara ninguna reunión para esta semana, cuando suelen anticiparse la semana anterior. Fuentes consultadas por parlamentario.com atribuyeron el impasse al paro de transporte, aunque no descartaron que para el jueves pudiera haber novedades. Difícil: el paro está previsto para el miércoles y el jueves se sumará la UTA. Aunque con el paro nacional que entre otras cosas dejará sin vuelos a los usuarios, alcanza para postergar la reanudación del tratamiento del presupuesto.

El plan trazado entre Casa Rosada y el oficialismo en la Cámara baja era llevar a cabo una reunión semanal durante al menos ocho semanas. En un cronograma que trascendió la semana pasada se establecía como finalización de las reuniones con invitados el próximo martes 6 de noviembre. Según esos cálculos, el dictamen quedaría para el martes 12 de noviembre, mientras que el debate en el recinto sería entre el 26 y el 27 de dicho mes.

El turno en la Cámara alta sería en extraordinarias.

Hay que tener en cuenta además que en la primera semana de noviembre está prevista una ralentización de la actividad en el Congreso por la presencia de numerosos legisladores en las elecciones de Estados Unidos, invitados a presenciar los comicios previstos para el 5 de noviembre, en calidad de observadores. Eso no quita puda hacerse al menos una reunión informativa esa semana. Se verá.

A la primera reunión programada asistieron para respaldar la “ley de leyes” el secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Guberman; y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno. Luego, el 15 de octubre fue el turno de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; y el director ejecutivo de la ANSeS, Mariano Antonio Salvador de los Heros, en tanto que la semana pasada asistieron los secretarios Yanina Nano Lembo, Daniel Scioli y Carlos Torrendell.

La Comisión de Asuntos Municipales, que preside el diputado Juan Brügge (EF), se reunió este jueves para analizar la propuesta de áreas metropolitanas que tiene por objeto “generar lineamientos para el desarrollo de la institucionalización de la gobernanza para las áreas metropolitanas de la República Argentina y promover un modelo de financiamiento concertado, con participación federal, que establezca un sistema de incentivos para promover y mejorar la coordinación y cooperación en estas áreas”.

El presidente de la Comisión explicó que “los cambios en el ámbito provincial y nacional nos imponen que reestructuremos nuestra agenda, las áreas metropolitanas generan una serie de problemáticas”.

Así afirmó que “el concepto no tiene una legislación en la Constitución ni en el Congreso, pero sí tenemos que ver de qué manera podemos colaborar con el asociativismo municipal para crear estas áreas”, y adelantó que invitarán expertos e intendentes sobre la temática.

Como autor del proyecto, el diputado Fabio Quetglas (UCR), consideró que “la virtud de esta ley es su sencillez, se propone la definición de estas áreas metropolitanas; la Creación del Registro de Áreas Metropolitanas (ReAM), y un pequeño fondo Federal para el Desarrollo de Áreas Metropolitanas (FoMetro)”.

El radical planteó que el objeto es “financiar programas y proyectos que impliquen una mejora en materia de infraestructura, competitividad del territorio, preservación del ambiente, superación de las desigualdades inherentes a estas áreas y que promuevan un modelo de gobernanza territorial”, y sumó: “El país precisa un pensamiento estratégico territorial”.

Su par del mismo bloque, Luis Picat, apoyó el proyecto y agregó: “Estamos buscando recursos, apoyos para darle gobernanza a áreas metropolitanas y, de alguna manera, estamos sin quererlo estimulando lo que pasa en el mundo”.

“La concentración en esas áreas porque dejamos de apoyar a las ciudades del extremo que no tienen capacidad de escala para solucionar problemas. Para sumar al proyecto debería haber una coordinación entre las provincias”, aportó.

En tanto, la diputada Lourdes Arrieta (Fuerzas del Cielo) expresó: “Celebro esta iniciativa acerca de poder darle un marco normativo a las áreas metropolitanas”, y destacó la “voluntad política para darle pie y camino a esta ley”.

“Al proyecto hay que agregarle una pata de desarrollo rural, tuvimos la experiencia de un plan de ordenamiento territorial rural que nos permitió crecer y dio una guía a cada departamento rural del país”, añadió el diputado Martín Aveiro(UP).

Sobre el final del encuentro, en representación del Círculo de Legisladores, Matías Mejuto, aportó que “realizaremos una diplomatura a nivel federal, la intención real es trabajar en conjunto diferentes temáticas que estamos llevando a cabo y que competen a la comisión como es la indefensión del ciudadano”.

Al referirse a “indefensión del ciudadano”, Nicole Peters, coordinadora del Instituto de Estudios Estratégicos y de Relaciones Internacionales (IEERI), comentó que se trata del “empoderamiento del ciudadano y el ámbito para este tema es esta comisión, el municipio es el primer contacto con el ciudadano, nos queremos enfocar en las problemáticas diarias, en cada sector y en cada municipio se va complejizando, qué instituciones y herramientas tienen los ciudadanos, fortalecer las herramientas, hacernos los cuestionamientos que corresponden, que el Parlamento y la política esté cerca de ellos”.

Tras la ruptura del bloque de la UCR en Diputados este miércoles por la noche, el presidente de la nueva bancada, el bonaerense Pablo Juliano, acusó al titular del bloque radical Rodrigo de Loredo y a los “radicales libertarios” de hacer “servilismo”, y fundamentó: “Los diputados que decidimos crear un espacio nuevo no vinimos al Congreso para eso”.

“Había un bloque que estaba roto hace mucho tiempo y sin una conducción”, señaló Juliano en declaraciones radiales y se distanció: “Nosotros no queremos vivir más discutiendo la interna del radicalismo, sino que queremos discutir los temas importantes que le importan a los argentinos, a la gente de a pie”.

El bonaerense contó que buscaron el diálogo hasta este miércoles por la mañana y expresó: “Estábamos sinceramente esperanzados en tener otro tipo de respuestas, pero la respuesta del oficialismo, la respuesta del bloque de Rodrigo de Loredo fue contestarnos con fotos. Con una foto abrazado de vuelta al gobierno, tergiversando el momento político, camuflándolo de institucionalidad cuando no lo es. La verdad que crearon una situación que tornaba imposible seguir trabajando de esa manera”.

Así, manifestó que están trabajando “en la construcción de una alternativa, que no caiga ni en el extremo que invita Javier Milei, del populismo de derecha, ni tampoco en el extremo del populismo de izquierda que nos tenía acostumbrado el kirchnerismo hasta el año pasado. Entonces, ahí, sobre esa base, nosotros vamos a empezar a construir una alternativa”.

“A mí los que son conquistables por el gobierno, la verdad que me los tienen sin cuidado”, disparó Juliano sobre los radicales “con peluca” y sumó: “Esa es la estrategia que arma el gobierno. Nosotros queríamos ponerle punto final a la infiltración que había en la marca del radicalismo. Hay tipos que tenían su jefatura política y la tienen, su jefatura política, en Patricia Bullrich y no se terminan de hacer cargo”.

En diálogo con CNN Radio, el bonaerense expresó: “Es muy obvio lo que estaban haciendo y lo que están haciendo. Está a los ojos de toda la sociedad. Es clarísimo. Entonces, yo lo que digo en ese aspecto, hay que dejar de dar vueltas. Había que dejar de dar vueltas. Nosotros, en mi caso, la referencia política es la de Facundo Manes”.

“Facundo lo viene diciendo que Milei llegó para terminar con la casta y se rodeó de más de lo mismo. Pero realmente, cuando te sentás en esa mesa y ves trayectorias de tan vieja data, ¿la discusión pasa por lo nuevo o por el futuro de la Argentina? ¡Pero nos toman el pelo! O sea, primero nos toman el pelo, puertas para adentro. Y después se burlan de la gente”, planteó.

Al ser consultado si sumaba entre los “infiltrados” al cordobés De Loredo, Juliano explicó: “A ver, el fin de semana yo no me saqué una foto con Macri. Y esto para mí es claro. Yo trabajo y milito toda la vida desde la Unión Cívica Radical”.

“Creo que la Unión Cívica Radical tiene una misión trascendental en lo que viene. ¿Y sabes qué? Eso me pone en la única coincidencia que tengo con Milei. Milei también cree que nosotros estamos en las antípodas de él. Y yo acepto el desafío político que él presenta con respecto a lo nuestro, a todo lo que nosotros queremos representar y a todo lo que nosotros significamos. No me hago el distraído y me siento en la mesa disfrazando de diálogo y de acuerdo y demás. A Milei le votan los vetos y después se burla. Y se juntan a comer asados con él. Yo no vine al Congreso para eso. Y los diputados que emprendimos la marcha de crear esto nuevo, no vinimos para eso”, disparó.

Así remató: “La ingenuidad en política es un delito. La ingenuidad en política es un delito. Sentarte en la mesa de Milei, después de lo que le está haciendo a las universidades. Después de lo que le está haciendo al Garraham. ¿Qué necesidad?”.

Un plenario de las comisiones de Legislación Penal, Presupuesto y Hacienda y de Justicia de Diputados emitió despacho de mayoría con amplio consenso al proyecto del Poder Ejecutivo que busca transformar el sistema judicial del país mediante la participación ciudadana en los procesos judiciales, así como también ocho iniciativas de distintos bloques parlamentarios que crea el juicio por jurados de jurisdicción federal.

El despacho de mayoría reunió más de 89 firmas con una sola en disidencia parcial. En tanto, se presentó un dictamen de minoría que lleva las firmas de los diputados del bloque Encuentro Federal Fernando Brügge y Alejandra Torres al manifestar un desacuerdo respecto a “las garantías constitucionales”.

El titular de la Comisión de Justicia, el libertario Manuel Quintar (Jujuy), expresó: “Teniendo en cuenta esta deuda histórica que tiene que ver con estos nueve proyectos que estamos tratando”.

Manuel Quintar, titular de Justicia. (Foto HCDN)

Así, afirmó que “fruto de mucho trabajo de todos los asesores de todos los diputados de los diferentes bloques, si todo sale bien, vamos a cumplir con una manda histórica constitucional avanzando fuertemente y firmemente en la instauración de los juicios por jurados en materia federal”.

“Ha llevado mucho trabajo y se han recetado muchas observaciones. Vamos a empezar a circular el dictamen al cual se ha llegado con mucho consenso para que lo evalúen y lo firmen”, informó Quintar.

TENEMOS DICTAMEN PARA EL JUICIO POR JURADO.

Otro proyecto de @JMilei que va camino a ser ley. Una deuda histórica que los gobiernos anteriores no habían podido saldar.

La implementación de los juicios por jurado traerá más transparencia y seguridad a las víctimas.

— Gabriel Bornoroni (@BornoroniG) October 23, 2024

El primer expositor fue Alberto Dalla Vía juez de la Cámara Electoral quien manifestó su “mi posición favorable al juicio por jurados como constitucionalista porque la Constitución Nacional establece tres veces el juicio por jurados en el artículo 24,75 inc. 12 y en el 118”.

“Desde la creación de la Nación los constituyentes quisieron adoptar el modelo que tenía la Constitución de Estados Unidos, porque era la más democrática en su momento y con mayor apertura”, relató y sostuvo: “En buena hora que el derecho penal vaya al procedimiento oral que concluye con el juicio por jurados. Esa fue la idea de los constituyentes porque querían democratizar el debate público”.

Dalla Vía señaló que la primera cuestión es constitucional y “no puedo entender ninguna otra cosa que la Constitución sea suprema. En materia penal el juicio por jurados fue una decisión del constituyente del 53 ratificada después”.

“El juicio por jurados es una institución probada en el mundo anglosajón que no sustituye el rol del juez en el proceso. Es el juez el que dirige el proceso, establece las reglas y dicta sentencia. El jurado toma una decisión política, no es una decisión jurídica, es una decisión libre de convicciones. Incorporar el jurado es incorporar la participación ciudadana al proceso judicial”, destacó y cerró: “La normativa que van a discutir es un paso adelante”.

Alberto Dalla Vía, a favor del juicio por jurados. (Foto HCDN)

De forma virtual expuso el abogado Esteban Yanguez Papagenadio comparó que “el juicio por jurado clásico no es el juicio por jurado en el modelo estadounidense o anglosajón. Hay 2.500 años de juicios por jurados acá en Atenas y es distinto porque, estamos todos de acuerdo en que debe imponerse el juicio por jurado y es necesario dar este paso, pero debe olvidar estas circunstancias de cuál es el mejor modelo porque esta discusión ya se tuvo en 1860”.

“Las provincias originarias son independientes en el sentido de poder instaurar su propio sistema de jurados que deseen. A nivel federal esto falta”, indicó y remarcó que no hay “ningún modelo específico”, al tiempo que consideró que “hay que tener en cuenta las particularidades de cada provincia porque hay circunstancias que deben ser debatidas por el número de jurados y se deben amparar a la cantidad de población de cada provincia”.

El abogado también pidió que haya respeto de las minorías, la irrecurrabilidad del veredicto y cerró: “Se puede mejorar, tenemos que realizar una ley de jurados, pero estos puntos tienen que ser debatidos en la sesión”.

A su turno, el director general de la oficina de juicio por jurado de CABA, Gastón Blanchetiére, consideró que cada proyecto de ley depende de la capacitación exhaustiva de los operadores porque “en la práctica necesitan una asistencia que lo lleven a la implementación en audiencias preliminares que son difíciles porque hay cambios de reglas y para eso se necesita que el proyecto guarde consonancia con las reglas procesales”.

“Debe ser considerado si o si la capacitación de los operadores en materia de audiencias preliminares, en las audiencias de selección de jurados que representan serias dificultades”, reiteró. También manifestó la necesidad de tener las oficinas judiciales que se encarguen de realizar todo lo que es la administración y sorteo de jurados “hay que dotarlas de recursos”.

En tanto, Martín Sabelli, ex Presidente de la Asociación Nacional de Abogados Defensores de EE. UU, consideró que “este sistema mejora la calidad de la justicia y de la democracia porque es una ventana para que el pueblo vea cómo funciona o no el sistema judicial”, y opinó que en Argentina hay “una profunda desconfianza en el sistema judicial y la única forma de mejorar eso es volver a la Constitución y establecer un sistema en todos los delitos los juicios por jurados”.

Mientras que el abogado Víctor Vélez, informó que “Córdoba fue la primera provincia que inició el juicio por jurado”, y que -enfatizó- “la participación ciudadana es necesaria y da buenos resultados”.

En tanto, el diputado Fernando Carbajal (UCR) destacó “el esfuerzo conjunto de todos los bloques”, con el objetivo de “saldar una deuda histórica” y dar un paso más para “la transformación de la justicia".

La diputada Paula Oliveto Lago (CC) expresó su acompañamiento al dictamen de mayoría; mientras que su par Rodolfo Tailhade (UP) indicó: "Nuestro bloque va a respaldar este proyecto que es fundamental para nuestra democracia".

La Comisión de Legislación del Trabajo, presidida por el diputado radical Martín Tetaz, se reunió este martes para debatir sobre tres expedientes vinculados a reformas de los artículos 2, 7 y 6 de la Ley de Contrato de Trabajo sobre deducción de las indemnizaciones percibidas y actualización y repotenciación de los créditos laborales por depreciación monetaria.

En el encuentro, que se extendió por dos horas y se llevó a cabo en el Anexo “A” de la Cámara baja, disertaron de forma presencial y remota más de 20 expositores quienes coincidieron en la necesidad de que el Congreso de forma “urgente” sancione una norma sobre el tema. La próxima reunión estiman dictaminar.

El primer expositor fue Esteban Mancuso de la Cámara Argentina de Comercio quien afirmó que desde la CAC el tema de la actualización judicial de los créditos laborales “fue y es un tema prioritario sobre el cual venimos trabajando desde hace tiempo, en especial, por los enormes costos de la incidencia de los costos laborales sobre las PyMES representadas”.

Mancuso explicó que un 80% de sus representados y asociados son PyMES y dio cuenta de la “problemática a nivel federal y para este tipo de empresas que son agobiadas por este tipo de sentencia condenatoria”. Así, señaló que la realidad laboral es “dinámica, requiere de cambios constantes y atención permanente”, por lo que resaltó que “es necesario dar respuesta a las nuevas técnicas de producción como tecnología, digitalización de proceso, teletrabajo, IA”.

Sobre la Ley Bases indicó que en su capítulo laboral contenía diversos de derecho laboral, colectivo y de seguridad social y destacó: “Desde la CAC consideramos que fue un avance importante y medular que se dio dentro de una adecuada política institucional dentro del Parlamento oyendo a los distintos actores sociales”, pero indicó que el tema convocante de la reunión quedó fuera de la Ley.

“Es una cuestión medular para la CAC y requiere, a nuestro modo de ver, una solución inmediata”, solicitó y sumó: “Tan importante es para nosotros esta problemática, es una prioridad absoluta más allá de otros temas”. Mancuso explicó que “las actualizaciones judiciales tienen criterios disímiles y arrojan sumas exorbitantes atentando de manera profunda con el cierre de algunas PyMES”.

Así, planteó que desde la CAC vienen insistiendo con énfasis en “dar una solución equitativa para ambas partes y definitiva al tema”. “Elevamos conjuntamente con otras cámaras empresarias distintas notas tanto a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo como la Corte Suprema de Justicia de la Nación donde, acompañado por un informe técnico de la Universidad de Buenos Aires, dábamos cuenta que los métodos de cálculo de las sentencias condenatorias conforme a las distintas actas mencionadas dan resultados exorbitantes, erráticos, inequitativos y con criterios disímiles de interpretación”, contó.

“Los distintos mecanismos de cálculo tienen efectos extremadamente nocivos para el comercio, los servicios, la industria y también para los trabajadores, afectando especialmente a las PyMES”, planteó y destacó el proyecto de la diputada Verónica Razzini como “una conclusión satisfactoria con la modificación de los artículos 276 y el agregado del 276. Defiende el mercado de trabajo, es equitativo, defiende al empleador y al trabajador”.

A continuación, expuso Pablo Venarotti de IDEA quien afirmó que “la conciliación en materia judicial es uno de los modos más utilizados para dar, en tiempos más rápidos, una solución a las partes”.

Por el contrario, señaló que “la extensión de los procesos judiciales, cualquier distorsión que haya en materia de intereses o actualización, agrava dicha circunstancia”. Así, indicó que la actual Ley 24.283: “Plantea expresamente que en cada etapa de liquidación judicial que hubiera una distorsión había que verificar la realidad de ese empleado al momento del pago para cotejar con valores actuales”.

Venarotti propuso que la reforma legislativa tenga, por un lado, un alcance de índole nacional; que sea una solución para todas las partes, que no dependa de una jurisdicción; que preserve el crédito al cual tiene derecho reconocido del trabajador, pero al mismo tiempo, que no conlleve el cierre de una empresa y la pérdida de fuente de trabajo.

Por el lado de CAIPE señalaron que “es un tópico que requiere urgente solución”, ya que “se encuentra en juego el futuro y la sustentabilidad de numerosas empresas que se encuentran expuestas a reclamos laborales multimillonarios que resultan de imposible incumplimiento y no encontrar una pronta y equitativa solución se verán condenadas a su desaparición”.

En esa línea, manifestaron que “es necesario que exista una protección para la empresa”, y resaltaron: “Resulta urgente la determinación de un único sistema de actualización de los créditos laborales que resulte viable justo equitativo y duradero y que brinda previsibilidad y seguridad jurídica”.

Así, contaron que en la Cámara de Apelaciones del Trabajo existen seis criterios distintos en el módulo del cálculo de los intereses y “resultan de ser de carácter del organismo. El escenario en el que nos encontramos hace que los reclamos laborales entablados por trabajadores, en muchas oportunidades, sean de difícil y hasta imposible de resolución”.

“Estamos absolutamente convencidos que la implementación de reglas claras propicia la simple resolución de conflictos acercando las posturas controvertidas, alentando conciliaciones y, en todo caso, se pueden predecir las sentencias que se eliminará el oportunismo y el abuso por parte de quienes especulan con los intereses lo cual también de cierta manera es moneda corriente en el fuero laboral. Sin duda, todo esto a la larga generará una administración de justicia más ágil, efectiva y justa para las partes intervinientes”, expresaron.

Por último, destacaron el proyecto de la diputada Razzini que “es el que mejor soluciona esta problemática porque aborda de manera fundamentada y pormenorizada los múltiples escenarios en los que se encuentran los generadores de empleo frente a un reclamo laboral y ofrece una posibilidad certera y factible de cumplimiento de la falta pagadora, siempre respetando el derecho al cobro”.

“El proyecto se considera un acierto la vuelta a la aplicación de las tasas bancarias para la actualización de los créditos. En este caso, de la tasa activa al Banco Nación, ya que en proyección a futuro donde la inflación mensual no supera el dígito se entiende que la depreciación de los créditos no será sustancial y que, claramente, se verá acompañado por la tasa utilizada. También se valora y se celebra la intención de conservar al anatocismo únicamente como excepción y no como reglas. De esta manera, brindaría una mayor seguridad jurídica. Se espera una pronta resolución del problema realmente bien atravesando el sector y viene generando embates realmente difíciles”, concluyó.

César Arese del Círculo de Abogados Laboralistas sostuvo que “hay una necesidad de actualizar/ indexar los créditos laborales de una manera de que ponga punto final a un largo debate de cómo tratar a las contingencias en lo relativo a los créditos laborales”.

“Es una pérdida de derechos considerados en la legislación de fondo. Creemos que es el Poder Legislativo el que tiene un rol esencial para poner un punto final al debate de manera justa”, manifestó y explicó: “Es reconocer la intangibilidad, la irrenunciabilidad entre la condición inalienable que tienen los derechos del trabajo traducidos en créditos especializados. Esto no tiene otra forma de ser respondido que como lo hizo hace medio siglo la Ley de Contrato de trabajo indexándolos conforme a la evolución de los precios, del costo de vida, de los salarios”.

“Nosotros nos hemos fijado posición de un año y medio reclamando ante el Poder Legislativo, ante los jurisdiccionales que los créditos laborales sean indexados, que entre ambas categorías que informamos puede llegar entre un 8, un 10 un 15% anual”, sostuvo y destacó la iniciativa del diputado Jorge Ávila porque “los otros proyectos implican pérdidas o le fijan techos a la indexación de créditos”, y concluyó: “No se trata de ni potenciar ni degradar los créditos laborales, sino otorgarle su justa composición a través de la ley del Congreso que establezca la indexación conforme el índice de precio del consumidor o más intereses que serán fijados por los jueces en cada caso”.

En coincidencia, su colega Esteban Carcavallo explicó que “se hace muy difícil encontrar una variable que permita transitar a lo largo del tiempo y sin dificultades el problema de repotenciación adecuada”.

En contrapartida, desde el Foro de Abogados y Abogadas de Organizaciones Sindicales (FAOS), Guillermo Agis, cuestionó las iniciativas porque “proponen analizar cómo abordar el incumplimiento al pago de indemnizaciones y de créditos que, por su naturaleza, tienen carácter alimentario”.

A su turno, vía zoom el doctor Sebastián Serrano de la Asociación de Abogados Laboralistas de Rosario sostuvo que hay que “establecer leyes que protejan a los derechos de los trabajadores” y propuso cinco puntos a tener en cuenta: mantener el valor del crédito porque “un ajuste de indemnización no puede implicar un empobrecimiento de la víctima”; la no indexación no puede mantenerse una ley de hace tres décadas que sufre inconstitucionalidad y “nunca ha servido”, que se compense el curso del tiempo con lo que se determine; compáralo con parámetros reales de la economía como la inflación; no se puede repetir un mismo criterio en todos los casos; que todos los cálculos los jueces lo vuelquen a la sentencia.

Así, criticó que los proyectos de Razzini y Tetaz “fijan techos para que los empresarios no tengan problema en vez de establecer pisos para que las personas vean asegurados sus créditos alimentarios”. “El proyecto Ávila se acerca a lo que necesitamos”, concluyó.

Por su parte, Edith Pecci, presidenta de Idea Pyme, señaló que “hay situaciones en las que ponemos en riesgo nuestras empresas por la falta de legislación” y reclamó “falta de previsión”. Además, la empresaria Pyme invitó a “dejar de lado el concepto de que trabajadores y empresarios estamos en dos veredas diferentes, estamos diciendo que las reglas de juego tienen que ser justas para ambas partes”.

Un grupo de diputados del bloque Unión por la Patria, encabezados por la entrerriana Carolina Gaillard, presentaron un proyecto repudiando las “Violentas” declaraciones del presidente de la Nación, Javier Milei, contra la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

“Me encantaría ponerle el último clavo al cajón del kirchnerismo, con Cristina adentro”, lanzó el jefe de Estado en una entrevista televisiva al ser consultado por la interna dentro del principal partido de la oposición.

Desde UP expresaron: “Estas declaraciones son una clara incitación a la violencia contra la ex Presidenta, que ya ha sufrido un atentado contra su vida producto de los discursos de odio”.

Así, señalaron que el presidente “emplea un lenguaje que, además de ser profundamente violento, resulta temerario en razón de que proviene de la máxima autoridad del Estado”, y plantearon que este tipo de discurso “habilita, en términos simbólicos y prácticos, a situaciones de violencia hacia dirigentes opositores, atentando contra los principios fundamentales del sistema democrático y del respeto a la convivencia pacífica entre los distintos sectores de la sociedad”.

“Milei se tiene que hacer cargo del desastre que está haciendo y dejar de buscar responsables. Él es el responsable de la masacre social que está llevando adelante y ya no puede entretener más a una sociedad que está agonizando por sus políticas de miseria y hambre”, cuestionaron.

📄Presentamos junto a otros diputados y diputadas del bloque Unión por la Patria un proyecto de resolución para repudiar las violentas declaraciones del Presidente de la Nación Javier Milei contra la ex Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en las que expresa… pic.twitter.com/gVW5m2lXuB

— Carolina Gaillard (@CaroGaillard) October 21, 2024

La Comisión de Discapacidad de la Cámara baja, presidida por el diputado Daniel Arroyo (UP), se reunió este martes para iniciar el debate sobre las Pensiones no contributivas y el derecho a la protección social de las personas con discapacidad en donde asistieron representantes de organizaciones que explicaron sobre la problemática que están atravesando.

Arroyo informó que también serán ejes de trabajo para próximas reuniones la problemática al acceso a tener el boleto para poder viajar de forma gratuita que “le corresponde por ley porque es un derecho establecido”, y afirmó que harán un pedido de informes al Ejecutivo sobre el tema.

De forma virtual, Amalia Gamio del Comité sobre Derechos de Personas con Discapacidad de la ONU recordó que la Convención es un tratado internacional vinculante para los países que lo ratificaron”, y señaló que Argentina está “retrocediendo respecto de las recomendaciones que le hizo el Comité en marzo de 2023 al regresar el Consejo para la Discapacidad al Ministerio de Salud, eso es un terrible retroceso”.

“Las personas con discapacidad han sido sujetas a grandes inequidades, son más propensas a sufrir pobreza y malnutrición. Tienen menos oportunidades de recibir educación. La brecha con niños con discapacidad que no disfrutan del derecho a la educación es un gran reto 93 millones de niños con discapacidad son los que tiene posibilidad de quedarse atrás. Tienen menos oportunidades de tener empleo y la situación para la mujer es peor”, alertó.

Gamio indicó que en 91 países y territorios de ocho regiones geográficas la relación empleo población de las personas con discapacidad mayores de 15 años es del 36% de media, mientras el de las personas sin discapacidades del 60%.  “La situación es peor para las mujeres con discapacidad, ya que la relación empleo y población de estas mujeres con discapacidad es inferior a lo de los hombres con discapacidad y también tienen menos acceso a servicios públicos”.

“La agenda 2030 establece que más del 80% de las personas con discapacidad viven en pobreza”, advirtió y lamentó que haya una reducción del presupuesto para las personas con discapacidad.

A continuación, disertó la Coordinadora del Programa De Derechos de las Personas con Discapacidad, Belén Arcucci, quien estimó que “para 2025 los recursos asignados para las Pensiones no contributivas que administra ANDIS caen un 39%. Se observa que se proyecta 1.034.447 pensiones, lo cual contrasta con el dato de las pensiones actuales que es 1.212.187”.

“Acumulan una caída del 47% comparando los recursos ejecutados en 2023 y sería el presupuesto más bajo asignado a este programa desde 2018”, criticó y sumó: “La información presupuestaria refleja una caída del 15% en la cantidad de pensiones que se proyectan otorgar comparadas con las que se dieron actualmente”.

Arnucci finalizó: “El 73,75% del presupuesto total de ANDIS, la caída de recursos de este programa explica la caída del 30,5% de los recursos proyectados para el 2025 en el organismo. Los recursos para el programa de atención médica aumentan un 15,85%”.

Gabriela Troiano explicó que la Red por los Derechos de las Personas con discapacidad: “Es una ONG conformada por familiares y personas con discapacidad que viene desarrollando su acción en pos del cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en Argentina”.

“Este tema de las pensiones no contributivas no es nuevo, ya pasó en 2016. En este año con mayor perversidad. Estamos regresando a un sistema eugenésico porque se piensa que las personas con discapacidad no sirven a la sociedad. Es lo que se plantea hoy desde el Estado. Hay una doble discriminación al no dar trabajo a las personas con discapacidad y sacando las pensiones”.

Troiano aseguró que es “regresivo y perverso porque no se puede garantizar ni la autonomía ni la independencia porque lo toman como un gasto”, y exigió que el Estado cumpla con la Convención a la que está suscripta.

En representación de la Defensoría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, Marcelo Greco, señaló que “los organismos específicos de DDHH le están exigiendo a la Argentina que continúe con la garantía de la pensión no contributiva, para los niños con discapacidad”.

En tanto, la abogada especialista en discapacidad y seguridad social, María Daniela Savarese, manifestó: “En este gobierno de ajuste se ve a las personas con discapacidad como un gasto. Esto ya lo vivimos, nada mejoró y ningún proyecto trajo una solución real. Hoy nos convoca nuevamente el mismo tema: la quita de pensiones. Se la considera incompatibilidad con trabajo registrado y no se toma a la pensión como un derecho adquirido”.

El coordinador del Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, Pablo Molero, consideró: “Se podría pensar en una nueva ley que reconozca la asignación económica para las personas con discapacidad, solucionaríamos muchos de los problemas que están hoy”.

La investigadora del CONICET, María Pía Venturiello, detalló que “de la población argentina solo un tercio tiene acceso al Certificado Único de Discapacidad, que le permite el acceso a los derechos reconocidos. Otro dato adicional: la tasa de empleo es del 32% lo que evidencia la expulsión sistemática de las personas con discapacidad del mercado laboral”.

En tanto, la abogada Celeste Dimegli cuestionó que el decreto 853/24: “Introduce cambios significativos, establece la incompatibilidad laboral entre el cobro de una pensión y un trabajo registrado; esto significa que los beneficiarios no pueden tener un empleo formal mientras reciben la pensión”.

En representación de APDH expuso Claudia Naom quien planteó que “en el modelo social de la discapacidad es responsabilidad de la sociedad. Eliminar las barreras para que las personas con discapacidad puedan incluirse y ejercer su derecho a decidir su propio plan de vida. Con la eliminación de la pensión no se puede lograr eso y se le coloca una barrera más”.

Por último, expuso el psicólogo del equipo de Salud Mental del CELS Joaquín Castro Valdez quien afirmó: “Las personas con discapacidad tienen necesidades económicas diferentes y un costo de vida más alto que el promedio. El contexto económico actual los afecta también de manera diferencial”.

La Comisión de Ciencia y Tecnología de Diputados, presidida por Daniel Gollan (UP), escuchó este martes a representantes provinciales del Consejo Federal de Ciencia y Tecnología (COFECYT) quienes alertaron por la falta de financiamiento en el sistema actual en las diversas jurisdicciones.

Gollan comentó que el motivo de la reunión surge habida cuenta de que el Ejecutivo en lo que va del año no se ha reunido con el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología: “Esto agregaba una preocupación más y es algo que hemos escuchando en las múltiples recorridas por centros tecnológicas y universitarios en todo el país la necesidad imperiosa de que las instituciones funcionen”.

“Nosotros, lamentablemente, no tenemos una capacidad resolutiva, simplemente cumplimos con lo que debemos cumplir por parte del Legislativo que es escuchar y visibilizar la problemática”, explicó.

El titular de la comisión comentó que han citado a Alejandro Cosentino –quien estaba al frente de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología- pero un día antes a asistir renunció. También han convocado al secretario Darío Genua, pero “a la fecha no ha venido. Nos recibió en una reunión y se comprometió en que no tenía problema en asistir. Hoy fue invitado y no pudo asistir”.

“Es imprescindible que tengan que funcionar estas instituciones. No se puede naturalizar esto de que no hay respuestas, de que no hay reuniones. Estoy mencionando una serie de cosas que son graves y que no hay manera de mantener un vínculo dentro de lo que debería ser institucionalmente con los funcionarios y no hay manera de que este Cuerpo legislativo pueda dialogar con ellos y no debería ser así porque nunca pasó”, se quejó Gollan.

Representantes del COFECYT

La primera oradora fue la representante del COFECYT en el Directorio del CONICET,  Luz Lardone quien alertó por la fragilidad institucional del Consejo Federal y del presupuesto e informó que “al día de la fecha no se ha constituido el Consejo en esa primera reunión”. Así, explicó que cada uno de los representantes provinciales son designados por decreto de sus gobernadores. Se arma un cronograma donde lo que se reúne es el Comité Ejecutivo, que funciona mensualmente. Como su nombre lo indica, pretendidamente federal, funcionan los consejos regionales en espejo con los consejos, pero el Consejo Federal tampoco está funcionando”.

Lardone se mostró preocupada por el financiamiento: “¿Cómo recuperamos la institucionalidad de este Consejo?”, preguntó y precisó: “Es un ámbito donde se ha discutido, no solo la política científica del país, un espacio donde, además, se articulaban esas políticas con el Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología y, en ese marco, considerar una política científica con perspectiva federal de cómo ir trabajando los instrumentos de política pública que pudieran dar cuenta, no solo de las realidades y las inequidades y las asimetrías presentes en cada una de las provincias, sino también, cómo proponer soluciones con una mirada situada que pueda atender la diversidad federal de nuestro país”.

En tanto, indicó que desde el 2019 al 2023 se realizaron un total de 15 asambleas, por lo que advirtió que “esas representatividades también han caducado en su mayoría”.

“Es preocupante, no solo la cuestión presupuestaria que no se está cumpliendo con la Ley de Financiamiento. Tampoco se está cumpliendo con la Ley del Plan de Ciencia y Tecnología en cuyo corazón están definidas por las provincias que integran este Consejo Federal”.

La Rioja

Hugo Vera, secretario de Ciencia y Tecnología de La Rioja, destacó la visión estratégica y la decisión política de su gobernador, Ricardo Quintela, de “fomentar, promocionar todo lo que hace a este andarivel de la ciencia y la tecnología a este camino de la innovación y el conocimiento a este sendero de la investigación y el desarrollo”.

Así, conto que su provincia “viene transformándose de la mano del sector” que le han dado un “crecimiento exponencial” gracias a los programas federales y comentó que nueve laboratorios han sido equipados y puestos en valor por los proyectos federales. También ponderó 23 iniciativas que “hablan de soluciones concretas a nuestros territorios, a economías regionales”.

“Había un paraguas desde Nación con una gestión muy federal en donde se apalancaban programas, se financiaban distintas líneas de acción. Con un programa que se denomina Popularización de la Ciencia y la Tecnología estamos federalizando, democratizando el conocimiento y estamos logrando hacer unidades de ciencia y tecnología en todos los municipios de nuestra provincia”, ponderó.

Vera lamentó la posibilidad de que “se dilapide, de que se pierda, de que se diluya todo eso porque necesitamos fundamentalmente que se haga realidad ese Plan Nacional de Ciencia y Tecnología, que se ejecute, que se ponga en marcha y que se apalanque financieramente y presupuestariamente a una serie de programas de acciones que necesitamos las provincias y que esos programas sean fundamentalmente federales”.

“Necesitamos que esté incorporado en el actual presupuesto las partidas necesarias para darle continuidad a esas construcciones”, cerró

Santa Fe

La secretaria de Ciencia y Tecnología de la provincia, Érica Hynes, planteó que Santa Fe “no escapa a la coyuntura nacional que han descrito quienes me precedieron en la palabra”, y destacó que la provincia tiene “mucha actividad científico tecnológica con polos de conocimiento en varias de las ciudades, especialmente en Rosario y en Santa Fe capital”.

También, destacó que tienen actividades “con mucho dinamismo industrial, empresas de biotecnología que “tienen una relevancia y un impacto que es reconocido en todo el país”. “Esto todo tiene una relación muy fuerte con la producción de conocimiento y con la producción de datos de información novedosa que, después, es la que se va a poder convertir en innovación en las empresas”, informó.

“Hay una gran preocupación por lo que está detenido”, alertó y comentó que Santa Fe tiene una agencia de ciencia y tecnología que fue creada en 2013 y refrendada por Ley en 2017 que tiene “la obligación y la responsabilidad institucional de ejecutar la mayor parte del presupuesto de ciencia y tecnología provincial”. Por último, manifestó que están abriendo convocatorias nuevas para “poder sostener esto en un contexto muy difícil donde todos miran a la a la provincia como una fuente de recursos”.

Tierra del Fuego

La ministra de Educación, Cultura ay Ciencia, Analía Cubino, criticó: “No sé si nos queda alguna posibilidad de tener que justificar el rol de la ciencia y la tecnología respecto de la vida de los argentinos”, y agregó: “Pasados 10 meses tenemos que empezar a convencernos de que no hay plata, pero que no hay democracia es algo difícil de asumir. Poder hablar de leyes que no se están cumpliendo porque se han redactado y votado con unanimidad de todos los sectores políticos y el respeto a las instituciones es lo que tenemos que hacer”.

“Es muy grave que no esté funcionando el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología, pedimos que se reabra y se convoque desde la Secretaría de Ciencia y Tecnología para habilitar la discusión de las realidades de las provincias”, exigió y recordó que fue creado por decreto y firmado por Carlos Menem.

“Realmente nos preocupa porque, más allá de que las provincias no hemos recibido un solo peso para el sector, que no se ha ejecutado el presupuesto 2023. Que ahora se va a discutir el nuevo presupuesto. En 2024 estamos viendo con gravedad todos los artículos que se están soslayando, suspendiendo de leyes de ciencia, de educación y todos los ámbitos que nos circulan”, expresó.

Córdoba

Gabriel Tonetti, secretario de articulación científico tecnológico, señaló que para su provincia es “importante la institucionalidad y que podamos seguir trabajando y arranquemos con las sesiones, reuniones y trabajo conjunto dentro del Consejo Federal”.

“En Córdoba, la iniciativa de nuestro gobernador fue poner a la ciencia y la tecnología dentro de los ejes estratégicos de desarrollo socioproductivo de la provincia”, destacó y señaló que “el presupuesto con el que contamos para la ciencia no se ha tocado, de hecho, estamos llegando al 100% de la ejecución. Estamos con un programa de financiamiento a la ciencia y tecnología”.

El funcionario provincial remarcó que el eje “fundamental la vinculación y la transferencia. En cómo llegar de las 12 universidades que tenemos, las 18 instituciones de Ciencia y Tecnología tanto nacionales como provinciales poder transferir ese conocimiento a las empresas y eso sin un Estado presente es prácticamente imposible y muy difícil de lograr. Tenemos que seguir trabajando a nivel nacional y seguir uniéndonos entre las provincias y llevar este desarrollo de las empresas y la economía basado en el conocimiento”, cerró.

Catamarca

El ministro provincia, Isauro Molina, expresó: “En este contexto nacional complejo y difícil, en Catamarca no hemos logrado avanzar en la ejecución de los fondos para la creación del Centro Científico, Tecnológico y Productivo que está proyectado porque carecemos de los fondos, por eso es importante tener estos ámbitos para debatir e incluir estos temas en la agenda legislativa”.

“El modelo nacional concentra el presupuesto de ciencia en las dos Buenos Aires, sino federalizar, democratizar y descentralizar el sector”, finalizó.

Buenos Aires

En su intervención, el secretario del área bonaerense Nahuel Ares contó cómo desde la provincia están “tratando de paliar la ausencia del Gobierno nacional en todo lo que refiere a ciencia y tecnología”.  “El COFECYT se tiene que reunir. Tenemos las leyes del conocimiento, de nano y biotecnología, el Plan 2030 con todas las provincias y Nación. Nos parece que tenemos que dar esa discusión acá en el Congreso”, planteó y reclamó despidos que se están llevando en el INTI, CONICET.

“La ciencia y tecnología sirve para el desarrollo de nuestro país”, planteó y remarcó las obras paralizadas en Buenos Aires: “Tenemos 22 obras paralizadas, más de 193 equipos que dejaron de pasar fondos. Eran compromisos asumidos por el Estado Nacional y hoy se está incumpliendo la ley”.

También resaltó que el COFECYT viene desde los 90 y precisó que el artículo 5 establece cuáles son las obligaciones del Estado Nacional donde “esta financiar la ciencia y tecnología y promover el desarrollo federal del país y ninguna de esas cosas se está llevando a cabo”. “No podemos dejar de lado la ausencia y desidia del Gobierno nacional en este momento en todo lo que tiene que ver con ciencia e innovación y el desarrollo federal”, manifestó.

Corrientes

“Desde Corrientes impulsamos acciones que promovieron el desarrollo de carácter público y privado, de manera articulada para lograr resultados concretos generando un proceso de consolidación constante”, informó la subsecretaría de Coordinación Institucional, Micaela Van Der Woerd e indicó: “Generamos mecanismos ágiles y de articulación y acciones conjuntas con el COFECYT”.

Así, destacó que el COFECYT: “Es esencial el rol que desempeña porque es el cuerpo de elaboración, asesoramiento y articulación estratégica de políticas prioritarias nacionales y regionales que promueven el desarrollo armónico de las actividades científica. Es un espacio donde se escuchan las demandas territoriales dando cuenta de un importante criterio federal”.

Por último, expresó: “Confiamos en que los desembolsos pendientes se regularicen pronto para poder cumplir con los compromisos adquiridos”.

Jujuy

Desde la provincia del norte, Luis Bono secretario ejecutivo de la Agencia de Ciencia, Tecnología e Innovación de la provincia se mostró preocupado por la pérdida de federalización porque “se está dejando de lado las convocatorias”.

“Estamos cumpliendo más de 110 días que no tenemos respuestas de Nación del presupuesto para la construcción de nuestro Polo Tecnológico. Se trabajó con el Ministerio de Infraestructura para poder iniciar la obra”, denunció.

Formosa

El secretario de Ciencia y Técnica, Camilo Orrabalis, resaltó “la falta de diálogo desde las direcciones que toman decisiones a nivel nacional, están totalmente ausentes. Pese a eso en Formosa se sigue apostando a la ciencia y a la tecnología, se está terminando el Instituto Politécnico Formosa y otros proyectos, con recursos propios”.

“Lamentamos la decisión de no convocar a las asambleas que son necesarias. Uno hace reclamos y del otro lado hay ausencias”, manifestó y contó que en su provincia desde el 2003 al 2015 el “desarrollo en ciencia y tecnología ha crecido en infraestructura. Pudimos completar un Polo Científico que hoy está en funcionamiento”, y criticó que las decisiones políticas “centralistas siempre perjudican a las provincias del norte”.

San Luis

El director de Vinculación Estratégica del Ministerio, Delfor Sergnese, afirmó: “Estamos esperando la convocatoria del Consejo Federal y vemos con preocupación que no se realice. Desde San Luis estamos trabajando tanto en la vinculación como en la transferencia de conocimiento en conjunto con los organismos provinciales y nacionales”.

También disertaron la directora general de Economía del Conocimiento de La Pampa, Laura Biasioti; el presidente de la Agencia de Desarrollo e Innovación Tecnológica de Misiones, Nicolás Daviña; el director General de Ciencia y Tecnología de Santiago del Estero, Edmundo Vizgarra Gómez; la ex presidenta del CONICET, Ana Franchi; la exsecretaria de Ciencia de Chubut, Georgina Davis; la representante de la Mesa Federal de Ciencia, Josefina Vaca.

La Comisión de Turismo de Diputados, a cargo de la riojana Gabriela Pedrali (UP), se reunió este jueves para recibir y escuchar al Jefe de Gabinete de la Subsecretaria de Turismo de la Nación, Christian Rodolfo Dovico, y especialistas, quienes expusieron sobre la situación de la actividad de guías y profesionales de turismo en todo el territorio nacional.

Dovico señaló que, si bien la Nación no lleva un registro específico sobre guías porque “la habilitación de los mismos corresponde a las jurisdicciones locales dadas las particularidades que cada una de ellas tiene que darle. Si creemos que la formación de estos profesionales y estos puedan brindar los servicios tan importantes que representan en el turismo, lo hagan de una manera que puedan equipararse en todo el territorio nacional y resulta fundamental”.

“Cuando un turista concurre al país visita varios destinos y se encuentra con realidades distintas. Se encuentran con servicios que tienen distintas magnitudes, calidades. Por eso es importante la formación de los profesionales”, indicó,

Así, comentó que desde la secretaría este año han comenzado a dar charlas en las universidades para tratar de transmitir, por un lado, las expectativas del turismo y del posicionamiento de la Argentina a nivel regional y mundial. Por supuesto, las expectativas que hay de algunos mercados ya consolidados donde tenemos turismo, tomamos turismo receptivo y otros por desarrollar”, y sumó: “Sí hay mercados todavía por desarrollar y la formación de estos profesionales en todo el sector turístico, pero especialmente aquellos que tienen ese contacto directo con los turistas, es fundamental”.

“Entre las prioridades que tiene la secretaría está la de capacitar formar. Esa capacitación y formación de los profesionales del turismo incluye establecer a nivel nacional las directrices de calidad. A través del área de formación está desarrollando directrices para todo lo que es el servicio de guía, ya sea de aventura, rafting, montañismo. En varios sectores y creemos que eso es fundamental para que todos los turistas que nos visitan en Argentina puedan encontrar servicios de calidad y de manera similares en todo el territorio”, explicó.

Dovico planteó que la idea desde la subsecretaría es “no quitar ni desmerecer el valor de ninguno de los operadores y dotar y fortalecer de herramientas que se necesitan a cada eslabón que hace al turismo”.

“El sector turístico es el tercer productor de divisas en el país después del agro y la industria.  El turismo va a ser aquel que derrame más trabajo. Desde Nación se están llevando a cabo políticas que apuntan a que todo el sector turístico busque una mejora constante y logremos superar las metas e índices que tenemos”, destacó y sumó: “La política de cielos abiertos mejoró la conexión, aunque quedan desafíos con tramos internos y se está trabajando eso implementando políticas que logren la conectividad en donde hoy no se está llegando”.

El funcionario informó que el registro que está llevando la Federación de Agencia de Viajes marcó un 14% más de agencias registradas que el 2023. “Eso habla de un mercado que quiere progresar e invertir”, destacó.

En consonancia con su preopinante, Malvina Gómez, referente del Foro de Guías de Turismo Nacional, remarcó “la importancia de la capacitación”; mientras que Carlos Espinosa, decano de la Universidad Nacional del Comahue, argumentó: “La Argentina tiene, en sus graduados en Turismo, un punto de partida y un estándar de calidad que no deberíamos desconocer ya que ayuda y construye la competitividad".

La radical jujeña Natalia Sarapura coincidió en la necesidad de profundizar la capacitación y profesionalización de los guías de turismo. “La formación de guías de turismo es una actividad que se han promovido”, resaltó y contó la experiencia de su provincia y de las carreras afines en las universidades.

“Es una vocación de que el turismo sea una posibilidad de crecimiento y desarrollo económico de promoción y valorización de la cultura y de la identidad y un concepto de gobernanza territorial por parte de hombres y mujeres de comunidades indígenas”, expresó la radical y sostuvo que la interculturalidad “es un desafío que es necesario transversalizar en todos los temas de la política pública”. Sarapura pidió que se especifique qué faltaría en el sector turístico en cuanto a las capacitaciones y que se reconozcan los avances que las provincias ya han hecho

Pedrali manifestó que “una de las cosas que nos preocupa son las desregulaciones en el sector”, y destacó: “Nos alienta escuchar que a la secretaría le interesa el profesionalismo y la carrera en sí misma”.

Su par de bloque el sanjuanino Jorge Chica se sumó a las preocupaciones de desregulación y de “quitarle validez” a los guías turísticos y recordó el caso de la turista alemana Julia Horn que falleció en su provincia al hacer una expedición sola cuyo cuerpo fue hallado por la ayuda de los guías de turismo. “Es importante brindar un servicio de turismo y darle las seguridades a través de quienes han estudiado”, resaltó e informó que San Juan solamente tenía una capacidad del 25% de ocupación hotelera y 3000 empleados, pero despedidos mil porque “no se puede sostener su ocupación por la falta de desarrollo del turismo”.

El jefe del bloque radical en Diputados, el cordobés Rodrigo De Loredo, ratificó el respaldo a la Ley de Financiamiento Universitario y apuntó contra el Gobierno porque “estiran, patean, dilatan y han agravado la crisis Universitaria”, al tiempo que señaló que “es falso que esto pueda quebrar la ecuación del equilibrio fiscal”.

En la sesión de este miércoles, el radical planteó: “Si el problema es la baja tasa de egresados que tienen nuestras universidades que son 28 cada 100 alumnos, cuando en Brasil tenés 46, en Chile tenés 69, no estaría sobre nuestras bancas alguna propuesta tendiente a determinar si en algunas facultades o universidades debiéramos de tener más rigurosos exámenes de inscripción”.

“No estaría sobre nuestras bancas alguna propuesta que resuelva este flagelo que tenemos en la educación secundaria, en donde el 50% de nuestros egresados no terminan de comprender lo que leen y, finalmente, las trayectorias truncas en las universidades terminan dándole a esos estudiantes las herramientas que el secundario no dio”, apuntó.

Así, sumó: “Si lo que verdaderamente estuviera en discusión fuese la transparencia, el uso de los fondos del conglomerado universitario argentino y consideraran que es insuficiente la rendición de cuentas, por cierto, tardía de la Auditoría General de la Nación, estarían sobre nuestras bancas alguna propuesta para mejorar controles y auditorías de desempeño con metas”.

De Loredo señaló que, de esa manera, “habrían de haber integrado la Bicameral de Rendición de cuentas, habría cuanto menos conformado la AGN si, en definitiva, se trata de poner en discusión este valor tan sagrado que tenemos que la autonomía universitaria”.

“Si el problema es el financiamiento o la supuesta gratuidad, estaríamos discutiendo si habría que cambiar el criterio de las becas para la universidad o animarse a discutir si los graduados pudieran aportar con parte del Impuesto a las Ganancias y devolver en parte lo que le ofreció una universidad pública”, expresó.

En esa línea, siguió: “Sí lo que está en discusión son los objetivos científicos y de investigación, porque debieran de priorizarse aquellos que potencien la actividad económica social y no destinarse recursos económicos o humanos a investigar telenovelas o cine militante, habría alguna propuesta al respecto”. “Si lo que estuviesen discusión son aquellas universidades creadas al calor de la política, estaríamos analizando cuál de aquellas verdaderamente se vinculan con el apalancamiento productivo de la región de la que se trate y cuáles no”, propuso.

“Si estuviésemos discutiendo actualizar los contenidos universitarios, habría una propuesta de ustedes que proponga reducir las carreras, certificar conocimientos vincularlas con el mundo del trabajo. Si estuviésemos discutiendo equilibrar la oferta con los extranjeros, estaríamos cuanto menos discutiendo sea reciprocidad”, agregó.

En tanto, De Loredo apuntó: “Pero no hay sobre nuestras bancas una sola propuesta vinculada a ninguna de las reformas que, seguramente necesitan nuestro conglomerado de universidades argentinas, para mejorar lo que ya funciona mucho mejor que el resto del Estado y estaríamos discutiendo”.

“Lo único que estamos discutiendo es un ajuste. Estamos discutiendo eventualmente el tamaño del ajuste. Un ajuste que este bloque ha demostrado entender que es necesario en la Argentina para estabilizar la economía, pero nos embarga la pregunta de por qué han escogido arteramente que el ajuste sea para con el conglomerado de la universidad argentina de un 20% superior que el promedio del ajuste al resto del sector público. Si el resto del sector público perdió en un 50% con la inflación, por qué es que la comunidad universitaria Argentina perdió un 68% casi 20 puntos más”, criticó.

El radical alertó que “esconde esta decisión de financiamiento, una voluntad política que me gustaría que la pongan sobre la mesa de entender, que no quieren sostener un sistema público universal y gratuito. No lo sé si en el fondo es lo que quieren. Lo que sí sé, es que la serie de argumentos de reformas que necesitan las universidades no tiene una sola propuesta de ustedes”.

El cordobés recordó que hace 10 meses el bloque que “no pueden señalar de obstruccionista porque ha demostrado sobradas veces que está dispuesto a cooperar, viene bregando para que ustedes resuelvan este tema de la forma natural, por los canales normales por los cuales se tiene que resolver que es una paritaria con el sector docente, pero ustedes estiran patean dilatan y han agravado la crisis universitaria”.

“Es absolutamente falso que no hay una previsión de gasto para la propuesta esta porque claramente presupuestos que ustedes prorrogaron, en el artículo 130 exactamente prevé que el 1,33% del PBI tiene que estar dedicado al financiamiento educativo. Es falso que esto pueda quebrar la ecuación del equilibrio fiscal porque el 0,14 que prevé la Oficina de Presupuesto del Congreso equivale al 10% el superávit primario”, detalló.

De Loredo mostró preocupación por el “riesgo al que someten el prestigio de nuestras universidades con este discurso absolutamente lesivo por el uso político de estas agendas, de esta herramienta central. El desprestigio al que quiere someter esta herramienta por el uso político es algo que ya conocemos los argentinos”.

“El peligro en el que estamos es que, si triunfan unos, pareciera que se garantiza el estatus quo y nada tiene que cambiar en el sistema universitario argentino. Si triunfa el otro, vamos camino al desfinanciamiento de la sustitución de este modelo por un modelo excluyente y un modelo de Elite”, advirtió.

El jefe de la UCR señaló que las universidades son una “herramienta de acceso universal. Es una herramienta valiosísima para mezclarnos los argentinos, para aliviar nuestras fragmentaciones y dar una sustentabilidad social”.

“Me toca estar acá conduciendo un bloque en un momento de absoluta turbulencia política. En un momento de absoluta atomización y hemos usado hasta el último de los esfuerzos para llevar la totalidad de los votos. El bloque de la UCR va a insistir con esta ley de la cual fue autor y de esta ley que procura defender uno de los pilares, todavía en pie, que hace la movilidad social ascendente de la República Argentina”, cerró.

La Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación productiva de Diputados, a cargo de Daniel Gollan (UP), recibió este martes a una nueva ronda de invitados quienes debatieron acerca de iniciativas sobre el uso de inteligencia artificial en lo que fue el quinto encuentro informativo.

En ese sentido, Gollan dijo que la “idea es seguir con las opiniones y que los asesores sigan conectados con los expertos que exponen. Podemos tener uno o dos proyectos consensuados y avanzar con el tema”.

Por su parte, Juan Santiago, fundador y CEO Santex Group, empresa de soluciones tecnológicas con sede en California, Estados Unidos, contó que "hoy es una de las 5 mil empresas que más crece en EEUU exportando talento de Argentina. Tenemos en nuestras manos la posibilidad de definir los cimientos para que la IA impulse un cambio paradigmático en la sociedad”.

“Hay que repensar el establishment, esto significa repensar el sistema transaccional actual. Es posible cambiarlo para abrir posibilidades a cada vez más personas de Argentina al mundo”, aportó.

Emiliano Baum, ingeniero en software, Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), manifestó: “Hay muchas áreas de servicios que van a ser reemplazadas y ahí hay que poner el acento. El Estado tiene que tener una regulación activa para garantizar que no se vean afectadas las sociedades”.

“Es importante que se logre una legislación y un conjunto de regulaciones que permita que la IA sea una oportunidad de crecimiento para todos”, reflexionó.

En tanto, Agustín Caverzasi, CEO en Anyone IA, explicó que “estamos hablando del futuro del software y el impacto en los desarrolladores, nos pone un desafío, pero también representa una gran oportunidad para la Argentina. La IA está concentrado en tres grandes tipos de recursos para su desarrollo: hardware, datos y el talento”.

“Argentina es país que más crece en términos de desarrolladores, hay 500 mil desarrolladores en el país. Propongo un marco lo más flexible para atraer más inversión, es una oportunidad única para el país”, subrayó.

Damián Loreti, abogado, integrante de la Comisión Directiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), expresó que la “preocupación es que tipo de regulación se propone, el riesgo es que si formulamos algún tipo de regulación burbuja, que se autoabastezca y no dialogue con el resto de la legislación argentina”.

“Regular con una perspectiva de derechos implica adoptar estándares internacionales de derechos humanos como marco principal a cumplir por los operadores estatales y no estatales, reconocer la existencia de otras reglas vinculantes, es decir, como convive con la ley de protección de datos y la ley antidiscriminatoria”, entre otras dijo.

Asimismo, Micaela Sánchez Malcolm, ex secretaria de Innovación productiva, convocó a “tratar de evitar caer en esta grieta que nos fueron imponiendo respecto del desarrollismo versus la regulación porque básicamente forman parte de una misma estrategia”. Y se explayó sobre tres cuestiones para debatir en los proyectos, “enmarcados en el rol del Estado: soberanía tecnológica y desarrollo local; gobernanza regional; y la necesidad de generar instancias de formación y discusión ciudadana”.

Participaron, el diputado de la UCR, Facundo Manes; Diego Morales, integrante del CELS; Fernando Vargas, especialista Senior en Competitividad, Tecnología e Innovación del Banco Interamericano de Desarrollo; Andrés Piazza, abogado en materia digital, entre otros.

La titular de la Agencia de Acceso a la Información Pública, Beatriz Anchorena, se presentó este martes ante la Comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados, y afirmó que el Decreto 780/24, por el cual se modificó la reglamentación de la Ley 27.275, no fue ni redactado, ni impulsado ni avalado por la Agencia que conduce y culpó al Procurador del Tesoro de incentivar el decreto.

Anchorena inició su alocución destacando que “la argentina ha hecho, en lo que va del S.XXI, un importante progreso en materia de acceso a la información pública en consonancia con lo que ocurre en los países más avanzados intentando ponerse a la altura de los estándares internacionales”.

Así, remarcó que “el derecho al acceso a la información pública es un derecho humano fundamental establecido en la Declaración Universal de DD. HH y en la Convención Americana sobre DD. HH, el Pacto de San José de Costa Rica y tiene, por lo tanto, raigambre constitucional para nuestro país. Se le ha sumado leyes, decretos, fallos que han ido conformando un verdadero régimen, un sistema de acceso a la información pública robusto y con una modernización incremental que está en proceso de conformación por lo que es necesario cuidar, defender, fortalecer y apoyar”.

“Un avance fundamental ha sido la Ley 27.275 de Derecho al Acceso a la Información pública que crea la agencia y, también establece la ley, los principios, valores y procedimientos que rigen al derecho”, remarcó y agregó: “Garantizar que ciudadanía, la sociedad civil pueda reclamar y recibir información sobre las acciones del Estado constituye, además, la puerta de acceso a otros derechos económicos, sociales y culturales. También permite el control ciudadano sobre los poderes del Estado, promueve la transparencia sobre los actos del Gobierno y la rendición pública de cuentas”.

“Hoy defender el derecho a la información al igual que promover la participación ciudadana es defender la democracia”.

La funcionaria opinó: “estoy convencida que todos los actores constitucionales que participan en este tema de este campo, el Poder Legislativo, el Ejecutivo, el Judicial, la Agencia como autoridad de aplicación, las fuerzas políticas y la sociedad civil debemos comprometernos a consolidar el sistema, defenderlo de cualquier intento de cercenar sus valores fundamentales, sus conceptos esenciales, sus procedimientos críticos y su institucionalidad”.

Decreto 780/2424

Anchorena señaló que el derecho al acceso a la información tiene rango constitucional en el artículo 75, en el 2003 con Decreto 11/72, en el 2016 la Ley 27.275, en 2017 el Decreto 206 reglamentario y el DNU 746 que “poda la autonomía de la agencia”, en 2017 resoluciones con criterios orientadores, en el 2019 también, en 2021 ratificación de acuerdos, en 2023 proceso participativo de redacción de reglamento de gestión, solicitudes y reclamos, y en 2024 la resolución 76, 77 y 80 de la agencia y el DNU 780.

“Estamos hablando de un plexo normativo amplio que se tiene que interpretar de forma armónica”, defendió y sumó: “Hay que agregarle hitos de jurisprudencia que son de la Corte Interamericana de DD. HH y de la Corte Suprema de Justicia, como los fallos. También la Ley Modelo Interamericana de Derecho al Acceso a la Información Pública que trae a las organizaciones no gubernamentales como sujetos no obligados”.

“Tenemos los principios de la Ley 27.275 en su artículo 1 que son fundamentales a la hora de interpretar armónicamente el Decreto 780”, y dejó en claro que “materialmente y objetivamente la agencia no redactó, no impulsó, y avaló el decreto 780 y se puede ver claramente en el expediente”. “No tuvimos una intervención formal con un dictamen técnico ni jurídico propio, así como tampoco participamos de reuniones ni de mesas de trabajo”, agregó.

Anchorena hizo observaciones a la medida: “Acá hay una precuela del Decreto 780 que es el dictamen del Procurador del Tesoro del 23 de julio en donde recomienda que se redefina el concepto de información pública de la Ley 27.275”.

“El Decreto se caratuló en la presidencia, fue a la secretaria de Planificación Normativa donde se elabora un primer proyecto de decreto que va luego a jefatura de Gabinete y se gira al buzón general de la agencia una versión preliminar que no fue el que se terminó publicando en el Boletín Oficial de modificación del decreto reglamentario”, explicó y siguió: “Al tomar conocimiento la dirección de contenido y normativa de acceso a la información redactó comentarios sobre los puntos críticos a la espera de ser convocados a una mesa de diálogo, pero no fue posible llevarlo a cabo una reunión, ni una mesa de trabajo. Finalmente, la idea de que podamos subir las modificaciones no se pudo llevar a cabo porque el Decreto tenía que ser firmado ese día”.

Según Anchorena se “enteraron de la medida a través de la publicación del Boletín Oficial y ese mismo día teníamos programada una reunión con agencias”, y apuntó: “El Consejo de la Magistratura también tiene algo para decir, el Ministerio Público Fiscal también”, y sugirió poner en agenda la posibilidad de que el Congreso también cuente con una Agencia de Información Pública.

La funcionaria comentó: “Con las agencias llegamos a la conclusión de que el Decreto no era necesario porque contamos los instrumentos para administrar la atención entre la privacidad de los funcionarios públicos y el acceso a la información. Este plexo normativo nos da los instrumentos, pero de todas maneras el Decreto se debe interpretar de forma armónica con los principios y tratados internacionales y en ese sentido entiendo que se va a avanzar”.

Así, volvió a apuntar: “El dictamen del Procurador del Tesoro finaliza recomendando que se modifique la definición de información pública”.

La Agencia de Acceso a la Información Pública

Según contó Anchorena, la agencia se creó en el 2017 a fines de septiembre a un año de la aprobación de la ley. La Agencia es autoridad de aplicación, órgano garante y rector de la Ley de Derecho al Acceso de la Información pública y de la Ley de Protección de Derechos Personales.

El trabajo de la agencia está conformado por tres direcciones nacionales: acceso a la información, protección de datos y dirección nacional de evaluación de políticas de transparencia que “es reciente creación hace dos años”.

“La agencia tiene tan solo siete años, pero transcurrió por tres gestiones de gobierno diferentes”, resaltó y sumó: “Desde enero de 2021 a marzo de 2022 estuvo acéfala. Recién en marzo de 2022 se designó una nueva titular donde se comprometió por el contrato social ciudadano, legitimar la acción de la agencia a través de un acuerdo que promueve el compromiso entre el Estado y la sociedad, la construcción de capacidades estatales para que todos los sujetos obligados cuenten con las herramientas necesarias para concretar el acceso a la información pública, la transparencia y la protección de datos personales y sostener la autonomía que es la independencia de la agencia para ello la ley le otorga autarquía y autonomía”.

La funcionaria remarcó que los cuatro compromisos públicos que se asumieron “ya están cumplidos y son el fortalecimiento institucional, el presupuestario, el de recursos humanos y un plan estratégico 2022-2026”. También destacó el salto de calidad en política de transparencia y acceso a la información a través de un portal de transparencia, un nuevo índice de evaluación, nuevos programas y resoluciones que ordenan el sistema.

“El tercer punto constituyó a la actualización normativa de la protección de datos personales que ya se cumplió con el ingreso de un proyecto el mensaje 87/2023 que fue construido con 11 mesas de diálogo y consulta pública”, explicó y cerró al respecto: “El cuarto punto cumplido es la consolidación del Consejo Federal para la transparencia creado por el artículo 29 de la ley”.

Anchorena comentó que al asumir solo había en el Consejo Federal cinco jurisdicciones con representantes provinciales designados y, actualmente, hay 24 representantes y alternos designados con decretos de sus gobernadores que participan de la transparencia.

Sobre el Plan Estratégico 2026 planteó que cuenta con cuatro objetivos: promover y fortalecer el ejercicio del derecho ciudadano en la protección de datos personales y el acceso a la información pública, ampliar las capacidades regulatorias de gestión a nivel nacional y federal; impulsar la transparencia en la gestión pública y fortalecer las capacidades institucionales de la agencia.

Según informó desde octubre de 2017 a la actualidad hay 53.706 solicitudes de acceso a la información publica por lo que “se ha incrementado año tras año. Tenemos una tasa de respuesta del 93.8%, 14 días de promedio para dar respuesta. Desde 2023 empezamos a tener a los organismos que no pertenecen al ecosistema de la gestión documental electrónica”.

“En 2024 tenemos un total de solicitudes de 9.300 con una tasa de respuesta de 95,2%. El Ministerio de Economía es uno de las entidades que más recibe consultas; jefatura de Gabinete, Capital Humano, Salud”, detalló y resaltó que la agencia tiene una “centralización normativa, pero descentralización operativa”.

Un plenario de las comisiones de Legislación Penal y de Familias, Niñez y Juventudes de la Cámara de Diputados se encamina a dictaminar, con modificaciones, el proyecto de ley que busca tipificar el delito por compra y venta de menores, a la vez de establecer duras penas, que viene con media sanción del Senado.

El encuentro se dará este martes a las 17.30 en el Salón Delia Parodi del Palacio Legislativo. Según pudo saber parlamentario.com habría consenso por unanimidad para introducir los cambios propuestos la reunión pasada y emitir dictamen.

Una vez finalizado el plenario, la Comisión de Legislación Penal iniciará el debate sobre los proyectos presentados que proponen modificaciones al Código Penal de la Nación en los artículos 186 y 189 sobre delitos contra la seguridad pública producidos por incendios a raíz de lo ocurrido en Córdoba y San Luis.

La titular de la Agencia de Acceso a la Información Pública, Beatriz Anchorena, fue convocada a la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados este martes 8 de octubre. La reunión será a las 13 en el Salón Delia Parodi, mismo día en que arrancará el debate por el Presupuesto 2025.

La presencia de la funcionaria había sido requerida días atrás, vía una nota formal, por diputados de la oposición dialoguista: la radical Karina Banfi; el cívico Juan Manuel López; Silvana Giudici y Silvia Lospennato, del Pro; y Miguel Pichetto y Oscar Agost Carreño, de Encuentro Federal.

En la solicitud enviada al presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el oficialista Nicolás Mayoraz, los legisladores consideraron que “sería menester que brinde información pertinente al decreto 780/24, debido a los planteos en la opinión pública y de los diputados que integran este cuerpo acerca de la viabilidad constitucional de la reglamentación efectuada por el Poder Ejecutivo a la Ley 27.275”.

El pasado 4 de septiembre, durante la presentación Guillermo Francos, varios diputados consultaron al jefe de Gabinete sobre el decreto. Algunos, como Banfi, reclamaron directamente su derogación. En esa oportunidad, el funcionario dijo que “no hay ninguna intención del Gobierno nacional de limitar el acceso a la información pública” y abrió la puerta a una revisión del mismo. Pero más tarde, desde Casa Rosada, el vocero Manuel Adorni avisó que no se harían cambios. Sin embargo, la preocupación en torno a las modificaciones en el acceso a la información pública fue trasladada también, en reuniones con funcionarios, por los aliados del Pro. Más precisamente en el encuentro que tuvieron con Karina Milei, cinco días después del paso de Francos por el Congreso, y cuando el jefe de Gabinete se encontraba internado.

Tras su publicación, el decreto 780/24 sumó cuestionamientos no sólo desde el Congreso, sino por parte de distintas asociaciones, organizaciones, entidades periodísticas y Defensorías del Pueblo de todo el país.

El bloque de la UCR presentó un proyecto de declaración de rechazo; la CC-ARI propuso su derogación; mientras que Unión por la Patria y Encuentro Federal presentaron sendas iniciativas para declararlo “nulo de nulidad absoluta e insanable” por haberse arrogado el Ejecutivo atribuciones del Poder Legislativo en los cambios introducidos.

A través del decreto, el Gobierno excluyó de la información pública el pedido sobre datos del ámbito privado de los funcionarios, “especialmente” cuando la solicitud pretenda “ingresar a una esfera típicamente doméstica”.

Entre los cambios, se redefine el concepto de “documento” para que las deliberaciones preparatorias, papeles de trabajo y exámenes preliminares de asuntos gubernamentales no sean considerados de carácter público.

Otra de las modificaciones que encienden las alarmas tiene que ver con que se establece que debe respetarse el principio de “buena fe”, o de lo contrario se podrá entender que existe un “abuso del derecho” remitiendo al artículo 10 del Código Civil.

La Cámara baja oficializó la convocatoria a sesionar este miércoles a partir de las 11 para debatir el veto presidencial contra la Ley de Financiamiento Universitario. Tres pedidos fueron realizados por distintos bloques de la oposición un día después de la gran marcha universitaria reclamando por la vigencia de la norma.

Luego que ingresara formalmente al Congreso el decreto 879/24, publicado en el Boletín Oficial, se presentaron tres solicitudes para tratar el tema. Según supo parlamentario.com, Encuentro Federal, la bancada presidida por Miguel Pichetto, quería que todos los bloques suscribieran juntos, pero desde la conducción del bloque de la UCR no querían dejar la firma estampada junto a Unión por la Patria.

Así las cosas, el primer pedido enviado al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, fue el de los radicales. La segunda solicitud fue la de Encuentro Federal junto a la Coalición Cívica, Movimiento Popular Neuquino y Por Santa Cruz, y la tercera de UP. Todos para el mismo día y horario, con lo cual la nota suscripta por el secretario Parlamentario, Adrián Pagán, hace referencia a las solicitudes formuladas por Rodrigo de Loredo, Miguel Pichetto y Germán Martínez para "considerar el expediente 17-PE-2024, Mensaje Nro. 0057/2024 de fecha 2 de octubre de 2024, comunicando el dictado del Decreto 879/2024, por el cual se observa totalmente y se devuelve el Proyecto de Ley registrado bajo el N° 27.757".

Aunque el oficialismo cuenta con el antecedente reciente a su favor de haber logrado sostener la decisión del presidente Javier Milei en torno a la ley que recomponía jubilaciones, con la ayuda de los bautizados “87 héroes”, el panorama no parece en este caso favorable -por ahora- para La Libertad Avanza.

Si hubiera asistencia perfecta, el oficialismo debería reunir 86 voluntades en contra de la insistencia de la ley. Pero los números necesarios, tanto para un lado como para el otro, disminuyen a medida que hay ausentes (con dos tercios de los presentes se lograría ratificar la ley). Así, con que al Gobierno le falte alguno de sus “héroes”, estaría complicado. Envalentonamiento o ingenuidad para el oficialismo haber creído que ese tercio que logró el pasado 11 de septiembre se convertiría en un mágico número automático.

Dentro de los apoyos que buscará LLA están los cinco diputados de la UCR que, polémicamente, acompañaron a blindar el veto de la movilidad jubilatoria. Después de eso, sumado a la causa universidades, por la cual el partido centenario levanta bandera, se encuentran aún más presionados. En la votación original dos de ellos estuvieron ausentes y los otros tres votaron a favor de la ley. Si alguno no votara esta vez junto al Gobierno y además se ausentara, colaboraría con la oposición. Dentro de la bancada radical aseguran que están “trabajando uno a uno los votos para la insistencia”.

También es mirado con atención que harán los ocho integrantes de Innovación Federal, que responden a los mandatarios de Salta, Misiones y Río Negro. En el caso jubilaciones, pasaron del voto a favor a la abstención. A la Ley de Financiamiento Universitario la acompañaron positivamente. Los salteños están dispuestos a ratificar el voto a favor, según lo anunció la propia jefa del bloque, mientras que los demás todavía no se sabe. Aunque este lunes hubo definiciones por parte de un misionero.

En este marco, LLA tuvo este lunes una buena noticia, al anunciar el Pro que apoyará el veto. Amén de algunos díscolos, como el larretista Álvaro González y Héctor Baldassi, ausentes en la primera votación, que ya dieron indicios de que votarán en contra del veto. El porteño participó de la marcha de este miércoles, mientras que el cordobés publicó un sugestivo mensaje en sus redes. Cuando salió la media sanción hubo además otros cuatro legisladores del Pro ausentes. Este miércoles podría haber más que disientan con la postura oficial del bloque.

La Ley de Financiamiento Universitario fue aprobada el pasado 15 de agosto en la Cámara de Diputados por los bloques de Unión por la Patria, UCR, Encuentro Federal, Innovación Federal, Coalición Cívica, Por Santa Cruz y Movimiento Popular Neuquino.

Las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y la de Energía y Combustibles de Diputados, se reunieron este miércoles para iniciar el debate sobre el proyecto que busca la implementación presupuestos mínimos de protección ambiental de gestión de emisiones de metano en el sector de hidrocarburos.

En el encuentro disertaron  expusieron sobre la temática Mariela Beljansky, subsecretaria de Transición y Planeamiento Energético de la Secretaría de Energía de la Nación, del Ministerio de Economía; Juan José Rivera, secretario de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable de la Provincia de Chubut; Gladys González, asesora del Gobierno de Chubut y senadora mandato cumplido; Marcelo Mena, CEO de Global Methane Hub, Foro Global del Metano; y Juan Pablo Letelier, de la plataforma Parlamentaria de Acción por el Metano.

En el inicio de la reunión, el titular de la Comisión de Ambiente, el puntano Carlos D’ Alessandro (LL), explicó: “Estamos en esta primera informativa conjunta para tratar el proyecto de ley de presupuesto mínimo de metano, de autoría del diputado Maquieyra”.

El proyecto de ley del diputado del Pro tiene como objeto “establecer los presupuestos mínimos de protección ambiental para una adecuada gestión de las emisiones de gas metano (CH4) en las actividades de exploración; explotación; transporte y refinación de hidrocarburos, con la finalidad de reducir su impacto sobre el ambiente; y de conformidad con lo establecido por el Artículo 41 de la Constitución Nacional”.

La titular de la Comisión de Energía, la libertaria Lorena Villaverde (Rio Negro), celebró la convocatoria que “está centrada en poder analizar y brindar un marco informativo sobre la importancia que tiene la reducción de emisiones de metano que es prioridad por lo que tenemos que trabajar en esos marcos regulatorios que motiven a lograr los objetivos planteados”.

“El debate debe ser profundo y profesional, sin anteojeras políticas siempre pensando en el desarrollo del país y el bien común”, cerró.

La primera expositora fue la subsecretaria de Transición y Planeamiento Energético, Mariela Beljansky, quien informó que “las emisiones del sector representan el 50% de gases de efecto invernadero”. También sugirió que “la autoridad de aplicación no debe ser Ambiente”, y se quejó que el tema “estaba en la Ley Bases, pero en la negociación se quitó”. Además, comentó que están trabajando en el diseño de un mercado de derechos de emisión conocido como ‘Cap and Trade’.

Sobre este punto, el diputado Maquieyra consideró “razonable” el planteó de la funcionaria de dónde debería estar la autoridad de aplicación que lo lleve adelante. “Naturalmente, este proyecto podría ser energía relacionado con ambiente. Cuando se lo quitó de la Ley Bases decidimos impulsar el proyecto porque el metano es lo que más efecto puede tener”, señaló.

Luego, fue el turno de Juan José Rivera, quien señaló que “cada provincia tiene su estructura propia de producción de metano”, y sumó: “Creemos que el proyecto es beneficioso, nos organiza, entendemos que ambiente es la herramienta para coordinar con el resto de las áreas y que las decisiones las tenemos que tomar porque las cosas están pasando ahora”.

“Estamos dejando afuera otras industrias como agricultura que es un gran generador de gases de efecto invernadero y nos hemos olvidado de mencionar una problemática como el manejo de residuos urbanos y aguas residuales”, planteó, al tiempo que manifestó que Ambiente debe estar presente: "El eje principal debe pasar por esa área".

El Secretario de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable de la Provincia de Chubut habló de su provincia. “Tenemos una estructura muy particular de producción de gases de efecto invernadero: más del 83% proviene de la industria de hidrocarburos, 9% de agricultura, un 7% del resto de la industria y el 1% de los residuos y de las aguas residuales. Ahí decidimos avanzar con una resolución, junto a las industrias, que tuvimos puntos de encuentro y han entendido que es para elevar los estándares de calidad”, precisó.

Gladys González, asesora del Gobierno de Chubut y senadora mandato cumplido, remarcó que “este proyecto es muy técnico que era imposible hacerlo sin equipo técnico de las operadoras y de la gente que realmente sabe de intensidad de emisiones, sobre todo el proceso de exploración, explotación, transporte y refinamiento del sector”. Asimismo, instó a que se obligue a reportar las emisiones debido a que “los datos que tenemos son sobre factores y están muy lejos de la realidad exacta de lo que se emite”.

Virtualmente, el ex ministro de Ambiente de Chile, Marcelo Mena, CEO de Global Methane Hub, Foro Global del Metano, a modo de repaso sostuvo que “a nivel global, el 40% de las emisiones metano vienen del sector fósil y el 60% de la producción de alimentos y sus residuos. En Argentina esto cambia, el porcentaje de alimentos y sus residuos es mayor, así también es la región latinoamericana”.

Según Mena las razones para apoyar la normativa son la de “tener un marco regulatorio predecible que defina un peso mínimo mejora inventarios, la gestión de los recursos y las prácticas”.

Por último, hizo uso de la palabra Juan Pablo Letelier, ex senador chileno, de la plataforma Parlamentaria de Acción por el Metano. “El metano es el gas de efecto invernadero que más está impactando hoy en el cambio climático, atrapando 80 veces más calor que el CO2”, recalcó al tiempo que pidió “avanzar aún más en la reducción de la emisión de metano de sus tres fuentes: sector energético, sector de gestión de residuos y la agricultura”.

También, destacó “la importancia de tener datos concretos, fidedignos, entendiendo que el objetivo que buscamos es controlar las emisiones de las industrias y, para eso, necesitamos que haya responsabilidad objetiva legalmente hablando”.

La subsecretaria de Transición y Planeamiento Energético de la Nación, Mariela Beljansky, disertó ante un plenario de las comisiones de Ambiente y Energía de Diputados en el arranque del debate sobre el proyecto de presupuestos mínimos de protección ambiental de gestión de emisiones de metano en el sector de hidrocarburos.

La funcionaria destacó la importancia de reducir las emisiones de metano porque “el sector de petróleo y gas que siga creciendo y crezca más porque no nos sirven de nada los recursos si están enterrados, sino que tenemos que poder utilizarlos. Para el gas natural hay una ventana temporal que es imprescindible tratar de aprovechar al máximo para generar riqueza”.

“Argentina pretende ser un país netamente exportador y la demanda, tanto de hidrocarburos como de otros bienes que la Argentina puede producir y exportar, requiere del cumplimiento de compromisos de gases de efecto invernadero”, señaló y agregó que el país debe “cumplir” con los compromisos como, por ejemplo, no exceder las 349 megatoneladas netas absolutas del inventario del 2030 que es el compromiso “legal vinculante” por Ley en 2016 el Congreso ratificó la suscripción del acuerdo de París.

Beljansky destacó que esta gestión de Gobierno “por primera vez” crea en su estructura que es una subsecretaría de transición en la órbita de Energía bajo el Ministerio de Economía a fin de tener “una mirada y abordaje integral de la transición hacia economías más bajas en carbono. En dicho ministerio están representadas el 90% de las emisiones de efecto invernadero del país. Las emisiones del sector energético nada más representan el 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero”.

“Hay que tratar de hacer la transición hacia una economía más baja en carbono, una oportunidad para ser un país netamente exportador porque no hay que olvidarse que es parte de lo que pretendemos para que Argentina tena mucho más nivel de producción económica y exportación y tener confiabilidad para poder acceder a financiamientos”.

La funcionaria explicó que dentro de las misiones de la secretaría “están enfocadas en establecer una asignación de derechos de emisión de gases de efecto invernadero que resulten compatibles con el cumplimiento del acuerdo de París en la proporción en que, cada quien que emite, tiene que hacerse responsable de sus emisiones, pero a su vez, es libre de cumplir con no superar ese umbral de derechos de emisión como quiera”, y sumó: “También para hacer que la transición sea más costo efectivo, justamente para tratar de poder crecer con la menor cantidad de limitaciones. No auto imponernos más limitaciones que, la demanda de productos y del cumplimiento de los acuerdos que tenemos suscriptos, nos requiera”.

La expositora contó que establecerán un mecanismo de Mercado de derechos de emisión de gases de efecto invernadero conocido como “Cap and Trade”. “En eso venimos trabajando desde el 11 de diciembre del año pasado y hemos avanzado bastante en ese sentido en el diseño del esquema de asignación de derechos de emisión y en el esquema de mercado de derechos de emisión”, comentó y explicó que han hecho una presentación de interés para tener la cooperación del Banco Interamericano de Desarrollo.

“Hay 38 ‘Cap and Trade’ vigentes operativos en el mundo 14 países que están evaluando implementarlo básicamente porque ha demostrado ser un instrumento que pone un precio al carbono que resulta más efectivo y que aumenta la productividad de las Industrias o de los sujetos obligados”, informó y planteó: “Estamos en un momento donde Argentina justamente quiere crecer y hay que tratar de crecer de la manera más inteligente para poder cumplir también con los requerimientos de nuestros compradores de bienes y productos que queremos exportar”.

Sobre el proyecto de ley, puso el foco en la autoridad de aplicación que establece que sea Ambiente: “En realidad es una ley que está dedicada y enfocada en el sector de exploración, explotación y todo lo que tenga que ver con el gas y, en realidad eso está dentro de las competencias que tiene la Secretaría de Energía”.

Sin embargo, propuso que “puede ser una responsabilidad compartida porque energía y ambiente en muchos casos se interrelacionan”, pero reiteró: “Las misiones y funciones de la Secretaría de Energía está generar todos los instrumentos para ver que ese sector energético sea sustentable en términos económicos, pero también en términos ambientales”

Así, adelantó que el ‘Cap and Trade’ sobre el que están avanzando está enfocado en implementarlo en el sector energético, pero “aspiramos realmente a poder extenderlo a otros sectores de la economía que va a tener sus propias reglas de juego”, y precisó: “Lo que nosotros estamos aspirando es en diseñar de manera muy participativa con las compañías cómo vamos a hacer nuestras ecuaciones para ver cuáles son las emisiones que cada uno de esos sujetos obligados está emitiendo para ver si cumplió o no cumplió con el umbral asignado”.

“La Argentina tiene que reportar su inventario Nacional de gases de efecto invernadero. El inventario tal como se hace en este momento no captura muchas de las implementaciones que son el más costo efectivas para la industria de petróleo y gas a la hora de reducir emisiones básicamente, porque usamos un factor de misiones por defecto para producción de sheil y un factor de misiones por defecto para producción de hidrocarburos convencionales y multiplicamos actividad productiva o volumen de producción por ese factor de emisiones por defecto”, explicó Beljansky, pero señaló: “La verdad es que eso no captura posibles medidas que las compañías pueden implementar. Entonces no hay un incentivo real, eso no se ve reflejado porque simplemente se multiplica un dato de actividad por un factor de emisiones que no lo está capturando”.

“El país tiene el compromiso de no exceder las 349 mega toneladas netas absolutas”

Otro de los puntos del proyecto que le generó preocupación, es si la autoridad de aplicación es Ambiente “puede tener sus reglas de cálculo que, en principio, son las del inventario y, entonces, no se van a ver reflejadas las medidas que las compañías van a estar implementando y, por otro lado, van a tener una manera de reportar cuál es su nivel de emisiones asociados con el ‘Cap and Trade’ que va a estar operativo”, y sugirió: “Lo más razonable es que las reglas de juego y la manera de reportar de las compañías sea única. No dupliquemos esfuerzos, pero me parece que en el ‘Cap and Trade’ vamos a establecer cómo son las reglas para poder implementarlo”.

“Me parece fundamental que la autoridad de aplicación sea la misma autoridad que está implementando el ‘Cap and Trade’ para el sector energético, que al fin y al cabo es la que genera la normativa técnica o la reglamentación de detalle para ver cómo se van a reportar o a declarar o a verificar o a controlar las emisiones de metano en este caso, pero en realidad nosotros lo haríamos para todas las emisiones no solo asociadas a metano”, consideró.

Otro punto que señaló de la iniciativa es la compensación de créditos y explicó: “El que hizo las cosas bien antes, ahora no se le está pidiendo un poco más, sino que justamente, no perjudicamos al que innovó y, por el otro lado, que tenemos sí o sí que dejar derechos de emisión gratuitos para nuevos volúmenes de producción o para nuevos actores para que esto no se convierta en algo que pueda hacer una barrera de ingreso, pero para eso necesitamos una actividad muy comprometida de las empresas para tratar de entender. No se busca perjudicar a nadie, pero saber que tenemos que hacer nuestro desarrollo y tener un crecimiento con estas condiciones de borde”.

Así, celebró que “haya iniciativas como éstas que están alineadas en tratar de tener un desarrollo económico y de un sector que entiendo que va realmente a explotar. Va a ser un sector que va a tener muchísimo crecimiento en los próximos años y es fundamental que hagamos las cosas también para que el mercado esté dispuesto y esperando nuestros productos y no que empecemos a generar algún rechazo de algún tipo”.

“Estamos en el momento correcto y, si hacemos las cosas bien, hay una ventana temporal para valorizar nuestros recursos de hidrocarburos fenomenal y la verdad que insisto en que me parece valioso”, destacó.

Por otro lado, hizo algunas consideraciones respecto de la redacción como por ejemplo las compensaciones: “Acá se habla como de forestar con especies nativas. En realidad, nuestro inventario nacional habla de emisiones netas absolutas. No me gustaría que en nuestro ‘Cap and Trade’ no va a haber una limitación de que alguien compense con especies nativas. Se puede compensar con cualquier cosa que capture porque, insisto, nuestro compromiso país está sobre misiones netas absolutas de no exceder ese 349 en el inventario 2030”.

Beljansky cuestionó que el tema “efectivamente estaba en la Ley Bases que en algún momento de la negociación se quitó. Si me hubieran preguntado yo no le hubiera quitado”.

En tanto, indicó que “ya estaba dentro de las funciones de la secretaría hacer instrumentos sectoriales para cumplir con mitigación o adaptación frente a escenarios climáticos futuros”, y manifestó que la intención era que estuviesen todos los sectores involucrados y no solo el sector de energía.

Así, planteó que uno de los pilares del sector era “encarar la transición energética, no copiando un modelo de otros países, sino haciendo un propio modelo entendiendo que el sector energético tenía que tener un perfil netamente exportador con un crecimiento muy importante. Para eso teníamos que mostrar sustentabilidad económica, pero sustentabilidad ambiental también porque gran parte de nuestros producidos van a mercados que están también mirando”.

La Cámara de Diputados dio media sanción por 142 votos a favor, 89 en contra y 1 abstención -de la diputada de UP Ana Aubone-, a un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo sobre la regularización de la tenencia de armas y una nueva prórroga del Programa de Entrega Voluntaria.

La iniciativa, que ingresó en mayo pasado y ahora deberá tratarse en el Senado, plantea por un lado un procedimiento de regularización de la tenencia de armas de fuego en todo el territorio nacional para aquellas personas humanas o jurídicas que posean armas de fuego de uso civil o de uso civil condicional o sus repuestos principales, que no se encuentren registrados de conformidad con la normativa vigente.

Para esto habrá un plazo de 360 días, y quien posea armas no autorizadas deberá presentarse ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), organismo que a su vez deberá realizar una intensa campaña de difusión a los efectos de informar sobre la ley.

Por otra parte, se propone prorrogar desde el 1ro. de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2027 el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego. Y se establece que la entrega será, además de voluntaria, anónima y a “cambio de un incentivo”. Esto último, el Poder Ejecutivo lo explicitó en los fundamentos.

Según datos oficiales, se estima que hay cerca de 800 mil armas que están en una situación irregular. La última prórroga de este programa se había votado en septiembre de 2022, con una extensión hasta el 31 de diciembre de 2023.

A través del jefe de bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, y las intervenciones de sus pares de bancada Matías Molle, Juan Manuel Pedrini, Pablo Yedlin y José Glinski, desde la oposición propusieron incorporar el artículo 2 del dictamen de minoría.

El vicepresidente de la Comisión de Legislación Penal, Martín Soria, procedió leer la propuesta de redacción del mencionado artículo: "La entidad estatal deberá dictar normas para establecer normas del programa de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, agregando una campaña de difusión de los alcances de la ley", y agregó que “en caso de armas no registradas serán guardadas en los depósitos del Registro Nacional mientras dure el proceso de regularización”. En caso de no avanzar con el blanqueo de armas, “la agencia deberá dictar la destrucción de ese material”, explicó. Finalmente, Rodríguez Machado no dio lugar a la incorporación. La votación en particular de dicho artículo resultó con 125 votos afirmativos, 94 negativos y 13 abstenciones.

La palabra de los Diputados

En el rol de miembro informante, la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado (Pro), explicó el plan de regularización de armas de fuego y la prórroga del programa de entrega voluntaria de armas: “Tener un arma es legítimo hace 50 años en Argentina, pero para ser legitimo usuario hay que cumplir requisitos físicos, psicológicos, informar el arma, que no esté buscada por cuestión delictiva y que el usuario no tenga causas penales”.

Como una de las problemáticas que este proyecto viene a resolver, señaló que “en pandemia no se pudieron renovar muchos registros de armas, el cual es cada cinco años”. En tal sentido, aclaró que “tenerla no registrada es incurrir en un delito”. Allí indicó que la propuesta trae “dos soluciones”.

En primer lugar, se refirió a una “entrega voluntaria de armas que se dejaron de usar por la cuestión que sea” y nombró a aquellas que no fueron renovadas o se usaron con fines de caza deportiva. En este caso, Rodríguez Machado auguró por la reducción de armas en la sociedad.

La segunda solución explicada por la diputada cordobesa fue por la regularización de armas no registradas, sin embargo, aclaró que “no estamos modificando la portación de armas porque es otra normativa”. “Estamos normalizando el legítimo usuario o autorizar que se entregue un arma”, amplió.

A continuación, el vicepresidente de la Comisión de Legislación Legal, el rionegrino Martín Soria (UP), informó: “En argentina se producen 8 muertes por día a causa de armas de fuego. 1 de cada 4 femicidios son cometidos con armas de fuego.  Es en este contexto que resulta una obligación y un deber que el Estado nacional, a través de los poderes, profundicen las políticas tendientes a eliminar la circulación de armas de barrios”.

“Cada arma que se logra sacar de las calles constituye una acción directa para construir una sociedad más segura para todos los argentinos”, destacó y recordó que el Programa de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego “sin vigencia desde el 31 de diciembre del año pasado”, fue creado a través de la Ley 26.216 en el año 2007 bajo la presidencia de Kirchner y “desde esa fecha fue renovado sucesivamente”.

Soria resaltó que su vigencia a lo largo de los últimos 15 años constituye “una política pública de desarme voluntario de todo el Estado Nacional y una política pionera debemos decirlo en nuestro continente”, tras lo que Argentina recibió una distinción por parte de la Oficina de Asuntos de Desarme de Naciones Unidas.

El rionegrino criticó que durante la gestión de Mauricio Macri “no se destruyó ningún arma de fuego”, pero se recuperó durante 2021 y 2023 “destruyéndose más de 45.000 armas de fuego y más de 10 toneladas de municiones”. Así, celebró que el Gobierno haya “desechado” el texto original que envió en mayo al Congreso y “llegue a este recinto un nuevo texto que va en línea con los aportes y con la postura del bloque de Unión por la Patria, que fue proponiendo en el trabajo de comisiones y que se plasmó en muchos de los artículos que forman parte también del dictamen de mayoría”.

“Los estudios serios confirman que, a mayor cantidad de armas de fuego en una sociedad, mayor cantidad de muertes con arma de fuego considerando homicidios, suicidios y accidentes con ella”, planteó Soria y volvió a destacar que el oficialismo fomente el desarme de la sociedad civil y se informe de los peligros inherente a la tenencia de armas.

“Actualmente se estima que hay casi 800.000 armas en situaciones regular en la Argentina”, precisó y comentó que en ambos dictámenes se introdujo la obligatoriedad de iniciar el trámite de legítimo usuario de arma de fuego a todas las personas para que “se vayan acogiendo a la regularización de esa tenencia”. También destacó que se haya eliminado la creación de la figura del depositario legal que permitía que cualquier persona, sin siquiera ser legítimo usuario de un arma, pueda declararla. Además, ponderó que se quitó la intención de legalizar un mercado ilegal, la posibilidad r de que Ejecutivo pueda prorrogar el periodo de regularización de armas sin el consentimiento del Congreso Nacional.

El diputado de UP informó que en el año 2023 ANMAC realizó tres mil inspecciones a usuarios comerciales en la Argentina y se inhabilitaron aproximadamente más de 100 armerías en por incumplimientos y distintas infracciones que fueron detectadas por la autoridad de aplicación.

“No vamos a poder estar acompañando el dictamen de mayoría y por eso hemos presentado un dictamen de minoría. Se centra básicamente en un punto muy importante y es la posibilidad de las regulaciones exprés que genera el dictamen de mayoría porque se permite que una persona sin autorización pueda tener armas en la Argentina. Al dictamen le falta el control y la fiscalización de la ANMAC porque el registro se puede hacer, según el proyecto del oficialismo, de forma digital sin control alguno”, argumentó y cerró: “Vamos estar votando en contra en general y vamos, seguramente, a acompañar algunos artículos que fueron producto del trabajo en comisiones y de nuestro bloque”.

A su vez, el tucumano Pablo Yeldin (UP) relacionó el tema con la concientización del suicidio y explicó que es “la segunda causa de muerte en chicos de 11 a 17 años”. También, remarcó: “Tenemos un presidente que dice que la liberación de armas es buena para alivianar los controles de las armas de fuego, pero vengo a poner en alerta este tema”.

Con relación a la problemática traída a debate, amplió que “en el último año en Argentina fueron 394 y la pandemia empeoró los suicidios”. “vengo a dejar escrito que si nosotros aumentamos la portación de armas, los suicidios van a ocurrir y está demostrado que facilitar armas de fuego, facilita el suicidio”, concluyó.

Por el oficialismo, el diputado Santiago Santurio destacó que el proyecto tiene una entrega voluntaria y una regularización excepcional de gente que tiene “armas de manera irregular, no estamos discutiendo la portación, no está en el debate”.

“Esto es algo que ya viene de años que la persona que tiene armas va de forma voluntaria y las entrega. Por otro lado, se busca regularizar las armas que están en tenencia de forma irregular que, según las cifras, son 800 mil”, manifestó.

Con un recorrido histórico en su discurso, la diputada nacional Silvia Lospennato (Pro) celebró la llegada al recinto del proyecto de BUP porque “va a disminuir la corrupción”, y acusó al kirchnerismo de obstruir la iniciativa durante 17 años en el Congreso: “Les preocupa porque disminuye el peso del dinero en la contienda electoral”.

A la hora de su disertación en la sesión de este martes en la Cámara baja, la macrista informó: “Hoy hace 6.149 días que por primera vez se presentó en este Congreso el primer proyecto de BUP el 5487-D-2017 con la única firma del diputado Pablo Tonelli del Pro. En ese momento el bloque tenía una decena de diputados en esta Cámara y, obviamente, el proyecto nunca llegó a tratarse ni siquiera en comisión”, y resaltó: “Casi 17 años que esperamos que llegue este día. Esta historia es tan larga y este día tan especial que vale la pena recordar cómo llegamos hasta acá todos los argentinos”.

Así, recordó: “Una historia que empezó con ese proyecto en momentos donde nos consideraban un fenómeno barrial y que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner nos mandaba a armar un partido y a ganar elecciones. En un futuro habría que tener más cuidado con subestimar a las fuerzas políticas”.

Lospennato sumó: “En 2009 el kirchnerismo perdió las elecciones de la provincia de Buenos Aires con el empresario Francisco de Narváez que le ganó a la boleta de Néstor Kirchner, Daniel Scioli y Sergio Massa, en ese momento militaban juntos. Cuando ganó De Narváez de manera contundente en la provincia muchos creímos que el ciclo político cambiaba para siempre, pero dos años después el kirchnerismo sacó el 54% de los votos”.

“La segunda lección es que no aprendimos, porque en el 2015 cuando el presidente Mauricio Macri ganó las elecciones con JxC creímos que había ganado y cambiado para siempre el ciclo político en el país, peor en el 2019 con el 48% de los votos el pasado volvió. Ojalá no tropecemos tres veces con la misma piedra”, bregó.

La diputada del Pro criticó que el kirchnerismo cambió la ley electoral e incorporó las PASO “obligando a todos los argentinos a financiar las internas partidarias de todos los partidos políticos con fondos públicos y obligándolos a votar en las internas. Es esa conjunción de las PASO con la obligación del Estado de pagar por las boletas lo que multiplicó el número de fuerzas que se registraban, a veces sin ningún tipo de representatividad, a hacerse de fondos públicos”.

“En esa reforma del 2009 de BUP ninguna palabra. Ese mismo año las ONG iniciaron campañas ciudadanas reclamando la boleta única, pedían la modernización del instrumento electoral que estaba por cumplir 100 años. Por supuesto, este Congreso, integrado mayoritariamente por el kirchnerismo en ambas cámaras hizo oídos sordos”, acusó.

“Del 2009 al 2015 el kirchnerismo acérrimo enemigo de BUP obstruyó cada intento de que el tema se tratara en el Congreso y fue recién en el 2015, cuando Macri llegó al poder, que empezamos a sembrar la semilla del cambio. En el 2017 tuvo media sanción el proyecto para introducir boleta electrónica que fue cajoneada en el Senado con mayoría kirchnerista”.

Lospennato contó que “a mediados del 2022 cuando todas las fuerzas políticas no kirchnerista, porque esa fue la única fuerza política que votó en contra, nos decidimos a unificar los 21 proyectos de ley de todos los partidos que estaban en esta casa. Los partidos que formamos JxC el Pro, la UCR, la CC, pero también el partido socialista, los diputados de Córdoba Federal, los diputados provinciales de Rio Negro, Neuquén, Santa Cruz, Tucumán, Salta”.

En tanto, destacó que “ese gran acuerdo del 2022 nos permitió vencer la resistencia del oficialismo. Yo cerré ese debate anticipando que nos iban a dormir por 2 años la boleta en el Senado. Ya sabíamos porque tenían mayoría, pero también les dije en aquel momento que, si una fuerza política distinta ganaba las elecciones, esa media sanción nos iba a servir para que pudiéramos tener ley de boleta única en la Argentina y no me equivoqué, eso es lo que estamos haciendo hoy recuperando ese gran acuerdo pluripartidario que hicimos en el 2022”.

“Habrá boleta única en la Argentina porque una mayoría multipartidaria logró privilegiar lo que tenemos en común frente a lo que nos diferencia, pero estos cambios solo los consolida el tiempo y los ciudadanos”, ponderó y manifestó: “Hay dos verdades que los politólogos conocemos respecto al sistema electoral, la primera es que no hay reformas neutras y la segunda que ningún sistema por más amañado que sea si se garantizan elecciones libres puede contra la voluntad popular”.

La diputada destacó que “hay tres grandes beneficios de la de la boleta única: el primero es una ley que asegura la libertad de los electores de elegir qué es lo que quieran; es una ley que asegura la igualdad de los partidos políticos de que estén todos en el cuarto oscuro, pero sobre todo es una ley que mejora la integridad del sistema político argentino, algo de lo que no hablaron tanto hasta ahora”.

“Claramente no es ni a la libertad, ni a la igualdad en el sistema político que se opone a los que se oponen, sino que lo que les preocupa es que este es un sistema más transparente que asegura más integridad porque disminuye el peso del dinero en la contienda electoral”.

La macrista comparó: “Con este sistema el Estado paga las boletas a cualquier fuerza política que se presente. En la elección del 2023 hubo 27 candidatos a presidente en las PASO.  Solamente hubo cinco en la elección general. El Estado llegó a pagar en una interna presidente entre dos candidatos que sumados no sacaron más de 23,000 votos por 106 millones de boletas. Todos esos dineros se llevaron del Estado para sacar 23,000 votos”.

“¿Saben cuántas listas financiamos a parlamentarios del Mercosur? una categoría que tiene que desaparecer y que no sé qué hace este Congreso que no termina con ese curro, 288 listas a parlamentarios regionales del Mercosur”, se quejó y pidió que “antes que terminemos el año compañeros, por favor, eliminemos esa casta de gente que viaja una vez al mes a Montevideo para sacar resoluciones no vinculantes que los ciudadanos hoy no tenemos plata para andar invirtiendo en eso”.

Lospennato siguió: “Los partidos políticos, además de las boletas que les dan los que verdaderamente compiten, tienen que imprimir varios padrones de boletas. Además, tienen que trasladar esas boletas por todo el país tiene que llevarla a los locales partidarios donde se doblan y se sobran las boletas con miles de personas en cada local partidario y, en el mejor de los casos, voluntarios. Después tienen que hacerla llegar a los domicilios de las personas pagando correo o pagando el servicio de puerta a puerta que también son personas que se dividen en los barrios en cuadrículas y que reparten la boleta debajo de las puertas de los vecinos. Más de 120,000 fiscales se necesitan en la Argentina para cubrir una elección, 105. 000 mesas; 17.000 establecimientos. Muchísimo dinero para sostener tu boleta en el cuarto oscuro. Muchísimo dinero que nos vamos a ahorrar todos los argentinos”.

Promediando su intervención y con un elevado tono de voz expresó: “Va a disminuir también la corrupción de los que se hacen de maneras impropias de ese dinero para solventar una elección. Además de eso con la BUP se va a eliminar la parte más vergonzosa de la política, esa que reparte electrodomésticos, bolsones de comidas y zapatillas con la boleta partidaria”.

“No va a existir más la indecencia de darle una persona un bolso de comida con la boleta que tiene que votar adentro. Se terminó. Miren si no tenemos un motivo para celebrar cambiar el instrumento electoral que va a ser un paso muy importante para nuestra democracia y para la transparencia”, remarcó y cerró: “Los que siempre impidieron ese cambio hoy no tienen el poder para impedirlo porque hoy no tienen esa mayoría que nos impusieron durante 17 años para que en este Congreso no se pudiera aprobar la boleta única”.

El Grupo Parlamentario de Amistad Argentina-Venezuela, presidido por la diputada nacional Silvana Giudici, junto con miembros de la Asamblea Nacional Legítima de Venezuela, presidida por Dinorah Figuera emitieron una declaración en conjunto por los hechos ocurridos tras las elecciones venezolanas del pasado 28 de julio.

“En un contexto global donde América Latina ha consolidado la alternancia democrática pacífica y el respeto a los derechos humanos, la situación de Venezuela representa una excepción preocupante. Tras las elecciones del 28 de julio de 2024, en las que Edmundo González Urrutia fue legítimamente electo presidente, el régimen de Nicolás Maduro ha desconocido los resultados, intensificando la represión contra opositores y forzando el exilio de González Urrutia”, contextualizaron.

Así, el Grupo Parlamentario de Amistad solicitó “el reconocimiento internacional de Edmundo González Urrutia como presidente legítimo de Venezuela, la creación de una Comisión Internacional Independiente que verifique los resultados electorales, el cese inmediato de la represión y la liberación de los detenidos políticos”.

Además, exigieron el respeto a los tratados internacionales y el fin del hostigamiento contra la sede diplomática de Argentina en Caracas. Finalmente, repudiaron el pedido de captura internacional emitido por el régimen venezolano contra el presidente de Argentina, Javier Milei, y otros altos funcionarios.

El texto lleva las firmas de los integrantes Silvana Giudici, Fernando Iglesias, Sabrina Ajmechet, Karina Banfi, Alejandro Bongiovani, Marcela Campagnoli, Sergio Capozzi, Maximiliano Ferraro, Richard Blanco, Olivia Lozano, Ismael García, Carlos Lozano, Ramón López, Gaby Arellano, Sonia Medina, Dinorah Figuera, Auristela Velázquez.

Tras semanas de intenso debate y trabajo colaborativo, un plenario de las comisiones de Legislación Penal y Justicia, que presiden los diputados Laura Rodríguez Machado (Pro) y Manuel Quintar (LLA), alcanzaron un consenso en un dictamen de mayoría sobre el nuevo marco legislativo que aborda los conceptos de reiterancia y reincidencia. Los diputados de distintos bloques, se refirieron a los proyectos de su autoría, en línea con la norma presentada por el Poder Ejecutivo.

La propuesta de modificación de los artículos 50 y 58 del Código Penal se centra en redefinir la reincidencia y establecer la reiteración delictiva como un factor clave en el proceso judicial. La iniciativa define la “reincidencia como toda persona que ha sido condenada dos o más veces a penas privativas de libertad, siempre que la primera condena sea firme. En caso de unificación de condenas, la pena resultante se calculará como la suma de las penas impuestas”.

En tanto, denomina “reiteración delictiva” cuando “se introduce como un nuevo concepto que se refiere a situaciones en las que una persona enfrenta múltiples procesos penales simultáneamente. A partir del primer llamado a declarar, se considera a la persona imputada, lo que puede llevar a la imposición de medidas de coerción más estrictas”.

Además, se establece que se podrán aplicar medidas de coerción en casos donde se hayan cometido delitos contra personas o propiedades en el marco de la libertad de expresión.

Por su parte, Rodríguez Machado manifestó que se logró un consenso buscando “garantizar un enfoque más riguroso frente a la criminalidad y la protección de la sociedad durante el proceso judicial”. “Hay un trabajo de miembros de la comisión que han tomado la decisión de sacar despacho y unifican diversos proyectos. Esto generó un dictamen donde se introdujeron modificaciones al texto que mandó el Ejecutivo”, expresó y comentó que el bloque de Unión por la patria presentará un despacho de comisión propio.

Luego, el diputado Oscar Agost Carreño adelantó el apoyo de su bloque, Encuentro Federal, al proyecto del Ejecutivo, pero con disidencias. “Es una discusión que el Congreso se debe hace tiempo, sobre todo teniendo en cuenta que avanzó la jurisprudencia”, pero indicó que “limitar los tipos penales”, son la base de los fundamentos centrales de las iniciativas.

“El proyecto del Ejecutivo es saludable y mejorable, pero no puede pasar que la presión social mande por sobre el debido proceso porque vamos a generar responsabilidad y vamos a estar en problema. La idea de puerta giratoria genera una grieta propia. El garantismo del Zaffaronismo nos generó una situación compleja. Al Congreso le toca desatar ese avance de excesivo garantismo de otra época”, manifestó el cordobés y cerró: "Tiene que pasar el control de constitucionalidad el proyecto para no generar responsabilidad internacional y la Corte lo convalide, pero necesitamos que sea de interpretación restrictiva, que se tenga prudencia judicial, el objetivo es no obstaculizar el proceso y nunca tiene que equivaler a una medida de seguridad sustantiva".

En primer término, la diputada Margarita Stolbizer (Encuentro Federal) se remitió a su proyecto que “establece algunas disidencias respecto a la iniciativa del Poder Ejecutivo”. “No coincido en la aplicación del juicio en ausencia para todos los delitos”, argumentó.

Por su parte, el diputado Ramiro Gutiérrez (UP) explicó que “es nuestra voluntad política expresa que manifiesta que aún en ausencia debe prevalecer la justicia, debe construirse la verdad y aplicarse una sanción”, y añadió: “El juicio en ausencia es un excelente camino para hacer justicia”.

Finalmente, la titular de la Comisión de Legislación Penal manifestó la intención de “sumar las coincidencias de los distintos proyectos con los del Poder Ejecutivo”, y, a partir de eso, “armar un borrador tentativo".

Durante su presentación en un plenario de comisiones de Diputados para debatir sobre la privatización de Aerolíneas Argentinas, el secretario de Transportes, Franco Mogetta, sostuvo que “lejos de tener un ensañamiento con los trabajadores, nuestro posicionamiento es firme frente a los abusos de los dirigentes gremiales”.

“Un dirigente gremial que lanza una huelga y se va de vacaciones a España con toda su familia (por Pablo Biró), la verdad que un flaco favor le está haciendo al sector, a los argentinos y a toda la compañía que dice defender”, lanzó en contra del titular de APLA.

Y, acto seguido, cuestionó a “un sindicato que defiende trabajadores que abren valijas y se roban las pertenencias de los pasajeros”, en referencia a los tres empleados de Intercargo que fueron despedidos por robar equipaje. “Son delincuentes, no son trabajadores”, enfatizó y generó las quejas desde Unión por la Patria. "Que se rectifique", reclamó Carlos Heller, mientras que una compañera suya le gritó al funcionario: "Chorro sos vos". Mario “Paco” Manrique, líder de SMATA, se levantó inmediatamente de su silla.

Mogetta siguió: “Hablan de trabajadores y están defendiendo delincuentes. La postura del Gobierno es firme frente a esos abusos que han estado acostumbrados estos señores creyéndose dueños de la compañía”.
Cuando se le otorgó la palabra, Manrique expresó: “Como diputado nacional y representante sindical puedo aceptar que se ponga en tela de juicio el accionar de los gremios, los privilegios de los laburantes y un montón de cosas en las que no estoy de acuerdo y estoy dispuesto a discutirlas. Lo que no puedo aceptar es que un funcionario de la Nación trate de ladrones a los trabajadores. Eso es inadmisible”.

“Si nos empezamos a agredir de esa manera, seguramente el debate que tengamos hacia adelante no va a ser fructífero para nadie”, consideró y pidió que “por favor respetemos a los laburantes”.
Al hacer alusión a otro tramo anterior de su intervención, Mogetta resaltó que “he justamente distinguido a los trabajadores honrados de quienes han cometido irregularidades”. “No estoy tratando a todos los trabajadores de delincuentes ni mucho menos”, aclaró.

Manrique, quien opinó que los argumentos del Ejecutivo eran flojos, le señaló que a ese ejemplo “no lo puede poner dentro de los motivos por los cuales usted considera que hay que privatizar Aerolíneas Argentinas”.

En el marco de un clima de tensión entre las autoridades nacionales y los gremios aeronáuticos, comienza este miércoles el debate de la privatización de Aerolíneas Argentinas. Será a partir de las 11 en un plenario de las comisiones de Transporte, que preside la radical Pamela Verasay, y de Presupuesto y Hacienda, que conduce José Luis Espert (LLA).

El debate contará con la presencia en calidad de invitados del vicejefe de Gabinete, José Rolandi; el presidente de Aerolíneas Argentinas, Fabián Lombardo; y el secretario de Transporte de la Nación, Franco Mogetta.

Si bien el oficialismo había cedido ante el pedido de la oposición dialoguista de quitar a Aerolíneas de las empresas sujetas a privatización en el tratamiento de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos cuando se sancionó en junio pasado, ahora La Libertad Avanza vuelve a la carga y pondrá en discusión los proyectos impulsados por Hernán Lombardi (Pro) y por Juan Manuel López de la Coalición Cívica.

Ambas iniciativas hacen hincapié en que la empresa estatal sufrió un déficit de “200 millones de dólares” en el período 2023. Del mismo modo cuestionan que AA “cuenta con una dotación de 1.204 pilotos de Línea para 81 aviones activos, es decir hay casi 15 pilotos por cada avión operativo”.

El objetivo de privatizar la empresa se revitalizó con la exacerbación del conflicto durante las últimas semanas, lo que generó un clima de rechazo de parte de los usuarios hacia la actitud de los gremialistas, que el Gobierno quiere capitalizar acelerando el proceso de privatización.

No será sencillo, pero el oficialismo se ha planteado darle celeridad a la cuestión y por eso tendría intenciones de emitir dictamen cuanto antes y llevarlo al recinto el próximo miércoles 2 de octubre. En esa sesión todavía no oficializada se prevé tratar Ficha Limpia y Boleta Única de Papel.

Para que eso pueda tener lugar, se necesita un dictamen y eso podría surgir este mismo miércoles o bien en una nueva reunión de la semana próxima.

El oficialismo descuenta que contará con los votos para aprobar la privatización en Diputados. No es una presunción disparatada, ya que cuenta con el antecedente de que ya durante el debate de la Ley Bases que incluía la privatización de la aerolínea de bandera, el tema fue aprobado en la Cámara baja. El problema estará en el Senado, donde ya este año lo andado en Diputados se revirtió.

Para el debate en la Cámara de Diputados, el oficialismo contaría con los votos propios, del MID y del Pro, más la mayoría de los radicales y todos los diputados de la Coalición Cívica, entre otros.

Ante el avance legislativo con la privatización, los gremios aeronáuticos convocaron a una marcha que se realizará este miércoles 25 de septiembre, desde las 10 al Congreso de la Nación en defensa de Aerolíneas Argentinas y en rechazo de su privatización que promueve el Gobierno Nacional.

Así, en medio de la disputa salarial, los trabajadores aeronáuticos y de otros sectores del transporte se unirán bajo el lema: “Todos al Congreso. Aerolíneas Argentinas no se vende, se defiende”.

Ya se ha dicho que la votación registrada en la madrugada del 13 de septiembre pasado en el Senado de la Nación fue histórica, pues ese resultado estableció el rechazo por primera vez en la historia argentina de un decreto de necesidad y urgencia. En este caso, el 656/24, correspondiente a la asignación de fondos reservados para la Secretaría de Inteligencia del Estado.

Este lunes se oficializó esa decisión, a través de la publicación de sendas resoluciones de las presidencias de ambas cámaras en las que se da por finalizado el trámite.

En el caso del Senado, la resolución tiene el número 32/24, de fecha 23 de septiembre y las firmas de la titular del Cuerpo, Victoria Villarruel, y el secretario Parlamentario Agustín Giustinian, resuelve “rechazar, en los términos de la ley 26.122, el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 656/2024 de fecha 19 de julio de 2024. El artículo 2 comunica al Poder Ejecutivo Nacional y a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

La resolución de la Cámara de Diputados lleva el número 76, y corresponde al sábado 21 de septiembre. Allí también hay dos artículos, el primero de los cuales resalta el rechazo “en los términos de la ley 26.122 el Decreto del Poder Ejecutivo nacional Nº 656/2024 de fecha 19 de julio de 2024, mientras que el segundo comunica la novedad al Poder Ejecutivo Nacional.

Recordemos que el pasado 13 de septiembre la oposición aprobaba, pasadas las 2 de la madrugada, el rechazo al decreto de necesidad y urgencia 656/24, correspondiente a la asignación de fondos reservados para la Secretaría de Inteligencia del Estado.

El resultado de la votación fue de 11 votos a favor del decreto, 49 en contra y 2 abstenciones.

El camino del rechazo del DNU 656 se había iniciado en Diputados, cuando el 21 de agosto, se aprobó el rechazo por 156 votos contra el mismo, 52 a favor del decreto y 6 abstenciones. El dato saliente de esa votación fue que por primera vez la mayoría del Pro no se alineó por primera vez con La Libertad Avanza.

Mientras el Gobierno avanza con la idea de vender Aerolíneas Argentinas en medio de los reiteraros paros de aeronáuticos por reclamos salariales, un grupo de diputados de Unión por la Patria presentaron un proyecto de resolución solicitando a la Comisión de Transportes de la Cámara baja que cite a las partes involucradas para resolver de forma “urgente” el conflicto salarial.

La iniciativa, impulsada por la diputada Vanesa Siley, fue presentada tras la reunión que mantuvieron, este jueves, dirigentes gremiales del sector encabezados por el titular de APL, Pablo Biró, en busca de apoyo.

“Es urgente reconstruir el diálogo y dar una respuesta a trabajadores y usuarios”, señalaron desde el bloque. Por ello, piden que la Comisión de Transportes, presidida por la radical Pamela Verasay, convoque con “urgencia” a sindicatos, autoridades de Aerolíneas Argentinas e Intercargo, y funcionarios de la Secretaría de Transporte de la Nación para resolver “prontamente” el conflicto salarial en el sector aeronáutico promovido por el Gobierno Nacional.

Entre los fundamentos, denunciaron que el Gobierno nacional “ha decidido conformar una fuerza de choque articulada para, de manera ilegal, perseguir a los sindicatos aeronáuticos en conflicto con la empresa por la pérdida salarial derivada de la falta de actualización de haberes”.

Así, indicaron que los trabajadores de Aerolíneas Argentinas “sufren un retraso salarial del 77%” desde noviembre de 2023 y que han sido despedidos 1500 trabajadores.

“La Secretaría de Trabajo nunca convocó a una reunión paritaria aun estando en conciliación obligatoria, lejos de buscar la resolución del conflicto, busca profundizarlo para lograr su verdadero objetivo: privatizar Aerolíneas Argentinas e Intercargo”, alertaron.

AEROLÍNEAS ARGENTINAS: es urgente reconstruir el diálogo y dar una respuesta a trabajadores y usuarios.

Presentamos un proyecto para que la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados convoque con urgencia a sindicatos, autoridades de Aerolíneas Argentinas e Intercargo, y… pic.twitter.com/t9A27vKea8

— Vanesa Siley (@Vsiley) September 19, 2024

La Comisión de Cultura de Diputados, presidida por la catamarqueña Silvana Ginocchio (UP), se reunió este jueves para iniciar el debate sobre el fomento de la actividad privada en actividades culturales, también conocido como mecenazgo, con artistas y expertos invitados a disertar sobre el tema.

Así, la diputada de UP comentó que hay cuatro proyectos que tienen giro a la comisión y bregó para poder construir consenso y llegar a un dictamen. “Trabajar en este tema nos ayuda a democratizar la participación en la cultura de manera nacional y federal”, resaltó Ginocchio.

La presidenta de la comisión sostuvo que la cultura es “desarrollo, trabajo, nos enriquece y tiene un impacto dentro de las economías”. Así, señaló que debe ser un “eje central trabajar, apostar, garantizar, fomentar, desarrollar la cultura” y que el Estado “tiene que formar parte porque es una política (…) el Estado no se tiene que retrotraer de un deber que tiene de garantizar la cultura con un reconocimiento a que las actividades culturales y los derechos culturales tienen una enorme influencia en lo individual y colectivo”.

Pidió la palabra el vicepresidente de la comisión, Hernán Lombardi (Pro), quien manifestó: “Estamos en deuda porque la Ciudad de Buenos Aires tiene la ley desde el 2007. Otras provincias también tienen sus leyes. Hay muchos municipios que tienen ordenanzas de mecenazgo. Se ha expandido esto por todo el país, pero Nación no lo ha tocado. Esta cuestión de darle participación a la sociedad civil y al sector privado en la cultura nos parece claro”.

El primero en exponer fue Federico Cermelo, abogado y director del Observatorio de Familias y Juventudes de la HCDN, autor de uno de los proyectos que se convirtió en ley en la provincia de Buenos Aires a fines de 2016.

“Esta experiencia de mecenazgo estamos en deuda a nivel nacional. Toda persona que trabaja en arte o cultura se da cuenta que necesitamos una ley. No solo por el aporte, sino porque es un puente que tiende a unir las necesidades del artista, del Estado que optimiza sus recursos y del sector privado que tiene ganas de cooperar con la cultura. Es una retroalimentación muy positiva si está bien legislada y muy negativa si solo le otorga beneficios al sector privado que, claramente, no es la idea”, expresó.

Cermelo indicó que el antecedente de la ley de capital federal es “positivo” para empezar a legislar al igual que otras provincias. Así, contó que cuando se inició el tratamiento en la provincia de Buenos Aires “había muchos prejuicios de diferentes espacios políticos”. “Somos un poder del Estado intentando generar un recurso más a la cultura por lo que sería muy ingenuo pensar que estamos queriendo correr al Estado cuando queremos legislar en mecenazgo”, planteó.

“Lo que estamos legislando en mecenazgo son derechos, oportunidades de crecimiento y desarrollo para la vasta familia cultural para el artista, para el que realiza festivales, feria y un claro beneficio para el que consume cultura”, afirmó y describió: “La cultura es transversal, es identidad porque son tradiciones y valores. La cultura también es turismo porque las fiestas son un impacto. Cuando hablamos de cultura también hablamos de patrimonio cultural inmaterial que son las bellezas naturales y el turismo es industria al igual que la cultura, pero tiene que ser nacional, pujante, productiva con oportunidades para todos y ese sentido tiene que tener la ley”, y señaló que “históricamente” han querido legislar en mecenazgo, pero “transformándolo” en beneficios para el privado.

Cermelo comentó que han tomado como antecedente la legislación de Uruguay donde “existen escuelas de artistas de gestión privada unido a la educación y a la cultura”, pero resaltó que los proyectos pedían la universalidad de la educación, la accesibilidad a las poblaciones vulnerables y excelencia de las escuelas.

En esa línea, concluyó: “Cuando logramos legislar de una manera armoniosa para el gestor, el artista, empresarios y sobre la cultura, mecenazgo da resultado y puede ser una gran alternativa”, y criticó a la exgobernadora Verónica Magario y al mandatario provincial actual, Axel Kicillof, que “no implementaron la adecuación presupuestaria”.

A continuación, fue el turno de la exdiputada nacional Elda Pértile actual presidente del Tribunal de Cuentas de la provincia de Chaco quien comentó que el mecenazgo es “proteger el desarrollo de las artes, de las letras, ciencias”. Pértile contó que en su provincia ya rige una ley en ese sentido desde el 2012 que ha sido “muy fructífera con resultados valiosos” por lo que remarcó la necesidad de llevar es mirada de forma “federal, nacional” a fin de “atender necesidades que van más allá del Estado y que involucraría al sector privado, a empresas que quieren colaborar”.

“En materia cultural disponer de recursos no es muy fácil”, señaló y comentó que uno de sus proyectos presentados durante su mandato involucraba “el teatro, artes visuales, danzas, música, medios de comunicación y todo quehacer que involucre en materia cultural”, y contó que planteaban la creación de un Consejo Nacional de mecenazgo y que sea presidido por la autoridad máxima cultural de la Nación para que evalúe los proyectos desde una mirada federal y diversidad de expresiones culturales y artísticas.

Además, detalló que los proyectos se financiarían con una desgravación de un porcentaje del 5% de las ganancias netas del ejercicio y un 10% iría a un fondo solidario nacional de mecenazgo. “Hay una necesidad de tener una ley nacional de mecenazgo que extienda los beneficios”, cerró.

Luego expuso Emiliano Fuentes Firmani, investigador del Instituto de Arte y Cultura de la UNTREF, quien remarcó que es un tema “altamente demorado” y planteó: “El mecenazgo es una articulación público-privada que busca estimular la inversión en la cultura. Es solo una herramienta de intervención interesante que en el país ha generado controversias y hasta la actualidad no pudimos avanzar y es una herramienta más dentro de las políticas de financiamiento y fomento de la cultura y de ninguna manera puede reemplazar la acción del Estado, sino que debe funcionar como complemento”.

“Es importante que el mecenazgo impulse el desarrollo de pequeños y micro emprendimientos culturales con alcance federal y equitativo entre las provincias, para compensar las asimetrías históricas”, subrayó Fuentes Firmani y agregó: “A pesar de tener un importante desarrollo jurídico e institucional para el fomento cultural, en nuestro país nos debemos un debate profundo sobre los modos, competencia y concurrencias que Nación y provincias deben asumir sobre el tema”.

El investigador señaló que es importante la promoción de la inversión privada en la cultura porque amplía las posibilidades de desarrollo cultural y fomenta la diversidad de las expresiones culturales; ayuda a construir la sustentabilidad de los proyectos y procesos culturales y porque las empresas y el sector productivo tienen una responsabilidad social.

Para concluir, pidió que haya “una política de mecenazgo con sólidos mecanismos de control y transparencia que permitan tanto la protección de los recursos fiscales como del patrimonio cultural involucrado y acciones de fomento”.

El presidente de la Asociación de Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes, Julio Crivelli, insistió con la experiencia de la Ciudad de Buenos Aires y sugirió que “asociar demasiadas y complejas asociaciones colaterales del Estado no va a ser beneficioso”, y consideró que “los fondos deben ser empleados en instituciones que tienen una trayectoria importante de transparencia y de tradición o en personas físicas que presentan un proyecto que resulta atractivo a la cultura”.

“No vemos necesario una intervención sistemática del Estado en estas cosas. La cuestión presupuestaria la pueden acordar el privado y el sector artístico interesado”, opinó y cerró: “Lamentablemente el presupuesto del Estado no ha sido nunca importante para el desarrollo de la cultura”.

La legisladora porteña Cecilia Ferrero actual titular de la comisión de Cultura de la legislatura, enumeró las características principales de la Ley de Mecenazgo en la Ciudad. Al respecto, detalló que “en la modificación que le hicimos este año, buscamos robustecer la autoridad de aplicación en todo lo que tiene que ver en acompañar a la persona física o jurídica que presenta el proyecto para que la burocracia sea lo menos pesada posible. Buscamos más flexibilidad”.

“La ley está vigente desde el 2007, cumplimos 14 años de funcionamiento interrumpidamente con dos o tres modificaciones”, comentó y concluyó: “Ojalá haya una ley nacional de mecenazgo, porque el ejemplo de la Ciudad es un éxito; así lo plantean quienes se presentan tanto para ser beneficiarios como a querer apoyar el arte”.

De forma remota, expuso el presidente de la Asociación Italiana de Charata, Marcelo Golob, quien resaltó que desde el 2010 tienen la Ley de Mecenazgo y precisó: “Puedo dar fe que contribuyen honrada y honorablemente a cada institución cultural y deportiva”.

“El Estado tiene prioridades sobre eso y debe afianzarse como prioridad con herramientas válidas a través de porcentajes provinciales y nacionales. La cultura es una creencia con valores y formas de vida de una población que se puede transmitir de generación en generación. Mediante la ley, buscamos personas físicas o jurídicas que tengan exenciones o impuestos a pagar para poder promover la actividad privada, la financiación de obras, teatros y actividades artísticas”, destacó y cerró: “No sustituir al Estado, contribuir a ayudar para mejorar involucrando a sociedades sin fines de lucro”.

El presidente de la Asociación Premios Hugo, Ricky Pashkus, señaló que el mecenazgo “supone estimulación hacia los jóvenes y hacia la autogestión que define independencia económica, vivir de lo que amamos. Es una bajada a la federalización porque en algunas provincias actores no tienen manera de acceder a los recursos. Hay que hacer una tarea importante cultural para motivar la proactividad que esto implica”.

“El mecenazgo es algo útil para las dos partes, pero de nada sirve si no está el jurado heterogéneo con una visión de la cultura diversa, con diversos lenguajes y hay una necesidad expresiva de los jóvenes en el país”, indicó y planteó que “hay que tener una conciencia educativa para que llegue a los más bajos estratos –ingreso económico- porque está ahí y no se usa. Esto va a traer futuro y cambio. El arte no tiene sponsor privado, contrario al deporte. Todo lo que hagamos va a generar identidad, estimular a jóvenes, independencia económica, movilidad en el país y traer una cultura que pinte el pueblo”.

El artista visual Miguel Ángel Ronsino: “Hay una riqueza y una variedad cultural muy potente que no depende solo del mecenazgo; se necesitan muchas más herramientas para poder tener una vida desarrollada sobre esto que elegimos, que es la producción de capital simbólico”. Mientras que el músico Gustavo Grobocopatel: “En mi opinión, para que este proyecto sea revolucionario tiene que haber una amplitud en la convocatoria con muchos incentivos para entrar y después debería haber regulaciones que limiten”.

“La cultura tracciona el desarrollo económico del país, pero nunca la vimos integrada a eso y no se pudo monetizar. Es un gran desafío que tiene la Argentina”, manifestó Grobocopatel quien explicó dos experiencias propias y planteó que “la cultura tiene que llegar a todos los rincones del país.

Por su parte, la presidenta de la Asociación Civil Taller Flotante de Entre Ríos, Soledad Ferrería: “En esta propuesta de ley de mecenazgo queremos influir a favor de las organizaciones de la sociedad civil que generamos políticas culturales, y que al momento de aplicarlas puedan expandir nuestros derechos”.

También disertaron de forma presencial Federico Peralta, cooperativista de Gualeguaychú, Adriana Rosemberg, presidenta de la Fundación PROA; y José Catagnino, presidente el Museo Juan B. Castaglino.

Luego de una jornada en la que el bloque radical de la Cámara baja entró en ebullición, producto de la decisión de la Convención Radical de suspender a cuatro diputados por haber votado a favor del veto a la Ley de Movilidad Previsional, los diputados realizaron este martes por la tarde una reunión para tratar de ordenar la situación. Los resultados no fueron los esperados, aunque no hubo resoluciones drásticas: ni expulsiones, ni unidad. Más bien, en esta última alternativa, fue todo lo contrario.

La jornada estuvo caliente desde temprano, cuando el presidente del bloque, Rodrigo de Loredo, dijo no compartir “en lo más mínimo” la decisión tomada por la Convención Radical, que a su juicio “no se corresponde con lo que representa el radicalismo, que es ante todo el partido de las instituciones”. En ese marco, se manifestó contrario a sancionar a una persona por el contenido de sus opiniones políticas, que pueden ser “sumamente reprochables, pero nunca sancionables”.

Fue lo que por la tarde, durante la reunión del bloque, mantuvo firmemente: de momento no habrá expulsiones. Así las cosas, Mariano Campero, Martín Arjol, Pablo Cervi y Luis Picat, los suspendidos por la Convención que preside Gastón Manes, siguen en la bancada rojiblanca. Los tres primeros estuvieron en la reunión del bloque de este martes. El cuarto, no pudo asistir debido a un problema familiar, en tanto que Federico Tournier, no fue convocado porque no es radical, sino un dirigente liberal que se sumó al bloque UCR a pedido del gobernador correntino.

Los cinco manifestaron su intención de mantenerse en el bloque radical. Y un gesto en ese sentido fue que Campero, Arjol y Cervi no concurrieron al asado convocado por Javier Milei para agasajarlos por su voto, que impidió que la Ley de Movilidad prosperara.

A través de  un comunicado, el bloque de la UCR informó que durante la reunión se decidió “por amplia mayoría continuar trabajando con su integración actual, sin excluir a nadie por su manera de pensar, más allá de decisiones externas a este cuerpo que pretenden traspasar su ámbito de competencia”.

“Buscaremos siempre los acuerdos y consensos internos, tomando decisiones por mayorías, una regla básica de la democracia, dentro del marco de las diversidades de opiniones que existen en el partido y por lo tanto también en nuestro bloque”, expresó el bloque radical a través de  un comunicado.

A su vez, la bancada que conduce Rodrigo de Loredo sostuvo que “todas las diferentes posiciones y opiniones, por más minoritarias que sean dentro del bloque, son respetadas y tenidas en cuenta pero, como en cualquier cuerpo colegiado, deben primar las decisiones del colectivo mayoritario, sin excluir a quien piense de una manera distinta”, y cerraron: “La Unión Cívica Radical enfrenta hoy diversas realidades, en muchos casos con responsabilidad de gestionar gobernaciones y municipios. En este marco, aspiramos a seguir representando a millones de argentinos que nos votaron y que esperan de nosotros una actitud responsable y madura para enfrentar los enormes desafíos que hoy tiene nuestro país”.

Según pudo saber parlamentario.com, los diputados alineados con Facundo Manes fueron los más beligerantes durante esta reunión. Y tras el encuentro, afirmaron que “el bloque, en la práctica, está quebrado”. Criticaron que no se expulsara a los diputados sancionados por la Convención, a quienes consideran “topos de La Libertad Avanza dentro de la UCR”.

Con todo, el sector del neurocientífico no se va a ir del bloque, según aseguraron a este medio miembros del mismo. Se quedarán, sostienen, para defender las banderas y la identidad del radicalismo. “No queremos que le regalen el partido y el bloque a Milei”, lanzaron desde ese sector.

Hipercríticos con la conducción del bloque, sostienen que ni Rodrigo de Loredo ni Karina Banfi, presidente y vice de esa bancada, pueden seguir siendo las autoridades principales, porque “además de no conducir en la práctica, desoyen las decisiones del partido nacional”.

Según trascendió, el titular del bloque quiso establecer como condición que cada ley que vaya a ser tratada en el recinto, primero se vote en el seno de la bancada. Y acatar luego lo que resulte en esa votación interna. Sin embargo esa propuesta no fue aceptada por los diputados de Manes, ni los que responden a Martín Lousteau. Tampoco habrían estado de acuerdo los neutrales. Hubo una votación en la que se rechazó esa propuesta, aunque los de Manes aclararon que para ese momento no había quórum para hacerlo.

A la salida del encuentro, el diputado Fernando Carbajal, quien ya había manifestado que los diputados suspendidos no debían participar de la reunión, publicó en sus redes que allí “quedó evidente la falta de conducción. Cinco diputados se hicieron oficialistas, pero el presidente del bloque los dejó participar. Es imposible. No les entregaremos la UCR a Milei ni sus acólitos”.

Asimismo el formoseño desmintió la información contenida en el comunicado del bloque, que según él “no expresa lo sucedido en la reunión. No hubo votación y menos aún una decisión mayoritaria de nada. Entre 4 o 5 no pueden imponer sumisión al oficialismo”.

La Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Medio Ambiente de Diputados, a cargo del libertario Carlos D’Alessandro, se reunió este martes para iniciar el debate sobre el proyecto “Convenio de creación del Parque Interjurisdiccional Marino Monte León”, suscripto entre el Estado Nacional y la provincia de Santa Cruz el 11 de octubre de 2023 que “no genera asignación presupuestaria”.

También, comenzaron a analizar una iniciativa que busca presupuestos mínimos de protección ambiental de gestión de emisiones de metano en el sector de hidrocarburos. Además, pasaron a la firma proyectos de declaración y de resolución. La comisión completó a sus autoridades y estableció un encuentro cada 15 días los martes a las 12.

Antes de iniciar la ronda de expositores, la comisión completó a sus autoridades siendo designado como secretario el radical Pablo Juliano reprodujo el “espíritu de colaboración, las ganas de empujar la agenda fundamental porque tenemos un compromiso”.

De forma breve, la diputada Fabiola Aubone (UP) solicitó retirar momentáneamente de la comisión un proyecto de su autoría que estaba para dictaminar que declaraba de interés la mesa permanente de la gestión integrada del agua en la provincia de San Juan y acotó: “Una gran propuesta que, ante el cambio de gobierno, se ha desarticulado”.

El titular de la comisión, Carlos D'Alessandro, de La Libertad Avanza. (Foto: HCDN)

A su turno, el diputado de la CC-ARI Maximiliano Ferraro planteó la posibilidad de pedir la anulación de giro a otras comisiones de algunos proyectos de resolución y pedido de informes. “Esto la verdad es un artilugio que han utilizado todos los oficialismos en Diputados, pero creo que este rompe con el principio fundamental que tenemos los diputados de poder solicitar informes al Ejecutivo y para valorar esta herramienta y no caer en estos artilugios que demoran el trámite parlamentario”, argumentó.

En esa línea, indicó que varios de los proyectos puestos sobre la mesa tienen giro a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, a cargo del oficialista José Luis Espert, por lo que propuso solicitarle a la Secretaría Parlamentaria y al presidente de la Cámara la anulación del giro a otras comisiones de una segunda competencia que “es para demorar el trámite”.

D’Alessandro le respondió que van a “considerar” el planteo porque “estamos acá para solucionar este tipo de temas” y afirmó: “Entiendo lo de los giros que a veces es molesto. Nosotros tenemos 48 proyectos de los cuales vamos a dictaminar 14 y dos en estudio”.

Al pedir la palabra, la diputada Margarita Stolbizer (Encuentro Federal) remarcó la importancia de armar “una agenda institucional” sobre los temas de ambiente que “garantice un funcionamiento permanente de la comisión” y pidió tener fecha para tratar los proyectos relacionados con los presupuestos mínimos del metano. También solicitó tratar el mes siguiente la ley de envases que “es importante” para “poder organizarnos”.

Stolbizer adhirió a las palabras de Ferraro y remarcó que el Convenio sobre el Parque Monte León que contempla un giro a Presupuestos siendo que “no hay un adicional de presupuesto solicitado y es el que ya tenía. Esto sería inminente para que no vaya a complicar tener el dictamen y pasar al recinto, ya que tiene un gran acuerdo y empuje y tenemos que facilitarlo tratando de evitar que Presupuesto nos ponga una traba”.

Ampliación del Parque Monte León

La primera oradora fue Martina Sasso, directora Ejecutiva Fundación Por el Mar, explicó que la ampliación sería de la tierra hacia el mar del futuro Parque interjurisdiccional Marino Monte León se da en Santa Cruz. “Este parque tiene 1.023 kilómetros cuadrados y fue creado en el 2004 y fue el primer parque creado en la Argentina en post de conservar el mar. Es el primer parque costero que mira la biodiversidad marina, los valores pesqueros y de conservación y desarrollo para poder proyectar esta área”, informó.

“La razón fundamental, por lo que durante los últimos 3 años los distintos gobiernos, fue el valor de conservación que se intenta proteger son los bosques de macro algas. Es el ecosistema de esta era, es lo que el mundo está queriendo proteger. Estos ecosistemas son fundamentales para la industria pesquera. Si estos bosques de algas no estuvieran, la pesquería de la centolla que es clave para las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego no existiría”, explicó.

Sasso también resaltó la importancia del turismo: “Al igual que un bosque en tierra, tiene un montón de especies asociadas como delfines, tiburones, pingüinos. Estos bosques de algas son fundamentales para las colonias de pingüinos y hoy generan un gran destino turístico para la Patagonia”.

La funcionaria alertó que en el mundo se está perdiendo un 40% de estos bosques de algas y destacó que “gracias a la investigación científica, Argentina generó los primeros mapas de distribución de este sistema. Tenemos el 30% del ecosistema global en nuestro país y la comunidad internacional está muy interesada en nuestros bosques por la genética. Es el único lugar del mundo donde estos bosques están expandiéndose en vez de reduciéndose”.

“Se consume el alga en el mundo, se han desarrollado matrices productivas en el mundo. Este ecosistema de este ser viviente es el organismo que más rápido crece en el planeta, puede crecer 40 cm por día. La viabilidad para producir este ecosistema y poder desarrollar una matriz productiva a partir de él es súper viable”, ponderó.

Sasso recordó que en 2004 se creó el área terrestre de Monte León y que la Administración de Parques Nacionales siguió trabajando en post de ir a proteger el mar.  En el 2012 se presentó un proyecto de ley que “que realmente era irracional por sus tamaños, por cómo cruzaba de jurisdicciones agua nacionales” por lo que se dio de baja.

“Esto se retoma con el trabajo, no solamente nuestra organización, sino Parques Nacionales impulsándolo internamente y otros actores de la sociedad para la investigación y empezar a fomentar la creación. En el 2023 se firma un tratado inédito la interjudiccionalidad un convenio entre la provincia y la nación donde en el 2023 se firma entre la provincia de Santa Cruz y la Administración de Parques Nacionales, representando al Ejecutivo, se ponen de acuerdo y luego fue ratificado por la Cámara a nivel Nacional”, explayó.

La directora ejecutiva de la Fundación Por el Mar resaltó que Parques Nacionales tiene la mayor concentración de algas de Santa Cruz y se presentó una declaración de interés para “poder hacer un manejo activo de este ecosistema y la conservación activa”. También comentó que el COFEMA (Confederación Federal en el Ambiente” se expidió con una declaración de interés de la preservación de los bosques en Santa Cruz.

“Esos bosques se encuentran solo en Santa Cruz y Tierra del Fuego, no tienen otra distribución. Tierra del Fuego el año pasado creó el área protegida Península Mitre que preserva la mayor concentración de algas”

En 2024 la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz aprobó la creación del Parque Mario Monte León: “Fue un hecho histórico porque fue el primer parque que se vota en los últimos 10 años. Eso ha generado motor de desarrollo. Es una provincia que tiene mucha fricción con la generación de áreas protegidas, industria ganadera, la pesca”, y planteó: “El paso que falta es este la ratificación por Ley Nacional”.

Sasso afirmó que el futuro es la interjurisdiccionalidad porque “es la única manera de poder gestionar el mar de una manera correcta y competente es con ambas jurisdicciones. Tenemos tres parques interjurisdiccional: en Chubut que fue el primero Pimcpa, luego Makenke y el Parque Isla Pingüino que fueron versiones mejoradas de esas leyes iniciales. Tenemos modelos de gestión que son diferentes. La interjurisdiccionalidad es algo nuevo y a esta gestión le toca el desafío de implementar”.

Según explicó, en la interjurisdiccionalidad no hay sesión de jurisdicción: “Es algo muy acertado, sobre todo en este gobierno, porque no hay recursos. No podemos pretender que Nación ponga todo o la provincia ponga todo. Hay que trabajar de forma mancomunada, debería ser el formato para poder funcionar”.

“Este proyecto de ley Monte León de ampliación al mar es mejorado a lo que es la gestión al resto de las áreas. Este va a ser el primer Parque Marino que tiene base en tierra”, destacó.

Al hablar de la sostenibilidad pesquera, señaló que Monte León en los últimos 10 años “ha tenido un total de mil horas de presión pesquera. Esto se considera como pesca marginal. La industria pesquera apoya el proyecto porque se preserva un área de especies que les interesa a ellos”.

Respecto de la asignación presupuestaria, subrayó que “ya cuenta con una estructura terrestre, esto es una ampliación. La Administración de Parques cuenta con un total de 14 agentes de conservación, tiene equipamiento".

"El parque está preparado para no absorber ni generar ninguna asignación presupuestaria, es casi nula”, y destacó: “La gestión e implementación del futuro Parque Marino Monte León puede llevarse adelante sin recursos adicionales”.

Además, indicó que la extensión del parque hacia el mar “es un avance crucial para el desarrollo del turismo de naturaleza. Modelos de desarrollo de siembra de algas en el país que tiene cero impactos”. Por último, sostuvo que el proyecto toca cuatro pilares que son turismo naturaleza, gobernanza, conservación activa y jerarquización del sistema de áreas protegidas.

A continuación, expuso Cristian Larsen, presidente de Parques Nacionales, quien contextualizó que “parques nacionales tiene cinco millones de hectáreas terrestres que equivale a la provincia de Jujuy y administra trece millones de hectáreas marinas que equivale a la provincia de Córdoba”. Con respecto al Parque Monte León, el funcionario aclaró que “tiene sesenta y dos mil hectáreas y lo que se quiere ampliar es a 1023 km cuadrados más”.

Al referirse a la interjurisdiccionalidad, Larsen sostuvo que “la relación entre parques nacionales y la provincia, específicamente a la conservación, no ha sido la mejor”. “Si bien el impacto presupuestario es menor, no podemos dejar de ver que existe un impacto y en caso de que se dañe el tema de las macroalgas va a tener que hacerse un trabajo de restauración, y esto hay que tenerlo en cuenta al evaluar el proyecto en general”, especificó.

“Estoy a favor del proyecto, de que cada vez conservemos más espacios y, sobre todo, cuando hay un valor tan importante como la macroalga. Pero, habría que definir si esto es un Parque Nacional, que lo sea en su conjunto y sumarlo a Monte León; o bien, que esto quede para la provincia”, manifestó y, en ese aspecto, añadió: “La coadministración presenta un desafío muy importante para Parques, sobre todo cuando hay que preservar tantos millones de hectáreas; seguir agregando terreno y parques nacionales nos invita a pensar con qué recursos vamos a contar, con qué personal y cuál es la infraestructura que se necesita”.

La diputada Sabrina Selva (UP) destacó que es un proyecto que “tiene consensos entre el Estado, la provincia, desde distintos partidos políticos. El mayor desafío de Parques Nacionales serían las dificultades que traen las interjurisdiccionalidad en un momento donde escasean los recursos”, y criticó el Presupuesto 2025 donde “parques nacionales no ha sido beneficiada con el presupuesto del Gobierno. La ampliación de un parque con los recursos que hoy tiene va a ser un desafío enorme”, y sugirió “exigirle al Gobierno” que haya recursos para este tipo de proyectos porque “es importante la conservación del ambiente”.

“Tenemos que encontrar una forma para que la administración de parques pueda asumir el desafío y continuar con el proyecto. El Parque Nacional está capacitado para encarar estos desafíos con los recursos que tiene, con el personal profesional, es un parque con un potencial enorme. La articulación con las provincias para la preservación del ecosistema en el país es fundamental”, cerró Selva.

A su turno, Ferraro se distanció de la idea de “retrotraer la posibilidad de crear el parque si debe ser nacional o provincial” porque “estamos en un país federal”, y planteó encontrar una solución “armoniosa” y reiteró: “No comparto la idea de retrotraer o demorar una expresión del Poder Legislativo de Santa Cruz que ratificó una parte del convenio y que nosotros demos marchas atrás porque se perdería la cuestión del parque por entrar en discusión con el actual gobernador por la cesión o no de jurisdicción entendiendo que los recursos son finos”.

Así, solicitó tener “la buena voluntad” de avanzar en el dictamen del parque y “ver de qué manera el aporte está restructurado”. Desde la presidencia de la comisión le respondió que “es voluntad avanzar sobre la ratificación del acuerdo entre Santa Cruz y Nación”.

Protección ambiental de gestión de emisiones de metano

En la continuidad, expuso Martín Maquieyra (Pro), autor del proyecto de presupuestos mínimos de protección ambiental de gestión de emisiones de metano en el sector de hidrocarburos, quien explicó que el fin es “poder regular y mitigar las emisiones de metano, que es uno de los que más impacto tiene en la industria energética”. “La idea es poder detectar las fugas y repararlas, avanzando en tecnología que permita una mayor identificación de las emisiones de metano”, agregó.

Sobre el proyecto, Maquieyra informó que en primer lugar se apunta a trabajar con “la industria de los hidrocarburos que es la que más rápida se pueda adaptar ya que no tenemos tiempo por el calentamiento global”. El pampeano planteó que vengan funcionarios y ONG’S en reuniones informativas para que sumen sus aportes para “poder producir con el menor impacto posible”. En ese sentido el diputado socialista Esteban Paulón sugirió que esas reuniones se hagan en conjunto con las comisiones de Energía y de Presupuesto para “acelerar el dictamen” y fijar un listado de invitados. A modo complementario, Stolbizer pidió que se cite a la secretaria de Ambiente para que informe cuál es el plan de Gobierno atendiendo el recorte del presupuesto en materia ambiental para el 2025.

El presidente de la comisión mostró preocupación de que la secretaría de Ambiente sea subsecretaría porque “nos juega en contra mundialmente”, y afirmó que asume el compromiso de hablar con la jefatura de Gabinete y solicitarle una reunión.

Proyectos de resolución y declaración

Luego, fue el turno de los proyectos de resolución y declaración. En primer término, se avalaron los pedidos de informes al Poder Ejecutivo sobre el derrame de hidrocarburos y aceites frente al Glaciar Perito Moreno; con la implementación de la ley 26331, de presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos; con los incendios ocurridos en la provincia de Córdoba durante el mes de septiembre de 2024 (en este caso se unificaron dos iniciativas); y para que disponga las medidas necesarias para la elaboración e implementación de un “Glosario Ambiental Federal”, confeccionado por especialistas idóneos en la materia.

También, los legisladores le dieron el visto bueno a los proyectos para declarar de interés de la Cámara de Diputados de la Nación el “2° Congreso Internacional de Educación Ambiental e Innovación Inclusiva, infanto juvenil hacia la resignificación del aprendizaje y su relación post pandemia, desde la tecnológica y la transversalidad”, a realizarse del 20 al 24 de mayo de 2024 en Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires; el II aniversario de la Ley de Humedales de la provincia de Misiones, a conmemorarse el 9 de junio de 2024; y a la “Alianza Verde Argentina”, conformada el 22 de abril de 2024, destinada a priorizar el cuidado ambiental.

Asimismo, se avalaron cuatro iniciativas para expresar beneplácito por el Día Internacional de la Diversidad Biológica, a celebrarse el 22 de mayo de cada año; por el Día Provincial de la Selva Misionera, que se celebra el 7 de mayo de cada año; por el Día Mundial del Ambiente, que se conmemora el 5 de junio de cada año; por el Día Provincial de las Áreas Naturales Protegidas, a conmemorarse el 12 de junio de cada año en la provincia de Misiones; y por la conmemoración del Día Nacional del Agua, a celebrarse el 31 de marzo de 2024.

Por último, el proyecto que apunta a expresar repudio y rechazo a la caza ilegal del ejemplar de yaguareté en la provincia de Formosa, acaecida en julio de 2024.

En el inicio de la sesión especial de este miércoles juró la entrerriana del Pro Nancy Ballejos que completará hasta diciembre de 2025 el mandato del radical Pedro Galimberti, quien el pasado 9 de septiembre presentó la renuncia a su banca para asumir en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM), un cargo en un ente binacional para el que lo propuso el gobernador de su provincia, Rogelio Frigerio.

Ballejos, de 35 años de edad, es oriunda de la localidad de Chajarí y de profesión abogada egresada de la Universidad Católica de Salta. Es militante del Pro desde el 2014. En el 2019 fue designada en el cargo de Coordinadora de Centros de Frontera Mesopotamia Sur.

La dirigente del partido amarillo ocupará el lugar de su coterráneo, debido a que es la última integrante de la lista Juntos por Entre Ríos votada en las elecciones del 14 de noviembre de 2021, de la que ya no quedan varones en la lista de elegida.

En esa oportunidad, JxC consagró a tres diputados: Rogelio Frigerio (Pro) y los radicales Marcela Antola y Pedro Galimberti. Al renunciar Frigerio para dedicarse a la campaña que lo convirtió en gobernador, fue reemplazado por otro radical, Atilio Benedetti, segundo suplente de la lista. Ahora, al renunciar Galimberti, debe asumir Ballejos.

De modo que el Pro ganará un escaño, que en rigor de verdad había perdido en 2023 con la salida de Frigerio. Pasarán a ser 38 los diputados del bloque conducido por Cristian Ritondo, y al haber quedado La Libertad Avanza con 37 por la expulsión de Lourdes Arrieta, el partido amarillo pasa a ser la segunda minoría.

El bloque radical, que encabeza Rodrigo de Loredo pasa a tener 33 miembros, aunque siendo estrictos, los radicales son 32, pues el correntino José Federico Tournier, que asumió el 14 de agosto en reemplazo del nuevo ministro de Gobierno de su provincia, Alfredo Vallejos, es en realidad un dirigente liberal, que de todos modos se sumó al bloque UCR a pedido de su gobernador.

En la antesala a la sesión especial de la Cámara baja para debatir el veto presidencial a la Ley de Movilidad Previsional, los diputados radicales Luis Picat (Córdoba) y Martín Arjol (Misiones) justificaron a través de las redes su decisión de cambiar su voto a favor de la medida tomada por el presidente de la Nación, y apuntaron contra sus pares que votan junto al kirchnerismo.

“La GOBERNABILIDAD y el EQUILIBRIO FISCAL en peligro”, encabezó su posteo Picat y señaló que en la votación de este miércoles “no se debate el haber jubilatorio” sino que “se pone en discusión la GOBERNABILIDAD de un cuerpo de ideas que comparto”.

El cordobés cargó contra sus pares de bancada que votan en contra del veto: “Si la UCR y los sectores dialoguistas adquieren el hábito de construir mayorías con el kirchnerismo para imponerle políticas públicas al Poder Ejecutivo Nacional corre peligro el equilibrio fiscal => tenemos DEUDA + EMISIÓN + INFLACIÓN”.

“Debe haber una oposición dialoguista que tenga una fuerte conciencia de la restricción presupuestaria, que es el objetivo principal del presidente Milei y de nuestro electorado”, argumentó y sumó: “Las demandas sociales y económicas se deben discutir en el próximo PRESUPUESTO, para brindar CERTIDUMBRE fiscal y política”.

Picat alertó que “si no blindamos un tercio que le de fortaleza al gobierno para planificar las cuentas públicas la discusión puede devenir en un caos legislativo. Hemos logrado con mucho sacrificio abandonar las ideas populistas. No debemos retroceder”.

Así, recordó que cuando se votó la última ley previsional se retiró del recinto y no votó los últimos artículos, debido a que “el dictamen que yo firme se había modificado en cuestiones centrales”, y explicó: “La ley final era más parecida al proyecto kirchnerista que a nuestra idea original. Nuestra intención era tan simple como un aumento a los jubilados del 8%; se eliminó el artículo que eliminaba la jubilación de privilegio del presidente; este artículo para mí era vital. No por su dimensión económica que es mínima, sino por su dimensión moral; se cambió el origen de los recursos para cancelar las deudas que se mantienen con las provincias, nosotros habíamos propuesto que se haga con el producido de los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. La ley final eliminó esa fuente de financiamiento”.

“La ley de administración financiera establece en su artículo 38 que toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general deber especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento. Esta ley no tiene fuente de financiamiento por lo cual resulta ilegal”, remató su postura.

Por su parte, el misionero Arjol expresó: “Es ahora o nunca. El país que dejó el kirchnerismo no da tiempo a vacilaciones ni tibieza. Llevamos más de 20 años sin que nada cambie, como también pasa en Misiones”, y justificó su acompañamiento al “compromiso del presidente de cuidar el equilibrio fiscal para evitar recaer en la emisión monetaria, el endeudamiento o la subida de impuestos que a la larga nos hacen daño y nos impiden tener el país próspero que nos merecemos”.

“El amplio apoyo que recibió Milei de los misioneros es una prueba de confianza y los legisladores debemos darle espacio para que gobierne. Por eso, elijo anteponer mis coincidencias por encima de mis diferencias, por un mejor futuro para nuestros hijos e ir a fondo por el CAMBIO que la Argentina necesita”, concluyó.

La oposición llega a la sesión pedida para debatir el veto presidencial a la Ley de Movilidad Previsional envuelta en dudas, con el colmo de que la única certeza es que no cuentan con los dos tercios que imaginaban tener cuando se apresuraron a pedir la sesión especial de este miércoles, con el objeto de evitar que el tema se enfriara.

Si bien siempre admitieron por lo bajo que los números estaban “muy finos”, en ese momento venían con el envión ganador y se sentían optimistas. Aunque siempre dudaron de la homogeneidad del voto radical, cuyos gobernadores estaban siendo objeto de presión de parte del Gobierno nacional, y actuaban en consecuencia sobre sus diputados. Así y todo, las expectativas comenzaron a desmoronarse el lunes, y en las últimas horas, con la foto de un grupo de diputados radicales sentados con el presidente Javier Milei en vísperas de esta sesión clave, todo vestigio de optimismo opositor se esfumó.

“La foto fue un montón”, resumió una fuente radical consultada, sin ningún reparo de mostrar su indignación.

Independientemente de ese problema interno que expone que en el bloque radical hay hoy dos vertientes, donde conviven los más ultras y los más complacientes, lo cierto es que la en el seno de la oposición se ha abierto un espacio de incertidumbre respecto de qué hacer en la sesión prevista para este miércoles a partir de las 11.

En el seno de los bloques dialoguistas, en el radicalismo no descartan una insistencia parcial con el veto. Ellos dicen que hay un antecedente. Minuciosa, la cordobesa Soledad Carrizo lo ha publicado en su cuenta de X: “El Congreso puede insistir con la ley aprobada o puede aceptar una parte del veto”, ha dicho allí, afirmando que desde 1983 el Congreso ha hecho aceptaciones parciales. En cinco oportunidades el presidente vetó parcialmente leyes y la Cámara baja aceptó una parte del veto e insistió con otra parte de sus proyectos, señaló.

“También hubo un caso en el que el presidente vetó totalmente una ley, y el Congreso insistió con una parte de su proyecto original. Fue en el año 2002, con la Ley 25.471, Programa de Propiedad Participada de los ex agentes de YPF -explicó Soledad Carrizo-. Nos queda plantearnos qué pasará ahora con la ley de la movilidad jubilatoria. La situación es similar, veremos que responde el Congreso”.

A sabiendas de que no están los 2/3 para voltear el veto, pero tampoco para forzar el tratamiento sobre tablas, los radicales piensan en la posibilidad de presentar una moción para que se vote por artículos el veto, porque “si advertimos que se va a perder, vamos a tratar de sobrevivir con lo que se pueda sobrevivir”, graficó un representante de ese espacio.

Así las cosas, ellos van a ir por la insistencia parcial, mientras que otros bloques de la oposición dialoguista también lo están analizando. Aspiran a rescatar lo que pueda salvarse de la Ley de Movilidad Previsional, recordando que el Pro votó a favor en el Senado la recomposición del 8,1% y que la fórmula tenga el índice de inflación. Esos serían los artículos con los cuales los opositores dialoguistas piensan que podrían insistir parcialmente.

UP no quiere saber nada

No es lo que opinan en Unión por la Patria, donde están totalmente en contra de la insistencia parcial. Dicen allí que “reglamentariamente no se puede”, que es incorrecto que haya antecedentes y se preguntan para qué quieren desde el radicalismo obligar ahora a la oposición a la insistencia parcial. “¿Para salvar a los que se dieron vuelta, y a los radicales que fueron a la Rosada?”, se preguntan, mordaces, en la oposición más dura.

Así llega la oposición en su conjunto a una sesión donde necesitarían mostrar una homogeneidad que lejos están de alcanzar. Por el contrario, no hay cohesión para esta sesión, y los únicos que de cara a la misma se muestran decididos son los diputados del oficialismo, que quieren ir hacia la aprobación del veto total; y los de UP, que quieren ir por la aprobación del rechazo total. No hay en definitiva una estrategia unificada en los bloques opositores.

Y lejos están de la posibilidad de que vayan a acercar posiciones para unificar criterios, pues una alta fuente dialoguista aclaró que “no  hay nada que hablar ni negociar con ellos”, en referencia al kirchnerismo. “Que ellos en todo caso después vean qué hacen si de repente en la sesión se plantea una insistencia parcial”, cerró esta fuente.

En definitiva, las tres opciones que a priori se plantean para esta sesión para la oposición son: 1) juntar los dos tercios y voltear el veto (hoy algo prácticamente imposible); 2) insistencia parcial; 3) emplazamiento a comisiones.

Esta última alternativa es desechada desde Unión por la Patria, igual que la insistencia parcial, como dijimos. Lo del emplazamiento lo rechazan porque consideran que eso terminaría en la insistencia parcial. Y para ellos, la cosa hoy es a todo o nada.

El eventual giro se daría si el bloque que conduce Germán Martínez cediera, al igual que lo hizo cuando hace tres meses aceptó que se rechazara su dictamen, que era más ambicioso, y se aprobó el que tuvo como base la propuesta de la UCR, justamente hoy con posturas divididas.

Un plenario de las Comisiones de Justicia, Legislación Penal y Presupuesto y Hacienda de Diputados recibieron este martes a funcionarios y especialistas en materia judicial para profundizar el debate sobre una ley federal de juicios por jurados.

El primer expositor fue el secretario de Justicia de la Nación, Sebastián Amerio, quien señaló que son nueve los proyectos presentados que tienen diferencias entre sí. “El juicio por jurados no solo estuvo estipulado en la Constitución de 1853 y efectivamente fue reconfirmado en la reforma del 54. Este sistema de enjuiciamiento existe desde Sumeria en el 3.500 A. C igual que el principio de legalidad”, informó.

“No hay ningún tribunal judicial más independiente e imparcial que el jurado. De su veredicto no dependen ni sus ascensos, ni sus carreras judiciales, ni que los echen de sus trabajos, ni un jury de enjuiciamiento. Este carácter accidental, no permanente, les da la más amplia libertad de decisión sobre los casos conocidos en los sistemas judiciales”, comentó.

Amerio explicó que “el tribunal de jurados es el único tribunal de poder sin ambición propia. Esto es absolutamente fundamental. Son doce conciudadanos que, probablemente, tengan con mucha suerte la oportunidad de participar una sola vez en su vida en esto y los datos empíricos recabados dan cuenta de, no solo lo honorable que resulta para los jurados populares participar, sino el cambio de percepción que tienen de la imagen judicial y en el conocimiento y la dificultad que es juzgar a un ciudadano”.

“El veredicto del jurado por el altísimo número de doce y por la robusta deliberación que implica, goza de una legitimidad incuestionable”, afirmó y sumó: “Las decisiones de los jueces técnicos son a veces difíciles o insoportables de digerir para la población en general. Los ciudadanos no comprenden de absoluciones o condenas de jueces técnicos”.

El funcionario, sostuvo que “muchas veces está esa sensación de que no se hizo justicia y genera recurrentes crisis de legitimidad. Cuando un jurado popular es el que interviene en un veredicto, la confianza en esa decisión es inmensamente superior”.

“El jurado promueve la máxima transparencia de los actos del gobierno del Poder Judicial. Obliga a las partes a presentar sus pruebas y teorías del caso de modo sencillo y preciso para poder ser entendido por la comunidad. El jurado promueve mejor ciudadanía. Quienes ofician como jurado emergen de una experiencia como personas más comprometidas con los temas comunitarios, con más confianza en el Poder Judicial y en los poderes del Estado”, enumeró.

También indicó que “ser jurado hace que el individuo salga de ese círculo vicioso de individualismo y desconfianza absoluta hacia las instituciones. El jurado refuerza la independencia del Poder Judicial al tomar por sí la parte más difícil de la decisión, el jurado permite que se fortalezca la institución de los jueces. Las democracias más sólidas del mundo jamás presidirían del sistema de jurados”.

“Los jurados analizan hechos y pruebas a través de sus experiencias y del sentido común. Es muy importante esto. La decisión de culpable o inocente parte de lo que el ciudadano ve”, manifestó.

Amerio resaltó que “esto es una reforma estructural muy grande donde el fiscal se ocupa de acusar, el juez está más apartado, en ese sistema acusatorio un jurado más imparcial sin la de formación profesional los convierte en personas que están absolutamente vírgenes del sistema. Esto es algo que todos los proyectos basan su cuestión filosófica”.

“El jurado es la máxima democratización de la justicia porque participa de manera directa en el Poder Judicial a través del jurado. El jurado permite un inmenso ahorro en tiempo y dinero dentro del Poder Judicial representa el 0.65% del presupuesto. Son debates rápidos de un par de horas y llegan a la unanimidad, no se estancan. Trabajan en días corridos, jornadas completas. Juicios grandes no duran más de cuatro días”.

El secretario de Justicia afirmó que “el jurado es considerado la herramienta esencial para el gobierno de un Poder Judicial democrático, transparente y abierto al pueblo”, y lamentó: “No haber cumplido con este programa durante 170 años nos convirtió en un país de gran fragilidad institucional y descreimiento en la justicia”.

"El jurado es el único tribunal capaz de absorber las presiones sociales y demandas ciudadanas de justicia que se abaten sobre los sistemas judiciales del siglo XXI", consideró Amerio. Además, el representante del Poder Ejecutivo, apeló a “encontrar los consensos para avanzar” ya que “el jurado promueve la máxima transparencia del Poder Judicial, promueve mejor ciudadanía".

Respecto de los proyectos, indicó que en algunos de ellos se les asigna a la Corte Suprema la Administración de una Oficina Central de Jurados que se conoce como OFICEJ que se encarga de coordinar equipos profesionales en una red de oficinas instaladas a lo largo y ancho del país.  “Esto es algo que me gustaría levantar porque es una tarea muy administrativa que a Corte hay que ver si quieren llevar adelante. Sugerimos que la haga Casación Federal, pero es un tema menor”, sugirió.

Amerio informó que son once las provincias que utiliza el sistema de juicio por jurados. “la ola juradista sobre todo en 2018 ha ido avanzando en una velocidad extraordinaria, pero cada provincia tiene su idiosincrasia y queremos que sea analizado, pero es importante hablar de eso. Esta ley federal va a poder articularse con las leyes de juicio por jurado que ya existen”.

Foto: HCDN-Víctor del Río

Por su parte, el presidente del Superior Tribunal de Justicia de Chaco, Víctor del Río, recordó que “Chaco fue la tercera provincia a nivel nacional en poner en marcha este sistema", y explicó: "Tenemos muchos delitos en juicios por jurados, y muchas de las excusas para que no se implemente este sistema era que ‘no hay plata’. La plata está muy bien gastada, hemos recuperado la confianza de los ciudadanos".

"Es un honor, como chaqueño, destacar uno de nuestros mayores logros: haber cumplido con un sueño republicano de nuestros constituyentes al ser la tercera provincia en implementar juicios por jurados”, cerró.

Andrés Harfuch, director del área de juicios por jurados del INECIP expresó: "Estamos a punto de hacer realidad una ley tan ansiada por nuestros constituyentes, cuyas características fundamentales han sido validadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos".

También formaron parte del debate el fiscal General Departamental de Dolores, Diego Escoda quien manifestó: "Existen muchas posibilidades para avanzar hacia sistemas procesales modernos, más eficientes y el juicio por jurados es uno de ellos. La capacitación es fundamental una vez que este sistema entre en funcionamiento”. En tanto, la presidente de la Asociación de Juicios por Jurados, Silvina Manes sostuvo: "La sanción de leyes de juicios por jurado en 11 provincias argentinas demuestra que este sistema llegó para quedarse. Debemos ocuparnos de la ingeniería de este proyecto de ley”.

El director Ejecutivo de INECIF, Julián Alfie les habló a los diputados y les hizo saber que "tienen en sus manos la ley más significativa de toda la agenda de reforma judicial que todos los gobiernos han propuesto durante años. Los juicios por jurados abordan la desconfianza de la ciudadanía hacia las decisiones judiciales”.

El abogado Roberto Rallin afirmó: "Tenemos una oportunidad única de sancionar esta ley. Quizás haya que corregir detalles con el devenir de los juicios, pero no debemos dejar pasar este momento histórico. Es una deuda con nuestra sociedad y nuestros constituyentes”, mientras que Francisco Oneto celebró que "por primera vez el Congreso promoverá la ley de juicio por jurado. Considero que el proyecto que presenta el diputado Carbajal es el que debe sancionar la Cámara”. También disertó Augusto Cassiau.

Previo al debate, los diputados designaron a José Federico Tournier (UCR) como secretario 2° de la comisión de Justicia, cargo que se encontraba vacante.

El Grupo Parlamentario de Amistad con el Estado Plurinacional de Bolivia realizó un encuentro con una delegación de la Comisión de Naciones y Pueblos Indígenas Originarios Campesino, Culturas e Interculturalidad de la Cámara de Diputados de Bolivia. El interés fue conversar acerca de temáticas de pueblos indígenas e intercambios culturales entre Argentina y Bolivia.

La diputada Natalia Sarapura (UCR), titular de la Comisión de Población y Desarrollo humano de la Cámara de Diputados, les dio la bienvenida: “Estamos en un momento importante; que hoy estemos aquí intercambiando una agenda de trabajo hay que ponerlo en valor”, dijo.

“En Argentina tenemos algunas acciones que se pueden denominar avances hacia el pluralismo jurídico. El avance en la interculturalidad lo vemos, por ejemplo, en el acceso a la Justicia en las provincias donde tenemos traductores indígenas”, indicó al ser consultada por el marco judicial.

“Tenemos reconocidos los derechos de los pueblos indígenas en la Constitución Nacional. Jujuy y Salta son las provincias con mayor población indígena pero no tenemos ningún instrumento jurídico que reconozca el derecho a la autodeterminación”, sostuvo Sarapura e hizo entrega del Compendio de Derecho Indígena.

En la misma línea, el presidente la Comisión de Naciones y Pueblos Indígenas Originarios Campesino, Culturas e Interculturalidad de la Cámara de Diputados de Bolivia, Alberto Astorga Torrez, expresó el “honor de estar aquí presente”.

“Es importante intercambiar criterios sobre lo que está sucediendo en nuestros países. Vemos muchos temas que nos preocupan”, indicó. Al mismo tiempo, auguró “entablar lazos de hermandad entre nuestros países”.

En tanto, la diputada de Bolivia María Elena Reque Ascimani, agradeció la visita que fue “gracias a la acción que tiene el Embajador Argentino en Bolivia”, y dialogó acerca de temas como el medioambiente y derechos humanos que son “importantes que los tratemos en nuestros Parlamentos. Para futuro tenemos la mejor predisposición para trabajar conjuntamente y tener una visión profunda de los temas”.

Participaron, asimismo, el diputado de Bolivia y miembro de la Comisión, José Manuel Ormachea Mendieta; el diputado miembro del GPA, Guillermo Snopek (UP); la directora general de Diplomacia Parlamentaria de la Cámara de Diputados, Luciana Termine; y la coordinadora de los GPA de la HCDN, Patricia Cardo.

Expresidente de la Cámara de Diputados durante los cuatro años de Cambiemos, Emilio Monzó es hoy un diputado raso que no preside comisiones, pero con toda lógica es de los más respetados del Cuerpo. Su bloque había pedido y acordado un lugar para él en la Bicameral de Inteligencia, pero súbitamente el oficialismo cambió de idea y se reservó para sí el puesto que le había asignado al entonces bloque Hacemos Coalición Federal. Fue el motivo del enojo de Miguel Pichetto, que retaceó sus diputados en dos sesiones consecutivas por eso, logrando voltear una. El enojo todavía le dura.

Pero no nos desviemos. Monzó es desde hace tiempo partidario de las eliminar las elecciones intermedias. En 2023 anunció que emprendería una cruzada con ese objetivo. Lo explicó señalando que “en esta sociedad tan vertiginosa, tan fragmentada, ningún gobernante puede generar políticas de Estado y transformar, si tiene una elección a los dos años… Porque al año y medio ya está observando cómo cierra la lista”.

Claro que eso no es tan sencillo de hacer, porque por ejemplo habría que modificar la Constitución. Él hablaba de hacer un gran acuerdo para limitar esa reforma a cambiar un solo artículo de la Carta Magna, pero es un riesgo que nadie quiere tomar.

Más allá de esa propuesta -que no pocos miran con simpatía-, lo cierto es que esa reforma es la que hubiera necesitado un gobierno como el de Javier Milei, cuyo partido fue creado un rato antes de las elecciones que lo consagraron y que por lo tanto más del 90% de sus legisladores asumieron recién el 10 de diciembre pasado. Y si bien el presidente insiste en decir cada vez que puede que es el gobernante más votado de la historia, la realidad es que el Congreso actual -o al menos la mitad de los diputados y un tercio de los senadores- es producto del resultado de la primera vuelta. En la que La Libertad Avanza resultó segunda, con un tercio de los votos.

Como sea, de haberse instrumentado la reforma que propone Emilio Monzó, el Congreso actual sería emergente de esa elección y nadie tendría mayoría, pero tampoco este oficialismo sería una minoría tan reducida.

Los constitucionalistas suelen decir que la Carta Magna “es sabia”, por lo que habría que considerar que deliberadamente se buscó que las mayorías tengan un tiempo de maduración, cuestión de que nadie de la noche a la mañana arme un partido y, con los planetas alineados, en una muy buena elección se quede con todo el poder.

Mal que le pese, si a Milei hay que buscarle algún presidente con el que pueda ser comparado, ese es Hipólito Yrigoyen, que sorpresivamente -o no- se alzó en 1916 con la presidencia con un partido relativamente nuevo, frente al conservadorismo, que a través del Partido Autonomista Nacional controlaba el poder sin alternancia desde hacía 42 años, como virtual partido único. Esas elecciones que ganó Yrigoyen tuvieron la particularidad de haber sido las primeras en las que se aplicó la Ley Sáenz Peña, que estableció el sufragio secreto.

Consecuencia: Yrigoyen asumió con el Congreso más adverso de la historia: minoría en las dos cámaras; tan extrema como la de Milei casi un siglo después. Solo 4 senadores y 45 diputados tenía el caudillo radical al llegar el poder. Adversidad que con el correr de las elecciones fue revirtiendo.

Es lo que espera lograr el actual oficialismo, que imagina tendrá mucho más en 2025, aunque vaya a seguir siendo una minoría extrema, por más contundencia que tenga su eventual triunfo en las elecciones intermedias. O tal vez no lo sepa, lo cual sería una ingenuidad grave.

Los partidos que formaron Cambiemos y luego Juntos por el Cambio ganaron las elecciones de 2013 y 2015, con mayores porcentajes que Milei, y así y todo el de Mauricio Macri fue el primer gobierno en minoría en ambas cámaras después del de Hipólito Yrigoyen. Y lo siguió siendo aun habiendo ganado las intermedias de 2017.

A Javier Milei le gusta cada vez que puede hacer gala de su minoría extrema. El jueves, en el acto ante los ultraderechistas de Vox, el presidente se vanaglorió de estar haciendo “la reforma más grande de la historia argentina en menos de 9 meses”, y  con apenas “el 15% de la Cámara de Diputados y el 10% de la de Senadores”. Nunca aclara que sin la colaboración de los bloques dialoguistas -que suman varias veces el número de La Libertad Avanza-, no hubieran podido avanzar nada en el Congreso. Así y todo los desafía: “Ellos van a hacer lo imposible para que el presupuesto no salga”, anticipó ante el inminente inicio del debate del Presupuesto. ¿Por qué? Porque “un presupuesto liberal y austero significa el fin de miles de curros”, dijo Milei haciendo estallar al auditorio del Foro Madrid.

Mas allá de esas diatribas, la realidad es que si en algo no tiene interés la oposición, es que el gobierno no tenga su presupuesto y: a) se victimice y pase factura in eternum; b) prorrogue el Presupuesto en vigencia y pueda hacer un uso discrecional de las partidas.

Esto se da a escasos días de que el Gobierno libertario presente ante el Congreso su primer proyecto de presupuesto, puesto que el de 2024 decidió no mandarlo. Y en este caso Milei se propone volver a mostrarse disruptivo. Así como en la asunción presidencial rompió el molde dando su discurso fuera del Palacio Legislativo, y en la apertura de sesiones ordinarias habló en el horario inédito de las 21, para el Presupuesto 2025 decidió ser él quien vaya al Parlamento a presentarlo. Será una nueva oportunidad para tener centralidad y darle al tema una trascendencia que de lo contrario no tendría.

Sucederá al cabo de lo que muy posiblemente sea una nueva semana negra para el oficialismo en el Congreso. Con derrotas contundentes en el Senado y probablemente también en Diputados. Allí será el miércoles, cuando la oposición intente rechazar el veto presidencial contra la Ley de Movilidad Previsional. La sesión ha sido convocada para las 10 de la mañana por todos los sectores que componen el heterogéneo bloque radical, la Coalición Cívica y la bancada de Pichetto, que junto a Unión por la Patria suman 155 diputados. Les estarían faltando 15 votos, y no es seguro que todos los radicales vayan a votar contra el veto, según pudo saber este medio. Hay una presión intensa sobre determinados gobernadores.

Eso sí, si se consiguen votar el rechazo, será un duro golpe para el oficialismo, pues en el Senado no podría evitar un resultado similar.

Más allá de la suerte que vaya a tener LLA el miércoles, el destino del jueves en el Senado parece inexorable. Allí le esperan dos traspiés, a cual peor: la oposición convertirá en ley el proyecto de Financiamiento Universitario y luego derogará el DNU de los fondos de la SIDE, en un hecho inédito desde que los decretos de necesidad y urgencia fueron reglamentados. En ambos casos sería con 2/3.

Para maquillar una jornada negra, el oficialismo intentará votar la ley de Boleta Única en Papel, pero todavía no tiene asegurados los votos necesarios para aprobarla con modificaciones. Si fracasa, el tema no podrá volver a ser abordado hasta 2026.

Con semejante sucesión de traspiés legislativos, se entiende que el presidente quiera mostrarse dominador de la situación, asumiendo total protagonismo el lunes siguiente al presentar él mismo el Presupuesto.

Protagonismo que buscó al cerrar la semana en la red social que más le divierte e interesa, X, donde el viernes se enfrascó en una encendida polémica sobre economía con la expresidenta Cristina Kirchner. Ella empezó, con un tuit matutino que incluía un informe económico con el que desafió al presidente. Era obvio que él se prendería de la discusión y redoblaría la apuesta. Por temperamento y conveniencia, ya que el contrapunto con quien él ve como su Némesis, siente que lo fortalece. A ella también, de ahí que propusiera la discusión.

Surgió justo cuando los puentes entre el Gobierno y el kirchnerismo parecían muy transitados, con el fin de aprobar los pliegos de los jueces propuestos por Milei para la Corte. Fundamentalmente Ariel Lijo. En las últimas horas, los senadores que le responden a Cristina hicieron saber que el tema está frenado. Por ahora.

Mientras tanto, los radicales que completarían los votos para llegar a los dos tercios necesarios para sentar a Lijo en la Corte han congelado su decisión: nadie quiere exponerse si el kirchnerismo no muestra antes sus cartas.

Quedó claro con las firmas de los dictámenes de ambos candidatos. Transcurridos más de diez días de la audiencia con Manuel García Mansilla, ninguno de los dos pliegos llega a las nueve firmas necesarias para llegar al recinto. Con la relación de fuerzas en un momento de tensión extrema y traspiés reiterados por parte del Gobierno, no sorprendería que el tema quede para el año que viene.

A fines de diciembre, Juan Carlos Maqueda se jubila. Desde la Corte adelantaron que están en condiciones de funcionar con solo tres miembros.

Con polémica y acusaciones de “dilatar” el tratamiento, la Comisión de Transportes de Diputados, presidida por la radical Pamela Verasay, pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo martes 10 de septiembre a las 10.30 para retomar el debate sobre el Fondo de compensación tarifaria del transporte público de pasajeros por automotor urbano y suburbano del interior del país y poder emitir despacho.

El pedido fue solicitado por el oficialista Lisandro Almirón de pasar a un cuarto intermedio hasta la próxima semana para “lograr un borrador de dictamen consensuado entre los distintos bloques de acuerdo a las posibilidades que tiene el Estado”, atento a las circunstancias de la quita del subsidio al AMBA y a pocas semanas de tratar el Presupuesto, ya que “es fundamental acordar con todo el arco político frente a esta necesidad de saber concretamente con qué erogaciones cuenta el Estado para afrontar este gasto importante que tiene en materia de transporte en todo el interior del país”.

Al respecto, el vicepresidente de la comisión, el diputado de UP Diego Giuliano recordó la visita de los intendentes y el proyecto que les acercaron para garantizar el fondo compensador del transporte del interior que “fue cancelado por este Gobierno”.

“Todos sabemos apenas inició su gestión esa cancelación significó un perjuicio muy grande al sistema de transporte del interior del país y, además, significó que las tarifas para los usuarios se hayan escalado de una manera desproporcionada. En muchos lugares, hay una asimetría que tiene mucha historia en la Argentina, pero que ha habido acciones políticas o decisiones para equilibrar y otras que han sido para desequilibrar”, señaló.

Giuliano destacó el proyecto de los intendentes argentinos de todos los sectores políticos que “establece un fondo compensador de transporte para el interior del país que tiene una fuente de financiamiento responsable”, y precisó: “Si uno mira los números del presupuesto del año pasado, que hoy está en curso, se van a dar cuenta que tampoco les alcanza porque el ejecutado llegaría a 73.000.000 y, justamente, lo que sea ejecutado y lo que se ha devengado en el año anterior han sido 85.000 millones y 102.000 de ampliación presupuestaria”.

Así, contó que dialogaron con los distintos sectores políticos para trabajar en un proyecto que contemple tanto el subsidio hacia la oferta “que es algo que plantean los intendentes”, y también al usuario o demanda.

“Generamos un proyecto de dictamen que incluye ambas cosas. Un período de transición de subsidio, en este caso como lo piden los intendentes a la oferta hasta tanto en el término de un año podamos tener SUBE en toda la Argentina de los usuarios del país, con lo cual estaríamos en condiciones ya de esa transición”, informó.

Giuliano remarcó la necesidad de “generar las mayorías para que, por lo menos desde la Comisión de Transporte, tengamos la posibilidad de dictaminar tal como pidió la red de intendentes del país hace más de dos meses, con los aportes que se han hecho de distintos sectores porque tienen en cuenta la transición, el momento de la llegada de la SUBE a todo el país, los criterios que hacen a la equidad y que, de alguna manera, combinan lo que es la población con el territorio”.

“Por supuesto que cuando hay una mayor extensión territorial y menor cantidad de pasajeros transportados la ecuación económica y financiera del transporte se complica. Eso tiene que estar también en el proyecto y es esto lo que lo que hemos, de alguna manera, consensuado en Unión por la Patria con otros sectores que, probablemente, estén de acuerdo con la misma propuesta”, cerró.

Por su parte, el socialista Esteban Paulón planteó que: “Llegada esta fecha de septiembre es importante que avancemos con este tema. Entiendo que en pocas semanas nos vamos a meter en el debate del Presupuesto que parece que va a venir el presidente a presentarlo en persona, pero si seguimos esperando información que ya está disponible y de la que contamos, seguimos generando un perjuicio para el transporte urbano de pasajeros en las localidades de las provincias”. Al respecto, acotó: “No sabemos si los pedidos de información pública van a llegar o no porque en este momento están suspendidos. Quizás algún funcionario en el Ejecutivo le parece que no es relevante que el Congreso conozca alguna información en relación al subsidio al transporte”.

Paulón contó que en varias localidades de la provincia de Santa Fe “el transporte urbano de pasajeros está siendo perjudicado fuertemente”, y precisó: “En el mes de enero nuestra provincia aportó por impuesto a los combustibles líquidos 3,500 millones de pesos. Ese monto en el mes de agosto fue de 18.500, más de cinco veces se multiplicó el aporte”, y denunció que “esos recursos quedan concentrados en el Gobierno nacional”.

“Este año fruto del acuerdo del actual presidente con el excandidato Sergio Massa se prorrogó el presupuesto, por lo tanto, hay un presupuesto que ejecutar, hay recursos que están ingresando y hay ciudadanos de Argentina que no están recibiendo una contraprestación”, criticó y pidió: “Me parece importante que nos aboquemos a discutir hoy con los recursos que están qué hacemos con este tema”.

El diputado socialista contó que en algunas ciudades se paga el boleto $1000 por lo que planteó “apurar” el debate para que sea un alivio a los municipios y provincias que “están haciendo un esfuerzo enorme aportando también subsidios en un contexto donde todo aumenta” y adelantó su posición negativa a otorgar el cuarto intermedio porque: “Creo que se ha estudiado bastante este tema se ha trabajado bastante y estamos en condiciones de avanzar en un dictamen”.

En la misma línea, el santafecino Eduardo Toniolli (UP) recordó que “en febrero de este año se hizo patente que el Gobierno Nacional no iba a enviar ni un peso más en concepto de Fondo Compensador al Transporte del interior. Fuimos algunos a la Justicia Federal para intentar que esa medida se retrotrajera, medida que después el Gobierno formalizó efectivamente a través de un DNU”.

“Los gobiernos locales, en el caso del transporte urbano, y los gobiernos provinciales en el caso del transporte interurbano, tuvieron que aumentar las tarifas del transporte público de pasajeros para poder cubrir esos fondos que Nación dejaba de enviar”, alertó y agregó que “las empresas sacaron unidades de colectivos de las calles, de las rutas, en función de que le cerraran un poco más los números”.

Toniolli indicó que la consecuencia de esas dos decisiones derivó a que “muchísimos usuarios se empezaron a bajar del transporte público de pasajeros en búsquedas de otras opciones”. Al respecto, manifestó que “con un boleto de colectivo como en Rosario, como en Santa Fe, como en Córdoba de $940 y posiblemente dentro de poco a $1200, se evidenció una brutal caída en la cantidad de usuarios”.

“Los datos del último estudio de la movilidad muestran que hay una caída brutal de usuarios del transporte urbano. Entre junio del 2022 y junio del 2023 hubo 64 millones de viajes cancelados. Dentro del sistema de junio del 2023 a junio de este año 55 millones de viajes cancelados, es decir una caída de 9 millones de viajes. Entre año y año sin la asistencia del Estado nacional esto termina mal, con un escenario de quiebra de los sistemas de transporte público”, advirtió.

El santafecino apuntó: “Para nosotros hoy el planteo de un cuarto intermedio es dilatar la definición que venimos reclamando desde hace tiempo y ustedes le consta que lo venimos reclamando insistentemente y no es una cuestión partidaria el reclamo de los intendentes”. “Esto es un reclamo pluripartidario de quienes tienen responsabilidades de gestión y están viendo que se van a quedar sin movilidad en sus ciudades o sus regiones y, cuando se cae la movilidad de una ciudad, lo primero que se cae es la actividad comercial”, alertó.

En cumplimiento de ordenes emanadas del Ejecutivo, @PameVerasay, presidenta de la Comisión de Transporte, dió por finalizada abruptamente la reunión y se retiró con los diputados de LLA, PRO, UCR y CC, para evitar dictaminar sobre la recuperación de los subsidios al transporte.

— Eduardo Toniolli (@eduardotoniolli) September 5, 2024

“No estamos de acuerdo con este planteo cuarto intermedio, la propuesta de dictamen que tenemos incorpora incluso esta nueva realidad. Lo que pretendemos es construir un amplio consenso en este Congreso por eso el proyecto de dictamen que presentamos incorpora las regiones que tienen SUBE y las que no. Incorpora la perspectiva de los intendentes tal como las plantearon. También incorpora la nueva realidad donde se pretende retirar los subsidios. Es una mirada integral sobre el tema para lograr un amplio consenso”, explicó.

Toniolli señaló que el proyecto se tiene que “poder aprobar en el recinto con un número que lo haga impermeable a la compulsión que tiene este presidente de la Nación de vetar todo lo que él considera que tocan su caja”, y reiteró: “Vamos por la construcción de un amplio acuerdo con una mayoría parlamentaria que, lamentablemente tengo que decirlo, vaya a contramano de lo que pretende el Gobierno que es eliminar la posibilidad de que el interior cuente con recursos o dejarlo reducido exclusivamente a la pequeña fracción”.

“Nuestro dictamen le incorpora ir por la demanda, la tarjeta SUBE y toda esa perspectiva lo que lo hace viable económicamente y lo que lo hace viable también políticamente para poder ser aprobado con una amplia mayoría en el recinto de este Cuerpo para convertirlo en un proyecto de mayoría amplio  y sólido”, cerró.

Por la Coalición Cívica se expresó el diputado Maximiliano Ferraro remarcó que el tema se “viene discutiendo en los últimos años y que se ve inserto en un contexto de decisiones unilaterales, intempestivas y que uno no puede compartir en términos del rumbo que quiere darle el Gobierno nacional”. “Es un debate que siempre nos costó encontrar un acuerdo y es parte del juego democrático político que tenemos”, criticó y planteó: “Creo que tenemos que encontrar una solución definitiva en términos de ley”.

“Yo no estoy de acuerdo con las prórrogas constantes en el marco de la negociación presupuestaria del Fondo Compensador. Siempre discutíamos de qué manera buscar una solución integral que pueda dar respuesta a las jurisdicciones provinciales, que pueda dar respuestas también a los intendentes y a los municipios, de qué manera se podía compatibilizar o que recorran en un camino virtuoso la situación del AMBA”, manifestó Ferraro.

Así, sostuvo: “Tenemos que tratar de encontrar un texto que reúna a la mayor cantidad de diputados”, y afirmó desconocer el dictamen del bloque UP: “Ninguno de los diputados miembros me conversaron en el día de ayer y en el día de hoy y en todo este periodo”, y aseguró que le solicitó tiempo a la presidenta de la Comisión “para poder verlo porque quiero ver la  viabilidad del proyecto, no por una cuestión de demorar o dilatar la cosa, sino por una cuestión de que podemos encontrar un acuerdo más lógico que construya una mayoría ante el disparate de una posibilidad de poder de veto del presidente a nosotros nos permita poder insistir o poder dar una respuesta seriamente en términos de una ley”.

“La cuestión del subsidio al transporte, esta situación de manera discrecional de uno u otros gobiernos hasta el propio, siempre estuvo ligada al látigo de la billetera con respecto a los gobernadores y con respecto a los intendentes. Entonces este Congreso tiene la facultad de poder dar una respuesta integral en términos de qué manera pasamos a subsidiar verdaderamente la demanda reivindicando la SUBE, pero también viendo de qué manera podemos integrar otros dispositivos en este sentido para que realmente llegue la plata al que le tiene que llegar”, expresó.

“Sin ánimo de dilatar la cosa, voy a pedir por lo menos una semana más para el martes que viene, si es posible, para tratar de ver si podemos encontrar un texto que reúna un amplio consenso para que ese amplio consenso a su vez pueda salir de la caja negra que muchas veces se ha convertido la Comisión de Presupuesto en estos últimos 7 meses y que lo hemos visto en otros intentos. Puedo entender el enojo y el malestar que puedan tener algunos diputados porque estoy pidiendo esta prórroga o este cuarto intermedio de 48 o 72 horas hábiles para trabajar en un texto que, vuelvo a decir, tenga viabilidad, sea realista y sea pragmático desde el punto de vista político del recinto”, concluyó el diputado de la CC-ARI.

En la Comisión de Transporte en @DiputadosAR acompañé el pedido de cuarto intermedio. Necesitamos ese tiempo para avanzar en encontrar una solucion integral y sostenible a los subsidios.

Hay dos discusiones pendientes, una la inequidad entre AMBA e interior y otra, acerca del…

— Germana Figueroa Casas (@germanafc) September 5, 2024

Por su parte, la diputada del Pro Germana Figueroa Casas coincidió en que es una discusión que “ya la hemos dado muchas veces”, y opinó: “Nosotros tenemos que tomar una decisión sobre de qué forma evitar inequidades porque venimos con una historia anterior con empresas que estuvieron recibiendo dinero de antes, había gente que recibía más de lo que correspondía que hubiera sido bueno auditar”.

Figueroa Casas destacó que con el sistema SUBE “se avanzó mucho porque se empezó a tener detalle de los kilómetros, de los recorridos, por eso creo que tenemos que buscar una solución un poco más integral”. Así, solicitó poder ver el proyecto de UP: “No me parece que se mantenga la simetría que hay con AMBA, no sé si se está planteando esa transición ahí, por eso me gustaría poder leerlo para para tener claro”.

“Somos un país que se dice federal, pero no lo somos. Me gustaría poder aclarar apoyo el cuarto intermedio. Si vamos a ir por una solución integral, si podemos ver los proyectos que están ahora para dictaminar, nosotros hemos tenido charlas con el oficialismo y nos han dado una respuesta con una propuesta que quizás se podría mejorar, por eso me gustaría acompañar el pedido cuarto intermedio”, concluyó.

A su turno, el jefe del bloque de UP, Germán Martínez, apuntó: “Hay un gobierno que le saca los recursos al transporte del interior y nosotros queremos reponer el daño provocado. Hay propuestas que intentan recuperar recursos para el transporte de pasajero del interior de la Argentina, mientras que hay un Gobierno que, primero, arrancó por el interior”.

Martínez señaló que los recortes aparecieron en el mes de febrero, criticó a la comisión porque “pasaron 90 días desde que recibimos a los intendentes y estamos exactamente en el mismo lugar del punto de vista del debate político, pero estamos mucho peor del punto de vista de la gestión del sistema de transporte por todo lo que hemos hablado”.

“Creo que somos mayoría los que creemos que el transporte tiene que tener recursos, porque hay un Gobierno que no quiere recursos para el transporte de pasajeros que le sacó 450.000 millones de pesos a las provincias para darle a la Ciudad. El propio Congreso argentino definió para el presupuesto 2022 4.000 millones de pesos al Fondo Compensador, o sea que en una decisión administrativa le saca las provincias un monto equivalente a la mitad del fondo compensador del año 2023”.

Martínez sostuvo que hay que pensar en los ciudadanos, en los intendentes, una visión nacional y una visión integral del problema y resumió el dictamen de su bloque: “Hay que volver a tener un Fondo Federal de Compensaciones para el sistema de transporte público de pasajeros urbano y suburbano del interior; que no vaya en detrimento de los recursos que tienen que ir al área metropolitana de Buenos Aires; reclamo de los intendentes sobre la distribución del impuesto a los combustibles líquidos; los subsidios van a ser distribuidos a los usuarios a través de la SUBE; darle formalidad y peso al Consejo Federal del Transporte”.

“Cualquier demora hoy es incomprensible. No podemos estar en el mismo nivel de debate siempre, hay que generar borradores porque da la sensación de que no termina una vocación en cerrar el tema”, finalizó.

Por la UCR, el jujeño Jorge Rizzotti le recordó a Martínez que “no estaríamos en esta situación si hubiéramos logrado, cuando me tocó presidir la comisión la gestión anterior, una ley que garantice este famoso subsidio del transporte. En ese momento ustedes oficialistas no podían acceder y tenían instrucciones desde el Ejecutivo”.

Rizzotti vio con esperanza una unificación de los dictámenes presentados para la próxima semana y bregó para “tener para la semana siguiente un dictamen para avanzar y llevar ya un dictamen a Presupuesto y lograr la mayoría para que pueda ser bajado al recinto”.

Al cierre, Verasay anunció finalmente el pase a un cuarto intermedio para la próxima semana, lo que generó un fuerte enojo por parte del bloque de Unión por la Patria. “Vamos a un cuarto intermedio con todos los dictámenes, ya se han manifestado todos los bloques”, argumentó la presidenta de la comisión.

“Tenemos una gran oportunidad de dictaminar”, le planteó el vice de la comisión Giuliano y sumó: “Hay pedido de la palabra… mantengamos un debate responsable. Hay que dar el debate y tenemos un despacho de comisión porque hemos trabajo”. Por detrás, la diputada Paula Penacca (UP) le preguntó irónicamente al libertario Almirón: “¿No querés trabajar más Almirón?”.

Verasay desestimó el pedido de UP y ratificó el pase al cuarto intermedio para la próxima semana porque “hay voluntad mayoritaria”.

En la sesión informativa de la Cámara de Diputados de este miércoles, el jefe de Gabinete Guillermo Francos, alertó que “los resultados de las pruebas PISA nos demuestran que somos un país que ha caído en niveles educativos y tenemos que recuperarlo”.

El funcionario recordó que el pasado 4 de julio el presidente, Javier Milei, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, anunciaron el Plan Nacional de Alfabetización “una política prioritaria y transversal que busca que todos los estudiantes del país puedan leer, comprender y escribir textos de acuerdo a su edad”.

“Es increíble que en Argentina todavía hoy debatamos sobre un plan de alfabetización. Los resultados de las pruebas PISA nos demuestran que somos un país que ha caído en niveles educativos y tenemos que recuperarlo”, lamentó.

Francos detalló que “el 35% de los alumnos de tercer grado no sabe leer ni escribir ni es capaz de realizar las operaciones matemáticas básicas. Alrededor del 50% de los alumnos no es capaz de comprender un texto de complejidad básica al finalizar la escuela primaria”.

“El Plan Nacional de Alfabetización es una deuda histórica de nuestro país, que no ha podido garantizar hasta el momento un sistema educativo que le permita a los jóvenes desarrollar su vida en libertad”, criticó.

En tanto, destacó la declaración, junto a otros bloques, de la educación como servicio esencial, que ya tiene media sanción en la Cámara. “Con esta iniciativa, aseguramos que las escuelas se mantengan abiertas pese a cualquier intento de paro gremial y garantizamos 180 días de clases en todo el país”, resaltó y apuntó: “En una Argentina donde los chicos no saben leer y escribir, no podemos permitir que algunos usen a los estudiantes como rehenes para negociar paritarias”.

Guillermo Francos, en la presentación de su primer informe de gestión como jefe de Gabinete de Ministros ante Diputados, aseguró que desde el Gobierno le están dando a la Justicia “herramientas a la Justicia para que sea rápida, eficiente y transparente en la lucha contra delitos como el narcotráfico”.

“Avanzamos con la implementación del Sistema Acusatorio y del Código Procesal Penal Federal. Le estamos dando herramientas al Poder Judicial para que sea rápido, eficiente y transparente en la lucha contra delitos como el narcotráfico, la trata de personas, el lavado de activos y la corrupción. Se terminaron los juicios de 20 años en el sistema penal federal”, destacó.

En esa línea, resaltó el envío al Congreso de la ley para modificar el régimen penal juvenil y evitar la impunidad en crímenes cometidos por menores desde los 13 años. “Vamos a terminar con el uso de niños por parte de organizaciones criminales y narcotraficantes para quedar impunes. Creemos que, a delito de adulto, corresponde pena de adulto”, planteó.

También, señaló que la “Ley de juicio en ausencia” será “fundamental para que los terroristas y criminales de alto perfil no puedan seguir evadiendo a la justicia argentina”, y agregó: “Esta normativa le permitirá al Poder Judicial avanzar contra quienes cometieron los atentados más terribles de la historia de nuestro país, contra la AMIA y la Embajada de Israel, aun cuando se desconozca su paradero. Gracias a ello, pesará sobre los culpables una condena firme que podrá habilitar el pedido de captura internacional”.

“Es prioridad para nosotros la designación de magistrados idóneos para cubrir las 305 vacantes existentes en el Poder Judicial en todo el país”.

Francos manifestó que, desde el Ejecutivo, a través del representante en el Consejo de la Magistratura, están realizando “un gran esfuerzo para agilizar la mayor cantidad de concursos#, y detalló: “En sólo cinco meses, remitimos las ternas para la cobertura de 55 vacantes. Esto supera al total de las enviadas anualmente en 17 de los últimos 24 años”.

Por otro lado, comentó: “Tenemos a consideración las ternas correspondientes a 139 cargos de jueces.  Estamos analizando de manera pormenorizada a cada uno de los ternados, a fin de enviar con celeridad al Senado los pliegos de aquellos profesionales que reúnan la mayor capacidad técnica y jurídica”.

“En el caso del Ministerio Público Fiscal tenemos 93 vacantes, de las cuales 65 están siendo analizadas por el propio MPF, mientras que 28 ya fueron elevadas al Ministerio de Justicia para avanzar con los nombramientos. De igual manera, en el Ministerio Público de la Defensa hay 77 vacantes, 32 se encuentran en el mismo MPD siendo evaluadas y 45 fueron elevadas al Ministerio de Justicia”, sumó y cerró: “En muy corto plazo logramos otorgarles dinamismo a los procesos para designar los cargos vacantes en el Poder Judicial.  Esto demuestra el compromiso del presidente Milei y de todo el Gobierno para solucionar este tema en el Poder Judicial”.

A la hora de hablar de seguridad en la sesión informativa de Diputados, el jefe de Gabinete Guillermo Francos, destacó la labor de la ministra Patricia Bullrich por la implementación del “Plan Bandera” en la Ciudad de Rosario y el protocolo anti piquetes y le hizo un pedido al Congreso de la Nación de “avanzar” con el tratamiento de las leyes en seguridad.

El funcionario comentó que “El Plan Bandera” que contó con el acompañamiento del gobernador Maximiliano Pullaro, movilizó más de 1.700 efectivos y 170 móviles, dio como resultado un mes sin homicidios en Rosario. “Se trata del periodo más largo desde 2013, año en el que comenzaron a haber registros de estadística criminal”, celebró.

Francos informó que se evidenció una caída del 70% en homicidio dolosos en la zona de despliegue de fuerzas federales. Además de los 30 días sin homicidios, éstos se redujeron en los últimos seis meses. Se implementaron más de 460 operativos y se detuvieron a 418 personas vinculadas al narcotráfico. Los decomisos de cocaína aumentaron un 500% respecto del 2023.

“La coordinación del Gobierno nacional y provincial y municipal de Rosario puso fin a una ciudad dominada por el narco terrorismo. Hoy Rosario ha recuperado la tranquilidad”.

Además, contó que “se rescataron a más de 700 personas de redes de explotación y se expulsaron, a nivel nacional, 390 personas extranjeras involucradas en diversos delitos penales”.

Por otro lado, destacó el “nuevo protocolo antipiquetes, se ordenaron las manifestaciones, y se terminó con la extorsión violenta de quienes se creían dueños de la calle.  Desde diciembre de 2023 se terminaron los cortes y los piquetes, y las movilizaciones se realizan respetando el protocolo. Ahora se garantiza el derecho a la libre circulación de todos los ciudadanos”.

Así, señaló que en pocos meses se enviaron al Congreso múltiples proyectos de ley diseñados para fortalecer la lucha contra el crimen organizado: Ley Antimafias, Ley de Reiterancia, modificaciones en el Registro Nacional de Datos Genéticos, Ley de Regularización de Tenedores de Armas de Fuego, baja en la edad de imputabilidad, creación de la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada y modificaciones en la legislación actual sobre condenas, concurso de delitos, atentado a la autoridad y legítima defensa y pidió que “para seguir cuidando a los argentinos de bien y luchar contra el delito, necesitamos avanzar en su tratamiento”.

El presupuesto a la SIDE

El jefe de Gabinete explicó que avanzaron con la reorganización del sistema nacional de inteligencia, por lo que decidieron disolver la AFI y crear la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

“Durante años, muchos de los fondos que debían destinarse a garantizar la seguridad de los argentinos fueron utilizados para el espionaje político, la persecución ideológica y el tráfico de influencias”, apuntó contra la gestión anterior y agregó: “Al asumir, nos encontramos con una Agencia Federal de Inteligencia totalmente desmantelada y desfinanciada, sin capacidad técnica, profesional ni material para hacer frente a las tareas de suma importancia que debía desarrollar”.

Francos cuestionó que “mientras históricamente los organismos de inteligencia en Argentina llegaron a tener presupuestos de 250 millones de dólares, en 2023 la AFI tuvo sólo 50 millones de dólares asignados. Esto no se alinea ni siquiera con el presupuesto designado por el sector privado para algo tan sensible como la ciberseguridad”.

“Vinimos a modernizar el sistema de inteligencia y alejarlo de cualquier interés personal y partidario de la administración de turno. Por eso, enviamos sendos DNUs al Congreso para discutir el presupuesto que requiere la nueva SIDE, con una suma completamente razonable para montar un sistema de inteligencia que verdaderamente proteja a los argentinos”, respaldó.

Durante la exposición de su primer informe de gestión ante la Cámara de Diputados, el jefe de Gabinete Guillermo Francos, señaló que “los altos niveles de informalidad del país nos demuestran que la legislación actual es obsoleta”.

El funcionario sostuvo que, en materia laboral, “impulsamos la reforma incluida en la Ley Bases, luego de que la justicia frenase las disposiciones contempladas en el DNU 70”, y alertó: “Es una discusión urgente para nuestro país porque en Argentina no se generan nuevos puestos de trabajo genuinos en el sector privado desde el año 2011”.

“Con esta normativa, establecemos los cimientos para una reforma laboral profunda que contemple un debate más amplio sobre aspectos como la educación, la formación, la deserción escolar, entre otros”, remarcó y sumó: “Queremos impulsar la generación de trabajo en Argentina y otorgar seguridad jurídica tanto a empleados como a empleadores”.

Para Francos “los altos niveles de informalidad del país nos demuestran sin dudas que la legislación actual es obsoleta”, e indicó: “Durante el segundo semestre del 2023 había 7,5 millones de trabajadores no registrados, mientras que los asalariados privados eran menos de 6,4 millones”.

“En nuestra reforma, incluimos medidas como la extensión del período de prueba, la contemplación de un fondo de cese laboral como alternativa a las indemnizaciones, el establecimiento de un régimen simplificado de registración laboral con un aporte único para las empresas de hasta 20 empleados y un sistema de condonación de multas por trabajador no registrado. Esto nos va a permitir terminar de una vez con la industria del juicio en la Argentina, que tanto daño hace a las pequeñas y medianas empresas del país”, explicó.

Por último, comentó que se reconvirtieron el programa “Potenciar Trabajo” en las iniciativas “Volver al Trabajo” y “Programa de Acompañamiento Social”. "Las auditorías desarrolladas sobre el Potenciar Trabajo demostraron que, desde su puesta en marcha, sólo el 1.3% de los beneficiarios obtuvieron un empleo formal. Desde enero de 2024 se recibieron alrededor de 80 mil llamados por denuncias de extorsión y se detectaron 52 mil casos de incompatibilidades insalvables, que fueron dados de baja", cerró.

Tras la quita de subsidios al transporte, la comisión homónima de Diputados a cargo de la radical Pamela Verasay se volverá a reunir este jueves para apurar el dictamen sobre el Fondo para la Compensación Tarifaria del Transporte Público de pasajeros por automotor urbano y suburbano del interior del país.

El encuentro está pautado para este jueves a las 10.30 en la Sala 6. Según pudo saber parlamentario.com no habrá invitados a exponer, pese a que en la última reunión Verasay había comentado que algunos ministros de transporte querían asistir a exponer.

De esta manera, los diputados apurarán el dictamen, tal como lo anticipó la titular de la comisión, antes de que el Poder Ejecutivo envíe al Congreso el Presupuesto Nacional.

En el encuentro pasado expuso el presidente del Comité Federal de Transporte, Marcelo Ferraris quien alertó que “la situación del transporte en el interior de la argentina está atravesando una de las peores crisis”, pero señaló que “es una complejidad que viene desde hace años”. También comparó los cuadros tarifarios de CABA y AMBA con el resto de las provincias.

Fin de la historia para la diputada nacional Lourdes Arrieta en el seno de la Libertad Avanza. La mendocina renunció al bloque de La Libertad Avanza y conformará un bloque unipersonal llamado FE.

La bancada que preside el cordobés Gabriel Bornoroni tenía previsto este martes por la noche decidir su expulsión, en el marco de una reunión prevista para las 20.30. En lugar de realizarla en el Salón Blanco, como de costumbre, será una reunión por zoom. Pero paralelamente, antes el bloque oficialista envió al presidente Martín Menem una nota bien sintética que se limita a plantear que “en adelante la composición del bloque estará integrada por 37 diputados, cuyos nombres detalla, con la ausencia de la susodicha Arrieta.

A su vez, la mendocina mandó una nota al presidente de la Cámara anunciando la conformación de su propio bloque unipersonal, que se llamará: “Fuerzas del Cielo – Espacio Libertad”, y su sigla será FE.

Abordada por los periodistas este martes por la noche, la protagonista de esta historia, Lourdes Arrieta, confirmó su salida del bloque contragolpeando: “No puedo ser parte de un bloque que está en contra de la agenda del presidente”, declaró.

“Decidí hacer mi propio monobloque”, afirmó la diputada mendocina, e insistió en afirmar que “no puedo ser parte de un lugar así, donde no me respetan y no respetan la agenda del presidente”.

Luego afirmó que la dejaron sola, “los que tienen que investigar no investigan… Se lavaron las manos con lo de la visita, me pusieron a mí como carne de cañón, tendrían que investigar al diputado Beltrán Benedict, que organizó la visita; a los diputados que fueron; a la diputada María Emilia Orozco; a los diputados que estuvieron implicados en la reunión, como Lilia Lemoine, y que nos cuenten lo que pasó en esta reunión de marzo”.

Respecto de su compartamiento en el recinto en adelante, adelantó que “cuando tenga que ser crítica, lo voy a ser, pero una cosa son los proyectos de Javier Milei y otra los que no vayan con sus ideales”.

En medio de la quita de subsidios al transporte que anunció el Gobierno la comisión homónima de Diputados, presidida por la radical Pamela Verasay, recibió este martes al presidente del Comité Federal de Transporte, Marcelo Ferraris, quien expuso sobre la situación en las provincias. Así, Verasay afirmó que dictaminarán sobre un nuevo Fondo Compensador antes de que el Ejecutivo envíe al Congreso el Presupuesto Nacional.

Al comienzo, la titular de la comisión explicó que hubo problemas con las invitaciones hacia los diputados y no pudieron llegar al encuentro, por lo que sesionaron en minoría. En tanto, afirmó que antes del 14 de septiembre sacarán dictamen del nuevo Fondo Compensador “previo a que el Ejecutivo envíe el Presupuesto”.

Por ello, comentó que “hay ministros de transporte que quieren venir a exponer sobre la situación de cada provincia y una nueva visita de la red de intendentes de capitales”, por lo que propuso armar una agenda de debate.

Al exponer, Ferraris alertó que “la situación del transporte en el interior de la argentina está atravesando una de las peores crisis”, pero señaló que “es una complejidad que viene desde hace años”. También comparó los cuadros tarifarios de CABA y AMBA con el resto de las provincias.

A continuación, y luego de hacer un descargo contra el libertario Beltrán Benedit, el diputado Eduardo Toniolli (UP) adhirió a las palabras de Ferraris y manifestó la “urgencia” para que el Cuerpo avance en una resolución.

Así, criticó al secretario de Transporte de la Nación, Franco Mogetta, porque en la última reunión que estuvo presente “mintió, dijo que en realidad no hay un recorte de subsidio al interior, sino que agarraron la masa de subsidios que antes se asignaba vía fondo compensador del interior y se la trasladó a la demanda a través de la tarjeta SUBE. Si esto fuera así, nosotros estaríamos de acuerdo”.

Toniolli mostró los números por ejemplo de la ciudad de Rosario: “Desde abril del año 2023 el estado nacional, vía fondo compensador del transporte, vía atributos sociales de la tarjeta SUBE, ponía el 21% de los recursos necesarios para sostener el sistema de transporte urbano de pasajeros de la ciudad de Rosario. En abril del 2024 pone el 4%, es decir pasó el 21 al 4% vía exclusivamente los atributos sociales de la tarjeta SUBE”.

“Eso que generó que fuera todo a parar a la tarifa los gobiernos locales en el caso del transporte urbano y los gobiernos provinciales. En el caso de transporte interurbano traslada rápidamente a tarifa lo que Nación deja de poner en materia de subsidios. Las empresas del sector lo que hacen es, para que le cierren un poco más los números, sacan colectivos de la calle en el caso del transporte urbano y de las rutas en el caso del transporte interurbano. Eso genera el aumento del boleto, el servicio se resiente porque hay menos unidades, menos frecuencia”, criticó el santafecino. Así, propuso fijar fecha para dictaminar y no estirar más el tratamiento del tema.

Me alegra escuchar en la Comisión de Transporte a tantos diputados que ahora protestan por las inequidades de los subsidios entre el AMBA y las provincias.

Lástima que antes hacían silencio.

Desde Mendoza, siempre reclamamos por la equidad, sin importar quien gobierne. pic.twitter.com/xHwdwaamPc

— Pamela Verasay (@PameVerasay) August 27, 2024

En tanto, la diputada Mónica Fein (Encuentro Federal) sostuvo que "es primordial darle una respuesta al interior porque el valor del transporte es muy alto”, y alertó que “no estamos quedando sin empresas de transporte de magnitud”, al tiempo que pidió transparencia con los datos sobre el subsidio al AMBA. “Hay un castigo claro al interior”, apuntó Fein sobre la eliminación y resaltó la “inequidad e injusticia” sobre el tema.

“Estamos perdiendo empresas. La modernidad es un sistema de transportes controlado, seguro, accesible y sustentable”, cerró la santafecina y solicitó una fecha para dictaminar. En el mismo sentido, el diputado de izquierda Alejandro Vilca (Jujuy) expresó: “Nos sentimos discriminados porque los subsidios son fondos que se cobran a todos y parece que para algunos hay y para otros no. Es una situación grave”.

El diputado Diego Giuliano (UP), consideró: "El Fondo compensador retroalimenta todo el sistema económico. Fue eliminado en 2018 con la firma del Pacto Fiscal y se restauró en pandemia".

“Las partidas están vigentes y no están ejecutados porque el Presupuesto está prorrogado. Está la plata para el subsidio del transporte al interior, simplemente no lo pagan. Los que creen que el subsidio es tirar la plata se equivocan. Tiene un valor en la seguridad vial, es algo fundamental, tiene impacto ecológico y de retroalimentación. Es momento que el Congreso dictamine, porque partida y plata hay”, manifestó Giuliano.

Por el contrario, la diputada Alida Ferreyra (LLA) pidió “ser responsables” y “no apurar un tratamiento hasta conocer el Presupuesto 2025, que será presentado por el Poder Ejecutivo antes del 15 de septiembre”.

El jefe del bloque UP, Germán Martínez, advirtió que la situación se está “agravando mucho en poco tiempo y lo peor es mirar para el costado y no avanzar. Tenemos como un cepo legislativo en Presupuesto y Hacienda y no me gustaría que se ponga en las comisiones especializadas en este tema”.

Así, indicó que la misma cifra de subsidios al transporte de pasajeros del interior es la que el Gobierno destinó para la SIDE.

El diputado nacional Eduardo Toniolli (UP) hizo un desagravio este martes en la Comisión de Transporte hacia los dichos “lesivos” del libertario Beltrán Benedit contra la Agrupación Estrellas Amarillas.

El santafecino recordó que, en el cierre de la última reunión de la comisión, previo al receso invernal, Benedit hizo un planteo respecto de uno de los expedientes que se habían puesto a consideración que era una declaración de interés por parte del Congreso sobre la labor de “Estrellas Amarillas”

“Para quienes no saben qué es ‘Estrella Amarilla’ es una de las tantas organizaciones de familiares de víctimas de accidentes de seguridad vial Argentina. Muchas de estas organizaciones, reconstituyéndose desde el dolor, convirtiendo ese dolor en una herramienta de lucha para mejorar las condiciones de la seguridad vial de todos los argentinos”, explicó Toniolli.

Así, recordó que Benedit argumentó que no iba a firmar ese expediente porque “las Estrellas Amarillas, que los familiares de las víctimas de siniestros viales pintan en el pavimento para recordar a esas víctimas en el lugar donde se produjeron esos siniestros, eran expresiones paganas contrarias a la fe cristiana”.

El santafecino planteó un desagravio y lamentó la ausencia del libertario en la comisión para que “escuche y, por lo menos, tenga la oportunidad de pedir perdón. Sobre todo, porque se trata organizaciones que hacen un trabajo denodado en favor del conjunto de los argentinos organizaciones, con las que hemos tenido contacto en los últimos años a partir del impulso de una ley que está vigente en la Argentina que es la Ley de Alcohol Cero al volante”.

“Memoria, prevención, justicia, ley y educación eso significan las cinco puntas de las estrellas amarillas”, explicó Toniolli y apuntó: “Las declaraciones del diputado han ofendido a muchísima gente. Muchos de ellos católicos cristianos o que profesan distintos cultos. Por eso, mi desagravio frente a estos dichos muy lesivos”.

“El diputado tiene el cristianometro desalineado, averiado”, disparó el legislador de UP al recordar la visita de los libertarios a genocidas detenidos en Ezeiza: “Porque son contrarios a la fe cristiana dice él los familiares de las víctimas de siniestro viales, pero los Astiz, los Pernía y compañía …. Dicho esto, mi reconocimiento mi homenaje a todas las asociaciones de familiares de víctimas de siniestros viales por el trabajo que hacen”.

Tras el anuncio del Gobierno Nacional de la eliminación completa de los subsidios al transporte del interior, el presidente del Comité Federal de Transportes, Marcelo Ferraris, disertó ante la comisión homónima de Diputados este martes y alertó que “la falta de subsidios ha traído aparejado una situación muy compleja. Si bien esta complejidad ya viene de años, en estos tiempos se ha profundizado enormemente y la situación del transporte en el interior de la argentina está atravesando una de las peores crisis”.

En su exposición, Ferraris expresó: “Como Comité Federal de Transporte es sumamente importante tener la posibilidad de venir a comentar respecto de cuál es la realidad del transporte en el interior de la Argentina”. Así, explicó que el COFETRA es una agrupación que nuclea a todos los representantes de transporte de la argentina incluido provincia de Buenos Aires donde comparten datos técnicos para “poder mejorar los sistemas de transporte del interior” que, por otro lado, “son la única herramienta del interior para lograr que los pueblos vayan mejorando, la conectividad, que la gente en las grandes localidades urbanas pueda desenvolverse en el trabajo y educación”.

“La situación del transporte en el interior de la argentina está atravesando una de las peores crisis. Estamos en un momento donde los sistemas están, por un lado, empeorando la calidad y, por otro lado, estamos asistiendo en muchos lugares a empresas que están dejando de prestar servicio. La realidad económica, sumado a la falta de subsidios, ha traído aparejado una situación muy compleja que, si bien esta complejidad ya viene de años, en estos tiempos se ha profundizado enormemente”.

El expositor comentó que el subsidio “es necesario para un sistema de transporte confiable y que permita la mejor y mayor conectividad en las distintas provincias, en los distintos municipios”. En esa línea, detalló que la Argentina es el octavo país en el mundo en extensión geográfica y que “en un centro, puntualmente lo que es CABA, es el 0,1% de la extensión territorial de la argentina que se nuclea casi el 40% de la población, con lo cual las provincias del interior para poder conectar nuestras localidades, para poder brindar un servicio necesitamos del subsidio para poder cubrir costos que son necesarios y que hacen al sistema”.

Ferraris criticó al Gobierno Nacional que “ha dispuesto a partir del mes de enero la eliminación total y absoluta en lo que es al interior provincial del subsidio, y ha sostenido los subsidios para los que es CABA”, y remarcó que “es una situación de inequidad muy importante que obligó a las provincias a tener que subir de una manera muy alta lo que es la tarifa. Esto, en consecuencia, también trajo toda una recesión en el sistema de transporte y sin número de problemas que afectan directamente al transporte. Prueba de ello es la situación actual en materia tarifaria”.

Así, precisó que en AMBA para el primer el tramo el costo del boleto asciende a $370 y comparó que en el norte de la Argentina el promedio de boleto es de $826 en la provincia de Jujuy, mientras que en localidades de Formosa tienen el boleto en $1050. “En localidades como Tandil en provincia de Buenos Aires tienen el boleto promedio en $913 y Pergamino tiene el boleto en $1.400 es el boleto más caro dentro de lo que es provincia de Buenos Aires. Córdoba Rosario y Santa Fe, por ejemplo, tienen el boleto en $940 y en el sur de la Argentina el boleto promedio es $859. En la provincia de Neuquén y Cipolletti tiene el boleto en $1500”, detalló.

“La inequidad en materia tarifaria es consecuente con la inequidad que hay en el reparto de subsidio y que las provincias venimos desde hace rato insistiendo en este sentido”, recordó y planteó que actualmente AMBA recibió 70.000 millones de pesos en el mes de agosto y cuestionó: “A partir del mes de enero de este año las provincias recibieron $0 en concepto de subsidios”.

En ese sentido, indicó que “todos los meses, desde enero a la fecha, el Gobierno Nacional sistemáticamente estuvo transfiriendo fondos y subsidiando lo que es el sistema en CABA que permite que tengan en $370 y en el caso del interior de enero a la fecha la ecuación es 0 peso para las provincias”.

Ferraris explicó que hasta diciembre del 2023 las composiciones de los ingresos del sistema de transporte eran, por un lado, el subsidio nacional, por otro lado, el subsidio provincial y la recaudación a través de los cuales “se obtenían ingresos para poder cubrir los costos”.

“A nivel general los subsidios provinciales cubrían un 56% del costo, el subsidio nacional cubría un 15% del costo y la recaudación cubría un 28% del costo total del sistema. Eso es diciembre del 2023, pero si nos paramos en el mes de enero de 2024 la realidad cambió producto de la quita de subsidio por parte del Gobierno Nacional”, indicó y sumó: “En este caso, el promedio del subsidio provincial a las jurisdicciones locales pasó a un 69%, el subsidio nacional pasó a cero y la recaudación pasó a un 31%”.

El titular de COFETRA manifestó que “las provincias en menor o mayor medida continuaron subsidiando sus sistemas de transporte, pero no fueron inyectando mayores fondos porque no tenían la posibilidad de hacerlo producto del recorte. Necesariamente esto se fue trasladando a tarifa y se hace muy difícil para el usuario común poder pagar estos costos”.

“Las provincias, en líneas generales, aportan un 54% al sistema, algunas aportan más, otras menos. Pero este porcentaje a medida que pasa el tiempo se va licuando, no solamente por la imposibilidad de incluir nuevos subsidios al sistema, sino también por la licuación que va teniendo el mismo fondo producto del aumento sistemático de los costos donde mucho de ellos están dolarizados”, alertó.

En ese sentido, precisó que los costos de repuestos, neumáticos y gasoil están dolarizados. “El gasoil en diciembre de 2023 tenía un costo de $675. En agosto del 2024 se incrementó en un 70%, estamos hablando del litro de gasoil a $1139 y, en el caso del norte, el gasoil tiene un costo extra de $100 más por cada litro de lo que se paga acá en el AMBA”.

También señaló que los costos extras se van pagando en el interior y lo mismo sucede con los convenios que hace UTA: “Casi el 60% es mano de obra de los choferes las provincias nos vemos obligadas a respetar un acuerdo salarial que hace el AMBA con la UTA. Nos obligan a las provincias a tener que soportar acuerdos paritarios salariales que son muy gravosos para las jurisdicciones del interior”.

Ferraris recordó que “en muchas de las provincias están con paro de transporte. En el caso de Formosa hasta no hace mucho tiempo estuvieron 90 días con paro de transporte y hay varias jurisdicciones donde están de nuevo conflicto producto de los incrementos”.

“Esta es una realidad muy mala, muy penosa que, a medida que va pasando el tiempo, se va profundizando porque las provincias no pueden seguir subsidiando solas el sistema”, planteó y bregó para que el Congreso “busque alguna alternativa, sobre todo para que la gente del interior lo pase mejor”.

Por último, lamentó que “es un sistema que está muy deteriorado, la calidad es realmente muy deficiente en el interior. Hay muchas localidades del interior profundo que están dejando de tener sistemas de transporte porque, aparentemente, la idea del Gobierno nacional es trabajar en un sistema de total de regulación del sistema de transporte y esto en el interior sería muy malo porque dejar Librado a que la oferta y la demanda puedan regir los destinos del sistema de transporte”.

El Grupo Parlamentario de Amistad con la República de Indonesia, cuya titular es la diputada nacional Karina Bachey (Pro), se reunió este viernes para recibir a una delegación de parlamentarios de dicho país.

Del encuentro, participaron el diputado Héctor Stefani, el miembro del parlamento de Indonesia, Hon. Mr. Santoso; el embajador de Indonesia en Argentina, Sulaiman Syarif; e Hilda Kurnia Ningsih, Lucky Risandi y Husaini Yusuf, del staff de la delegación asiática.

Al darles la bienvenida, la diputada Bachey destacó que las relaciones diplomáticas entre ambos países llevan casi setenta años. “Década tras décadas, este vínculo ha ido creciendo y se ha fortalecido bajo el respeto y el intercambio mutuo”, resaltó y luego recordó la visita a Argentina del Presidente Sukarno, en el año 1959.

En tanto, la presidenta del grupo parlamentario hizo hincapié en “fortalecer la cooperación en áreas económicas, socioculturales, como intercambios de becas y colaboración en cultura y deporte”, sostuvo. En ese sentido, ponderó la “pujanza” de las relaciones comerciales, como las exportaciones agrobioindustriales, que “en el primer trimestre de este año tuvieron una suba del 58%”, ejemplificó.

El miembro del parlamento de Indonesia, Hon Mr. Santoso, explicó sobre su visita que “el objetivo es estudiar e investigar las posibilidades y uniones textiles entre nuestros países, cuál es el sistema que ustedes utilizan para regular la industria textil y cómo es el rol del gobierno y las personas”.

Durante el encuentro, el foco estuvo puesto en la industria textil. Referido a este tema, el diputado Stefani señaló que “a nivel nacional hay varias leyes que regulan la actividad textil, algunas laborales, otras de procesos antidumping y para uso de la industria, con el objetivo de proteger la industria nacional”.

Para finalizar, el embajador de Indonesia en Argentina, Sulaiman Syarif, expresó que “la industria textil Argentina con Indonesia son complementarios”, y en ese sentido, valoró que “para la gente de negocios hay oportunidad de trabajar juntos”.

El presidente Javier Milei fue consultado este viernes sobre la visita que seis diputados de La Libertad Avanza hicieron al penal de Ezeiza, para reunirse con represores, y afirmó que "absolutamente" le hizo ruido porque "esa no es mi agenda", expresó.

"Bueno, habrá que investigar. Fue hecho con intenciones", consideró y señaló que el sacerdote Javier Olivera Ravasi "que organizó eso terminó siendo echado, es un cura que me insultaba por YouTube".

Ante la pregunta de Jonatan Viale en Radio Rivadavia sobre si esa es la agenda de la vicepresidenta Victoria Villarruel -quien se mantuvo en silencio ante el hecho-, Milei respondió: "No sé, hay que ver qué vínculos hay ahí, mi agenda no es seguro".

Por otra parte, respecto de la posición de Villarruel en contra de la candidatura a juez de la Corte Suprema de Ariel Lijo, de quien opinó "no cuenta con los pergaminos necesarios", el mandatario dijo que "es una apreciación de ella", pero sumó: "Habría que ver qué opina Lijo sobre ella".

Inmediatamente defendió que Lijo "es la única persona que tiene experiencia de cómo funciona el Poder Judicial". Y agregó que Villarruel "tiene su opinión, yo tengo otra, nunca pretendí rodearme de un coro de focas obsecuentes. La discrepancia es parte de la vida misma".

Como buen vocero -o único, al final de cuentas-, a Manuel Adorni le tocó este jueves hacer equilibrio frente al tremendo golpe que le asestó el miércoles la oposición, más aliados y dialoguistas, al rechazar el DNU ampliación de gastos de la nueva Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

“En primer lugar hacer mención a la votación que ocurrió ayer en la Cámara de Diputados de la Nación donde la política votó a contramano del interés de las víctimas del narcotráfico, del terrorismo y de la trata de personas”, bramó Adorni, en su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada.

El funcionario -quien está vez estuvo serio, nada de bromas- disparó de esa forma al criticar a los legisladores por votar “en contra de darle recursos” a la oficina de espías.

Adorni hizo hincapié en que “la Argentina es un país que vio crecer exponencialmente el peligro del narcoterrorismo”, y que “sufrió dos atentados terroristas”, como el de la Embajada de Israel y el de la AMIA. Por eso, en paralelo, aseguró que, “a diferencia de otras épocas”, la SIDE no se va “a usar ni para espionaje político ni para la persecución ideológica”, sino para “proteger a los argentinos”.

“Hoy el mundo es un lugar complejo y peligroso donde los ciudadanos están expuestos no solo a amenazas físicas, sino también hackeos a su seguridad” advirtió.

Incluso, algo apocalíptico, planteó que un “hackeo a la ANSeS significaría que los jubilados no cobren”.

“A diferencia de otras épocas, la SIDE no va a usar ni para espionaje político ni contra la persecución ideológica”, prometió.

“Esta SIDE -insistió- está al servicio de los argentinos para protegerlos y para defenderlos, y su funcionamiento va a estar controlado por la Bicameral que se creó en el Congreso”.

“…Cuya cabeza será el kirchnerista Martín Lousteau”, agregó con fina ironía el vocero, en referencia al presidente de la UCR y flamante titular de la Bicameral de Inteligencia.

En sintonía, consideró “toda una rareza” que “quienes conformaban la bicameral que efectivamente iban a controlar los gastos, hayan votado en contra” de los fondos, y describió a la actitud del bloque del Pro -que votó contra el oficialismo gobernante- como “una mezcla de ingratitud con gente confundida”.

Asimismo, Adorni apeló a que “en la otra Cámara se revea este error que han cometido y puedan votar con sentido común y con coherencia”, en referencia a que ahora el tema debe ser tratado en Senado para definir si se rechaza finalmente o no.

Por otra parte, Adorni recordó que los argentinos votaron al presidente Javier Milei con los mandatos de “bajar la inflación”, “avanzar contra la casta” y “mejorar la seguridad”, aseguró que “en todos estos frentes avanzó a fondo, sin gradualismos”, y reiteró que “todo lo que vaya en contra del equilibrio fiscal y de las cuentas públicas se va a vetar”.

Al cabo de una jornada signada por la crisis del espacio, el bloque de diputados de La Libertad Avanza dio a conocer un comunicado en el que desmintió “rumores malintencionados” sobre lo que sucedía en esa bancada.

“Frente a los distintos rumores y versiones que trascendieron a raíz de la reunión del bloque este miércoles, los diputados de La Libertad Avanzan sienten la necesidad de aclarar lo sucedido”, señalan los miembros del bloque conducido por Gabriel Bornoroni.

Los diputados desmienten “absolutamente cualquier tipo de episodio de violencia o agresión”. Según ellos, “actores malintencionados impulsaron rumores falsos con respecto a miembros de nuestro bloque, como por ejemplo el diputado Nicolás Mayoraz”.

Señalan al respecto que este diputado es “un integrante valioso de nuestro equipo”, y agregan que quienes trabajan con él diariamente “reconocen que es un profesional serio y competente, incapaz de cualquier tipo de violencia”.

La aclaración viene a cuento de las versiones que circularon este miércoles que señalaban la intención de la diputada Lourdes Arrieta de denunciar a Mayoraz por “violencia de género”.

Para los diputados libertarios, “los mismos de siempre están promoviendo operaciones para socavar las reformas que impulsa el presidente Javier Milei”, y frente a “estos ataques”, el bloque de LLA permanecerá “firme en su defensa de las ideas de la libertad y de los proyectos de ley que impulsa el presidente”.

La Comisión de Mercosur de Diputados, a cargo del santafecino Roberto Mirabella (UP), recibió este miércoles a la delegación argentina ante el Parlasur quienes se refirieron a su vinculación con los Parlamentos de los Estados parte del bloque y contaron los desafíos para los próximos años de la nueva agenda del regional Mercosur.

Al comienzo de la reunión informativa, Mirabella señaló que el objetivo de este primer encuentro es “generar las herramientas de vinculación de los diputados con el Mercosur”. “El objetivo es interactuar con los representantes argentinos en el Parlasur, a los fines de empezar a vincularnos y encontrar un trabajo conjunto, fortaleciendo el bloque regional más importante del que participa la Argentina”, aseguró.

En ese sentido, el legislador puntualizó que “el Mercosur es la política argentina más relevante que ha tenido nuestro a país en los últimos años”, y en ese sentido, afirmó que es necesario “establecer un mecanismo de trabajo en conjunto para fortalecer nuestra pertenencia al Mercosur y nuestra integración con el mundo”.

En la misma línea, la libertaria Romina Diez, vicepresidenta primera de la Comisión de Mercosur, aseveró que es fundamental poder llegar a ser “un trampolín para el mundo y lograr la apertura- desregulación que tanto buscamos”. “Tenemos la oportunidad y una herramienta muy útil como es esta Comisión y tenemos el respaldo del Poder Ejecutivo para lograrlo", enfatizó.

Por su parte, Gabriel Fuks, jefe de la delegación argentina ante el Parlasur, explicó que “si bien “esta delegación está haciendo un esfuerzo para que el Parlasur funcione, no producen normas sino una lógica de recomendaciones, que está atrasada en relación al tratamiento de los Parlamentos nacionales".

En tanto, el diputado Fernando Iglesias (Pro) catalogó a esta reunión como “histórica”, al tiempo que indicó que “el Mercosur ha perdido relevancia porque hemos entrado en un mundo que más que regional es mundial”, por lo cual -consideró- “el Mercosur necesita una reforma institucional”.

Luego, el parlamentario del Mercosur Jorge Santilli (LLA) destacó la importancia de “avanzar en una política de integración” y expresó: “Necesitamos que las fronteras sean más simples. Hay muchos problemas regionales que tenemos que afrontar".

En la misma línea que su preopinante, el parlamentario Matías Sotomayor (UP), sostuvo que "el Mercosur es una enorme oportunidad para el desarrollo de nuestros pueblos y fronterizo, y para que las provincias tengan agenda internacional"; mientras que su par Lilia Puig (Cambiemos) ratificó que “el Parlamento del Mercosur es una herramienta táctica extraordinaria”.

Durante el encuentro, además, estuvieron presentes miembros del Parlasur, pertenecientes a distintos bloques parlamentarios.

Finalmente la oposición tuvo éxito en su intento de tener quórum para sesionar este miércoles. A las 12.17 y con 140 diputados sentados en sus bancas, consiguieron el primer triunfo de esta jornada, que esperan coronar rechazando el DNU 656/24 que le dio a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) cien mil millones de pesos.

La sesión fue solicitada por el bloque de Encuentro Federal, pero el texto llevaba las firmas también de diputados de la Coalición Cívica y radicales de la línea Manes.

Cabe recordar que el DNU ingresó por mesa de entradas el pasado 1ero. de agosto y el oficialismo evitó tratarlo en la reunión de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo que se realizó una semana después. El miércoles 14 venció el plazo establecido por la Ley 26.122 para la elevación de un dictamen y por ende, desde el 15 ambas cámaras quedaron habilitadas al expreso e inmediato tratamiento del decreto en el recinto.

La petición de sesión tiene el aval, con su rúbrica, de cuatro diputados nacionales de la Unión Cívica Radical: Facundo Manes, Fernando Carbajal, Marcela Coli y Pablo Juliano. Si se contabilizan los 16 de EF, los 6 de la CC, los 5 del Frente de Izquierda y los 99 integrantes de Unión por la Patria, el quórum no debería ser un obstáculo. Sin embargo hasta última hora del martes nadie se animaba a garantizar que pudiera alcanzarse el número necesario para sesionar, en medio de una creciente presión del Gobierno nacional a través de los gobernadores.

Vale aclarar que para que un decreto sea derogado, debe contar con el rechazo de ambas cámaras. En marzo pasado, el Senado puso contra las cuerdas al oficialismo cuando rechazó por 42 votos en contra, 25 a favor y 4 abstenciones al DNU 70/2023 de desregulación de la economía, el cual sigue vigente ya que nunca fue tratado en Diputados. Hasta ahora, nunca un DNU fue anulado por el Congreso.

NOTA EN DESARROLLO

Diputados de distintos espacios políticos salieron a criticar a través de las redes sociales el incremento del 6,5% que acordaron las autoridades de ambas cámaras y los sectores sindicales que repercute en las dietas de los senadores que pasarán a cobrar 9 millones de pesos. El titular de la Cámara baja, Martín Menem, había dispuesto que la dieta de los diputados nacionales no esté enganchada a los futuros aumentos del personal legislativo.

La diputada Natalia Zaracho (UP) apuntó: “Quienes llegamos por el voto popular no podemos estar alejados de la realidad de nuestro pueblo. Mientras 1 millón de pibes se va a dormir sin comer, q los senadores cobren 9 palos es tomarle el pelo a la gente. Basta de privilegios a los mismos de siempre. Milei hacete cargo”.

“No olvidar que los senadores que se aumentaron las dietas a 9 millones todavía tienen trabada una Ley que propone una ‘compensación’ para los jubilados que no llega a 25 mil pesos para quienes cobran la mínima de 225 mil”, criticó el diputado de izquierda Nicolás del Caño.

Además, cuestionó los posteos del presidente Javier Milei: “Se hace el león por X, pero son los amigos con los que firmó el Pacto de Mayo. Los mismos que le votaron la Ley Bases. Es la casta que se lleva los 9 millones de pesos como premio por bancar la motosierra contra el pueblo. Son los mismos que hundieron en la pobreza a la mayoría trabajadora y lo siguen haciendo con Milei”.

"Un millón de niños y niñas se van a dormir sin cenar pero los senadores se aumentan la dieta a $ 9 millones por mes. Son los mismos que aprobaron la Ley Bases y que tienen que tratar la 'esencialidad educativa', que busca liquidar el derecho de huelga para docentes que cobran poco más de $ 400 mil", planteó su par de bancada Christian Castillo.

Lo hicieron bajo la conducción política y administrativa de la Vicepresidenta, si quería evitarlo firmaba una resolución y fin.
Hay antecedentes a mano… https://t.co/o6MItUDCKu pic.twitter.com/xkYNheeATP

— Cecilia Moreau (@ceciliamoreauok) August 20, 2024

"No podes aumentarte el sueldo a 10 millones mientras la gente no sabe cómo estirar y las empresas hacen malabares (sin dejar de bancar los cambios). Muestran que no les importa nada de nada. Se creen intocables, impunes… pero todo llega y los argentinos tendremos memoria", cuestionó la tucumana Paula Omodeo.

La Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados, presidida por el radical Martín Tetaz, retomará el próximo martes a las 11.30 el debate sobre la reforma a la Ley de Democracia Sindical del cual hay más de 28 proyectos presentados vinculado a las asociaciones y la alternancia en órganos de dirección y administración; y a la Ley 14.250 respecto a las disposiciones que se establecen para las convenciones colectivas de trabajo.

Será la segunda reunión sobre el tema, en la que, tal como explicó el titular de la comisión el encuentro anterior, continuarán exponiendo los diputados autores de iniciativas que se vinculen con la temática.

Entre los puntos centrales de los proyectos se destacan una única reelección sindical, ficha limpia gremial, presentación de declaración jurada, fin de la “cuota solidaria”, participación de las minorías, paridad de género.

En la reunión de pasado martes 13 de agosto el bloque de Unión por la Patria y desde el Frente de Izquierda cuestionaron el temario al quejarse por el funcionamiento de la comisión y reclamaron por el tratamiento de los temas que “quedaron a la deriva” como reducción de jornada laboral por lo que terminaron abandonando la reunión.

En medio del escándalo que envuelve al expresidente Alberto Fernández por la imputación por violencia de genero contra la ex primera dama y las reuniones en Casa Rosada en medio de la pandemia, lo que derivó a fuertes críticas en el recinto esta semana por parte de los diputados kirchneristas, la diputada Sabrina Ajmechet (Pro) le hizo un reclamo al bloque UP y una particular invitación.

En su carácter de presidenta de la Comisión de Derechos Humanos criticó: “A los diputados de Unión por la Patria que están muy decepcionados de Alberto Fernández, los invito a que vengan a la Comisión de DDHH a acompañar a los familiares de quienes fueron asesinados durante la pandemia”, y sumó: “Porque el gobierno kirchnerista de Alberto Fernández fue el que más violó los DDHH en democracia”.

La comisión se reunirá por quinta vez el martes 20 de agosto a las 14 para escuchar las exposiciones de víctimas de violaciones a los Derechos Humanos, sufridos en pandemia en la provincia de Santiago del Estero.

En ese sentido, Ajmechet apuntó contra UP: “En estos meses que venimos escuchando los casos de violaciones de DDHH, TODOS LOS DIPUTADOS KIRCHNERISTAS ESTUVIERON AUSENTES”.

“Ahora que, de repente, descubrieron lo que todos sabíamos, que el último gobierno fue el peor gobierno democrático que tuvo nuestro país, ¿Piensan venir y ayudarnos a denunciar y visibilizar las violaciones de ddhh que sucedieron en un gobierno del cual fueron parte?”, les preguntó.

Luego de que la Cámara de Diputados aprobara en la sesión de este miércoles en general el proyecto para la creación del Registro Nacional de Datos Genéticos, durante la votación en particular el panorama se empantanó y derivó a la modificación de varios artículos, el más importante de ello el 2 que se cayó y tuvo que ser redactado nuevamente.

La Ley 26.879 establecía que el Registro de Datos Genéticos estuviese bajo la órbita del Ministerio de Justicia. Sin embargo, en el proyecto enviado por el Ejecutivo proponía que pase a estar en el ámbito del Ministerio de Seguridad, que conduce Patricia Bullrich.

Durante el tratamiento en el recinto, diputados de diferentes bancadas habían adelantado el rechazo de la redacción del artículo 2 y ratificaban el texto de la vigente norma.

Al tomar la palabra durante la votación en particular, el diputado radical Fernando Carbajal propuso una reforma al artículo 2 que establece que el Registro de Datos quede bajo la órbita del Ministerio de Seguridad, por lo que argumentó que jurídicamente “es algo que desaconsejan”. Así, el formoseño remarcó que el Registro actualmente tiene dependencia del Ministerio de Justicia de la Nación por lo que planteó dejarlo así y no trasladarlo al de Seguridad: “Eso es un grave error porque le da una parcialidad necesaria y le quita confiabilidad, certeza y seguridad a esa prueba que puede llegar a producir el banco”.

“Es conveniente para ello que esté alejado del organismo administrativo que, tiene como función la persecución criminal. No podemos mezclar esa generación de pruebas poniéndola en manos en el mismo ministerio que le damos la función de perseguir delincuentes. Tiene que permanecer en el ámbito del Ministerio de Justicia cuya función con asegurar la imparcialidad y no con la fijación de la política criminal”, fundamentó y pidió que se reemplace para “asegurar confiabilidad e imparcialidad de los informes que puede dar el banco de datos”.

En el mismo sentido y en nombre de UP coincidió el rionegrino Martín Soria quien expresó: “Desde nuestro bloque está a favor de mejorar esta herramienta fundamental para el esclarecimiento de hechos aberrantes y cualquier delito grave. Nosotros creamos esta herramienta en el 2013 y la pusimos a andar en 2021. Coincidimos con Carbajal sobre la ubicación del Banco Nacional Genéticos no en la órbita de Seguridad sino donde está actualmente en Justicia”.

La miembro informante, Laura Rodríguez Machado rechazó las modificaciones propuestas y ratificó la redacción del texto original para “respetar el trabajo realizado durante meses y en respeto a quienes expusieron y los criterios en los cuales están los artículos. Vamos a mantener el proyecto tal cual presentado”. Sin embargo, el artículo fue rechazado con 126 votos negativos, 111 votos afirmativos y 2 abstenciones.

Caído el artículo, el jefe del bloque UP, Germán Martínez, alertó que “no hay ubicación del Registro de Datos Genéticos hasta que no votemos”, por lo que planteó “poner a consideración que podamos ubicar el tema en el Ministerio de Justicia donde estaba y la mayoría de los bloques lo ha manifestado”.

Tras más de una hora de cuarto intermedio, Martínez leyó la redacción del nuevo artículo: “Sustitúyase el artículo 2 la Ley 26.879 por el siguiente: ‘El registro creado funcionará en el ámbito del Ministerio de Justicia’”. Así las cosas, la nueva votación resultó aprobada con 231 votos afirmativos y 7 abstenciones.

¿Quiénes rechazaron la redacción original del artículo 2?

A todo el bloque de UP y de los cinco diputados del Frente de Izquierda se le sumaron los radicales Manuel Aguirre, Fernando Carbajal, Ana Carla Carrizo, Mariela Coletta, Marcela Coli, Pedro Galimberti, Pablo Juliano, Facundo Manes, Roxana Reyes, Jorge Rizzotti y Danya Tavela.

También de la Coalición Cívica los diputados Victoria Borrego, Maximiliano Ferrado, Mónica Frade, Juan Manuel López.

En cuanto al bloque Innovación Federal votaron en contra Alberto Arrua, Pamela Calletti, Pablo Outes y Yolanda Vega.

El bloque Encuentro Federal también votó dividido, siendo por la negativa Miguel Pichetto, Nicolás Massot, Emilio Monzó, Natalia de la Sota, Mónica Fein, Esteban Paulon, Ignacio García Aresca, Carlos Gutiérrez, Florencio Randazzo, Margarita Stolbizzer y Alejandra Torres.

Los representantes del Frente Por Santa Cruz Sergio Acevedo y Luis Garrido, mientras que las abstenciones fueron de Marcela Campagnoli (CC-ARI) y Julio Cobos (UCR).

La denuncia por violencia de género que hizo la ex primera dama Fabiola Yáñez al expresidente de la Nación Alberto Fernández se coló, una vez más, en el recinto de la Cámara de Diputados en la sesión de este miércoles de la mano del diputado libertario Álvaro Martínez (Mendoza).

Mientras esgrimía sus argumentos a favor del proyecto que propone modificar la ley sobre el Registro Nacional de Datos Genéticos, Martínez expresó: “Es bueno tratar temas donde haya un Estado que se preocupa de verdad por la seguridad y la justicia después de mucho tiempo de un gobierno que le dio la espalda”.

“Este proyecto tiende a la creación de un Registro Nacional de Datos Genéticos. Cuando un Estado abandona la seguridad y la justicia se genera un socavón en la confianza que tiene el Estado por parte de los ciudadanos porque deja de brindar soluciones a un tema tan prioritario y eso es lo que venía pasando en el país”, sostuvo.

En esa línea, planteó: “Lo que queremos con esta ley es encontrar delincuentes, abusadores, violadores. No los queremos esconder, por eso es que queremos que exista este tipo de bancos…”, en eso momento le respondió a la bancada de UP: “No, no los queremos sacar, no queremos que vuelvan a ser presidentes, por ejemplo. Eso sí que no queremos, que los golpeadores no sean presidentes no queremos o que se hagan cargo de eso, eso sí lo queremos, no los escondemos como lo esconden ustedes…”.

El libertario volvió a cargar contra la principal bancada opositora: “Queremos reducir significativamente el número de delitos y recuperar la confianza que ha perdido el país por culpa de esos diputados que bancan y esconden a aquellos que comenten delitos”, y cerró: “Espero que apoyen esta ley, que dejen de cubrir a violadores, a violentos, a abusadores”.

El tratamiento de la reforma sindical comenzó con un clima tenso en la reunión de la Comisión de Legislación del Trabajo en Diputados que se llevó a cabo este martes donde los diputados, autores de proyectos que van en sintonía con modificar la Ley de Democracia Sindical (23.551), explicaron los puntos centrales de los mismos.

La modalidad de trabajo de la comisión despertó las quejas por parte del bloque de Unión por la Patria y la izquierda quienes le reprocharon al titular de la misma, Martín Tetaz, el temario de la convocatoria y reclamaron por el tratamiento de los temas que "quedaron a la deriva" como reducción de jornada laboral por lo que terminaron abandonando la reunión.

Previo a iniciar el debate, el diputado de izquierda Alejandro Vilca presentó una nota sobre un pedido de informes para elevar a la Secretaría de Trabajo respecto del programa Intercosecha que “el Gobierno no está pagando a los trabajadores rurales como por ejemplo del tabaco hace cuatro meses” a fin de saber si efectivamente se va a pagar porque “significa un prejuicio muy grande para trabajadores rurales de diferentes cosechas”. Además, solicitó que en el temario de las próximas comisiones se incorporen los proyectos referidos a intercosecha.

Luego, el titular de la comisión el radical Martín Tetaz explicó que hay un total de 28 proyectos vinculados a la cuestión de la democracia sindical y precisó: “Muchos tienen que ver con la cantidad de períodos que puede ser electo un representante sindical; la forma de elección; la participación de minorías; la libertad de obra social; las formas de financiamiento de los sindicatos incluida la discusión sobre las cuotas sindicales; algunos vinculados a cuestiones impositivas. Otros tienen discusión de la participación de los órganos que tienen que ver con cuestiones de género”.

“Hay varios proyectos vinculados al tema, muchos tienen superposiciones y es evidente que con seguridad en el trabajo de comisiones se va a ver favorecida la posibilidad de unificar estos proyectos en torno al menos de dos o tres dictámenes”, adelantó.

Tetaz comentó que el próximo martes 20 continuarán exponiendo los diputados que al día de la fecha no pudieron estar presentes para explicar sus iniciativas. Luego, se convocará a una reunión de asesores para avanzar con la discusión de los dictámenes y unificarlos. En paralelo, informó que empezarán las reuniones informativas que, a priori, serán una o dos, por lo que pidió que se convoquen expertos y las partes interesadas a disertar.

Así, la primera en exponer fue la radical Roxana Reyes quien explicó que su iniciativa propone “dar respuesta a miles de trabajadores argentinos que requieren que el rol de las asociaciones sindicales siga su cauce para el cual fue concebido en sus principios que es la defensa genuina de los derechos de los trabajadores”, debido a que la sociedad argentina “no cree en la dirigencia sindical”.

De la Ley 23.551 modifica el artículo 17 sobre la composición de los órganos de administración y dirección sindical: “Proponemos que pase de 5 a 9 miembros de integración o múltiplo de tres para garantizar la representación de las minorías, siempre que la minoría haya alcanzado el 25% de los votos emitidos”.

También incorpora el cese de la reelección indefinida y cuestionó que “la ley prevé una duración de mandato de cuatro años, pero con reelecciones indefinidas. Hoy tenemos dirigentes sindicales que están 25 y hasta 30 años conduciendo un sindicato. La falta de alternancia es lo que queremos eliminar para que, de alguna forma, sea totalmente democratizado”.

“Va tener una sola reelección inmediata y siempre y cuando haya cumplido íntegramente el mandato anterior. En el caso de quienes estén en cumplimiento de su mandato al momento de la sanción de la ley, ese será el primer mandato para la reelección”, precisó. En cuanto al voto, que la ley vigente establece que es directo y secreto, le agregan la obligatoriedad de modo tal de “conseguir mayor participación en la minoría interna del sindicato y, en el caso de no cumplirse con el voto, hay una multa equivalente a un día de salario que va destinado a las obras sociales”.

Unión por la Patria se retiró de la reunión de la Comisión de Legislación Laboral de @DiputadosAR que trataba varios proyectos sobre la modernización sindical. Se ofenden no por los derechos de los trabajadores, sino para proteger los privilegios de los patrones sindicales.

— Pamela Verasay (@PameVerasay) August 13, 2024

También plantea requisitos sobre la idoneidad, por lo que incorpora la “ficha limpia sindical” que “fundamentalmente apunta a que exista o esté inhabilitado para ejercer los cargos de administración o dirección aquellos que tenga alguna condena en primera instancia”.

Se agrega la exigencia de presentar la declaración jurada patrimonial en los órganos de dirección y administración y renovarla de forma anual. “Quienes no la presenten serán considerados que incurren en una falta que el Ministerio de Capital Humano estará autorizado a denunciarlo a la justica para pedir la suspensión y cancelación de la personería gremial e, incluso, intervención”, advirtió Reyes.

Sobre las elecciones, plantea que deben ser convocadas en el plazo de 90 días previo al vencimiento del mandato y se deben realizar 20 días antes de dejar el cargo y adelantó: “Próximamente vamos a estar presentando un agregado a este proyecto que tiene que ver con que quienes ejercen cargos en los órganos de dirección o administración de las organizaciones sindicales no pueden ejercer en simultáneo en ejecutivo y legislativo nacionales, provinciales y municipales”.

A continuación, comenzó a disertar la diputada Mónica Frade (CC-ARI) quien sostuvo que “en el orden del día hay tres proyectos de mi autoría, donde estamos proponiendo darles entidad ministerial a las PyMEs a través de la creación de una agencia, para que puedan participar del diseño de políticas públicas”. Sin embargo, inmediatamente la diputada Vanesa Siley (UP) le pidió una breve interrupción al sentirse aludida por las palabras de Reyes.

Por ello, le consultó  cuál es el oic de idoneidad que puede tener un dirigente sindical para ejercer un cargo político y le recordó que comparte un cargo con el en el Consejo de la Magistratura de la Nación y planteó: “Si alguna vez hemos incurrido los diputados, que somos de tracción sindical o en mi caso que además ocupo con usted el Consejo de la Magistratura, faltas, ausencias, no estudio de los temas, no presentación de proyectos y no estar a la altura de las circunstancias del cargo de la representatividad para poder ejercerla en igualdad de condiciones, o incluso con mayores responsabilidades en mejores condiciones que otros diputados y diputadas de la Nación”.

La rionegrina la respondió: “No había reparado que usted estaba en esta situación”, y le explicó que “así como algunos casos, como por ejemplo los abogados, concretamente mi provincia, tienen inhabilidad para ejercer la función de diputado y de abogado, y no se ejerce la función de abogado y sí pueden ejercer la de médico siendo diputados nacionales o provinciales, porque se considera que hay en algún momento algún tipo de conflicto de intereses ejerciendo las dos funciones y eso no habla de la capacidad técnica ni de la voluntad de trabajo”.

“Aceptamos esas inhabilidades cuando puede haber conflicto de intereses. En el caso de la representación sindical hemos entendido que la representación sindical y el ejercicio de funciones en este caso, la legislativa, pero inclusive ejecutivas como un gobernador, un intendente, un presidente de una comisión de fomento, junto con la defensa de intereses laborales cuando la actividad sindical fue concebida para la defensa prioritaria de los derechos de los trabajadores, puede tener conflicto de intereses una inhabilidad que para nada habla de la persona. Yo soy estoy afectada por inhabilidades en el ejercicio de profesión las entiendo las asumo y las consiento y elijo Cuál de los dos roles tengo que desempeñar”, explayó la radical.

Inmediatamente, habló el diputado y secretario adjunto de SMATA Mario “Paco” Manrique (UP) quien consultó: “A mí me gustaría que un proyecto de ley estuviese basado sobre hechos reales y no sobre prejuicio. Quiero saber en qué todas estas modificaciones la diputada cree que va a mejorar la calidad de la Democracia sindical, dado que hoy ya están los mecanismos institucionales de control en todos los procesos electorales que se llevan adelante. En qué va a mejorar, dónde cree ella que va a mejorar y en qué casos porque lo mismo podríamos hablar de la política de la justicia de cualquier otra entidad que es mal vista por la sociedad”.

Reyes le enrostró que su iniciativa se basa en datos de un relevamiento que hizo en 2017 la agencia “Jacob y Asociados” donde se llegó a la conclusión que el sindicalismo argentino tenía un 81.6 de margen negativa. “La encuesta abarcó a 2000 personas y ‘corruptos’ fue la palabra que más utilizó la gente para definirlos”, detalló.

Además, argumentó que “una encuesta realizada por seis GP reveló en el 2023 que el 71.1% de los participantes dijo ‘no confiar en los sindicatos’”, y sostuvo: “Estos son hechos objetivos que puede recabar de estos lugares que hicieron estas encuestas de trabajo, pero sin perjuicio de eso si nosotros estamos tratando hoy en unas horas la ficha Limpia para acceder a cargos selectivos donde decimos que un condenado por delitos graves, por delitos de corrupción, por delitos de abuso sexual, no pueden representarnos y que hay un interés general superior al interés particular de una persona para postularse, con más razón tenemos que ser muy cuidadosos en todo lo que es representación. No se ve cuál es lo negativo en empezar a hablar de la ficha limpia sindical. Es simplemente equilibrar los requisitos y no tenemos que sentirnos agraviados”.

“Se democratiza la participación de las minorías. También es importante en la medida que la minoría tenga un piso de votos emitidos. La presentación de declaración jurada patrimoniales nosotros tenemos sindicalistas ricos no todos, pero si tenemos muchos sindicalistas ricos. Inclusive utilizando recursos del sindicato para actividades políticas esto que tiene que ver con las inhabilidades no todos algunos. Por eso tenemos que buscar márgenes de transparencia, por eso tenemos que transparentar el manejo de los recursos y tenemos muchos sindicalistas ricos y representados pobres. Entonces la declaración es juradas patrimoniales por qué un diputado lo tiene que presentar y no un sindicalista y si no la presentan no son víctimas de sanción. No son seres intocables y tienen que tener la misma vara que la gente común”, manifestó.

Manrique comenzó a reprocharle que “no me contestó, no me contestó… estamos usando las palabras como queremos. Todo lo que dijo estoy en desacuerdo” … Tetaz le planteó: “Esta en todo su derecho de no estar de acuerdo”, y le aclaró que el objetivo de la reunión es que cada diputado que presentó proyectos los explique y lanzó: “Si no le satisfacerlas respuestas, se sigue y se salta la página”.

Volvió a tomar la palabra Manrique quien se quejó que Reyes no le contestó y le aclaró que “cumplo como dirigente sindical con todos los relatos. Ella expuso y no me contestó por qué no puede haber reelección, los mecanismos de control, la representatividad desde las minorías…”. Tetaz le reiteró: “Si usted no tiene ninguna duda técnica no es entrar en el debate. SI le gusta o no que las no reelecciones no aumentan la democracia sindical, está en su derecho y es parte del debate. Pero no abramos el debate en cada punto ahora…”.

Le salió al cruce Siley quien le preguntó entonces “para qué está citada la comisión, no me queda claro los motivos”, pero Tetaz tiró leña al fuego: “Ya lo dije, si usted hubiera escuchado cuando arranqué y tiene la citación”. “Me lo puede repetir”, reprochó Siley y chicaneó: “Es una tribuna para venir a escuchar proyectos en contra los sindicatos y desarmarlos. Entonces me voy… usted no da la palabra y se piensa que ser presidente es ser autoritario está muy confundido”, cuestionó, a lo que el titular de la comisión le planteó: “Diputada usted haga lo que considere que tiene que hacer y le parezca razonable… ahora le toca a la diputada Frade y luego al diputado Yasky. Hay un montón de proyectos y si quiere presentar alguno lo puede hacer. Hay 28 iniciativas”.

Al conflicto se sumó Vilca quien, al igual que la diputada de UP, le reclamó por el temario de la comisión porque “veníamos trabajando con el tema de la propina, reducción de la jornada laboral y teníamos pensado que eso se iba a dictaminar y pasamos a otro tema. ¿En qué quedó lo que veníamos trabajando? Ahora pasamos a otro tema a cuestionar la dinámica sindical”.

Tetaz le aclaró: “La reunión está convocada para discutir los temas que están en el orden del día y sumar a la semana siguiente los que considere razonable. Si tiene algún proyecto lo invitamos”.

Al tomar la palabra Frade se quejó: “Se supone que cuando uno da la palabra es para una acotación breve”, y rápidamente se abocó a explicar los motivos de sus proyectos y se refirió la necesidad de “transparentar los manejos sindicales”.

Frade contó que hace un tiempo atrás hizo un pedido de acceso de información pública pidiéndole al Ministerio de Capital Humano la remisión para la exhibición de los las memorias y los balances de cuatro sindicatos: camioneros, trabajadores de edificios de renta, comercio y gastronómicos.

“Por eso digo que discutamos mucho la transparencia de los fondos sindicales, porque se supone que son fondos que deben estar al alcance de todos en el control, y la ministro de Capital Humano, en un Gobierno que dice que viene a transparentar todo y es mentira, me contesta que los límites del derecho de acceso a la información pública son excepcionales establecidos previamente me invoca el artículo 8 de la Ley 27. 275 que tiene que ver con secretos industriales, comerciales, financieros, científicos, técnicos o tecnológicos cuya revelación pudiera perjudicar el nivel de competitividad y lesionar los intereses del sujeto obligado”, cuestionó.

La diputada de la CC aportó que un alto dirigente de uno de los sindicatos mencionados previamente “se reunió conmigo y ya sabía de esto. Esto está acordado con la ministra e indica la necesidad de que regulemos mecanismos de trasparencia, además de ficha limpia, en los sindicatos, pero es necesario que se transparenten los fondos que se manejan, por sobre todo en sindicalistas enriquecidos que usan la tercerización y lo digo con conocimiento de causa porque participé en denuncias”.

“Es imperioso que todo esto esté al alcance de todos porque es transversal porque ningún diputado está para ocultar nada y hacer el esfuerzo de la transparencia”, cerró.

Sergio Palazzo, secretario general de la Bancaria y diputado de UP, se quejó porque la “mecánica de funcionamiento propuesta no se está cumpliendo”. “Que quede claro que los dirigentes que tenemos obligaciones en organizaciones sindicales estamos comprendidos como personas políticamente expuestas y obligados a presentar declaraciones juradas y la UIF hace un seguimiento esto. Con el ánimo de acelerarle los proyectos, pero la diputada –Reyes- se levanta y se va y la verdad plantear un debate donde quienes estamos dando quórum no son los autores de las supuestas mayorías de proyectos que tiene la comisión se hace engorroso y difícil. Si se retiran hagamos una reunión más seria. Es una reunión que no tiene sentido y yo no me voy a prestar para un circo acá y vengan y hagan una radio abierta y cada uno se vaya. Discúlpeme, pero no me voy a quedar”.

FOTO: HCDN

A continuación, el titular de la comisión le cedió la palabra al diputado Hugo Yasky (UP) representante de la CGT quien cuestionó que “hay una distorsión en el funcionamiento de la comisión. Los proyectos son presentados, tienen que ser explicados, la comisión tiene que hacer las preguntas necesarias”, y acusó a Tetaz de impedir “que se explayara el diputado Manrique, le sugirió y no es así. Yo le voy a pedir que para la próxima reunión leamos el reglamento de la comisión para ponernos de acuerdo de cómo funciona sin direccionar la palabra. Son proyectos que necesitamos sean discutidos exhaustivamente en el seno de la comisión”.

“Los temas deben discutirse sin ningún tipo de limitación, ni de horario ni contenido y los que presentan proyectos tienen la obligación de estar presentes para poder discutir los puntos que consideren pertinente. No pasó así con la diputada Reyes”, criticó Yasky, a lo que Tetaz le respondió: “Cuando empezó la reunión dije el problema personal de que se iba a retirar. A ustedes también les ha pasado y es habitual que un diputado que presente su proyecto por alguna razón tiene que ir a otra reunión”.

Yasky, antes de retirarse al igual que sus compañeros de bloque de la sala, le pidió al titular de la comisión que en la próxima reunión primero se lea el reglamento sobre el funcionamiento de la comisión, que haya una reunión de asesores sobre los proyectos discutiros tal cual lo planteó Vilca que “quedaron en el camino y a la deriva y cómo van a continuar tratándose como reducción de jornada laboral”. Así, se quejó de que hay una “composición descompensada” porque hay 27 proyectos que apuntan a reformas regresivas a derechos de trabajadores. Espero que la próxima reunión podamos discutir todos los proyectos y la agenda tenga equilibrio”.

En su defensa, Tetaz le comunicó que habló con el diputado Palazzo sobre la dinámica de la reunión y le aclaró que se hizo una preselección de expedientes que “estaba abierta a que puedan sumarse otras iniciativas en esta temática. No hay límites para la incorporación de expedientes, son todos bienvenidos. La convocatoria es esta y se hace de manera transparente. Ya se había consensuado con el diputado Palazzo y no hemos roto nada de eso que se acordó, no se entiende cuál es la molestia que tienen con el funcionamiento, pero no voy a discutir el reglamento de la comisión”.

Yasky insistió en una reunión de asesores para dejar hecho un temario “no para satisfacción mía, pero la comisión debe tener una cantidad de temas a tratar. Hemos discutido temas que no sabemos cuál fue la deriva”.

De la vereda de enfrente Tetaz le aclaró que “en la última reunión informativa y, lo hablamos y coincidió conmigo Palazzo, que ninguno de los espacios tenía el número para dictaminar y había que esperar que el número apareciera y por eso no hay otra reunión sobre reducción de jornada laboral porque nadie tiene un expediente consensuado para dictaminar”.

Le salió al cruce el diputado Vilca quien le reclamó que “el tema de los temarios debería discutirlo abiertamente en comisión y no por privado con un diputado personalmente. Es democrático”.

La santafecina Verónica Razzini (Pro) comentó que presentó dos proyectos, uno de modernización laboral que “algunos puntos fueron sumados a la Ley Bases”, pero planteó que “hay otros puntos interesantes que deben ser tratados como la materia probatoria que reafirma el principio general de los hechos invocados cuando hablamos de despido y multas; la posibilidad del empleador de modificar un acuerdo con el trabajador en las condiciones de contrato que contempla la posibilidad de requerir homologación; incorpora como medio de pagos de remuneración de otras categorías; conservación de recibo de sueldo en forma digital”.

El otro proyecto ‘Antibloqueo’ en el que “trabajé personalmente después de mi experiencia al haber formado el Movimiento Empresarial Antibloqueo hace tres años en Argentina después de haber sufrido un bloque más de tres meses porque hoy Argentina necesita una ley que le dé una figura penal a los bloqueos sindicales extorsivos, que están organizados por personas que tienen una planificación respecto de esto y hay que condenar a ellos. Hemos asistido a más de 71 empresas que han sido bloqueadas y les hemos dado asistencia”.

Razzini diferenció “los buenos sindicatos y existe la mafia sindical y este proyecto apunta a la mafia sindical que tiene que tener castigo y buscamos una figura penal”.

La diputada del Pro le aclaró que “la mafia sindical es la que utiliza a los trabajadores y se esconde de la defensa de los derechos laborales, pero no debe existir el abuso de la protesta y se creó una mafia gigantesca detrás de esto. Bloquear una empresa es un delito y esto se tiene que terminar porque nadie va a querer emprender en el país”.

Desde la izquierda volvió a tomar la palabra Vilca quien expresó: “No aceptamos que se intervenga o se subjetive a la organización sindical de esta manera. Nadie cuestiona las grandes ganancias que tiene la organización o la sociedad rural. No me parecen estas las condiciones y también me voy a retirar porque el temario no es equilibrado”.

La cordobesa Soledad Carrizo (UCR) recordó que viene trabajando desde el inició de su gestión la democratización de los sindicatos y “nunca pudimos lograr que se abra la comisión para tratar el tema”. “Tenemos que mirar un sistema dirigencial sindical donde Argentina es uno de los países de Latinoamérica con más alta afiliación con un 40%, con más de 3300 entidades reconocidas y que efectivamente vemos del otro lado un 40% de argentinos en la informalidad”, planteó.

“En mi proyecto se pone énfasis en el tema de las reelecciones indefinidas, sobre todo en órganos de administración. Creo que es necesario un presupuesto mínimo como legislación nacional donde demos la oportunidad de la alternancia y establecer la posibilidad de reelección por cuatro años para dar oxigenación y así poder legitimar más aún esta falta de afiliación sindical”, explicó.

Carrizo criticó la ausencia de Unión por la Patria porque “podemos estar de acuerdo o no. Hemos participado de muchos gobiernos donde hubo abusos en materia sindical y lo hemos discutido”, y cerró: “Es necesario una reforma laboral de la sociedad también”.

Al tomar la palabra, el diputado rionegrino Sergio Capozzi (Pro) apuntó contra UP por retirarse de la reunión y manifestó: “Eso demuestra la falta de innovación democrática. Era un excelente momento este para debatir. Parece que algunos no saben o no conocen lo que pasó en la historia en 113 años con una Asamblea donde se abolieron los privilegios del sindicalismo, pero muchos de ellos quieren seguir con esos privilegios y se genera esa tensión de ‘la mía está, no me la toquen’. Es necesario democratizar los sindicatos. Hay dirigentes sindicales con 40 años en el poder y están eximidos de rendir cuentas y hay que equilibrar esto”.

Desde el mismo bloque, el cordobés Luis Picat (UCR), expresó que “tenemos la mitad del sistema en negro en un sistema monotributista por la inflexibilidad que tiene el sistema argentino y son los que más perjudican al trabajador. Hace 13 años venimos en caída con el crecimiento del PBI”.

Al hablar de su proyecto, el legislador consideró que el objetivo es “retirar la obligación de la famosa cuota solidaria, que a empleados obliga a dar un monto al sindicato para su uso en diferentes emprendimientos que tengan referidos a talleres de capacitación, cultura, etc.”.

Al cierre, Tetaz sostuvo que “hay un consenso político en Argentina, mayoritario, que demuestra interés en avanzar en el tema de democracia sindical. Vamos a continuar el martes próximo con la presentación de proyectos”.

En su tercera reunión, el plenario de las comisiones de Legislación General; Familias, Niñez y Juventudes; Justicia y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados retomará este martes 13 de agosto desde las 17 el debate sobre el proyecto enviado por el Ejecutivo que propone un nuevo régimen penal juvenil, aplicable a adolescentes entre 13 y 18 años.

Tal como lo había anticipado la titular de la Comisión de Legislación General, Laura Rodríguez Machado, en este nuevo encuentro continuarán exponiendo los autores de proyectos vinculados a la temática. En esta ocasión se pondrán a consideración las iniciativas impulsadas por Carolina Píparo, Juan Manuel López, Álvaro Martínez, Ana Carla Carrizo, Agustina Propato y Natalia Zaracho.

En la primera reunión estuvieron presentes funcionarios del Poder Ejecutivo que defendieron la propuesta de bajar la edad de imputabilidad a los 13 años, punto central en el que los proyectos de los diputados difieren entre sí, hecho que quedó reflejado en la segunda reunión.

A partir de las 14.30, los diputados reanudarán este martes el debate de uno de los temas que más preocupación despiertan entre los legisladores, habida cuenta la cantidad de proyectos que existen sobre el tema. Será en el marco de una nueva reunión de las comisiones de Prevención de Adicciones y Narcotráfico, Acción Social y Salud Pública, Comunicaciones e Informática, Legislación Penal y Familias, Niñez y Juventudes.

La novedad en este caso es la inclusión en el plenario de esta última comisión, presidida por la radical Roxana Reyes, que en realidad ya venía abocándose al tema por su cuenta. En efecto, el 13 de agosto pasado realizaron una reunión con especialistas vinculada a la temática de ciberapuestas y ludopatía, de la que tomó parte la defensora de Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham, y varios diputados recomendaban su inclusión en el debate que desde el 14 de mayo viene promoviendo la Comisión de Prevención de Adicciones y Narcotráfico, que preside Mónica Frade. Para acelerar los tiempos, el 11 de junio el tema comenzó a ser abordado en el marco de un plenario de cuatro comisiones y ya se sabe que cuantas más comisiones se sumen a un debate, más complicación para dictaminar. Sin embargo, parece haber prosperado la propuesta de incorporar a Familias. “Todos te hablan de temas de familias: del hijo, del padre, del marido… que quebró la familia… Así que sí o sí tiene que estar esa comisión”, sostiene la diputada Marcela Campagnoli.

Mónica Frade confirmó a parlamentario.com la presencia de Familias en el debate: “Serán invitados, claro, a sumar asesores a la elaboración del dictamen”, precisó la legisladora de la Coalición Cívica.

Esta será entonces la tercera reunión de este plenario, y a priori la última informativa, antes de abocarse a avanzar con el dictamen. Según pudo saber este medio, vienen realizándose reuniones de asesores para trabajar en el dictamen que esperan alcanzar en las próximas semanas, cuestión de llevarlo al recinto cuanto antes, para tener la media sanción antes de fin de año. Después será el turno del Senado, donde hay numerosos proyectos también. En la actualidad hay 29 proyectos con estado parlamentario sobre el tema en ambas cámaras.