El Grupo Parlamentario de Amistad con el Estado Plurinacional de Bolivia realizó un encuentro con una delegación de la Comisión de Naciones y Pueblos Indígenas Originarios Campesino, Culturas e Interculturalidad de la Cámara de Diputados de Bolivia. El interés fue conversar acerca de temáticas de pueblos indígenas e intercambios culturales entre Argentina y Bolivia.

La diputada Natalia Sarapura (UCR), titular de la Comisión de Población y Desarrollo humano de la Cámara de Diputados, les dio la bienvenida: “Estamos en un momento importante; que hoy estemos aquí intercambiando una agenda de trabajo hay que ponerlo en valor”, dijo.

“En Argentina tenemos algunas acciones que se pueden denominar avances hacia el pluralismo jurídico. El avance en la interculturalidad lo vemos, por ejemplo, en el acceso a la Justicia en las provincias donde tenemos traductores indígenas”, indicó al ser consultada por el marco judicial.

“Tenemos reconocidos los derechos de los pueblos indígenas en la Constitución Nacional. Jujuy y Salta son las provincias con mayor población indígena pero no tenemos ningún instrumento jurídico que reconozca el derecho a la autodeterminación”, sostuvo Sarapura e hizo entrega del Compendio de Derecho Indígena.

En la misma línea, el presidente la Comisión de Naciones y Pueblos Indígenas Originarios Campesino, Culturas e Interculturalidad de la Cámara de Diputados de Bolivia, Alberto Astorga Torrez, expresó el “honor de estar aquí presente”.

“Es importante intercambiar criterios sobre lo que está sucediendo en nuestros países. Vemos muchos temas que nos preocupan”, indicó. Al mismo tiempo, auguró “entablar lazos de hermandad entre nuestros países”.

En tanto, la diputada de Bolivia María Elena Reque Ascimani, agradeció la visita que fue “gracias a la acción que tiene el Embajador Argentino en Bolivia”, y dialogó acerca de temas como el medioambiente y derechos humanos que son “importantes que los tratemos en nuestros Parlamentos. Para futuro tenemos la mejor predisposición para trabajar conjuntamente y tener una visión profunda de los temas”.

Participaron, asimismo, el diputado de Bolivia y miembro de la Comisión, José Manuel Ormachea Mendieta; el diputado miembro del GPA, Guillermo Snopek (UP); la directora general de Diplomacia Parlamentaria de la Cámara de Diputados, Luciana Termine; y la coordinadora de los GPA de la HCDN, Patricia Cardo.

Expresidente de la Cámara de Diputados durante los cuatro años de Cambiemos, Emilio Monzó es hoy un diputado raso que no preside comisiones, pero con toda lógica es de los más respetados del Cuerpo. Su bloque había pedido y acordado un lugar para él en la Bicameral de Inteligencia, pero súbitamente el oficialismo cambió de idea y se reservó para sí el puesto que le había asignado al entonces bloque Hacemos Coalición Federal. Fue el motivo del enojo de Miguel Pichetto, que retaceó sus diputados en dos sesiones consecutivas por eso, logrando voltear una. El enojo todavía le dura.

Pero no nos desviemos. Monzó es desde hace tiempo partidario de las eliminar las elecciones intermedias. En 2023 anunció que emprendería una cruzada con ese objetivo. Lo explicó señalando que “en esta sociedad tan vertiginosa, tan fragmentada, ningún gobernante puede generar políticas de Estado y transformar, si tiene una elección a los dos años… Porque al año y medio ya está observando cómo cierra la lista”.

Claro que eso no es tan sencillo de hacer, porque por ejemplo habría que modificar la Constitución. Él hablaba de hacer un gran acuerdo para limitar esa reforma a cambiar un solo artículo de la Carta Magna, pero es un riesgo que nadie quiere tomar.

Más allá de esa propuesta -que no pocos miran con simpatía-, lo cierto es que esa reforma es la que hubiera necesitado un gobierno como el de Javier Milei, cuyo partido fue creado un rato antes de las elecciones que lo consagraron y que por lo tanto más del 90% de sus legisladores asumieron recién el 10 de diciembre pasado. Y si bien el presidente insiste en decir cada vez que puede que es el gobernante más votado de la historia, la realidad es que el Congreso actual -o al menos la mitad de los diputados y un tercio de los senadores- es producto del resultado de la primera vuelta. En la que La Libertad Avanza resultó segunda, con un tercio de los votos.

Como sea, de haberse instrumentado la reforma que propone Emilio Monzó, el Congreso actual sería emergente de esa elección y nadie tendría mayoría, pero tampoco este oficialismo sería una minoría tan reducida.

Los constitucionalistas suelen decir que la Carta Magna “es sabia”, por lo que habría que considerar que deliberadamente se buscó que las mayorías tengan un tiempo de maduración, cuestión de que nadie de la noche a la mañana arme un partido y, con los planetas alineados, en una muy buena elección se quede con todo el poder.

Mal que le pese, si a Milei hay que buscarle algún presidente con el que pueda ser comparado, ese es Hipólito Yrigoyen, que sorpresivamente -o no- se alzó en 1916 con la presidencia con un partido relativamente nuevo, frente al conservadorismo, que a través del Partido Autonomista Nacional controlaba el poder sin alternancia desde hacía 42 años, como virtual partido único. Esas elecciones que ganó Yrigoyen tuvieron la particularidad de haber sido las primeras en las que se aplicó la Ley Sáenz Peña, que estableció el sufragio secreto.

Consecuencia: Yrigoyen asumió con el Congreso más adverso de la historia: minoría en las dos cámaras; tan extrema como la de Milei casi un siglo después. Solo 4 senadores y 45 diputados tenía el caudillo radical al llegar el poder. Adversidad que con el correr de las elecciones fue revirtiendo.

Es lo que espera lograr el actual oficialismo, que imagina tendrá mucho más en 2025, aunque vaya a seguir siendo una minoría extrema, por más contundencia que tenga su eventual triunfo en las elecciones intermedias. O tal vez no lo sepa, lo cual sería una ingenuidad grave.

Los partidos que formaron Cambiemos y luego Juntos por el Cambio ganaron las elecciones de 2013 y 2015, con mayores porcentajes que Milei, y así y todo el de Mauricio Macri fue el primer gobierno en minoría en ambas cámaras después del de Hipólito Yrigoyen. Y lo siguió siendo aun habiendo ganado las intermedias de 2017.

A Javier Milei le gusta cada vez que puede hacer gala de su minoría extrema. El jueves, en el acto ante los ultraderechistas de Vox, el presidente se vanaglorió de estar haciendo “la reforma más grande de la historia argentina en menos de 9 meses”, y  con apenas “el 15% de la Cámara de Diputados y el 10% de la de Senadores”. Nunca aclara que sin la colaboración de los bloques dialoguistas -que suman varias veces el número de La Libertad Avanza-, no hubieran podido avanzar nada en el Congreso. Así y todo los desafía: “Ellos van a hacer lo imposible para que el presupuesto no salga”, anticipó ante el inminente inicio del debate del Presupuesto. ¿Por qué? Porque “un presupuesto liberal y austero significa el fin de miles de curros”, dijo Milei haciendo estallar al auditorio del Foro Madrid.

Mas allá de esas diatribas, la realidad es que si en algo no tiene interés la oposición, es que el gobierno no tenga su presupuesto y: a) se victimice y pase factura in eternum; b) prorrogue el Presupuesto en vigencia y pueda hacer un uso discrecional de las partidas.

Esto se da a escasos días de que el Gobierno libertario presente ante el Congreso su primer proyecto de presupuesto, puesto que el de 2024 decidió no mandarlo. Y en este caso Milei se propone volver a mostrarse disruptivo. Así como en la asunción presidencial rompió el molde dando su discurso fuera del Palacio Legislativo, y en la apertura de sesiones ordinarias habló en el horario inédito de las 21, para el Presupuesto 2025 decidió ser él quien vaya al Parlamento a presentarlo. Será una nueva oportunidad para tener centralidad y darle al tema una trascendencia que de lo contrario no tendría.

Sucederá al cabo de lo que muy posiblemente sea una nueva semana negra para el oficialismo en el Congreso. Con derrotas contundentes en el Senado y probablemente también en Diputados. Allí será el miércoles, cuando la oposición intente rechazar el veto presidencial contra la Ley de Movilidad Previsional. La sesión ha sido convocada para las 10 de la mañana por todos los sectores que componen el heterogéneo bloque radical, la Coalición Cívica y la bancada de Pichetto, que junto a Unión por la Patria suman 155 diputados. Les estarían faltando 15 votos, y no es seguro que todos los radicales vayan a votar contra el veto, según pudo saber este medio. Hay una presión intensa sobre determinados gobernadores.

Eso sí, si se consiguen votar el rechazo, será un duro golpe para el oficialismo, pues en el Senado no podría evitar un resultado similar.

Más allá de la suerte que vaya a tener LLA el miércoles, el destino del jueves en el Senado parece inexorable. Allí le esperan dos traspiés, a cual peor: la oposición convertirá en ley el proyecto de Financiamiento Universitario y luego derogará el DNU de los fondos de la SIDE, en un hecho inédito desde que los decretos de necesidad y urgencia fueron reglamentados. En ambos casos sería con 2/3.

Para maquillar una jornada negra, el oficialismo intentará votar la ley de Boleta Única en Papel, pero todavía no tiene asegurados los votos necesarios para aprobarla con modificaciones. Si fracasa, el tema no podrá volver a ser abordado hasta 2026.

Con semejante sucesión de traspiés legislativos, se entiende que el presidente quiera mostrarse dominador de la situación, asumiendo total protagonismo el lunes siguiente al presentar él mismo el Presupuesto.

Protagonismo que buscó al cerrar la semana en la red social que más le divierte e interesa, X, donde el viernes se enfrascó en una encendida polémica sobre economía con la expresidenta Cristina Kirchner. Ella empezó, con un tuit matutino que incluía un informe económico con el que desafió al presidente. Era obvio que él se prendería de la discusión y redoblaría la apuesta. Por temperamento y conveniencia, ya que el contrapunto con quien él ve como su Némesis, siente que lo fortalece. A ella también, de ahí que propusiera la discusión.

Surgió justo cuando los puentes entre el Gobierno y el kirchnerismo parecían muy transitados, con el fin de aprobar los pliegos de los jueces propuestos por Milei para la Corte. Fundamentalmente Ariel Lijo. En las últimas horas, los senadores que le responden a Cristina hicieron saber que el tema está frenado. Por ahora.

Mientras tanto, los radicales que completarían los votos para llegar a los dos tercios necesarios para sentar a Lijo en la Corte han congelado su decisión: nadie quiere exponerse si el kirchnerismo no muestra antes sus cartas.

Quedó claro con las firmas de los dictámenes de ambos candidatos. Transcurridos más de diez días de la audiencia con Manuel García Mansilla, ninguno de los dos pliegos llega a las nueve firmas necesarias para llegar al recinto. Con la relación de fuerzas en un momento de tensión extrema y traspiés reiterados por parte del Gobierno, no sorprendería que el tema quede para el año que viene.

A fines de diciembre, Juan Carlos Maqueda se jubila. Desde la Corte adelantaron que están en condiciones de funcionar con solo tres miembros.

Con polémica y acusaciones de “dilatar” el tratamiento, la Comisión de Transportes de Diputados, presidida por la radical Pamela Verasay, pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo martes 10 de septiembre a las 10.30 para retomar el debate sobre el Fondo de compensación tarifaria del transporte público de pasajeros por automotor urbano y suburbano del interior del país y poder emitir despacho.

El pedido fue solicitado por el oficialista Lisandro Almirón de pasar a un cuarto intermedio hasta la próxima semana para “lograr un borrador de dictamen consensuado entre los distintos bloques de acuerdo a las posibilidades que tiene el Estado”, atento a las circunstancias de la quita del subsidio al AMBA y a pocas semanas de tratar el Presupuesto, ya que “es fundamental acordar con todo el arco político frente a esta necesidad de saber concretamente con qué erogaciones cuenta el Estado para afrontar este gasto importante que tiene en materia de transporte en todo el interior del país”.

Al respecto, el vicepresidente de la comisión, el diputado de UP Diego Giuliano recordó la visita de los intendentes y el proyecto que les acercaron para garantizar el fondo compensador del transporte del interior que “fue cancelado por este Gobierno”.

“Todos sabemos apenas inició su gestión esa cancelación significó un perjuicio muy grande al sistema de transporte del interior del país y, además, significó que las tarifas para los usuarios se hayan escalado de una manera desproporcionada. En muchos lugares, hay una asimetría que tiene mucha historia en la Argentina, pero que ha habido acciones políticas o decisiones para equilibrar y otras que han sido para desequilibrar”, señaló.

Giuliano destacó el proyecto de los intendentes argentinos de todos los sectores políticos que “establece un fondo compensador de transporte para el interior del país que tiene una fuente de financiamiento responsable”, y precisó: “Si uno mira los números del presupuesto del año pasado, que hoy está en curso, se van a dar cuenta que tampoco les alcanza porque el ejecutado llegaría a 73.000.000 y, justamente, lo que sea ejecutado y lo que se ha devengado en el año anterior han sido 85.000 millones y 102.000 de ampliación presupuestaria”.

Así, contó que dialogaron con los distintos sectores políticos para trabajar en un proyecto que contemple tanto el subsidio hacia la oferta “que es algo que plantean los intendentes”, y también al usuario o demanda.

“Generamos un proyecto de dictamen que incluye ambas cosas. Un período de transición de subsidio, en este caso como lo piden los intendentes a la oferta hasta tanto en el término de un año podamos tener SUBE en toda la Argentina de los usuarios del país, con lo cual estaríamos en condiciones ya de esa transición”, informó.

Giuliano remarcó la necesidad de “generar las mayorías para que, por lo menos desde la Comisión de Transporte, tengamos la posibilidad de dictaminar tal como pidió la red de intendentes del país hace más de dos meses, con los aportes que se han hecho de distintos sectores porque tienen en cuenta la transición, el momento de la llegada de la SUBE a todo el país, los criterios que hacen a la equidad y que, de alguna manera, combinan lo que es la población con el territorio”.

“Por supuesto que cuando hay una mayor extensión territorial y menor cantidad de pasajeros transportados la ecuación económica y financiera del transporte se complica. Eso tiene que estar también en el proyecto y es esto lo que lo que hemos, de alguna manera, consensuado en Unión por la Patria con otros sectores que, probablemente, estén de acuerdo con la misma propuesta”, cerró.

Por su parte, el socialista Esteban Paulón planteó que: “Llegada esta fecha de septiembre es importante que avancemos con este tema. Entiendo que en pocas semanas nos vamos a meter en el debate del Presupuesto que parece que va a venir el presidente a presentarlo en persona, pero si seguimos esperando información que ya está disponible y de la que contamos, seguimos generando un perjuicio para el transporte urbano de pasajeros en las localidades de las provincias”. Al respecto, acotó: “No sabemos si los pedidos de información pública van a llegar o no porque en este momento están suspendidos. Quizás algún funcionario en el Ejecutivo le parece que no es relevante que el Congreso conozca alguna información en relación al subsidio al transporte”.

Paulón contó que en varias localidades de la provincia de Santa Fe “el transporte urbano de pasajeros está siendo perjudicado fuertemente”, y precisó: “En el mes de enero nuestra provincia aportó por impuesto a los combustibles líquidos 3,500 millones de pesos. Ese monto en el mes de agosto fue de 18.500, más de cinco veces se multiplicó el aporte”, y denunció que “esos recursos quedan concentrados en el Gobierno nacional”.

“Este año fruto del acuerdo del actual presidente con el excandidato Sergio Massa se prorrogó el presupuesto, por lo tanto, hay un presupuesto que ejecutar, hay recursos que están ingresando y hay ciudadanos de Argentina que no están recibiendo una contraprestación”, criticó y pidió: “Me parece importante que nos aboquemos a discutir hoy con los recursos que están qué hacemos con este tema”.

El diputado socialista contó que en algunas ciudades se paga el boleto $1000 por lo que planteó “apurar” el debate para que sea un alivio a los municipios y provincias que “están haciendo un esfuerzo enorme aportando también subsidios en un contexto donde todo aumenta” y adelantó su posición negativa a otorgar el cuarto intermedio porque: “Creo que se ha estudiado bastante este tema se ha trabajado bastante y estamos en condiciones de avanzar en un dictamen”.

En la misma línea, el santafecino Eduardo Toniolli (UP) recordó que “en febrero de este año se hizo patente que el Gobierno Nacional no iba a enviar ni un peso más en concepto de Fondo Compensador al Transporte del interior. Fuimos algunos a la Justicia Federal para intentar que esa medida se retrotrajera, medida que después el Gobierno formalizó efectivamente a través de un DNU”.

“Los gobiernos locales, en el caso del transporte urbano, y los gobiernos provinciales en el caso del transporte interurbano, tuvieron que aumentar las tarifas del transporte público de pasajeros para poder cubrir esos fondos que Nación dejaba de enviar”, alertó y agregó que “las empresas sacaron unidades de colectivos de las calles, de las rutas, en función de que le cerraran un poco más los números”.

Toniolli indicó que la consecuencia de esas dos decisiones derivó a que “muchísimos usuarios se empezaron a bajar del transporte público de pasajeros en búsquedas de otras opciones”. Al respecto, manifestó que “con un boleto de colectivo como en Rosario, como en Santa Fe, como en Córdoba de $940 y posiblemente dentro de poco a $1200, se evidenció una brutal caída en la cantidad de usuarios”.

“Los datos del último estudio de la movilidad muestran que hay una caída brutal de usuarios del transporte urbano. Entre junio del 2022 y junio del 2023 hubo 64 millones de viajes cancelados. Dentro del sistema de junio del 2023 a junio de este año 55 millones de viajes cancelados, es decir una caída de 9 millones de viajes. Entre año y año sin la asistencia del Estado nacional esto termina mal, con un escenario de quiebra de los sistemas de transporte público”, advirtió.

El santafecino apuntó: “Para nosotros hoy el planteo de un cuarto intermedio es dilatar la definición que venimos reclamando desde hace tiempo y ustedes le consta que lo venimos reclamando insistentemente y no es una cuestión partidaria el reclamo de los intendentes”. “Esto es un reclamo pluripartidario de quienes tienen responsabilidades de gestión y están viendo que se van a quedar sin movilidad en sus ciudades o sus regiones y, cuando se cae la movilidad de una ciudad, lo primero que se cae es la actividad comercial”, alertó.

En cumplimiento de ordenes emanadas del Ejecutivo, @PameVerasay, presidenta de la Comisión de Transporte, dió por finalizada abruptamente la reunión y se retiró con los diputados de LLA, PRO, UCR y CC, para evitar dictaminar sobre la recuperación de los subsidios al transporte.

— Eduardo Toniolli (@eduardotoniolli) September 5, 2024

“No estamos de acuerdo con este planteo cuarto intermedio, la propuesta de dictamen que tenemos incorpora incluso esta nueva realidad. Lo que pretendemos es construir un amplio consenso en este Congreso por eso el proyecto de dictamen que presentamos incorpora las regiones que tienen SUBE y las que no. Incorpora la perspectiva de los intendentes tal como las plantearon. También incorpora la nueva realidad donde se pretende retirar los subsidios. Es una mirada integral sobre el tema para lograr un amplio consenso”, explicó.

Toniolli señaló que el proyecto se tiene que “poder aprobar en el recinto con un número que lo haga impermeable a la compulsión que tiene este presidente de la Nación de vetar todo lo que él considera que tocan su caja”, y reiteró: “Vamos por la construcción de un amplio acuerdo con una mayoría parlamentaria que, lamentablemente tengo que decirlo, vaya a contramano de lo que pretende el Gobierno que es eliminar la posibilidad de que el interior cuente con recursos o dejarlo reducido exclusivamente a la pequeña fracción”.

“Nuestro dictamen le incorpora ir por la demanda, la tarjeta SUBE y toda esa perspectiva lo que lo hace viable económicamente y lo que lo hace viable también políticamente para poder ser aprobado con una amplia mayoría en el recinto de este Cuerpo para convertirlo en un proyecto de mayoría amplio  y sólido”, cerró.

Por la Coalición Cívica se expresó el diputado Maximiliano Ferraro remarcó que el tema se “viene discutiendo en los últimos años y que se ve inserto en un contexto de decisiones unilaterales, intempestivas y que uno no puede compartir en términos del rumbo que quiere darle el Gobierno nacional”. “Es un debate que siempre nos costó encontrar un acuerdo y es parte del juego democrático político que tenemos”, criticó y planteó: “Creo que tenemos que encontrar una solución definitiva en términos de ley”.

“Yo no estoy de acuerdo con las prórrogas constantes en el marco de la negociación presupuestaria del Fondo Compensador. Siempre discutíamos de qué manera buscar una solución integral que pueda dar respuesta a las jurisdicciones provinciales, que pueda dar respuestas también a los intendentes y a los municipios, de qué manera se podía compatibilizar o que recorran en un camino virtuoso la situación del AMBA”, manifestó Ferraro.

Así, sostuvo: “Tenemos que tratar de encontrar un texto que reúna a la mayor cantidad de diputados”, y afirmó desconocer el dictamen del bloque UP: “Ninguno de los diputados miembros me conversaron en el día de ayer y en el día de hoy y en todo este periodo”, y aseguró que le solicitó tiempo a la presidenta de la Comisión “para poder verlo porque quiero ver la  viabilidad del proyecto, no por una cuestión de demorar o dilatar la cosa, sino por una cuestión de que podemos encontrar un acuerdo más lógico que construya una mayoría ante el disparate de una posibilidad de poder de veto del presidente a nosotros nos permita poder insistir o poder dar una respuesta seriamente en términos de una ley”.

“La cuestión del subsidio al transporte, esta situación de manera discrecional de uno u otros gobiernos hasta el propio, siempre estuvo ligada al látigo de la billetera con respecto a los gobernadores y con respecto a los intendentes. Entonces este Congreso tiene la facultad de poder dar una respuesta integral en términos de qué manera pasamos a subsidiar verdaderamente la demanda reivindicando la SUBE, pero también viendo de qué manera podemos integrar otros dispositivos en este sentido para que realmente llegue la plata al que le tiene que llegar”, expresó.

“Sin ánimo de dilatar la cosa, voy a pedir por lo menos una semana más para el martes que viene, si es posible, para tratar de ver si podemos encontrar un texto que reúna un amplio consenso para que ese amplio consenso a su vez pueda salir de la caja negra que muchas veces se ha convertido la Comisión de Presupuesto en estos últimos 7 meses y que lo hemos visto en otros intentos. Puedo entender el enojo y el malestar que puedan tener algunos diputados porque estoy pidiendo esta prórroga o este cuarto intermedio de 48 o 72 horas hábiles para trabajar en un texto que, vuelvo a decir, tenga viabilidad, sea realista y sea pragmático desde el punto de vista político del recinto”, concluyó el diputado de la CC-ARI.

En la Comisión de Transporte en @DiputadosAR acompañé el pedido de cuarto intermedio. Necesitamos ese tiempo para avanzar en encontrar una solucion integral y sostenible a los subsidios.

Hay dos discusiones pendientes, una la inequidad entre AMBA e interior y otra, acerca del…

— Germana Figueroa Casas (@germanafc) September 5, 2024

Por su parte, la diputada del Pro Germana Figueroa Casas coincidió en que es una discusión que “ya la hemos dado muchas veces”, y opinó: “Nosotros tenemos que tomar una decisión sobre de qué forma evitar inequidades porque venimos con una historia anterior con empresas que estuvieron recibiendo dinero de antes, había gente que recibía más de lo que correspondía que hubiera sido bueno auditar”.

Figueroa Casas destacó que con el sistema SUBE “se avanzó mucho porque se empezó a tener detalle de los kilómetros, de los recorridos, por eso creo que tenemos que buscar una solución un poco más integral”. Así, solicitó poder ver el proyecto de UP: “No me parece que se mantenga la simetría que hay con AMBA, no sé si se está planteando esa transición ahí, por eso me gustaría poder leerlo para para tener claro”.

“Somos un país que se dice federal, pero no lo somos. Me gustaría poder aclarar apoyo el cuarto intermedio. Si vamos a ir por una solución integral, si podemos ver los proyectos que están ahora para dictaminar, nosotros hemos tenido charlas con el oficialismo y nos han dado una respuesta con una propuesta que quizás se podría mejorar, por eso me gustaría acompañar el pedido cuarto intermedio”, concluyó.

A su turno, el jefe del bloque de UP, Germán Martínez, apuntó: “Hay un gobierno que le saca los recursos al transporte del interior y nosotros queremos reponer el daño provocado. Hay propuestas que intentan recuperar recursos para el transporte de pasajero del interior de la Argentina, mientras que hay un Gobierno que, primero, arrancó por el interior”.

Martínez señaló que los recortes aparecieron en el mes de febrero, criticó a la comisión porque “pasaron 90 días desde que recibimos a los intendentes y estamos exactamente en el mismo lugar del punto de vista del debate político, pero estamos mucho peor del punto de vista de la gestión del sistema de transporte por todo lo que hemos hablado”.

“Creo que somos mayoría los que creemos que el transporte tiene que tener recursos, porque hay un Gobierno que no quiere recursos para el transporte de pasajeros que le sacó 450.000 millones de pesos a las provincias para darle a la Ciudad. El propio Congreso argentino definió para el presupuesto 2022 4.000 millones de pesos al Fondo Compensador, o sea que en una decisión administrativa le saca las provincias un monto equivalente a la mitad del fondo compensador del año 2023”.

Martínez sostuvo que hay que pensar en los ciudadanos, en los intendentes, una visión nacional y una visión integral del problema y resumió el dictamen de su bloque: “Hay que volver a tener un Fondo Federal de Compensaciones para el sistema de transporte público de pasajeros urbano y suburbano del interior; que no vaya en detrimento de los recursos que tienen que ir al área metropolitana de Buenos Aires; reclamo de los intendentes sobre la distribución del impuesto a los combustibles líquidos; los subsidios van a ser distribuidos a los usuarios a través de la SUBE; darle formalidad y peso al Consejo Federal del Transporte”.

“Cualquier demora hoy es incomprensible. No podemos estar en el mismo nivel de debate siempre, hay que generar borradores porque da la sensación de que no termina una vocación en cerrar el tema”, finalizó.

Por la UCR, el jujeño Jorge Rizzotti le recordó a Martínez que “no estaríamos en esta situación si hubiéramos logrado, cuando me tocó presidir la comisión la gestión anterior, una ley que garantice este famoso subsidio del transporte. En ese momento ustedes oficialistas no podían acceder y tenían instrucciones desde el Ejecutivo”.

Rizzotti vio con esperanza una unificación de los dictámenes presentados para la próxima semana y bregó para “tener para la semana siguiente un dictamen para avanzar y llevar ya un dictamen a Presupuesto y lograr la mayoría para que pueda ser bajado al recinto”.

Al cierre, Verasay anunció finalmente el pase a un cuarto intermedio para la próxima semana, lo que generó un fuerte enojo por parte del bloque de Unión por la Patria. “Vamos a un cuarto intermedio con todos los dictámenes, ya se han manifestado todos los bloques”, argumentó la presidenta de la comisión.

“Tenemos una gran oportunidad de dictaminar”, le planteó el vice de la comisión Giuliano y sumó: “Hay pedido de la palabra… mantengamos un debate responsable. Hay que dar el debate y tenemos un despacho de comisión porque hemos trabajo”. Por detrás, la diputada Paula Penacca (UP) le preguntó irónicamente al libertario Almirón: “¿No querés trabajar más Almirón?”.

Verasay desestimó el pedido de UP y ratificó el pase al cuarto intermedio para la próxima semana porque “hay voluntad mayoritaria”.

En la sesión informativa de la Cámara de Diputados de este miércoles, el jefe de Gabinete Guillermo Francos, alertó que “los resultados de las pruebas PISA nos demuestran que somos un país que ha caído en niveles educativos y tenemos que recuperarlo”.

El funcionario recordó que el pasado 4 de julio el presidente, Javier Milei, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, anunciaron el Plan Nacional de Alfabetización “una política prioritaria y transversal que busca que todos los estudiantes del país puedan leer, comprender y escribir textos de acuerdo a su edad”.

“Es increíble que en Argentina todavía hoy debatamos sobre un plan de alfabetización. Los resultados de las pruebas PISA nos demuestran que somos un país que ha caído en niveles educativos y tenemos que recuperarlo”, lamentó.

Francos detalló que “el 35% de los alumnos de tercer grado no sabe leer ni escribir ni es capaz de realizar las operaciones matemáticas básicas. Alrededor del 50% de los alumnos no es capaz de comprender un texto de complejidad básica al finalizar la escuela primaria”.

“El Plan Nacional de Alfabetización es una deuda histórica de nuestro país, que no ha podido garantizar hasta el momento un sistema educativo que le permita a los jóvenes desarrollar su vida en libertad”, criticó.

En tanto, destacó la declaración, junto a otros bloques, de la educación como servicio esencial, que ya tiene media sanción en la Cámara. “Con esta iniciativa, aseguramos que las escuelas se mantengan abiertas pese a cualquier intento de paro gremial y garantizamos 180 días de clases en todo el país”, resaltó y apuntó: “En una Argentina donde los chicos no saben leer y escribir, no podemos permitir que algunos usen a los estudiantes como rehenes para negociar paritarias”.

Guillermo Francos, en la presentación de su primer informe de gestión como jefe de Gabinete de Ministros ante Diputados, aseguró que desde el Gobierno le están dando a la Justicia “herramientas a la Justicia para que sea rápida, eficiente y transparente en la lucha contra delitos como el narcotráfico”.

“Avanzamos con la implementación del Sistema Acusatorio y del Código Procesal Penal Federal. Le estamos dando herramientas al Poder Judicial para que sea rápido, eficiente y transparente en la lucha contra delitos como el narcotráfico, la trata de personas, el lavado de activos y la corrupción. Se terminaron los juicios de 20 años en el sistema penal federal”, destacó.

En esa línea, resaltó el envío al Congreso de la ley para modificar el régimen penal juvenil y evitar la impunidad en crímenes cometidos por menores desde los 13 años. “Vamos a terminar con el uso de niños por parte de organizaciones criminales y narcotraficantes para quedar impunes. Creemos que, a delito de adulto, corresponde pena de adulto”, planteó.

También, señaló que la “Ley de juicio en ausencia” será “fundamental para que los terroristas y criminales de alto perfil no puedan seguir evadiendo a la justicia argentina”, y agregó: “Esta normativa le permitirá al Poder Judicial avanzar contra quienes cometieron los atentados más terribles de la historia de nuestro país, contra la AMIA y la Embajada de Israel, aun cuando se desconozca su paradero. Gracias a ello, pesará sobre los culpables una condena firme que podrá habilitar el pedido de captura internacional”.

“Es prioridad para nosotros la designación de magistrados idóneos para cubrir las 305 vacantes existentes en el Poder Judicial en todo el país”.

Francos manifestó que, desde el Ejecutivo, a través del representante en el Consejo de la Magistratura, están realizando “un gran esfuerzo para agilizar la mayor cantidad de concursos#, y detalló: “En sólo cinco meses, remitimos las ternas para la cobertura de 55 vacantes. Esto supera al total de las enviadas anualmente en 17 de los últimos 24 años”.

Por otro lado, comentó: “Tenemos a consideración las ternas correspondientes a 139 cargos de jueces.  Estamos analizando de manera pormenorizada a cada uno de los ternados, a fin de enviar con celeridad al Senado los pliegos de aquellos profesionales que reúnan la mayor capacidad técnica y jurídica”.

“En el caso del Ministerio Público Fiscal tenemos 93 vacantes, de las cuales 65 están siendo analizadas por el propio MPF, mientras que 28 ya fueron elevadas al Ministerio de Justicia para avanzar con los nombramientos. De igual manera, en el Ministerio Público de la Defensa hay 77 vacantes, 32 se encuentran en el mismo MPD siendo evaluadas y 45 fueron elevadas al Ministerio de Justicia”, sumó y cerró: “En muy corto plazo logramos otorgarles dinamismo a los procesos para designar los cargos vacantes en el Poder Judicial.  Esto demuestra el compromiso del presidente Milei y de todo el Gobierno para solucionar este tema en el Poder Judicial”.

A la hora de hablar de seguridad en la sesión informativa de Diputados, el jefe de Gabinete Guillermo Francos, destacó la labor de la ministra Patricia Bullrich por la implementación del “Plan Bandera” en la Ciudad de Rosario y el protocolo anti piquetes y le hizo un pedido al Congreso de la Nación de “avanzar” con el tratamiento de las leyes en seguridad.

El funcionario comentó que “El Plan Bandera” que contó con el acompañamiento del gobernador Maximiliano Pullaro, movilizó más de 1.700 efectivos y 170 móviles, dio como resultado un mes sin homicidios en Rosario. “Se trata del periodo más largo desde 2013, año en el que comenzaron a haber registros de estadística criminal”, celebró.

Francos informó que se evidenció una caída del 70% en homicidio dolosos en la zona de despliegue de fuerzas federales. Además de los 30 días sin homicidios, éstos se redujeron en los últimos seis meses. Se implementaron más de 460 operativos y se detuvieron a 418 personas vinculadas al narcotráfico. Los decomisos de cocaína aumentaron un 500% respecto del 2023.

“La coordinación del Gobierno nacional y provincial y municipal de Rosario puso fin a una ciudad dominada por el narco terrorismo. Hoy Rosario ha recuperado la tranquilidad”.

Además, contó que “se rescataron a más de 700 personas de redes de explotación y se expulsaron, a nivel nacional, 390 personas extranjeras involucradas en diversos delitos penales”.

Por otro lado, destacó el “nuevo protocolo antipiquetes, se ordenaron las manifestaciones, y se terminó con la extorsión violenta de quienes se creían dueños de la calle.  Desde diciembre de 2023 se terminaron los cortes y los piquetes, y las movilizaciones se realizan respetando el protocolo. Ahora se garantiza el derecho a la libre circulación de todos los ciudadanos”.

Así, señaló que en pocos meses se enviaron al Congreso múltiples proyectos de ley diseñados para fortalecer la lucha contra el crimen organizado: Ley Antimafias, Ley de Reiterancia, modificaciones en el Registro Nacional de Datos Genéticos, Ley de Regularización de Tenedores de Armas de Fuego, baja en la edad de imputabilidad, creación de la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada y modificaciones en la legislación actual sobre condenas, concurso de delitos, atentado a la autoridad y legítima defensa y pidió que “para seguir cuidando a los argentinos de bien y luchar contra el delito, necesitamos avanzar en su tratamiento”.

El presupuesto a la SIDE

El jefe de Gabinete explicó que avanzaron con la reorganización del sistema nacional de inteligencia, por lo que decidieron disolver la AFI y crear la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

“Durante años, muchos de los fondos que debían destinarse a garantizar la seguridad de los argentinos fueron utilizados para el espionaje político, la persecución ideológica y el tráfico de influencias”, apuntó contra la gestión anterior y agregó: “Al asumir, nos encontramos con una Agencia Federal de Inteligencia totalmente desmantelada y desfinanciada, sin capacidad técnica, profesional ni material para hacer frente a las tareas de suma importancia que debía desarrollar”.

Francos cuestionó que “mientras históricamente los organismos de inteligencia en Argentina llegaron a tener presupuestos de 250 millones de dólares, en 2023 la AFI tuvo sólo 50 millones de dólares asignados. Esto no se alinea ni siquiera con el presupuesto designado por el sector privado para algo tan sensible como la ciberseguridad”.

“Vinimos a modernizar el sistema de inteligencia y alejarlo de cualquier interés personal y partidario de la administración de turno. Por eso, enviamos sendos DNUs al Congreso para discutir el presupuesto que requiere la nueva SIDE, con una suma completamente razonable para montar un sistema de inteligencia que verdaderamente proteja a los argentinos”, respaldó.

Durante la exposición de su primer informe de gestión ante la Cámara de Diputados, el jefe de Gabinete Guillermo Francos, señaló que “los altos niveles de informalidad del país nos demuestran que la legislación actual es obsoleta”.

El funcionario sostuvo que, en materia laboral, “impulsamos la reforma incluida en la Ley Bases, luego de que la justicia frenase las disposiciones contempladas en el DNU 70”, y alertó: “Es una discusión urgente para nuestro país porque en Argentina no se generan nuevos puestos de trabajo genuinos en el sector privado desde el año 2011”.

“Con esta normativa, establecemos los cimientos para una reforma laboral profunda que contemple un debate más amplio sobre aspectos como la educación, la formación, la deserción escolar, entre otros”, remarcó y sumó: “Queremos impulsar la generación de trabajo en Argentina y otorgar seguridad jurídica tanto a empleados como a empleadores”.

Para Francos “los altos niveles de informalidad del país nos demuestran sin dudas que la legislación actual es obsoleta”, e indicó: “Durante el segundo semestre del 2023 había 7,5 millones de trabajadores no registrados, mientras que los asalariados privados eran menos de 6,4 millones”.

“En nuestra reforma, incluimos medidas como la extensión del período de prueba, la contemplación de un fondo de cese laboral como alternativa a las indemnizaciones, el establecimiento de un régimen simplificado de registración laboral con un aporte único para las empresas de hasta 20 empleados y un sistema de condonación de multas por trabajador no registrado. Esto nos va a permitir terminar de una vez con la industria del juicio en la Argentina, que tanto daño hace a las pequeñas y medianas empresas del país”, explicó.

Por último, comentó que se reconvirtieron el programa “Potenciar Trabajo” en las iniciativas “Volver al Trabajo” y “Programa de Acompañamiento Social”. “Las auditorías desarrolladas sobre el Potenciar Trabajo demostraron que, desde su puesta en marcha, sólo el 1.3% de los beneficiarios obtuvieron un empleo formal. Desde enero de 2024 se recibieron alrededor de 80 mil llamados por denuncias de extorsión y se detectaron 52 mil casos de incompatibilidades insalvables, que fueron dados de baja”, cerró.

Tras la quita de subsidios al transporte, la comisión homónima de Diputados a cargo de la radical Pamela Verasay se volverá a reunir este jueves para apurar el dictamen sobre el Fondo para la Compensación Tarifaria del Transporte Público de pasajeros por automotor urbano y suburbano del interior del país.

El encuentro está pautado para este jueves a las 10.30 en la Sala 6. Según pudo saber parlamentario.com no habrá invitados a exponer, pese a que en la última reunión Verasay había comentado que algunos ministros de transporte querían asistir a exponer.

De esta manera, los diputados apurarán el dictamen, tal como lo anticipó la titular de la comisión, antes de que el Poder Ejecutivo envíe al Congreso el Presupuesto Nacional.

En el encuentro pasado expuso el presidente del Comité Federal de Transporte, Marcelo Ferraris quien alertó que “la situación del transporte en el interior de la argentina está atravesando una de las peores crisis”, pero señaló que “es una complejidad que viene desde hace años”. También comparó los cuadros tarifarios de CABA y AMBA con el resto de las provincias.

Fin de la historia para la diputada nacional Lourdes Arrieta en el seno de la Libertad Avanza. La mendocina renunció al bloque de La Libertad Avanza y conformará un bloque unipersonal llamado FE.

La bancada que preside el cordobés Gabriel Bornoroni tenía previsto este martes por la noche decidir su expulsión, en el marco de una reunión prevista para las 20.30. En lugar de realizarla en el Salón Blanco, como de costumbre, será una reunión por zoom. Pero paralelamente, antes el bloque oficialista envió al presidente Martín Menem una nota bien sintética que se limita a plantear que “en adelante la composición del bloque estará integrada por 37 diputados, cuyos nombres detalla, con la ausencia de la susodicha Arrieta.

A su vez, la mendocina mandó una nota al presidente de la Cámara anunciando la conformación de su propio bloque unipersonal, que se llamará: “Fuerzas del Cielo – Espacio Libertad”, y su sigla será FE.

Abordada por los periodistas este martes por la noche, la protagonista de esta historia, Lourdes Arrieta, confirmó su salida del bloque contragolpeando: “No puedo ser parte de un bloque que está en contra de la agenda del presidente”, declaró.

“Decidí hacer mi propio monobloque”, afirmó la diputada mendocina, e insistió en afirmar que “no puedo ser parte de un lugar así, donde no me respetan y no respetan la agenda del presidente”.

Luego afirmó que la dejaron sola, “los que tienen que investigar no investigan… Se lavaron las manos con lo de la visita, me pusieron a mí como carne de cañón, tendrían que investigar al diputado Beltrán Benedict, que organizó la visita; a los diputados que fueron; a la diputada María Emilia Orozco; a los diputados que estuvieron implicados en la reunión, como Lilia Lemoine, y que nos cuenten lo que pasó en esta reunión de marzo”.

Respecto de su compartamiento en el recinto en adelante, adelantó que “cuando tenga que ser crítica, lo voy a ser, pero una cosa son los proyectos de Javier Milei y otra los que no vayan con sus ideales”.

En medio de la quita de subsidios al transporte que anunció el Gobierno la comisión homónima de Diputados, presidida por la radical Pamela Verasay, recibió este martes al presidente del Comité Federal de Transporte, Marcelo Ferraris, quien expuso sobre la situación en las provincias. Así, Verasay afirmó que dictaminarán sobre un nuevo Fondo Compensador antes de que el Ejecutivo envíe al Congreso el Presupuesto Nacional.

Al comienzo, la titular de la comisión explicó que hubo problemas con las invitaciones hacia los diputados y no pudieron llegar al encuentro, por lo que sesionaron en minoría. En tanto, afirmó que antes del 14 de septiembre sacarán dictamen del nuevo Fondo Compensador “previo a que el Ejecutivo envíe el Presupuesto”.

Por ello, comentó que “hay ministros de transporte que quieren venir a exponer sobre la situación de cada provincia y una nueva visita de la red de intendentes de capitales”, por lo que propuso armar una agenda de debate.

Al exponer, Ferraris alertó que “la situación del transporte en el interior de la argentina está atravesando una de las peores crisis”, pero señaló que “es una complejidad que viene desde hace años”. También comparó los cuadros tarifarios de CABA y AMBA con el resto de las provincias.

A continuación, y luego de hacer un descargo contra el libertario Beltrán Benedit, el diputado Eduardo Toniolli (UP) adhirió a las palabras de Ferraris y manifestó la “urgencia” para que el Cuerpo avance en una resolución.

Así, criticó al secretario de Transporte de la Nación, Franco Mogetta, porque en la última reunión que estuvo presente “mintió, dijo que en realidad no hay un recorte de subsidio al interior, sino que agarraron la masa de subsidios que antes se asignaba vía fondo compensador del interior y se la trasladó a la demanda a través de la tarjeta SUBE. Si esto fuera así, nosotros estaríamos de acuerdo”.

Toniolli mostró los números por ejemplo de la ciudad de Rosario: “Desde abril del año 2023 el estado nacional, vía fondo compensador del transporte, vía atributos sociales de la tarjeta SUBE, ponía el 21% de los recursos necesarios para sostener el sistema de transporte urbano de pasajeros de la ciudad de Rosario. En abril del 2024 pone el 4%, es decir pasó el 21 al 4% vía exclusivamente los atributos sociales de la tarjeta SUBE”.

“Eso que generó que fuera todo a parar a la tarifa los gobiernos locales en el caso del transporte urbano y los gobiernos provinciales. En el caso de transporte interurbano traslada rápidamente a tarifa lo que Nación deja de poner en materia de subsidios. Las empresas del sector lo que hacen es, para que le cierren un poco más los números, sacan colectivos de la calle en el caso del transporte urbano y de las rutas en el caso del transporte interurbano. Eso genera el aumento del boleto, el servicio se resiente porque hay menos unidades, menos frecuencia”, criticó el santafecino. Así, propuso fijar fecha para dictaminar y no estirar más el tratamiento del tema.

Me alegra escuchar en la Comisión de Transporte a tantos diputados que ahora protestan por las inequidades de los subsidios entre el AMBA y las provincias.

Lástima que antes hacían silencio.

Desde Mendoza, siempre reclamamos por la equidad, sin importar quien gobierne. pic.twitter.com/xHwdwaamPc

— Pamela Verasay (@PameVerasay) August 27, 2024

En tanto, la diputada Mónica Fein (Encuentro Federal) sostuvo que “es primordial darle una respuesta al interior porque el valor del transporte es muy alto”, y alertó que “no estamos quedando sin empresas de transporte de magnitud”, al tiempo que pidió transparencia con los datos sobre el subsidio al AMBA. “Hay un castigo claro al interior”, apuntó Fein sobre la eliminación y resaltó la “inequidad e injusticia” sobre el tema.

“Estamos perdiendo empresas. La modernidad es un sistema de transportes controlado, seguro, accesible y sustentable”, cerró la santafecina y solicitó una fecha para dictaminar. En el mismo sentido, el diputado de izquierda Alejandro Vilca (Jujuy) expresó: “Nos sentimos discriminados porque los subsidios son fondos que se cobran a todos y parece que para algunos hay y para otros no. Es una situación grave”.

El diputado Diego Giuliano (UP), consideró: “El Fondo compensador retroalimenta todo el sistema económico. Fue eliminado en 2018 con la firma del Pacto Fiscal y se restauró en pandemia”.

“Las partidas están vigentes y no están ejecutados porque el Presupuesto está prorrogado. Está la plata para el subsidio del transporte al interior, simplemente no lo pagan. Los que creen que el subsidio es tirar la plata se equivocan. Tiene un valor en la seguridad vial, es algo fundamental, tiene impacto ecológico y de retroalimentación. Es momento que el Congreso dictamine, porque partida y plata hay”, manifestó Giuliano.

Por el contrario, la diputada Alida Ferreyra (LLA) pidió “ser responsables” y “no apurar un tratamiento hasta conocer el Presupuesto 2025, que será presentado por el Poder Ejecutivo antes del 15 de septiembre”.

El jefe del bloque UP, Germán Martínez, advirtió que la situación se está “agravando mucho en poco tiempo y lo peor es mirar para el costado y no avanzar. Tenemos como un cepo legislativo en Presupuesto y Hacienda y no me gustaría que se ponga en las comisiones especializadas en este tema”.

Así, indicó que la misma cifra de subsidios al transporte de pasajeros del interior es la que el Gobierno destinó para la SIDE.

El diputado nacional Eduardo Toniolli (UP) hizo un desagravio este martes en la Comisión de Transporte hacia los dichos “lesivos” del libertario Beltrán Benedit contra la Agrupación Estrellas Amarillas.

El santafecino recordó que, en el cierre de la última reunión de la comisión, previo al receso invernal, Benedit hizo un planteo respecto de uno de los expedientes que se habían puesto a consideración que era una declaración de interés por parte del Congreso sobre la labor de “Estrellas Amarillas”

“Para quienes no saben qué es ‘Estrella Amarilla’ es una de las tantas organizaciones de familiares de víctimas de accidentes de seguridad vial Argentina. Muchas de estas organizaciones, reconstituyéndose desde el dolor, convirtiendo ese dolor en una herramienta de lucha para mejorar las condiciones de la seguridad vial de todos los argentinos”, explicó Toniolli.

Así, recordó que Benedit argumentó que no iba a firmar ese expediente porque “las Estrellas Amarillas, que los familiares de las víctimas de siniestros viales pintan en el pavimento para recordar a esas víctimas en el lugar donde se produjeron esos siniestros, eran expresiones paganas contrarias a la fe cristiana”.

El santafecino planteó un desagravio y lamentó la ausencia del libertario en la comisión para que “escuche y, por lo menos, tenga la oportunidad de pedir perdón. Sobre todo, porque se trata organizaciones que hacen un trabajo denodado en favor del conjunto de los argentinos organizaciones, con las que hemos tenido contacto en los últimos años a partir del impulso de una ley que está vigente en la Argentina que es la Ley de Alcohol Cero al volante”.

“Memoria, prevención, justicia, ley y educación eso significan las cinco puntas de las estrellas amarillas”, explicó Toniolli y apuntó: “Las declaraciones del diputado han ofendido a muchísima gente. Muchos de ellos católicos cristianos o que profesan distintos cultos. Por eso, mi desagravio frente a estos dichos muy lesivos”.

“El diputado tiene el cristianometro desalineado, averiado”, disparó el legislador de UP al recordar la visita de los libertarios a genocidas detenidos en Ezeiza: “Porque son contrarios a la fe cristiana dice él los familiares de las víctimas de siniestro viales, pero los Astiz, los Pernía y compañía …. Dicho esto, mi reconocimiento mi homenaje a todas las asociaciones de familiares de víctimas de siniestros viales por el trabajo que hacen”.

Tras el anuncio del Gobierno Nacional de la eliminación completa de los subsidios al transporte del interior, el presidente del Comité Federal de Transportes, Marcelo Ferraris, disertó ante la comisión homónima de Diputados este martes y alertó que “la falta de subsidios ha traído aparejado una situación muy compleja. Si bien esta complejidad ya viene de años, en estos tiempos se ha profundizado enormemente y la situación del transporte en el interior de la argentina está atravesando una de las peores crisis”.

En su exposición, Ferraris expresó: “Como Comité Federal de Transporte es sumamente importante tener la posibilidad de venir a comentar respecto de cuál es la realidad del transporte en el interior de la Argentina”. Así, explicó que el COFETRA es una agrupación que nuclea a todos los representantes de transporte de la argentina incluido provincia de Buenos Aires donde comparten datos técnicos para “poder mejorar los sistemas de transporte del interior” que, por otro lado, “son la única herramienta del interior para lograr que los pueblos vayan mejorando, la conectividad, que la gente en las grandes localidades urbanas pueda desenvolverse en el trabajo y educación”.

“La situación del transporte en el interior de la argentina está atravesando una de las peores crisis. Estamos en un momento donde los sistemas están, por un lado, empeorando la calidad y, por otro lado, estamos asistiendo en muchos lugares a empresas que están dejando de prestar servicio. La realidad económica, sumado a la falta de subsidios, ha traído aparejado una situación muy compleja que, si bien esta complejidad ya viene de años, en estos tiempos se ha profundizado enormemente”.

El expositor comentó que el subsidio “es necesario para un sistema de transporte confiable y que permita la mejor y mayor conectividad en las distintas provincias, en los distintos municipios”. En esa línea, detalló que la Argentina es el octavo país en el mundo en extensión geográfica y que “en un centro, puntualmente lo que es CABA, es el 0,1% de la extensión territorial de la argentina que se nuclea casi el 40% de la población, con lo cual las provincias del interior para poder conectar nuestras localidades, para poder brindar un servicio necesitamos del subsidio para poder cubrir costos que son necesarios y que hacen al sistema”.

Ferraris criticó al Gobierno Nacional que “ha dispuesto a partir del mes de enero la eliminación total y absoluta en lo que es al interior provincial del subsidio, y ha sostenido los subsidios para los que es CABA”, y remarcó que “es una situación de inequidad muy importante que obligó a las provincias a tener que subir de una manera muy alta lo que es la tarifa. Esto, en consecuencia, también trajo toda una recesión en el sistema de transporte y sin número de problemas que afectan directamente al transporte. Prueba de ello es la situación actual en materia tarifaria”.

Así, precisó que en AMBA para el primer el tramo el costo del boleto asciende a $370 y comparó que en el norte de la Argentina el promedio de boleto es de $826 en la provincia de Jujuy, mientras que en localidades de Formosa tienen el boleto en $1050. “En localidades como Tandil en provincia de Buenos Aires tienen el boleto promedio en $913 y Pergamino tiene el boleto en $1.400 es el boleto más caro dentro de lo que es provincia de Buenos Aires. Córdoba Rosario y Santa Fe, por ejemplo, tienen el boleto en $940 y en el sur de la Argentina el boleto promedio es $859. En la provincia de Neuquén y Cipolletti tiene el boleto en $1500”, detalló.

“La inequidad en materia tarifaria es consecuente con la inequidad que hay en el reparto de subsidio y que las provincias venimos desde hace rato insistiendo en este sentido”, recordó y planteó que actualmente AMBA recibió 70.000 millones de pesos en el mes de agosto y cuestionó: “A partir del mes de enero de este año las provincias recibieron $0 en concepto de subsidios”.

En ese sentido, indicó que “todos los meses, desde enero a la fecha, el Gobierno Nacional sistemáticamente estuvo transfiriendo fondos y subsidiando lo que es el sistema en CABA que permite que tengan en $370 y en el caso del interior de enero a la fecha la ecuación es 0 peso para las provincias”.

Ferraris explicó que hasta diciembre del 2023 las composiciones de los ingresos del sistema de transporte eran, por un lado, el subsidio nacional, por otro lado, el subsidio provincial y la recaudación a través de los cuales “se obtenían ingresos para poder cubrir los costos”.

“A nivel general los subsidios provinciales cubrían un 56% del costo, el subsidio nacional cubría un 15% del costo y la recaudación cubría un 28% del costo total del sistema. Eso es diciembre del 2023, pero si nos paramos en el mes de enero de 2024 la realidad cambió producto de la quita de subsidio por parte del Gobierno Nacional”, indicó y sumó: “En este caso, el promedio del subsidio provincial a las jurisdicciones locales pasó a un 69%, el subsidio nacional pasó a cero y la recaudación pasó a un 31%”.

El titular de COFETRA manifestó que “las provincias en menor o mayor medida continuaron subsidiando sus sistemas de transporte, pero no fueron inyectando mayores fondos porque no tenían la posibilidad de hacerlo producto del recorte. Necesariamente esto se fue trasladando a tarifa y se hace muy difícil para el usuario común poder pagar estos costos”.

“Las provincias, en líneas generales, aportan un 54% al sistema, algunas aportan más, otras menos. Pero este porcentaje a medida que pasa el tiempo se va licuando, no solamente por la imposibilidad de incluir nuevos subsidios al sistema, sino también por la licuación que va teniendo el mismo fondo producto del aumento sistemático de los costos donde mucho de ellos están dolarizados”, alertó.

En ese sentido, precisó que los costos de repuestos, neumáticos y gasoil están dolarizados. “El gasoil en diciembre de 2023 tenía un costo de $675. En agosto del 2024 se incrementó en un 70%, estamos hablando del litro de gasoil a $1139 y, en el caso del norte, el gasoil tiene un costo extra de $100 más por cada litro de lo que se paga acá en el AMBA”.

También señaló que los costos extras se van pagando en el interior y lo mismo sucede con los convenios que hace UTA: “Casi el 60% es mano de obra de los choferes las provincias nos vemos obligadas a respetar un acuerdo salarial que hace el AMBA con la UTA. Nos obligan a las provincias a tener que soportar acuerdos paritarios salariales que son muy gravosos para las jurisdicciones del interior”.

Ferraris recordó que “en muchas de las provincias están con paro de transporte. En el caso de Formosa hasta no hace mucho tiempo estuvieron 90 días con paro de transporte y hay varias jurisdicciones donde están de nuevo conflicto producto de los incrementos”.

“Esta es una realidad muy mala, muy penosa que, a medida que va pasando el tiempo, se va profundizando porque las provincias no pueden seguir subsidiando solas el sistema”, planteó y bregó para que el Congreso “busque alguna alternativa, sobre todo para que la gente del interior lo pase mejor”.

Por último, lamentó que “es un sistema que está muy deteriorado, la calidad es realmente muy deficiente en el interior. Hay muchas localidades del interior profundo que están dejando de tener sistemas de transporte porque, aparentemente, la idea del Gobierno nacional es trabajar en un sistema de total de regulación del sistema de transporte y esto en el interior sería muy malo porque dejar Librado a que la oferta y la demanda puedan regir los destinos del sistema de transporte”.

El Grupo Parlamentario de Amistad con la República de Indonesia, cuya titular es la diputada nacional Karina Bachey (Pro), se reunió este viernes para recibir a una delegación de parlamentarios de dicho país.

Del encuentro, participaron el diputado Héctor Stefani, el miembro del parlamento de Indonesia, Hon. Mr. Santoso; el embajador de Indonesia en Argentina, Sulaiman Syarif; e Hilda Kurnia Ningsih, Lucky Risandi y Husaini Yusuf, del staff de la delegación asiática.

Al darles la bienvenida, la diputada Bachey destacó que las relaciones diplomáticas entre ambos países llevan casi setenta años. “Década tras décadas, este vínculo ha ido creciendo y se ha fortalecido bajo el respeto y el intercambio mutuo”, resaltó y luego recordó la visita a Argentina del Presidente Sukarno, en el año 1959.

En tanto, la presidenta del grupo parlamentario hizo hincapié en “fortalecer la cooperación en áreas económicas, socioculturales, como intercambios de becas y colaboración en cultura y deporte”, sostuvo. En ese sentido, ponderó la “pujanza” de las relaciones comerciales, como las exportaciones agrobioindustriales, que “en el primer trimestre de este año tuvieron una suba del 58%”, ejemplificó.

El miembro del parlamento de Indonesia, Hon Mr. Santoso, explicó sobre su visita que “el objetivo es estudiar e investigar las posibilidades y uniones textiles entre nuestros países, cuál es el sistema que ustedes utilizan para regular la industria textil y cómo es el rol del gobierno y las personas”.

Durante el encuentro, el foco estuvo puesto en la industria textil. Referido a este tema, el diputado Stefani señaló que “a nivel nacional hay varias leyes que regulan la actividad textil, algunas laborales, otras de procesos antidumping y para uso de la industria, con el objetivo de proteger la industria nacional”.

Para finalizar, el embajador de Indonesia en Argentina, Sulaiman Syarif, expresó que “la industria textil Argentina con Indonesia son complementarios”, y en ese sentido, valoró que “para la gente de negocios hay oportunidad de trabajar juntos”.

El presidente Javier Milei fue consultado este viernes sobre la visita que seis diputados de La Libertad Avanza hicieron al penal de Ezeiza, para reunirse con represores, y afirmó que “absolutamente” le hizo ruido porque “esa no es mi agenda”, expresó.

“Bueno, habrá que investigar. Fue hecho con intenciones”, consideró y señaló que el sacerdote Javier Olivera Ravasi “que organizó eso terminó siendo echado, es un cura que me insultaba por YouTube”.

Ante la pregunta de Jonatan Viale en Radio Rivadavia sobre si esa es la agenda de la vicepresidenta Victoria Villarruel -quien se mantuvo en silencio ante el hecho-, Milei respondió: “No sé, hay que ver qué vínculos hay ahí, mi agenda no es seguro”.

Por otra parte, respecto de la posición de Villarruel en contra de la candidatura a juez de la Corte Suprema de Ariel Lijo, de quien opinó “no cuenta con los pergaminos necesarios”, el mandatario dijo que “es una apreciación de ella”, pero sumó: “Habría que ver qué opina Lijo sobre ella”.

Inmediatamente defendió que Lijo “es la única persona que tiene experiencia de cómo funciona el Poder Judicial”. Y agregó que Villarruel “tiene su opinión, yo tengo otra, nunca pretendí rodearme de un coro de focas obsecuentes. La discrepancia es parte de la vida misma”.

Como buen vocero -o único, al final de cuentas-, a Manuel Adorni le tocó este jueves hacer equilibrio frente al tremendo golpe que le asestó el miércoles la oposición, más aliados y dialoguistas, al rechazar el DNU ampliación de gastos de la nueva Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

“En primer lugar hacer mención a la votación que ocurrió ayer en la Cámara de Diputados de la Nación donde la política votó a contramano del interés de las víctimas del narcotráfico, del terrorismo y de la trata de personas”, bramó Adorni, en su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada.

El funcionario -quien está vez estuvo serio, nada de bromas- disparó de esa forma al criticar a los legisladores por votar “en contra de darle recursos” a la oficina de espías.

Adorni hizo hincapié en que “la Argentina es un país que vio crecer exponencialmente el peligro del narcoterrorismo”, y que “sufrió dos atentados terroristas”, como el de la Embajada de Israel y el de la AMIA. Por eso, en paralelo, aseguró que, “a diferencia de otras épocas”, la SIDE no se va “a usar ni para espionaje político ni para la persecución ideológica”, sino para “proteger a los argentinos”.

“Hoy el mundo es un lugar complejo y peligroso donde los ciudadanos están expuestos no solo a amenazas físicas, sino también hackeos a su seguridad” advirtió.

Incluso, algo apocalíptico, planteó que un “hackeo a la ANSeS significaría que los jubilados no cobren”.

“A diferencia de otras épocas, la SIDE no va a usar ni para espionaje político ni contra la persecución ideológica”, prometió.

“Esta SIDE -insistió- está al servicio de los argentinos para protegerlos y para defenderlos, y su funcionamiento va a estar controlado por la Bicameral que se creó en el Congreso”.

“…Cuya cabeza será el kirchnerista Martín Lousteau”, agregó con fina ironía el vocero, en referencia al presidente de la UCR y flamante titular de la Bicameral de Inteligencia.

En sintonía, consideró “toda una rareza” que “quienes conformaban la bicameral que efectivamente iban a controlar los gastos, hayan votado en contra” de los fondos, y describió a la actitud del bloque del Pro -que votó contra el oficialismo gobernante- como “una mezcla de ingratitud con gente confundida”.

Asimismo, Adorni apeló a que “en la otra Cámara se revea este error que han cometido y puedan votar con sentido común y con coherencia”, en referencia a que ahora el tema debe ser tratado en Senado para definir si se rechaza finalmente o no.

Por otra parte, Adorni recordó que los argentinos votaron al presidente Javier Milei con los mandatos de “bajar la inflación”, “avanzar contra la casta” y “mejorar la seguridad”, aseguró que “en todos estos frentes avanzó a fondo, sin gradualismos”, y reiteró que “todo lo que vaya en contra del equilibrio fiscal y de las cuentas públicas se va a vetar”.

Al cabo de una jornada signada por la crisis del espacio, el bloque de diputados de La Libertad Avanza dio a conocer un comunicado en el que desmintió “rumores malintencionados” sobre lo que sucedía en esa bancada.

“Frente a los distintos rumores y versiones que trascendieron a raíz de la reunión del bloque este miércoles, los diputados de La Libertad Avanzan sienten la necesidad de aclarar lo sucedido”, señalan los miembros del bloque conducido por Gabriel Bornoroni.

Los diputados desmienten “absolutamente cualquier tipo de episodio de violencia o agresión”. Según ellos, “actores malintencionados impulsaron rumores falsos con respecto a miembros de nuestro bloque, como por ejemplo el diputado Nicolás Mayoraz”.

Señalan al respecto que este diputado es “un integrante valioso de nuestro equipo”, y agregan que quienes trabajan con él diariamente “reconocen que es un profesional serio y competente, incapaz de cualquier tipo de violencia”.

La aclaración viene a cuento de las versiones que circularon este miércoles que señalaban la intención de la diputada Lourdes Arrieta de denunciar a Mayoraz por “violencia de género”.

Para los diputados libertarios, “los mismos de siempre están promoviendo operaciones para socavar las reformas que impulsa el presidente Javier Milei”, y frente a “estos ataques”, el bloque de LLA permanecerá “firme en su defensa de las ideas de la libertad y de los proyectos de ley que impulsa el presidente”.

La Comisión de Mercosur de Diputados, a cargo del santafecino Roberto Mirabella (UP), recibió este miércoles a la delegación argentina ante el Parlasur quienes se refirieron a su vinculación con los Parlamentos de los Estados parte del bloque y contaron los desafíos para los próximos años de la nueva agenda del regional Mercosur.

Al comienzo de la reunión informativa, Mirabella señaló que el objetivo de este primer encuentro es “generar las herramientas de vinculación de los diputados con el Mercosur”. “El objetivo es interactuar con los representantes argentinos en el Parlasur, a los fines de empezar a vincularnos y encontrar un trabajo conjunto, fortaleciendo el bloque regional más importante del que participa la Argentina”, aseguró.

En ese sentido, el legislador puntualizó que “el Mercosur es la política argentina más relevante que ha tenido nuestro a país en los últimos años”, y en ese sentido, afirmó que es necesario “establecer un mecanismo de trabajo en conjunto para fortalecer nuestra pertenencia al Mercosur y nuestra integración con el mundo”.

En la misma línea, la libertaria Romina Diez, vicepresidenta primera de la Comisión de Mercosur, aseveró que es fundamental poder llegar a ser “un trampolín para el mundo y lograr la apertura- desregulación que tanto buscamos”. “Tenemos la oportunidad y una herramienta muy útil como es esta Comisión y tenemos el respaldo del Poder Ejecutivo para lograrlo”, enfatizó.

Por su parte, Gabriel Fuks, jefe de la delegación argentina ante el Parlasur, explicó que “si bien “esta delegación está haciendo un esfuerzo para que el Parlasur funcione, no producen normas sino una lógica de recomendaciones, que está atrasada en relación al tratamiento de los Parlamentos nacionales”.

En tanto, el diputado Fernando Iglesias (Pro) catalogó a esta reunión como “histórica”, al tiempo que indicó que “el Mercosur ha perdido relevancia porque hemos entrado en un mundo que más que regional es mundial”, por lo cual -consideró- “el Mercosur necesita una reforma institucional”.

Luego, el parlamentario del Mercosur Jorge Santilli (LLA) destacó la importancia de “avanzar en una política de integración” y expresó: “Necesitamos que las fronteras sean más simples. Hay muchos problemas regionales que tenemos que afrontar”.

En la misma línea que su preopinante, el parlamentario Matías Sotomayor (UP), sostuvo que “el Mercosur es una enorme oportunidad para el desarrollo de nuestros pueblos y fronterizo, y para que las provincias tengan agenda internacional”; mientras que su par Lilia Puig (Cambiemos) ratificó que “el Parlamento del Mercosur es una herramienta táctica extraordinaria”.

Durante el encuentro, además, estuvieron presentes miembros del Parlasur, pertenecientes a distintos bloques parlamentarios.

Finalmente la oposición tuvo éxito en su intento de tener quórum para sesionar este miércoles. A las 12.17 y con 140 diputados sentados en sus bancas, consiguieron el primer triunfo de esta jornada, que esperan coronar rechazando el DNU 656/24 que le dio a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) cien mil millones de pesos.

La sesión fue solicitada por el bloque de Encuentro Federal, pero el texto llevaba las firmas también de diputados de la Coalición Cívica y radicales de la línea Manes.

Cabe recordar que el DNU ingresó por mesa de entradas el pasado 1ero. de agosto y el oficialismo evitó tratarlo en la reunión de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo que se realizó una semana después. El miércoles 14 venció el plazo establecido por la Ley 26.122 para la elevación de un dictamen y por ende, desde el 15 ambas cámaras quedaron habilitadas al expreso e inmediato tratamiento del decreto en el recinto.

La petición de sesión tiene el aval, con su rúbrica, de cuatro diputados nacionales de la Unión Cívica Radical: Facundo Manes, Fernando Carbajal, Marcela Coli y Pablo Juliano. Si se contabilizan los 16 de EF, los 6 de la CC, los 5 del Frente de Izquierda y los 99 integrantes de Unión por la Patria, el quórum no debería ser un obstáculo. Sin embargo hasta última hora del martes nadie se animaba a garantizar que pudiera alcanzarse el número necesario para sesionar, en medio de una creciente presión del Gobierno nacional a través de los gobernadores.

Vale aclarar que para que un decreto sea derogado, debe contar con el rechazo de ambas cámaras. En marzo pasado, el Senado puso contra las cuerdas al oficialismo cuando rechazó por 42 votos en contra, 25 a favor y 4 abstenciones al DNU 70/2023 de desregulación de la economía, el cual sigue vigente ya que nunca fue tratado en Diputados. Hasta ahora, nunca un DNU fue anulado por el Congreso.

NOTA EN DESARROLLO

Diputados de distintos espacios políticos salieron a criticar a través de las redes sociales el incremento del 6,5% que acordaron las autoridades de ambas cámaras y los sectores sindicales que repercute en las dietas de los senadores que pasarán a cobrar 9 millones de pesos. El titular de la Cámara baja, Martín Menem, había dispuesto que la dieta de los diputados nacionales no esté enganchada a los futuros aumentos del personal legislativo.

La diputada Natalia Zaracho (UP) apuntó: “Quienes llegamos por el voto popular no podemos estar alejados de la realidad de nuestro pueblo. Mientras 1 millón de pibes se va a dormir sin comer, q los senadores cobren 9 palos es tomarle el pelo a la gente. Basta de privilegios a los mismos de siempre. Milei hacete cargo”.

“No olvidar que los senadores que se aumentaron las dietas a 9 millones todavía tienen trabada una Ley que propone una ‘compensación’ para los jubilados que no llega a 25 mil pesos para quienes cobran la mínima de 225 mil”, criticó el diputado de izquierda Nicolás del Caño.

Además, cuestionó los posteos del presidente Javier Milei: “Se hace el león por X, pero son los amigos con los que firmó el Pacto de Mayo. Los mismos que le votaron la Ley Bases. Es la casta que se lleva los 9 millones de pesos como premio por bancar la motosierra contra el pueblo. Son los mismos que hundieron en la pobreza a la mayoría trabajadora y lo siguen haciendo con Milei”.

“Un millón de niños y niñas se van a dormir sin cenar pero los senadores se aumentan la dieta a $ 9 millones por mes. Son los mismos que aprobaron la Ley Bases y que tienen que tratar la ‘esencialidad educativa’, que busca liquidar el derecho de huelga para docentes que cobran poco más de $ 400 mil”, planteó su par de bancada Christian Castillo.

Lo hicieron bajo la conducción política y administrativa de la Vicepresidenta, si quería evitarlo firmaba una resolución y fin.
Hay antecedentes a mano… https://t.co/o6MItUDCKu pic.twitter.com/xkYNheeATP

— Cecilia Moreau (@ceciliamoreauok) August 20, 2024

“No podes aumentarte el sueldo a 10 millones mientras la gente no sabe cómo estirar y las empresas hacen malabares (sin dejar de bancar los cambios). Muestran que no les importa nada de nada. Se creen intocables, impunes… pero todo llega y los argentinos tendremos memoria”, cuestionó la tucumana Paula Omodeo.

La Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados, presidida por el radical Martín Tetaz, retomará el próximo martes a las 11.30 el debate sobre la reforma a la Ley de Democracia Sindical del cual hay más de 28 proyectos presentados vinculado a las asociaciones y la alternancia en órganos de dirección y administración; y a la Ley 14.250 respecto a las disposiciones que se establecen para las convenciones colectivas de trabajo.

Será la segunda reunión sobre el tema, en la que, tal como explicó el titular de la comisión el encuentro anterior, continuarán exponiendo los diputados autores de iniciativas que se vinculen con la temática.

Entre los puntos centrales de los proyectos se destacan una única reelección sindical, ficha limpia gremial, presentación de declaración jurada, fin de la “cuota solidaria”, participación de las minorías, paridad de género.

En la reunión de pasado martes 13 de agosto el bloque de Unión por la Patria y desde el Frente de Izquierda cuestionaron el temario al quejarse por el funcionamiento de la comisión y reclamaron por el tratamiento de los temas que “quedaron a la deriva” como reducción de jornada laboral por lo que terminaron abandonando la reunión.

En medio del escándalo que envuelve al expresidente Alberto Fernández por la imputación por violencia de genero contra la ex primera dama y las reuniones en Casa Rosada en medio de la pandemia, lo que derivó a fuertes críticas en el recinto esta semana por parte de los diputados kirchneristas, la diputada Sabrina Ajmechet (Pro) le hizo un reclamo al bloque UP y una particular invitación.

En su carácter de presidenta de la Comisión de Derechos Humanos criticó: “A los diputados de Unión por la Patria que están muy decepcionados de Alberto Fernández, los invito a que vengan a la Comisión de DDHH a acompañar a los familiares de quienes fueron asesinados durante la pandemia”, y sumó: “Porque el gobierno kirchnerista de Alberto Fernández fue el que más violó los DDHH en democracia”.

La comisión se reunirá por quinta vez el martes 20 de agosto a las 14 para escuchar las exposiciones de víctimas de violaciones a los Derechos Humanos, sufridos en pandemia en la provincia de Santiago del Estero.

En ese sentido, Ajmechet apuntó contra UP: “En estos meses que venimos escuchando los casos de violaciones de DDHH, TODOS LOS DIPUTADOS KIRCHNERISTAS ESTUVIERON AUSENTES”.

“Ahora que, de repente, descubrieron lo que todos sabíamos, que el último gobierno fue el peor gobierno democrático que tuvo nuestro país, ¿Piensan venir y ayudarnos a denunciar y visibilizar las violaciones de ddhh que sucedieron en un gobierno del cual fueron parte?”, les preguntó.

Luego de que la Cámara de Diputados aprobara en la sesión de este miércoles en general el proyecto para la creación del Registro Nacional de Datos Genéticos, durante la votación en particular el panorama se empantanó y derivó a la modificación de varios artículos, el más importante de ello el 2 que se cayó y tuvo que ser redactado nuevamente.

La Ley 26.879 establecía que el Registro de Datos Genéticos estuviese bajo la órbita del Ministerio de Justicia. Sin embargo, en el proyecto enviado por el Ejecutivo proponía que pase a estar en el ámbito del Ministerio de Seguridad, que conduce Patricia Bullrich.

Durante el tratamiento en el recinto, diputados de diferentes bancadas habían adelantado el rechazo de la redacción del artículo 2 y ratificaban el texto de la vigente norma.

Al tomar la palabra durante la votación en particular, el diputado radical Fernando Carbajal propuso una reforma al artículo 2 que establece que el Registro de Datos quede bajo la órbita del Ministerio de Seguridad, por lo que argumentó que jurídicamente “es algo que desaconsejan”. Así, el formoseño remarcó que el Registro actualmente tiene dependencia del Ministerio de Justicia de la Nación por lo que planteó dejarlo así y no trasladarlo al de Seguridad: “Eso es un grave error porque le da una parcialidad necesaria y le quita confiabilidad, certeza y seguridad a esa prueba que puede llegar a producir el banco”.

“Es conveniente para ello que esté alejado del organismo administrativo que, tiene como función la persecución criminal. No podemos mezclar esa generación de pruebas poniéndola en manos en el mismo ministerio que le damos la función de perseguir delincuentes. Tiene que permanecer en el ámbito del Ministerio de Justicia cuya función con asegurar la imparcialidad y no con la fijación de la política criminal”, fundamentó y pidió que se reemplace para “asegurar confiabilidad e imparcialidad de los informes que puede dar el banco de datos”.

En el mismo sentido y en nombre de UP coincidió el rionegrino Martín Soria quien expresó: “Desde nuestro bloque está a favor de mejorar esta herramienta fundamental para el esclarecimiento de hechos aberrantes y cualquier delito grave. Nosotros creamos esta herramienta en el 2013 y la pusimos a andar en 2021. Coincidimos con Carbajal sobre la ubicación del Banco Nacional Genéticos no en la órbita de Seguridad sino donde está actualmente en Justicia”.

La miembro informante, Laura Rodríguez Machado rechazó las modificaciones propuestas y ratificó la redacción del texto original para “respetar el trabajo realizado durante meses y en respeto a quienes expusieron y los criterios en los cuales están los artículos. Vamos a mantener el proyecto tal cual presentado”. Sin embargo, el artículo fue rechazado con 126 votos negativos, 111 votos afirmativos y 2 abstenciones.

Caído el artículo, el jefe del bloque UP, Germán Martínez, alertó que “no hay ubicación del Registro de Datos Genéticos hasta que no votemos”, por lo que planteó “poner a consideración que podamos ubicar el tema en el Ministerio de Justicia donde estaba y la mayoría de los bloques lo ha manifestado”.

Tras más de una hora de cuarto intermedio, Martínez leyó la redacción del nuevo artículo: “Sustitúyase el artículo 2 la Ley 26.879 por el siguiente: ‘El registro creado funcionará en el ámbito del Ministerio de Justicia’”. Así las cosas, la nueva votación resultó aprobada con 231 votos afirmativos y 7 abstenciones.

¿Quiénes rechazaron la redacción original del artículo 2?

A todo el bloque de UP y de los cinco diputados del Frente de Izquierda se le sumaron los radicales Manuel Aguirre, Fernando Carbajal, Ana Carla Carrizo, Mariela Coletta, Marcela Coli, Pedro Galimberti, Pablo Juliano, Facundo Manes, Roxana Reyes, Jorge Rizzotti y Danya Tavela.

También de la Coalición Cívica los diputados Victoria Borrego, Maximiliano Ferrado, Mónica Frade, Juan Manuel López.

En cuanto al bloque Innovación Federal votaron en contra Alberto Arrua, Pamela Calletti, Pablo Outes y Yolanda Vega.

El bloque Encuentro Federal también votó dividido, siendo por la negativa Miguel Pichetto, Nicolás Massot, Emilio Monzó, Natalia de la Sota, Mónica Fein, Esteban Paulon, Ignacio García Aresca, Carlos Gutiérrez, Florencio Randazzo, Margarita Stolbizzer y Alejandra Torres.

Los representantes del Frente Por Santa Cruz Sergio Acevedo y Luis Garrido, mientras que las abstenciones fueron de Marcela Campagnoli (CC-ARI) y Julio Cobos (UCR).

La denuncia por violencia de género que hizo la ex primera dama Fabiola Yáñez al expresidente de la Nación Alberto Fernández se coló, una vez más, en el recinto de la Cámara de Diputados en la sesión de este miércoles de la mano del diputado libertario Álvaro Martínez (Mendoza).

Mientras esgrimía sus argumentos a favor del proyecto que propone modificar la ley sobre el Registro Nacional de Datos Genéticos, Martínez expresó: “Es bueno tratar temas donde haya un Estado que se preocupa de verdad por la seguridad y la justicia después de mucho tiempo de un gobierno que le dio la espalda”.

“Este proyecto tiende a la creación de un Registro Nacional de Datos Genéticos. Cuando un Estado abandona la seguridad y la justicia se genera un socavón en la confianza que tiene el Estado por parte de los ciudadanos porque deja de brindar soluciones a un tema tan prioritario y eso es lo que venía pasando en el país”, sostuvo.

En esa línea, planteó: “Lo que queremos con esta ley es encontrar delincuentes, abusadores, violadores. No los queremos esconder, por eso es que queremos que exista este tipo de bancos…”, en eso momento le respondió a la bancada de UP: “No, no los queremos sacar, no queremos que vuelvan a ser presidentes, por ejemplo. Eso sí que no queremos, que los golpeadores no sean presidentes no queremos o que se hagan cargo de eso, eso sí lo queremos, no los escondemos como lo esconden ustedes…”.

El libertario volvió a cargar contra la principal bancada opositora: “Queremos reducir significativamente el número de delitos y recuperar la confianza que ha perdido el país por culpa de esos diputados que bancan y esconden a aquellos que comenten delitos”, y cerró: “Espero que apoyen esta ley, que dejen de cubrir a violadores, a violentos, a abusadores”.

El tratamiento de la reforma sindical comenzó con un clima tenso en la reunión de la Comisión de Legislación del Trabajo en Diputados que se llevó a cabo este martes donde los diputados, autores de proyectos que van en sintonía con modificar la Ley de Democracia Sindical (23.551), explicaron los puntos centrales de los mismos.

La modalidad de trabajo de la comisión despertó las quejas por parte del bloque de Unión por la Patria y la izquierda quienes le reprocharon al titular de la misma, Martín Tetaz, el temario de la convocatoria y reclamaron por el tratamiento de los temas que “quedaron a la deriva” como reducción de jornada laboral por lo que terminaron abandonando la reunión.

Previo a iniciar el debate, el diputado de izquierda Alejandro Vilca presentó una nota sobre un pedido de informes para elevar a la Secretaría de Trabajo respecto del programa Intercosecha que “el Gobierno no está pagando a los trabajadores rurales como por ejemplo del tabaco hace cuatro meses” a fin de saber si efectivamente se va a pagar porque “significa un prejuicio muy grande para trabajadores rurales de diferentes cosechas”. Además, solicitó que en el temario de las próximas comisiones se incorporen los proyectos referidos a intercosecha.

Luego, el titular de la comisión el radical Martín Tetaz explicó que hay un total de 28 proyectos vinculados a la cuestión de la democracia sindical y precisó: “Muchos tienen que ver con la cantidad de períodos que puede ser electo un representante sindical; la forma de elección; la participación de minorías; la libertad de obra social; las formas de financiamiento de los sindicatos incluida la discusión sobre las cuotas sindicales; algunos vinculados a cuestiones impositivas. Otros tienen discusión de la participación de los órganos que tienen que ver con cuestiones de género”.

“Hay varios proyectos vinculados al tema, muchos tienen superposiciones y es evidente que con seguridad en el trabajo de comisiones se va a ver favorecida la posibilidad de unificar estos proyectos en torno al menos de dos o tres dictámenes”, adelantó.

Tetaz comentó que el próximo martes 20 continuarán exponiendo los diputados que al día de la fecha no pudieron estar presentes para explicar sus iniciativas. Luego, se convocará a una reunión de asesores para avanzar con la discusión de los dictámenes y unificarlos. En paralelo, informó que empezarán las reuniones informativas que, a priori, serán una o dos, por lo que pidió que se convoquen expertos y las partes interesadas a disertar.

Así, la primera en exponer fue la radical Roxana Reyes quien explicó que su iniciativa propone “dar respuesta a miles de trabajadores argentinos que requieren que el rol de las asociaciones sindicales siga su cauce para el cual fue concebido en sus principios que es la defensa genuina de los derechos de los trabajadores”, debido a que la sociedad argentina “no cree en la dirigencia sindical”.

De la Ley 23.551 modifica el artículo 17 sobre la composición de los órganos de administración y dirección sindical: “Proponemos que pase de 5 a 9 miembros de integración o múltiplo de tres para garantizar la representación de las minorías, siempre que la minoría haya alcanzado el 25% de los votos emitidos”.

También incorpora el cese de la reelección indefinida y cuestionó que “la ley prevé una duración de mandato de cuatro años, pero con reelecciones indefinidas. Hoy tenemos dirigentes sindicales que están 25 y hasta 30 años conduciendo un sindicato. La falta de alternancia es lo que queremos eliminar para que, de alguna forma, sea totalmente democratizado”.

“Va tener una sola reelección inmediata y siempre y cuando haya cumplido íntegramente el mandato anterior. En el caso de quienes estén en cumplimiento de su mandato al momento de la sanción de la ley, ese será el primer mandato para la reelección”, precisó. En cuanto al voto, que la ley vigente establece que es directo y secreto, le agregan la obligatoriedad de modo tal de “conseguir mayor participación en la minoría interna del sindicato y, en el caso de no cumplirse con el voto, hay una multa equivalente a un día de salario que va destinado a las obras sociales”.

Unión por la Patria se retiró de la reunión de la Comisión de Legislación Laboral de @DiputadosAR que trataba varios proyectos sobre la modernización sindical. Se ofenden no por los derechos de los trabajadores, sino para proteger los privilegios de los patrones sindicales.

— Pamela Verasay (@PameVerasay) August 13, 2024

También plantea requisitos sobre la idoneidad, por lo que incorpora la “ficha limpia sindical” que “fundamentalmente apunta a que exista o esté inhabilitado para ejercer los cargos de administración o dirección aquellos que tenga alguna condena en primera instancia”.

Se agrega la exigencia de presentar la declaración jurada patrimonial en los órganos de dirección y administración y renovarla de forma anual. “Quienes no la presenten serán considerados que incurren en una falta que el Ministerio de Capital Humano estará autorizado a denunciarlo a la justica para pedir la suspensión y cancelación de la personería gremial e, incluso, intervención”, advirtió Reyes.

Sobre las elecciones, plantea que deben ser convocadas en el plazo de 90 días previo al vencimiento del mandato y se deben realizar 20 días antes de dejar el cargo y adelantó: “Próximamente vamos a estar presentando un agregado a este proyecto que tiene que ver con que quienes ejercen cargos en los órganos de dirección o administración de las organizaciones sindicales no pueden ejercer en simultáneo en ejecutivo y legislativo nacionales, provinciales y municipales”.

A continuación, comenzó a disertar la diputada Mónica Frade (CC-ARI) quien sostuvo que “en el orden del día hay tres proyectos de mi autoría, donde estamos proponiendo darles entidad ministerial a las PyMEs a través de la creación de una agencia, para que puedan participar del diseño de políticas públicas”. Sin embargo, inmediatamente la diputada Vanesa Siley (UP) le pidió una breve interrupción al sentirse aludida por las palabras de Reyes.

Por ello, le consultó  cuál es el oic de idoneidad que puede tener un dirigente sindical para ejercer un cargo político y le recordó que comparte un cargo con el en el Consejo de la Magistratura de la Nación y planteó: “Si alguna vez hemos incurrido los diputados, que somos de tracción sindical o en mi caso que además ocupo con usted el Consejo de la Magistratura, faltas, ausencias, no estudio de los temas, no presentación de proyectos y no estar a la altura de las circunstancias del cargo de la representatividad para poder ejercerla en igualdad de condiciones, o incluso con mayores responsabilidades en mejores condiciones que otros diputados y diputadas de la Nación”.

La rionegrina la respondió: “No había reparado que usted estaba en esta situación”, y le explicó que “así como algunos casos, como por ejemplo los abogados, concretamente mi provincia, tienen inhabilidad para ejercer la función de diputado y de abogado, y no se ejerce la función de abogado y sí pueden ejercer la de médico siendo diputados nacionales o provinciales, porque se considera que hay en algún momento algún tipo de conflicto de intereses ejerciendo las dos funciones y eso no habla de la capacidad técnica ni de la voluntad de trabajo”.

“Aceptamos esas inhabilidades cuando puede haber conflicto de intereses. En el caso de la representación sindical hemos entendido que la representación sindical y el ejercicio de funciones en este caso, la legislativa, pero inclusive ejecutivas como un gobernador, un intendente, un presidente de una comisión de fomento, junto con la defensa de intereses laborales cuando la actividad sindical fue concebida para la defensa prioritaria de los derechos de los trabajadores, puede tener conflicto de intereses una inhabilidad que para nada habla de la persona. Yo soy estoy afectada por inhabilidades en el ejercicio de profesión las entiendo las asumo y las consiento y elijo Cuál de los dos roles tengo que desempeñar”, explayó la radical.

Inmediatamente, habló el diputado y secretario adjunto de SMATA Mario “Paco” Manrique (UP) quien consultó: “A mí me gustaría que un proyecto de ley estuviese basado sobre hechos reales y no sobre prejuicio. Quiero saber en qué todas estas modificaciones la diputada cree que va a mejorar la calidad de la Democracia sindical, dado que hoy ya están los mecanismos institucionales de control en todos los procesos electorales que se llevan adelante. En qué va a mejorar, dónde cree ella que va a mejorar y en qué casos porque lo mismo podríamos hablar de la política de la justicia de cualquier otra entidad que es mal vista por la sociedad”.

Reyes le enrostró que su iniciativa se basa en datos de un relevamiento que hizo en 2017 la agencia “Jacob y Asociados” donde se llegó a la conclusión que el sindicalismo argentino tenía un 81.6 de margen negativa. “La encuesta abarcó a 2000 personas y ‘corruptos’ fue la palabra que más utilizó la gente para definirlos”, detalló.

Además, argumentó que “una encuesta realizada por seis GP reveló en el 2023 que el 71.1% de los participantes dijo ‘no confiar en los sindicatos’”, y sostuvo: “Estos son hechos objetivos que puede recabar de estos lugares que hicieron estas encuestas de trabajo, pero sin perjuicio de eso si nosotros estamos tratando hoy en unas horas la ficha Limpia para acceder a cargos selectivos donde decimos que un condenado por delitos graves, por delitos de corrupción, por delitos de abuso sexual, no pueden representarnos y que hay un interés general superior al interés particular de una persona para postularse, con más razón tenemos que ser muy cuidadosos en todo lo que es representación. No se ve cuál es lo negativo en empezar a hablar de la ficha limpia sindical. Es simplemente equilibrar los requisitos y no tenemos que sentirnos agraviados”.

“Se democratiza la participación de las minorías. También es importante en la medida que la minoría tenga un piso de votos emitidos. La presentación de declaración jurada patrimoniales nosotros tenemos sindicalistas ricos no todos, pero si tenemos muchos sindicalistas ricos. Inclusive utilizando recursos del sindicato para actividades políticas esto que tiene que ver con las inhabilidades no todos algunos. Por eso tenemos que buscar márgenes de transparencia, por eso tenemos que transparentar el manejo de los recursos y tenemos muchos sindicalistas ricos y representados pobres. Entonces la declaración es juradas patrimoniales por qué un diputado lo tiene que presentar y no un sindicalista y si no la presentan no son víctimas de sanción. No son seres intocables y tienen que tener la misma vara que la gente común”, manifestó.

Manrique comenzó a reprocharle que “no me contestó, no me contestó… estamos usando las palabras como queremos. Todo lo que dijo estoy en desacuerdo” … Tetaz le planteó: “Esta en todo su derecho de no estar de acuerdo”, y le aclaró que el objetivo de la reunión es que cada diputado que presentó proyectos los explique y lanzó: “Si no le satisfacerlas respuestas, se sigue y se salta la página”.

Volvió a tomar la palabra Manrique quien se quejó que Reyes no le contestó y le aclaró que “cumplo como dirigente sindical con todos los relatos. Ella expuso y no me contestó por qué no puede haber reelección, los mecanismos de control, la representatividad desde las minorías…”. Tetaz le reiteró: “Si usted no tiene ninguna duda técnica no es entrar en el debate. SI le gusta o no que las no reelecciones no aumentan la democracia sindical, está en su derecho y es parte del debate. Pero no abramos el debate en cada punto ahora…”.

Le salió al cruce Siley quien le preguntó entonces “para qué está citada la comisión, no me queda claro los motivos”, pero Tetaz tiró leña al fuego: “Ya lo dije, si usted hubiera escuchado cuando arranqué y tiene la citación”. “Me lo puede repetir”, reprochó Siley y chicaneó: “Es una tribuna para venir a escuchar proyectos en contra los sindicatos y desarmarlos. Entonces me voy… usted no da la palabra y se piensa que ser presidente es ser autoritario está muy confundido”, cuestionó, a lo que el titular de la comisión le planteó: “Diputada usted haga lo que considere que tiene que hacer y le parezca razonable… ahora le toca a la diputada Frade y luego al diputado Yasky. Hay un montón de proyectos y si quiere presentar alguno lo puede hacer. Hay 28 iniciativas”.

Al conflicto se sumó Vilca quien, al igual que la diputada de UP, le reclamó por el temario de la comisión porque “veníamos trabajando con el tema de la propina, reducción de la jornada laboral y teníamos pensado que eso se iba a dictaminar y pasamos a otro tema. ¿En qué quedó lo que veníamos trabajando? Ahora pasamos a otro tema a cuestionar la dinámica sindical”.

Tetaz le aclaró: “La reunión está convocada para discutir los temas que están en el orden del día y sumar a la semana siguiente los que considere razonable. Si tiene algún proyecto lo invitamos”.

Al tomar la palabra Frade se quejó: “Se supone que cuando uno da la palabra es para una acotación breve”, y rápidamente se abocó a explicar los motivos de sus proyectos y se refirió la necesidad de “transparentar los manejos sindicales”.

Frade contó que hace un tiempo atrás hizo un pedido de acceso de información pública pidiéndole al Ministerio de Capital Humano la remisión para la exhibición de los las memorias y los balances de cuatro sindicatos: camioneros, trabajadores de edificios de renta, comercio y gastronómicos.

“Por eso digo que discutamos mucho la transparencia de los fondos sindicales, porque se supone que son fondos que deben estar al alcance de todos en el control, y la ministro de Capital Humano, en un Gobierno que dice que viene a transparentar todo y es mentira, me contesta que los límites del derecho de acceso a la información pública son excepcionales establecidos previamente me invoca el artículo 8 de la Ley 27. 275 que tiene que ver con secretos industriales, comerciales, financieros, científicos, técnicos o tecnológicos cuya revelación pudiera perjudicar el nivel de competitividad y lesionar los intereses del sujeto obligado”, cuestionó.

La diputada de la CC aportó que un alto dirigente de uno de los sindicatos mencionados previamente “se reunió conmigo y ya sabía de esto. Esto está acordado con la ministra e indica la necesidad de que regulemos mecanismos de trasparencia, además de ficha limpia, en los sindicatos, pero es necesario que se transparenten los fondos que se manejan, por sobre todo en sindicalistas enriquecidos que usan la tercerización y lo digo con conocimiento de causa porque participé en denuncias”.

“Es imperioso que todo esto esté al alcance de todos porque es transversal porque ningún diputado está para ocultar nada y hacer el esfuerzo de la transparencia”, cerró.

Sergio Palazzo, secretario general de la Bancaria y diputado de UP, se quejó porque la “mecánica de funcionamiento propuesta no se está cumpliendo”. “Que quede claro que los dirigentes que tenemos obligaciones en organizaciones sindicales estamos comprendidos como personas políticamente expuestas y obligados a presentar declaraciones juradas y la UIF hace un seguimiento esto. Con el ánimo de acelerarle los proyectos, pero la diputada –Reyes- se levanta y se va y la verdad plantear un debate donde quienes estamos dando quórum no son los autores de las supuestas mayorías de proyectos que tiene la comisión se hace engorroso y difícil. Si se retiran hagamos una reunión más seria. Es una reunión que no tiene sentido y yo no me voy a prestar para un circo acá y vengan y hagan una radio abierta y cada uno se vaya. Discúlpeme, pero no me voy a quedar”.

FOTO: HCDN

A continuación, el titular de la comisión le cedió la palabra al diputado Hugo Yasky (UP) representante de la CGT quien cuestionó que “hay una distorsión en el funcionamiento de la comisión. Los proyectos son presentados, tienen que ser explicados, la comisión tiene que hacer las preguntas necesarias”, y acusó a Tetaz de impedir “que se explayara el diputado Manrique, le sugirió y no es así. Yo le voy a pedir que para la próxima reunión leamos el reglamento de la comisión para ponernos de acuerdo de cómo funciona sin direccionar la palabra. Son proyectos que necesitamos sean discutidos exhaustivamente en el seno de la comisión”.

“Los temas deben discutirse sin ningún tipo de limitación, ni de horario ni contenido y los que presentan proyectos tienen la obligación de estar presentes para poder discutir los puntos que consideren pertinente. No pasó así con la diputada Reyes”, criticó Yasky, a lo que Tetaz le respondió: “Cuando empezó la reunión dije el problema personal de que se iba a retirar. A ustedes también les ha pasado y es habitual que un diputado que presente su proyecto por alguna razón tiene que ir a otra reunión”.

Yasky, antes de retirarse al igual que sus compañeros de bloque de la sala, le pidió al titular de la comisión que en la próxima reunión primero se lea el reglamento sobre el funcionamiento de la comisión, que haya una reunión de asesores sobre los proyectos discutiros tal cual lo planteó Vilca que “quedaron en el camino y a la deriva y cómo van a continuar tratándose como reducción de jornada laboral”. Así, se quejó de que hay una “composición descompensada” porque hay 27 proyectos que apuntan a reformas regresivas a derechos de trabajadores. Espero que la próxima reunión podamos discutir todos los proyectos y la agenda tenga equilibrio”.

En su defensa, Tetaz le comunicó que habló con el diputado Palazzo sobre la dinámica de la reunión y le aclaró que se hizo una preselección de expedientes que “estaba abierta a que puedan sumarse otras iniciativas en esta temática. No hay límites para la incorporación de expedientes, son todos bienvenidos. La convocatoria es esta y se hace de manera transparente. Ya se había consensuado con el diputado Palazzo y no hemos roto nada de eso que se acordó, no se entiende cuál es la molestia que tienen con el funcionamiento, pero no voy a discutir el reglamento de la comisión”.

Yasky insistió en una reunión de asesores para dejar hecho un temario “no para satisfacción mía, pero la comisión debe tener una cantidad de temas a tratar. Hemos discutido temas que no sabemos cuál fue la deriva”.

De la vereda de enfrente Tetaz le aclaró que “en la última reunión informativa y, lo hablamos y coincidió conmigo Palazzo, que ninguno de los espacios tenía el número para dictaminar y había que esperar que el número apareciera y por eso no hay otra reunión sobre reducción de jornada laboral porque nadie tiene un expediente consensuado para dictaminar”.

Le salió al cruce el diputado Vilca quien le reclamó que “el tema de los temarios debería discutirlo abiertamente en comisión y no por privado con un diputado personalmente. Es democrático”.

La santafecina Verónica Razzini (Pro) comentó que presentó dos proyectos, uno de modernización laboral que “algunos puntos fueron sumados a la Ley Bases”, pero planteó que “hay otros puntos interesantes que deben ser tratados como la materia probatoria que reafirma el principio general de los hechos invocados cuando hablamos de despido y multas; la posibilidad del empleador de modificar un acuerdo con el trabajador en las condiciones de contrato que contempla la posibilidad de requerir homologación; incorpora como medio de pagos de remuneración de otras categorías; conservación de recibo de sueldo en forma digital”.

El otro proyecto ‘Antibloqueo’ en el que “trabajé personalmente después de mi experiencia al haber formado el Movimiento Empresarial Antibloqueo hace tres años en Argentina después de haber sufrido un bloque más de tres meses porque hoy Argentina necesita una ley que le dé una figura penal a los bloqueos sindicales extorsivos, que están organizados por personas que tienen una planificación respecto de esto y hay que condenar a ellos. Hemos asistido a más de 71 empresas que han sido bloqueadas y les hemos dado asistencia”.

Razzini diferenció “los buenos sindicatos y existe la mafia sindical y este proyecto apunta a la mafia sindical que tiene que tener castigo y buscamos una figura penal”.

La diputada del Pro le aclaró que “la mafia sindical es la que utiliza a los trabajadores y se esconde de la defensa de los derechos laborales, pero no debe existir el abuso de la protesta y se creó una mafia gigantesca detrás de esto. Bloquear una empresa es un delito y esto se tiene que terminar porque nadie va a querer emprender en el país”.

Desde la izquierda volvió a tomar la palabra Vilca quien expresó: “No aceptamos que se intervenga o se subjetive a la organización sindical de esta manera. Nadie cuestiona las grandes ganancias que tiene la organización o la sociedad rural. No me parecen estas las condiciones y también me voy a retirar porque el temario no es equilibrado”.

La cordobesa Soledad Carrizo (UCR) recordó que viene trabajando desde el inició de su gestión la democratización de los sindicatos y “nunca pudimos lograr que se abra la comisión para tratar el tema”. “Tenemos que mirar un sistema dirigencial sindical donde Argentina es uno de los países de Latinoamérica con más alta afiliación con un 40%, con más de 3300 entidades reconocidas y que efectivamente vemos del otro lado un 40% de argentinos en la informalidad”, planteó.

“En mi proyecto se pone énfasis en el tema de las reelecciones indefinidas, sobre todo en órganos de administración. Creo que es necesario un presupuesto mínimo como legislación nacional donde demos la oportunidad de la alternancia y establecer la posibilidad de reelección por cuatro años para dar oxigenación y así poder legitimar más aún esta falta de afiliación sindical”, explicó.

Carrizo criticó la ausencia de Unión por la Patria porque “podemos estar de acuerdo o no. Hemos participado de muchos gobiernos donde hubo abusos en materia sindical y lo hemos discutido”, y cerró: “Es necesario una reforma laboral de la sociedad también”.

Al tomar la palabra, el diputado rionegrino Sergio Capozzi (Pro) apuntó contra UP por retirarse de la reunión y manifestó: “Eso demuestra la falta de innovación democrática. Era un excelente momento este para debatir. Parece que algunos no saben o no conocen lo que pasó en la historia en 113 años con una Asamblea donde se abolieron los privilegios del sindicalismo, pero muchos de ellos quieren seguir con esos privilegios y se genera esa tensión de ‘la mía está, no me la toquen’. Es necesario democratizar los sindicatos. Hay dirigentes sindicales con 40 años en el poder y están eximidos de rendir cuentas y hay que equilibrar esto”.

Desde el mismo bloque, el cordobés Luis Picat (UCR), expresó que “tenemos la mitad del sistema en negro en un sistema monotributista por la inflexibilidad que tiene el sistema argentino y son los que más perjudican al trabajador. Hace 13 años venimos en caída con el crecimiento del PBI”.

Al hablar de su proyecto, el legislador consideró que el objetivo es “retirar la obligación de la famosa cuota solidaria, que a empleados obliga a dar un monto al sindicato para su uso en diferentes emprendimientos que tengan referidos a talleres de capacitación, cultura, etc.”.

Al cierre, Tetaz sostuvo que “hay un consenso político en Argentina, mayoritario, que demuestra interés en avanzar en el tema de democracia sindical. Vamos a continuar el martes próximo con la presentación de proyectos”.

En su tercera reunión, el plenario de las comisiones de Legislación General; Familias, Niñez y Juventudes; Justicia y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados retomará este martes 13 de agosto desde las 17 el debate sobre el proyecto enviado por el Ejecutivo que propone un nuevo régimen penal juvenil, aplicable a adolescentes entre 13 y 18 años.

Tal como lo había anticipado la titular de la Comisión de Legislación General, Laura Rodríguez Machado, en este nuevo encuentro continuarán exponiendo los autores de proyectos vinculados a la temática. En esta ocasión se pondrán a consideración las iniciativas impulsadas por Carolina Píparo, Juan Manuel López, Álvaro Martínez, Ana Carla Carrizo, Agustina Propato y Natalia Zaracho.

En la primera reunión estuvieron presentes funcionarios del Poder Ejecutivo que defendieron la propuesta de bajar la edad de imputabilidad a los 13 años, punto central en el que los proyectos de los diputados difieren entre sí, hecho que quedó reflejado en la segunda reunión.

A partir de las 14.30, los diputados reanudarán este martes el debate de uno de los temas que más preocupación despiertan entre los legisladores, habida cuenta la cantidad de proyectos que existen sobre el tema. Será en el marco de una nueva reunión de las comisiones de Prevención de Adicciones y Narcotráfico, Acción Social y Salud Pública, Comunicaciones e Informática, Legislación Penal y Familias, Niñez y Juventudes.

La novedad en este caso es la inclusión en el plenario de esta última comisión, presidida por la radical Roxana Reyes, que en realidad ya venía abocándose al tema por su cuenta. En efecto, el 13 de agosto pasado realizaron una reunión con especialistas vinculada a la temática de ciberapuestas y ludopatía, de la que tomó parte la defensora de Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham, y varios diputados recomendaban su inclusión en el debate que desde el 14 de mayo viene promoviendo la Comisión de Prevención de Adicciones y Narcotráfico, que preside Mónica Frade. Para acelerar los tiempos, el 11 de junio el tema comenzó a ser abordado en el marco de un plenario de cuatro comisiones y ya se sabe que cuantas más comisiones se sumen a un debate, más complicación para dictaminar. Sin embargo, parece haber prosperado la propuesta de incorporar a Familias. “Todos te hablan de temas de familias: del hijo, del padre, del marido… que quebró la familia… Así que sí o sí tiene que estar esa comisión”, sostiene la diputada Marcela Campagnoli.

Mónica Frade confirmó a parlamentario.com la presencia de Familias en el debate: “Serán invitados, claro, a sumar asesores a la elaboración del dictamen”, precisó la legisladora de la Coalición Cívica.

Esta será entonces la tercera reunión de este plenario, y a priori la última informativa, antes de abocarse a avanzar con el dictamen. Según pudo saber este medio, vienen realizándose reuniones de asesores para trabajar en el dictamen que esperan alcanzar en las próximas semanas, cuestión de llevarlo al recinto cuanto antes, para tener la media sanción antes de fin de año. Después será el turno del Senado, donde hay numerosos proyectos también. En la actualidad hay 29 proyectos con estado parlamentario sobre el tema en ambas cámaras.

En una breve reunión, la Comisión de Economía de Diputados, presidida por el pampeano Ariel Rauschenberger (UP), acordó citar para un próximo encuentro a autoridades de Aduana y AFIP a fin de que opinen sobre el proyecto de ley que aprueba el Convenio sobre el Cuaderno A.T.A. para la importación temporal de mercaderías, adoptado en Bruselas en 1961.

El titular de la comisión expresó: “Es un proyecto que trata de un convenio internacional que se firmó en Bruselas en 1961, que la Argentina lo aprobó en el Senado en 1998. No hay antecedentes de tratamiento en el ámbito de la Cámara de Diputados”.

Así, explicó que es un convenio sobre el Cuaderno A.T.A. para la importación temporal de mercaderías por un plazo que no puede superar el año. “La condición es que la mercadería que se exporta tiene que retornar en la misma condición que se exportó y durante el período que está fuera del país tiene que ser comercializado”, precisó.

“Teniendo en cuenta que es algo que se firmó en 1961, se aprobó por una sola Cámara en 1998 y atendiendo el tiempo transcurrido consideramos que, para darle un tratamiento racional y responsable, deberíamos tener la opinión de expertos y autoridades competentes del orden nacional para que den su mirada sobre los impactos que puede tener el convenio al país”, propuso el pampeano.

A su turno, el libertario Julio Moreno Ovalle (Salta) adhirió a la propuesta y sugirió comunicarse con autoridades de AFIP y Aduana para que “nos digan qué es lo que está pasando, qué movimientos hubo en estos periodos que hubo y, obviamente, el futuro que pueda llegar a tener este convenio”.

“Nos vamos a comprometer a traer gente de AFIP y de Aduana para enriquecernos y después sacar una conclusión sobre este tema. En forma personal puedo hacer las gestiones con todo el apoyo de todos ustedes. Sería interesante que escuchemos otras opiniones al margen de lo que podamos llegar a tratar”, comentó el salteño.

Luego, la diputada cordobesa Alejandra Torres expresó: “Me parece súper interesante este tema porque personalmente lo he abordado en otras etapas de mi vida y me parece muy interesante que solicitemos la comparecencia de gente que está actualmente en el marco de la gestión porque podríamos aprovechar para preguntar cuestiones vinculadas con la disminución de las trabas burocráticas, la aceleración de los procesos y una serie de cuestiones que tienen que ver justamente con este tipo de normativas que provocan una movilización de mercancía y que muchas veces, a raíz de diferentes cuestiones legales así como también trabas digitales, provocan una demora”.

“No solamente encarece la cuestión, sino también debilita el beneficio para la sociedad argentina”, consideró y solicitó saber con anticipación quiénes asistirán a la próxima reunión a fin de elaborar una serie de preguntas para agilizar el trámite. Sin embargo, Rauschenberger afirmó: “La idea es no dejar una fecha fija para la próxima reunión, sino coordinar con las autoridades”.

Por otro lado, la comisión completó sus autoridades siendo designados como vicepresidente 1ro Carlos Castagneto (UP); vicepresidencia 2da el rionegrino Agustín Domingo; secretarías el chaqueño Juan Carlos Polini (UCR) y la catamarqueña María Fernanda Ávila (UP).

Por último, Castagneto expresó: “Ojalá que podamos trabajar en esta comisión que es muy importante y que podemos, no solo proyectos, sino realizar informes que sirvan para un diagnóstico de la economía y de un trabajo en conjunto con todas las propuestas que puedan surgir”.

Un plenario de las comisiones de Legislación General; Familias, Niñez y Juventudes; Justicia y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados retomó este martes el debate del proyecto enviado por el Ejecutivo que propone un nuevo régimen penal juvenil, aplicable a adolescentes entre 13 y 18 años.

En esta segunda reunión, que se llevó a cabo en el Anexo “C”, expusieron los autores de los proyectos presentados vinculados a la temática. Además, Laura Rodríguez Machado –titular de Legislación General- aclaró que los diputados que presentaron proyectos, pero que no disertaron en el encuentro de este martes serán convocados para la próxima reunión y resaltó: “Serán escuchados todos”.

El primero en defender su iniciativa fue el diputado de UP Ramiro Gutiérrez quien expresó: “Es un tema muy importante porque tiene un reflejo profundo en la sociedad en la determinación de la responsabilidad penal de los menores por la comisión de delitos previstos en el código penal argentino”. El bonaerense explicó que su proyecto establece un criterio “pro minoris, pero también de defensa de la sociedad y de las víctimas de la comisión de delitos”.

“No es un simple proyecto de ley, es un verdadero código que tiene dos capítulos, ocho títulos y 62 artículos. Nos llevó más de un año la elaboración donde hemos verificado desde la legislación comparada hasta los regímenes de responsabilidad penal juvenil que hoy imperan en nuestro país como en la provincia de Buenos Aires o en La Rioja”, detalló.

Así, el diputado opositor recordó que han presentado en el año 2016 un Código Penal para la República Argentina y precisó: “Ese código establece una nueva forma y un nuevo baremo de delitos, modernizando un Código Penal que hoy tiene más de 100 años en la Argentina”.

“Este código de responsabilidad penal juvenil complementa la responsabilidad de los mayores. Cualquiera que quiera hablar de responsabilidad del menor tiene que hablar de la responsabilidad del mayor, porque los institutos de la suspensión del juicio, prueba atenuante, agravantes, excusas absolutorias, todas las formas de autoría y coautoría, la reincidencia todo está regulado en el código de mayores. Entonces no puede venir una ley complementaria que toma esos institutos a tener independencia respecto de un código el modelo. El código de adultos debe reflejar el modelo de código este de responsabilidad penal juvenil”, explayó.

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Al retomar su iniciativa, precisó que tiene “dos grandes capítulos: uno de encuadramiento especial y la especialidad del fuero. Este es un fuero que se rige por tres principios generales: interpretación prominoris, especialidad y especificidad”.

Así, indicó que en el artículo 3 del proyecto de ley tiene en nueve incisos, 21 principios especiales para regular la responsabilidad del joven, 21 normas interpretativas y regulatorias para la mirada de los órganos de persecución, defensa, enjuiciamiento, revisión y ejecución de la pena que deben regirse en forma especial.

Gutiérrez explicó que el artículo 8 contiene cuatro enfoques: género, derechos, interculturalidad y restauración del conflicto. En el artículo 22 se receptan 12 garantías procesales además de las garantías de los adultos, hay 12 garantías en el proceso penal del joven expresamente previsto.

En el artículo 24 se establece un límite temporal de la pena que son los 6 años y explicó: “Antes de los 6 años, el fiscal puede hacer uso de la disposición de la acción penal y, después de los 6 años, son donde se impone las medidas más restrictivas de privación de la libertad para los delitos que tienen pena mayor a los 6 años donde se prevén las medidas alternativas terapéuticas o las medidas de internaciones”.

El artículo 28 prevé el aseguramiento preventivo para los casos de penas mayores de 6 años que “es como la medida cautelar más intensa del proceso está prevista”. El artículo 31 establece la capacitación en principios de especialidad y de prominoris para todos, tanto como el personal que intervenga en el ciclo de prevención y de seguridad, como todo aquel que tenga contacto con un menor en la etapa de la prevención o en la etapa de juicio o en la etapa de ejecución de la pena tiene que ser debidamente formado.

El artículo 32 tiene seis medidas cautelares para los padres o representantes legales; el artículo 46 prevé 10 medidas alternativas a la medida cautelar más intensa; el artículo 48 es la medida cautelar más intensa que es la internación y solo se establece para delitos con pena superior a los 6 años y se prevén sanciones o medidas que son las que el juez va a tener en su haber”.

El diputado opositor destacó las cláusulas transitorias que propone “porque es la implementación y es la gran diferencia con los otros proyectos”, y planteó: “No se puede incrementar en un plazo mínimo de 3 años el fuero de responsabilidad penal juvenil como propone El Ejecutivo”, y remarcó que “debe haber posibilidades de resocialización y reinserción y por ello debemos formar a todos los operadores”.

“Hemos puesto una cláusula de suspensión transitoria por 3 años para la verdadera instrumentación de un fuero que hoy la Argentina no tiene y que es necesaria. Cuando un joven comete delito no nos debemos lavar las manos, debemos intervenir, resolver y solucionar un problema que hoy existe y que la peor manera de abordarlo es no tratarlo”, consideró.

Gutiérrez precisó que “la responsabilidad del menor imputable la fijamos en 14 años” y argumentó: “Hemos seguido los criterios de la Convención de los Derechos del Niño que, en la resolución del año 19, insta los países adoptar una responsabilidad, es decir un grado de esfuerzo de comprensión de la criminalidad del acto que se verifica a partir de los 14 años de edad”. Así ejemplificó que la persona que pone un arma de fuego en la cabeza o en el cuerpo de otra y dispara a los 14 años entiende la gravedad de lo que hace y de las consecuencias que va a causar, pero planteó que “la responsabilidad debe ser diferente a la de los adultos. Comprende, pero el régimen de responsabilidad debe ser diferenciada”, e indicó que hay que regular el proceso penal.

Por último, señaló que prevén medidas cautelares para los padres cuando el menor de edad toma un bien de los padres y produce un daño; se debe poder disponer medidas cautelares como la inhibición general de bienes u otras que van a repercutir sobre el hacer de los padres; si un juez dispone que uno de los chicos debe empezar un tratamiento el padre tiene que supervisar ese tratamiento y es una obligación de hacer que acompañan las medidas cautelares.

Además, explicó que establece más de diez medidas cautelares para que el juez tenga como alternativa frente a un menor porque “no puede dar la misma fórmula para todos”.

“La responsabilidad del menor imputable la fijamos en 14 años. Hemos seguido los criterios de la Convención de los Derechos del Niño”.

El segundo en exponer fue el diputado Martín Yeza (Pro) quien criticó los argumentos de algunos legisladores en la reunión informativa pasada que “realmente me han dado escozor al respecto de la noción de cuál es el rol del Estado sobre los menores”.

“Si el mejor argumento que tiene para ofrecer esta Cámara -que tiene como fin legislar, regular construir soluciones, normativas para los problemas profundos que tiene de arrastre en la Argentina- es que si un chico, lamentablemente, tiene padres pobres lo único que le queda es la delincuencia, creo que mínimamente lo que nos debe generar es una reflexión al respecto”, cuestionó.

“Si el mejor argumento que tiene para ofrecer esta Cámara -que tiene como fin legislar, regular construir soluciones, normativas para los problemas profundos que tiene de arrastre en la Argentina- es que si un chico, lamentablemente, tiene padres pobres lo único que le queda es la delincuencia, creo que mínimamente lo que nos debe generar es una reflexión al respecto”, cuestionó. Yeza planteó que las leyes en la Argentina “no se cumplen” y recordó el caso de Morena, la nena de 11 años asesinada camino al colegio en Lanús por “un pibe de 15 años que había tenido 22 ingresos a la comisaría”.

El diputado del Pro afirmó compartir parte del proyecto de su par preopinante, pero también del proyecto del Gobierno nacional al respecto de bajar la edad de imputabilidad y remarcó que “las pequeñas y sutiles diferencias entre los distintos proyectos tiene que ver con cuáles son las soluciones que han alcanzado distintos países del mundo”, y remarcó que al día de hoy solo la Argentina solamente comparte la edad de imputabilidad con el gobierno de Cuba.

Dije que solo iba a hablar en el congreso por instrucción del jefe de bloque: hoy defendí el proyecto de baja de edad de imputabilidad a 14 años. https://t.co/4Ht3fL4jga

— Martín Yeza (@martinyeza) August 6, 2024

“Después hay un grupo de países entre los cuales están Suecia, Noruega y Finlandia que comparten una edad de imputabilidad de 15 años y después el resto de los países de la región comparten un estándar internacional. La mayoría de la democracias liberales y occidentales del mundo deben ser los 14 años”, manifestó, pero señaló que científicamente no está establecido si la conciencia termina de desarrollarse entre los 12 y 13 años, aunque remarcó que “es un estándar internacional que definitivamente es a partir de los 14 años”.

Sin embargo, apeló a los criterios jurídicos y a la experiencia comparada a nivel internacional “se observa una mayor cantidad de casos a partir de los 14 años en un tipo de delito que tiene una complejidad dado que la Argentina”.

“En los últimos 20 años se constituyó en un país sin luchar contra el crimen, sin crecimiento económico, con crecimiento de la pobreza, con consolidación del narcotráfico en el caso de la provincia de Buenos Aires, con un narcotráfico organizado en el caso de todo el conurbano mezclado con la marginalidad, lo que ha generado es que en este Régimen Jurídico Penal de la argentina se utilicen a menores de 16 años por el narcotráfico presos de las adicciones”, cuestionó.

Yeza manifestó que “no existe nuestra Constitución Nacional que el derecho a la vida valga menos según quien sea la persona que le quite la vida a las personas”, y respaldó que la edad de imputabilidad sea a partir de los 14 años.

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Así, explicó que su iniciativa desarrollo dos sistemas: un sistema cerrado y un sistema semicerrado en donde se contemplan a la vez dos tipos de casos. “El primero y principal el caso en donde las víctimas tienen que ser encerradas privadas de su libertad, pero después por supuesto en casos más complejos que es cuando tratamos con victimarios que tienen problemas psiquiátricos psicológicos o algún tipo de adicción y que merecen otro tipo de tratamiento”.

Además, el proyecto contempla penas para los padres de distinta índole y aclaró: “No solamente inhibición de bienes, sino también vinculados a su propiedad y a otro tipo de herramienta jurídicas”, y cerró: “Hay que pasar a un régimen del imperio de la ley de la justicia que además contemple la rehabilitación de estos menores que entre 14 y 18 años”.

Luego expuso la sanjuanina Nancy Picón Martínez sostuvo que el proyecto tiene que ver con los datos que la misma Corte de Justicia lanza “sobre cómo viene siendo el incremento de menores cometiendo delitos y frente a esto una sociedad que está pidiendo hace rato respuesta y que por supuesto son temas complicados de tratar”.

Picón Martínez señaló coincidencias en varios de los puntos del proyecto presentado por el Ejecutivo, pero aclaró que tiene algunas diferencias. Si bien coincide en que la edad sea de 13 años, su iniciativa “establece que sea un cuerpo de psicólogos y psiquiatras que le diga al Poder Judicial por qué debe responder por este acto, entendiendo que serán ellos quienes estén capacitados de decirle si el menor comprende la criminalidad del acto que llevó a cabo”.

“¿Por qué 13 años?”, preguntó y respondió: “A los 13 años si el menor puede elegir si tener relaciones sexuales libremente, entonces creemos que si tenemos la posibilidad de elegir frente a otro acto”.

La sanjuanina comentó que la Corte brindó datos que reflejan que ha habido un incremento: “El 21% más que el periodo del año anterior. Respecto a los hechos cometidos por menores y justamente la edad en que cometen estos delitos comienzan a los 13 años”. “Para cuidar los derechos de estos chicos tenemos que saber si comprendió la criminalidad del acto. Si la comprendió, entonces debe ser juzgado por esto y es hora de que la sociedad comience a tener respuesta en estos temas”, planteó.

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Además, coincide en incentivarlos a estudiar; cuidado de menores en lugares distintos a los adultos a fin de cuidar su integridad. “Nuestro proyecto habla de que los chicos mayores de 14 años y menores de 18 que se han reprimidos por pena privativa de libertad, cuyo máximo en abstracto no sea inferior a 15 años, serán sometidos a las medidas de coerción seguridad, pena privativa de la libertad y ejecución como los mayores de edad, salvo el alojamiento”, SUMÓ.

“Entendemos que es hora de que comiencen a responder y porque luego de hablar con muchas familias víctimas del dolor por actos llevados a cabo por menores también nos damos cuenta de que todos tenemos derechos, pero también tenemos que cumplir con nuestras obligaciones”, expresó.

Por último, indicó: “En lo demás coinciden los proyectos, básicamente nuestra diferencia sustancial está dada en esto de que a los 13 años los chicos primero pasen por una auditoría para saber, por personas que estén realmente capacitadas, si el chico comprendía o no el acto que estaba llevando a cabo”.

La última en exponer fue la chubutense Eugenia Alianiello (UP) quien propuso buscar puntos de consenso entre los proyectos, pero criticó: “Es un error caer solamente en la edad de punibilidad creo que tenemos que pensar para poder legislar qué entendemos por encierro, para qué planteamos el encierro, cuáles son las herramientas de resocialización que se van a brindar”.

Así, explicó que en su iniciativa establecen la edad de 16 años y propuso: “Cuando dicen a los 13 años baja edad de punibilidad tienen que saber que cumplida la pena esos adolescentes van a volver a vivir en sociedad y depende de cuál es el tránsito que ellos tengan con qué herramientas van a salir para poder saber cómo se van a reinsertar en la sociedad. Creo que ese es el punto de inflexión del funcionamiento o no del sistema de protección integral”.

“Tenemos un profundo convencimiento de que nuestro país necesita un Régimen Penal Juvenil ágil, eficiente y especializado, pero sobre todas las cosas tener presente que no alcanza solamente con el Poder Judicial”, consideró Alianiello y precisó que proponen la derogación de la Ley 22.278 “que tiene muchas referencias con el proyecto oficialista y que fue firmada por Videla”.

La chubutense sostuvo que “hay que abordar el tema con un enfoque integral, no solamente punitivo, entendiendo a los jóvenes como lo que son sujetos de derechos porque es necesario contar con un sistema penal juvenil que contemple la justicia restaurativa y, a la vez, la responsabilización de los adolescentes con conductas infractoras”, y afirmó: “La solución no es bajar la edad de punibilidad, ni castigar, sino responsabilizar”.

También destacó que la iniciativa de su autoría plantea que “sin disponibilidad de recursos, sin estructura institucional, sin cumplimiento de las leyes vigentes y los acuerdos internacionales todo esto es un callejón sin salida”.

“El proyecto del Poder Ejecutivo es inconstitucional, ineficaz, inquisitivo, inconsulto, irresponsable e invotable”, destrozó.

Y cerró: “hay una necesidad de debatir este tema tan sensible con una mirada integral, amplia y seria, apoyada en datos certeros y no en meras especulaciones ideológicas teniendo como eje principal de debate acerca del sistema de protección integral el punto de la edad de punibilidad”.

El tema sobre los subsidios al transporte del interior fue eje de reclamos durante la semana por parte de algunos legisladores, por lo que la Comisión de Transportes de Diputados citó al secretario de la cartera, Franco Mogetta, a que exponga sobre la ejecución y gestión de las políticas de transporte en Argentina.

En la última reunión de la comisión el pasado 5 de junio expusieron un grupo de intendentes de todo el país quienes transmitieron su preocupación y reclamo por la eliminación del Fondo Compensador de subsidios al transporte del interior, por parte del Gobierno nacional. Tras escucharlos, representantes de distintos bloques acordaron avanzar en un proyecto sobre el tema “lo más rápido posible”.

La titular de la comisión, Pamela Verasay, convocó a los miembros a un encuentro para este martes a las 10 en el Salón Delia Parodi. En la misma, también tratarán tres proyectos que vienen con media sanción del Senado y ya cuentan con dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores; y 13 proyectos de resolución.

Tras la polémica que despertó el DNU del Gobierno que crea una Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad (UIAAS) para prevenir, detectar, investigar y perseguir los ciberdelitos, la Comisión de Ciencia y Tecnología de Diputados, presidida por Daniel Gollan (UP), puso en agenda el tema a debatir.

La reunión será el próximo martes 6 de agosto a las 14.30 en la Sala 4 del 3° piso del Anexo “A” ante la que expondrán su opinión expertos sobre un total de siete proyectos que se pondrán a consideración:

1472-D-2023 (TP 35 BAE 07) LATORRE, JIMENA Y MANES, FACUNDO: DE LEY. CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION – LEY 25467-. MODIFICACIONES SOBRE INTELIGENCIA ARTIFICIAL. (1472-D-2023) CIENCIA…/ LEGISLACION GENERAL.

2504-D-2023 (TP 70 – BAE 15) MORALES GORLERI, VICTORIA Y JOURY, MARIA DE LAS MERCEDES: DE LEY. USO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA EDUCACION. REGIMEN. (2504-D-2023) EDUCACION / CIENCIA… / PRESUPUESTO Y HACIENDA.

2505-D-2023 (TP 70 – BAE 15) MORALES GORLERI, VICTORIA: DE LEY. INVESTIGACION, DESARROLLO Y USO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL. REGIMEN. (2505-D-2023) CIENCIA… / RELACIONES EXTERIORES Y CULTO / ECONOMIA / PRESUPUESTO Y HACIENDA.

3161-D-2023 (TP 111 – BAE 24) CALLETTI, PAMELA: DE LEY. CONSEJO FEDERAL DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL. CREACION. (3161-D-2023) CIENCIA…/ LEGISLACION GENERAL / PRESUPUESTO Y HACIENDA.

4329-D-2023 (TP 166 – BAE 35) COSTA, ANAHI: DE LEY. REGULACION Y USO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL. (4329-D-2023) CIENCIA… / LEGISLACION GENERAL / PRESUPUESTO Y HACIENDA

0805-D-2024 (TP 018 – BAE 03) FERRARO, MAXIMILIANO: DE LEY. RESPONSABILIDAD ALGORÍTMICA Y PROMOCIÓN DE LA ROBÓTICA, ALGORITMOS VERDES E INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA REPÚBLICA ARGENTINA. (0805-D-2024) LEGISLACION GENERAL / CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA / PRESUPUESTO Y HACIENDA.

3003-D-2024 (TP 73 – BAE 15) BRÜGGE, JUAN FERNANDO: DE LEY. ESTABLECESE EL RÉGIMEN LEGAL APLICABLE PARA EL USO RESPONSABLE DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL (I.A.), EN EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. (3003-D[1]2024) CIENCIA… / LEGISLACIÓN GENERAL / DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS.

La Cámara de Diputados comenzó este miércoles a analizar el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que propone un nuevo régimen penal juvenil, aplicable a adolescentes entre 13 y 18 años, “cuando fueran imputados por un hecho tipificado como delito en el Código Penal o en las leyes penales especiales vigentes o que se dicten en el futuro”.

Fue en un plenario de las comisiones de Legislación Penal, de Justicia, de Familias y de Presupuesto y Hacienda. La reunión fue de carácter informativa, ya que expusieron el secretario de Justicia de la Nación, Sebastián Amerio, y el director nacional de Normativa y Relación con los Poderes Judiciales y Ministerios Públicos, Fernando Oscar Soto. También participó el subsecretario de Política Criminal del Ministerio Público de la Nación, Alberto Nanzer.

La diputada Laura Rodríguez Machado, titular de la Comisión de Legislación Penal, detalló cómo será el debate: el próximo martes 6 de agosto solicitarán a los bloques que expliquen sus respectivos proyectos presentados; y el miércoles 14 de agosto darán inicio a la ronda de expositores e invitados que los bloques convocarán.

La radical Roxana Reyes, titular de la Comisión de Familias, expresó que el proyecto “es un régimen penal que apunta a garantizar la Convención de los Derechos del Niño y de las Normas previstas en Naciones Unidas sobre niños jóvenes que delinquen o están en el proceso de reproche penal”.

“Creemos que la comisión tiene la función de garantizar que el Régimen Penal tenga la función de resocialización, educación y que no sea necesariamente punitivo, sino que reinserte al joven que por razones diferentes multicausales ha ingresado a la actividad criminal”, resaltó.

El primer expositor fue Fernando Oscar Soto quien remarcó que la Ley argentina tiene “una deuda con la sociedad y la democracia” respecto de la Ley de menores porque la norma actual fue reformada por la dictadura militar. “Hace 44 años se está debatiendo la necesidad de reformar esta ley”, expresó y recordó que durante la campaña electoral “todos los partidos propusieron bajar la edad de imputabilidad y reformar la Ley de Régimen Penal Juvenil”.

“Esperemos que este Congreso tome el debate y sancione una ley que actualice el régimen penal con las características particulares y tienen en cuenta la edad de imputabilidad que es la que está en la región y en el mundo. Hay una necesidad de actualizar”, sostuvo Soto.

El funcionario comentó que vieron las estadísticas por la Corte Suprema de la Nación y de la provincia de Buenos Aires y alertó que “vienen en aumento todos los años en la franja de 16 y 17 años que son los punibles, pero en los pocos datos oficiales que hay, también viene en aumento los casos de menores que van de los 13 a los 15 años de edad”.

“Esto tiene que atenderse para proteger a la víctima y al adolescente que está en conflicto con la Ley penal y expuesto a una vulnerabilidad especial por su propio desarrollo psicofísico y por las circunstancias de verse inmerso en la conflictiva penal. Por lo tanto, hay que cuidarlo más allá de su eventual declaración de imputabilidad porque inimputable o menor incluso a la edad de 13 años que proponemos”, explayó.

Luego, disertó Sebastián Amerio quien defendió la iniciativa al plantear: “Entendimos que esta es una demanda que tiene la sociedad y que debemos atenderla como Ejecutivo y ustedes deben atenderla como representantes del pueblo y trabajar en comisión y buscar una reforma porque creemos que esta ley es superadora a la del año 1980”.

Amerio repasó algunos de los fundamentos que llevaron a presentar el proyecto, entre ellos comentó: “La situación de los menores en conflicto con la ley es uno de los graves problemas que hoy atraviesa la sociedad argentina y su abordaje requiere una solución integral que contemple, no solo la cuestión punitiva, sino también medidas estatales que acompañan al adolescente luego con el objeto de que obtenga un futuro con integración social y trabajo comprensión y arrepentimiento por la conducta punible perpetrada en este sentido”.

El secretario de Justicia destacó que la Ley 22.278, que es el actual Régimen Penal de la minoridad, fue sancionada en el año 1980 y “no responde a los principios reconocidos por la Constitución Nacional y en la legislación internacional respecto al menor que ha infringido la ley penal”.

En ese sentido, planteó que “es indispensable sancionar una ley especial que regule la materia e incorpore los referidos principios a nuestra realidad social”, y explicó que “los adolescentes o actuación y la comprensión de la criminalidad de sus actos han sufrido grandes cambios, lo que trae aparejada la necesidad imperiosa de practicar una reforma legislativa que se corresponda con la situación actual de los adolescentes muchos de los cuales han sido incorporados a bandas criminales”.

“Actualmente los delitos cometidos por adolescentes de menos de 16 años quedan impunes”

Además, señaló que la legislación actual presenta una serie de “problemas”, y enumeró: “El primero de ellos es la edad de imputabilidad vigente, porque actualmente los delitos cometidos por adolescentes de menos de 16 años quedan impunes”, y sumó: “Estas circunstancias genera una situación de injusticia que perciben tanto las víctimas como la sociedad en general. Es imperativo que nuestro sistema legal asegure que aquellos que cometen delitos sean responsables por sus acciones”.

Amerio precisó que la legislación argentina se encuentra en minoría en la región en cuanto al umbral de imputabilidad, debido a que la mayoría de los países han establecido sus edades de imputabilidad más baja y subrayó que “nuestro ordenamiento legal se encuentra desactualizado”.

“En nuestra sociedad y en las sociedades sobre todo latinoamericanas que tenemos los índices más elevados del mundo es necesario revisar y ajustar la normativa nacional para su alineamiento con la experiencia comparada y los estándares internacionales en la materia y, garantizar así, una respuesta más efectiva a la criminalidad juvenil”, consideró.

En tanto, informó que la República Argentina y la República de Cuba se encuentran son los únicos países de la región que han establecido los 16 años como la edad mínima de responsabilidad penal contrariamente en consonancia con los cambios operados en las últimas décadas otros países han modificado su legislación para evitar la impunidad en crímenes cometidos por adolescentes.

En esa línea, ejemplificó: Chile, Colombia y la República de Perú han fijado la edad en 14 años; Guatemala, Nicaragua y de la República Oriental del Uruguay en 13; Brasil y los Estados Unidos en 12 años y Granada y la República de Trinidad y Tobago en siete.

“Los niños, niñas y adolescentes poseen los mismos derechos que todas las personas, pero tienen, además, derechos especiales que derivan de su condición. Eso supone un tratamiento diferenciado en el ámbito de la Justicia penal juvenil lo que requiere la sanción de medidas específicas y esenciales para el resguardo de esos derechos”, aclaró.

Promediando su presentación, el secretario de Justicia brindó datos de la Corte Suprema de los primeros semestres de cada año que “demuestran que en los últimos cuatro años existió un aumento de intervenciones judiciales en adolescentes: 822 para el año 2021 que es un 22% de aumento con respecto al año anterior; 906 para el año 2022 que representa un 10% de aumento aproximadamente respecto al año anterior; y 986 para el mismo periodo en el año 2023 ya venía bastante elevado y esto representa un 9% de aumento respecto del año anterior”.

Por último, brindó tres argumentos de Justicia respecto de la “importancia que tiene este proyecto de ley”, y explayó: “La baja edad de imputabilidad tiene que ver con la falta de credibilidad y legitimidad del sistema porque no se atienden los casos de menores que generan impunidad. Este es un punto que nosotros entendemos que es así y podemos explicar los motivos”.

“Como segundo argumento de Justicia hay una adecuación o de fase entre el derecho penal Juvenil y el derecho constitucional que ha sido resuelto por vía jurisprudencial en el mencionado caso Maldonado de la Corte Suprema”, agregó y cerró: “La tercera cuestión es que hay una elevada reiteración delictiva juvenil. Hay un montón de estudios de criminólogos y sociólogos y especialistas en el tema que demuestran la gran cantidad de reiteración de los delitos que cometen los adolescentes”.

La Cámara de Diputados iniciará el debate en un plenario de comisiones sobre el proyecto enviado por el Gobierno nacional que propone un nuevo régimen penal juvenil, aplicable a adolescentes entre 13 y 18 años, “cuando fueran imputados por un hecho tipificado como delito en el Código Penal o en las leyes penales especiales vigentes o que se dicten en el futuro”.

La iniciativa será puesta a consideración en una reunión conjunta de las comisiones de Legislación Penal, de Justicia y de Presupuesto y Hacienda este miércoles a las 12.30 en el segundo piso del Anexo “C”. De la misma, formarán parte el secretario de Justicia de la Nación, Sebastián Amerio, y el director nacional de Normativa y Relación con los Poderes Judiciales y Ministerios Públicos, Fernando Oscar Soto.

“La finalidad del régimen de responsabilidad penal juvenil es fomentar en el adolescente imputado el sentido de la responsabilidad legal por sus actos y lograr su educación, resocialización e integración social. El objetivo de la ley es procurar que supere el riesgo social y la conflictividad puesta en evidencia en la comisión del delito”, reza uno de los artículos de la iniciativa.

A su vez, aclara que “desde el inicio del proceso penal y hasta su finalización, el adolescente imputado gozará de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución Nacional, los instrumentos internacionales de derechos humanos, las constituciones provinciales, los ordenamientos locales y demás normas de aplicación”.

“El juez y el representante del Ministerio Público Fiscal deberán velar en todo momento por la tutela efectiva de los derechos de las víctimas y de las personas perjudicadas por los delitos cometidos por los adolescentes”, agrega.

Entre las medidas complementarias para los adolescentes, figuran el asesoramiento, orientación o supervisión periódica de un equipo interdisciplinario; la asistencia a programas educativos, de formación ciudadana, de capacitación laboral, deportivos; y la participación en un tratamiento médico o psicológico por el plazo que los profesionales de la salud estimen necesario, entre otras.

El proyecto prevé que “si el adolescente careciera de grupo familiar o si éste resultara inconveniente y perjudicial para su interés superior, el juez deberá dar intervención a la autoridad competente en protección de sus derechos”. “En todos los casos, se deberá oír y tener en cuenta la opinión del adolescente imputado, su defensor, el fiscal y la víctima”, suma.

Respecto a las penas, “cuando la pena prevista para el delito o concurso de delitos imputados supere los 3 años de prisión y hasta un máximo de 6 años, y ninguno de los hechos reprochados haya implicado la muerte de la víctima, una grave violencia física o psíquica sobre las personas o, si se tratare de delitos culposos, no existieran lesiones gravísimas ni se haya causado la muerte o un daño psíquico grave a la víctima y el adolescente imputado no registrare condenas u otros procesos en trámite con auto de procesamiento o auto procesal equivalente firme, el tribunal, previo dictamen pericial con la conformidad del Ministerio Público Fiscal y habiendo escuchado a la víctima, podrá reemplazar la pena de prisión” por alguna de las penas previstas en uno de los artículos.

Específicamente, se mencionan penas tales como la amonestación; prohibición de contacto o de aproximarse a la víctima, su familia u otras personas que el juez estime; prohibición de conducción de vehículos; prohibición de concurrir a determinados lugares, establecimientos o espectáculos, inclusive deportivos, musicales o culturales; prohibición de salir del país o del lugar en el cual reside o del ámbito territorial que el juez determine; prestación de servicios a la comunidad; monitoreo electrónico y penas privativas de libertad.

Éstas últimas serán: privación de la libertad en domicilio; privación de la libertad en un instituto abierto; privación de la libertad en un instituto especializado de detención, o bien en una sección separada de un establecimiento penitenciario. “La decisión deberá ser tomada por el tribunal o juez en una resolución en el que se expongan los motivos que justifican la privación de la libertad y deberá indicarse el lugar de cumplimiento”, establece.

Respecto de los adolescentes alcanzados por la ley, quedará “prohibida la imposición de las penas privativas de la libertad de reclusión perpetua y de prisión perpetua”, siendo el plazo máximo de las penas privativas de la libertad de 20 años. “La regla es aplicable aun si la escala penal fuera más elevada, producto de la concurrencia real de varios hechos independientes”, estima.

Otro párrafo señala que “cuando el adolescente condenado cumpla 2/3 de la pena impuesta en detención y se dieran las circunstancias previstas en el Código Penal para otorgar la libertad condicional, el tribunal podrá disponer que el resto de la pena sea cumplido mediante las restantes penas establecidas en esta ley”.

Sobre la reclusión, se indica que “el adolescente deberá ser alojado en un instituto adecuado de detención o en la sección separada de los adultos de un establecimiento carcelario, adecuada para el tratamiento de adolescentes, que cada jurisdicción organizará siguiendo los principios generales que se establecen”.

En los fundamentos del proyecto, el Gobierno sostuvo que “la situación de los menores en conflicto con la ley penal es uno de los graves problemas que hoy atraviesa la sociedad argentina y su abordaje requiere una solución integral que contemple no solo la cuestión punitiva, sino también medidas estatales que acompañen al adolescente luego, con el objeto de que obtenga un futuro con integración social y trabajo, comprensión y arrepentimiento por la conducta punible perpetrada”.

“En este sentido, cabe destacar que la Ley N°22.278, actual Régimen Penal de la Minoridad, sancionada en 1980, no responde a los principios reconocidos en la Constitución Nacional y en la legislación internacional, respecto del menor que ha infringido la ley penal. Es por ello que resulta indispensable sancionar una ley especial que regule la materia e incorpore los referidos principios, adecuada a nuestra realidad social”, expresó el PEN.

Además, consideró que uno de los “problemas” de la legislación actual es “la edad de imputabilidad”. “Actualmente, los delitos cometidos por adolescentes de menos de 16 años quedan impunes. Esta circunstancia genera una situación de injusticia, que perciben tanto las víctimas como la sociedad en general”, manifestó.

Y se resaltó que, respecto a la región, la edad de 16 se encuentra entre las “más bajas”, siendo de 14 en Chile, Colombia y Perú; de 13 en Guatemala, Nicaragua y Uruguay; de 12 en Brasil y México; y de 7 en Granada y Trinidad y Tobago.

Por otra parte, en los fundamentos el Gobierno mencionó los antecedentes de ocho proyectos presentados en Diputados por distintos bloques.

La Comisión de Industria de Diputados se reunió este martes para comenzar a debatir el proyecto de ley anticaries o de fluoración de la sal para el consumo humano ante la cual expusieron representantes del sector alimenticio quienes plantearon una serie de modificaciones al respecto. También escucharon referentes de entidades relacionadas con la problemática actual que atraviesa la Industria Naval y pasaron a la firma un puñado de proyectos de resolución.

En representación de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), disertó respecto a la Fluoración de la sal para el consumo humano, Walter Ferro, presidente de la Federación Argentina de productores de sal, quien manifestó que “históricamente siempre colaboramos en las leyes con aportes para contribuir en la viabilidad de los proyectos”. Así recordó el aporte a la Ley 26.905 de promoción de reducción del consumo de sodio y se aseguraron que “la ley alcanzara los objetivos dentro de las posibilidades técnicas. Cuando se promulgó hicimos trabajos para incorporar nuevos alimentos al Código Alimentario Argentino con menor contenido de sodio que era el objetivo de la ley”.

Sobre la temática puntual dijo que “intención es de contribuir y mejorar la factibilidad de que el producto propuesto llegue a todos los consumidores que lo requieran”, y comentó que presentaron propuestas de mejoras. “Proponemos sal de calidad alimentaria adicionada con flúor para colaborar con la salud bucal de las jurisdicciones con baja concentración de flúor en el agua potable”, se refirió al artículo primero y precisó: “Proponemos que se mencione no sal de mesa sino sal de calidad alimentaria porque en el Código alimentario la sal está tipificada de esta manera”, y alertó que si se aprueba la ley tal como está redactada “no va a coincidir” con la denominación del producto.

“El espíritu de la ley es permitir la comercialización de una sal Iodofluoreada en el territorio argentino y no generar una obligación, por eso, proponemos que este espíritu quede reflejado en la ley”, agregó Ferro y explicó que el proceso de flúor en la sal “requiere de muchos ajustes para alcanzar la cantidad establecida y es un proceso que tiene muchas dificultades para lograr la estabilidad en la concentración”.

Ferro también propuso que se excluya de la ley la sal de uso industrial de la cárcel normativa siguiendo el tratamiento del Código alimentario argentino da para el agregado de yodo en el artículo 1272. A su vez, planteó modificaciones en el artículo 4 inciso C aclarando que “debe diferenciarse el arte de las etiquetas y no de los envases. También proponemos que el arte de las etiquetas de la sal yodo florada tenga fondo predominante con la combinación de colores amarillo y verde”.

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En cuanto al artículo 5 que establece la reglamentación de la ley por 180 días, planteó: “Entendernos que el espíritu de la ley es permitir la comercialización de una sal yodo fluorada en el territorio argentino y no generar una obligación y queremos que ese espíritu quede reflejado en la ley”.

“Proponemos también que la disponibilidad de la sal yodo fluorada sea en una sola referencia, con un solo gramaje y contenido neto de cada tipo de sal”, agregó y cerró: “Queremos que la ley deje en claro que la industria no es responsable ni tiene medios para asegurar que la sal yodo fluorada se comercialice en jurisdicciones donde su consumo no es recomendable”.

También participó, Juan Pablo Passini, integrante de la Comisión Directiva de la Federación Argentina de productores de sal, explicó que “el agregado de yodo es Ley desde el año 67’ y es inmutable. Esta ley hace referencia al agregado del flúor para el cuidado de la salud dental”.

“Todo exceso de yodo se elimina del cuerpo y no deja consecuencia, es un producto inocuo en caso de consumirse en exceso. En el caso del flúor no es así, porque en el caso de una persona que ingiera demasiado flúor hay un cuadro de fluorosis por eso entendemos que es importante que los organismos gubernamentales encargados de atender la salud de cada población determinen los casos donde existe un caso de exceso de flúor y desaconsejen el uso de sal yodo fluorada”, explayó.

El texto que refiere al consumo de sal fue impulsado por el tucumano Pablo Yedlin en su etapa como senador nacional. El proyecto tiene media sanción de la Cámara alta, ocurrió en septiembre 2023, y el correspondiente despacho de Acción Social y Salud Pública en Diputados, de mayo 2024, que impulsó el propio Yedlin en su condición de presidente de esa comisión.

Este proyecto autoriza en todo el territorio nacional la elaboración, comercialización y consumo de sal de mesa enriquecida con flúor en una concentración de 200 ppm a 250 ppm para colaborar en la prevención de las caries dentales y mejorar la salud bucal de la población.

Las sales sin contenido de sodio o con bajo contenido del mismo, podrán ser enriquecidas con flúor en la misma concentración citada.

Según estudios realizados en nuestro país, las caries dentales afectan al 90% de la población nacional, siendo la zona norte y especialmente noroeste, donde se encuentran los promedios más altos en personas con caries dentales y es donde las limitaciones al acceso de servicios de salud agravan la prevalencia y severidad de la enfermedad y las consecuencias de las mismas.

Representantes del sector naval y de la copal

Otro tema analizado en el seno de la comisión fue la problemática que atraviesa el sector naval, respecto de lo que expuso Francisco Banegas, secretario General de ATE (Asociación de Trabajadores del Estado), seccional Ensenada, trabajador del Astillero Río Santiago, explicó que “hace tiempo venimos transitando el Congreso en busca de la reactivación definitiva de la industria” que es considerada como “la madre de las industrias”. Así recordó que en el 2017 concretaron un proyecto de ley de unidad que establecía un financiamiento y fue votada de forma unánime.

“Somos un país en el que tenemos uno de los mayores sistemas de navegación fluviales, de una de las cuencas más importantes del planeta”, manifestó. A su vez, propuso que en la delegación de obras públicas del ejecutivo se permita el dragado del canal Magdalena; que los buques se construyan en astilleros nacionales; que se regule en 5 años el periodo de entrada de buques usados; y un fondo de financiamiento flotilla, entre otros.

Por su parte, Juan Speroni Hernández, secretario General del Sindicato Argentino de Obreros Navales (SAON), expresó la “necesidad de un proceso de industrialización para tener competitividad”.

“Es una cadena que multiplica el empleo y necesita alta capacitación en donde se desarrolla la matriz de los trabajadores ya que hay multiplicidad de oficios”. Luego de aportar que hay 10 mil trabajadores distribuidos en astilleros públicos, privados y en talleres navales y la cadena naval partista, solicitó el anclaje de un fondo de financiamiento y un bono que marcaba una asimetría para equilibrar los costos, además de que se incorpore a la industria naval como bienes de capital.

Por otro lado, la comisión completó la designación de sus autoridades siendo elegido para ocupar la secretaría primera el liberal Gerardo González. También se aprobaron proyectos de resolución que declararon de interés de la Cámara a la inauguración y puesta en funcionamiento de la primera planta industrial de América Latina que producirá aceite de soja a partir de la utilización de energías renovables, ubicada en la localidad de San Andrés de Giles; a la “Reunión de la Junta Nacional de Inspección de Calderas y Recipientes a Presión” organizada por el INTI – Instituto Nacional de Tecnología Industrial-, a realizarse del 18 al 20 de septiembre de 2024, en Neuquén; Y a la ampliación de la planta de John Deere que aumentará la fabricación de pulverizadores y sembradoras en Las Rosas, provincia de Santa Fe.

De cara al segundo semestre legislativo puede que surja una nueva configuración en la Cámara baja, ya que tras la aprobación de la Ley Bases y del Paquete Fiscal el bloque Pro en Diputados, liderado por Cristian Ritondo, comenzó a marcarle la cancha al oficialismo. Tras presentarle una agenda legislativa con proyectos impulsados por la bancada amarilla que coinciden con los del Gobierno, ahora teje alianzas para conformar un interbloque y posicionarse como segunda minoría.

Así las cosas, Ritondo tiene las “negociaciones avanzadas” para sumar a los tres libertarios conducidos por Oscar Zago. “Va todo muy bien. El diálogo está bárbaro. Calculo que en el mes de agosto estaremos avanzando”, afirmó Zago en diálogo con parlamentario.com.

Cabe recordar que era nada menos que el jefe de bloque de La Libertad Avanza, pero después de haber defendido el nombramiento de Marcela Pagano al frente de la Comisión de Juicio Político se enemistó con Martín Menem y Karina Milei y no tardó en ser desplazado.

Por eso, pegó el portazo y se armó un bloque de tres con el nombre de su partido originario: Movimiento de Integración y Desarrollo (MID). Lo acompañaron sus compañeros de ese espacio: Cecilia Ibáñez y Eduardo Falcone.

Por ello, buscan unirse en interbloque con el Frente Pro que tiene 37 bancas. Juntos llegarán a las 40. Tres más que LLA, que quedaría como tercera minoría detrás de ellos y Unión por la Patria.

Sin embargo, el diálogo se extiende más allá de los exlibertarios. “Se está hablando con distintos, con otros bloques, bloques chicos, con personas de unibloques. Así que bien. Seguramente cuando vuelva en los primeros días de agosto seguiremos los diálogos y vamos a llegar a buen puerto seguro”, aseguró Zago a este medio.

La Comisión de Vivienda y Ordenamiento Urbano de Diputados, presidida por Leandro Santoro (UP), se reunió este miércoles para llevar a cabo su tercera informativa con representantes del sector público y privado donde abordaron la situación de la vivienda en la actualidad.

Santoro comentó que las reuniones fueron para “construir la agenda de la comisión”, y resaltó que hubo más de 100 expositores entre organizaciones de la sociedad civil, sociales, técnicos, urbanistas, representantes del sector privado, público y sindicatos. “Escuchamos sus propuestas y demandas y vamos a trabajar, no solo en un informe que concentre todos los insumos que nos acercaron, sino también pretender generar una agenda legislativa potente para trabajar en los próximos meses”, adelantó.

Los ejes de la reunión fueron vivienda pública, programas de acceso a hábitats, vivienda, construcción, vivienda y desarrollo privado, ordenamiento territorial, desarrollo urbano y empleo.

El primero en exponer fue Ricardo Griot de la Cámara Argentina de la Construcción quien manifestó: “Es un tema muy importante. Toda la política de vivienda debe trascender gobiernos y no lo hemos logrado. Es necesario una política de largo plazo y que se cumpla porque si no es todos los días empezar de nuevo con los planes y no llegamos nunca, no logramos avanzar”.

“Necesitamos avanzar en consensos y en una política que se pueda desarrollar con principio y con final. El plan con el que se empezó es el FONADI que si se hubiese cumplido y administrado correctamente hoy se habría logrado reducir muchísimo que lo que ha hecho el déficit de vivienda”, cuestionó.

En esa línea, Griot criticó que el FONADI “ha sufrido varios cambios ilógicos que no se volvieron a debatir. Hubo cambios hasta de participación de provincias. Esto hace a la mala política de no rediscutir algo que hay que rediseñar si los porcentajes de participación son los correctos”.

“Ha sido recortado permanentemente en distintos momentos por necesidades de macroeconomías. Ha sufrido cambios legislativos y del Ejecutivo que lo están haciendo prácticamente desaparecer”, denunció y sumó: “Necesitamos que ese fondo tenga el vigor que supo tener y que se redistribuya y aplique para esto”.

También señaló la necesidad de la reurbanización de los barrios populares que “tienen un entramado muy complejo. Hay créditos internacionales de multilaterales porque es una preocupación en el mundo para insertarlas en la sociedad y para la lucha de crimen organizado contra el narcotráfico. “Tiene que haber una planificación con tiempos”.

Por otro lado, se refirió al PROCREAR y sostuvo: “Si bien da solución a la vivienda, no es una solución viable por dos motivos porque el crédito individual produce un desorden urbanístico, y por la formalidad e informalidad con la que se trabaja en la construcción”.

“Hoy hay más de 16 mil unidades paradas en algún grado de evolución para ver cómo se culminan. Hay un bien de capital parado muy gravoso para el Estado. Estamos negociando para que se puedan continuar porque no es una política estrictamente del Estado. Sobre desarrollo urbanístico no se pudo dar solución por la falta de crédito. Vamos a necesitar varias herramientas para avanzar porque hasta ahora solo se construyó para un sector de la sociedad”, cerró.

Por parte de la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos (CEDU) expuso Damián Tabakman quien coincidió con el funcionario preopinante y solicitó que “en el ámbito legislativo se pudiera abordar temas que son importantes para nosotros y que podrían ayudar que el financiamiento bancario llegue a los compradores para que puedan adquirir sus unidades desde el pozo, como la hipoteca de bien futuro y la subrogación hipotecaria”.

Luego, Alejandro Amaro, representando a Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC), informó que “desde hace tiempo venimos promulgando el lanzamiento de créditos no bancarios para pymes”, y explicó: “Nuestra propuesta presenta soluciones frente al déficit habitacional para cien empresarios y trabajadores PyMEs de cualquier punto del país generando empleo directo e indirecto, además de garantizar la compra de productos nacionales”.

A su turno, Rubén Pronotti, secretario de Organización de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), instó a “trabajar todos juntos para el bien común que es que las familias de argentinos puedan reencontrarse con sus viviendas”.

Desde la Cámara Empresarial de Desarrollistas Urbanos de Córdoba, Gustavo Quinteros, afirmó que “es fundamental ver el crédito intermedio, porque hay que construir esas propiedades, y hoy por hoy para llevarlas adelante y a un ritmo más acelerado es importante buscar las políticas de créditos intermedios para los desarrollistas, y después les llegue a los usuarios finales a través del crédito hipotecario”.

En tanto, la directora del Instituto Municipal de Vivienda y Hábitat de San Martin de los Andes, Carolina Amaya, hizo hincapié a la situación de su ciudad al manifestar que apuntan a “trabajar inteligentemente políticas públicos locales para hacer más eficiente la participación en la valoración inmobiliaria y generar recursos”.

Raúl Quirino, de Autoconvocados Asamblea del Paraná, habló acerca de un pedido de informes sobre la situación en el Paraná, sus aguas, costas e islas. “Me parece bien la convocatoria a discutir el reordenamiento y las condiciones en qué se dio”, sostuvo, pero también advirtió que “está en riesgo la soberanía del Paraná y la vida cotidiana de las familias”.

A continuación, Federico Kulekdjian, de la coordinación de alquileres de la subsecretaria de Hábitat de la Comunidad del Ministerio de desarrollo de la comunidad PBA, detalló que “desde el censo del 2001 al del 2022 se han duplicado la cantidad de hogares inquilinos en la Provincia de Buenos Aires, pasando del 9.5 al casi 20% de hogares que alquilan”.

“Cuando se debate el tema sobre el hábitat en el ámbito público, vemos que impera una visión mercantil que invalida toda discusión que no sea la rentabilidad, sin tener en cuenta lo que genera sobre los ingresos de los trabajadores”, criticó.

También hizo uso de la palabra Santiago Fernández, concejal de San Martín de Los Andes, que resaltó que “la ciudad está entre los tres metros cuadras más caros del país, es decir donde el sector inmobiliario tiene un peso significativo impresionante”.

Por último, María Eugenia Ceraso, concejal por Primero Angostura de Neuquén, de Villa la Angostura, coincidió en los diagnósticos realizados por los expositores que la antecedieron. “En Angostura no vemos una política integrada de acceso al suelo que haga que la captación de territorio se traduzca al acceso a la vivienda en un ritmo y cantidad de gente que hoy en nuestro territorio está demandando soluciones”, puntualizó.

También, expuso María Alejandra Basso, de ATE Hábitat; Fernanda Miño, ex secretaria Nacional de Integración Socio Urbana; y Félix Villatoro, de la Cooperativa de Vivienda Ciudad de Santa Rosa.

La Cámara de Diputados constituyó este lunes el Grupo Parlamentario de Amistad (GPA) con Japón en cuya reunión designó a sus autoridades siendo elegida como presidenta del mismo la diputada María Eugenia Vidal (Pro).

Tras ser ungida para presidir el grupo, Vidal expresó: “Tenemos que afianzar nuestro vínculo histórico para que siga creciendo la relación entre ambos países”. “Japón es un país que aporta diversidad, riqueza y valores de respeto”, remarcó.

Por su parte, la flamante vicepresidenta del GPA, diputada Lourdes Arrieta (LLA), destacó: “Japón tiene una cultura milenaria de respeto al prójimo”, y consideró que “con Japón nos debemos muchos lazos comerciales”.

En tanto, el bonaerense Daniel Arroyo (Unión por la Patria) aseveró que “hay mucho para trabajar en conjunto, con el intercambio de experiencias y metodologías”.

Por su parte, el embajador de Japón en Argentina, Hiroshi Yamauchi, manifestó que “desde la Embajada estamos abiertos a las sugerencias y propuestas de todos los diputados”, con el objetivo de “seguir afianzando la relación bilateral”.

Además, el plenipotenciario aseguró que “la diplomacia parlamentaria es clave para profundizar los lazos bilaterales”. “Sin ninguna duda, entre Japón y Argentina existe una buena intención y voluntad para avanzar en un trabajo común”, enfatizó.

Estuvieron presentes los diputados del Pro Martín Ardohain y Martín Maquieyra; Carlos Fernández (Innovación Federal), Constanza Alonso (UP) y Nadia Márquez (LLA).

Asimismo, de la reunión realizada en el Salón Delia Parodi de Diputados, participaron Luciana Termine, directora de Diplomacia Parlamentaria de la Cámara de Diputados; Patricia Mariel Cardo, coordinadora de los GPA; y el director de Asia y Oceanía de la Cancillería Argentina, Luis del Solar Dorrego.

Picantes cruces se dieron entre libertarios y opositores este miércoles durante la reunión de la Comisión de Cultura de Diputados, a cargo de la catamarqueña Silvana Ginocchio (UP), por la citación al secretario de Cultura, Leonardo Javier Cifelli, para que brinde detalles de las políticas públicas sobre el sector. También pasaron a la firma más de 40 proyectos de resolución y declaración.

Al inicio del encuentro Ginocchio comentó que el secretario de Cultura, les envió una nota informando que “no podía asistir a la comisión por cuestiones de agenda”, por lo que la diputada resaltó: “No tenemos una fecha para que él concurra. Para nosotros, para el Congreso es importante su concurrencia para tratar la agenda por el puente de comunicación que tiene que existir, el señor secretario tiene que venir cuando es invitado”.

“Esto no es capricho, sino que como diputada de Catamarca puedo dar fe de las situaciones que existen a nivel nacional en cuanto a que hay políticas, articulaciones que están siendo necesarias. Puedo mencionar lo que es el trabajo de los institutos como el Instituto Nacional del Teatro, el Fondo Nacional de las Artes, que funcionan a los efectos que puedan desarrollarse nuestros espacios culturales, independientes, que se puedan articular políticas”, explicó la diputada de UP.

En ese sentido, precisó que “el Fondo Nacional de la Artes financia editoriales, investigaciones, proyectos de artesanos y son verdaderos laboratorios culturales. El Instituto Nacional del Teatro están con el cierre de oficinas y estas decisiones afectan a estas actividades culturales tan importantes para el país”.

“Las actividades culturales son eje de desarrollo y de identidad. Tenemos que discutir y ponernos de acuerdo al rol que le toca al Estado para que esas actividades suceden de una manera federal, asumiendo y reconociendo que la cultura es un derecho humano y que, además, desarrolla a los Estados. Es un derecho que construye soberanía, identidad, entonces poder escuchar al secretario es importante”, argumentó.

En tanto, afirmó: “Vamos a insistirte en su concurrencia porque es trascendente hacer esa agenda de trabajo y conocer a nivel políticas culturales en el país, en el diseño de políticas que necesitamos. Vamos a citarlo para la próxima reunión y que él diga qué fechas puede venir”.

“Hay que construir una mesa de trabajo con respecto a más de 100 proyectos de ley ingresados y se puede hacer si tenemos la capacidad de construir consensos sobre las actividades culturales y es importante tener un contacto con el secretario de Cultura”, propuso.

Mientras los diputados defendían sus proyectos presentados, la libertaria Alida Ferreyra apuntó: “Hay aproximadamente 40 expedientes para firmar, me los trasladan y son declaraciones. Señora presidenta creo que esta comisión está para más, más trabajo de calidad en labor legislativa parlamentaria, más que proyecto de declaración. Un ejemplo encuentro la declaración de beneplácito por el tanto aniversario de un diseñador o modisto…pero señores, entonces qué? Voy a pedir beneplácito por los 50 años del vecino tal o del pueblo tal como ilustre. Estamos para más calidad señores”.

“¿Con qué autoridad intelectual pretenden citar al secretario de Cultura que está trabajando muy bien hasta ahora? ¿Con qué autoridad intelectual van a preguntar o someterlo a un interrogatorio cuando muestran esta calidad de trabajo? Sin mucho fundamento veré qué firmo”, disparó.

De la vereda de enfrente, Ginocchio le aclaró: “Tanto los proyectos de ley como los de resolución son de una enorme importancia para cada uno de los que estamos acá y tenemos la representatividad y que de alguna manera esos proyectos traslucen esos contactos con sus territorios, identidades y cada actividad cultural. Esta comisión puede hacer un trabajo fructífero”, a lo que Ferreyra acotó: “Sepan que la ciudadanía va a saber cómo trabaja esta Comisión de Cultura por mi parte”.

También a retrucó el cordobés Pablo Carro (UP): “No van a venir a moralizarnos acá sobre cuál es la tarea que tenemos como diputados. Cada uno tiene su representación y tenemos libertad para presentar los proyectos que le parezcan oportunos y si reúnen el número suficiente de firmas se aprueban”.

Y le sugirió: “Yo me llamaría a silencio hasta que no se siente acá el secretario de Cultura y de explicaciones del desastre que está haciendo con la cultura, con la destrucción de los institutos y el desfinanciamiento. Con el incumplimiento de leyes que hemos aprobado en esta cámara que han sido votados por unanimidad. Yo me llamaría a silencio”.

Se adhirió la porteña Lorena Pokoik (UP): “A esta altura que el secretario de Cultura responda que no puede venir, nos está tomando el pelo”, y le respondió a Ferreyra: “Respecto de la diputada preopinante de que ‘no estamos a la altura intelectual’ de tener autoridad moral de recibirlo, es una gran falta de respeto a todos los representantes que estamos acá porque muchos de nosotros tenemos una gran trayectoria en el campo de la cultura”.

Así sugirió: “Que el secretario de Cultura nos diga dos o tres fechas que a él le quede bien y trataremos de compatibilizar y hacer un esfuerzo para la gran agenda de la gran política pública cultural activa que lleva adelante el secretario y, de ese modo, nos acomodaremos a los tiempos. No voy a aceptar que no lo podamos recibir porque no vienen a dar la cara mientras lo están destruyendo todo”, y remató: “Acá no hay lugar para cobardes si está convencido de la política que está llevando adelante que venga y la defienda y no tenga ejército que le cubra la espalda diciendo que no tenemos autoridad moral”.

La bonaerense Sabrina Selva (UP) sumó: “No me sorprende la alocución de la diputada porque trata de defender un gobierno cruel e inhumano que n puede entender que detrás de estos proyectos de resolución hay valores de una comunidad y muchos sentimientos como me toca defender en mi proyecto…”, y le dijo: “Por ahí si me escucha diputada pueda entender que hay cosas muy importantes detrás de los proyectos de resolución. Pondero que a través de estos proyectos los diputados valoran los valores de la comunidad, historias y la cultura”.

La radical Natalia Sarapura (Jujuy) pidió disculpas a “cada uno delos actores protagonistas, escritores, comunidades, artistas que en esta se ha desvalorizado su expresión. Las expresiones culturales son para cada pueblo, para cada ciudadano, un valor, es lo que nos une, expresa sus sentimientos, filosofía y le da identidad. No hay quien pueda desvalorizar o quiera categorizar porque la cultura se trata de eso. Quiero pedir disculpas por lo que se dijo”.

“Nosotros queremos discutir por el quite de financiamiento a la cultura porque la cultura es un derecho humano y el Estado debe ver la inversión como la garantía de un derecho. Quiero ratificar desde la UCR queremos coordinar una agenda con el secretario porque es su obligación de venir a dar cuentas. Tenemos voluntad de diálogo, pero no vamos a permitir que no se garanticen los espacios de debate para garantizar las preocupaciones. Hay que tomar medidas más contundentes porque hasta ahora fuimos muy respetuosos y no se está honrando esa actitud de nuestros esfuerzos”, expresó la radical.

En contraposición, la libertaria María Fernanda Araujo apoyó las palabras de su compañera de bloque y pidió “respeto” porque “estamos para cosas más importantes” y apuntó: “Esto de tratar de cobarde cuando sucedió todo lo que sucedió y nos hicieron con cultura. Así como hubo cosas maravillosas, han hecho desastres con cultura. ¿O tenemos que traer a la mesa todo lo que se han llevado y lo que no han hecho y han hecho mal? Pido respeto y que no se trate a nadie de cobarde. Vendrá cuando tenga que venir y se hará presente, pero primero tenemos una tarea importantísima que nos han dejado que es sacar el país adelante”.

Pokoik le salió al cruce y le planteó: “A mí me importa un bledo si vos permitís o no a quién yo en mi calidad trato de cobarde porque un cobarde es quien no rinde cuentas ante la cámara de representantes… es difícil poner la cara cuando se está destruyendo la cultura y cada uno es responsable de lo que hace. A él le toca esa parte de la motosierra”, y ratificó su pedido.

Lejos de quedarse callada, Araujo la chicaneó: “Estamos en la mesa de cultura y la señora me responde ‘me importa un bledo’ ¿eso es cultura? ¿ a eso están acostumbrados? A faltar el respeto, a atropellar. Falta de respeto es lo que nos han hecho”.

La chubutense María Eugenia Alianiello (UP) le respondió: “Se está reduciendo la discusión a ver si éramos tan malos o lo que hicieron otros gobiernos. Defender la cultura es defender la identidad y defender el país en este momento donde hay diversas decisiones que están afectando la cultura. Parece que todos toman agua bendita, son recién llegados y no sé la trayectoria de cada uno y no me interesa, pero descalificar y el destrato a los proyectos, si tienen mayor capacidad intelectual presenten un proyecto y lo discutimos”.

Por su parte, el vicepresidente de la comisión, Hernán Lombardi (Pro), coincidió con la propuesta de Pokoik y planteó: “Estamos de acuerdo con que venga el secretario de Cultura, pero también debemos darle tratamiento a los proyectos de ley que cuentan con dictamen unánime para que salgan lo antes posible”.

La Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados, presidida por el radical Martín Tetaz, se reunió este martes para recibir a la última tanda de expositores por el tratamiento de la modificación de la Ley 11.544 e ir por la reducción de la jornada laboral.

Veinte eran los invitados a disertar en el Anexo “C”, pero según explicó Tetaz “por razones de vuelos y de agenda” la mayoría de ellos no pudo asistir, solo lo hicieron Juan José Etala, Pablo Anino y Eduardo Curutchet.

En el inicio del encuentro, el diputado de izquierda Alejandro Vilca solicitó que se incorpore a la comisión dos proyectos que prohíben los despidos y pidió invitar a trabajadores despedidos. Por su parte, la diputada Blanca Osuna (UP) expresó preocupación por la postergación de la sesión especial para tratar los temas educativos que pasaron para el mes de agosto.

Promediando el breve encuentro que duró menos de media hora, el presidente de la Comisión anticipó: “Vamos a dar la semana que viene una discusión entre diputados sobre los distintos proyectos a los efectos de ir a buscar un dictamen”.

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En la ronda de exposiciones, el primero fue Juan José Etala (UIA) quien recordó su presencia en septiembre del 2023 por el mismo tema, por lo que ratificó que “en un país con el 40% del empleo informal discutir menos horas de trabajo está absolutamente fuera de contexto y resulta totalmente inoportuno”.

“Los países que lograron estas modificaciones tienen realidades socio económicas muy diferentes a las argentinas. Una modificación de la estructura legal como lo establece, como sería la modificación de la estructura legal de la reducción de la jornada, requiere de un debate responsable con la participación de todas las partes indispensables”, comparó.

Etala sostuvo que “es indispensable generar consensos y no apresurarnos con el tratamiento con presiones coyunturales y tener más confianza, así como tenerle más trascendencia a la autonomía colectiva”, y sumó: “La brecha de productividad y tecnológica que nos separa con los países desarrollados viene siendo cada vez mayor, especialmente tras la pandemia donde otros países implementaron recursos y políticas muy agresivos para avanzar en el nuevo contexto global”.

“Por lo tanto, Argentina debería estabilizar su condición macroeconómica, reducir el empleo informal, generar empleo formal el cual prácticamente no crece desde 2012 y promover incentivos al empleo entre otras medidas antes de discutir una reforma de esta naturaleza”, consideró.

“El contexto del país es de incertidumbre en general. Una situación macro débil, altos niveles de pobreza, informalidad, restricciones externas, y una brecha de productividad y tecnológica que nos separa de los países más desarrollados”, resumió y planteó: “Hoy Argentina lidera la presión fiscal sobre el sector formal, por lo que cambios de este tipo podrían redundar más en incorporar puestos en el sector empleador formal”.

“El principal creador de empleo registrado en los últimos 20 años ha sido del sector público cuando habría que fomentar el potencial del sector privado para crear empleo de calidad, productivo y que responda a las nuevas tecnologías”, planteó.

A su vez, señaló: “Quienes han presentado iniciativas sostienen que con una menor jornada se mantiene o mejora la productividad. Estas afirmaciones son meramente voluntaristas y desprovistas de todo fundamento técnico”.

En ese sentido, explicó que “bajar la jornada legal manteniendo las remuneraciones implica un inédito descenso de la productividad. Si reducimos la jornada de 8 a 6 horas, la producción debería incrementarse por lo menos en un 33%. Y si la productividad no compensa el incremento de costos que ello generará implicará necesariamente un sustancial aumento de los precios de los productos en un contexto inflacionario y una pérdida de competitividad”.

Etala cuestionó que al ser un tema “de gran trascendencia” no haya sido precedido por “un diálogo social tripartito para una discusión “adecuada” obre todas las alternativas y efectos de la norma.

“Desde la UIA proponemos la creación de empleo formal reduciendo la presión fiscal sobre el sector empleador dictando normas que fomenten la contratación de empleados en blanco, simplificando los tributos locales y nacionales, combatiendo la extrema litigiosidad en las relaciones de trabajo. Proponemos aumentar la participación de trabajadores en programas de formación profesional. Que la reducción de jornadas surja de convenios colectivos de trabajo”, explayó.

Así, cerró: “Mientras no se superen los problemas de los costos de la industria del juicio, el anacronismo de una legislación que estimula la informalidad y la falta de competitividad de los sectores industriales no parece oportuno encarar esta discusión, solo va en desmedro de las empresas y PyMES y del empleo formal y protegido. Esta norma es para ser aplicada en empleo formal y no para el 40% de empleo en negro”.

El economista y columnista Pablo Anino de Radio Con Vos apuntó contra el Gobierno por los despidos y contra quienes “votaron a favor de quitar derechos con la reforma laboral de la Ley Bases”.

“Me parece importante que podamos discutir la reducción de la jornada laboral. El proyecto que presentamos plantea la reducción a 6 horas diarias, máximo 30 horas semanales, sin reducción salarial y se produzca un reparto de horas de trabajo entre ocupados y desocupados”, contó.

En tanto, desmintió los datos del expositor preopinante porque “practican políticas anti obreras”, por el contrario, sostuvo que “planteamos la reducción de la jornada con reparto de las horas de trabajo por lo cual no va a caer la producción, incluso puede aumentar”.

“Si se redujera la jornada laboral en las 12.000 empresas principales del país se podrían generar un millón de nuevos puestos de trabajo en una situación de crisis económica que aumenta la desocupación”, precisó.

El economista manifestó que Argentina aún tiene “una de las jornadas laborales más legales altas del mundo. La precarización ha aumentado enormemente de niveles menores al 10% a una informalidad cerca del 40%”.

En representación del Instituto de Derecho Social expuso Eduardo Curutchet quien opinó: “El trabajo en todas sus formas gozará de la protección de las leyes, las que aseguran al trabajador algunas condiciones dignas y equitativas, entre ellas la limitada jornada de trabajo”.

Curutchet sostuvo que es un “mandato dirigido al legislador y no puede ser delegado a la negociación colectiva. No puede este Congreso delegar esa responsabilidad primaria”. También, consideró, teniendo en cuenta la Convención Constituyente, que “no establecer en forma petria una jornada de trabajado en el artículo 14 bis, sino dejarla librada a que fuera reducida por el legislador paulatinamente en función de los avances técnicos y mejora de productividad”.

El diputado nacional Alejandro Vilca (FIT-U) solicitó incorporar al temario de la Comisión de Legislación del Trabajo el tema de los despidos laborales y acusó al Gobierno de hacer “persecución política”.

En el arranque de la reunión de este martes para tratar la reducción de la jornada laboral, el jujeño planteó: “El Frente de Izquierda tiene proyectos sobre la reducción de la jornada laboral y nos parece muy importante los expositores que van a venir, pero nos preocupa una situación particular que por la situación económica y la crisis que se está desarrollando en el país hay un aumento de la desocupación y despidos”.

“Nos interesaba que en la agenda de la comisión se pueda incorporar y tratar. Nosotros tenemos presentado dos proyectos el 4992-D-2023 y el 3339-D-2024 en el cual se plantea la emergencia laboral y la prohibición de los despidos”, propuso.

Vilca comentó que “en los últimos días hemos visto por los grandes medios los despidos en el Hospital Posadas, en el INTI, en el ex Ministerio de la Mujer, en el INCA, pero en sectores privados”.

Así, cuestionó: “Nos parece urgente que esto se discuta en la comisión porque vemos cómo el vocero presidencial habla de limpieza en organismos públicos, lo cual nos parece un desprecio en medio de una situación como esta donde aumenta la desocupación. Los índices de INDEC en los cuales los lugares donde mayor ha crecido la desocupación es en Gran Buenos Aires, La Plata, ciudades como las de mi provincia. No podemos dejar pasar esto y menos la respuesta del Gobierno que es con burla y represión”.

Por último, ratificó su pedido de convocar a una reunión informativa en donde se escuche a los trabajadores despedidos “injustamente”, y cerró: “Se están violando las normativas legales y paree una limpieza y persecución política e ideológica a quienes pelean contra el ajuste”.

La Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos se sancionó definitivamente en Diputados por 147 votos a favor, 107 en contra y 2 abstenciones. Durante la votación, hubo asistencia completa de los miembros de la Cámara baja.

A los 37 miembros del bloque de La Libertad Avanza (sin contar al presidente Martín Menem), lo acompañaron sus aliados: 37 del Pro; 3 del Movimiento de Integración y Desarrollo; 3 de Independencia (tucumanos exUP que responden a Osvaldo Jaldo); 2 de Buenos Aires Libre y 1 de CREO.

También votaron positivamente los 34 miembros de la Unión Cívica Radical; 13 de Hacemos Coalición Federal; 8 Innovación Federal; 5 de la Coalición Cívica; 2 de Producción y Trabajo; 1 de Por Santa Cruz; y 1 del Movimiento Popular Neuquino.

Los votos en contra fueron los 99 integrantes de Unión por la Patria; 5 del Frente de Izquierda y 3 miembros de HCF: los socialistas santafesinos Mónica Fein y Esteban Paulón; y la cordobesa Natalia de la Sota.

Finalmente, las 2 abstenciones fueron de Sergio Acevedo (Por Santa Cruz) y Mónica Frade (Coalición Cívica).

Hizo casi todo bien el Gobierno esta vez en el debate de la Ley de Bases y el paquete fiscal. A diferencia del verano, que consiguió la aprobación en general, pero terminó devolviendo el proyecto a comisión cuando se le deshilachaba todo el texto, esta vez cedió en las cuestiones necesarias para obtener el bien mayor: la ley.

A tiempo, terminó entendiendo el Gobierno que no hay peor ley que la que no sale, y así llegó al recinto el jueves pasado cumpliendo una regla básica para todo oficialismo: la certeza de que contar con los votos necesarios para ganar. Condición indispensable que no siguió en febrero -y así le fue-, pero cumplió el jueves; como también lo había hecho el 30 de abril en Diputados y el 12 de junio en el Senado. Más allá de que en esta última Cámara se encontró con alguna sorpresa en la votación en particular, pero hay imponderables que no se pueden evitar cuando los números están muy ajustados.

No es lo que pasó en la última sesión. Si bien circularon versiones de que los números estaban muy finos en Ganancias y hasta algunos encendieron luces de alarma, es muy probable que esas mismas especies hayan circulado a instancias del oficialismo y sus aliados, o la gente de UP, pues poroteos desinteresados que especialistas hicieron en la previa no hacían prever un revés, que no sucedió. Al final, esa votación “ajustada” terminó favoreciendo al oficialismo por 20 puntos de ventaja.

No es la megaley tan ambiciosa que el Gobierno mandó al Congreso a fines del año pasado; el ómnibus terminó siendo una combi, es el chiste ya remanido. Y hasta Unión por la Patria se permitió ironizar con el tema, como cuando en el discurso de cierre, el presidente de esa bancada, Germán Martínez, mostró una caja grande -que semejaba la que le llevó el entonces ministro del Interior Guillermo Francos el 27 de diciembre pasado a Martín Menem, con el proyecto de 664 artículos en su interior-, y en la otra mano una cajita pequeña representando cómo quedó el proyecto.

Podrán hacer los comentarios más sarcásticos, pero siguen siendo textos que abarcan una extensa cantidad de temas y rubros, aunque su aprobación representa mucho más que herramientas para esta administración: es la muestra de gobernabilidad que el Gobierno de minoría más extrema en la historia argentina necesitaba exhibir. Incluso esas concesiones caen bien, porque hablan de un gobierno dispuesto a consensuar.

Le costó bastante entenderlo a su líder, que se quedó ahora sin una excusa que le encantaba dar: la de que la oposición no lo deja gobernar. En plena sesión del jueves, se lo recordó la diputada Margarita Stolbizer al presentar una cuestión de privilegio contra el propio presidente, reprochándole entre otras cosas que dijera en Alemania (textual): “No solo la política no nos acompañó en estos primeros meses de gestión, porque no nos votó ninguna ley, sino que fue una máquina de impedir todo el tiempo”. Le recordó esta diputada -que votó casi todo a favor en la madrugada del viernes- que en lo que lleva de gestión, “el Poder Ejecutivo solamente envió una ley en diciembre; otra en enero, cero en febrero, cero en marzo, cinco en abril -que están en tratamiento en comisión-, dos en mayo -que están en tratamiento en comisión- y un solo proyecto de ley en junio”.

Esa cuestión de privilegio fue más allá de esa cita, pues Stolbizer se indignó porque el presidente dijera en Alemania que la oposición “no solo no ayudó, sino que además desde el primer momento intentaron hacer un golpe de Estado”, cosa que consideró “de una gravedad absoluta en boca de un presidente de la Nación”.

El oficialismo celebró con entusiasmo la aprobación de estas leyes, pero también lo hizo la oposición dialoguista, que sintió alivio. Y se ven con las manos libres para marcar ahora su propia agenda. O al menos intentarlo, pues tampoco es que vayan a romper los puentes que se han construido con el Gobierno. Por caso, en Diputados hay una sesión pedida para el próximo miércoles 3 de junio, para tratar los temas educativos. Desde esa oposición confesaron a este medio que están replanteando la cuestión, pues en la negociación por Ganancias hubo un pedido del Gobierno para que el tema educativo quedara para más adelante.

Quien también siente que sus manos están libres es el expresidente Mauricio Macri, que escribió el viernes temprano un tuit que bien vale desmenuzar. “A pesar de haber perdido casi seis meses en discusiones que podrían haberse evitado o acelerado, finalmente la Ley Bases fue sancionada. Felicito a los bloques del Pro por su impecable tarea”, expresó el presidente del Pro, que en breves palabras incluyó un reproche al Gobierno por haber demorado tanto en el tratamiento, y ponderó a los legisladores de su propio partido, a los que resalta como claves a la hora de defender la ley.

Y agregó: “Cambios fundamentales que nosotros impulsamos, apoyamos y en los que creemos ya pueden llevarse a cabo. El Gobierno nacional tiene ahora las herramientas para avanzar a la velocidad que la situación necesita”. O sea, ya no hay espacio para quejas, le dice al Poder Ejecutivo, que se muestra cada vez más distanciado de quien eligió para presidir su partido cuando él dejó el poder, y que es claramente partidaria de hacer “causa común” con La Libertad Avanza.

Fue una observación que dejó también quien fuera compañero de fórmula de Macri, Miguel Pichetto, en el cierre de su discurso: “Me parece que ahora toca gestionar, reglamentar, poner en marcha los mecanismos, es decir, esta visión del futuro de la Argentina. A ver cómo la implementan. Es una tarea que tendrá que abordar el Poder Ejecutivo con mucha decisión a partir de mañana”.

“No le tengan miedo a la verdad, porque sino construyen un relato”, le recomendó Pichetto al Gobierno.

Pónganse a gestionar, es lo que les dicen quienes asistieron al Gobierno en estas circunstancias. En el Pro, que a partir de la decisión de su fundador y la candidata presidencial derrotada en la primera vuelta, se sumó camino al balotaje al objetivo de llevar a Javier Milei a la presidencia, reina hoy cierto desconcierto. Pues todos allí saben la situación complicada en que está el partido que, según advirtió a este medio alguien que hoy está trabajando con Horacio Rodríguez Larreta -que jugará en las elecciones del año que viene- tiene su destino atado a la suerte del presidente: si le va bien, le espera el destino de la UCeDé, fagocitada por el peronismo y hundida en la intrascendencia; y si le va mal a esta gestión, el destino del Pro será el del Frente Grande de Chacho Alvarez. De un modo u otro, el destino sería desaparecer.

En ese contexto, Juntos por el Cambio ya sería una suerte del extinto FrePaSo, pues hoy solo pervive como sello en la decena de gobernadores ungidos en las últimas elecciones.

Con diálogo vigente, pero intermitente, con Javier Milei, Mauricio Macri analiza la manera como se plantará su partido en los tiempos que vienen. Mira preocupado el andar de la economía y lo inquieta un desbarranque. Está convencido de que un fracaso de esta gestión hundirá a las ideas que él representa con Milei. Pero le fastidia la certeza de que La Libertad Avanza no quiere compartir cartel con nadie, menos con el Pro, al que sí quiere absorber como, estima, ya hizo con su electorado.

El tema quedó expuesto a cielo abierto en la sesión del jueves/viernes. Luego de haber sido el sólido sostén legislativo durante el trámite legislativo de estas leyes, el presidente del bloque Pro, Cristian Ritondo, se proponía decir que su partido apoyaba a esta gestión porque desde hace “más de 20 años como partido trabajamos por un país moderno y libre, para fomentar al sector privado y promover la competencia”. Pero antes aclaró que “no somos cogobierno”, lo que despertó un “nooo” irónico del bloque Unión por la Patria, a lo que rápido de reflejos Ritondo replicó: “¡Si tienen más ustedes que nosotros!”, y se llevó los aplausos de su bancada.

En efecto, en el partido que preside Macri saben bien que en el Gobierno son especialmente refractarios a incorporar miembros del Pro, prefiriendo incluso mantener puestos ocupados por funcionarios que vienen de la gestión de Alberto Fernández. Y tiene la sensación también Macri de que una fusión para las próximas elecciones tendría los principales lugares ocupados por gente propia. Ya le llegó al expresidente el comentario despectivo de una encumbrada figura del partido gobernante que muy suelto de cuerpo lanzó: “Al Pro le damos del décimo lugar para abajo”.

Por eso Macri es cuidadoso en los pasos a seguir. Y como dijimos, lo preocupa, como al Gobierno en general, el andar de la economía. Los mercados no recibieron alborozados el viernes la aprobación de las dos leyes, pues ya lo descontaban. Ahora quieren ver al Gobierno andar con esas herramientas. Todos saben que ninguno de los planes funcionará hasta tanto no se haya salido del cepo. Por eso se acelera lo que definen como la “segunda fase”, para la cual es imprescindible una asistencia del Fondo Monetario, con el que el presidente acaba de protagonizar un incómodo -por no decir insólito- cortocircuito.

En la madrugada de este viernes y en una maratónica sesión, el oficialismo logró restituir el título V de impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría del paquete fiscal, que había sido rechazada en el Senado, con 136 votos afirmativos, 116 negativos y 3 abstenciones.

Junto a los 37 de la Libertad Avanza, votaron a favor el Pro (36), la UCR (25), Hacemos Coalición Federal (12), 7 de Innovación Federal y 5 de la CC-ARI Victoria Borrego, Marcela Campagnoli, Maximiliano Ferraro, Juan Manuel López y Paula Oliveto.

También contó con los 3 diputados del MID, las 2 de Buenos Aires Libre y las 2 sanjuaninas de Producción y Trabajo; los 3 tucumanos de Independencia y el monobloque de Creo (Paula Omodeo).

El acompañamiento no solo fue por parte de bloques dialoguistas, también votaron a favor los tres diputados catamarqueños de Unión por la Patria Fernanda Ávila, Dante López Rodríguez y Sebastián Noblega, que responden al gobernador de su provincia Raúl Jalil.

Los votos en contra fueron 116, de los cuales UP aportó 95 votos para el rechazo, los 5 de la izquierda; 4 de HCF Jorge Ávila (Chubut), Natalia de la Sota (Córdoba), Mónica Fein (Sant Fe), Esteban Paulón (Santa Fe); 8 de la UCR Fernando Carbajal (Formosa), Ana Carla Carrizo, Mariela Colettta, Marcela Coli (La Pampa), Pablo Juliano, Facundo Manes, Danya Tavela y Martín Tetaz; el rionegrino de Innovación Federal Agustín Domingo, el santacruceño Sergio Acevedo; del Pro Ana Clara Romero y Osvaldo Llancafilo del MPN.

Las abstenciones fueron de Mónica Frade (CC-ARI), la catamarqueña Silvana Ginocchio (UP) y la radical Roxana Reyes (Santa Cruz).

Durante la madrugada de este viernes y luego de 13 horas de sesión, tras la sanción definitiva de la Ley de Bases, el oficialismo se alzó con la aprobación de la ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes, en la que logró restituir los capítulos sobre Ganancias y Bienes Personales, que se habían caído en el Senado. 

Fueron cuatro las votaciones que tuvo el paquete fiscal. En la primera de ellas se buscó insistir con el artículo 111 de la redacción original (la del pasado 30 de abril), referido a las exenciones tributarias. Éste había rechazado en la Cámara alta con dos tercios de los votos, por lo que requería de la misma mayoría para ser reincorporado. Fracasó al marcar el tablero 107 votos negativos, 148 afirmativos y cero abstenciones.

El artículo en cuestión instaba al Poder Ejecutivo a que en un plazo de 60 días de sancionada la ley envíe al Congreso un proyecto tendiente a incrementar los recursos hasta un 2% del PBI “mediante la supresión o modificación de exenciones tributarias, beneficios impositivos o cualquier otro gasto tributario”. Desde la Coalición Cívica pujaron por volver a someterlo a votación, con la crítica puesta particularmente sobre el costo del régimen que beneficia a la provincia de Tierra del Fuego. 

Luego se votó la restitución del impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría, que el Senado volteó y que desde el bloque Unión por la Patria insistieron durante toda la jornada con su “inconstitucionalidad” y advertencia de que el tema se judicializará, porque “carece de marco normativo”. Sin embargo, los libertarios se alzaron con el triunfo y lograron reincorporarlo al proyecto con 136 votos a favor, 116 votos en contra y 3 abstenciones. 

De esta manera, volverán a pagar el tributo alrededor de 800 mil trabajadores: solteros, a partir de 1,8 millones de pesos y casados con hijos desde 2,2 millones. Se establecen alícuotas que irán del 5% al 35%. Los montos de la escala se actualizarán en septiembre de este año -excepcionalmente- por el índice de inflación. A partir de 2025, será semestralmente, en los meses de enero y julio, también por IPC. 

Ganancias para la cuarta categoría se había eliminado el año pasado, durante la campaña electoral, a propuesta de Sergio Massa, exministro de Economía y candidato presidencial. En ese momento, Javier Milei como diputado votó a favor, en línea con su postura sobre el pago de impuestos. Ahora, ya en el Gobierno, y atento al fuerte reclamo de los gobernadores, interesados en el ingreso de fondos coparticipables, el presidente envió en la ley la vuelta del tributo. 

Misma suerte que Ganancias corrió el capítulo de Bienes Personales, que fue repuesto en el texto por 134 votos afirmativos, 118 negativos y 3 abstenciones. De acuerdo a los cambios en este tributo, se establece un incremento del mínimo no imponible de 27 a 100 millones de pesos. Para las declaraciones juradas del período fiscal 2023, habrá una reducción de alícuotas que van del 0,50% al 1,50%. En tanto, entre 2024 y 2026, quedarían vigentes dos alícuotas de 1,25% y 1,50%. A partir de 2027, habrá una alícuota única de 0,25%, que ascenderá a 0,30% para los bienes que excedan el mínimo no imponible. El monto de vivienda exenta pasará a 350 millones de pesos. Además, se prevé un esquema extraordinario de pago anticipado para cubrir los montos hasta 2027, llamado Régimen Especial de Ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales (Reibp).

Por último, se aceptaron las demás modificaciones agregadas por el Senado a la ley, varias de ellas se hicieron sobre el capítulo del blanqueo que contiene la norma, a partir del cual se podrán blanquear activos hasta 100.000 dólares sin pagar ninguna alícuota de recargo. Para aquellos montos que superen esa cifra se establecen alícuotas progresivas del 5%, 10% y 15%, dependiendo del momento en que los contribuyentes decidan adherirse al régimen. La aprobación se logró con 144 votos afirmativos, 108 negativos y 3 abstenciones.

El debate

En su carácter de presidente de la Comisión de Presupuesto, el libertario José Luis Espert, solicitó a la Cámara baja a “insistir” con la redacción original del paquete fiscal, apoyándose en el artículo 81 de la Constitución Nacional y restituir los títulos de Ganancias y Bienes Personales.

De la vereda de enfrente, la opositora Vanesa Siley (UP) explicó: “Toda ley debe respetar el principio de bicameralidad establecido en el artículo 44 de la Constitución Nacional que en este supuesto del título V de Impuesto a las Ganancias y el título III de Bienes Personales no ha tenido votación en una de las cámaras, es claro el artículo 81 cuando habla de un ‘desecho total a un proyecto de ley’ y es aplicable a las leyes ómnibus como las que aquí estamos tratando y a cada ley contenida en su interior. Tanto el título V como el III del paquete fiscal poseen autonomía normativa, unicidad y se estructuran como leyes propias totales, integrales, desechadas totalmente no pueden ser tratadas nuevamente”.

Siley detalló el veto parcial a una ley por parte de un presidente: “Siempre que no se rompa la autonomía normativa y la unicidad en su interior. En caso de que los vetos parciales desnaturalicen la ley se aplica el mismo criterio que la CN tiene para los cambios o correcciones de enmiendas de una cámara a otra”.

“El título V del paquete fiscal era, porque ya no existe más, fue desecho totalmente por el Senado era una única norma a la cual es aplicable el artículo 81 de la CN. De las 12 modificaciones que tuvo el Impuesto a las Ganancias 8 fueron introducidas en el Congreso mediante leyes autónomas, no en paquetes de leyes”, remató Siley y cerró: “Se les dice a los gobernadores que van a llegar los recursos del impuesto a las Ganancias sin entender que se les dicen a los trabajadores que van a tener que pagarlo. Ganancias y Bienes Personales fueron desechados totalmente por la Cámara de Senadores y no existen en el marco de este tratamiento”.

El radical Lisandro Nieri destacó las modificaciones introducidas en el Senado a la ley Bases porque “son superadores”, por sobre todo los cambios en el RIGI porque “hay un aporte que apunta a mejorar las cadenas de valor, desarrollo de proveedores locales. Es auspicioso eso para las eventuales inversiones que se capten”.

“Nuestro bloque se inclina mayoritariamente por la insistencia del capítulo de Bienes Personales y Ganancias. Con respecto al gasto tributario, nuestro país está haciendo un enorme esfuerzo, los sectores más vulnerables de la población están haciendo un enorme esfuerzo para poner fin a la ficción de gastar más allá de nuestras posibilidades”, explicó.

Y sumó: “Por eso resulta inadmisible que en ese esfuerzo no podamos avanzar en la baja del gasto tributario, son más de 4 puntos de PBI, planteamos nosotros que el Ejecutivo presentara en 60 días un plan para en eliminar al menos 2 puntos de ese gasto tributario en beneficios corporativos y sectoriales. Pedimos mucho esfuerzo a la población y resulta inadmisible que no podamos revertir ese punto e insistir con la sanción de Diputados, y si no lo haremos cuando se discuta el Presupuesto 2025. Me resulta inadmisible el fenomenal aumento que se propone de regalías mineras”.

Su par de bancada el tucumano Roberto Sánchez expresó: “Hay cosas que la Cámara de Senadores cambió y que estamos de acuerdo, pero en otras vamos a insistir con lo que salió de la Cámara de Diputados, como son dar al Ejecutivo la potestad de bajar en 2 % los gastos tributarios, Bienes Personales y Ganancias”.

“En septiembre del año pasado nos trajeron una ley para sacar Ganancias a la cuarta categoría, algo en lo que estuvimos en desacuerdo y lo fundábamos en que iba a desfinanciar a las provincias y al Gobierno central. El tiempo nos dio la razón. Por tal motivo hoy los gobernadores que en septiembre estaban de acuerdo en sacar ese impuesto hoy están pidiendo casi a gritos restituirlo para poder tener equilibrio en las arcas provinciales”, planteó.

Al mismo tiempo, sostuvo que “muchas provincias solicitan federalismo con los recursos al Gobierno nacional pero no hacen lo mismo hacia los municipios adentro de la provincia. Por ejemplo, el 85 % de lo que recauda la provincia de Tucumán es Ingresos Brutos. De eso no coparticipa absolutamente nada con los municipios, es una cuestión pendiente. Por eso los intendentes tienen que mendigar al gobierno provincial. Cuando no hay independencia económica tampoco hay independencia política”.

Por el contrario, el santacruceño Sergio Acevedo se mostró en contra del RIGI porque “nos lleva a una economía extractiva sin desarrollo industrial, sin esquema fiscal o de equilibrio en balanzas comerciales”.

“Soy partidario de que todos aquellos que tienen ingresos tienen que tributar, pero tal cual como está redactado el dictamen sobre impuesto a las Ganancias no puedo acompañarlo, del mismo modo que todo el capítulo a Bienes Personales”, remató.

En el mismo sentido se pronunció el diputado Sergio Palazzo (UP) quien señaló que el capítulo de Ganancias es “una inconstitucionalidad están generando un tributo con el voto de una sola cámara, no solo es ilegítimo, ilegal, anticonstitucional”.

“Son tan mentirosos que siguen diciendo que es 1.800.000 el minino no imponible, con la eliminación de la deducción del artículo 26 inciso X, Y y Z, con la eliminación del artículo 27, del punto 4 al 8 del artículo 82, con la eliminación del artículo 110 y 111 les privan a los trabajadores de que puedan deducir hasta 103.000 pesos de las 25 deducciones que se podían hacer”, planteó.

En su debut, la diputada del Partido Obrero Vanina Biasi sostuvo que “somos muchos los perjudicados por esta ley y son muy poquitos los beneficiados: los mismos empresarios de siempre. Pero no va a ser gratuito. En dos días vamos a tener 800 mil trabajadores llevando adelante juicios contra la reposición del impuesto al salario sobre ganancias que van a aprobar violentando el sistema bicameral que rige en la Argentina. Resulta que están innovando en el régimen político: van a sacar una ley con la aprobación de una sola cámara”.

En el cierre de bloques durante la sesión de este jueves en el debate por la ley Bases y el Paquete fiscal, el titular de la bancada radical, el cordobés Rodrigo De Loredo, esgrimió cinco motivos para apoyar la ley Bases: “Nos parece democrático y correcto otorgarle herramientas al Gobierno”.

“Tengo la sensación de un deja vu, un juego de la oca que avanza dos pasos y retrocede uno. Ha sido muy extensa la demora de estos textos, pero ponernos a dilucidar en ello no conduce a nada. Se ha sido obstruccionismo de una oposición que está siempre presta y lista para impedir que el Gobierno avance o negligencia de un Gobierno que carece de expertiz, de técnica o de gestión, no nos lleva a ningún lado”, reflexionó el radical.

Así, afirmó: “Nuestro bloque va a acompañar por una amplísima mayoría estos textos. La versión que viene del Senado de la ley Bases y va a insistir por amplia mayoría con la versión que aprobó esta cámara el paquete fiscal”.

El primer motivo explicó: “El más importante es que estamos de acuerdo con los contenidos; delegaciones razonables, privatizaciones necesarias; un cambio en la modernización de la legislación del trabajo para que desafixie la pesada carga de la litigiosidad que cae en las PyMES; un régimen de inversiones que compra una credibilidad que el país no tiene; un cambio de paradigma hidrocarburífero que promete duplicar producción petrolera y gasífera; una recuperación del impuesto a las Ganancias que nunca debió haber sido retirado porque es uno de los tributos más equitativos y progresivos del sistema”.

“La segunda razón es por una cuestión de expectativas porque la sociedad, los mercados, para moverse y evolucionar necesitan de la confianza y me cuesta entender bien tanto argumento opositor cuando cada vez que tuvo media sanción estos textos se han sucedido reacciones económicas favorables”, siguió el cordobés.

En tercer lugar, planteó: “No deja de ser un planteo democrático. Es un Gobierno que asume, que pide determinadas herramientas, que tiene poco tiempo en el ejercicio, que tiene debilidad parlamentaria y nos parece democráticamente correcto otorgárselas”.

“El cuarto argumento para que se acaben los chivos expiatorios y las culas asignadas a factores foráneos y para que se haga cargo el que tiene que gobernar”, agregó y cerró: “Para que demos vuelta una página y terminemos una primera etapa del gobierno que nos ha agobiado a todos. Ha contado con objetivos económicos cumplidos, una secuencia de baja inflacionaria, una disminución de la brecha cambiaria, del riesgo país, y fundamentalmente una eliminación del déficit”.

Promediando su intervención, De Loredo analizó: “Objetivos que se han logrado con prescidencia de gestión, de precisión, de técnica profesional. El ajuste sabemos que no lo pagó la casta, lo están pagando los sectores medios y fundamentalmente los adultos mayores. Las herramientas que nos trajeron hasta acá no van a ser las mismas que se necesitan para afrontar los desafíos presentes y futuros como la presión devaluatoria, el atraso cambiario, la profunda recesión y la gente sustituye su principal problema que era el inflacionario por el desempleo”.

En tanto, bregó para que ”la segunda etapa tenga gestión, que ocupen los cuadros técnicos vacantes, que el futuro que se avecina empiece a cumplimentar ese contrato electoral de bajar paulatinamente los tributos que gravan las exportaciones porque no va a salir Argentina si no exporta más; que cuente con acuerdos con las provincias para ir eliminando el peor de los impuestos de ingresos brutos; que se continúen desarmando esos formatos inequitativos, estériles, proteccionistas que funcionan como esas antiguas estancias, y que encuentre al Gobierno entendiendo que si no hay inversión en el recurso humano de ninguna manera no hay futuro, sin inversión educativa no hay futuro”.

“No queremos integrar su Gobierno, no nos interesan sus cargos, sus embajadas, no somos obstruccionistas, no somos héroes, pero tampoco villanos cuando diferimos”, opinó el radical y tomó las palabras de Freud: “No se puede ser duro contras las corporaciones ni contra la mala política, ni contra las fuerzas que impiden el cambio, ni contra el gasto que despilfarró nuestro futuro, si no se es blando con las personas que están esperando y bancando con ilusión, que es la esperanza atravesada por el deseo”, y cerró: “Apoyamos estas leyes porque nadie se va a salvar solo en Argentina. O empujamos todos para adelante o no se sale”.

El diputado nacional y Secretario General de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo (UP), planteó en la sesión de este jueves que darle facultades legislativas a Javier Milei es igual que “darle una ametralladora con mira telescópica a un asesino serial”.

En su intervención, Palazzo apuntó: “Estamos tratando un par de leyes propuestas por el co-gobierno del Pro con la LLA. Digo co-gobierno porque gobiernan dos fuerzas presidenciales en el país.  Los integrantes del Pro, Patricia Bullrich y Luis Petri, y el presiente Milei y (Victoria) Villarruel”.

“Digo co-gobierno porque esta es la ley que le preparó Sturzenegger a Bullrich. Quizás por eso les costó tanto a los miembros de la LLA haber podido explicar a sus funcionarios y legisladores esta ley porque no es propia”, denunció.

Palazzo describió: “Es una ley teñida de actos de corrupción porque secuestraron el dictamen de mayoría de la primera ley, se lo robaron, se lo llevaron a un departamento en Recoleta para hacerle modificaciones de lo que ya habían votado. Fue integrantes de bloques que acompañan a la ley bases los que denunciaron carpetazos”.

Así, manifestó que “hubo una profunda extorsión a los gobernadores de las provincias a quienes les sacaron fondos a través de distintas barbaridades jurídicas y burocráticas que hizo el gobierno para luego ponerlos de rodillas y cambien la obra de una rotonda por la dignidad del pueblo y tengan que venir a votarles una ley con la nariz tapada”.

Respecto de la Reforma Laboral, la consideró como “regresiva” porque “pone los beneficios en el sector empresario y la quita de derechos a los trabajadores, pone en situación de despido cuando haya huelga, limita el derecho a huelga, pone a los trabajadores en situación en el marco del Código Civil y no del Contrato de Trabajo; sigue permitiendo el fraude laboral”.

“Tiene una delegación de facultades hacia alguien que en principio dice que viene del más allá a salvarnos del apocalipsis, que luego dice que es un tipo que viene a destruir el Estado y que luego dice que como economista aconseja pagar dólares de forma ilegal”, enumeró.

“Le damos facultades extraordinarias a un presidente que no tiene ni el equilibrio emocional ni la capacidad suficiente de la templanza para conducir los destinos del país. Es como darle una ametralladora con un cargador automático y mira telescópica a un asesino serial, eso es lo que están votando con la delegación de funciones”, comparó.

Para el diputado de UP el capítulo de Ganancias es “una inconstitucionalidad están generando un tributo con el voto de una sola cámara, no solo es ilegítimo, ilegal, anticonstitucional”.

“Son tan mentirosos que siguen diciendo que es 1.800.000 el minino no imponible, con la eliminación de la deducción del artículo 26 inciso X, Y y Z, con la eliminación del artículo 27, del punto 4 al 8 del artículo 82, con la eliminación del artículo 110 y 111 les privan a los trabajadores de que puedan deducir hasta 103.000 pesos de las 25 deducciones que se podían hacer.

Además de haberle mentido a los patagónicos en el Senado para que le acompañen la ley y hoy pierdan el 22% de incremento de las asignaciones y en el mínimo no imponible o los beneficios que tenían petroleros”, cerró.

El diputado radical Fernando Carbajal apuntó contra el Gobierno durante su intervención en la sesión de este jueves en Diputados por la ley Bases: “Parece que pensar distinto es un grave delito y nos acusan de pertenecer a las fuerzas de la oscuridad”.

“No es casual que los miembros informantes de los dictámenes de minoría, dos de ellos, hayan tenido que usar la totalidad de sus exposiciones para fundamentar por qué se puede votar lo que en realidad no se puede votar”, arrancó su alocución.

El formoseño señaló que “es una discusión que se planteó y se complejizó desde el momento en que el Gobierno planteó la necesidad luego de haber perdido la votación en Diputados de reinstalar temas que habían sido rechazados. La verdad es que las interpretaciones jurídicas nunca son neutras, está muy claro que el Gobierno y sus aliados lo que hizo fue buscar cuál es el objetivo político y desde ahí construir la interpretación”.

“Parece que quienes pensamos distinto es un grave delito nos acusan de pertenecer a otros partidos políticos o de estar vendidos a las fuerzas de la oscuridad”, apuntó y planteó: “La verdad es que algunos sencillamente tenemos una mirada constitucional y un modo de interpretar la Constitución que está avalado por innumerables constitucionalistas y por argumentos sólidos”.

Carbajal solicitó enviar un texto de 13 páginas con todos los argumentos jurídicos de constitucionalistas y le respondió a Espert: “Creo que confesó que la norma que van a querer aprobar no tiene el requisito de bicameralidad porque el mecanismo del artículo 81 si contempla la bicameralidad, no es una excepción el mecanismo de la insistencia, toda norma tiene que ser aprobada por ambas cámaras”.

“Cuando la Cámara revisora vota en general y en particular a ley y le hace una adhesión o corrección y lo hace aprobando el texto original y aprobando la corrección a sabiendas de que ese tramo puede no ser aceptado por la Cámara de Origen. Si esta acepta la corrección o adhesión ambas quedan convalidadas. Cuando la Cámara de Origen rechaza la adhesión o corrección queda vigente el texto original aprobado por ambas cámaras y excluida la adhesión que tiene el voto de la Cámara revisora. Solo es ley lo que es aprobado afirmativamente por ambas cámaras”, explicó.

Así, chicaneó: “Yo lo lamento si no consiguieron la mayoría en el Senado, si quizás faltaron embajadas, no sé lo que les faltó, pero no consiguieron mayoría y esto va a ser judicializado por el pueblo”.

“Se ha colado en esta discusión la desmesura que tiene este Gobierno porque comenzó con un acto desmesurado que es el propio acto de la ley Bases. Tardamos 6 meses en aprobarlo porque es un acto irracional pretender que en un solo proyecto de ley hacer la revolución anarco que pretenden, ignorando que acá hay un Congreso donde está representado el 100% de la sociedad argentina que tiene muchas objeciones para hacerle”, manifestó el radical.

Así, resaltó que “los 6 meses no son irresponsabilidad del Congreso sino del Gobierno y su incapacidad de actuar con prudencia porque frente a la aprobación de la ley previsional que planteó el bloque la respuesta del Gobierno de darle un 8% ha sido un insulto y una descalificación porque un viaje a España por motivos personales pagado con fondos públicos se termina convirtiendo en el retiro de la embajadora en este país”.

“Este es el nivel de desmesura en que se encuentra el Gobierno y nosotros, no vamos a caer en esto, por más que nos descalifiquen, por defender la Constitución y no vamos a responder de igual manera señora presidenta. Por más que nos acuse, yo no le voy a responder de igual manera diciendo que quienes tienen la postura contraria están entregados al Gobierno. No lo vamos a hacer, respeto su posición jurídica y debería usted también respetar a los que pensamos distintos sin necesidad de acusarnos de pertenecer a las fuerzas del infierno”, expresó Carbajal.

Por último, bregó recuperar “la prudencia y mesura para discutir los temas que se vienen en el futuro. Estamos dispuesto a hacerlo y esperemos que el Gobierno recuperen la prudencia y mesura para discutir en serio los problemas”.

“Ojalá que esta ley bases, que no creo que sea la solución a todos los problemas, pero vamos a estar discutiendo las verdaderas leyes para generar estabilidad sin pobreza y empleo de calidad”, cerró.

En su carácter de titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el diputado libertario José Luis Espert fue el encargado de defender el proyecto de ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y se apoyó en el artículo 81 de la Constitución Nacional para insistir con la redacción original a fin de restituir los títulos sobre Ganancias y Bienes Personales.

Al inicio de su alocución Espert pidió a la Cámara que “insista” en la redacción original de alguno de los títulos del proyecto de Medidas Fiscales, Paliativas y Relevantes sancionado el pasado 30 de abril como Cámara de Origen.

“Los intercambios que hemos visto en los medios en los últimos días están fogoneados por quienes hacen de la interpretación constitucional un juego político decadente. Sobre este tema no debería haber ningún debate porque nuestra Constitución es clara al respecto y por encima de las ideas que cada uno pueda tener, y más como legisladores nacionales, ante todo está la Constitución Nacional”, arrancó y señaló que “como diputados nacionales somos los primeros que tenemos que respetar la Constitución. Si la insistencia fuera inconstitucional, yo sería el primero en decir que no podemos insistir”.

En esa línea, Espert se refirió al ‘principio de especificidad normativa’ que “supuestamente dice que cada ley puede abarcar un único tema específico. Fui al texto constitucional y no hallé eso en ningún lado, pero si encontré en el inciso 12 del artículo 75 que le da la atribución al Congreso de sancionar los códigos de fondo –civil, penal, comercial, laboral, seguridad social- todos estos códigos son leyes ómnibus que tratan multiplicidad de temas, o sea, ninguna especificidad normativa”, y agregó: “No hay en nuestra ley fundamental principio de especificidad normativa, sino que va en sentido totalmente contrario. De otra manera, el inc. 12 del artículo 75 de nuestra Constitución no existiría”.

“Esta alusión a la especificidad normativa no surge de la ley, sino de posturas doctrinarias que están lejas de ser discutidas”, disparó.

En segundo lugar, planteó: “El segundo principio que se argumenta en contra de la posibilidad de que esta Cámara insista es el de ‘doble conforme’ que viene de la mano de una supuesta igualdad entre la Cámara de Origen y la revisora, que ambas tienen el mismo peso y tienen que estar de acuerdo en el mismo texto legislativo. Nuevamente en el texto Constitucional el artículo 81 tal principio no está, sino todo lo contrario”.

“En el recorrido de un proyecto de ley la Cámara de Origen posee un plus de poder frente a la Cámara revisora que es el de insistir en su texto original siempre y cuando se respeten las mayorías que establece la Constitución”, señaló Espert.

En tanto, el economista sostuvo que “los constituyentes ante determinados casos previeron que la Cámara de Origen sea el Senado y en otras sea Diputados ej. en materia de contribuciones artículo 52 la cámara de origen es Diputados porque es la que representa al pueblo y éste se beneficia o perjudica con las leyes impositivas, mismo ocurre con el reclutamiento de tropas. En cambio, sobre la coparticipación de impuestos entre Nación y provincias artículo 75 inc. 2 la Cámara de Origen es el Senado donde están representadas las provincias y son las provincias las que más se perjudican o benefician con los cambios en la coparticipación”.

“El doble conforme puede sonar bien, pero no es el sistema adoptado por nuestra ley fundamental de discrepancias entre las cámaras sobre títulos, capítulos, artículos en particular”, afirmó.

Así, preguntó: “¿Dónde se verifica este ‘doble conforme’ cuando la Cámara de Origen insiste en la redacción original de un artículo luego de que la revisora lo haya modificado sustancialmente?”, a lo que respondió: “No existe. Nuestra Constitución propicia una serie de reglas dinámicas que le permiten a la Cámara de Origen insistir en su redacción original en tanto y en cuanto se cumpla con las mayorías que establece su texto”.

“Estas son las dos falacias de argumentos para decir que la Cámara de Origen no puede insistir aún con los títulos desechados por la Cámara revisora como si se tratara de un rechazo total de un proyecto de ley”, resaltó.

Así, pidió aplicar la primera parte del artículo 81 de la Constitución y “cercenarla a esta Cámara revisora su atribución de insistir en la redacción original”.

“¿Puede una Cámara revisora desechar parcialmente, de manera tal, que la Cámara de Origen no puede insistir en lo que redactó originalmente? El capítulo quinto artículo 77 y 84 de la segunda parte de la Constitución expone los actores que intervienen en la formación y sanción de las leyes. Deja muy en claro que solo la facultad expresa de desechar parcialmente un proyecto es del Poder Ejecutivo artículo 80 y 83, ninguna cámara posee esta facultad”, planteó.

Además, Espert se basó en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación la cual dice que “cabe señalar que es principio de ordenamiento Constitucional que ningún poder puede arrogarse mayores facultades que las que le hayan conferido expresamente”; apeló al artículo 19 de la Constitución y resaltó que “habla de facultades expresamente conferidas y en ninguna parte de la Constitución se le confiere a alguna de las cámaras la facultad de rechazar parcialmente un proyecto. Si la Cámara revisora no tiene esa facultad de acuerdo con la Constitución no puede rechazar de manera parcial un proyecto, de manera tal que la Cámara de origen no lo puede insistir en su redacción original”.

“¿Qué sucede cuando la Cámara revisora le devuelve a la de origen un proyecto de ley con algún artículo eliminado o título completo? Algunos juristas ven aquí una ‘laguna constitucional’, sin embargo, ven más bien un espejismo porque la Corte Suprema nuevamente ha dicho que no puede presumirse la falta de previsión de un legislador”, manifestó el libertario y cuestionó: “Algunos pretenden solucionar estas supuestas algunas equiparando y asimilando los efectos de una eliminación a los de un rechazo total”.

Promediando su intervención, el economista leyó el artículo 81 de la CN que establece: “Ningún proyecto de ley desechado totalmente por una de las Cámaras podrá repetirse en las sesiones de aquel año. Ninguna de las Cámaras puede desechar totalmente un proyecto que hubiera tenido origen en ella y luego hubiese sido adicionado o enmendado por la Cámara revisora. Si el proyecto fuere objeto de adiciones o correcciones por la Cámara revisora, deberá indicarse el resultado de la votación a fin de establecer si tales adiciones o correcciones fueron realizadas por mayoría absoluta de los presentes o por las dos terceras partes de los presentes. La Cámara de origen podrá por mayoría absoluta de los presentes aprobar el proyecto con las adiciones o correcciones introducidas o insistir en la redacción originaria, a menos que las adiciones o correcciones las haya realizado la revisora por dos terceras partes de los presentes. En este último caso, el proyecto pasará al Poder Ejecutivo con las adiciones o correcciones de la Cámara revisora, salvo que la Cámara de origen insista en su redacción originaria con el voto de las dos terceras partes de los presentes. La Cámara de origen no podrá introducir nuevas adiciones o correcciones a las realizadas por la Cámara revisora”.

“Más allá de las apariencias acá no hay un debate constitucional genuino, lo que hay es una dinámica por la cual se utiliza una interpretación constitucional para encubrir intereses políticos, juego de tironeos, confusión, estiramiento conceptual”, denunció y cerró: “Todas las familias esperan que insistamos en el proyecto original, que no es inconstitucional, vienen a marcar un nuevo horizonte para el país y un nuevo punto de inflexión y tenemos que hacerlos para crear las condiciones de una argentina próspera y salir del pozo de villa miseria donde nos hundió el kirchnerismo. Vamos a insistir con los dos títulos del paquete fiscal, de Ganancias y Bienes Personales”.

La Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, presidida por el diputado Fernando Iglesias (Pro), sesionó en minoría este miércoles y emitió dictamen favorable al proyecto en revisión que aprueba la enmienda sobre el comercio de servicios del Mercosur. También pasó a la firma proyectos que expresan preocupación por las “violaciones” en Venezuela de cara a las próximas elecciones a celebrarse en dicho país.

El secretario de la comisión dio lectura al artículo 108 del reglamento interno que establece: “Las comisiones necesitarán para funcionar de la presencia de la mayoría de sus miembros, pero luego de transcurrida media hora desde la establecida en la convocatoria podrán, con la asistencia de por lo menos la tercera parte de sus componentes considerar y despachar los asuntos consignados en la citación correspondiente”, y aclaró que “la tercera parte de los miembros de esta comisión serían 15 el número de diputados y tenemos 18”.

El titular de la comisión comentó que recibió una nota de disculpas del diputado Santiago Cafiero (UP) porque “tiene reunión de bloque. Mañana es una sesión movida y dado que era sabido que íbamos a conseguir quórum en minoría no iban a venir”.

“Es la séptima reunión de la comisión y me enorgullezco en decir que tuvimos una performance destacable con la sanción de 47 resoluciones entre tratados, acuerdos, otros temas operativos con el apoyo en 46 con unanimidad. Es una cosa notable que habla muy bien de todos y de la presencia”, destacó.

Iglesias comentó: “Mi intención es que sea la última reunión operativa con capacidad de despacho antes del receso. Probablemente hagamos una informativa por las elecciones en Venezuela y es un tema importante que tiene un gran impacto en la región con la participación de actores involucrados que cuentan cómo es la situación”.

El primer proyecto de ley que se puso en consideración viene en revisión por el cual se aprueba la Enmienda al Protocolo de Montevideo sobre el comercio de servicios del Mercosur, firmada en la Ciudad de Bento Goncalves – República Federativa del Brasil – el 5 de diciembre de 2019, que ya fue tratada por la Comisión del Mercosur. Al respecto, el diputado del Pro explicó que “se trata de una enmienda que facilita los servicios. Fue aprobada en Mercosur cuando era presidente y es simplemente de trámite administrativo”.

Otra de las iniciativas declara que el Parlamento del Mercosur (PARLASUR) es un instrumento fundamental de la integración regional, la construcción de ciudadanía, la consolidación de la democracia y el desarrollo de los estados parte y otras cuestiones conexas.

“Este punto es un poco más político, pero está incluido en un proyecto de reforma institucional del Mercosur sobre el cual estamos avanzando y hay un acuerdo en principio por parte del Ejecutivo Nacional de impulsar esto y se va a tratar”, planteó el titular de la comisión.

Así, contó que “se están haciendo los contactos e incluye tres puntos fundamentales: el primero es la reforma del Parlamento del Mercosur para dotarlo de capacidad legislativa y disminuir sus costos para hacerlo razonable en un contexto de escases de recursos que adolece a toda la región”.

“Tenemos un Parlamento del Mercosur hipertrofiado, con costos que se pagan o no se pagan de acuerdo a resoluciones judiciales, con incapacidad legislativa enorme y es pervivido como un gasto inútil. Tenemos que mejorarlo y el proyecto va en ese sentido”, explicó Iglesias y sumó: “El segundo aspecto es crear una agencia anti mafias del Mercosur que es un tema muy actual. Hoy tenemos el caso de Loan un crimen trasnacional donde claramente hay mafias que operan de manera trasnacional entre Argentina y Paraguay y los casos son incontables y tenemos que tener una estrategia en común para enfrentarlos todos los países del Mercosur que llevamos 20 años de integración y necesitamos de una vez tomar en primera fila estos temas que afectan a la ciudadanía”.

“El tercer punto es una ampliación de la cláusula democrática del Mercosur forma parte de un plan de reforma que estamos tratando de impulsar desde el Ejecutivo”, cerró respecto del proyecto.

También se trató una iniciativa para expresar su adhesión en conmemoración al genocidio del que fue víctima el pueblo armenio el 24 de abril de 1915 al día de acción por la tolerancia y el respeto entre los pueblos conforme a la Ley 26.199 asimismo expresar su más profundo pesar al conmemorarse el 109° aniversario del genocidio armenio cometido por el Imperio Otomano entre 1915 y 1923 y condenar toda manifestación que promueva la intolerancia o difunda doctrinas negacionistas del delito de genocidio en cualquiera de sus formas.

El diputado Damián Arabia (Pro) se refirió al proyecto para expresar repudio por “el acto terrorista perpetrado en la República de Chile el 27 de abril de 2024 en las cercanías de la ciudad de Concepción en la que tres miembros de carabineros resultaron asesinados y manifestar nuestra solidaridad con el pueblo chileno y autoridades del país”, y explicó que “no solo pone sobre la mesa la situación que desea expresar el Congreso sobre lo ocurrido en el hecho concreto, sino que pone de manifiesto una situación muy  grave que ocurre en la Patagonia argentina que coinciden en términos de problemas con hechos como este”, y denunció que “hay una lógica sistemática de generación del terror, de la idea de no soberanía, de no orden y una idea de atentado contra las fuerzas policiales y de seguridad tanto en Chile como en nuestro país”.

Sobre el expediente que propone expresar preocupación y condena a la violación de la convención de asilo diplomático suscripto en 1954 por la República Bolivariana de Venezuela, frente a la obligación de otorgar salvoconductos a los asilados políticos en la Embajada argentina en Caracas, el diputado Arabia comentó que son 93 días los que llevan los dirigentes políticos venezolanos refugiados en la embajada y denunció que “muchas veces se habla de cuestiones vagas, no se menciona con datos concretos cuáles son las supuestas denuncias sobre violaciones derechos humanos y a la libertad”.

En ese sentido, su par de bancada Hernán Lombardi expresó: “Hay que tener especial cuidado y mirada de lo que está pasando en Venezuela. Se vota, pero bajo el régimen de la dictadura de Maduro. Tenemos que ser solidarios y estar atentos a lo que sucede. Me parece muy importante adherirnos, que hagamos esta declaración y que hagamos todos los esfuerzos para que haya una misión de observación de las elecciones en Venezuela”, y remató: “Nada se puede esperar de Maduro, un dictador sangriento”.

Expresar preocupación, interés y exhortación a favor de la constitución de una misión de observación electoral (MOE) de la Organización de Estados Americanos para las elecciones presidenciales de la República Bolivariana de Venezuela, a celebrarse el 28 de julio de 2024.

Expresar apoyo a los activistas democráticos cubanos al conmemorarse el tercer aniversario de las protestas del “11 J”, y otras cuestiones conexas.

El último expediente propone expresar su condena y preocupación por la violación a manos del régimen de Maduro del Acuerdo de Barbados firmado por las autoridades venezolanas y partidos opositores, al no permitir la observación de la Unión Europea en los comicios a realizarse el 28 de julio de 2024.

“El día 20 de junio el gobierno venezolano ratificó el rechazo a la misión de observación de la Unión Europea. En mayo quisieron poner como condición de cambiar esta situación que se levantaron las sanciones ejercidas sobre Venezuela, en una maniobra totalmente irregular y que no explica de ninguna manera la violación del tratado”, informó Arabia y solicitó armar una mesa de trabajo para observar día a día las medidas llevadas a cabo en Venezuela.

Con la presencia de especialistas, la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados se reunió este martes y debatió sobre “las experiencias, políticas, buenas prácticas y balances” del Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (ENIA).

A raíz de la desinversión por parte del Gobierno nacional, con la no renovación de contratos de profesionales y asignación de insumos, diputados como Pablo Yedlin (UP) -presidente de la comisión-, Cecilia Moreau (UP), Pablo Juliano (UCR) y Carla Carrizo (UCR) presentaron sendos pedidos de informes. Por su parte, los santafesinos Mónica Fein y Esteban Paulón (PS) impulsan una iniciativa para que el programa se jerarquice a través de una ley.

El Plan ENIA, que tiene como objetivo reducir el embarazo en adolescentes y jóvenes de entre 13 y 24 años en todo el país, se implementó en 2018, bajo la gestión de Cambiemos, y luego fue sostenido por el gobierno del Frente de Todos. Sin embargo, este año se dieron por finalizadas 619 contrataciones de consultores que significaban 1.150 millones de pesos. Desde el Ministerio de Salud, a cargo de Mario Russo, aseguran que mantendrán el plan, pero quieren que sean las provincias las encargadas de sostenerlo.

Desde su inicio hasta el 2021, el Plan ENIA logró reducir la tasa de fecundidad adolescente (entre 10 y 19 años) de 49,2% a 27%, lo que significa una caída del 49%. Así, Argentina pasó de tener 69.803 adolescentes entre 15 y 19 años y 1.938 niñas menores de 15 años que tuvieron un hijo o hija en 2019 a 46.236 adolescentes entre 15 y 19 años y 1.394 niñas menores de 15 años tuvieron un hijo o hija en 2021.

Al respecto, el titular de la comisión el tucumano Pablo Yedlin (UP) manifestó: “Argentina ha mostrado en este tema una respuesta muy buena de parte del Estado. Hemos disminuido al 50% la cantidad de embarazos no intencionales adolescentes, seguramente han concurrido múltiples factores a este resultado exitoso, pero sin dudas uno de esos factores ha sido este programa nacional que, además, tiene la característica de haber sido creado en la gestión de Mauricio Macri, continuado por la gestión de Alberto Fernández y sostenido por la actual gestión de Milei”.

Yedlin explicó que la idea de la reunión es “revisar los resultados del programa, sus problemas, las diferencias y avanzar en un proyecto de ley que garantice que estas políticas de Estado que han sido exitosas se sostengan en el tiempo”.

El primer panel en exponer explicó la gestión nacional del programa, siendo la investigadora Silvina Ramos la primera en disertar quien destacó que se trata del “diseño e implementación de una de las políticas más exitosas que la Argentina ha encarado en los últimos años y creo oportunidades para el desarrollo personal de los jóvenes”.

Así, recordó que en el 2019 se presentaron los lineamientos del plan y ya los resultados que “en ese momento eran claros y contundentes. En ese momento la cámara se comprometió a hacer un seguimiento de la política, a apoyarla y a ser vigilante de los cumplimientos del plan”, y destacó: “Nos complace saber que el compromiso que asumió la cámara en el 2019 sigue activo y firme y se expresa en los proyectos de ley para sostener esta política. Este es un plan que traspasó gestiones de gobierno y es una de las pocas políticas de Estado que podemos mostrar en el campo sanitario”.

A su turno el secretario de Niñez y Familia durante la gestión de Cambiemos, Gabriel Castelli, contó que “el plan tiene como objetivo central tratar de reducir la tasa de embarazo adolescente no deseado. 7 de cada 10 chicas manifestaban que el embarazo no era deseado y para que no se tildara que el plan quería reducir la tasa de embarazo en entornos vulnerables, se estableció esa connotación”.

“El embarazo adolescente era una dificultad en las terminaciones educativas porque era una de las principales causas del abandono escolar secundario y el impacto a futuro en la vida de los adolescentes”, señaló y agregó: “Tenemos un país federal que la implementación no está de la mano del poder del Ejecutivo, sino de la implementación de las provincias. Por eso nos sentamos a hablar con todos los ministros de las provincias y tratar de sensibilizarlos de hacer un abordaje y de trabajar sobre esta problemática de alcance nacional”.

Castelli señaló que las provincias del NOA y el NEA “tenían las tasas de embarazos no deseado más altas. Creamos equipos en conjunto entre Nación y provincia para definir el plan de abordaje en cada territorio dándole la libertad a las provincias de que elijan las ciudades y establecimientos donde empezaran a implementar el plan. Hubo provincias donde nos costó este trabajo interministerial”.

“Que el Gobierno nacional anuncie una política pública no deja de ser un mero enunciado si la provincia no se apropia de este desafío y necesidad y la traduce internamente en la locación de recursos humanos y financieros para trabajar en esta temática”, indicó y cerró: “A lo largo del tiempo y distintas administraciones se ha logrado mantener algo que todos compartimos. Si bien Nación puso todos los recursos humanos y financieros y luego las provincias aportaron cada una sus recursos, en lograr que toda la gente que estuvo trabajando fueran soportados mayoritariamente por presupuesto de Nación, pero propuesto por cada jurisdicción”.

Castelli planteó que “en muchos casos en el eje de Nación en algún momento, y se está manifestando por parte del Gobierno nacional de manera muy abrupta, hay una confusión tan grande de roles entre el Estado, las provincias y municipios de que el plan fue un punto de partida de que deben asumirlo como un compromiso al interior de sus provincias, esto no va a cambiar por más que se mande plata y anticonceptivos. La manera en que se discontinuó estos primeros meses de esta gestión de este gobierno no fue la mejor, pero si el plan preveía un mecanismo de adhesión de las provincias y la implementación dependiera de ellas”.

A su turno, Valeria Isla exdirectora nacional de Salud Sexual y Coordinadora a general del plan en la gestión de Alberto Fernández explicó: “Esta política pública está dirigida a resolver uno de los problemas clave para el desarrollo de la inserción social de los adolescentes de nuestro país; lleva cinco años de implementación con resultados muy claros”, y consideró: “Es estratégico sostener su implementación para seguir generando oportunidades vitales para la generación actual de los adolescentes”.

“La tasa de fecundidad tardía adolescente de 15 a 19 años entre 2018 y 2021 disminuyó en un 49%, en 2008 7 de cada 10 embarazos adolescentes entre 15 a 19 años eran no intencionales y en el 2021 eran 5 de cada 10. Es el impacto del plan ENIA en estos años. La solución tenía que ver con el abordaje integral con políticas intersectoriales. Se invirtió en recurso humano especializado en cada territorio, la capacitación que recibieron, la inversión año tras año para trabajar de forma directa, los insumos enviados. Más allá del financiamiento que es muy importante, también es necesario acompañar a las provincias y que el Estado nacional o el Congreso puedan contemplar la inversión en recurso humano porque sin inversión en recurso humano, sin dispositivos en educación sexual, no hay impacto en el problema y en seguir descendiendo los números”.

Isla también remarcó la inequidad territorial porque “si uno mira los números del descenso de embarazo adolescente en 2017 y las provincias del NOA y el NEA respecto de otras provincias como las patagónicas, uno ve una brecha de desigualdad enorme. En 2021 y 2022 gracias al plan ENIA esa brecha disminuyó”, y destacó el espacio de la ESI y la capacitación docente en su articulación con el área de salud.

“Estos equipos hace unos meses, más de 700 profesionales, fueron desvinculados del plan ENIA y esos recursos no se mandaron a las provincias, se han reasignado para otros fines”, denunció y sumó: “Los insumos como DIU e implantes de una y dos varillas de larga duración tienen retrasos en la distribución y no hay certidumbre para que estos recursos y procesos lleguen a las provincias y servicios de salud.

Y cerró: “Consideramos necesario la sanción de una ley que reconozca y financie esta política pública y brinde herramientas a las provincias para su implementación como dispositivos, recursos humanos, monitoreo, planes operativos”.

De la vereda de enfrente, Paula Zingoni, subsecretaria de Relaciones Sectoriales y Articulación del Ministerio de Salud de la Nación, señaló que “se trata de una política pública que trasciende a tres Gobiernos”, y defendió que “le estamos dando continuidad a este Plan ya que lo consideramos importante porque centra a los adolescentes en el marco de una mirada de salud integral, inclusiva, e implica mejoras para el desarrollo de la sociedad”.

Asimismo, la funcionaria de la Cartera de Salud puntualizó: “Una política requiere de la sinergia y colaboración de todos los sistemas, aun no existiendo un marco normativo que nos obligue a esto”, y añadió: “Estamos buscando abarcar de una manera lo más integral posible la salud de los adolescentes”.

“Encontramos oportunidades de mejora. Tomando todo el capital que se ha desarrollado en estos últimos cinco años, como lo han manifestado mis compañeros de mesa, que es indiscutible, y también lo que hemos podido recoger a través de las distintas jurisdicciones en los encuentros que realizamos, nosotros encontramos algunas cuestiones que merecen la oportunidad de ser, como dije recién, mejoradas”, manifestó la funcionaria oficialista.

Así, planteó: “¿A qué me refiero cuando hablo de esto? Por ejemplo, entendemos que la implementación como cualquier política pública de atención primaria de la salud, aquellos que entienden hablamos del primer contacto que tiene la población con el sistema de salud, no hay mejor implementación que sea a través de los propios equipos territoriales, que son quienes conocen a esa población, donde circulan y transitan estos adolescentes”.

En ese sentido, Zingoni afirmó que están “trabajando con las distintas jurisdicciones, entendiendo que para ellos también es una prioridad dar una continuidad a esta política pública. Desde el nivel central, desde el nivel Ejecutivo, el Ministerio de Salud de la Nación, no se plantea solamente la rectoría en términos de un discurso. Para nosotros es más que una rectoría: es coordinar, es articular. Hemos retomado la Unidad Ejecutora Nacional””.

“La participación la Senaf, la participación de Educación e incluso hemos convocado al Consejo de Políticas Sociales dependiente de Capital Humano, y hemos pedido a este consejo que nos acompañe en una especie de monitoreo externo, de poder acompañarnos viendo nuestros indicadores, viendo cómo se va sucediendo esa implementación en las distintas jurisdicciones”, comentó.

En esa línea, precisó que “además de este rol rector, articulador, coordinador, también estamos dando continuidad a la distribución, compra y distribución de los insumos”, y cuestionó: “Cuando tomamos la gestión el 8 de diciembre del 2023, se había realizado un corte en términos de stock de los insumos; contábamos con seis mil seiscientos tratamientos de misoprostol, por ejemplo, con quince mil novecientos tratamientos de combipack, con un número importante de implantes subdérmicos, los cuales continuaron con su distribución”.

“Todos los procesos de compra de insumos que requieren este plan, son de consulta pública, cualquiera los puede consultar y están en proceso”, afirmó.

La subsecretaría informó que han mantenido reuniones con el Consejo Consultivo del Plan ENIA y sumó: “Este Consejo Consultivo no tiene un marco normativo que lo constituye. Una política tan importante como esta requiere de la sinergia y la colaboración de todos los actores de la sociedad, del sistema público, del sistema privado, de los organismos del tercer sector, los hemos convocado, aun no existiendo un marco normativo definitivo que nos obligue a esto”.

“En esta reunión que pudimos mantener con algunos de los organismos que lo componen, porque no pudieron participar todos por distintas cuestiones, los hemos invitado a contribuir para hacer sinergia en aquellas cosas que quizás en este momento no se pueda o no se dé respuesta desde algún lugar por las competencias que corresponden”, contó.

Por último, indicó: “Estamos trabajando con UNFPA (Fondo de Población de las Naciones Unidas) para dar continuidad a un convenio que tenían, que tenía un vencimiento en el mes de abril. Hemos hecho todos los esfuerzos para que ese convenio se extienda hasta fines de año, donde van a participar y contribuir con las capacitaciones, el monitoreo, la gobernanza política necesaria para poder llevar adelante la implementación del plan. Estamos trabajando con UNICEF, con la OPS, para poder dar continuidad y abarcar de una manera lo más integral posible, la salud de los adolescentes”.

En contraposición, Federico Paruelo, director de Niñez y Adolescencia de la Dirección Provincial de Salud Comunitaria de la Subsecretaría de Atención y Cuidados Integrales en Salud de la Provincia de Buenos Aires, consideró que “el embarazo adolescente es una problemática que, entre otras cuestiones, profundiza la desigualdad social y aleja a las adolescentes de la escuela”.

“La situación del programa en la que estamos los últimos meses es una preocupación. La provincia de Bs. As fue una de las priorizadas que desde el 2018 comenzó a implementar el plan ENIA. Se trabajó en 5 municipios -Morón, Quilmes, Almirante Brown, San Martin y Lanús-. Se trabajó de forma intersectorial entre las áreas de desarrollo social, educación y salud. Cada dispositivo contaba con el aporte por parte de Nación que era el financiamiento de recurso humano, provisión de insumos específicos para la implementación del plan de larga duración”.

“En la provincia de Buenos Aires desde el año 2019 hasta 2022 se redujo en un 32% la fecundidad adolescente y en menores de 15 años hubo una reducción del 37%”, detalló.

Paruelo denunció que “estamos frente a un escenario de desintegración del programa ENIA en los últimos meses. La realidad es que hoy tenemos que pensar en cómo dar respuesta al proceso de desintegración que se está dando porque desde el Ministerio de Salud de la Nación financiaba recursos humanos y proveía insumos, pero el 16 de abril recibimos una comunicación en el que se planteó un rediseño que implicaba el cese de contrataciones de todo el recurso humano que llevaba adelante el programa. Esto redunda en un desmembramiento de todos los equipos a nivel territorial”.

A nivel insumos, alertó: “Se planteó que las compras estaban iniciadas, pero durante el año 2023 en concepto de ENIA recibimos 10 mil implantes sub dérmicos y 1 mil DIU. Este año se nos han enviado 200 implantes en lo que va en estos 6 meses. No hemos recibido insumos de salud sexual de otras características que impactan negativamente en poder sostener estos procesos de reducción progresiva de fecundidad adolescente que es una problemática que desvincula del sistema educativo, laboral, inclusión social, profundiza la desigualdad social”.

Luego, Marisa Graham, responsable de la Defensoría de las Niñas, Niños y Adolescentes, ponderó la importancia del plan ENIA, aunque remarcó que “los planes nacionales si no tienen proyección en las provincias, están en el aire”.  “El financiamiento de este plan debe ser nacional y federal”, especificó y pidió hacer foco en “el embarazo infantil”, y “su vínculo con el delito de abuso sexual”.

A su turno, la médica Claudia Castro detalló: “En Jujuy teníamos un 19% de nacidos vivos de madres adolescentes contra un 14.5% a nivel nacional. Esta brecha se fue disminuyendo gracias al Plan ENIA y llegamos a estar por debajo de la media nacional con un 7.5% en 2023”. Mientras que Luz Noli: “El Plan ENIA vino a saldar esa deuda con las adolescencias de tener un espacio de escucha y que sea ejecutado por personal capacitado, ya que llegaban con un montón de demandas e inquietudes personales”.

De cara al tramo final de esta larga discusión planteada en torno a la ley de Bases y el paquete fiscal, que terminará resolviéndose este jueves en el recinto de Diputados, oficialistas y los bloques dialoguistas continuaron negociando este lunes en el despacho del presidente de la Cámara de Diputados. La idea es tratar de llegar a un acuerdo en torno al dictamen que llevarán al recinto ese día y terminar la jornada con los dos proyectos convertidos en ley.

Con ese objetivo estuvieron este lunes por parte del Gobierno el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, y la secretaria de Planeamiento Estratégico Normativo, María Ibarzábal Murphy. Además del anfitrión, Martín Menem, estuvieron los diputados oficialistas Gabriel Bornoroni, José Luis Espert, Santiago Santurio, Nicolás Mayoraz y Nadia Márquez. También Oscar Zago, del MID; las diputadas del Pro Silvia Lospenatto y Silvana Giudici; las radicales Karina Banfi, Carla Carrizo y Pamela Verasay; por Hacemos Coalición Federal Miguel Pichetto, Emilio Monzó y Oscar Agost Carreño, y Juan Manuel López, de la Coalición Cívica.

Cada una de las partes llegó al encuentro iniciado pasadas las 17.30 con una intención bien definida. Partiendo de los oficialistas, con la intención ya manifestada de tratar de reflotar todo lo posible de la media sanción de Diputados. Esto ese, reflotar las privatizaciones de Aerolíneas, Correo y RTA, fundamentalmente.

En esa misma dirección se anotaron los radicales, tal cual lo adelantaron en redes sociales el viernes pasado, en pleno feriado XL. El Pro, asociado a La Libertad Avanza, también tenía la postura de ratificar todo lo posible de lo sancionado en la Cámara baja.

No era esta la postura con la que llegaron los miembros de Hacemos Coalición Federal. Tal cual había anticipado parlamentario.com, en ese bloque prevalecía la postura de su presidente, Miguel Pichetto, poco dispuesto a rechazar lo acordado en la Cámara alta, como pretendían muchos entre los bloques dialoguistas. Fundamentalmente no estaba de acuerdo el excompañero de fórmula de Mauricio Macri en pasar por alto rechazos del Senado y, sobre todo, insistir con la sanción de Diputados en títulos que no hubieran sido tratados en el Senado. Por caso, la moratoria previsional. O las privatizaciones de Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina, excluidas expresamente del dictamen que se debatió en el Senado.

Finalmente esta postura terminó prevaleciendo en la reunión de este lunes. Porque hacer lo contrario llevaría a una posterior judicialización de buena parte de ambas leyes. “No le terminaría siendo útil al Gobierno”, observó un miembro de HCF. Más allá de eso, lo que terminó convenciendo al resto fue la convicción de que “no están los votos” para ganar en el recinto. Así las cosas, a regañadientes aceptaron en el oficialismo y los aliados lo que permitirá evitar una discusión interminable sobre si se puede o no hacer lo que pretendían los diputados que quieren hacer prevalecer mucho de lo votado el 30 de abril. En ese sentido, hay dos bibliotecas confrontando y está claro que terminaría llevándose la discusión al terreno judicial.

De tal manera estaría decidido avanzar con la ley de Bases tal cual llega del Senado, y en el caso del paquete fiscal, hacer valer lo que originalmente les pidieron desde el Gobierno: reflotar Ganancias y Bienes Personales.

No les será fácil, pues está complicado el tema sobre todo con Ganancias, donde muchos están replanteando sus votos. Sobre todo los patagónicos. Recordemos que en la Cámara alta se había acordado un piso especial para el impuesto para los trabajadores patagónicos. Al ser rechazado esos artículos, esa “mejora” para los patagónicos se perdió, y si se reflota lo de Diputados, terminan perdiendo. Se verá.

También harían un intento de incluir en el dictamen el artículo 111, que en su intención de mejorar la recaudación quitando privilegios tributarios parecía estar dirigido a Tierra del Fuego. Ahí el rechazo alcanzó los 2/3, pero radicales y lilitos querrían incluirlo igual, aunque sea de modo testimonial.

De todos modos, este martes habrá una nueva reunión a las 13 en el despacho de Martín Menem para seguir hablando del dictamen que dos horas después suscribirán en el plenario de las comisiones que tratan la ley de Bases, primero, y luego desde las 18 la reunión de Presupuesto para dictaminar sobre el proyecto de ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes.

Si bien ya estaría resuelto entre los más alineados con el Gobierno “aceptar lo que modificó el Senado, porque no dan los votos para insistir con privatizaciones”, ellos intentarán insistir con eso este martes. En el capítulo fiscal, insistirán entonces solo con Ganancias y Bienes Personales.

En una semana clave para el oficialismo en la Cámara baja, donde buscará finalmente sancionar la ley de Bases y el paquete fiscal, el presidente Javier Milei volvió a llamar “degenerados fiscales” a los diputados que aprobaron la media sanción de una nueva fórmula de movilidad jubilatoria.

Desde República Checa, donde culminará su gira europea, que también lo llevó por España y Alemania, el jefe de Estado aseguró que “no hay país en el mundo donde no nos reconozcan nuestra tarea titánica en términos de bajar la inflación, del ajuste fiscal que estamos haciendo”.

En diálogo con Radio Mitre, Milei destacó el dato de que en la tercera semana de junio la inflación en alimentos fue de 0%, según la consultora Econométrica. “Eso significa que vamos por el camino correcto, falta mucho pero aparecen indicios de que las cosas están funcionando”, expresó.

Más adelante, cuestionó “el intento desestabilizador golpista y de romper el equilibrio fiscal por parte de ciertos grupos de la oposición” en alusión a la votación del proyecto que la oposición más dura y la dialoguista consensuaron y aprobaron veinte días atrás.

En ese sentido, el presidente consideró que esa acción “hizo que el precio de los bonos caiga” y agregó: “El dólar no saltó por un problema de índole monetaria o por un problema del mercado de cambios, sino que el dólar saltó porque se contaminó el precio de los bonos con el accionar de estos diputados irresponsables”.

En un sistema bicameral federal el elemento central del proceso de formación y sanción de las leyes es la voluntad afirmativa mediante la cual se aprueba un proyecto de ley. Solo la concurrencia afirmativa puede transformar un proyecto de ley en una ley sancionada por el Congreso.

La voluntad afirmativa de la Cámara de origen se manifiesta aprobando o rechazando, en general, un proyecto de ley, como así también, aprobando o rechazando artículos, capítulos o títulos en particular. Es tan nítida la diferencia constitucional en el ámbito del trámite parlamentario entre aprobar y rechazar que cuando la Cámara de origen rechaza parcialmente artículos, capítulos o títulos, el proyecto que se remite a la Cámara revisora para su tratamiento solo contiene lo aprobado y desecha lo rechazado.

La voluntad afirmativa de la Cámara revisora se manifiesta aprobando o bien aprobando con adiciones o correcciones el texto remitido por la Cámara de origen. Nunca un rechazo parcial de la Cámara revisora puede ser asemejado a una aprobación con adiciones o correcciones por cuanto carece de voluntad afirmativa.

El artículo 81 habla por un lado de “proyecto desechado totalmente por una de las Cámaras” y por el otro de “aprobar el proyecto con las adiciones o correcciones”. A qué se asemeja más el rechazo parcial de la Cámara revisora: ¿al concepto de rechazo (desechado) como una especie dentro del género o a la aprobación con adiciones y correcciones que requiere de una voluntad afirmativa que un rechazo lógicamente nunca habilita?

La invocación del caso “Barrick” (2019) de la Corte Suprema de Justicia no es aplicable. En primer lugar, lo que se debatió es distinto (consistió en la potestad de la Cámara de origen de eliminar uno de los artículos de un proyecto que había sido aprobado con adiciones y correcciones por la Cámara revisora). En segundo lugar, el tribunal invocó la existencia de una norma parlamentaria y una práctica parlamentaria sobre el tema que en el presente caso no existe (es realmente elocuente que nunca se haya hecho antes).

El proyecto de reforma fiscal es una ley ómnibus que incluye en un solo cuerpo normativo distintas materias abordando temáticas que no están relacionadas entre sí. Esta clase de normas configura una excepción al principio de especificidad legislativa.

Por dicho motivo, por ejemplo, el rechazo por 41 votos negativos contra 31 votos positivos del Título V (arts. 75 a 91) referido  al impuesto a las ganancias -que es una “ley dentro de la ley”- por parte de la Cámara de Senadores hace todavía más ostensible la inconstitucionalidad de la Cámara de Diputados de pretender reestablecerlo.

La Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, presidida por diputado Daniel Gollán (UP), se reunirá para debatir un proyecto que busca garantizar el financiamiento del sistema nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación -de autoría de Mónica Macha– y otro que busca declarar la emergencia del mismo durante el vigente período fiscal -de Gollan-.

El encuentro se llevará a cabo el próximo martes 25 de junio a las 15 en el Anexo “A” en la que también completarán la integración de la comisión con la elección del vicepresidente primero, se pondrán a consideración diversos proyectos de declaración y resolución. Entre ellos varios pedidos de informes al Poder Ejecutivo sobre diversas cuestiones relacionadas con la agencia nacional de promoción de la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación.

También iniciativas que buscar expresar beneplácito y reconocimiento al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) elegida por quinto año consecutivo como la principal institución científica de Latinoamérica.

En el mismo sentido, otra iniciativa busca expresar reconocimiento a las científicas argentinas Adriana de Siervi y Marina Simian del CONICET y de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) por el desarrollo del test oncoliq, de detección temprana de cáncer de mama.

Pese a las modificaciones acordadas en el Senado para darle aprobación a la ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos y el paquete fiscal -con una ajustada votación que tuvo que desempatar la vicepresidenta Victoria Villarruel-  el Gobierno reclama a los diputados dialoguistas que insistan por el proyecto original que salió de dicha cámara, pero desde el bloque de senadores de la UCR le hicieron un pedido particular a Diputados.

A través de un comunicado difundido este martes desde la bancada que comanda el correntino Eduardo Vischi, los senadores radicales resaltaron que “con actitud propositiva y en línea con las esperanzas de cambio de los argentinos, trabajó intensamente y realizó importantes aportes a los proyectos ‘Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos’ y ‘Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes’, enviados por el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso”.

En el mensaje se resaltó que “los expedientes, tras su media sanción en la Cámara de Diputados, fueron trabajados a conciencia, en nueve extensas y productivas jornadas, a lo largo de un mes y medio de tratamiento en comisiones”.

“Durante ese tiempo se recibió y escuchó a más de 50 expositores y funcionarios nacionales, sumando unas 60 horas de debate que enriquecieron los textos con la contribución de este y otros bloques legislativos. Finalmente, dicho proceso culminó con otras 22 horas de sesión y las votaciones afirmativas en general”, agregaron.

Asimismo, indicaron que en el debate en la Cámara alta se lograron “modificaciones de relevancia, como las que se hicieron al capítulo de Privatizaciones, para resguardar organismos de importancia estratégica federal; al RIGI, con el objetivo de contener e impulsar a las PyMEs y a las economías regionales; y al apartado de Modernización Laboral que, en base a las iniciativas que hemos presentado en esta Cámara, busca la registración laboral y la expansión del mercado laboral argentino”.

“Cumplimos el rol para el que la sociedad nos eligió y que espera de nosotros. No votamos a libro cerrado, ni somos un engranaje más de la ‘máquina de impedir’ que sólo obstaculiza, demora y bloquea los cambios. Estamos convencidos, que el trabajo desarrollado mejoró los proyectos. Solicitamos a la Cámara de Diputados que evalúe los aportes a conciencia y los considere para acompañarlos en su sanción definitiva”, concluye el documento.

El bloque conducido por Germán Martínez anunció este jueves que realizará una denuncia ante la Justicia Federal por “la represión a diputadas y diputados nacionales de nuestro bloque”.

A través de un posteo en las redes sociales muestran registros audiovisuales donde puede verse lo que para ellos deja claro que “la agresión fue planificada y direccionada desde el más alto nivel del Ministerio de Seguridad de la Nación”.

“Asimismo, notificaremos la realización de la denuncia penal al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”, señalan desde Unión por la Patria, convencidos de que “el accionar policial y las posteriores expresiones de (Patricia) Bullrich lo ameritan.

REPRESIÓN A DIPUTADOS.

Realizaremos una denuncia ante la Justicia Federal por la represión a diputadas y diputados nacionales de nuestro bloque.

En los registros audiovisuales puede verse que la agresión fue planificada y direccionada desde el más alto nivel del Ministerio de… pic.twitter.com/h49hP8FQYK

— GERMAN MARTINEZ (@gerpmartinez) June 14, 2024

Finalmente el oficialismo consiguió entre este miércoles y jueves la aprobación de los proyectos de ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, y Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes, que ya tenían media sanción de Diputados. Luego de las modificaciones realizadas en el Senado, ambas normas vuelven en segunda revisión a la Cámara baja.

Artífice clave del tratamiento de ambos proyectos del Poder Ejecutivo, el jefe de Gabinete Guillermo Francos no quiere perder ni un minuto y por eso concurrió este jueves al Congreso, para reunirse con diputados del sector dialoguista, con el fin de comenzar a analizar los tiempos para el debate en Diputados.

Participaron de la reunión el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y los diputados Cristian Ritondo, Silvia Lospenatto y Silvana Giudici, por el Pro; Gabriel Bornoroni, Nicolás Mayoraz y Santiago Santurio, de La Libertad Avanza; Miguel Pichetto y Juan Brugge, de Hacemos Coalición Federal, y Juan Manuel López por la Coalición Cívica.

Además estuvieron el jefe del bloque radical, Rodrigo de Loredo; Pamela Caletti (Innovación Federal); Carolina Píparo (Buenos Aires Libre); y Cecilia Ibáñez y Eduardo Falcone (MID).

Acompañaban a Francos el vicejefe de Gabinete, José Rolandi; y la secretaria de Planeamiento Estratégico Normativo, María Ibarzábal Murphy.

Obviamente se habló de la fecha en la que se llevarán al recinto ambos proyectos y ya se barajan las fechas del miércoles 26 o jueves 27 de junio, teniendo en cuenta que la próxima semana tendrá solo dos días hábiles. Lo que sí se debe tener en cuenta es que el proyecto debería pasar primero por las comisiones, con el fin de emitir un dictamen donde se establecerá la  postura de Diputados respecto de las modificaciones realizadas en la Cámara alta.

Por lo que pudo saberse, desde el Gobierno la preferencia es que se insista en lo que Diputados dio media sanción. En este contexto se conoció la postura del diputado radical Fernando Carbajal, quien advirtió que Diputados no puede insistir con moratoria previsional, Ganancias, ni Bienes Personales, porque a su juicio lo que el Senado rechazó “quedó afuera”. El legislador formoseño sostiene que “el sistema es bicameral, ambas cámaras deben aprobar. Lo rechazado queda afuera”.

Sus propios pares del bloque radical  no coinciden con la opinión de Carbajal. Argumentan que la Constitución hablan de desechar totalmente un proyecto, y no es lo que ha ocurrido. El desechar parcialmente un proyecto es una corrección al mismo, que puede ser revisada por la Cámara de origen, habilitada en ese caso a insistir.

Los interrogantes abiertos se irán despejando en los próximos días. Hay tiempo hasta la sesión, si se confirma para la fecha citada.

Mientras en el Senado de la Nación se desarrollaba la Sesión Especial por la ley Bases, del otro lado del Salón de Pasos Perdidos en Diputados estaba en agenda diez reuniones de comisión a desarrollarse a lo largo de este miércoles, pero solo se llevaron a cabo la mitad, debido a que las demás fueron suspendidas por los incidentes en las afueras del Congreso de la Nación.

Los incidentes en los alrededores del Parlamento se iniciaron cerca de las 12.30 del mediodía, momento en el que se desarrollaba la reunión de la Comisión de Mercosur y la de Vivienda y Ordenamiento Urbano en Diputados. Luego, a las 14 se reunió la de Derechos Humanos y Garantías.

A medida que se acrecentaba la violencia puertas afuera, incluso diputados del bloque Unión por la Patria resultaron heridos y reprimidos con gas pimienta que luego debieron ser derivados al Hospital Santa Lucía, a las 15 se inició el plenario de Seguridad Interior y Legislación Penal al alcanzaron a emitir dictamen de mayoría y uno de minoría de UP sobre regulación de armas de fuego y prórroga del Programa nacional de entrega voluntaria de armas de fuego –Ley N° 26.216–. por el plazo desde 1° de enero de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2025.

También alcanzaron a exponer dos invitados, Raúl Oscar Panero, presidente de Asociación de Legítimos Usuarios de la provincia de Córdoba y presidente de la Federación de Legítimos Usuarios de Armas Argentina; y en medio de la exposición de Julián Alfie, Director Ejecutivo del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) e integrante de la Red Argentina para el Desarme; la reunión se suspendió.

Pasó lo mismo con las comisiones de Familias, Niñez y Juventudes; un plenario de Legislación Penal y Seguridad Interior que iba a debatir sobre el secuestro de armas de fuego; la de Población y Desarrollo Humano a la que estaban invitados Marcos Lavagna, director de INDEC; Manuel Vera, director de CIPPEC; Mariano Fagalde, de RENAPER.

La última reunión del día correspondía a la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento que iba a debatir por la modificación de los artículos 65 y 116 sobre la competencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Ante la creciente preocupación por la ludopatía infantil, la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes de la Cámara de Diputados, presidida por la radical Roxana Reyes, se reunió este martes para debatir sobre el tema.

Al encuentro, que se extendió por más de dos horas, asistieron la Defensora Nacional de los derechos de os niños, niñas y adolescentes, Marisa Graham, el defensor adjunto de la Defensoría, Juan Facundo Hernández; y la directora ejecutiva de la Fundación Proyecto Padres, Pía del Castillo; Paula Wachter, directora de Red por la Infancia; Luciano Grasso, licenciado en Psicología y ex director nacional de Salud Mental y Adicciones en el Ministerio de Salud de la Nación; Facundo Bianco, de Bienestar Digital; Aldo Dománico, psicólogo clínico especialista en entornos digitales.

La ludopatía en el caso de niños y adolescentes forma parte de más de una decena de proyectos que comenzaron a tratarse días atrás en la Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico, cabecera de los mismos.

Antes de las exposiciones, la comisión procedió a designar como secretaría segunda a la diputada María Fernanda Araujo (LLA) en reemplazo de la neuquina Nadia Márquez que ha renunciado.

Araujo agradeció la postulación y avizoró: “Vamos a trabajar duro y estoy segura que vamos a estar de acuerdo porque los niños y adolescentes y las familias necesitan de todos nosotros y que trabajemos en este tema de la ludopatía que nos preocupa cada vez más”.

Reyes alertó que es un flagelo que “está atravesando y está creciendo sobre todo en niños, niñas y adolescentes y demanda urgentemente que el Congreso comience a tratarlo y dar una respuesta”.

La primera en exponer su proyecto fue la cordobesa Gabriela Brouwer de Koning (UCR) quien planteó que “la problemática principalmente que se está dando de la ludopatía abarca a los menores de edad, por ende, es clave que esta comisión se aboque al debate para generar un marco legal que prevenga y aborde este problema en crecimiento y trae inconvenientes muy graves a quienes son los más vulnerables de la población”.

La radical lamentó que no haya estadísticas oficiales sobre el tema, pero hay algunas consultoras que se han abocado y señaló: “Los datos son alarmantes”. Según la consultora “Opina Argentina” arrojó que 3 de cada 10 personas en el país conoce a alguna persona de su entorno social que está siendo afectado por la ludopatía y menciona que la cifra de participación de niños y adolescentes trepa al 16% y la mayoría coincide en que el Estado debería regular la publicidad y las ciberapuestas.

“El 39% hablan de una prohibición, el 38% habla de regular, pero quiere decir que 6 de cada 10 se muestran a favor de que el Estado esté presente y genere las herramientas legales y tenga un rol clave el Congreso de la Nación”, informó la cordobesa.

También comentó que en su iniciativa tomó en cuenta un decreto que tiene España porque “ha avanzar en la regulación publicitaria de los juegos de azar”.

FOTO: HCDN

“Los médicos hablan de que la ludopatía para que una persona pueda salir adelante tiene que hacer un mismo tratamiento que las personas que tienen adicciones con sustancias o alcohol, por ende, es un tema de salud pública muy grave y por eso tiene que estar el Estado nacional porque es la única manera de que las personas se inserten en centros especializados”, explicó Brouwer de Koning y sumó que su proyecto busca un abordaje integral que tiene que estar asociado a la Ley de Consumo problemático y de Salud Mental.

Por otro lado, resaltó que hay 14 provincias que regulan el juego online, pero cuestionó que “muchas de esas regulaciones son poco claras que no abordan de manera tajante las consecuencias del problema”.

“Padres, autoridades escolares y ámbitos religiosos plantean que la ludopatía ya está en sus casas, en los recreos. Los niños y adolescentes hablan de que plantan la merienda por jugar estos juegos de azahar apostando dinero”, alertó la radical y agregó: “Esto amerita que urgentemente tengamos que abocarnos a esta problemática compleja”. Así, abogó por un dictamen integral que no solo sea de sanción, sino también de prevención y que tenga en cuenta la parte que habla de adicciones.

La cordobesa alertó que “el 80% de los sitios de apuestas en Argentina son ilegales, es decir, no pagan impuestos, no se controlan gastos y ni siquiera se controla quiénes acceden, es uno de los grandes problemas que tenemos que analizar de quién tiene la responsabilidad de las plataformas y del rol del Estado”.

“Tenemos que hablar de prevención y por eso mi proyecto intenta crear un plan de prevención y abordaje que conste de campañas de concientización, información, para generar herramientas”, contó y planteó que tiene que haber sanciones del Código Penal, administrativas y que haya una autoridad de aplicación profesionalizada y activa.

“La ludopatía y los comportamientos compulsivos hacia los juegos de apuesta online se han transformado en un asunto de alta gravedad y preocupación mundial y nuestro país no es ajeno a esa realidad”, destacó Brouwer de Koning y pidió abocarse urgentemente y tratar de llegar a buen puerto unificando criterios para llegar al recinto una idea clara de cómo prevenir y abordar la problemática que está inserta en la sociedad.

A continuación, expuso Marisa Graham, Defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación, quien alertó sobre la temprana exposición de los niños a dispositivos digitales y se refirió a la ludopatía infantil como “la adicción al juego en los entornos digitales, aunque no se juegue es algo que va a ser complejo para poder pensar en un proyecto de ley que sea eficiente y eficaz tanto para prevenir y atender a la infancia y adolescencia que está pegada al celular”.

“El tema es la adicción a la pantalla”, señaló y pidió hacer hincapié en analizar “cómo el mundo adulto utiliza la pantalla para entretener a los niños”, al remarcar “el perjuicio que esto conlleva. Hay un montón de riesgos que los nenes tienen en los entornos digitales”.

La funcionaria explicó que existen dos problemáticas: “La adicción a la pantalla y la adicción al juego en la pantalla utilizando las debilidades de los niños y adolescentes”. “Vamos a tener que dar una batalla importantísima y va a costar tanto como costó regular la publicidad del tabaco en el país porque la ludopatía en el mundo maneja millones y millones de dólares, por lo cual atrás de esto hay un negocio que gana con la salud de nuestros niños que están incentivados por las redes que los incita a jugar y a apostar. El juego en red es tan adicto como cualquier otra droga y es la primera adicción que padecen nuestros niños”, consideró.

“Los últimos modelos de cochecitos de alta gama para bebés incluyen un pequeño monitor para que el bebé, que aún no sabe ni hablar, ya esté atento a lo que pasa en una pantalla”, criticó Graham, subrayando la relación entre esta sobreexposición y el desarrollo de conductas adictivas y planteó que “antes de la pandemia los entornos digitales ya eran un problema” porque “todos los riesgos que puede haber en la calle se multiplican a través de un celular, de las redes”.

Graham celebró que haya 23 proyectos que aborden el tema -16 en Diputados y 7 en senadores- pero manifestó: “Es importante que tengan giro a la Comisión de Educación y a esta comisión también porque los más perjudicados y vulnerables son los niños”, y cerró: “Lo importante es sacar a los chicos de esta adicción y pelear contra los ilegales y los legales”.

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El defensor adjunto y psicólogo clínico especialista en entornos digitales, Juan Facundo Hernández, añadió que “es necesario un marco regulatorio de apuestas en líneas” y que “es clave prohibir y regular las publicidades sobre este tema”.

“Hace falta que el Congreso regule una ley de estándares mínimos como lo hace con otros temas. No hay una normativa nacional que regule el juego en línea, y es importante unificar lineamientos”, planteó y explicó: “El marco regulatorio debe hablar más bien de juego problemático como consumo; es clave la prohibición o regulación de la publicidad; prohibición de auspiciar en eventos o clubes deportivos; el vínculo con el registro nacional de las personas para un mejor acceso y control biométrico y la autenticación del acceso para la transacción e inicio; regular los modos de pagos”.

Luego, Aldo Pablo Dománico, psicólogo clínico especialista en entornos digitales, dio su opinión al respecto y sostuvo “la necesidad de fortalecer a los adultos referentes”, para que puedan “enseñarles a los chicos a navegar en los entornos digitales”. “Cualquier juego tecnológico, sea apuesta o no, es problemático para la infancia porque fue pensado por un mercado que sólo busca ganar dinero”, puntualizó.

En su disertación, desde la Fundación Proyecto Padres, Pía del Castillo, aseguró que “hoy, las pantallas están siguiendo la misma trayectoria que han tenido el tabaco y el alcohol”. Además, indicó que, aunque no hay cifras oficiales, las investigaciones muestran que “el uso precoz de las pantallas daña el cerebro de nuestros hijos”. “Tenemos que retrasar su uso para evitar la ludopatía”, especificó.

A su turno, Paula Wachter, directora de Red por la Infancia analizó los distintos enfoques que tienen las legislaciones a nivel mundial. “La falta de alfabetización digital de los adultos es un factor de riesgo para nuestros chicos”, destacó e hizo un llamado a la creación de una legislación para erradicar la ludopatía infantil. “Necesitamos una legislación armoniosa que interconecte todas las redes que puedan combatir este problema,” enfatizó Watcher.

En el mismo sentido, Luciano Grasso, licenciado en Psicología y ex director nacional de Salud Mental y Adicciones en el Ministerio de Salud de la Nación, pidió “escuchar a los niños y adolescentes para conocer su mirada”, y propuso “modificar la Ley de consumos problemáticos e incorporar la temática de la adicción al juego”.

Por último, Facundo Bianco de Bienestar Digital citó que, según lo refleja un estudio realizado este año por la consultora Opina Argentina, “el 16% de los jóvenes reconoce que realiza apuestas online”.

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La reunión resaltó la urgencia de legislar y tomar medidas concretas para proteger a los menores de edad de las crecientes amenazas del juego online y la adicción a dispositivos digitales. La Cámara de Diputados seguirá trabajando en conjunto para implementar políticas efectivas que garanticen el bienestar de los niños y adolescentes del país.

En tanto, la diputada Silvana Giudici (Pro) se refirió al proyecto de su autoría y en ese sentido, señaló: “El 95 por ciento de la franja etaria (15 a 17 años) tiene acceso a internet”. “El enfoque de mi iniciativa se orienta a las comunicaciones: limitar la publicidad indiscriminada de las plataformas de juegos online y que empezar a trazar un camino porque los estímulos publicitarios tienen que ver con un incremento de la conducta”, detalló.

Por otra parte, desde Unión por la Patria, la diputada Micaela Moran afirmó que el proyecto de ley que presentó sobre ludopatía infantil apunta a “modificar el Artículo 301 bis del Código Penal”, con el objetivo de “agravar la punibilidad cuando exista la intervención de un menor en un juego, legal o ilegal”.

La diputada Marcela Campagnoli (CC) definió algunos puntos de su proyecto e hizo hincapié en “controlar el acceso de los chicos al uso de las billeteras virtuales”, ya que -aclaró- “son muy utilizadas para al juego online”.

Finalmente, la diputada Karina Banfi (UCR) adelantó que, en consonancia con lo expresado por las diputadas Margarita Stolbizer (HCF) y Victoria Tolosa Paz (UP), “vamos a solicitar que se arme una sub comisión de trabajo para abordar este tema conjuntamente con las distintas Comisiones que tratan proyectos sobre ludopatía”, porque -subrayó- “la complejidad de la problemática lo amerita”.

El que avisa no traiciona, es la consigna que enarboló parte de la oposición dialoguista una vez aprobada en la Cámara baja la ley de Bases y el paquete fiscal. Si bien los proyectos tan reclamados desde el Poder Ejecutivo todavía continúan su peregrinar legislativo, a la espera de su tratamiento en el recinto del Senado, con su posterior y seguro retorno a la Cámara baja, cuando el último día de abril ambos proyectos consiguieron su aprobación por amplia mayoría a partir del apoyo de esas bancadas, algunas voces anticiparon desde el seno de las mismas que cumplido ese objetivo ahora comenzarían a trabajar con temas de su propia agenda.

Esto es, avanzarían con iniciativas tales como la nueva fórmula jubilatoria y los temas relacionados con la educación. Es lo que terminó sucediendo.

Recién al experimentar un fuerte traspié en la sesión del martes pasado en Diputados, el oficialismo más débil de la historia legislativa argentina pareció caer en cuenta de la adversidad que se le presenta delante en el Congreso de la Nación. Por cierto, no fue la del 4 de junio la primera derrota en las cámaras, pero sí la más dura, simbólicamente hablando.

Podría decirse que el primer traspié oficial fue en la sesión preparatoria de diciembre pasado en Diputados, cuando Unión por la Patria impuso el método por el cual se elegiría a los integrantes de las comisiones. Pero esa situación fue resuelta prontamente cuando La Libertad Avanza se alió con la oposición dialoguista y repartió con los más confiables las principales comisiones.

El segundo revés fue obviamente al devolver a comisión el 6 de febrero el proyecto de ley de Bases, cuando ya había logrado la aprobación en general, pero el debate en particular se le iba de las manos. Revirtió esa situación meses después, con la media sanción del 30 de abril pasado.

El golpe más duro hasta entonces lo vivió en el Senado, cuando la oposición rechazó el DNU 70/23; pero ese resultado no tendrá efecto real en tanto y en cuanto la Cámara baja no resuelva avanzar contra ese decreto, cosa que de momento no parece ser la idea.

Lo de la última semana fue impactante por la magnitud que revistió. Si bien la media sanción estaba cantada, lo que no esperaba el oficialismo era un resultado tan contundente en la votación, en la que la oposición alcanzó los dos tercios. Algo que ningún oficialismo puede permitirse nunca, por todo lo que ello implica. Contribuyeron a semejante traspié las ausencias: 7 del Pro, donde un sector se inclinaba por la abstención, pero se impuso la decisión de acompañar a La Libertad Avanza con el voto en contra. Se advierte un reproche a esa decisión en las ausencias, dos de ellas notorias: Silvia Lospennato y María Eugenia Vidal.

Eso no fue todo: los tres integrantes del bloque Independencia, nuevos aliados del oficialismo, pegaron el faltazo a la hora de la votación; también faltaron tres diputados alineados con los gobernadores del Pro Nacho Torres y Rogelio Frigerio.

No está bueno para ningún oficialismo acostumbrarse a perder en el Congreso. Ese resultado tiene que ser algo excepcional, y sin embargo es lo que sucederá cuando este proyecto de movilidad jubilatoria llegue a la Cámara alta, donde se superarán los dos tercios de los votos (52 senadores lo apoyarían). Lo que puede hacer la presidenta del Senado -y lo hará- será demorar el tratamiento de esa iniciativa. Pero inexorablemente sucederá, y cuando Javier Milei cumpla su promesa de vetarlo, ambas cámaras podrían rechazar tal decisión reuniendo los dos tercios cada una.

Esta última semana se demostró que pueden, y ese es el principal motivo de preocupación del Gobierno. Con todos sentados en sus bancas, La Libertad Avanza debería garantizarse la presencia de 85 diputados para bloquear toda posibilidad de dos tercios; contaría con 84. Debería garantizarse la anuencia de dos diputadas sanjuaninas que el martes se abstuvieron, para elevar ese número a 86.

Al presidente se le saltó la chaveta inmediatamente después del traspié. A través de las redes anunció el veto inexorable, e insistió con ello en dos apariciones públicas posteriores. Si solo eso hubiera hecho no era tan grave. Pero por el contrario, Milei acompañó su anuncio de veto con incalificables insultos contra los legisladores opositores. Les dijo “degenerados fiscales”, “chorros”, “casta inmunda” e “hijos de p…”. “Él es así”, justifican los mileístas moderados al ser interpelados por los opositores moderados. Esa argumentación comienza a cansar a quienes son los encargados de darle la gobernabilidad a este oficialismo carente de números en ambas cámaras y cada vez más enmarañado en materia de gestión.

Por caso, no entienden que el presidente se haya dedicado especialmente a pegarle a Miguel Pichetto, por su resistencia a votar la eliminación de la jubilación especial para presidentes y vices. En rigor, el excandidato a vice de Macri reaccionó porque “ya estaba acordado previamente que eso se eliminaba del dictamen”, explicó a este medio una fuente legislativa. Como eso no sucedió, intervino Pichetto. La situación obligó a todos a resolver sobre la marcha, y ahí por ejemplo se dio la curiosidad de que el bloque MID, satélite oficialista comandado por el expresidente del bloque LLA, Oscar Zago, votó dividido: dos contra el artículo 11 y una a favor. También votaron en contra Carolina Piparo y su cuñada Lorena Macyszyn, con quien forma un bloque de dos. Tanto Zago, como Piparo fueron entonces presas de la ira de los trolles libertarios, lo que hartó a la diputada, que se hartó de sus exsocios políticos a los que calificó de “enjambre de violentos, ignorantes e intolerantes”.

Resulta que desde que se llegó al gobierno, y les recuerdo que trabajé mucho para que eso suceda, no se puede disentir en una sola coma con los “liberales”, se convirtieron en un enjambre de violentos, ignorantes e intolerantes que defienden lo indefendible y creen que pueden…

— Carolina Piparo (@CarolinaPiparo) June 5, 2024

Milei sueña con tener una mayoría legislativa en 2025, pero a fuerza de internas e intolerancia, este gobierno no puede contener siquiera a los propios.

Pichetto es un diputado clave capaz de tender los puentes que necesita el oficialismo para tener gobernabilidad. Hasta ahora, actuó como tal. “Pero pareciera que el Gobierno no quiere dejarse ayudar”, advirtió un miembro de ese espacio del medio.

La moderación que había mostrado el presidente en sus últimas presentaciones desapareció por completo. Era obvio que reaccionaría mal ante el resultado adverso del martes, tal su naturaleza. Y como se sabía que era imposible que el oficialismo pudiera revertir una derrota ese día, hay quienes imaginan que el anuncio bien temprano del fuerte aumento a los diputados tenía como fin darle elementos al presidente para más tarde castigarlos con mayor dureza.

No faltan quienes especulan con que la ira presidencial contra los legisladores podría haber sido sobreactuada por el mandatario, a fin de tapar el escándalo creciente que involucra a su ministra preferida, Sandra Pettovello.

No pareciera ser un buen negocio para el Gobierno la irascibilidad presidencial. Los mercados se hicieron eco de todo el combo: el traspié legislativo en Diputados; la demora eterna con la ley de Bases; la ira presidencial; las internas infinitas en el oficialismo; la impericia expuesta en la gestión del Ministerio de Capital Humano y, en definitiva, las dificultades por conseguir resultados concretos, salvo el laudatorio éxito que está teniendo con la inflación.

Tanto ruido generó Javier Milei con sus improperios contra los legisladores, que comenzó a percibirse un malestar creciente en el Senado, donde aún falta la aprobación de la ley Bases. Ante esas perspectivas, cuando ya se especulaba con postergar una semana más el debate para asegurarse los votos de los artículos más ríspidos, la presidenta del Cuerpo oficializó la convocatoria a sesionar: será este miércoles a partir de las 10 de la mañana. A cara o cruz. Con un Congreso sitiado por manifestaciones varias convocadas por los más duros para presionar a los senadores.

Con el presidente de nuevo en el exterior, Victoria Villarruel no podrá presidir la trascendental sesión del miércoles en el Senado. La sesión quedará a cargo entonces del presidente provisional Bartolomé Abdala, que es justamente quien manejó el plenario que debatió la ley. Salvo por privarse de la conducción de la sesión por parte de la vicepresidente, la situación no tendrá consecuencias para el oficialismo, ya que el reglamento le permite al presidente provisional votar, y hacerlo dos veces si es necesario un desempate.

Mientras tanto en el Congreso la oposición en su conjunto se apresta a dar otras batallas. El martes la esperan a Sandra Pettovello en la Comisión de Acción Social y Salud Pública, adonde fue convocada aunque no tiene obligación de ir. No lo hará. Hay una recomendación que en tiempos de Cambiemos la entonces enlace parlamentario Paula Bertol le hizo a ese gobierno: los funcionarios deben ir a las comisiones, pero asegurarse antes tener el manejo de las mismas. La comisión convocante debe ser conducida por el oficialismo, o de lo contrario armar un plenario con una que sí presida el partido gobernante. El presidente de esa comisión es Pablo Yedlin, un diputado de UP razonable y de buen diálogo con todos, pero opositor al fin. Y la oposición más dura espera a la ministra “con cuchillo y tenedor”…

Ya tomó nota el Gobierno de su vulnerabilidad en el Parlamento. De que los 2/3 es una alternativa alcanzable para la oposición. Ese número no es solo capaz de revertir un veto (cosa inédita en estos 40 años de democracia); también puede posibilitar habilitar un juicio político. Procedimiento que, por cautela, por ahora nadie cita en público.

Desde el Congreso de la Nación saludaron a los periodistas en su día que se celebra cada 7 de junio en honor al primer ejemplar de la Gazeta de Buenos Ayres de 1810 creado por Mariano Moreno.

La senadora nacional y titular del bloque Unidad Ciudadana, Juliana di Tullio, escribió: “Télam y los medios públicos vaciados y en riesgo de privatizar. Periodistas perseguidos y reprimidos. Desprecio y violencia hacia la libertad de expresión. Un especial agradecimiento a quienes ejercen el oficio con dignidad y dan todo en tiempos difíciles”.

Por su parte, el senador bonaerense Maximiliano Abad (UCR) expresó: “Voy a reivindicar siempre la enorme trascendencia que tiene la prensa libre para la democracia. Es la tarea del periodismo la que nos permite mantener viva la libertad de expresión. ¡Gracias a todos los periodistas independientes por su incansable compromiso!”.

🎙️¡Feliz Día Periodistas!📻 pic.twitter.com/9snAmUMczC

— Senado Argentina (@SenadoArgentina) June 7, 2024

Un fuerte abrazo a todos mis colegas en este día y un reconocimiento por el enorme trabajo que hacen.

— Carolina Losada (@carolinalosada) June 7, 2024

El senador radical Martín Lousteau compartió: “Diario, TV, Radio, Streaming, Blog, portales, redes sociales. Hoy el periodismo se ejerce desde muchos lugares y en nuestro país contamos con una pluralidad de voces y miradas, fundamentales para el ejercicio de la libertad de expresión. Feliz día a todos los periodistas que trabajan con convicción y compromiso buscando siempre la verdad”.

“Mi reconocimiento en su día, a periodistas de todos los medios de comunicación, muy especialmente a cronistas parlamentarios de @DiputadosAR y @SenadoArgentina, con quienes compartimos la labor diaria”, saludó el diputado radical mendocino Julio Cobos.

El presidente de la Coalición Cívica y diputado nacional, Maximiliano Ferraro, posteó: “¡Feliz día del Periodista! En épocas de fakenews, deepfakes, bots y trolls, felicitamos a los periodistas de carne y hueso que ponen el cuerpo para investigar e informar con la verdad”.

En el #DíaDelPeriodista quiero saludar especialmente a las compañeras y compañeros de prensa que sufren los despidos y bajos salarios, la represión por mostrar y darle voz a las luchas del pueblo, el ataque a la libertad de expresión con insultos de Milei y sus trolls.

— Nicolas del Caño (@NicolasdelCano) June 7, 2024

Feliz día a las y los periodistas que en estos tiempos tan complejos que nos tocan vivir hacen honor a su profesión.

Una sociedad democrática precisa de información plural y de calidad. Un abrazo especial a las y los trabajadores de @AgenciaTelam y el sistema de medios públicos. pic.twitter.com/PtEkiy3bx9

— Mara Brawer (@MaraBrawer) June 7, 2024

📰| DÍA NACIONAL DEL PERIODISTA

Un día como hoy, en 1810, se difundió el primer ejemplar de la Gazeta de Buenos Ayres, periódico creado por Mariano Moreno. En honor a esto, la Convención de Periodistas de 1938 instauró este día como el del periodista.#LibertadYDemocracia pic.twitter.com/26MsB3Wm2p

— Diputados Argentina (@DiputadosAR) June 7, 2024

“Cada vez que los degenerados fiscales de la política quieran ir a romper el equilibrio fiscal, se lo digo yo ahora; lo dije antes, lo voy a repetir hasta el cansancio: ¡les voy a vetar todo! Me importa tres carajos”. De esa manera se expresó este miércoles el presidente de la Nación, Javier Milei, en el cierre del Latam Economic Forum.

En el encuentro celebrado en Parque Norte, el primer mandatario tuvo así la oportunidad de expresarse en vivo respecto de la media sanción alcanzada en las primeras horas de este miércoles por la oposición en su conjunto, de la nueva fórmula de movilidad jubilatoria.

Fue un severo traspié legislativo para el Gobierno, y el presidente ya se había manifestado en las redes sociales inmediatamente de la aprobación del dictamen consensuado entre toda la oposición, menos el Pro.

En su discurso de este miércoles, Milei alardeó sobre el ajuste que viene practicando resaltando el hecho de haber echado a 25 mil empleados estatales, pero fue más lejos al anticipar que despedirá “a 50 mil más” próximamente.

“A diferencia de otros, que con ajustes de medio punto terminaron volando por los aires, nosotros hicimos un ajuste de siete puntos. Estamos acá parados y vamos a seguir dando la pelea”, sostuvo el presidente, que a continuación lanzó su sentencia dirigida a los legisladores. “Y cada vez que los degenerados fiscales de la política quieran ir a romper el equilibrio fiscal, se lo digo yo ahora; lo dije antes, lo voy a repetir hasta el cansancio: ¡les voy a vetar todo! Me importa tres carajos”.

Para Milei, en el Congreso hicieron “alarde de ser casta”, se quejó porque la ley Bases está ahí “estacionada”, mientras que, por el contrario, los legisladores son “muy rápidos” para subirse el sueldo.

En referencia al diputado Miguel Pichetto, clave en la oposición dialoguista con el Gobierno, Milei dijo que “ayer un diputado se puso a defender las jubilaciones de privilegio. Algo a lo que vamos a renunciar es a eso. Yo puedo estar cuatro u ocho años; pero después, ¿qué hago? Voy a tener que salir a laburar”.

Y agregó: “Como tengo que hacer eso, me tengo que ocupar activamente de hacer cosas que están bien, porque si no, el día después me quedo sin laburo y me cago de hambre. Eliminar las jubilaciones de privilegio es un incentivo para hacer las cosas bien. Se les terminó el seguro. Si hacen las cosas mal, que se caguen de hambre por ser una mierda”.

El presidente del bloque Hacemos Coalición Federal cuestionó el artículo contrario a las jubilaciones de privilegio para presidentes y vices que figuraba en la ley que tuvo media sanción, pero el mismo resultó rechazado por 111 votos contra 109.

Un plenario de las comisiones de Seguridad Interior, Legislación Penal y Presupuesto y Hacienda de Diputados se reunió este miércoles para debatir sobre el proyecto de ley enviado el pasado 15 de mayo por el Poder Ejecutivo sobre la regularización de la tenencia de armas y una nueva prórroga del Programa de Entrega Voluntaria –Ley N° 26.216–.

Al inicio del encuentro tomó la palabra el presidente de la Comisión de Presupuesto, José Luis Espert (LLA), quien señaló que se trata de un programa donde “las personas que entreguen las armas, registradas o no, como consecuencia recibe una gratificación de parte del Estado”.

Como invitado a exponer estuvo el director de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), Juan Pablo Allan, que explicó: “Este proyecto contiene dos partes bien diferenciadas, pero tienen que ver entre sí. Una primera parte establece un plan de regularización de armas, y la segunda establece una prórroga a la Ley 26.216, entrega voluntaria de armas un programa que viene desde el 2007 que consideramos absolutamente necesario”, y agregó: “La misma venía siendo prorrogada por dos caños y necesitamos que sea por cuatro años”.

Entre los objetivos de la iniciativa, precisó que establece por el plazo de 360 días un procedimiento de regularización de la tenencia de armas de fuego en todo el territorio nacional para aquellas personas humanas o jurídicas que posean, a la fecha de la sanción, armas de fuego de uso civil o condicional o sus repuestos principales que no se encuentren registrados en conformidad con la normativa vigente.

La segunda parte del proyecto, según detalló Allan, busca disponer de un nuevo plazo de ejecución del programa creado mediante el artículo 3 de la Ley 26.216 y aclaró: “Argentina tiene un plexo normativo que data de hace 50 años que se ha transformado en política de Estado en materia de acceso a las armas en el país”.

FOTO: HCDN

“La primera ley es del año 73’ la Ley 20.429 y su decreto reglamentario en el 75’ y más acá en el tiempo la creación de la ANMaC sucesora de la RENAR como registro”, indicó y sumó: “Este plexo normativo que establece las condiciones para poder acceder a las armas en el país fue vanguardista en su momento y copiado por algunos países. Es un sistema registral robusto, exigente que establece algunas condiciones y parámetros exigentes para tener un arma”.

Allan aclaró que “ese plexo normativo nosotros no lo estamos tocando ni modificando, se mantiene esa política de Estado en cuanto a la regulación y tenencia de armas”, pero señaló: “Si creemos que ese sistema registral argentino tan robusto en su implementación y con el paso del tiempo ha perdido eficacia. Al perder eficacia el Estado argentino hoy tiene muchas dificultades para tener información que es la principal herramienta con la que cuenta para hacer política de seguridad”.

A continuación, mostró datos de la pérdida de rastros en materia de armas, vencimientos de usuarios: “Tenemos un sistema registral que es muy bueno, pero en su implementación perdió eficacia a lo largo de los años”.

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Según las estadísticas de la ANMaC de legítimos usuarios en 2022 hubo un total de 817.088 vencidos, en 2023 hubo 595.957 y en lo que va del 2024 hay 603.422 y 297.648 que las tienen vigentes. “Los legítimos usuarios tienen que pasar por ciertas condiciones como la idoneidad de tiro, aptitud física, psicológica, medio lícito de vida y no poseer antecedentes penales. Superado esas condiciones se le entrega la credencial de legítimo usuario”, explicó.

El funcionario lamentó que en la actualidad “una relación de 1 a 2 legítimos usuarios. Por cada uno que está en vigencia dentro de la ley, tenemos dos legítimos usuarios que han dejado vencer sus credenciales”, por lo que cuestionó: “En esto no tuvimos la adaptación tecnológica ni la flexibilidad ni la agilidad que este tipo de registro requiere y hemos perdido un insumo absolutamente indispensable que es saber quién tiene las armas, dónde y cómo las tiene”.

“Este registro va a ser depurado. Ya hubo una primera depuración por la gestión que me precedió que es de técnica correcta que todas las personas legítimas usuarios sin registro de armas, automáticamente vencidos se les da de baja a la credencial. Estamos cruzando con el RENAPER y nos dio el primer cruce y de 400 mil personas que cruzaron había 70 mil fallecidos. Esto nos hace suponer que los legítimos usuarios vencidos pueden ser 150 mil personas menos, pero tenemos 150 mil problemas”.

Al hacer referencia al estado de situación de los usuarios indicó: “Un 30,6% estimación mínima de armas no registradas, usuarios vencidos 37,7%, vigentes 830 mil armas”, pero aclaró: “Esto es de estadística no fiable y es probable que sean más armas”.

Entre las herramientas para mejorar la registración enumeró el re empadronamiento de 1993 que está vigente y “se usa escasamente que dispensa de la tenencia ilegítima de armas por dos decretos de la dictadura, hace 31 años que tenemos ese sistema que tiene esa debilidad. Es para armas anteriores a agosto de 1993”, digitalización, eliminación de barreras burocráticas, reducción de plazos, ley de regularización de armas.

Sobre la prórroga a la entrega voluntaria de armas, afirmó que “es un programa eficaz y necesario en muchas regiones del país como política, donde también la justicia nos ha pedido reiteradamente que lo sancionemos lo más rápido posible, porque sirve en cuanto a bajar la circulación de armas ilícitas”.

FOTO: HCDN

En ese sentido, especificó que solicitan cuatro años en lugar de dos porque “este es el cuarto bache que tenemos en la historia de la ley, que lleva seis meses sin funcionamiento del programa, que como vieron en los números es importante. Tiene que ser muy difundido, coordinado con la justicia y territorialmente”. “Necesitamos continuidad en el tiempo”, resaltó.

Allan explicó que las personas que entregan las armas reciben un incentivo económico, es anónimo y se dispensa de la tenencia ilegítima de armas. “Esas armas terminan en destrucción, este año nuestra expectativa es que el país destruya 50 mil armas, 11.700 ya destruimos y en julio 20 mil más”.

“El proyecto no busca más armas, busca sincerar una realidad en materia de cantidad de armas. Las armas existen, el sistema legal argentino permite que el que quiera tener un arma en su casa cumpliendo los cinco requisitos la pueda tener. Hace cincuenta años es igual, nunca se modificó y nosotros no lo estamos modificando”, detalló Allan.

Por último, resumió que “este insumo nos permitiría mejorar el registro y servir más como agencia porque son un auxiliar de la justicia, de la investigación criminal, del diseño de políticas, es un insumo indispensable”, y cerró: “Estamos lejos de controlar más de un millón de armas entre los no declarados y los vencidos”, y solicitó a las comisiones, y al cuerpo luego, su sanción que “es realmente importante para la seguridad nacional”.

Allan aclaró que establecen 4 años para la entrega voluntaria de armas, pero para la regularización proponen un año porque “leyes anteriores establecían 6 meses y la práctica ha demostrado que ha quedado insuficiente dado la cantidad de material circulante que hay en el país”. Así, afirmó que se tomó como base el proyecto original impulsado por Néstor Kirchner con la diferencia del plazo y remarcó que “hace 20 años tenemos el mismo problema y que tenemos como Estado sincerar una situación que nos permita dar un paso hacia adelante”.

El diputado bonaerense Matías Molle (UP) destacó que “es un proyecto bien recibido porque es un programa que se impulsó durante el Gobierno de Néstor Kirchner y en el 2013 la ONU lo premió como mejor política del futuro por el diseño del proceso”, y coincidió en su prórroga.

“Es un gran problema del sistema de control la cantidad de usuarios vencidos, es un problema histórico que no tiene que ver tanto con el sistema de registración, sino de control por parte del Estado de ir a buscarlas y retirarlas. Es más bien un problema integral que implica más a la justicia que a la ANMaC”, planteó.

A su turno, el jefe del bloque UP, Germán Martínez, observó que “no es positivo que en el proyecto tengamos la cesión de facultades al Ejecutivo. No hay que darle ninguna facultad y menos para prorrogar por el mismo tiempo. Es un mal invento”.

El santafecino cuestionó los plazos que plantea la iniciativa porque “el Ejecutivo debe venir a solicitar la vigencia del programa y eso obliga a una rendición de cuentas”, y propuso tener un plazo de dos años y que en un determinado tiempo antes de que venza el ejecutivo deba enviar el proyecto para que “no queden baches del sistema”.

Su par Ramiro Gutiérrez pidió trabajar en un proyecto para que la portación ilegal de armas no sea un delito excarcelable. “Habría que pulir algunas cuestiones, pero coincido con el espíritu general del proyecto”, afirmó el diputado de UP.

El pampeano Martín Ardohain (Pro) destacó: “La tecnología va a ayudar mucho para poder vivir del lado del derecho para aquellas personas que viven lejos”, y sugirió articular con las intendencias.

La oposición unida en la Cámara de Diputados dio media sanción en la madrugada de este miércoles a un proyecto de ley que establece una nueva fórmula de movilidad jubilatoria, una recomposición mayor a la otorgada por el DNU 274/24 y un piso para el haber mínimo, en lo que constituye una derrota legislativa para el oficialismo y desafía al presidente Javier Milei, quien ya advirtió que vetará toda ley que atente contra su objetivo de equilibrio fiscal. La pelota quedó ahora en el Senado, abocado por estos días a la ley de Bases y el paquete fiscal.

El dictamen que resultó aprobado fue el primero en minoría, pues inicialmente el de la mayoría (UP) había resultado rechazado por 135 votos, contra 99 positivos y 7 abstenciones. A continuación, y tras que quedara claro que existía un acuerdo previo por el que se había llegado a ese punto, el dictamen de los bloques UCR, HCF, IF y CC, resultó aprobado por 160 votos a favor, 72 en contra y 8 abstenciones.

Previamente se habían leído y aceptado los cambios a los artículos 4 y 10, que leyó el radical Lisandro Nieri, y que resultaban parte del acuerdo alcanzado con la bancada conducida por Germán Martínez. El artículo 10 subsanaba una diferencia existente entre los dos dictámenes, en referencia a la utilización del FGS para pagar deudas previsionales.

Así las cosas y tras un debate que se extendió por más de ocho horas, Unión por la Patria y los llamados bloques “dialoguistas” (UCR, Hacemos Coalición Federal, Innovación Federal y Coalición Cívica) establecieron un acuerdo para establecer un cálculo que contempla el índice de inflación como referencia -al igual que el DNU-, pero suma que en marzo de cada año también se aplicará un aumento del 50% por variación salarial (RIPTE).

A su vez, establece una garantía para el haber mínimo, que tendrá como piso lo equivalente a 1,09 del valor de la Canasta Básica Total, que en abril fue de 268.012 pesos.

Toda la oposición -incluso el Pro, que igual se mantuvo en sintonía con La Libertad Avanza- reunía consenso en torno a recomponer las jubilaciones de acuerdo con la inflación más alta del año, que fue la de enero con 20,6%. No conformes con el 12,5% en abril que el Gobierno estableció mediante su DNU, la iniciativa estipula que se otorgue un incremento adicional del 8,1% para recuperar los ingresos de la clase pasiva.

A la sesión se había llegado con cinco dictámenes de las comisiones. Si bien los textos de UP -despacho de mayoría- y los dialoguistas eran similares en los puntos centrales, la principal diferencia radicaba en torno al Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSeS, que el kirchnerismo no quería tocar, mientras los otros bloques proponían usarlo para cancelar deudas con las provincias por las cajas no transferidas y para pagar 82 mil sentencias firmes por juicios de reajuste. Quienes más insistían con esto eran los legisladores del oficialismo cordobés, que finalmente accedieron a cambios.

Durante el debate, desde la oposición dialoguista insistieron con la “responsabilidad” y “razonabilidad” fiscal de su propuesta, comparando con el costo de la propuesta inicial de UP (que pretendía una recomposición para alcanzar no el 20 sino el 30 por ciento), y mucho más con el dictamen de la izquierda (que planteaba el 82% móvil, entre otras cosas).

A propósito de la izquierda, se abstuvieron a la hora de votar, argumentando que “lo que se necesita es una verdadera recomposición de haberes y no cuidar el déficit cero que reclama el Fondo Monetario”.

Quórum holgado

La sesión, que había sido pedida por el sector dialoguista, arrancó a las 11.25 del martes con la presencia de 140 diputados. Al quórum contribuyó el bloque de Unión por la Patria, la Unión Cívica Radical, Hacemos Coalición Federal, Innovación Federal, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda. También estuvo el santacruceño José Luis Garrido.

Previsiblemente no bajaron al recinto en el comienzo los diputados de La Libertad Avanza y sus aliados: el Pro, MID, los tucumanos de Independencia y los monobloques afines.

Para las 14 estaba citada otra sesión, que había solicitado UP, comandado por Germán Martínez. Previsiblemente, ante la extensión de la primera reunión, ésta se postergó. Hubo desde el bloque peronista/kirchnerista una intención de sumar los temas educativos -financiamiento universitario y FONID-, pero esto fracasó. Incluso, la UCR anunció que pidió una sesión para el 3 de julio. Sobre estos temas no se pudieron cerrar los acuerdos necesarios como sí finalmente sucedió en torno a jubilaciones.

El debate

Uno de los miembros informantes de Unión por la Patria fue el riojano Ricardo Herrera, quien aseguró: “Tenemos una enorme responsabilidad de revertir el error de seguir considerando y de considerar a los jubilados como variable de ajuste de este modelo económico. Es inadmisible que el éxito de este modelo dependa pura y exclusivamente del ajuste a los jubilados, los docentes, el cierre de organismos del Estado y el achicamiento de la planta estatal”.

“Acá lo que están en juego son dos miradas de cómo abordamos el tema de los jubilados: frente a este modelo del ‘sálvese quien pueda’, de la libertad de mercado, de una insensibilidad pocas veces vista, nosotros estamos en las antípodas de esto. Frente a esta ausencia del Estado, nosotros sí proponemos un Estado que intervenga, que regule inequidades y se haga cargo de los jubilados”, expresó el vicepresidente de la Comisión de Previsión y Seguridad Social.

El legislador admitió que la fórmula del gobierno anterior “no estaba siendo satisfactoria” porque “la inflación se estaba disparando y los jubilados empezaban a perder frente a la inflación”. En tanto, destacó el debate que se dio en comisiones y la postura que se tuvo desde su bloque. “No hemos sido nosotros los que no hemos puesto voluntad para encontrar una fórmula que le dé un piso de dignidad a los jubilados. Hemos hecho todos los esfuerzos posibles, cambiamos nuestro dictamen”.

En el arranque, la otra voz de Unión por la Patria fue la de Itaí Hagman, quien cargó contra el decreto presidencial 274/24 y apuntó que “congela a los haberes jubilatorios en los niveles más bajos de la historia”. “El DNU no resolvió el problema, sino que lo empeoró porque entre enero y abril el gasto previsional bajó 21%”, cargó.

De igual manera, sostuvo que “más de un tercio del ajuste recae en los jubilados”, y relacionó que “si realmente lo hubieran querido resolver lo hubiesen hecho en enero”. “Con el DNU no van a recuperar nunca su poder adquisitivo, lo van a seguir perdiendo y lo más perverso es que este DNU está diciendo que si hay crecimiento, no habrá participación para los jubilados”, añadió.

En rigor, Hagman sumó que el despacho de UP busca “ajustar por inflación y complementar con una compensación extraordinaria para recuperar al mes de enero”. También, planteó que el piso del haber mínimo será “el equivalente a una canasta básica multiplicada por 1,2”.

Asimismo, mencionó que “no vamos a votar que un jubilado cobre por debajo de la mínima, no estamos dispuesto a liquidar el FGS y no vamos a permitir que se vuelva al régimen de capitalización individual (AFJP) que deja a dos tercios de los adultos mayores fuera del sistema”.

Por el dictamen de minoría, primero habló la cordobesa radical Gabriela Brouwer de Koning, que señaló que el sistema previsional argentino “está atravesando una de sus peores crisis” por lo que planteó “trabajar juntos para poder encontrar una propuesta seria que, ante los infortunios que pueda tener una persona, eso no lo condicione para poder tener derecho a una vida digna”.

“En el contexto social que atraviesa el país el 86% de jubilados y pensionados no logran cubrir la canasta básica por eso es urgente que nos aboquemos a resolver este problema”, indicó. La radical manifestó que la Oficina de Presupuesto del Congreso analizó la viabilidad física, económica y financiera del proyecto y “es por eso que estamos seguros que nuestra propuesta tiene un sólido fundamento técnico y económico”.

Brouwer de Koning cuestionó: “El DNU del Gobierno se hizo eco de la mayoría de las propuestas de la comisión porque hablaban de utilizar la variable del IPC, pero cuando se sacó el DNU no se contempló ninguna recomposición de los haberes respecto de la inflación desde enero, sino que dio un incremento del 12,5% cuando la inflación había sido de un 20,6% a esto lo consideramos insuficiente. Tampoco contempló la variable de los salarios por eso es una omisión crítica. No incorporó ninguna alternativa en relación a la precaria y paliativa política de otorgar bonos. Es improvisado”.

Así, defendió: “Este proyecto trabajado pretender garantizar el porcentaje de inflación perdido de enero, garantizar un haber mínimo relacionado a la canasta básica que brinda INDEC, incorpora en la fórmula la variación salarial y con el FGS pretende pagar la deuda que tiene el Gobierno nacional a las cajas provinciales no transferidas y cancelar todos los juicios pendientes que tienen jubilaos y pensionados del país y saldar todas las deudas y obligaciones con uno de los sectores más vulnerables de la población”.

Y cerró: “La Oficina de Presupuesto del Congreso estableció que el costo fiscal es de un 0,43% del PBI, es decir lo mismo que el Gobierno pretender ahorrarse con el deterioro de capacidad de compra que es un 0,4% o el 10% de los gastos tributarios. Esos más de 7 millones de argentinos están viviendo con un ingreso menor a la canasta básica”.

El radical mendocino Lisandro Nieri reiteró que “estamos tratando una situación de urgencia”, y sugirió que “debemos trabajar en la evaluación y reformulación de regímenes especiales, regímenes de privilegio y trabajar en una ampliación del sector activo porque tenemos mucha informalidad, menos de la mitad de los trabajadores argentinos registrados y por ende una recaudación potencial muy superior”.

“Proponemos recomposición del 8,1 % de lo perdido por la inflación de enero. Un mínimo vinculado a la canasta básica para el adulto mayor, y una recuperación en el mediano plazo a través de la recuperación de los salarios si hay un crecimiento en la economía”, explicó con relación al dictamen de minoría de la UCR y los dialoguistas.

Añadió, también, que “eso podría hacer que en el largo plazo haya una recomposición real de las jubilaciones”. El costo es del 0,43 % del PBI. Hay muchos privilegios y beneficios impositivos por los cuales podríamos mejorar un 2 % la recaudación”, cerró.

También se expresó por el bloque Hacemos Coalición Federal la cordobesa Alejandra Torres quien manifestó que “representa un acto de justicia y responsabilidad con los jubilados”, y planteó: “Tenemos que pensar cómo vamos a atender que vamos a tener mayor cantidad de jubilados y pensionados que de gente activa aportando”.

“Los jubilados y pensionados han visto deteriorado sus haberes sustancialmente y representan el 40% del famoso superávit y reducción de gasto que alardea el oficialismo”, alertó y señaló: “Deberíamos apuntar a un sistema de movilidad que tenga en cuenta la inflación presente en enero. Es fundamental buscar una solución de mejora para los jubilados y pensionados por distintos puntos. En la propuesta damos un marco legal a la movilidad por ley que es lo que la Corte Suprema ha dicho en varias disposiciones que regular por DNU la movilidad es una incitación a la litigiosidad por lo que señala que es responsabilidad del Congreso dictar una fórmula de movilidad”.

El diputado de La Libertad Avanza Julio Moreno Ovalle fue el miembro informante del oficialismo en defensa del dictamen que ratifica las medidas del Gobierno: “Vamos a apoyar decididamente el DNU 274/24 y hay 3 componentes del pago de jubilaciones”.

En esa línea, amplió que “el primero es el aporte del trabajador activo, segundo son contribuciones del empleador y el tercer componente son otros a gravámenes como la recaudación del IVA que va a la seguridad social (el 11%) o el impuesto al cheque va al ANSeS”.

“Debemos ratificar el DNU con todos sus artículos porque el decreto está contemplando los dos meses anteriores y la baja de la inflación y es lo que ayuda a no desvirtuar las cosas que estamos consiguiendo”, cerró el salteño.

Por el Pro la encargada de defender el dictamen fue la diputada María Eugenia Vidal quien apuntó: “Parece que el problema de las jubilaciones empezó hace seis meses”, y precisó: “Durante el año pasado se sumaron 3 millones de pobres, el salario real cayó 5 puntos y el no registrado 12 puntos, por primera vez en el país un trabajador formal fue pobre, la inflación acumulada es de más de 1.000% y terminó con más de 200% anual. El país quedó con un problema fiscal y cuasi fiscal de 15 puntos con reservas negativas, más deuda y una presión fiscal más altas de la región. El empleo generado en esos años fue un 60% de monotributistas, cuentapropistas y trabajo informal de bajos salarios”.

“En ese contexto el Gobierno decidió modificar la fórmula de actualización de jubilaciones ocasionando un daño enorme a los jubilados que en la jubilación promedio perdieron un 30% de poder adquisitivo. Tan evidente era el perjuicio que el cambio de fórmula generó que tuvieron que generar un bono pagaron durante años a la jubilación mínima dejando fuera a jubilados que cobraban 10 mil o 20 mil pesos más como si fueran ricos, pero ahora si con bonos y todo dejaron las jubilaciones mínimas por debajo de la inflación”, cuestionó.

Vidal criticó que “cuando todo esto pasaba, en el Congreso, que ahora parece tan activo con sesiones especiales, había silencio y excusas. Una sola vez se reunió la Comisión de Previsión Social en 2023, una sola vez se trató el tema de jubilados en la Comisión de Presupuesto para cambiar la fórmula que prorrogaron por DNU y festejaban diciendo que esa fórmula iba a mejorar la vida de los jubilados”.

La diputada bonaerense arremetió contra el dictamen de mayoría de UP que “suma 1.8 de aumento de gasto al PBI y vamos a gastar más del ahorro que logramos los argentinos del 1.2 desde diciembre a abril, van a salir diciendo que ampliaron derecho, pero a costa del esfuerzo de los argentinos y del fracaso económico”.

“Estamos discutiendo jubilaciones de miseria porque durante los últimos años metieron 4 millones de personas en el sistema previsional sin aportes, porque usaron el FGS para colocar deuda pública, porque estas cámaras votaron más de 200 regímenes de excepción, las dos jubilaciones de privilegio que cobra la ex vicepresidenta”, disparó y cerró: “Nuestro dictamen establece por ley la fórmula del DNU porque creemos que esa es la fórmula de movilidad que necesitan los jubilados, reconocer el 8% de enero, pero le da facultad al Gobierno para pagarlo de la forma que quiera sin alterar la meta de déficit cero y deroga las jubilaciones de privilegio para presidente y vice y restringe que las cobren quienes hayan sido removidos por juicio político o tengan condena con sentencia firme por causas vinculadas a corrupción”.

En defensa del quinto dictamen, el legislador del Frente de Izquierda Nicolás Del Caño afirmó que “solamente de diciembre a mayo, con este Gobierno, los jubilados perdieron más 25 puntos de su poder adquisitivo. Y lo festejan, diciendo que han conseguido el superávit fiscal”.

Del mismo modo, cuestionó que “es asombrosa la capacidad de algunos diputados para hablar alegremente como si no hubiesen tenido responsabilidad en el robo a los jubilados”. “Venimos acompañando la organización y movilización de distintas agrupaciones de jubilados, y nuestro dictamen responde a su reclamo porque la preocupación es por ver cómo recomponerlas”, añadió.

“Tenemos que plantear la recomposición, y por supuesto que planteamos de dónde sacar los recursos, porque es falso que ‘no hay plata’. La tienen los grandes grupos económicos, el FMI, que la levantan en pala”, siguió.

Por último, definió que “los adultos mayores están viviendo una catástrofe. La diferencia que hay entre lo que cobraban cuando estaban en actividad y cuando se jubilan es del 50%”, y cerró: “Ya como trabajadores eran pobres, ahora como jubilado pasan a ser indigentes”.

Desde UP, el diputado Carlos Heller criticó: “Muchos diputados pretenden negar que estamos viviendo un proceso de un enorme ajuste fiscal. El presidente de la Nación dice orgullosamente que está haciendo el mayor ajuste de la historia. Estamos en el medio de un fenomenal ajuste”.

“Tenemos una política pública que cree que hay que eliminar el Estado que cree que los verdaderos héroes son los monopolios, los que evaden, los que contrabandean. En ese marco estamos discutiendo el tema de las jubilaciones”, planteó.

Heller enumeró: “Algunos diputados hablan del problema fiscal ignorando el impacto fiscal que tienen los intereses de la deuda contraída durante la gestión del Gobierno de Mauricio Macri. Hay 5 millones de pobres más en tres meses, 50% de informalidad y le queres echar la culpa a la gente, a los que han trabajado y los empleadores no les han hecho los aportes, entre ese 50% hay una enorme cantidad de mujeres que trabajaron a lo largo de su vida en tareas domésticas y nunca les hicieron los aportes”.

“Es una falacia reiterada de que ingresan a las moratorias gratis, son planes de pago que hacen que ingresen cuando tienen la edad y se les descuenta una parte de la jubilación para cubrir los aportes que no le hicieron cuando trabajaron. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad se utiliza para muchas cosas y hay proyectos de inversión que están financiados con ese fondo”, cerró.

Su par de bancada, Gisela Marziotta sumó: “Es importante que se deje de mentir porque pretender eliminar la moratoria es básicamente misógino porque 9 de cada 10 no van a poder acceder a una jubilación, es parte de aumentar la edad jubilatoria y bajar la jubilación mínima y lo muestran como una buena gestión de gobierno. Perjudican la calidad de vida de adultos mayores, futuros no jubilados”.

Marziotta denunció que “el objetivo es exterminar esta categoría que tiene que ver con un derecho adquirido que es el acceso a la jubilación. El ninguneo de nuestros adultos mayores se viene manifestando con el atraso de los haberes jubilatorios”, y finalizó: “El Gobierno les quiere hacer creer que actualizando por inflación van a poder recuperar todo lo perdido, por eso nuestra propuesta es contener siempre la actualización no solo por inflación sino también hacerlo por el RIPTE para compensar y no planchar las jubilaciones que quiere el Gobierno”.

También desde UP, el tucumano Pablo Yedlin se mostró autocrítico y afirmó que “los que estuvimos antes en el gobierno tenemos responsabilidad, pero es real que la situación empeoró en estos meses”. Aclaró, en ese sentido, que “la ley Bases quería derogar la fórmula de movilidad”.

Además, se refirió al despacho de mayoría y al dictamen de la UCR con los dialoguistas y anunció que “estamos cerca de tener acuerdo”. Luego, mencionó los proyectos educativos y abrió la posibilidad de pedir un cuarto intermedio para continuar con la sesión la semana que viene y tratar financiamiento universitario y FONID.

En los cierres, que comenzaron cerca de la medianoche, habló por Hacemos Coalición Federal el diputado Nicolás Massot, quien recordó que en la ley ómnibus original “uno de los principales temas, que generó tanta resistencia, era la derogación absoluta de la movilidad jubilatoria”. “Queremos garantizar que los cambios ocurran, pero queremos evitar los excesos”, aclaró y en esa línea aseguró: “Acá no estamos por una cuestión demagógica. No queremos quebrar el equilibrio fiscal de nadie. Acá estamos para corregir una avivada”. 

El opositor sostuvo que entiende “la necesidad que puede tener un Gobierno de rediseñar algo que todos los gobiernos rediseñaron” como es la fórmula jubilatoria, pero consideró que con esta ley se está “perfeccionando, robusteciendo” el DNU 274/24. “Estamos votando una ley, no ya la fragilidad de un decreto de necesidad y urgencia”, valoró. 

El jefe del bloque radical, Rodrigo de Loredo, señaló que “las decisiones tomadas por el Gobierno después de la devaluación y de la licuación de los haberes significó una poda de aproximadamente el 40% del poder adquisitivo de los jubilados”, para recordar también que la fórmula de Alberto Fernández “podó un 35% el haber previsional”. 

El cordobés observó que la “insustentabilidad del sistema” se debe a las distintas moratorias, de las cuales responsabilizó al peronismo; que el 50% del mercado laboral está en la informalidad; y que “entre jubilaciones y pensiones se va cerca del 40% del presupuesto. Esa es la razón por la que siempre se cae ahí”. 

Al justificar el voto a favor de este tema, De Loredo expresó: “Nos preguntan ‘¿dónde están ustedes?’, cada dos por tres nos preguntan. ‘Una semana son oficialistas, otra son opositores’, ¿qué se les está pasando? Y me gusta decirlo así, señor presidente: somos opositores a seguir haciendo lo que nos trajo hasta acá y somos oficialistas del cambio”. Para opinar luego que el Gobierno en este tema “no está en una agenda de cambio, está en lo mismo que se viene haciendo hace décadas”. 

“La propuesta nuestra es de una sensatez y equilibrio fiscal absoluta”, resaltó en el final. 

En el cierre de bloque, el jefe de bancada del Pro, Cristian Ritondo, les pegó de lleno al radicalismo y al kirchnerismo. Lanzó un sinfín de ironías contra sus excompañeros de interbloque y señaló que “hay una pandemia de populismo que se va extendiendo en el Congreso de la Nación”. También, afirmó que el Pro “no es gobierno ni cogobierno, es coherente”.

Sobre el final del debate, el jefe del bloque UP, Germán Martínez, se refirió al ajuste implementado por el Gobierno nacional, con fuertes aumentos a las tarifas, el freno a la obra pública, que calificó como “alevoso”, y jubilaciones y pensiones: 0,4% del PBI. “Este era el plan”, señaló, aclarando que “esa fue la motosierra”, tras lo cual se refirió a la licuadora.

“La mitad de la demanda extra de alimentos en Rosario es producto de adultos mayores de argentinos que antes no lo necesitaban… No es casual”, remarcó, valorando a continuación lo alcanzado en la propuesta que pondrían a debatir, que pasó a describir.

“No van a poder dividir más los haberes previsionales a la hora de pagarlo”, afirmó, recordando lo sucedido hace dos meses, y recordó que “estamos dando un horizonte de previsibilidad a las cajas previsionales no transferidas a la Nación”.

El legislador hizo una fuerte defensa de la política y cerró diciendo que “cuando se denuesta la política, nos quedamos sin la única herramienta en serio que tenemos para transformar verdaderamente la realidad en la Argentina. Aquellos que la denuestan permanentemente lo que están queriendo es que nos privemos de tener esa herramienta al servicio de lo que corresponda, que son los intereses del pueblo argentino”.

En el cierre del debate, el diputado César Treffinger trazó un paralelismo entre el fútbol y la política. Dijo que cuando hay un Mundial de Fútbol, los tres favoritos son siempre Argentina, Brasil y Alemania. Brasil tiene muchísimos más habitantes que nosotros y Argentina la mitad de Alemania, pese a lo cual “es potencia y es favorito”. ¿Por qué? “Porque se selecciona a las personas, y entra la gente que está preparada. Esa es la razón por la que somos campeones del mundo”. En cambio, sostuvo que la política “no selecciona”. Y así fue a las elecciones que ganó La Libertad Avanza “porque la otra opción era el pasado, un pasado malo. Y el pasado no tiene nada nuevo, pero tampoco nada bueno para ofrecernos”.

“La otra opción que sí es de alto riesgo es ‘que se vayan todos’ –agregó-. Los argentinos les picaron el boleto a los políticos que no se comprometen a conciencia”.

También del oficialismo, la diputada neuquina Nadia Márquez catalogó a la sesión y los dictámenes de UP y los dialoguistas como “populismo barato”. También, sostuvo que “ninguno de los que proponen esta formula dicen de donde vamos a sacar la plata porque quieren que le demos a la maquinita de imprimir y no lo vamos a hacer”.

Del mismo modo, planteó que el acceso a una jubilación minima “te lo vendieron como un derecho y te lo entregaron como una miseria”, con relación a los años que gobernó el kirchnerismo. En esa línea, coincidió con lo expuesto por el jefe de bloque oficialista, Gabriel Bornoroni, sobre jubilaciones sin aportes.

“No quieren mejorarles el haber jubilatorio quieren usarlos políticamente”, afirmó Márquez, quien cerró que “si hubiesen estado preocupados por los jubilados hubiesen usado esos 2 puntos del PBI que gastó Sergio Massa y le subían cuatro veces”.

Contrariando la postura de la UCR de no agregar temas al debate que esperan realizar el martes que viene sobre la cuestión previsional, el bloque de Unión por la Patria pidió este jueves su propia sesión para ese mismo día, sumando los temas relacionados a la cuestión educativa que obtuvieron dictamen los últimos días.

Más temprano, las autoridades de la Cámara baja habían formalizado la convocatoria a la sesión pedida por el bloque de diputados nacionales del radicalismo para el martes 4 de junio a las 11, para tratar los proyectos sobre movilidad jubilatoria. El bloque de Rodrigo de Loredo ya había dejado claro que querían dedicar esa sesión a la movilidad jubilatoria, lo cual no fue tenido en cuenta en la bancada de Unión por la Patria, que conduce Germán Martínez, que pidió horas después sesionar ese mismo día, para tratar también FONID y presupuesto universitario.

El temario de la sesión pedida por los radicales incluye los dictámenes que se firmaron el pasado 15 de mayo en la reunión plenaria de Presupuesto y Hacienda, y de Previsión y Seguridad Social, donde no hubo acuerdo entre Unión por la Patria, los radicales, la Coalición Cívica y los bloques federales para unificar un despacho. Los dictámenes que llegarán al recinto son de UP; la UCR, HCF y la CC; uno del oficialismo; uno del Pro; y el del FIT.

Salvo la diferencia respecto del FGS (Fondo de Garantías de Sustentabilidad) la oposición más férrea y la dialoguistas no estarían lejos de un acuerdo, ya que los dictámenes son muy similares respecto de la fórmula y la recomposición.

Mientras el dictamen de LLA ratifica el DNU 274/24 del Poder Ejecutivo; el despacho del Pro también lo hace, pero suma el pedido de una recomposición del 8,1%. Tras la polémica que despertó María Eugenia Vidal de que se haga en 12 veces, finalmente el texto faculta al Gobierno “a establecer la forma en que dicho incremento se hará efectivo”.

Por último, el dictamen del Frente de Izquierda plantea que ningún jubilado gane menos que la Canasta Básica del Adulto Mayor y contempla el 82% móvil.

Cabe recordar que el dictamen de mayoría es de la bancada que preside Germán Martínez, con 33 firmas, y es el primero que se somete a votación en el recinto. Es por esto, que los dialoguistas, quienes llevan el segundo despacho en cantidad de firmas, 19 firmas, no ven con malos ojos unificar dictámenes con el kirchnerismo.

El pedido de UP

En la tarde del jueves se conoció el pedido de un grupo de diputados de Unión por la Patria para sesionar también el martes 4, pero a las 14, a fin de tratar un temario que incluye la modificación del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones; pero también la ley de Financiamiento de Universidades Nacionales; y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).

Este pedido lleva las firmas de Germán Martínez, Cecilia Moreau, Paula Penacca, Blanca Osuna, Ricardo Herrera, Carlos Heller, Pblo Carro, Silvana Ginocchio, Máximo Kirchner, Gisela Marziotta, Ariel Rauschenberger y Julia Strada.

Sobre estos temas educativos hay posturas encontradas en el seno de la oposición. Los radicales impulsaron el debate sobre el presupuesto universitario a través de un emplazamiento, pero ya dejaron claro que están conformes con el acuerdo firmado entre los rectores universitarios y las autoridades nacionales, por lo que ya no encuentran justificación para aprobar una ley sobre ese tema.

En cuanto a la restitución del FONID, en el plenario de comisiones realizado en la semana se firmaron cinco dictámenes: de Unión por la Patria, con 34 firmas; LLA, Pro, MID e Independencia, con 26 firmas (de rechazo); Unión Cívica Radical, con 12 firmas; Hacemos Coalición Federal, con 4 firmas; y el Frente de Izquierda, con 2 firmas.

El dictamen de UP plantea la vigencia del FONID desde el 1ro. de enero de 2024, con una extensión por cinco años; y que los montos del Fondo se definan en el Convenio Marco/Paritaria Nacional.

Por su parte, la UCR prevé restablecer el FONID y que el Consejo Federal de Educación elabore “una propuesta de sustitución” del mismo. “Hasta tanto el Fondo Nacional de Incentivo Docente no se encuentre sustituido y los fondos garantizados a cada jurisdicción, dicho fondo se mantendrá vigente”, dice el articulado. Pero además, incluyeron establecer la educación “en los ciclos de escolaridad obligatoria, como servicio estratégico esencial, garantizando el pleno derecho humano a educarse en igualdad de oportunidades y posibilidades”.

Desde Hacemos Coalición Federal, en línea con la iniciativa que originalmente había presentado Margarita Stolbizer, buscan que se restituya el FONID “hasta tanto sea sancionada una nueva Ley de Coparticipación Federal o se acuerde un Pacto Fiscal entre la Nación, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que incluya entre sus cláusulas, la continuidad, financiamiento o sustitución del citado fondo”. Mientras que la izquierda plantea la vigencia del FONID de forma permanente y que se actualice mensualmente por inflación.

La Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico, que preside Mónica Frade (Hacemos Coalición Federal – Buenos Aires), se reunió este martes para continuar con el tratamiento de proyectos de prevención de la ludopatía para la protección de niñas, niños y adolescentes en Argentina y la prohibición de publicidad de juegos de apuestas On-Line.

Luego de reproducir un video de Monseñor Oscar Ojea en el que sintetiza la problemática del tema, procedieron a exponer los autores de las iniciativas puestas a consideración. Al cierre del encuentro, Frade expresó: “Vamos a sacar una ley buena que nos va a representar a todos pateando el hormiguero que hay que patear y los clubes de fútbol también tienen mucho que explicar sobre esto”, y comentó que la próxima reunión será el 11 de junio con invitados del área de informática, estudiantes y docentes que expondrán sobre el tema.

La primera fue la diputada de Unión por la Patria Constanza Alonso quien alertó: “Esto está calando muy profundo, es una preocupación en las instituciones educativas y deportivas. Las autoridades se nos acercaron a contarnos que chicos de 14 o 15 años apostaban en el aula”.

“Es una problemática que no tiene mucha difusión entre los adultos, pero entre los chicos ha penetrado muy fuerte y en todos los grupos de jóvenes del país hay alguien que está apostando con distintos niveles de problemas”, señaló y sumó que los casinos y las apuestas “hoy están en todos lados. Antes había un límite de edad de 18 años y de horarios, pero ahora está al alcance de todos y con un clic al entrar a las plataformas legales e ilegales que no tienen ninguna restricción para su acceso”.

Alonso detalló que en Argentina 7 de cada 100 personas tienen problemas de ludopatía y alertó que “es la única cifra oficial y no hay aún cifras oficiales sobre la ciberludopatía infanto juvenil”. Así contó que en paralelo comenzó a trabajar con universidades nacionales un proyecto de investigación que tiene que ver con la realización de una encuesta federal con jóvenes de 15 a 29 años y “ya tenemos más de 700 casos en dos semanas y tiene el objetivo de que de datos fehacientes y los números son preocupantes y vienen a confirmar lo que vemos”.

“El proyecto que presentamos es muy prohibitivo porque buscamos una restricción total de la publicidad en todos los medios de comunicación, tanto visuales como plataformas. Esto está muy extendido incluso en el fútbol hay publicidades en los clubes de fútbol. Esto tiene que ver con la salud mental de los jóvenes por la naturalidad que dan las publicidades y tenemos que regularlo y el Estado tiene que tener algo para decir”, explicó y precisó que “las violaciones a la ley sean sancionadas con multas y con suspensiones de licencias de las casas de apuestas online”.

A su turno, la radical Marcela Antola (Entre Ríos) planteó que “el diagnóstico en las escuelas es fundamental, hay que tratar el tema porque los chicos cada vez en edad más joven se dedican al juego y a las apuestas online”.

Por su parte, la cordobesa Gabriela Brouwer de Koning (UCR) expresó: “Sabemos que las adicciones son un problema social y de salud pública enorme que no solo afecta a quien consume, sino también afecta a su familia, y que corroe a la sociedad, causando daños irreparables”.

La diputada de la Coalición Cívica Marcela Campagnoli sostuvo que “el ludópata engaña, manipula, se aísla, utiliza el juego como escape. Entre el estímulo a querer jugar y la respuesta que uno da, hay un espacio y es donde nosotros debemos fortalecer regulando las apuestas legales”.

En tanto, la opositora de Unión por la Patria Mónica Macha consideró que “la toma de conciencia de ese atravesamiento de niñeces y adolescencias en apuestas online está vinculada a una situación que se problematiza y estalla en el espacio educativo, y recién ahí es una noticia para madres, padres o madres”.

El pampeano Martín Maquieyra (Pro) comentó: “En el proyecto legislamos con respecto a las apuestas en general, planteando todas las edades, abordando el tema con campañas de concientización en medios, con la creación de una línea telefónica, con un registro de autoexclusión”.

“Los proyectos son muy buenos, han tocado todo el espectro y tenemos una gran oportunidad. En la parte de ilegalidad nuestro Código Penal solo tiene una regulación que es deficitaria en el art. 301 bis”, analizó el bonaerense Ramiro Gutiérrez (UP).

El cordobés Oscar Agost Carreño (HCF) señaló: “Es una problemática compleja y social; particularmente el delito que yo quiero incorporar es la intermediación de mayores en este proceso; creo que en lo penal está bueno que tenga un tipo específico para la gravedad de esta situación”.

Por último, la diputada del Frente de Izquierda Romina del Plá opinó: “Acá el primer problema es que hace poco habilitaron entre otras cosas las apuestas deportivas online. Todos los gobiernos han ido habilitando primero los casinos, luego los bingos, por el enorme negocio que esto significa”.

La Comisión de Cultura de Diputados, presidida por Silvana Ginocchio (UP), llevó a cabo este jueves una segunda reunión informativa con la participación y disertación de más de 20 expositores referentes de la cultura nacional tales como organizaciones, actores e institutos que analizaron la situación de la cultura en el país y les solicitaron a los diputados que “defiendan el patrimonio cultural argentino” y criticaron la ley Bases.

Al inicio del encuentro, Ginocchio sostuvo que la reunión “fortalece nuestro trabajo y la relación que tenemos que tener como Congreso donde están representadas todas las voces, algo muy característico de las democracias y de la República”.

La presidenta de la comisión explicó que es una segunda reunión de carácter informativo y expresó: “Para nosotros es muy importante recibirlos. Esta reunión nace en virtud de la inquietud de distintos sectores de la cultura, de organismos, organizaciones e institutos que ven en juego su existencia y las políticas públicas que las sostienen”.

A continuación, el vicepresidente de la comisión el diputado Hernán Lombardi (Pro) celebró la ocasión para “poder dialogar, conversar y buscar elementos en los cuales en algunos se coincidirá, pero en otros no, pero lo importante es la función de las comisiones de la cámara de abrirse a la sociedad civil”.

“La cultura es un elemento sustantivo e identitario de la Argentina y de todos los países que tiene que ver con la identidad, convivencia, educación democrática, tolerancia y el respeto de unos a otros”, definió Lombardi.

Luego fue el turno de la vice segunda la libertaria Fernanda Araujo quien manifestó: “Que sea un espacio de intercambio y, sobre todo, un espacio de entendimiento”.

Los expositores

El primero en exponer fue el actor Luis Brandoni quien resaltó que la comisión es un lugar “de diálogo, donde pensamos distinto muchos de nosotros, pero vale la pena aprovechar la circunstancia para sacar conclusiones”.

“Es un tema que me toca de cerca en mi condición de actor desde hace años. He padecido y disfrutado en mi oficio y me he interesado en la parte gremial. En algunos casos el tema me preocupa porque es un momento complicado porque están apareciendo las manifestaciones de quejas de lo que falta, de lo que no está y lo que está mal”, dijo.

En tanto, analizó: “Me parece que deberíamos intentar hacer un balance de la situación cultural del país y, luego sacar algunas conclusiones para saber qué es lo que está bien, lo mal, lo que debe mejorar de la performance de instituciones oficiales y que tengan una posibilidad de mejorar su función y apoyar las manifestaciones sencillas, sensibles, oportunidades de cara a los destinatarios de la tarea de la cultura”.

Brandoni consideró que “tendríamos que afinar un poco la puntería para saber en boca de los funcionarios de la cultura qué es lo que se piensa hacer con cada organismo”, y cerró: “Creo que es necesario revisar las cosas que están mal y lo que podemos mejorar de esos mismos organismos porque no son malos por antonomasia, es una tarea nuestra de quienes pertenecemos al mundo de la cultura mejorar esos organismos para que sirvan a los fines para los cuales están destinados”.

Luego fue el turno del actor Marcelo Mazarello quien opinó: “La discusión de fondo es cuál es la manera estratégica en la que interviene el Estado en los organismos que tienen que ver con la cultura”, y señaló: “En los últimos tiempos escuchamos en voces públicas que había un ataque a la cultura, cuando en realidad se estaban auditando organismos que tienen que ver con la cultura”.

Mazarello propuso que en principio hay que definir qué es cultura porque “cultura es todo y es de todos. Empieza en la familia porque es esa serie de valores que se transmite y en la educación el sentido de pertenencia”, y cuestionó: “Nadie se puede arrogar la representación cultural nacional”.

“Tenemos algunos hechos que fueron un golpe a la cultura que es el empobrecimiento de la sociedad que atacó la base fundacional de la cultura que es la familia y también la educación”, y precisó que “tenemos niveles de educación parecidos a los de África, eso sí es un ataque a la cultura y no vi a ninguna de las voces públicas quejándose por ese ataque cultural que nos hizo descender cuando Argentina siempre fue un faro en toda Latinoamérica”.

Para el actor “los organismos que tienen que ver con la cultura están para representarnos a todos”, y planteó que hay “tres términos mezclados en esa defensa que se hace” y desagregó: “Una cosa es la cultura, otra cosa es la propaganda y otra cosa es el arte”.

Así, destacó que “tenemos herramientas muy poderosas” como el Teatro Colón, San Martín, Cervantes que “han tenido gestiones buenas, pero no han tenido una orientación estratégica de la cultura porque tiene que tener un concepto de estrategia nacional como el tango que también genera divisas”.

“En algunos casos como el INCAA hay un sector de la política que se apodera de un organismo que tiene que ser para todos y un grupo de personas se da auto crédito y no le da al que no piensa como ellos. Eso se llama propaganda”, apuntó y resaltó que “el arte es liberador”, y finalizó: “La orientación estratégica que tienen que tener debe estar inspirado en las bases que inspiran al arte que son libertad, la igualdad y la abundancia”.

También expuso del sindicato de autores de la Argentina, Pedro Patzer, reivindicó la labor de los medios de comunicación como la Agencia de Noticias Télam, pidió proteger al INT –Instituto Nacional del Teatro- y al Fondo Nacional de las Artes, al cine que “nos enseñó a ser un poco más argentinos, de mostrarle al mundo el valor de nuestras historias además de ser una gran fuente de ingresos, una industria que fomenta y genera miles de puestos de trabajo”.

“Privatizar los medios públicos, no fomentar nuestros teatros y cine es como quemar la biblioteca de nuestros abuelos que por años fueron construyendo nuestros saberes”, comparó y preguntó: “¿No será mejor recuperar los libros, digitalizarlos, sumar nuevos y proteger nuestros saberes?”.

El realizador audiovisual entrerriano Nicolás Herzog comentó que en su provincia se produjeron más de 20 películas en las últimas dos décadas y cuenta con uno de los festivales de cine más importantes de la región y resaltó el lugar “destacado que tiene nuestra cinematografía en la consideración mundial”.

Herzog precisó que el cine permite: “Narrarnos, pensarnos, memorizarnos, espejarnos, anticiparnos y unirnos”, consideró que “el vínculo virtuoso entre las diferentes provincias no es causalidad ni producto de la magia del cine, sino que es el resultado de un proceso largo y sinuoso de puentes construidos entre el sector público y privado, entre institutos de cine y productoras, Estados y empresas privadas”.

Así, destacó la Ley del Cine vigente desde el año 1994 gracias a “un plan de fomento que potenció la actividad una década más tarde luego de años de lucha y permitió el acceso a cientos de cineastas de todo el país”. También ponderó el desarrollo de la industria cultural en las provincias que “comenzaron a trazar un mapa federal del cine argentino”, y cerró: “Como al 90% de los cineastas no hubiese podido hacer películas sin el apoyo del INCAA organismo que hoy se encuentra en franco peligro de desaparición”.

“El cine es una industria cultural y, como el teatro, la música y la literatura, tiene particularidades que deben ser analizadas en su complejidad. El cine es un acto simbólico y psicomágico de generación de sentidos”, definió y opinó: “Los Estados no deberían encajonar y limitar el quehacer de las industrias culturales al libre albedrío del mercado, sino más bien potenciarlas. El cine es autosustentable porque se financia con fondos que provienen de la dinámica del mismo sector y se generan 700 mil puestos de trabajos anuales. Tenemos un cine autosustentable, genera empleo registrado, ingreso de divisas, promueve a nuestro país en el mundo, nos ayuda a pensarnos como sociedad y viaja en el tiempo. Con estos datos es difícil entender cuál es el sentido de esta brutal arremetida contra el cine y las industrias culturales”.

Herzog planteó que el cine argentino necesita una nueva ley que “se adapte a los cambios, incorporando a las plataformas digitales en el acervo cultural.  La cultura no es un gasto, las industrias cultuales generan identidad, memoria y valor agregado en el tiempo. Pido que defiendan el patrimonio cultural”.

En nombre de la Comunidad Audiovisual Santafecina expuso Gustavo Postiglione quien apuntó contra le ley Bases que “fue tristemente aprobada por esta Cámara”, y planteó que el tema cultura “sigue siendo central en la discusión política”, al advertir que “estamos en un momento crucial donde efectivamente la cultura argentina es atacada con afirmaciones repletas de falsedades que tienden a confundir y a poner a los artistas como responsables de parte de la pobreza y el hambre del país”.

Postiglione acusó que el desfinanciamiento conduce al “acallamiento de las voces, la destrucción de la industria que genera más desocupación y la desaparición de los acervos culturales para entendernos como Nación”.

Además, comentó que la situación en las provincias es “complicada” porque las centralidades del poder político están en Buenos Aires y cuestionó: “El cine no se maneja con la lógica del mercado que propone el Gobierno, sino que el cine del país es el arte de nuestro espejo”. Así, apuntó contra HBO, Netflix y Amazon “plataformas que han copado el 80% del contenido, sino que establecen contenidos que debemos producir, sin control ni regulación”.

“La ley que esta misma Cámara aprobó, regala nuestras tierras y recursos naturales. La falta de legislación también entrega nuestro cine, nuestro lenguaje. La cultura argentina se nutre de la diversidad”, cuestionó y cerró: “El arte, la cultura enfrentan hoy una amenaza al corazón de la identidad”.

Por la Asociación de Editores Audiovisuales habló Jimena Perilli quien defendió a la cultura y señaló que “no es la culpable de la pobreza ni de las malas gestiones de la política”, por lo que destacó la Ley de Cine que “nos permite vivir en el libre ejercicio del mercado”.

“Todo el mundo entendió el valor social de la cultura, pero el plan del Estado va en contra mano porque hace 164 días que la industria está detenida, el Instituto Nacional de Cine está intervenido por alguien que no conoce su funcionamiento y la actividad está paralizada y se perdieron miles de puestos de trabajo”, alertó y cuestionó que con la ley Bases “nos enfrentamos a la posibilidad de ser eternos empleados en período de pruebas. Todas estas medidas impactan peor y pedimos que hagan algo”.

En representación de la Comunidad de Artes Visuales, Magdalena Jitrik se sumó a las críticas de la ley Bases que pone fin a las moratorias jubilatorias porque la mayoría de los artistas son monotributistas. “Cuando veo la ley Bases encuentro lo aberrante de dicha redacción donde le otorga facultades extraordinarias a una persona que no le da valor a la cultura. Están habilitando a una gestión a vender el patrimonio material”, enfatizó.

En tanto, el cineasta Maximiliano Gersovich, afirmó que “antes de la existencia del INCA y del modelo de subsidios, en Argentina se hizo un cine industrial y profesional”. Desde el punto de vista de la Comunidad de Artes Visuales, Daniel Ontiveros pidió que “se corrija lo que está mal, pero sin desfinanciamiento”; mientras que Laura Maubecín, secretaria de Cultura de la provincia de Catamarca, se refirió “a la realidad que se vive en el interior del país en relación a los organismos culturales: “Seguramente hay cosas para mejorar, pero es fundamental que sigan funcionando, ya que son de gran apoyo para nosotros”.

El referente del movimiento Federal de Danza, David Señoran, lamentó que “los trabajadores de la danza estén en desigualdad de condiciones en relación al fomento y la producción”, en comparación con los trabajadores de otros sectores culturales.

Luego, el escritor Nicolás Márquez sostuvo que “el Estado no tiene que financiar a los sectores culturales”, al enfatizar: “La cultura es un derecho, pero no para que los demás me la paguen”. “No estamos ante un gobierno que está en contra de la cultura, sino a favor de la libertad”, concluyó.

Del encuentro, además participaron Manuel García, Cámara de Distribuidores Independientes de Cine; Juan Pablo Russo de ACCA (Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina); Hugo Castro Fau (CAPPA); Izel Paz, Red Argentina de Cine comunitario; Cristian Leonel Mouroux, Red Argentina de Festivales y Muestras Audiovisuales; María Estela Moreno, artesana de Catamarca; Daniel Cholakian, Periodismo Cultural; Jorge Alberto Córdoba, Trabajadores de la Cultura de Zona Norte; Gustavo Rohdenburg, Unión de Músicos Independientes; Diego Boris, coordinador de la Mesa, la Industria y la actividad  Musical; y Juan Marcelo Levicoy, sindicato Argentino de Músicos.

Promediando la sesión especial convocada para este martes en la Cámara baja, la diputada nacional Silvia Lospennato pidió un apartamiento del reglamento para tratar una resolución que expresara la “profunda preocupación” del Cuerpo por el procesamiento por un delito de abuso sexual que pesa contra el intendente de La Matanza Fernando Espinoza.

“No es tolerable el silencio de los que defienden las políticas de género, genuinamente, pero que cuando se ve involucrado alguna persona vinculada a una fuerza política hacen silencio -expresó la diputada del Pro-. Creo que no hay que hacer silencio; el procesamiento es una instancia judicial donde hay una semiplena prueba de que estos hechos sucedieron. Y como siempre decimos, hay una víctima a la que en primera instancia decidimos escucharla, lo que no quiere decir que eso invalide la investigación judicial, ni que asigne culpabilidad antes que lo haga la justicia. Porque yo no comparto esa idea de que sean los ciudadanos comunes los que decidamos quién es culpable o inocente y no sea la justicia”.

Lospennato advirtió que “en ningún momento el feminismo debe ceder a la garantía constitucional del principio de inocencia. Pero también hemos promovido que durante muchos años no se escuchó a las mujeres que denunciaban, y hemos estado aquí reiteradamente para decir: ‘nosotras escuchamos y creemos en primera instancia, y pedimos que se investigue con celeridad’”.

Agregó luego que “también nos gustaría que la Legislatura de la provincia de Buenos Aires tuviera una decisión ejemplar pidiendo como mínimo la licencia del intendente procesado”. La diputada del Pro recordó también que “en su momento, cuando hubieron otras acusaciones durante el gobierno de la gobernadora Vidal, exactamente hicimos eso. Hicimos lo que estamos pidiendo que ahora que hagan con los que están procesados: un paso al costado una licencia”.

Y cerró reprochándole al gobernador Axel Kicillof y la vicegoberadora Verónica Magario por no haberse expresado.

A continuación, la diputada de UP Cecilia Moreau preguntó si había número de expediente, si estaba el texto. Le contestaron que se trataba de una resolución que luego se daría a conocer. Entonces la expresidenta de la Cámara dijo que “entendiendo que no hay número de expediente y que no se puede votar, y que esta bloque tomó la determinación hace unos años, con muchos de ustedes, de expulsar inmediatamente a un diputado cuando se cometió una situación que consideramos fuera de las formas (por el diputado Juan Ameri); entendiendo además que hay un procesamiento, no hay una condena, pero entendiendo la necesidad de expresarnos frente a cada uno d estos temas, lo que propongo es que la diputada Lospennato, con la diputada (Mónica) Macha, presidenta de la Comisión de la Mujer, en el transcurso de la jornada puedan acordar un texto para que sea tratado en la próxima sesión o en la Comisión de la Mujer”.

A continuación, la diputada Silvana Giudici , del Pro; Nadia Márquez, de La Libertad Avanza: y Karina Banfi, por el radicalismo, anunciaron el apoyo de sus bloques.

La propuesta necesitaba las ¾ partes de la Cámara para apartarse del reglamento y cuando estaban por votar volvió a hablar Cecilia Moreau para afirmar que le parecía que estaban “haciendo una paparruchada. Esto no es defender a las mujeres, ni ponerse del lado de las que son víctimas de estas situaciones de mierda como las que atravesamos muchas veces las mujeres”. Lanzó luego que “los que somos bonaerenses sabemos que se guardaron durante 4 años el procesamiento por abuso sexual  en reiteradas oportunidades a Manuel Mosca, quien era presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Entonces, no sean caraduras, presenten un expediente, hagamos un proyecto y lo vamos a acompañar. ¡Biribiri con las mujeres no se hace!”.

A la hora de votar, la izquierda se negó a hacerlo, constando la abstención de sus miembros. “El texto no está. Traigan un texto y lo discutimos”, argumentó Myriam Bregman, que le advirtió a Lospennato que “usted mejor que nadie sabe que no votamos esto. Romina del Plá dijo lo mismo: “Cuando veamos el texto votamos”.

El presidente de la Cámara, Martín Menem explicó que se votaría el apartamiento del reglamento, luego se leería el texto en cuestión y se votaría. Hubo más abstenciones; de los tucumanos, del santacruceño José Luis Garrido –“por no conocer el texto de lo que se va a tratar”-; de Leandro Santoro y Guillermo Snopek.

Finalmente no se alcanzó el número necesario, a  pesar de imponerse la aprobación por 118 votos, contra 85 negativos y 9 abstenciones.

El mismo día en el que el oficialismo sufrió una derrota al no poder evitar que la oposición reuniera quórum y emplazara a la Cámara de Diputados a tratar proyectos relacionados con el presupuesto educativo, el  presidente de la Nación, Javier Milei anticipó que va a vetar aquellos proyectos de la oposición que sean aprobados en el Congreso e impliquen una suba del gasto público y “rompan el equilibrio fiscal”.

Lo hizo al hablar en el cierre del 41 Congreso Anual del IAEF, donde relativizó el eventual costo político que una medida de ese tipo tenga, con esta frase: “Me importa tres carajos”.

En su particular estilo sostuvo que “no es fácil aguantar a estos degenerados del gasto público”. En referencia a los legisladores, Milei dijo: “Yo les aviso, por si les interesa, que cualquier proyecto que manden desde el Congreso, que quieran romper el equilibrio fiscal, romper la caja y hacer volar este país por los aires, se los voy a vetar. Me importa tres carajos. Seguramente lo harán con fines electoralistas”.

Gran expectativa había este martes en torno a la realización o no de la sesión especial pedida el viernes pasado para tratar los proyectos de ley sobre actualización presupuestaria en universidades y la declaración de la emergencia educativa, los cuales llegan al recinto sin despacho de comisión.

Es que hasta último momento hubo dudas en torno a la misma, dado que el anuncio hecho antes del mediodía por el vocero presidencial, Manuel Adorni, parecía solucionar la situación.

En efecto, en busca de abortar esa sesión, el Gobierno había anunciado este martes que llegó a un acuerdo con todas las universidades nacionales, que consiste en la concesión de un aumento del 270% para todas las universidades, como sucedió con la UBA. El mismo alcanza los gastos de funcionamiento de esas casas de altos estudios, no así los salarios.

El problema es que recién el lunes se formalizaría dicho acuerdo, contra la intención de los radicales de conocer la resolución antes de decidir si bajar o no la sesión. “Ya ocurrió el viernes que el Gobierno comunicó una decisión que no se materializó. Eso es lo que genera dudas”, apuntó una fuente del radicalismo consultada por periodistas parlamentarios este martes por la mañana.

Finalmente, el radicalismo dejó de lado las dudas respecto de ir a la sesión que ellos mismos habían convocado y decidieron bajar. A las 14.22 se alcanzó el quórum, con la presencia holgada de 138 diputados.

A los diputados de la UCR, que estuvieron reunidos hasta el último minuto en las oficinas de Rodrigo De Loredo, se sumaron -como habían adelantado- los miembros de Unión por la Patria. Además, por la Coalición Cívica bajaron cinco de seis integrantes: Juan Manuel López, Paula Oliveto, Maximiliano Ferraro, Mónica Frade y Marcela Campagnoli. 

También dieron el presente los cinco legisladores del Frente de Izquierda Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Romina del Plá, Alejandro Vilca y Christian Castillo. 

Por Hacemos Coalición Federal, sólo cuatro diputados estuvieron para el quórum -los demás, como Miguel Pichetto, bajaron luego- y fueron: los cordobeses Ignacio García Aresca y Oscar Agost Carreño; y los socialistas santafesinos Mónica Fein y Esteban Paulón. 

Además, se sentaron en sus bancas para aportar al número Agustín Domingo (Innovación Federal), Osvaldo Llancafilo (Movimiento Popular Neuquino) y Sergio Acevedo (Por Santa Cruz). 

En la séptima hora de exposiciones, el empresario industrial José Tamborenea en representación de ADIMRA (Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina), quien fue invitado por la senadora nacional Guadalupe Tagliaferri (Pro – CABA), arrancó su intervención tenazmente al señalar que “sería ideal que nos llamen antes de escribir la ley, no después”.

Asimismo, aseveró que “somos los que la vivimos y la peleamos y no puedo entender como estoy acá explicando estas cosas”. Con relación al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) dentro de la ley Bases, sostuvo que “si se aprueba tal como está, pone en riesgo de desaparecer a todo nuestro sector”.

Sin esconder su malestar con el articulado en cuestión, le envio un duro mensaje a los diputados nacional que dieron aval al capítulo: “Me llamó la atención que no nos llamaron para hablar del tema cuando se trató en Diputados. En cambio, los senadores se tomaron el tiempo de analizarlo”.

Con un detallado repaso sobre su trayectoria en el sector, Tamborenea remarcó los inicios de su empresa y explicó que “nosotros armamos un plan de negocios porque el país es viable”, pero advirtió: “Si se aprueba el RIGI las provincias dejan de percibir ingresos brutos y las provincias resignan 10% de coparticipación. Claramente no es para el desarrollo industrial argentino”.

Así las cosas, sostuvo que “queremos grandes inversiones en Argentina, pero no este régimen que es condenatorio para nuestro sector”, y enfatizó que el RIGI “así como está, nos pone en grave riesgo”.

En datos numéricos, el empresario metalúrgico comparó los beneficios a las empresas del exterior respecto a los perjuicios de las locales si se aprobase el RIGI: “Pagarían 25% de Impuesto a las Ganancias y nosotros 35, 0% de Iva y nosotros 21%, 0 de ingresos brutos y nosotros 6%, tasa estadística 0 y nosotros 3%, nada de Impuesto PAIS y nosotros 17,5%, derechos de exportación e importación 0 y nosotros de 13 a 16%, y tendrían alícuotas que van de 7% a 0 y nosotros pagamos no menos de 16%”.

“Esto no es justicia. Nosotros queremos una cancha equilibrada para poder competir”, aseveró. También señaló que “nosotros pagamos mucho más caros los insumos y vamos a perder todos incluidos los puestos de trabajo porque no vamos a poder competir”.

En tal sentido, añadió que “El Estado va a perder recaudación desde todo tipo de vista”. Además, planteó que dar beneficios a 30 años “es regalar la patria innecesariamente”. “Esto es más perjudicial que beneficioso”, remarcó.

En el final, el empresario Tamborenea volvió a apuntar contra la Cámara baja: “No lo puedo creer que haya pasado (avanzado) por Diputados y espero que aca se vote bien porque si no voy a invertir cada peso que me quede en mi vida para crucificar a los diputados que votaron el RIGI porque no tienen ni idea de lo que es”. “Esto es un desastre. Tienen la obligación de escuchar a la industria porque la estan rompiendo toda”, concluyó.

Pese a que el oficialismo aceptó recibir invitados para el debate de la ley Bases y el paquete fiscal en el Senado, lo que dilata la firma del dictamen y estira los tiempos para que sendos proyectos sean ley, desde el Gobierno nacional se mostraron optimistas de que las iniciativas se van a aprobar en general con “más de 38 votos” y no descartan que vuelvan a Diputados, ya que están en conversaciones para introducirle modificaciones.

Así lo reveló este viernes el ministro del Interior, Guillermo Francos, hombre clave para el oficialismo en las negociaciones por dichos proyectos con los bloques dialoguistas. “Hay un optimismo en general en el mundo con lo que sucede en la Argentina y tiene mucho que ver con las leyes que estamos tratando en el Congreso desregulación en el sistema energético, para producción de petróleo, minería, RIGI, incentivos, todo esto hace que se genere una enorme expectativa y se espera que se terminen de aprobar estas leyes para avanzar”, contó en declaraciones por Radio Mitre.

“Se está conversando mucho porque hay una posición mayoritaria de apoyo, y hay algunas diferencias en algunos temas que algunos sectores piden ciertas clarificaciones o modificaciones para darle un sentido más estricto. Estamos trabajando sobre eso y para eso están trabajando las comisiones del Senado y estamos en permanente conversación. Si estamos convencidos que va a haber un apoyo general, más de 38 votos”, afirmó de forma optimista.

Francos resaltó: “Evaluamos que en general la ley se aprueba en el Senado”, y explicó: “Hay algunas propuestas de modificación que estamos analizando en conjunto con los senadores en algunos aspectos del RIGI: algunos legisladores entienden una cosa y nosotros entendemos otra, así que estamos analizando cómo puede clarificarse el artículo”.

El RIGI ofrece una gran baja del costo de capital a las inversiones mayores a los US$ 200 millones, estabilidad tributaria con muy bajos impuestos, acceso libre a los dólares y preferencias aduaneras para las importaciones.

“También hay un reclamo con respecto a Ganancias por parte de los gobernadores patagónicos y algunos detalles más. Pero no diría que son temas que van a entorpecer el tratamiento de la ley. Se están conversando para ver si se llega a algún entendimiento”, agregó Francos.

Así como se aprobó en Diputados, en el paquete fiscal que se trató junto a la Ley Bases se fija un piso del Impuesto a las Ganancias de $1.800.000 para trabajadores solteros y $2,2 millones para casados. Esto significa que unos 800.000 trabajadores hoy exentos de Ganancias volverían a pagar el impuesto en alícuotas que van del 5% al 35%.

Francos detalló que las objeciones de los patagónicos pasan por ese piso que fija el paquete aprobado en la Cámara baja, ya que empujaría a cientos de trabajadores de sus provincias a volver a tributar sobre sus salarios. “Sobre el reclamo de los gobernadores patagónicos, de considerar Patagonia como zona desfavorable porque ellos tienen salarios más altos porque tienen costos más altos. Ellos están planteando una diferencia, un piso más alto de ganancias, y estamos en ese análisis”, indicó el funcionario.

“Estamos conversando para llegar a un entendimiento y tener los votos necesarios para hacer esas modificaciones en particular. Estamos trabajando con la perspectiva de que en general se apruebe”, reiteró y planteó: “Más temprano que tarde va a haber ley Bases”.

En ese sentido, el ministro afirmó que “si existen estas modificaciones, finalmente tendrá que volver a Diputados para que ratifique la norma. Y así como se aprobó la ley en Diputados con una cantidad de votos importante, me parece que también, si existe alguna modificación, se ratificarán las modificaciones. O no. Serán los diputados los que lo digan. Estamos optimistas”.

“Tenemos el convencimiento que para el 25 de mayo vamos a tener las leyes aprobadas al menos en el Senado”, avizoró.

Francos admitió que esas modificaciones demorarán la promulgación definitiva de la ley, pero reiteró su optimismo en la aprobación final de la norma y se esperanzó con el impulso que le dará al Gobierno.

“Me imagino con la ley aprobada en general. Por ahí vamos a tener alguna discusión pendiente por si llega a haber una modificación en particular, porque va a tener que volver a Diputados para que se apruebe esa modificación y ahí puede ser que nos demoremos una semana más”, describió y cerró: “Pero una vez que esté aprobada la ley en general, para nosotros es ley. Más allá de diferencias pequeñas en algunos temas”.

Francos fue uno de los que expuso el martes en el arranque del debate de la Ley Bases en el Senado. El plan del oficialismo era dictaminar este jueves, pero eso no sucedió. Finalmente, La Libertad Avanza abrió la puerta a un debate con expositores y pasó a un cuarto intermedio para el próximo lunes a las 16.

Un grupo de diputados del bloque Pro denunció penalmente este miércoles al gremialista y secretario general de la Asociación Personal Aeronáutico, Edgardo Llano, por “amenazas, instigación a cometer delitos e intimidación a funcionarios”.

La denuncia recayó sobre el Juzgado Criminal y Correccional Federal 2, luego de que el sindicalista manifestara en Asamblea que “escracharán a los senadores nacionales que viajen por Aerolíneas que voten a favor de la Ley bases”.

En la presentación, los diputados resaltaron que “la violenta advertencia fue realizada de manera pública en forma convocatoria, a través de los medios de comunicación, agravada por su condición de secretario general de un gremio y nada menos en contra de la investidura de los senadores nacionales con expreso propósito de amedrentamiento”.

Junto al bloque @prodiputados presentamos una denuncia penal contra Edgardo Llano, secretario general de la Asociación Personal Aeronáutico por amenazas, intimidación e instigación al delito.
El escrache es una práctica fascista. Los responsables deben responder en la justicia. pic.twitter.com/ZDAYyhdqcV

— Hernán Lombardi (@herlombardi) May 8, 2024

Tal como venimos informando, el Poder Ejecutivo bonaerense viene insistiendo desde el primer mandato de Axel Kicillof, a través del Ministerio de Salud, sobre la necesidad de crear el Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense y la Empresa bonaerense de Emergencias en Salud, dos Sociedad de Estado.

En ese marco, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, se reunió con la Comisión de Salud de la Cámara baja para resaltar las virtudes de dos proyectos de ley que impulsa el Poder Ejecutivo.

Se trató de una reunión de la comisión con presencias especiales pues, según se informó, podieron participar de la misma, por tratarse de una reunión informativa donde no se realizaron acciones legislativas formales, distintos miembros de las bancadas que están interesado en la cuestión, previa solicitud por parte de las autoridades de bloque y respetando un cupo.

“En este momento es realmente muy importante contar con esta herramienta, por eso agradezco la colaboración de la Cámara, de la Comisión de Salud en particular, porque hubo de todas las fuerzas políticas muchas preguntas, todas con respeto, creo que todas fueron preguntas sinceras y reales sobre la percepción del proyecto”, dijo el ministro al término de la reunión.

Y además agregó que “pudimos evacuar todas las dudas, al menos dimos una explicación adecuada, así que espero que a partir de ahora nos puedan acompañar porque realmente necesitamos contar con estas herramientas en la provincia, para todos los municipios, para el sistema provincial, porque la verdad que la situación sanitaria está muy delicada e irá siendo cada vez más delicada conforme avancen los meses”, detalló Nicolás Kreplak luego de haber expuesto ante la presencia de los principales líderes parlamentarios.

Así, el ministro de Salud bonaerense argumentó ante los diputados, propios y extraños, que la figura de Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria (SAPEM) busca acelerar todos los procesos de contrataciones y compras en los organismos, actualmente, públicos involucrados.

“Lo que yo les trataba de explicar es que en verdad ya existen direcciones que cumplen con estas funciones en el ministerio pero que, por ejemplo, no tienen recupero de costos o que incluso que el objetivo es reducir el gasto que tienen estas funciones, además de mejorarlas o universalizarlas”, explicó el ministro.

De todas formas, el trámite legislativo de los proyectos de ley empezará en términos formales a partir de ahora, y no se descarta que avance rápidamente, pues el oficialismo cuenta con números muy favorables para su aprobación a partir de tener un bloque de 37 miembros y el apoyo de los 9 libertarios de Unión Renovación y Fe, que totalizan unos 46; quedando así a solo una banca del quórum reglamentarios.

No obstante, tras la reunión, los conductores de los principales bloques parlamentarios no oficialista adelantaron cierta indiferencia sobre la “necesidad y oportunidad” de tratar “este tipo de proyecto”, que con primera definición, entienden, “aumenta el gasto” del Estado provincial.

Con abogados, docentes, asociaciones de la sociedad civil invitados a exponer, la Cámara de Diputados retomará el tratamiento del paquete de reforma integral de leyes para el abordaje del crimen organizado en el país y de seguridad que envió el Poder Ejecutivo, tal como se había acordado en la reunión pasada.

La jornada informativa se dividirá en dos partes, primero se reunirá a las 11 en el Anexo “C” la Comisión de Legislación Penal, presidida por la cordobesa Laura Rodríguez Machado (Pro), que abordará las iniciativas sobre modificaciones al Código Penal, Procesal Penal Federal, referidos a crimen organizado, resguardo del orden público, creación del registro nacional de datos genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual, reincidencia, reiterancia, concurso de delitos y unificación de condenas.

Entre los invitados a exponer están:

• Martín Monedero: Abogado especialista en Derecho Penal. Es miembro del centro de filosofía del derecho Penal. También es autor de Diversas publicaciones en revistas académicas y profesionales, sobre temas de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal.
• María Cecilia Vranicich: Fiscal general del Ministerio Publico de la Acusación de la provincia de Santa Fe.
• Guillermo Todarello: Defensor público oficial adjunto ante la Cámara Federal de Casación penal y Coordinador de la Comisión de Cárceles de la defensoría. Expondrá sobre los proyectos de ley antimafias y proyecto sobre reiterancia/reincidencia.
• Eugenio Darío Vezzaro: Abogado penalista egresado de la UNC. Fiscal general de la provincia de Córdoba periodo 2006-2012.
• Juan Segundo Pavez Laciar.
• Daniel Erbetta: Juez de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe. Profesor Titular y director Especialización en Derecho Penal Facultad de Derecho.
• Gabriela Ríos: Hija de Don Jorge Ríos, jubilado de 71 años que actuó en legítima defensa.
• Diana Cohen Agrest: Filosofa. Fundadora de Asociación Usina de Justicia.
• Miguel Ángel Robles: Docente experto Área Criminología y Ciencias de la Seguridad – Vicerrectorado de Posgrado, Investigación e Innovación – Universidad Siglo 21.
• David Martínez: Víctima de amenazas y daños a sus bienes. CIUDAD DE ROSARIO. ZONA SUR
• Pedro Biscay: Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales – INCECIP
• Leandro Halperin: Docente Titular a cargo de la materia Principios de los Derechos Humanos y el Derecho Constitucional.

A las 12.30 se sumará al encuentro la Comisión de Seguridad Interior, a cargo del libertario Alejandro Bongiovanni (Santa Fe), que profundizarán el proyecto que propone la Creación del registro nacional de datos genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual –Ley 26.879– modificaciones, con los siguientes invitados a exponer:

• Manuel Garrido: diputado nacional (MC) – UCR. Titular de La Asociación Innocence Project Argentina.
• Silvia Martínez: Defensora Pública Oficial ante los Juzgados Nacionales en lo Criminal de Instrucción y Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional No 8, y Defensora Pública Interamericana.
• Eduardo Luis Salva Calcagno: presidente de Digifirma Argentina S.A. -expondrá sobre datos técnicos del funcionamiento del ADN de contacto y compartirá tiempo con la ingeniera Rebeca Ciriaci quien realizará aportes sobre gráfica genética-.
• Guillermo Bargna: Miembro del Observatorio de Víctimas de la Honorable Cámara de Diputados. Padre de Soledad Bargna asesinada en un intento de violación en mayo de 2009.
• Isabel Yacoins: Titular de la asociación MADRES DEL DOLOR. Madre de Lucila Yaconis.
• Marcelo Dagostino: Subsecretario de Justicia de los Gobiernos de Alfredo Cornejo (2015-2019), Rodolfo Suárez (2019-2023), y actual Gobierno de Alfredo Cornejo. Consejero del Consejo de la Magistratura de la provincia de Mendoza en representación del Poder Ejecutivo.  Presidente del Foro Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la República Argentina.
• Miguel Marino: Doctor en Genética y Especialista en Genética Forense. Registro Provincial de Huellas Genéticas Digitalizadas (RPHGD), dependencia del Ministerio Público Fiscal de Mendoza.

En el encuentro pasado del 24 de abril asistieron el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación, Carlos Alberto Monfroni, y el director nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad de la Nación, Fernando Soto. Ambos defendieron el paquete de leyes y resaltaron que “es necesario que se restablezca el orden en la sociedad y la única cara visible del Estado en la vía pública es la policía frente al ciudadano y debe ser respetada”.

La Comisión de Educación de Diputados, presidida por el bonaerense Alejandro Finocchiaro (Pro), se reunió este jueves para comenzar a darle tratamiento a distintos proyectos relacionados con la emergencia en el financiamiento universitario.

El encuentro, que se llevó a cabo en la Sala 4 del Anexo, fue convocado a raíz de la masiva marcha en defensa de la educación pública y el funcionamiento de las universidades nacionales y luego que un grupo de diputados de la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal pidieran “con carácter urgente” analizar el tema.

A la hora de fijar una hoja de ruta, Maximiliano Ferraro en nombre del bloque HCF propuso realizar dos reuniones de carácter informativas -la primera de ellas con la presencia del subsecretario de políticas universitarias y la segunda con decanos, docentes, etc.- y una tercera reunión entre diputados para consensuar y dictaminar. Además, le solicitó al libertario Santiago Santurio que “intervenga” y le solicite al titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, José Luis Espert, un plenario.

Por su parte, por el Frente de Izquierda Romina Del Pla pidió “darle urgencia y no dilatar” el tema y planteó realizar un solo encuentro informativo y dictaminar, a fin de “tratar FONID la misma semana”.

En tanto el bloque Unión por la Patria planteó que es “necesario un cronograma porque la Confederación de trabajadores de la educación solicitaron tenerlos en cuenta para tratar el incentivo docente”, por lo que propusieron llevar a cabo dos reuniones y la última dictaminar, posiblemente el 16 de mayo.

Finocchiaro recogió las sugerencias y expresó: “Es urgente resolver lo del financiamiento universitario, pero también se proponen fórmulas para asignación de ese presupuesto. Pero no vaya a ser cosa que por apurarnos y votar algo rápido terminemos arrepintiéndonos como pasó con la Ley de alquileres”.

Así, comunicó: “Vamos a hacer una informativa el 7 de mayo, otra el 14 de mayo y ahí vemos si pasamos a una de diputados y si estamos para dictaminar. Veamos si para el 16 podemos dictaminar”, y agregó: “Sobre FONID estoy armando el temario para la próxima reunión de asesores”.

Antes de pasar a considerar el temario, la comisión se abocó a completar las autoridades que integran la misma. Para la primera secretaría fue designada la correntina Nancy Sand (UP), la segunda secretaría fue para Romina del Plá (PO/FIT-U). Para la tercera secretaría iba a ser postulada la libertaria cordobesa María Celeste Ponce, pero renunció a la integración de la comisión, por lo que el cargo sigue vacante.

Luego de que por secretaría se le diera lectura a los proyectos que se pondrán en consideración, Finocchiaro aclaró que hay dos expedientes -uno de Del Plá y otro de Mónica Litza (UP)- relacionados con el tema que “no se encuentran ene el temario debido a que no tienen giro a Educación, sino a otras comisiones y no se pueden tratar hasta que esas comisiones le den tratamiento”.

Desde el Frente de Izquierda, la diputada nacional Myriam Bregman inició su intervención al afirmar que “no podemos tratar estos expedientes como si no pasara nada”, y remarcó que desde su bloque “somos los más interesados en tratar esto”.

Recordó, además, la sesión llevada a cabo esta semana: “El martes cambió algo con la aprobación de la ley Bases y la reforma fiscal. Se decidió que el ajuste recaiga sobre los jubilados y los trabajadores”. “No queremos que el presupuesto educativo sea a costas de dejar a los pibes sin trabajo y o con trabajo, pero sin derechos”, señaló.

“Venimos de una movilización histórica (en referencia a la marcha universitaria del 23 de abril) porque la universidad no es una isla y en la Argentina desde 1918 se ha demostrado que la universidad es una gran caja de resonancia de lo que pasa”, enfatizó Bregman.

A continuación, el diputado Maximiliano Ferraro (CC-ARI) celebró la convocatoria y apuntó contra el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, José Luis Espert: “Ojalá corriéramos con la misma suerte con respecto al presidente de la Comisión de Presupuesto, que sigue con su práctica demostrando ser que es el presidente de una comisión de un bloque parlamentario y no de todos los diputados de la nación que integramos la Cámara”.

Luego reivindicó la “magnífica marcha federal universitaria que se dio a lo largo y ancho del país. Fue una de las más importantes y significativas en estos años de democracia”.

Ferraro destacó el informe realizado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia que coinciden con los datos que brindó la Oficina de Presupuesto del Congreso y al respecto señaló: “La decisión del Ejecutivo de prorrogar el Presupuesto 2023 coloca al sistema de educación superior frente a una situación económica más que crítica y eso lo podemos ver con datos del primer cuatrimestre donde ya en este período vemos que el devengado que tienen la mayoría de las universidades está entre el 95 y el 123%”.

“Lo que nos quieren transmitir desde el Ministerio de Capital Humano, el propio subsecretario de políticas universitarias, está claro que se evidencia esta crisis económica que está viviendo el nivel superior en cada universidad”, cuestionó y agregó: “Estos datos estamos evidenciando que estamos en los niveles más bajos en relación a lo que fue el año 1997. Si para 2024 tomamos el Presupuesto asignado al Programa de Desarrollo de Educación Superior estamos en un 72% más bajo comparado con respecto al año anterior”.

El diputado de la CC-ARI planteó: “Si observamos que la ejecución del primer trimestre refleja una clara reducción del 34% con respecto al año anterior y la caída interanual de las partidas presupuestarias para el sistema de educación superior fue más pronunciada con respecto a lo que se ha dado en otros rubros vinculados al gasto público nacional”.

“Nosotros en esa comisión nos tenemos que dar una clara y precisa hoja de ruta en cómo vamos a trabajar cada expediente”, manifestó y destacó el proyecto de la diputada Danya Tavela que “trata de poder enfrentar la situación del contexto de urgencia actual pero una discusión más de fondo la política de educación superior. También es relevante para poder resolver los alarmantes datos el proyecto de la diputada Pamela Calletti y en el proyecto del diputado Pablo Carro y Hagman hay una buena resolución de cómo agarrar el índice de precios al consumidor con respecto a los gastos de funcionamiento”.

Al finalizar su exposición el diputado Ferraro señaló que esta situación que vive el sistema universitario público es consecuencia del acuerdo entre Sergio Massa y Javier Milei para no aprobar por ley el presupuesto 2024 y así poder prorrogar el de 2023 y licuar con la inflación esos recursos asignados. “Está la crisis y la situación en lo que tenemos devengados en el primer cuatrimestre y esto requiere urgentemente una ampliación presupuestaria para lo que es inciso 1 gasto de personal docente y no docente y gasto de funcionamiento”, cerró.

Así, propuso que en la próxima reunión se invite al subsecretario de políticas universitarias Alejandro Álvarez para que “venga a rendir cuentas y explique cuál es la política de financiamiento”. “Tenemos que volver a invitar a los rectores, la federación universitaria, gremios docentes. Hay que realizar tres o cuatro jornadas de trabajo para atender la urgencia”, propuso.

La vicepresidenta de la comisión Blanca Osuna (UP – Entre Ríos) apuntó contra la gestión presidencial de Javier Milei: “El origen de la desfinanciación de la universidad pública argentina tiene que ver con un modelo de país que apunta al enriquecimiento de un sector vinculado a las finanzas y a la especulación y un empobrecimiento de lo público y los trabajadores”.

De este modo, elaboró un pedido especial respecto al tratamiento para restablecer el Fondo de Incentivo Docente (Fonid): “Junto al Fondo de Compensación Salarial son productos de la lucha docente”.

“Estamos pidiendo que haya agilidad en el tratamiento de este tema (presupuesto universitario) para resolver cuanto antes con un dictamen”, sostuvo, y añadió: “Insistimos que resuelto este tema se incorporen los proyectos del Fonid”.

Su compañero de bancada, Daniel Arroyo coincidió en que “es clave tratar el financiamiento de las universidades públicas” porque “el Gobierno está trabajando con el presupuesto 2023 prorrogado. Un presupuesto que se presentó en 2022 y se suponía que iba a haber un 60% de inflación, hubo 211%”.

“Es imposible que una universidad pública funcione de esa manera. El presupuesto para las universidades se ha terminado porque hay un desfasaje entre lo asignado y la inflación”, alertó el bonaerense y sumó: “Hace falta un cambio estructural profundo en la educación en general, pero no va a ser posible en la práctica ir cada 15 días a discutir al Ministerio de Economía para ver cuánto les transfiere a las universidades, no es posible que funcione de esta manera el sistema”.

Arroyo afirmó que “ya hubo un recorte del 70% y las universidades ya no tienen planta. Tenemos en serio dictaminar rápidamente porque no hay mucho por debatir porque es evidente que están faltando recursos, que todo está desfasado y que un sistema no tiene forma de ir consiguiendo presupuesto”.

“Tenemos que acelerar, tenemos que dictaminar cuanto antes. Suena razonable tomar el IPC, pero no podemos estar de reunión en reunión debatiendo porque las universidades necesitan tener claridad. Va lo mismo con el FONID, y con las provincias. Todo es grave”, insistió. En el mismo sentido se pronunció Hugo Yasky de “dictaminar ya” porque “estamos frente a una situación de colapso”.

La quinta expositora fue la diputada nacional Romina Del Plá (FIT-U) quien pidió en lo posible de culminar la reunión con un dictamen y se refirió al Fonid: “Esa reducción impacta en salarios que ya son magros e impacta en la calidad educativa”.

A su turno, el neuquino Osvaldo Llancafilo (MPN) indicó que en su provincia el 85% de la educación es pública con lo cual “es de suma importancia este debate y lo que pasa en la Universidad del Comahue”, y lamentó: “Un presupuesto prorrogado lastima y hiere a la educación pública”.

Así, alarmó que “el retraso en función del proceso inflacionario hace que nuestra universidad tenga ejecutado prácticamente el presupuesto que tiene estimado para este año y va a tener un serio problema a partir del mes que viene si es que no le damos celeridad al tratamiento de actualización del presupuesto universitario y una cláusula gatillo que rápidamente produzca una actualización del mismo que genere no tener a volver el problema que tenemos”.

“Es un error del presidente no reconocer esta situación”, cuestionó y también apuntó contra la gestión anterior que “congeló el envío de recursos actualizados a las universidades. Tenemos cuantificados 120 mil millones de pesos tenemos de déficit en infraestructura escolar. Un país sin educación no tiene futuro, pero tiene que ser una educación de calidad que garantice los días de clases”.

El diputado nacional Christian Castillo (FIT-U), en sintonía con lo planteado desde su bloque, reafirmó que “es imperioso dictaminar cuanto antes”. Asimismo, manifestó que “la macha con 1.200.000 de personas puso en evidencia que no se puede seguir postergando el tratamiento del presupuesto universitario”.

Del mismo modo, recordó a la sesión fallida del miércoles 24 de abril que pretendía tratar estos proyectos y apuntó contra el presidente de bancada radical: “Muchos de los que fueron a la marcha universitaria no vinieron a sesionar. (Rodrigo) de Loredo vení y dá quórum”.

Por otro lado, se refirió a la cuestión de los salarios docentes y amplió que “la salida tiene que ser integral de la actualización salarial”. “hablan de auditoría y van a darse que falta plata, no que sobra, por eso instó a que se dictamine”, concluyó Castillo.

La diputada radical Danya Tavela fue al principio de la cuestión y recordó el acuerdo entre Sergio Massa y Milei en 2023: “Tenemos que tener en cuenta que el problema comienza por un acuerdo preelectoral entre los candidatos sobre no discutir el Presupuesto 2024”.

Asimismo, consideró que “las 60 universidades no pueden estar yendo cada mes a resolver la financiación porque la expresión de la marcha fue ‘encuentren la solución’”. Se diferenció, por otro lado, de la oposición más dura y afirmó que “instó que nos demos el espacio de diálogo y escucha sin salir corriendo”.

En su intervención, el socialista Esteban Paulon (Santa Fe) preguntó: “¿Cuál es la política educativa que pretende el gobierno?”. “Este presupuesto 2023 es parte de otra de las políticas de Estado que es la subestimación de la inflación”, cuestionó.

El santafecino se refirió a las condiciones en las que se atraviesa el proceso de educación obligatoria que “son centrales, por lo tanto, cuando discutimos presupuesto universitario, salarios, partidas para investigación, tenemos que poder garantizar un tránsito razonable y con recursos correspondientes en todos los tramos”.

“En estos cuatro meses este Gobierno ha sub ejecutado muchas partidas. Aprovechó la licuadora y motosierra”, apuntó y comparó: “Los ATN crecieron un 177% ahí la licuadora anduvo en velocidad uno, pero con la educación y en términos nominales las transferencias a las provincias en concepto de educación cayeron el 80%”.

Paulon alertó que “las Becas Progresar, váuchers educativos y el subsidio para educación privada no aparecen por ningún lado, no se otorgan y esto impacta en tramos de la educación”. “Hay dos programas nada más del Gobierno nacional en educación que han logrado superar el 10% de ejecución el de Hora Extra. Algunos se interrumpieron completamente como el de comedores escolares, el de cooperadoras, políticas edilicias”, precisó y cerró: “Vemos un desfinanciamiento parejito en la educación obligatoria que no puede tener otra contraparte que el consecuente desfinanciamiento universitaria”.

“Tenemos la responsabilidad de recuperar la potestad presupuestaria del Congreso y modificar y corregir este aspecto de la política pública que intenta impulsar por vía de la ausencia con un presupuesto Javier Milei”, y ratificó el pedido por incorporar al temario el FONID y solicitó que el plan de trabajo y debate sea “preciso”, al tiempo que solicitó que la Comisión de Presupuesto se acople a una reunión conjunta para “dar una respuesta urgente y evitar el inminente cierre de las universidades”.

La jefa de bancada de Innovación Federal, Pamela Calletti, relató que se reunió con autoridades de la Universidad de Salta y aseveró que en marzo “tuvieron presupuesto por 90 millones y la factura de luz fue de 58”. “Las universidades están sin aire porque la situación es crítica”, remarcó.

Del mismo modo, sostuvo que “Salta ha reclamado ante la Corte Suprema la reemisión del FONID. Entendemos que es importante”, y coincidió con lo propuesto por Tavela en relación a estos debates: “Que no sean más de dos reuniones informativas”.

En primera instancia, el jefe de bancada de UP, Germán Martínez, recordó que el tratamiento del Presupuesto 2024 no fue “un pacto político”, sino que explicó que se definiría a partir del resultado del balotaje entre Massa y el actual presidente. “No se hizo lo del 2015 que se aprobó un presupuesto y luego hubo otro presidente”, remarcó.

Asimismo, planteó: “La última renovación del FONID la hizo Alberto Fernández a través de un DNU porque no le habían aprobado el Presupuesto, Milei podría haber hecho lo mismo, pero no lo hizo”.

Con relación a este debate, el santafesino sostuvo que “todos estamos de acuerdo que se requiere previsibilidad en el presupuesto universitario”, pero enfatizó que “lo que hay que hacer es poner fecha de las cosas que nos permita tener un horizonte de sesión”.

En esa línea, planteó que “el jueves 16 tendríamos que estar dictaminando”, y sugirió que “la clave es que la ampliación de este presupuesto la discuta el Congreso”. En el cierre, cargó contra el titular de Presupuesto y Hacienda: “Que (José Luis) Espert no pedaleé estos temas porque son muy sensibles”.

Por el lado radical, también habló el mendocino Julio Cobos que, sin ser miembro de la comisión, presentó un proyecto sobre la restitución de FONID, destacó el consenso entre los diputados del cual “puede constituir un punto de inflexión en la relación que tenemos que tener todos para resolver los temas”.

“En los sucesivos gobiernos siempre ha sido la manera de construir los presupuestos subestimando partidas para, luego, otorgar con cierta discrecionalidad el incremento de la partida que puede poner el jefe de Gabinete, pero no contar con un presupuesto claro agrava aún más estos problemas. Se merece un gran debate esto”, expresó y pidió fijar una fecha razonable para convocar invitados.

Del lado del oficialismo, fue Santiago Santurio (Buenos Aires) quien habló y señaló que “el problema (del financiamiento educativo) es por la inflación descontrolada que tenemos en la Argentina, sobre todo en el 2023 y que recién ahora muestra signos de que esto está cambiando”.

También indicó que “las políticas tienen que tener verdadero impacto porque venimos con una crisis educativa muy grande donde decrecimos en alfabetización”, y defendió las medidas del Ministerio de Capital Humano: “Hubo aumentos del 60% y el 70% en mayo para el financiamiento educativo que desde septiembre del 2022 los fondos estaban congelados”.

Al hacer uso de la palabra durante la reunión de la Comisión de Educación de Diputados de este jueves, el socialista Esteba Paulon (Santa Fe) recordó que es el Día Internacional Contra el Acoso Escolar o el Bullying que se conmemora cada 2 de mayo con el fin de concientizar sobre los riesgos que conlleva este mecanismo, el cual afecta a uno de cada tres niños y anticipó que presentará una iniciativa al respecto.

“Es un día que ha ido tomando visibilidad. Sabemos lo que implica en la igualdad de oportunidades de una sociedad que los niños y niñas puedan atravesar su proceso de educación obligatoria libre de discriminación, acoso y hostigamiento en las escuelas ya que es una de las principales causas de abandono escolar”, explicó y adelantó: “Vamos a estar presentando una iniciativa de abordaje integral del tema que espero pronto podamos tratar en la comisión”.

La efeméride fue proclamada en 2013 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), con el apoyo de diferentes asociaciones no gubernamentales que trabajan por la lucha contra el bullying.

Durante la Sesión Especial convocada para este lunes para votar la Ley de Bases en el Congreso, la diputada nacional Romina Del Plá (PO/FIT-U) rechazó el paquete de leyes y los calificó como “una reverenda porquería”.

Del Plá declaró: “Estamos ante la legislación más reaccionaria de las últimas décadas y una de las peores de la historia: Por un lado, un cambalache de precarización, privatizaciones, vaciamiento de instituciones del estado y un nuevo robo a los jubilados con la eliminación de la moratoria. Por otro lado, una reforma laboral que profundiza como nunca la precarización, que contrasta con un paquete fiscal que le otorga beneficios a los empresarios y a los especuladores y fugadores seriales”.

Sobre el capítulo de la reforma laboral enfatizó que “es la biblia de la precarización”, porque “toda la legislación apunta a garantizar la informalidad del trabajo y las puertas giratorias. Sienta las bases para un futuro de inestabilidad laboral permanente al mismo tiempo que libera a las empresas de toda responsabilidad para con su empleado. Es una catástrofe, lo que oficialistas y falsos opositores llaman ‘modernización’ laboral es un guiño a la esclavitud”.

Más tarde, continuó: “Al mismo tiempo de todos esos ataques a la clase trabajadora, votan el paquete fiscal que le llena los bolsillos a los empresarios. Habilitan blanqueo de capitales, les reducen impuestos y le otorgan moratoria impositiva para quienes no pagaron los aportes de sus empleados, pero vuelven a poner el impuesto al salario”.

“Los laburantes se pagan su propia indemnización, los no registrados se quedan sin moratoria, y los parásitos patronales son premiados. En conjunto, esto es el comienzo de un plan que busca someter a la clase trabajadora, destruyendo su poder adquisitivo, pero también destruyendo su capacidad de organización”, apuntó.

Sobre las movilizaciones contra la legislación, la diputada declaró: “A pesar de que el paro no fue convocado para hoy porque la CGT decidió negociar la reforma laboral con Milei y darles la espalda a los trabajadores, desde la izquierda, organizaciones sociales y sindicatos independientes rechazamos este ataque en las calles y les exigimos a las centrales obreras que convoquen a movilizar. Que se apuren cuánto quieran para votar esta porquería, la derrota de este gobierno va a ser en las calles y ellos lo saben. Estamos preparando una huelga general y las y los trabajadores les vamos cobrar cada golpe, a este gobierno y a sus colaboradores”.

Siguen las febriles negociaciones en la Cámara de Diputados por los proyectos de ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, y Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes, que el oficialismo se propone debatir en el recinto el lunes 29 y martes 30 de abril. En ese marco, se van postergando las metas autoimpuestas por los protagonistas de las negociaciones -oficialistas y bloques dialoguistas-, pero persiste la convicción de que se llegará con los tiempos.

En efecto, la idea original era convocar al plenario para retomar el debate sobre la ley de Bases este miércoles, para dictaminar ese mismo día; en tanto que harían lo mismo con el paquete fiscal al día siguiente.

Para eso, se tenía que llegar a buen puerto con las negociaciones que siguen a pie firme, cosa que no ha sucedido, por lo que lo que se preveía hacer este miércoles, quedó para el día siguiente. No todo: este miércoles a partir de las 9 se realizará una reunión informativa de la Comisión de Legislación del Trabajo para analizar la reforma laboral, tal cual se preveía.

Así las cosas, en la mañana del jueves se debatirá el proyecto de Bases y al mediodía el paquete fiscal.

Esto no significa que estén “trabados” en la negociación, según aclararon a este medio fuentes que participan de las tratativas. “Simplemente no hemos terminado”, precisaron. La discusión gira en torno a detalles de la reforma laboral.

En ese sentido se precisó que el paquete fiscal está “bastante cerrado”. La actualización del mínimo no imponible para Ganancias sería este año trimestral. Esto es, se haría en el mes de septiembre.

En cuanto a la ley de Bases, la oposición logró incluir un listado de exclusiones de organismos a disolver o intervenir, lo cual los ha dejado bastante satisfechos.

El famoso artículo 70, que ahora era el 143, aquel , que faculta al Ejecutivo a intervenir en el mercado, finalmente será eliminado.

En cuanto a los beneficiarios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), los beneficiarios vuelven a pagar dividendos. Los primeros 7 años, será un 7%, y luego 3,5%.

Según pudo saberse, en cuanto a la moratoria, se creará una Prestación Previsional Proporcional por aportes parciales.

En cuanto al monotributo, habrá actualización semestral por IPC; también se revén los montos de alquileres y pueden volver los excluidos 2024, una modificación conseguida a instancias de la diputada del Pro Germana Figueroa Casas.

Respecto de la reforma laboral, subsiste la discusión por la obligatoriedad del aporte sindical.

La sesión especial solicitada por el bloque Unión por la Patria para este miércoles a las 11 en Diputados trajo consigo aparejado una serie de cambios en la agenda de las comisiones que estaban previstas para ese día.

Para las 11.30 estaba programado un plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Derechos Humanos y Garantías que iban a recibir a los familiares de los secuestrados por el grupo Hamás en Israel el 7 de octubre de 2023. El encuentro se suspendió, al igual que la reunión de la Comisión de Derechos Humanos que iba a llevarse a cabo desde las 14 a la que iban a asistir familiares de víctimas y víctimas de delitos contra los derechos humanos sufridos en pandemia.

Sin embargo, la Comisión de RR.EE se reunirá a las 10, previo a la sesión, pero para tratar un paquete de proyectos que aprueban convenios y acuerdos.  También tratarán el proyecto en revisión por el cual se solicita autorización para desempeñar cargos de cónsules y vicecónsules honorarios a ciudadanos argentinos propuestos por gobiernos extranjeros; una iniciativa para reconocer y condenar el Holodomor como genocidio perpetrado por el régimen soviético de Joseph Stalin contra el pueblo ucraniano.

En el mismo horario fue convocada la Comisión de Seguridad Interior para completar la grilla de autoridades. Por la tarde, a las 14 también está en agenda una reunión informativa de la Comisión de Legislación Penal a la que fueron invitados el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación, Carlos Alberto Monfroni y el director nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad de la Nación, Fernando Soto, para iniciar el tratamiento del paquete de leyes de reforma en materia de seguridad contra el crimen organizado enviado por el Ejecutivo.

A las 16, está previsto que Seguridad Interior y Legislación Penal se reúnan en el Anexo “C” para darle tratamiento al proyecto de creación del registro nacional de datos genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual Ley 26.879.

La duda recae en si las comisiones que están en agenda por la tarde se llevarán a cabo o no. Fuentes cercanas consultadas por parlamentario.com afirmaron que “está previsto hacerse. Salvo que la sesión especial tenga quórum”.

No solo la sesión -si llega a concretarse- hará cambiar la agenda en Diputados, sino que el esquema se modificará en virtud de si se convoca a un plenario de comisiones para dictaminar la nueva ley de Bases, ya que este martes, el oficialismo y la oposición dialoguista seguían negociando y de ese resultado dependerá si se convoca al plenario o no.

Mientras el oficialismo comenzó a debatir el proyecto de Ley Bases y el paquete fiscal en Diputados, desde el bloque Unión por la Patria presentaron una iniciativa propia modificando Ganancias en la que proponen la ampliación de los sectores que ya están alcanzados.

El proyecto busca sustituir el segundo párrafo del artículo 73 de la Ley de Impuesto a las Ganancias para que la nueva redacción indique que las rentas derivadas de la explotación de juegos de azar en casinos y de la realización de apuestas a través de máquinas electrónicas de juegos y apuestas automáticas; extracción de petróleo crudo, gas natural y fabricación de productos de refinación de petróleo; y la intermediación financiera y servicios de seguros, tributarán al 41,50% alícuota que será aplicable para personas humanas y jurídicas.

“El Gobierno busca restituir Ganancias afectando aún más el salario ya deteriorado de las y los trabajadores”, explicó la diputada Cecilia Moreau en su red social “X” y sumó: “No se puede ir para atrás, para desarrollar el país hay que apuntar hacia un esquema impositivo más equitativo”.

El Gobierno busca restituir Ganancias afectando aún más el salario ya deteriorado de las y los trabajadores.

Presentamos como alternativa un proyecto que modifica la Ley de Impuesto a las Ganancias, en el que proponemos que se amplíen los sectores que ya están alcanzados,… pic.twitter.com/mJPt7O44zB

— Cecilia Moreau (@ceciliamoreauok) April 22, 2024