La Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados, a cargo de la radical Gabriela Brouwer de Koning, se reunió este martes para emitir los dictámenes sobre una reforma del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones.

Es la cuarta reunión que la comisión mantiene, en la primera de ellas los autores de los proyectos expusieron las principales ideas de sus textos, en las dos siguientes fueron invitados funcionarios de la ANSeS y expuso una treintena de invitados.

En medio de ello, el Gobierno nacional emitió el DNU 274/24 a través del cual se dispuso que las prestaciones previsionales serán actualizadas todos los meses de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor que elabora el INDEC. El aumento extraordinario que el Gobierno da para compensar la pérdida ante la inflación es de 12,5%, que contraría lo que reclama la oposición, por arriba de los 20 puntos.

El fin de semana pasado se conoció el proyecto de UP para mejorar las jubilaciones y pensiones, brindando un aumento por única vez del 30% para todas las prestaciones, de forma tal de compensar lo perdido en los últimos meses. Desde el bloque habían solicitado apurar el dictamen, pero ello no garantiza todavía que el proyecto vaya a llegar al recinto ya que sucede que todavía falta que lo trate Presupuesto y Hacienda, cuyo titular José Luis Espert no está dispuesto a convocar a su comisión para algo que no pueda llegar a dominar. ¿Cuál es la estrategia opositora en ese caso? En la próxima sesión buscarán hacer un emplazamiento a esa comisión.

Al inicio de la reunión, la titular de la comisión destacó el compromiso con el cronograma de trabajo que se propusieron “acorde a las exigencias de la sociedad”, pero también “poder hacer un debate serio, profesional y responsable en este tema tan sensible que son los haberes y pensionados del país”.

Brouwer de Koning ponderó el análisis que se hizo de los 17 proyectos presentados porque “cada uno tenía aportes interesantes para el debate”. “Le dimos una apertura total, integral y cabal al tema para escuchar las diferentes voces y así poder tener el aporte de todas las miradas de quienes quisieron participar”, resaltó sobre la reunión informativa.

En tanto, la radical remarcó que se trabajó “sin prejuicios, con una apertura objetiva analizando los diagnósticos donde hubo una coincidencia mayoritaria en tres temas”, y detalló: “El empalme del 12,5% que dio el DNU donde para muchos resultó insuficiente de acuerdo al deterioro que tuvieron los haberes por la inflación del país”.

“Segundo todo lo que implicó en las proyecciones económicas donde el DNU plantea un índice de actualización de IPC que la mayoría de los proyectos de la comisión lo proponían, pero dejaban un efecto de que si había variaciones salariales el haber no tenía ningún movimiento y se planteó qué pasaba en esa situación. Hubo fallos que plantearon que en esas cláusulas se tenía que tener encuentra las variaciones salariales”, precisó.

NOTICIA EN DESARROLLO

La Cámara de Diputados cerró este jueves una intensa jornada legislativa con la constitución de la Comisión de Mujeres y Diversidad siendo ratificada como presidenta la diputada Mónica Macha (Unión por la Patria) y confirmaron como día y horario de reunión los martes a las 15.

“Militante transfeminista, Licenciada en Psicología y doctorando en Salud Colectiva. En su gestión en Morón llevó adelante una política que fue pionera del abordaje violencias y políticas de género que, además, tuvo un reconocimiento internacional. Fue impulsora del proyecto IVE, del cupo laboral trans en provincia de Buenos Aires y en la Cámara de Diputados, de la Ley Johanna, de la creación de protocolo para el cuidado, acompañamiento y atención integral para mujeres y personas gestantes frente a la muerte perinatal, una gran acompañante de las madres protectoras. Una militante todo terreno”, la definió la cordobesa Gabriela Estévez al proponerla a Macha.

En tanto, el diputado Maximiliano Ferraro (HCF) propuso como vicepresidente primero al socialista Esteban Paulón (Santa Fe) quien es “un histórico activista del colectivo LGTBQY+ desde el año 2002 que inició su participación en la Asociación Civil Box una ONG de Rosario que se expandió. En 2005 fue el fundador de la Federación Argentina de Lesbianas, Gay y Trans organización que presidió desde el 2010 hasta 2015. Desde allí, formó parte del equipo redactor y de incidencia política en lo que fue la aprobación de las leyes de matrimonio igualitario y de identidad de género que son leyes significativas que hacen al reconocimiento pleno y ampliación de derechos”.

En materia de políticas públicas, destacó que Paulón fue “impulsor del área de diversidad sexual de la municipalidad de Rosario y estuvo a cargo de la primera subsecretaría de políticas de diversidad sexual del país. Estamos orgullosos que ocupe la vicepresidencia”.

Para la vicepresidencia segunda fue propuesta María Sotolano (Pro) quien se desempeñó en “actividades de territorio y cerca de la gente a través de la Secretaría de Desarrollo Social”.

La secretaría primera que le corresponde a UP, la segunda que es para La Libertad Avanza y la tercera para la UCR, quedaron pendientes de designación de nombres.

Promediando el encuentro, Estévez solicitó a que la comisión exprese repudio al respecto de lo sucedido con una militante de la agrupación H.I.J.O.S cuya noticia se difundió en los medios en la mañana de este jueves. “La abusaron sexualmente, le robaron documentación y le dejaron una leyenda de ‘VLLC’. No quiero orientar esto a ninguna fuerza política, pero si hablar de la gravedad que estos hechos tienen”, expresó la cordobesa.

“Es fundamental que en términos de respeto y resguardo de la democracia que lo podamos hacer en esta instancia”, afirmó Macha.

 

Mientras se busca combatir el narcoterrorismo que se adueñó de Rosario y con la inseguridad que escala día a día en cada parte del país, Diputados puso en marcha la Comisión de Seguridad Interior en la que recaerán los proyectos que anunció este jueves la ministra Patricia Bullrich sobre “Ley antimafias” y la reforma a la Ley de Seguridad Interior. Los días de reunión serán los miércoles a las 10.

Al frente de la misma fue designado el santafecino Alejandro Bongiovanni (Pro), precisamente quien lo postuló en nombre del bloque fue su par Diego Santilli, nombre que había trascendido para presidir la comisión.

De los restantes cargos, solo se designó la secretaría primera. Fue la cordobesa libertaria María Ibáñez la encargada de proponer mendocino Álvaro Martínez -incorporado hace una semana al bloque de LLA- que “tiene una maestría en seguridad pública. Viene tratando el tema desde que era diputado provincial”.

En tanto, el chaqueño Juan Manuel Pedrini (UP) le deseo “éxito en su gestión” a Bongiovanni y resaltó: “Todas las comisiones son importantes, pero teniendo en cuenta a la luz de los acontecimientos va a ser sin lugar a dudas escenario de grandes debates”. A continuación, dejó en reserva los nombres para la vicepresidencia 1ra y la secretaría 3ra.

Lo mismo hicieron la UCR con la vicepresidencia segunda y la Coalición Cívica con el cargo de secretaría segunda.

El repudio al ataque de la militante H.I.J.O.S

La diputada Mónica Macha (UP) pidió hacer uso de la palabra para repudiar el ataque que sufrió la compañera de H.I.J.O.S en la madrugada y contó: “Fue sorprendida en su casa, golpeada, abusada sexualmente”, y pidió ir a una declaración conjunta de la Cámara “a pocos días de un nuevo aniversario del peor Golpe de Estado que sufrió nuestro país y lo entendemos somos parte de la defensa del sistema democrático y este tipo de hechos lesionan el sistema y por eso es importante que todos los sectores repudien lo que pasó y por sobre todo en la Casa de las Leyes y que podamos pensar una declaración conjunta”.

El catamarqueño radical Francisco Monti adhirió a las palabras de la diputada preopinante y exigió que la justicia “prontamente pueda delimitar las responsabilidades y móviles y que el arco político actúe de manera correcta sin abrir juicio sobre el móvil que podría haber involucrado este feroz y brutal ataque y delito que fue víctima la ciudadana”.

“Desde la Coalición Cívica nos vamos a adherir y expresamos solidaridad y exhortamos a la celeridad de la justicia para que los responsables sean condenados”, expresó brevemente Mónica Frade.

Pedrini propuso como primer acto de la comisión la redacción de un comunicado sobre el hecho firmado por un representante de cada bloque, pero el electo presidente le aclaró: “No está dentro de lo que tenemos que discutir hoy y faltan varias autoridades todavía”.

Martínez repudió en nombre de La Libertad Avanza lo ocurrido y el pedido de justicia, pero le remarcó a Pedrini que “falta la constitución de las autoridades para hacer lo que propone el diputado. Cada bloque hizo pública su repudio. Deberíamos verlo cuando la comisión funcione en el pleno”.

En la intensa jornada de este miércoles en Diputados, se conformó la Comisión de Legislación del Trabajo bajo la presidencia del radical Lisandro Nieri (Mendoza) y será clave para llevar a cabo el tratamiento de la reforma laboral que propone el Poder Ejecutivo, un tema que es reclamado por la oposición dialoguista y que se encontraba en el mega DNU 70/23, cuyo capítulo fue anulado por la Cámara Nacional del Trabajo.

Desde el Anexo “C”, la vicejefa del bloque UCR, Karina Banfi, propuso a Nieri al frente de la comisión y destacó que es economista de la Universidad Nacional de Cuyo, que ocupó cargos oficiales representando a su provincia tales como ministro de Hacienda de Mendoza entre el 2017-2018 y entre 2018-2019 se desempeñó como ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia en Mendoza.

“Creemos todo el bloque que es muy merecido el lugar para el diputado. Nos honra y sabemos que va a traer debates estratégicos, democráticos y, por sobre todo, va a generar los cambios profundos que la sociedad argentina necesita en materia laboral”, argumentó.

En tanto, por el bloque Unión por la Patria la diputada Vanesa Siley comunicó que harán reserva de lo nombres para los cargos de vicepresidente y secretaria. La Libertad Avanza, en nombre de su titular Oscar Zago, también dejó reservado el nombre de la secretaría segunda, al igual que Hacemos Coalición Federal por la secretaría tercera.

La vicepresidencia segunda fue para el diputado del Pro Sergio Capozzi (Rio Negro), quien fue definido por su espacio como abogado de “sobrada” experiencia en la materia, que cuenta con especializaciones y cursos en la Universidad Austral y de Buenos Aires.

Tras ser elegido, Capozzi agradeció la postulación y expresó entre risas y de forma breve: “Espero no defraudarlos. Algunos que están acá vamos a compartir aviones. Gracias por la confianza”.

Al tomar la palabra, Nieri celebró la constitución de la comisión “sumamente importante que tiene un montón de desafíos pendientes reconociendo las dificultades que tiene el trabajo, la altísima informalidad, la altísima contingencia con la que se enfrentan nuestras PyMEs nos obliga y compromete a una agenda bastante extensa en la comisión”.

Así, propuso que las reuniones sean los días miércoles a las 10 y eventualmente los días de sesión llevar a cabo el encuentro previamente.

Mientras el Ejecutivo busca recuperarse tras la dura derrota en el Senado por el rechazo que recibió en DNU 70/23, el ministro del Interior, Guillermo Francos, comenzó a acelerar la discusión de la nueva Ley Bases y el paquete fiscal y mantuvo reuniones con bloques opositores cercanos en la Cámara de Diputados.

Los primeros en visitar el Salón de Escudos, en la planta baja de la Casa Rosada, fueron los referentes del Pro, que volvió a cerrar filas con el Gobierno. Por la tarde de este jueves, arribaron los titulares del bloque radical, Rodrigo de Loredo y Karina Banfi.

A la salida del encuentro que duró una hora, el titular del bloque radical dijo entender que se necesita que “las reformas que produzcan cambios en la Argentina realmente sucedan”.

“Pudimos escuchar por parte del Gobierno cuáles son las ideas en términos de tiempos, de métodos habida cuenta de que ya hay unos borradores que están circulando para volver con la Ley ómnibus”, comentó ante la prensa.

El cordobés detalló: “Le pedimos al Gobierno algunas cuestiones muy concretas. Lo primero es que no puede esperar más la temática jubilatoria. El ajuste a los jubilados, que en estos 3 meses le hicieron perder el 35% del poder adquisitivo, eso no puede esperar más, cualquiera sea la suerte que tenga la Ley ómnibus, que nosotros la vamos trabajando y estudiando que puede o no demorar, pero lo que no puede esperar más es la situación de los adultos mayores de la Argentina, es un planteo muy puntual”.

“Tomaron nota del reclamo del radicalismo. Lo segundo que le planteamos, habida cuenta de lo que ha pasado con el DNU, es que vea la posibilidad de incorporar en el texto de la Ley ómnibus la reforma laboral por ley”, informó De Loredo y sumó: “Porque al final del día, lo que también le pedimos al Gobierno, es que se focalice, que priorice y que gestione para que las cosas pasen, porque las cosas no están pasando más que en redes, en varios lugares, pero necesitamos que las reformas que produzcan cambios en el país sucedan”.

Con relación al DNU, consideró que “fue un error de la vicepresidenta haber convocado a una sesión para el DNU cuando está trabajando la Comisión de DNU, que se tendrá que expresar”.

“Y objetivamente dentro de todo ese paquete que tiene el DNU hay una reforma laboral que la Argentina necesita. Entonces le hemos pedido al Gobierno que vea la posibilidad de que estos textos legales de la ley ómnibus que vamos a volver a revisar, y que celebramos que vuelvan al Congreso, tenga la posibilidad de incorporar estas reformas que el país necesita”, comentó en diálogo con la prensa al salir de la Casa de Gobierno.

Con relación a la ley de Bases, reconoció que la que llega ahora es mucho más reducida que la original y consideró que “fue un error haberlo vuelto (al proyecto) a la comisión, teniendo ya una aprobación en general”.

“Ahora vuelve un texto un poco más acotado; no tanto. Mantiene muchos institutos. Está la reforma hidrocarburífera; está el régimen de inversiones, que nosotros ya lo hemos visto de buena manera; está la reforma administrativa, que también la vimos de buena manera”, detalló el diputado cordobés.

Así, agregó que “continúan las delegaciones. Ustedes recuerdan que cuando esta historia arrancó eran 4 años. Vuelve a ser de un año”. Luego dijo que “hay una serie de normativas fiscales: hay una moratoria, que veríamos bien una moratoria; hay un blanqueo, esto es justamente el capítulo fiscal, y Ganancias”. “Bueno esos son temas que estamos empezando a revisarlos en detalle”, indicó.

“Todo el paquete fiscal involucra bienes personales, una moratoria, un blanqueo y ganancias, e indefectiblemente va a requerir salir de este tiroteo Gobierno-Nación”, puntualizó.

De Loredo dijo que “nosotros estamos conscientes de que los gobiernos provinciales tienen que hacer su ahorro para lograr los equilibrios fiscales, pero no es a los tiros. Finalmente, no pasan las cosas… las cosas tienen que pasar, no solamente en las redes, tienen que suceder en la realidad”.

El jefe del bloque radical sostuvo que “todo este paquete fiscal va a necesitar un acuerdo con las provincias, que creo que el Gobierno ha emprendido, enhorabuena”, pero aclaró que “no nos gusta el estilo, el formato, pero lo dejo a un costado”.

Consultado puntualmente respecto de si el radicalismo va a acompañar, De Loredo sentenció: “Nosotros siempre dijimos que estamos predispuestos a darle las herramientas justas y necesarias. Este sigue siendo un gobierno que tiene 90 días. Estamos dispuestos a darle las herramientas justas y necesarias para que pueda llevar adelante su plan de gobierno. Ese es el espíritu por el cual el radicalismo se ha expresado”.

Según fuentes consultadas en la reunión con Francos los radicales pidieron que se trate el DNU, pero “espejado en leyes, por capítulos, para que no se tenga que votar todo-o-nada”. Además, les anticiparon las dos leyes que entrarán: la nueva ley de Bases acotada y una ley con cuestiones impositivas que incluye blanqueo, moratoria y Ganancias.

También se supo que le pidieron que la reforma de la movilidad jubilatoria no se discuta en la ley de Bases, ya que se puede demorar, sino que se trate por vía independiente como empezó a suceder esta semana con la conformación de la comisión de Previsión, y que el capítulo del DNU cuestionado en la Justicia sobre reforma laboral se incluya en la Ley de Bases.

Mantuvimos un encuentro con @rodrigodeloredo y diputados de @diputadosucr, junto al secretario ejecutivo de gobierno de @JefaturaAR, José Rolandi, y el secretario de Interior @catalanlisandro (1/2)

— Guillermo Francos (@GAFrancosOk) March 15, 2024

La que esperaban fuera la primera sesión especial del período ordinario en la Cámara baja fracasó este miércoles, al no poder reunir quórum los diputados convocantes. Así las cosas, siendo las 12.31 el presidente del Cuerpo, Martín Menem, anunció que la reunión se había caído, por lo que comenzó un debate en minoría. Solo alcanzaron a sentarse en sus bancas 119 diputados.

Se sabía desde antes que los radicales no estaban convencidos de bajar. Solo lo hicieron un grupo de los identificados dentro de los “díscolos”: Facundo Manes, Pedro Galimberti, Marcela Coli, Fernando Carbajal y Pablo Juliano. El Pro, en tanto, había adelantado que estaba a favor de debatir el tema, pero consideraba que la convocatoria a la reunión de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, prevista para las 16, era suficiente señal de que se iniciaría esa discusión.

En Unión por la Patria hubo bajas por los vuelos, muchos cancelados por los problemas climatológicos que enmarcan esta semana. Sí estuvieron en su totalidad los cinco diputados del Frente de Izquierda.

De Hacemos Coalición Federal no bajaron a dar quórum los diputados de Córdoba Federal, salvo Natalia de la Sota y Juan Brügge. Tampoco asistió, con aviso, Margarita Stolbizer, ni la misionera Florencia Klipauka Lewtak, ni el entrerriano Francisco Morchio.

De esta manera, dentro de los 119 presentes, hubo 92 de UP, 17 de HCF, 5 del FIT y 5 de la UCR. En tanto, no dieron quórum 39 legisladores de La Libertad Avanza, 38 del Pro, 29 de la UCR, 3 de Independencia (Tucumán), 2 de Por Santa Cruz, 2 de Producción y Trabajo (San Juan), 2 de Buenos Aires Libre y los monobloques La Unión Mendocina y CREO. Tampoco ninguno de los 9 de Innovación Federal, bloque que responde a un grupo de gobernadores, aunque luego de caída la sesión, la salteña Yolanda Vega bajó al recinto. 

Desde ese bloque habían solicitado sesionar, a instancias de los diputados de la Coalición Cívica que integran esa bancada. Ellos proponen un cálculo de actualización en los haberes previsionales de manera mensual contemplando el índice de inflación. Además, frente a la pérdida de poder adquisitivo de los últimos meses, en general, y del primer trimestre de este año en particular, prevén que “la primera actualización que tenga lugar deberá ser complementada con un aumento generalizado de las prestaciones del 20,60%”, en referencia al número de inflación de enero. Además, dispone que “la primera actualización sobre la base de la movilidad se hará efectiva a partir del 1° de abril de 2024”.

En la previa, el oficialismo había hecho esfuerzos por lograr que la sesión no se llevara a cabo, al punto tal de haber anunciado este martes la convocatoria a sesionar por parte de la Comisión de Previsión y Seguridad Social para las 16, cuestión de comenzar a debatir esa cuestión. Al respecto, el bloque HCF emitió en la mañana de este miércoles un comunicado en el que celebraron la decisión de constituir la misma tras haber pedido la sesión especial para tratar la fórmula jubilatoria. Sin embargo, aclararon que mantenían la sesión para intentar emplazar a las comisiones de Previsión y de Presupuesto y Hacienda a fin de que “en un plazo razonable dictaminen una modificación de la fórmula actual”.

El debate en minoría

En el arranque del debate en minoría, el cívico Juan Manuel López, enfatizó que “no hay sector de la sociedad que se haya perjudicado más con la inflación” que el de los jubilados. Inflación que, aclaró, no se la adjudicaba a la gestión actual, sino a la anterior. Celebró también el anuncio del día anterior sobre la importación de medicamentos, aunque se quejó de que fuera una apertura muy leve. “Creo que es por un tiempo corto y no sé si va a ayudar al mercado”, advirtió.

A propósito, López dijo que habían pensado que con el mega DNU iba a haber más oferta de medicamentos, pero remarcó que “fue la primera cuestión en la que el presidente se echó atrás. Anuló con un decreto reglamentario lo que decía su DNU”.

También cuestionó al presidente porque “le cuesta tener empatía, compasión, entender la situación de algunas personas que sufren más que ellos. Le estamos pidiendo que sea más inteligente”.

Tras celebrar la constitución de la Comisión de Previsión prevista para este miércoles por la tarde, advirtió que “para que un plan económico sea exitoso, tiene que tener pericia técnica, consistencia económica y tolerancia social. Esos tres elementos para un plan de estabilización que ojalá a Milei le salga bien están en nuestro proyecto, que lo vamos a tratar esta tarde, junto a muchos otros que se han presentado”-.

Y cerró advirtiendo: “No sé cuánto va a durar la tolerancia social, espero que lo tengan, porque no estamos para hacerle un favor a ningún gobierno, sino para que la tolerancia social ayude a estabilizar la economía”.

También desde esa bancada habló el diputado Nicolás Massot, quien se quejó ante el presidente del Cuerpo por la demora en constituir las comisiones, un recurso que, lamentó, “se usa frecuentemente”. Luego pidió que “no tratemos de buscar justificaciones en errores pasados para justificar nuestras propias demoras”.

Y tras recordar el pedido del propio Martín Menem para trabajar de lunes a domingo, cuando el debate de la ley de Bases en el verano, él le pidió al presidente de la Cámara que “trabaje al menos de lunes a viernes”. Recordó que estaban esperando que del oficialismo que manden la ley de Bases y les pidió “no aprovechar las dos semanas cortas que vienen, para tener que empezar recién a discutir esto después de Semana Santa.

Ya sobre el tema del debate, acusó de “cinismo” al presidente al referirse al tema de la licuación de los haberes jubilatorios, que vinculó con la caída de la ley ómnibus. Recordó en ese sentido que en el texto original el Gobierno solo derogaba la fórmula previsional y daban aumentos por decreto, algo que consideró “violatorio de la jurisprudencia de la Corte”.

Eso es “falso”, dijo. Massot dijo que “varios de nosotros compartimos mucho el punto de llegada”, pero aclaró que “es una lección aprendida que combatir la inflación no es un fin en sí mismo”. Tras destacar que ese combate con la inflación que arranca con el equilibrio fiscal, en ese objetivo común no deben pagar solo los jubilados

“No simplifiquen la realidad, termínenla con la bipolaridad, con las antinomias. Abandonemos esa estrategia”, reclamó, haciéndose cargo por lo que a él mismo le correspondía de cuando el Pro pasó por el poder, y concluyó pidiéndole al oficialismo apurar el envío de la ley ómnibus.

Al tomar la palabra, el jefe de Unión por la Patria, Germán Martínez, enfatizó en “la necesidad que este recinto esté abierto, que nadie cierre este recinto, y que las comisiones funcionen” para que “se traten todos los temas que preocupan a una sociedad tan diversa”. Tras valorar a quienes dieron el presente, le dijo a Menem: “Hoy a usted y al oficialismo lo salvaron las fuerzas del cielo, que perjudicaron con las lluvias a millones de argentinos y que imposibilitaron que por muy poquitos diputados hoy no tengamos quórum”.

Pero también consideró que “jugó a favor algo más suyo y del oficialismo, que es cierta mezquindad política que existe”. A continuación, lamentó que “podríamos habernos llevado de acá una agenda de tratamiento de una cantidad de temas que hoy son importantes para los argentinos”, al emplazar a comisiones, como era la idea original.

Entre otros temas, además de la situación de los jubilados, mencionó la prórroga del Fondo Nacional de Incentivo Docente, el desfinanciamiento de las partidas de universidades públicas, la situación de acceso a los medicamentos y alimentos y “el drama que estamos viviendo en Rosario”, ciudad de la cual es oriundo.

Sobre esto último, Martínez pidió “constituir urgente la Comisión de Seguridad Interior” y coordinar con el gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro, “para que estemos dando este gesto de acompañamiento, empatía y cercanía en el lugar”.

Avanzada la sesión, durante las expresiones en minoría, y antes que hable el radical Fernando Carbajal, el diputado del Frente de Izquierda Nicolás Del Caño cuestionó “el boicot que ha hecho el oficialismo y el Pro, que es prácticamente lo mismo, a esta sesión, y también algunos gobernadores, que tiene que ver con esta búsqueda de parte del Gobierno de ganar tiempo. También busca evitar que se rechace por ambas cámaras el DNU 70”. 

“Han festejado el 13,2% de inflación, que si tomamos el trimestre de diciembre, enero y febrero significa un 72% de inflación. ¡Están festejando el empobrecimiento de millones de laburantes, de millones de jubilados!”, enfatizó y advirtió que la clase pasiva “en estos meses perdió 30% en términos reales”. 

El legislador denunció que “la plata que le están sacando a 7 millones de jubiladas y jubilados se la están dando a un puñado de especuladores financieros, que nos estafaron con la deuda, desde siempre y con el gobierno de Mauricio Macri, del cual Luis Caputo fue parte”. 

Del Caño planteó “una actualización inmediata; un jubilado debería ganar como mínima 580 mil pesos”, y para ello propuso “afectar las ganancias de los bancos, de los agronegocios, dejar de pagar la deuda, poner impuesto progresivo a las grandes fortunas, restituir el 83% de las contribuciones patronales que (Domingo) Cavallo redujo, formalización inmediata de los trabajadores y garantizar el 82% móvil”. “La actualización debería darse por el IPC o el RIPTE, alternativamente, según más convenga”, sumó. 

En el cierre, el diputado Ricardo López Murphy se refirió a un conjunto de temas que le interesa tratar. En primer lugar, consideró que “por la situación de Rosario, las comisiones de Seguridad Interior y Defensa Nacional deberían ser convocadas”, sin descartar alguna reunión confidencial. 

“El narcoterrorismo es de una gravedad extraordinaria en Rosario y en América Latina”, señaló y mencionó -entre sus ítems- el asesinato en Chile de un teniente del Ejército venezolano. También la cuestión del avión de Emtrasur, caso del que fue denunciante y por el que ahora “ese gobierno terrorista (en alusión a Nicolás Maduro) impide los vuelos de Aerolíneas Argentinas”. 

Luego, el legislador de HCF dijo que “hay un tema que ignoramos y que yo pienso plantear en la Comisión de Relaciones Exteriores” que tiene que ver con la actualidad de Haití, donde “las bandas terroristas narcocriminales se han hecho cargo del país y han atacado las cárceles y liberado los presos, y en este momento hay una situación de Estado fallido e ingobernabilidad”. Sugirió citar a la canciller Diana Mondino. “Los cuatro temas están íntimamente relacionados. Necesitamos que las comisiones funcionen a pleno”, concluyó. 

Apenas 24 horas después de haber anunciado el aumento de cerca del 30% para diputados y senadores nacionales, la noticia no cayó nada bien en Casa Rosada por lo que el presidente Javier Milei rechazó la medida y el oficialismo confirmó que presentarán un proyecto de ley para retrotraer estos incrementos suscriptos de manera conjunta por los presidentes de la Cámara baja, Martín Menem, y de la Cámara alta, Victoria Villarruel, que data del 22 de febrero pasado.

La suba puso en alerta al presidente porque fue vista por la sociedad como una señal contradictoria a la famosa frase del propio Milei ‘no hay plata’ y frente al ajuste económico que viene realizando el Gobierno desde que asumió.

Ante este malestar, el diputado de La Libertad Avanza (LLA), Carlos D’Alessandro, propuso que los legisladores del Congreso de la Nación devuelvan el aumento del 30%.” Nosotros no levantamos la mano para aumentarnos, el aumento vino solo. Fue un acuerdo entre los presidentes de las cámaras con el sindicato para aumentarles el salario de un 12% en febrero y un 16% en enero a los trabajadores del Parlamento, por lo cual los legisladores nos vemos favorecidos porque viene así arraigado. Basta de aumento a los políticos. Lo ideal sería que nosotros devolvamos ese dinero, que yo no tengo problemas, que me diga Menem cómo lo tengo que devolver y yo al aumento se lo devuelvo mañana y le pido a mis compañeros, a los 38 diputados de La Libertad Avanza más (José Luis) Espert que está en el grupo que hagamos lo mismo”, subrayó.

“Somos 257 diputados que lo devuelvan todos al aumento porque hay gente que la está pasando muy mal hoy, hay negocios que tienen que cerrar, hay gente que no puede comer todos los días, hay pobreza”, cerró.

El puntano contó que este mismo jueves mantuvo conversaciones con el presidente de la Cámara de Diputados y afirmó que “ambos estamos de acuerdo en que hay que retrotraer el aumento que recibimos. Consensuamos presentar un proyecto para dar marcha atrás dicho aumento. Esperamos que la Cámara de Senadores, el Poder Ejecutivo, y el Poder Judicial se sumen a esta iniciativa”.

En el mismo sentido se pronunció su compañera de bloque Lilia Lemoine: “Es lo que corresponde. No es momento para que diputados y senadores recibamos aumento”, y aclaró que “se aprobó solamente porque de otro modo no se podía ajustar el sueldo de los demás trabajadores de la casa. Este sistema fue implementado por Cristina Kirchner. Hay que cambiarlo. Lo propuse en nuestras primeras reuniones de bloque y me alegro de que esto se lleve a cabo”.

En declaraciones radiales, más temprano Menem opinó que el Poder Legislativo no debería “ser ajeno al esfuerzo” y pidió revisar entonces los niveles salariales en los tres poderes del Estado e incluso las Legislaturas provinciales.

Promediando este jueves confirmó a través de su red social “X” que “por orden del presidente Javier Milei, vamos a presentar un proyecto para RETROTRAER el aumento que fue otorgado a diputados y senadores de la Nación de manera automática, debido a la resolución 0013/11 firmada por el ex-presidente del Senado Amado Boudou y el ex-presidente de la Cámara de Diputados Julián Domínguez en el año 2011”.

Al respecto, remarcó que “los diputados y senadores de la Nación bajo ningún punto de vista deben quedar ajenos a realizar el sacrificio que está realizando el pueblo argentino para salir de la crisis”.

Por orden del Presidente Javier Milei, vamos a presentar un proyecto para RETROTRAER el aumento que fue otorgado a diputados y senadores de la Nación de manera automática, debido a la resolución 0013/11 firmada por el ex-presidente del Senado Amado Boudou y el ex-presidente de la…

— Martin Menem (@MenemMartin) March 7, 2024

Esta actualización en las dietas se da a partir de la denominada “Ley de Enganche” que en realidad fueron resoluciones que tomaron los presidentes de ambas Cámaras en 2011. Eso le permite a los diputados y senadores recibir el mismo incremento otorgado al personal del Congreso, y que se fijó en un aumento acumulativo de casi 30%, otorgado en dos cuotas de 16% en enero y 12% en febrero.

La resolución confirmando el aumento a los empleados del Congreso fue firmada por los titulares de ambas cámaras. Sin embargo, nunca se informó que los legisladores iban a quedar “enganchados” a la actualización salarial de los legislativos.

Con dicho incremento, el salario promedio de los 257 diputados y 72 senadores pasaría de $1.400.000 a 2,5 millones de pesos. Además, a ese número habría que sumarle el “plus por desarraigo” -para que los miembros del cuerpo que no son representantes de la Ciudad de Buenos Aires usen en pasajes tanto de ómnibus de larga distancia como de aviones- y los gastos de representación.

Quienes también rechazaron el incremento fueron los cinco diputados nacionales del Frente de Izquierda. A su ellos se sumó el diputado del Pro, Diego Santilli: “No estoy de acuerdo con el aumento en Diputados. En este difícil contexto que están atravesando millones de argentinos, no hay margen para boludeces. Por eso, redacte un proyecto para congelar los sueldos e indexarlos por la fórmula jubilatoria”.

En la antesala de inaugurar su primer período de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación como presidente ante la Asamblea Legislativa, Javier Milei se reunió con una tropa de sus diputados este miércoles.

La reunión, que comenzó a las 10, se llevó a cabo en el Salón Sur de la Casa Rosada y se extendió por casi dos horas. De la misma participaron el ministro del Interior, Guillermo Francos; el presidente de la Cámara de Diputados, el riojano Martín Menem; el jefe del bloque de La Libertad Avanza, Oscar Zago; el asesor presidencial Santiago Caputo, el subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia, Eduardo “Lule” Menem, y el vocero presidencial, Manuel Adorni.

De los 38 diputados con los que cuenta el bloque, la gran ausente fue Marcela Pagano, enemistada con la conducción del bloque. Tampoco asistieron el fomoseño Gerardo González  y el bonaerense Guillermo Montenegro. Si estuvieron Alberto “Bertie” Benegas Lynch, Juliana Santillán, Nicolás Emma, María Cecilia Ibáñez, María Celeste Ponce, Manuel Quintar, Facundo Correa, Nadia Márquez, Julio Moreno, María Emilia Orozco, Carlos Zapata, José Peluc, Carlos D’ Alessandro, Rocío Bonacci, Santiago Pauli y Gerardo Huesen. 

“Se analizaron los avances en la gestión y el incremento que hubo en las ayudas sociales con los sectores más vulnerables”, contó escuetamente su Adorni en su habitual conferencia de prensa, que fue retrasada a las 13 a propósito de la reunión. En tanto, la diputada cordobesa Ponce agregó: “Se trató de un balance de los primeros 70 días”.

También habló con los medios al finalizar la reunión Lilia Lemoine quien contó: “Se habló de cómo está desarrollándose la economía, cómo están impactando las medidas que el Gobierno tomó”. Al ser consultada si la Ley Bases fue eje de la reunión comentó: “La Ley de Bases no fracasó, que no se haya aprobado no significa que fue un fracaso fue para ver quiénes están a favor y en contra de la gente. Se tratará en la medida en que se pueda. Son reformas que se tienen que hacer, la gente lo votó”, y sumó: “Mínimamente hablamos de temas parlamentarios, fue una reunión más informativa para saber dónde nos encontramos”.

“No es la primera vez que cita a los diputados, al presidente le gusta tener contacto de primera mano con ellos”, afirmó Adorni. De hecho, el antecedente prácticamente único fue el pasado 3 de enero. En esa oportunidad participaron 22 diputados nacionales de La Libertad Avanza, en donde el primer mandatario analizó la agenda legislativa en general en vísperas del tratamiento de la ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, que luego se cayó en su tratamiento en el recinto.

Sin hacer mención a la ley de Bases, el portavoz presidencial informó: “Efectivamente se van a enviar proyectos de ley, pero todavía no están definidos cuáles. Hubo una especie de rumor de que Milei no iba a mandar más proyectos al Congreso, eso no es así. Va a ser un año bastante arduo en materia legislativa, en el corto plazo habrá novedades respecto de los proyectos que el Ejecutivo quiere enviar”.

Tras la reunión, en la que también estuvo Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, uno de los diputados que participó reveló a parlamentario.com que el mandatario les hizo un repaso sobre “todas las medidas que tomó, los efectos y los objetivos” e insistió en que “todos los esfuerzos de estos 70 días son para bajar la inflación y atender el problema de la inseguridad”. 

También se refirió a la “decepción” por “el compromiso de acompañar y luego retirar el apoyo” a la ley de Bases que “tuvieron algunas personas oscilantes de la política, que van de una vereda a otra”, señaló el legislador libertario consultado por este medio. “La reunión ha sido muy buena y hemos salido muy satisfechos”, expresó.

En el encuentro, Milei le exhibió a sus diputados encuestas sobre la adhesión a sus medidas en la opinión pública y “la consciencia de la gente en que todavía va a continuar con un tiempo de esfuerzo”. Además, habló de “la posibilidad de que en un plazo no muy lejano, con el fortalecimiento de las reservas, estemos en condiciones de quitar el cepo y se empiece a vivir otra etapa”, dijo uno de los legisladores que participó a parlamentario.com. 

A dos días de la Asamblea Legislativa, el presidente no adelantó nada del discurso que dará, pero sí se espera que rinda cuentas del estado en que recibió la gestión y anuncie nuevas medidas que apunta a tomar. 

 

Tal como anticipó parlamentario.com el presidente de la Nación Javier Milei se encuentra reunido este miércoles desde las 10 en la Casa Rosada con un grupo de diputados oficialistas en la antesala de inaugurar el período ordinario de sesiones este viernes 1ro de marzo, similar encuentro se dio el pasado 3 de enero, en vísperas del inicio del debate de leyes en el marco de extraordinarias.

Los diputados que participan de la reunión -algunos de ellos arribaron a la Rosada en subte- son el presidente de la Cámara baja, Martín Menen, el jefe del bloque Oscar Zago, Bertie Benegas Lynch, Juliana Santillán, Nicolás Emma, María Cecilia Ibáñez, María Celeste Ponce, Manuel Quintar, Facundo Correa, Nadia Márquez, Julio Moreno, María Emilia Orozco, Carlos Zapata, José Peluc, Carlos D’ Alessandro, Rocío Bonacci, Santiago Pauli y Gerardo Huesen.

El jefe de bloque de La Libertad Avanza anticipó en la previa que durante el encuentro “seguramente vamos a tener un avance de qué es lo que quiere el Ejecutivo, cómo quiere empezar a volver a tratar esa ley de Bases que quedó archivada con los 664 artículos”.

No es una práctica habitual el encuentro del presidente Milei con su tropa legislativa. De hecho, el antecedente prácticamente único es el citado de principios de enero. En esa oportunidad participaron 22 diputados nacionales de La Libertad Avanza, encabezados por el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, y el titular del bloque de Diputados, Oscar Zago.

En aquella oportunidad el primer mandatario analizó con sus diputados la agenda legislativa en general y el tratamiento de la ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. Probablemente este miércoles sus legisladores se vayan con alguna idea respecto de la manera como ese ambicioso proyecto pueda ser reflotado ahora para su tratamiento probablemente segmentado.

La Asamblea Legislativa prevista para este viernes a partir de las 20 despierta singular atención, pero viene antecedida por la relación muy tirante entre el Gobierno nacional y los legisladores de la oposición.

Tal cual sucediera el pasado 3 de enero, en vísperas del inicio del debate de leyes en el marco de extraordinarias, el presidente Javier Milei recibirá este miércoles en la Casa Rosada a los miembros de los bloques oficialistas de ambas cámaras.

Se espera que en el marco de este encuentro el presidente les brinde a sus legisladores algunos detalles de lo que vaya a suceder el viernes en la apertura de sesiones ordinarias.

No es una práctica habitual el encuentro del presidente Milei con su tropa legislativa. De hecho el antecedente prácticamente único es el citado de principios de enero. En esa oportunidad participaron 22 diputados nacionales de La Libertad Avanza, encabezados por el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, y el titular del bloque de Diputados, Oscar Zago.

Fuentes oficialistas confirmaron a parlamentario.com el encuentro a desarrollarse este miércoles a partir de las 10 en la Casa de Gobierno.

En aquella oportunidad el primer mandatario analizó con sus diputados la agenda legislativa en general y el tratamiento de la ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. Probablemente este miércoles sus legisladores se vayan con alguna idea respecto de la manera como ese ambicioso proyecto pueda ser reflotado ahora para su tratamiento probablemente segmentado.

La Asamblea Legislativa prevista para este viernes a partir de las 20 despierta singular atención, pero viene antecedida por la relación muy tirante entre el Gobierno nacional y los legisladores de la oposición.

En sus últimos días de viaje por Europa y a la distancia el presidente de la Nación, Javier Milei, volvió a embestir contra los diputados que votaron en contra de la ley ómnibus y gobernadores: “Son la mugre de la política”, y apuntó: “La sociedad tiene claro quiénes son sus enemigos. El proceso electoral lo irá depurando y en 2025 podremos tener un Congreso mucho más comprometido con la libertad. Estos delincuentes son una máquina de impedir”. También habló de la alianza con el Pro.

“Lo que ha pasado es muy interesante porque demostró quiénes son los que están del lado del cambio y quiénes son los estafadores y están en política no para servirle a la gente sino para hacer negocios. Eso es muy positivo, como principio de revelación es fabuloso lo que ha pasado”, sostuvo Milei sobre el fracaso de la Ley Bases. “Esto no afecta a la dinámica de corto plazo, solo la de largo plazo”, planteó.

En diálogo con radio Mitre, el presidente apuntó contra una frase pronunciada por el exjefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta tras el fracaso del proyecto libertario en la votación en particular. Larreta había tuiteado “¡Viva el consenso!”. En ese sentido, lanzó: “Viva el consenso es viva la corrupción, viva la toma y daca, viva la entrega a cambio de plata. Algún diputado del radicalismo me amenazó con que si quería sacar las leyes tenía que entregar cargos y favores a la política. Nosotros no estamos dispuestos a hacer política de esa manera mugrosa, corrupta”.

El mandatario dijo que el tratamiento de los fideicomisos fue revelador porque “son grandes cajas donde roba la política, empezaron a meterse en las cajas donde roba la política y ellos dejaron los dedos marcados. Dejé en evidencia quiénes son la mugre de la política”.

Al recordar las negociaciones en el Parlamento con los diputados del bloque “dialoguista”, Milei fustigó: “Son delincuentes que nos traicionaron, porque hicieron campaña desde el cambio, pero después…Esto lo explica siempre muy bien Mauricio Macri con ‘¿la mía está, no?’. Estaban desguazando la ley y decidí sacarla”.

“Estaban dejando el envoltorio, la cáscara, pero adentro la estaban llenando de estiércol, de excremento. Era cambiar para no cambiar nada. Esos traidores, que viven de la política a costa de los argentinos de bien, les sacaron a los argentinos la posibilidad de esta mejora en términos de libertad económica”, reprochó.

En un tramo de la entrevista dirigido al rol de los mandatarios provinciales en la negociación, describió: “Los gobernadores presionaban para causar un desmadre fiscal porque querían hacer déficit cero, pero sin ajustar sino aumentando los ingresos de modo de ir a déficit cero gastando más”.

“Dado los desmadres que estaban llevando a cabo, dimos una primera señal de que estaban actuando mal cuando quitamos el capítulo cuatro. Nosotros creíamos que llegábamos al equilibrio primario en enero y al equilibrio financiero en marzo. Lo logramos en enero. Hemos avisado que, si no nos daban las herramientas, íbamos a recrudecer los ajustes y que esos ajustes iban a caer sobre las provincias. Nosotros les hemos bajado las transferencias un 98%”, puntualizó.

Acto seguido, realizó una férrea defensa del ajuste fiscal que impulsa desde su gestión: “La gente quería que hiciéramos un ajuste y que el ajuste lo haga la política. Que ahora los gobernadores hagan el ajuste, que es lo que tienen que hacer. Yo tengo que afrontar un ajuste de 15 puntos del PBI y ellos, todos juntos, no pueden afrontar un ajuste de 1,5 puntos”.

En otro tramo, criticó al gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, que “está llorando por 20 mil millones de pesos, que deje de pagar pauta por 26 mil millones a periodistas ensobrados; que dejen de dar recitales”, y cargó contra Maximiliano Pullaro: “Lo mismo le pasa al gobernador de Santa Fe” a quienes advirtió: “Vamos a dejar en claro el despilfarro que hacen. Nosotros vinimos a cambiar de cuajo este país corrupto”, al referirse a dos de los mandatarios provinciales que se fueron sus aliados en las primeras semanas de gestión.

Milei defendió la eliminación del Fondo Compensador del Interior para el transporte de colectivos, cuestionado por los gobernadores, y explicó que él ya había adelantado que iban a hacer eso: “Cuantas menos herramientas tengo, más tengo que profundizar el gasto público. ¿Qué acaso no lo puedo hacer? Yo no voy a negociar de ninguna manera mi programa económico, la meta del déficit cero, el saneamiento del Banco Central ir liberando el mercado de cambio. Voy a terminar con la inflación, voy a terminar con la inseguridad”.

En esa línea, el libertario subrayó: “Estamos eliminando curros de la política. Uno toca los fideicomisos y saltan como leche hervida, hay gente que vive como magnates de ahí, lo que pasó fue maravilloso porque los dejó en evidencia”.

Por otor lado, Milei se refirió al acuerdo con el Pro y dijo que “obviamente” se va hacia un acuerdo con el Pro dentro del Gobierno nacional y consideró que “naturalmente va a fluir hacia eso”.

“Usted toma las declaraciones que yo he venido haciendo mucho antes de las PASO y siempre hablé de un ordenamiento político. Yo no tengo la culpa de que no la vean. Lo que pasó con la Ley Bases dejó claro quiénes quieren el cambio y quiénes el curro de la política”, argumentó Milei.

Al respecto, el líder de La Libertad Avanza recapituló: “(Patricia) Bullrich parte de mi gobierno. Es nuestra ministra de Seguridad y de quien yo estoy infinitamente orgulloso, igual que Luis Petri nuestro ministro de Defensa. Hay una clara intención. Lo que pasó con la Ley Base acomodó quién está de cada lado. Es lo que yo venía proponiendo desde 2021 al ser electo diputado”.

Consultado directamente sobre la idea de explorar un acuerdo político con el Pro, respondió: “Obviamente, de modo espontáneo y natural se dio. Se dio después de las elecciones del 22 de octubre y en los hechos en la Cámara. Algo que naturalmente fluye hacia eso, además de que nos llevamos muy bien”.

Por último, Milei destacó el “diálogo fluido” que mantiene con el expresidente Mauricio Macri: “Tengo un diálogo fluido. Las recomendaciones que me hace me suman muchísimo- Las charlas que tengo con Macri están en la misma línea que con Bullrich. Es cómo se construye un espacio político que represente plenamente el cambio y avanzar en las reformas que hagan de Argentina un país pujante”.

Respecto de si Macri tiene incidencia en el armado de su equipo, el presidente aclaró: “Hablamos de quienes son los mejores instrumentadores, es una discusión técnica. Ni por las tapas lo que dicen los medios. Le puedo pedir que me asesore y en ese contexto me pueden llegar a sugerir. Es una cosa mucho más amigable, no de la manera que se plantea”.

Durante la sesión de este martes, el presidente del bloque de HCF, Miguel Ángel Pichetto, le informó a la Presidencia de la Cámara de Diputados, a cargo de Martín Menem, la noticia del fallecimiento del expresidente de Chile, Sebastián Piñera.

De inmediato, el titular de la Cámara baja accedió al pedido de Pichetto y los diputados realizaron un minuto de silencio en memoria del exmandatario trasandino, quien ejerció ese cargo en los periodos 2010-2014 y 2018-2022.

Piñera murió este martes 6 de febrero, luego de que cayera el helicóptero en el que viajaba en la comuna de Lago Ranco, en la región de Los Ríos, ubicada al sur del país.

ante esta tragedia, la ministra del Interior de Chile, Carolina Tohá, anunció que el gobierno de Gabriel Boric declara el duelo nacional, y anticipó que habrá funeral de Estado.

El diputado nacional Ricardo López Murphy (Hacemos Coalición Federal) opinó de cara al próximo debate de la Ley Ómnibus artículo por artículo: “Creo que habrá un proceso complicado en los próximos días”, por lo que señaló que el Gobierno tiene que “negociar con los sectores de diputados y senadores porque no tienen los votos”.

En diálogo por CNN Radio, el diputado porteño planteó: “Se sabía desde el comienzo que estaban los votos para darle al Poder Ejecutivo la capacidad de gobernar, pero también sabíamos que había discrepancias sobre cómo se había armado el paquete de ley, que fueron superadas y hay temas remanentes”.

En este sentido, López Murphy criticó: “Haber excluido el paquete fiscal fue un error y resolverlo de forma integral habría supuesto menos conflicto”, y estableció que la norma debió “separarse en capítulos para que sea más fácil su abordaje”.

“Creo que habrá un proceso complicado en los próximos días, que se irá resolviendo institucionalmente. Si los votos no están, el artículo que corresponde no prosperará”, comentó. Además, vislumbró que entre el martes y el jueves debería ser posible la votación, para que la también llamada Ley de Bases vaya al Senado.

Y sumó: “Si fuera parte del gobierno coordinaría la acción en el Senado con lo que pasa en diputado, para trabajar en forma espejo. Y no reponer el conflicto en el Senado. Si eso se hace, probablemente sea factible un paso por el Senado menos traumático que en Diputados”.

Por otor lado, se refirió al rol de los gobernadores y destacó: “Ellos llegaron con una agenda de saneamiento dado los desbordes brutales que habían ocurrido bajo la gestión (Sergio) Massa, fue una tragedia que me resulta difícil de racionalizar. Ellos fueron conscientes que llegaban con un descalabro y por acción propia fueron con un programa de normalización presupuestaria y a eso se agregó la propia realidad, de que los recursos no están”.

Es por eso que subrayó en lo imprescindible del capítulo fiscal: “Si dentro de la ley estuviera parte del decreto y la cuestión económica, gran parte de las asperezas que hay se resolverían”.

Por último, López Murphy habló de los próximos dos meses a cumplirse del gobierno nacional, encabezado por Javier Milei: “En otros períodos no había conciencia del deterioro que nos llevó a agudizar las crisis macroeconómicas. Los esfuerzos para evitarlos no encontraron oídos receptivos, pero hoy la sociedad, la experiencia y el debate hace que haya más oídos receptivos a entender que hay un camino que se vuelve inviable”.

“El actual gobierno tiene amateurismo político, tiene que negociar con los sectores que integran diputados y senados porque no tienen los votos. La clave es tener el resultado y hay condiciones objetivas mucho mejores que hace 20 años atrás”, determinó el diputado nacional.

El diputado nacional Christian Castillo, autor del dictamen de minoría del Frente de Izquierda, planteó que son “parte de quienes enfrentamos el plan motosierra de Milei”, y chicaneó: “Alberdi se revolvería en su tumba si ve que su nombre lo quieren usar para justificar esta ley por parte del Gobierno”, y calificó la iniciativa de “mamarracho”.

En su disertación, Castillo expresó: “Venimos de varios días donde hemos visto un espectáculo bochornoso. No solo por todas las violaciones al reglamento de la Cámara y hasta el propio texto constitucional que ha ocurrido con el tratamiento de esta ley. Hemos visto a los gobernadores negociando con el Gobierno cómo querían repartirse el botín del Fondo de Garantías de los Jubilados una disputa que parece que entró en una tregua”.

“Hemos escuchado, para justificar el apoyo a este mamarracho que es la ley ómnibus, decían que había que votarla porque había un sector de la oposición que se autodefinían como responsables. Yo me pregunto si escucharon a Milei hablar en Davos, donde dijo uno de los discursos más cavernícolas de toda la ultraderecha”, cuestionó.

El diputado de izquierda preguntó: “Quién puede pensar que es responsable votarle una ley con facultades delegadas que le dan poderes de monarca a quien dice que el feminismo es su enemigo y que vienen por el aborto, a este Gobierno que quiere imponer un estado policial, que quiere borrar los derechos de la clase trabajadora, que dice que el cambio climático es un invento que hicimos los socialistas”.

“No van a votar porque son responsables, la única actitud mínimamente responsable frente a este Gobierno, el DNU, esta ley, el ajuste es enfrentarlo con toda la fuerza en este Parlamento y en las calles”, se diferenció y chicaneó: “Van a votar porque son todos unos gatitos del poder económico porque van a votar porque se los manda la EA que nuclea a los grandes empresarios del país, porque se los pide el FMI y la Embajada norteamericana”.

“Van a votar una ley que es una impostura desde su título, desde su presentación hasta los últimos artículos. Alberdi se revolvería en su tumba si ve que su nombre lo quieren usar para justificar esta ley por parte de un Gobierno que nos pone como modelo el agroexportador donde unos pocos se llenan los bolsillos”, lanzó.

Para Castillo: “Acá están apoyando un proyecto que sostiene que su modelo de país es que las huelgas van a las páginas policiales, donde cualquier protesta terminaba con la policía baleando a los manifestantes”, e ironizó: “Si un profesor lo escucha a Milei le diría ‘alumno, menos Twitter y vaya a leer un libro que no muerde’”.

“Esta ley agudiza las condiciones de dependencia y atraso que se vienen profundizando desde la dictadura, agravando la pobreza, para que el país sea una suerte de factoría, con un saqueo de nuestros bienes y recursos”, cerró.

Su compañera de bloque, Romina Del Pla afirmó que “esta ley es parte de un plan de guerra contra los trabajadores. La rechazamos de plano y de conjunto, antes y después de la caída del paquete fiscal, lo cual también es mentira porque se roban de un plumazo u$s 37500 millones del FGS-Fondo de Garantía de Sustentabilidad de los jubilados”.

“La disputa que llevó a este dictamen amputado que se firmó en blanco, es para ver cómo los distintos sectores patronales y los gobernadores, que son lobbystas de esas patronales, se reparten el botín del Rodrigazo, de la devaluación, del tarifazo”, expresó.

Asimismo, señaló que “con la consolidación de deuda pública del FGS, también se cae el discurso de los gobiernos kirchneristas sobre que no importa la deuda intraestado. Acá se revela en que consistió el mito del desendeudamiento k, vaciar de dólares el ANSES y llenarlo de una deuda que ahora se netea, Milei viene a completar el saqueo que se llevó adelante durante años”.

“Esta ley tiene una coherencia interna: a los empresarios todo, a los trabajadores ni justicia”, aseguró.

Por último, refirió que “esta ley es lo contrario a lo que la mayoría laboriosa en este país necesita: aumentos salariales, paritarias y recomposición de las jubilaciones e ingresos populares. No seremos cómplices de este atropello brutal, como muchos acá, que rechazan determinados artículos, pero que le van a delegar facultades legislativas a un gobierno que ya demostró sus objetivos: el nefasto DNU y el protocolo represivo. No le cedemos una sola emergencia como no se la votamos a ningún otro gobierno”.

La Libertad Avanza va logrando adhesiones de cara a la sesión que solicitó para este miércoles en la Cámara de Diputados que, a priori, se prevé será extensa con el objetivo de lograr la media sanción al proyecto de ley ómnibus.

En esta ocasión, el bloque Hacemos Coalición Federal emitió un comunicado anticipando que darán quórum y van a acompañar en general la iniciativa. Sin embargo, aclararon que plantearán “las disidencias en varios artículos”.

“Quienes somos parte del bloque Hacemos Coalición Federal siempre planteamos nuestro compromiso de aportar herramientas de gobernabilidad y honrando esa premisa daremos quórum para que en la sesión de mañana en la Cámara de Diputados se pueda discutir la denominada Ley Bases enviada por el Poder Ejecutivo”, expresaron.

Así, plantearon: “A instancias de que algunos integrantes del bloque presentaron dictámenes propios, a la hora de discutir los artículos en particular plantearemos en muchos de ellos nuestras propias visiones, disidencias, o modificaciones a los mismos”.

El diputado nacional y presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, José Luis Espert (Avanza Libertad), descartó la sesión que se rumoreaba para este sábado y, por el contrario, afirmó que “aún falta” porque están “esperando del Ejecutivo la devolución de las sugerencias que han hecho diputados”.

En declaraciones por CNN Radio, Espert comentó “vamos demasiado rápido” e informó que tuvieron seis jornadas extraordinarias de trabajo, tres con funcionarios y tres en donde recibieron a 200 entidades. Por lo cual redondeó que escucharon tres días y 12 horas por día lo que la gente les decía.

“La participación popular ha sido extraordinaria vinculada con el proyecto. Muy felices de lo que hemos hecho hasta ahora. Hemos constituido con éxito las cuatro comisiones que se llaman de gobierno. Hay tres que estamos funcionando como plenario con 115 diputados, la mitad de la Cámara, que hemos escuchado funcionarios y luego a la gente de cooperativas, organizaciones. Ha sido un trabajo gigantesco de mucha organización muy finita, el equipo de trabajo ha funcionado bárbaro. Gracias a los diputados que estuvieron más de 12 horas escuchando”, destacó el diputado nacional.

En este sentido, Espert estimó: “El escenario menos probable es que se sesione el fin de semana, mientras que el más probable es que se sesione la semana que viene. El escenario más probable es tener dictamen lunes o martes”, pero remarcó que “está bien que se haga así porque son 664 artículos, 10 títulos que cambia la vida argentina de blanco a negro”, y resaltó “la buena colaboración” de la Unión Cívica Radical, de Hacemos Consenso Federal y del Pro.

“Sería inesperado que nadie tenga nada para decir de un proyecto que tiene 664 artículos. Hay montones de sugerencias, pero siempre respetando el espíritu del proyecto que es una Argentina que va hacia la libertad, menos burocrática, menos trabada, más aceitado para el sector privado”, remarcó y expresó con optimismo: “Vamos muy bien en el trayecto para lograr la media sanción en Diputados”.

Y adelantó: “Ahora viene una tercera instancia que es el debaten este plenario de comisiones del proyecto de ley y después una vez que esté el dictamen del plenario vendrá la discusión en el recinto. Pero antes de eso el debate previo es el debate en comisión”.

“Estamos esperando del Ejecutivo la devolución de una serie de sugerencia que diputados les han hecho a funcionarios”, afirmó y contó: “Supongo que esa devolución vendrá en los próximos días y comenzará el trabajo en comisión, para la sesión todavía falta porque falta el paso previo que se va a dar los próximos días que no sé cuándo se va a dar”.

También hizo referencia a las jubilaciones y afirmó que la ley actual “no es buena” y que lo central de la nueva reglamentación debe salir, y sumó: “No es que el gobierno de Milei quiere hacer caer las jubilaciones. Son observaciones muy constructivas y atendibles y se esta trabajando para que se logre el avance y creo que vamos a tener un dictamen favorable e iremos al recinto con ese dictamen”, y cerró: “Hay que pensar en la gente, en el individuo, hay que dejar atrás las corporaciones”.

La secretaria general de la Asociación de Abogados Laboristas, Mariana Amartino, lanzó una fuerte crítica a las reformas en materia laboral que propone la ley ómnibus: “Ni la dictadura de 1976 se animó a tanto”. Así, pidió al Congreso Nacional “asumir su responsabilidad, efectuar el control de constitucionalidad y rechazar la norma”.

“Queremos expresar nuestra profunda preocupación por el conjunto de medidas impulsadas por el Gobierno en materia laboral. Los intentos de querer reformar la legislación laboral han sido recurrentes en nuestro país”, inició su presentación frente al plenario.

Amartino recordó que “el anterior y último intento sucedió en diciembre de 2017 y fue frenado por la acción de trabajadores y trabajadoras en conjunto con sus organizaciones sindicales, movimientos sociales y gran parte de la sociedad civil en una manifestación contundente que fue violentamente reprimida a manos de las fuerzas de seguridad”.

“A seis años de esa jornada, nuevamente nos colocan frente al dilema relativo a qué tipo de mundo del trabajo queremos quienes vivimos en este país. Si es un mundo del trabajo inclusivo con derechos o si es uno donde va a imperar la arbitrariedad patronal y las personas trabajadoras tendremos que resignar derechos”, cuestionó.

La secretaria planteó: “En cuanto al contenido de las reformas que se impulsan en este proyecto, que entre sus artículos ratifica el DNU 70/2023, estas implican una afectación de derechos que trascienden todas las esferas de las relaciones laborales”.

“Explicar todos los retrocesos de esta norma en materia laboral me tomaría mucho más que cinco minutos en tanto pone en cuestión la capacidad de acción y organización sindical, criminaliza la huelga y protesta social, posibilita los despidos en el empleo público vulnerando el mandato constitucional de la estabilidad, reduce la indemnización por despido y habilita su reemplazo por un fondo de cese laboral, amplía el periodo de prueba, fomenta el trabajo no registrado a través de la derogación de las leyes antivasión y la eliminación de sus indemnizaciones”, enumeró.

En esa línea, siguió: “En materia de género suprime la indemnización agravada para el caso de despido por el caso de embarazo, modifica los términos de la licencia por maternidad, y las condiciones para la gestión de los cuidados de la jornada laboral, elimina la obligatoriedad de la capacitación en materia de violencia de género para todas las personas que trabajan en el Estado previstas en la Ley Micaela entre muchas otras modificaciones que atentan contra el principio de la progresividad, principio arquitectónico de los derechos humanos que emergen de las disposiciones de la Constitución”.

“La desregulación del DNU del orden laboral hiere de muerte los derechos básicos fundamentales, quiebra la estructura tutelar del artículo 14 bis y los principios vertebrales de progresividad de los derechos y la justicia social incorporados por los Tratados Internacionales con jerarquía constitucional”, alertó.

Amartino señaló que “el título cuatro de trabajo, suspendido recientemente por un fallo de la Justicia Nacional del Trabajo, vacía de contenido el principio protectorio en tanto en su dimensión individual como en su aspecto colectivo, vulnera los principios de la norma más favorable a la persona trabajadora previsto en el artículo 9 del contrato de trabajo, el de primacía de la realidad y el principio de irrenunciabilidad de los derechos previstos en el artículo 12 de la norma que configuran el orden público laboral”.

A modo de ejemplo, mencionó algunas de las reformas estructurales que “demuestran groseramente la gravedad del proyecto que hoy se debate. El DNU desconoce la presunción de la existencia del contrato de trabajo ante la acreditación de la prestación de servicios. Crea la figura del colaborador estableciendo una relación de no dependencia habilitando que un empleador monotributistas o autónomo pueda contratar hasta cinco trabajadores bajo esta figura, pulverizando la relación de dependencia y legitimando el fraude laboral. Otro aspecto preocupante es el caso de los despidos discriminatorios, si bien se incorpora una indemnización agravada con el artículo 245 bis que se pretende introducir, se establece que la prueba estará a cargo de quien invoca la discriminación subvirtiendo los estándares internacionales y, en caso de que sea aprobada y reconocida por sentencia judicial se prohíbe la aplicación de la Ley 23.592 que penaliza los actos discriminatorios eliminando toda posibilidad de reinstalación en el puesto de trabajo de la persona, es decir, le otorga efectos permanentes al despido discriminatorio convalidando un acto nulo”.

En materia de derechos colectivos, indicó que “el proyecto no pierde gravedad sino por el contrario, limita y restringe el derecho a huelga, al exigir la cobertura del 75% de la actividad a trabajadores de una larga lista a las que califican como servicios esenciales o de importancia trascendental que va en contra de la jurisprudencia de la OIT”.

“Esta modificación es imposible que prospere porque no hay ningún modelo en donde se prohíba el derecho a huelga como propone este proyecto”, manifestó y lanzó: “La real intención es acabar con los pilares fundamentales del derecho del trabajo, estableciendo una serie de liberalidades que solo beneficia a los grupos concentrados de poder económico. Ni la dictadura en 1976 se animó a tanto”.

Por último, enfatizó que “el Congreso Nacional y los legisladores deben asumir su responsabilidad en este tiempo histórico tienen que efectuar el control de constitucionalidad y convencionalidad de esta norma que a tenor de violaciones en materia laboral no puede correr otra suerte que su total rechazo y rotundo”.

En la sexta jornada del plenario de comisiones informativa en el tratamiento de la ley ómnibus, el director del Instituto Nacional del Teatro, Alfredo Badalamenti, rechazó el proyecto y consideró que “Es un agravio a la cultura querer derogar la Ley 24.800 que creó la institución”, y destacó que el teatro genera “apertura e intercambio cultural”.

Al inicio de su presentación, manifestó: “Estoy en representación de los 197 trabajadores que andan luchando y peligrando por sus trabajos y de toda la comunidad teatral, que el Instituto Nacional del Teatro es sostén para su actividad”.

Así, recordó que “en el año 2023 se cumplieron 26 años de la promulgación de la Ley 24.800 que creó el Instituto Nacional del Teatro”, y destacó que “la misma fue el resultado de la reflexión, el trabajo y el intercambio de ideas de la generación de diferentes artistas que durante décadas en cada rincón del país sostuvieron la importancia de la actividad teatral”.

“Entendieron que el teatro es mucho más que un resultado espectacular, es vehículo de desarrollo humano, entendieron que la actividad teatral es una actividad productiva que tiene la posibilidad de poner en escena las historias, los sentidos, los problemas de una comunidad garantizando el derecho social de acceder a esta expresión cultural que es formativa y síntesis de obras de arte”, describió Badalamenti.

También describió al teatro como “identidad e idiosincrasia porque genera formas y contenidos que son propios de los territorios del país. Al mismo tiempo es intercambio y apertura cultural con el mundo por ello nuestro sector está conmocionado en este estado de estupor”.

“No terminamos de comprender por qué se plantea la derogación de esta herramienta virtuoso. Una ley ejemplar, admirada en el mundo entero que garantiza fomento y la distribución equitativa de recursos en cada rincón del país y una organización de burocratizada que garantiza debate, intercambio, evitando toda discrecionalidad en la asignación de recursos”, planteó.

Para el directo del Instituto del Teatro “la misma ley y la organización interna del organismo garantizan la transparencia, con controles internos y externos con concursos públicos de antecedentes y oposición para desempeñar roles de representación que garantizan idoneidad y transparencia”.

“En este plenario hay representantes de todas las provincias argentinas y en cada pueblo se puede corroborar in situ los beneficios que en este cuarto de siglo el Instituto Nacional del Teatro ayudó a generar, a multiplicar y sostener, modificando de plano el mapa de desarrollo del teatro nacional, permitiendo que haya teatros independientes de calidad fuera de la Ciudad capitales como un concepto de igualdad y libertad creativas”, planteó.

En tanto, indicó: “Se aduce a la cuestión económica y se señala a estos organismos y a la cultura en general como deficitarios y onerosos por una situación de crisis. De la totalidad de los recursos del sector público estos organismos en el 2023 significaron todos los organismos el 0,6% de la inversión nacional sumando a que no le quitan presupuesto a la educación, salud, seguridad, sino que se financian de dos gravámenes accesorios que provienen del ENACOM que tiene una tasa del 10% que representa el 95% del presupuesto total. Los premios ganados en juegos de azahar representan el 5%. El presupuesto del sector cultural es superativo porque la inversión en cultura solo representa el 0,2% del presupuesto nacional el cual ha sido debatido y aprobado en el Congreso de la Nación durante el 2022. Ese mismo sector genera un valor agregado anual del 1,8%”.

En suma, explicó cómo se asignan los aportes en el instituto: “Un jurado nacional de calificación de proyectos integrados por personalidades destacas en el quehacer teatral y elegidas por concursos de antecedentes y oposición y renovables cada 2 años son los encargados de evaluar los proyectos presentados por la comunidad. Son calificados con un puntaje y elevados al Consejo de Dirección”.

“Durante el 2023 se otorgaron como aportes más de 500 para salas de teatro independiente que dejarían de funcionar en el país, más de 60 producciones de obra, 28 asistencias técnicas, más de 500 giras teatrales, más de 250 eventos teatrales”, detalló y cerró: “El registro nacional de teatro independiente cuenta con 47.193 personas habilitadas.  Gracias al fomento de la Ley garantiza de forma federal la distribución de recursos y ayuda a las economías regionales. No entendemos por qué este agravio a la cultura”.

La titular de la Defensoría de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, Marisa Graham, participó del plenario de comisiones de Diputados en medio del debate por la ley ómnibus y solicitó a ambas cámaras que “revean la posibilidad de mejorar el aumento automático de la AUH y la tarjeta alimentar” porque “son derechos de seguridad social”.

En su intervención, Graham expresó: “Venimos a hablar en nombre de 12 millones de niños y adolescentes que habitan nuestra patria. Soy la defensora de una institución pública de derechos humanos, autárquica, autónoma, independiente y con amplias facultades jurisdiccionales”.

“Preparamos con las defensorías provinciales un documento sobre nuestras observaciones técnicas y algunas preocupaciones que nos genera tanto el DNU como la ley que estamos discutiendo”, informó y señaló: “Tenemos la misión de cumplir con los derechos de niños, niñas y adolescentes consagrados en la Convención de los Derechos del Niño y en la Ley Nacional 26.061. También en las observaciones generales que emite este comité al cual debemos rendir como República Argentina en el 2024 nuestro informe que se rinde cada cinco años”.

Retomando las palabras del Comité leyó: “Las políticas económicas no son nunca neutrales en sus consecuencias sobre los derechos del niño. El Comité expresa su profunda preocupación por los frecuentes efectos negativos que tiene sobre los niños los programas de ajustes estructurales y la transición a una economía de mercado”.

La invitada destacó: “Vemos con satisfacción el aumento del 100% de la AUH y el 50% de la tarjeta alimentar”, pero expresó preocupación por “la supresión de la movilidad jubilatoria trimestral a la cual está atada también automáticamente la AUH y las asignaciones familiares que no son ni planes ni programas, son derechos a la seguridad social que tienen nuestros niños, niñas y adolescentes en virtud del artículo 26 de la Convención”.

“Venimos a pedir que se mejore esa actualización trimestral porque si no la inflación se va a terminar licuando cualquier aumento. Pedimos a ambas cámaras que revean la posibilidad de mantener e incluso mejorar el aumento automático de esta prestación de seguridad social y sostener políticas que garanticen un precio accesible a los alimentos porque es lo que más aumenta los alimentos que consumen los nenes”, solicitó.

Por otro lado, se refirió al título tercero de seguridad y defensa y expresó preocupación por “la reforma al artículo 194 y la creación de un 194 bis. Primero porque en la técnica legislativa no tienen nada que ver en el medio de esos artículos porque hablan de la seguridad interior. Esa propuesta extiende la respuesta del sistema penal a situaciones donde niños y adolescentes por el solo hecho de ejercer su derecho a participar o a manifestarse pueden ser procesados o privados de libertad cuando el imperativo jurídico es que el reproche legal a conductas de chicos debe ser la última ratio por el menor tiempo posible y por situaciones menores excepcionales”.

“Nos preocupa mucho nuevos tipos penales para nosotros demasiados abiertos que también incluye un 194 bis y dice ‘el hecho de encontrarse una persona menor de 13 años sin adulto responsable en peligro inminente a su integridad física y que deberá recurrirse a la autoridad que lo encuentre en esa situación. Esto es atrasar 100 años y volver a la Ley Agote de 1919”, indicó y resaltó que “tenemos que reconocer la autonomía progresiva de niños y niñas”.

En educación, sostuvo que “la escuela es un factor de protección donde se aprende y se enseña ahí los chicos dicen lo que no dicen en la casa. Es la socialización nos negamos rotundamente para que no sea ley el artículo 550 del proyecto. Hay más de 4 millones de chicos que concurren al primario presencialmente”, y pidió: “Escuelas abiertas los 190 días, presencial y con docentes”.

Desde la fundación, también cuestionaron el juicio por jurados porque “vulnera el principio de especialidad porque tienen que ser jueces especializados en adolescencia y niños y esto contradice a Tratados internacionales”.

“Nos preocupa la eliminación de la ley de mil días y la unidad ejecutora que es algo central porque es una política trascendental. La reforma es regresiva y esto va a ser aún peor. Hay que implementar en su totalidad la ley de salud mental”, cerraron.

A partir de las 14, arranca finalmente el debate del proyecto de ley denominado Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. Será en un plenario de comisiones que tendrá como cabecera a la de Legislación General, encabezada por Gabriel Bornoroni; Presupuesto y Hacienda (José Luis Espert) y Asuntos Constitucionales (Nicolás Mayoraz).

La reunión de este martes está prevista que se extienda no más allá de las 20, y como la del miércoles, será informativa.

Para este martes, según confiaron fuentes legislativas a parlamentario.com, entre las 14 y las 17 se presentará el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, para exponer sobre Reforma del Estado. De 17 a 20, será el turno del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

Quedarán pendientes, pero concurrirán al Congreso, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el de Interior, Guillermo Francos; el de Infraestructura, Guillermo Ferraro; y la de Capital Humano, Sandra Pettovello. 

No está confirmado cómo seguirá el debate este miércoles, y seguramente también el jueves, como así también si se suman otros funcionarios para exponer sobre sus áreas comprendidas en la ley ómnibus.

En la denominada “ley ómnibus” se encuentran aquellas cuestiones sobre las que el Poder Ejecutivo no puede legislar, como aspectos tributarios y electorales. El texto contiene más de 664 artículos y 183 páginas (sin los anexos).

El proyecto

En su artículo 1ro., el proyecto señala que tiene por objeto “promover la iniciativa privada, así como el desarrollo de la industria y del comercio, mediante un régimen jurídico que asegure los beneficios de la libertad para todos los habitantes de la Nación y limite toda intervención estatal que no sea la necesaria para velar por los derechos constitucionales”.

“La presente ley contiene delegaciones legislativas al Poder Ejecutivo nacional de emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, social, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria y social, con especificación de las bases que habilitan cada materia comprendida y con vigencia” durante el plazo de dos años, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2025, pero el mismo puede ser prorrogado por dos años, es decir hasta 2027 -todo el mandato-.

Entre los puntos principales, se declara sujeta a privatización a un conjunto de empresas públicas, entre ellas la Administración General de Puertos, Aerolíneas Argentinas, AySA, Banco de la Nación, Fabricaciones Militares, Ferrocarriles Argentinos, Radio y Televisión Argentina e YPF.

Por otra parte, suspende la fórmula de movilidad jubilatoria y establece que se faculte al Poder Ejecutivo “a establecer una fórmula automática de ajuste” teniendo en cuenta “los criterios de equidad y sustentabilidad económica”. “Hasta tanto se establezca una fórmula automática, el Poder Ejecutivo nacional podrá realizar aumentos periódicos atendiendo prioritariamente a los beneficiarios de más bajos ingresos”, agrega.

Uno de los últimos artículos del proyecto hace referencia al mega DNU de desregulación del Estado, que ha generado polémica y rechazos. El artículo 654 propone que se lo ratifique.

Sobre endeudamiento, la iniciativa propone derogar el artículo 1ro. de la Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, de modo de eliminar que las autorizaciones de deuda en moneda extranjera requieran una ley especial del Congreso.

Tal como se anticipaba, hay un capítulo referido a un “Régimen de Regularización de Activos”, más conocido como blanqueo, al cual se podrá adherir hasta el 30 de noviembre de 2024 y contiene alícuotas para quienes blanqueen bienes en Argentina o el exterior que van de 5% a 15%.

Entre los cambios tributarios, establece la creación del “Régimen Especial de Ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales”, modificaciones en impuestos internos y derechos de exportación (retenciones).

También propone cambios en la Ley de Hidrocarburos, el Marco Regulatorio del Gas Natural y Ley de Biocombustibles.

En lo que hace a lo electoral, se dispone la eliminación de las elecciones PASO, además de un cambio en la elección de diputados nacionales, lo que provocaría un cambio en la composición de la Cámara baja, entre otros cambios. Actualmente la Ley 22.847 establece que “el número de diputados nacionales a elegir será de uno por cada 161.000 habitantes o fracción no menor de 80.500” y el texto propone que “el número de diputados nacionales a elegir será de uno por cada 180.000 habitantes o fracción no menor de 90.000”.

En una serie de modificaciones al Código Penal, se agravan las penas de uno a tres años y seis meses de prisión para quien “sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas”.

Además, se agrega que “si se impidiere, estorbare o entorpeciere la circulación o medios de transporte público portando un arma propia, impropia, se causare daño a la integridad física de las personas, la pena será de dos a cuatro años de prisión, siempre que no constituyere un delito más severamente penado”.

A su vez, “quienes dirijan, organicen o coordinen una reunión o manifestación que impidiere, estorbare o entorpeciere la circulación o el transporte público o privado o que causare lesiones a las personas o daños a la propiedad serán reprimidos con prisión de dos a cinco años, estén o no presentes en la manifestación o acampe. Le corresponderá pena de prisión o reclusión de tres a seis años a quienes mediante intimidación, simulando autoridad pública o falsa orden de la autoridad, bajo promesa de remuneración o bajo amenaza de quita o de asignación de un beneficio, plan, subsidio de cualquier índole, obliguen a otro a asistir, permanecer o alejarse de una movilización o protesta”. A su vez, tipifica la figura de los “organizadores”, quienes “serán solidariamente responsables por los daños que los manifestantes ocasionaren a terceros o bienes de dominio público o privado, en razón de la reunión o manifestación”.

Entre los puntos salientes, se prevén cambios en las leyes de la Oficina Anticorrupción, la Ley de Ética Pública, la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos y la Ley General de Sociedades.

También se faculta al PEN a “disponer por razones de emergencia la renegociación o en su caso rescisión de los contratos de cualquier tipo que generen obligaciones a cargo del Estado, celebrados con anterioridad al 10 de diciembre de 2023 por cualquier órgano o ente descentralizado de la Administración Pública nacional, con excepción de los contratos suscritos en virtud de los procesos de privatización autorizados por la Ley N° 23.696 y que estén regidos en sus prestaciones por marcos regulatorios establecidos por ley; así como por aquéllos que cuenten con financiamiento internacional”.

En otro artículo se busca facultar al PEN para “autorizar el ingreso al país de contingentes de personal y medios de las Fuerzas Armadas, pertenecientes a otros países para actividades de ejercitación, instrucción o protocolares de carácter combinado”.

El proyecto establece numerosas modificaciones al Código Civil y Comercial; cambios en la legítima defensa (Código Penal); el traspaso de la Justicia Nacional a la Ciudad de Buenos Aires; el establecimiento del juicio por jurados; y una serie de modificaciones a las leyes de Protección Ambiental para Control de Actividades de Quema, Bosques Nativos y Glaciares.

Sobre la Ley Micaela, se establece que sólo será obligatoria “en la temática violencia familiar y contra la mujer, para todas las personas que se desempeñen en la función pública en los organismos competentes en la materia”. Actualmente rige que la capacitación es obligatoria “en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación”.

También hay modificaciones a la Ley de Educación Nacional; normativa sobre el INCAA y el Instituto Nacional de la Música; la Ley de Empleo Público; la Ley de Salud Mental y la Ley de Tránsito.

Respecto a educación, en los argumentos se señala que “respetando fielmente el principio de gratuidad de la educación universitaria para argentinos y extranjeros residentes, se autoriza a que las universidades que lo deseen puedan arancelar la educación de extranjeros no residentes”.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa afirmó que no están evaluando prorrogar las sesiones extraordinarias porque “entendemos que los tiempos legislativos tienen su dinámica”. A su vez, celebró la conformación de las cuatro comisiones en Diputados.

“Se conoció la conformación de las comisiones legislativas que trabajarán durante las sesiones extraordinarias en el Congreso durante el mes. El gobierno y sus aliados lograron constituir cuatro comisiones para el tratamiento de la ley bases y principios para la libertad de los argentinos para impulsar todos los cambios que la Argentina necesita”, expresó Adorni y felicitó a Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, y a los presidentes de las respectivas comisiones “esperando que el trabajo de ellos pueda impulsar esas reformas que el país necesita”.

Al ser consultado por una posible prórroga de las extraordinarias, el vocero afirmó: “No estamos evaluando extender las sesiones extraordinarias porque entendemos que los tiempos legislativos tienen su propia dinámica y, en tal caso, si se deberá tomar la decisión de evaluarlo y extenderla lo comunicaré, pero por el momento no se está evaluando porque entendemos que los plazos están dentro de los parámetros que harán que se puedan cumplir. Confiamos en que haya celeridad en todo el trámite legislativo”.

Por otro lado, se refirió al fallo de la Cámara de Apelaciones sobre el DNU y planteó: “Somos más que respetuosos con el proceso judicial y lo seguiremos siendo hasta las últimas instancias y entendemos que esa decisión también va a ser apelada y seguiremos atento al tratamiento judicial. No hay nada que haya ocurrido que no haya sido algo esperado por nosotros. El Gobierno seguirá analizando paso a paso el camino judicial y legislativo. Es algo que esperamos que podría ocurrir en esta complejidad tanto del camino legislativo del DNU como de la ley”.

Por último, Adorni remarcó: “Estamos convencidos de la ley bases y en ese convencimiento no estamos dispuestos a cambiarla porque consideramos que es parte de lo que queremos para el país. El tema de la pesca trajo algunas expresiones por la mala interpretación que el ministro Guillermo Francos se ha encargado de despejar. Estamos siempre abiertos al diálogo con todos. El espíritu de toda la ley es promover la libertad y la competencia y aumente la producción”.

De cara a un jueves con actividad en la Cámara baja para la conformación de cuatro comisiones que comenzarán a tratar la ley enviada por el Ejecutivo, el titular del bloque de La Libertad Avanza, Oscar Zago, afirmó que “la ley de base no toca solo esas comisiones, toca muchas más”.

En diálogo por Radio Rivadavia, el porteño contó que “hubo varias reuniones este miércoles entre el presidente y los diputados nacionales donde se trataron cosas de gobierno y el presidente nos comentó el rumbo que está tomando. También hubo una reunión con los distintos bloques para la conformación de las comisiones”.

“La reunión con los distintos bloques de la Cámara baja es por el intento de conformar las tres comisiones de hoy, ya están todos los nombres de los distintos bloques que se acordaron para la discusión”, informó y comentó que “la Comisión de Presupuesto y Hacienda es la más grande, tiene más de 40 integrantes. Legislación General es donde ingresan los proyectos la toma y distribuye a la comisión que corresponda”.

Zago manifestó que “conformar las comisiones es para darle viabilidad a la ley que van a poner fecha de trabajo de inmediato a la ley. Ingresará oficialmente a las comisiones y las empezarán a trabajar porque la ley de base no toca solo esas tres comisiones, toca muchas más comisiones”.

“Hay más de 40 comisiones sumadas a las especiales y bicamerales, de eso se trata. Con esas tres comisiones creemos que vamos a empezar a trabajar la base del conjunto que tiene la ley de base que mandó el Ejecutivo”, planteó.

En ese sentido, reiteró: “Toca muchas más comisiones. Se van a formar plenarios para actuar en conjunto. Estas tres comisiones son las principales”, y adelantó que “desde ahí vamos a empezar a incursionar donde seguramente van a pasar los ministros para explicar donde corresponda cada artículo de cada ley que les toca en su área”.

“La conformación de las comisiones con todos sus miembros se acordó en la tarde noche de ayer. Martes y jueves serán los días de trabajo y vendrán los ministros que correspondan. Estamos con mucha confianza de que vamos a empezar el diálogo y eso llevará a consensos, si no tenemos consenso de mayorías habrá un dictamen de minoría también para elevarlo al recinto”, avizoró.

Zago se mostró confiado en que “seguramente va a llegar primero la ley antes que la hecatombe, tenemos mucha confianza. Tenemos hasta el 31 como fecha”, y lamentó: “Los tiempos son los establecidos, quizás las comisiones podríamos haberla tenido conformada ya el viernes pasado”.

“El presidente puede prorrogar las extraordinarias, pero estamos con confianza que vamos a trabajar la ley, tenemos aún tres semanas completas. Vamos a trabajar en enero, nos puso la fecha y he visto la voluntad de todos los bloques de trabajarla, muchos están en disconformidad con algunos artículos. Después del 20 seguramente estará preparada la ley en todas las comisiones para poder debatirla en el recinto. Los tiempos no son suficientes, pero están bastante justos para poder realizarlos”, cerró.

El bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria comenzó este miércoles a recibir a diferentes colectivos de personas “afectadas por las políticas económicas de ajuste y de desregulación llevadas adelante por el gobierno de Javier Milei, principalmente a través del DNU y la Ley Ómnibus”, tales las palabras expresadas a través de un comunicado. De esta manera, mantendrá esta semana una serie de encuentros con representantes de inquilinos, jubilados, organismos de derechos humanos y turismo.

El objetivo principal de esta instancia de participación ciudadana junto a los diputados de UP es poder escuchar de primera fuente y pormenorizadamente las principales preocupaciones derivadas de las reformas que plantea el gobierno de La Libertad Avanza, como así también lo que definen como “consecuencias negativas inmediatas que recaen en el grueso de los argentinos y argentinas”.

El comunicado del bloque que conduce Germán Martínez concluye indicando que “Unión por la Patria en HCDN reafirma el compromiso con la defensa de los derechos de las y los argentinos. Y, en el mismo sentido, reitera el absoluto rechazo de las  decisiones inconstitucionales que atentan contra el bienestar del pueblo, expresadas en el DNU 70/23 y Ley Ómnibus”.

La serie de encuentros comenzó este miércoles con reuniones con inquilinos y organismos de derechos humanos, y continuará este jueves con una reunión con jubilados a las 10 y otra con representantes del sector turístico, al mediodía.

Durante la reunión con agrupaciones de inquilinos de todo el país, en forma presencial y remota, realizada este miércoles en la sala de reuniones del bloque de UP, se manifestó que el  concepto de “acuerdo entre partes” que propone el Gobierno nacional no tiene en cuenta las desigualdades de poder entre propietarios e inquilinos al momento de negociar y deja a las familias desguarnecidas frente a los propietarios que tienen la posibilidad de imponer condiciones como moneda y tiempos del contrato.

Dentro de las agrupaciones de inquilinos que participaron, estuvieron presentes Gervasio Muñoz (Inquilinos Agrupados) y Maximiliano Vittar (Movimiento Nacional de Inquilinos).

Con la agenda parlamentaria en el centro del debate, el presidente de la Nación, Javier Milei, recibió este miércoles a diputados nacionales en la Casa de Gobierno, por espacio de dos horas.

Tal cual adelantó parlamentario.com en forma exclusiva, el encuentro se realizó desde las 9 de la mañana en el Salón Sur, ubicado en el primer piso de la Casa Rosada. Participaron 22 diputados nacionales de La Libertad Avanza, encabezados por el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, y el titular del bloque oficialista, Oscar Zago.

Del encuentro encabezado por Javier Milei estuvieron presentes, y contrariamente a lo que había trascendido, no participó el ministro del Interior, Guillermo Francos, ni tampoco el jefe de Gabinete, Nicolás Pareja.

La importancia del encuentro la da la atención que el Gobierno de Javier Milei le da al avance del decreto de necesidad y urgencia emitido con más de 300 modificaciones de leyes y decretos, pero sobre todo al desarrollo del tratamiento del proyecto de ley ómnibus denominado “Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos”. El mismo encuentra dificultades para transitar en la Cámara de Diputados, aunque el oficialismo confía en comenzar su análisis a partir de la semana que viene, luego de que este jueves se conformen las cuatro comisiones que tratarán el tema.

La idea del oficialismo sigue siendo llevar el tema al recinto el próximo 25 de enero, de modo tal de que en el transcurso de febrero se analice en el Senado, extensión del período extraordinario mediante.

Además de Martín Menem y Oscar Zago, estuvieron también los diputados Lisandro Almirón, María Fernanda Araujo, Beltrán Benedit, Bertie Benegas Lynch, Gabriel Bornoroni, Facundo Correa Llano, Nicolás Emma, Eduardo Falcone, Alida Mónica Ferreyra, Gerardo Huesen, María Cecilia Ibáñez, Lilia Lemoine, Mercedes Llano, Nicolás Mayoraz, Julio Moreno Ovalle, María Celeste Ponce, Manuel Quintar, Juliana Santillán Juárez Brahim, Santiago Santurio y Lorena Villaverde.

En rigor, según pudo saber este medio, el presidente les formuló a sus diputados un pedido puntual: sesionen lo antes posible. Tal es la premura que el Poder Ejecutivo quiere ponerle al tratamiento de las medidas centrales de su gestión, urgencia que el propio mandatario se ocupó de remarcar en su mensaje de fin de año, el sábado pasado.

Consultado sobre el encuentro, el vocero presidencial Manuel Adorni contó en su conferencia de prensa diaria que fue “para analizar la estrategia legislativa y los avances en esa materia”, aunque no dio más detalles, puesto que para el momento de iniciarse el encuentro con los periodistas, la reunión continuaba.

La próxima semana se espera la visita de funcionarios nacionales a la Cámara de Diputados, para responder personalmente las preguntas que les planteen los legisladores, que se reunirán en plenarios de los que tomarán parte las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales y Relaciones Exteriores, las cuatro a las que finalmente el presidente de la Cámara, Martín Menem, dio giro este martes. Menem es, obviamente uno de los participantes centrales de este encuentro que reúne a toda la tropa de diputados de La Libertad Avanza. No están los senadores, ni tampoco la presidenta de esa Cámara, Victoria Villarruel.

Según pudo saberse, este miércoles se conocería el cronograma de visitas de funcionarios a la Cámara de Diputados prevista para la próxima semana.

Luego de que Unión por la Patria en su carácter de primera minoría en la Cámara de Diputados se alzara con el triunfo al imponer su postura para el reparto de las comisiones, legisladores de algunos bloques comenzaron a tender puentes de diálogo a fin de armar un interbloque con el objetivo de asegurarse representatividad dentro de las mismas.

Durante la jura de diputados y elección de autoridades, el tema de cómo sería la conformación de las comisiones empantanó la sesión y, tras idas y vueltas y un cuarto intermedio, UP impuso que la resolución se adoptara de manera proporcional y contemplando bloques, no interbloques ni agrupamiento de bancadas.

Pese a eso, según pudo saber parlamentario.com se estaría gestando un nuevo mapa dentro del Congreso con el nacimiento de un interbloque en el que confluirían el bloque que se desprendió de JxC, Cambio Federal -liderado por Miguel Ángel Pichetto-, más los cordobeses alineados con Juan Schiaretti y legisladores que representan a oficialismos provinciales, para disputar poder en las comisiones.

“Sí hay conversaciones, pero por el momento no hay nada cerrado”, afirmaron fuentes cercanas a este medio. Incluso contaron que este jueves “hubo reuniones”, porque “quieren pelear cargos en las comisiones. El objetivo es sumar fuerza para intentar liderar las comisiones, principalmente las bicamerales”.

Según comentaron a parlamentario.com, “están en plena gestión”, debido a que la puja está en quién presidirá el mismo, ya que desde el bloque Innovación Federal y Hacemos por Nuestro País proponían como presidente del interbloque al rionegrino Agustín Domingo, pero desde Cambio Federal quieren que sea Pichetto quien lo presida.

El bloque Innovación Federal está compuesto por 9 miembros: los misioneros Alberto Arrúa, Carlos Alberto Fernández, Yamila Ruiz y Daniel Vancsik; los salteños Pamela Calletti, Pablo Outes y Yolanda Graciela Vega; el rionegrino Domingo y el neuquino Osvaldo Llancafilo.

Cambio Federal también cuenta con 9 integrantes: los bonaerenses Pichetto, Emilio Monzó, Nicolás Massot y Margarita Stolbizer; el porteño Ricardo López Murphy, el cordobés Oscar Agost Carreño, el chubutense Jorge Ávila, la misionera Florencia Klipauka y el entrerriano Francisco Morchio.

El bloque Hacemos por Nuestro País cuenta con 8 miembros: los cordobeses Juan Brügge, Natalia De la Sota, Ignacio García Aresca, Carlos Gutiérrez y Alejandra Torres; los santafecinos Mónica Fein y Esteban Paulon, y el bonaerense Florencio Randazzo.

Con una nueva composición en el Congreso y ante un cambio de gobierno, parlamentario.com dialogó brevemente con la diputada nacional Germana Figueroa Casas (Pro – Santa Fe) quien avizoró el futuro funcionamiento legislativo: “Creo que habrá muchas más discusiones donde va a primar el diálogo”. Respecto del proyecto de Presupuesto Nacional 2024 enviado al Congreso por el Palacio de Hacienda el pasado 15 de agosto, expresó: “No sabemos nada, no tenemos ninguna seguridad todavía de qué va a pasar”.

Al ser consultada respecto de las primeras medidas que está tomando el gobierno de Javier Milei y a la espera del envío al Parlamento de “Ley Ómnibus”, la santafecina aseguró: “Para poder dar una opinión me gustaría esperar la llegada de la ‘Ley ómnibus’ o lo proyectos que se mencionan. Hay que esperar ver el funcionamiento de todo porque es pronto para dar una opinión y uno quiere apoyar a la persona que fue elegida por la gente. Estamos esperando cómo se da todo”.

“Con respecto a reducir funcionarios, al tema de bajar la pauta oficial obviamente son señales porque quizás no implica la reducción de déficit que uno necesita, pero son señales de que quieren hacer un gobierno austero que es lo que corresponde en un momento tan duro para el país”, expresó sobre el anuncio de este martes de la quita de pauta a medios de comunicación.

Por otro lado, avizoró la actividad legislativa dentro de la Cámara baja: “Creo que va a ser una cámara que va a tener muchas más discusiones de las que tuvo en los primeros dos años al estar más distribuido el poder, al ser un oficialismo que no tiene tantos diputados creo que va a primar el diálogo y eso es importante”.

“Hay muchos proyectos para tratar. Creo que va a tener mucho que ver la forma en que se plantean como por ejemplo la reforma laboral, tributaria hay mucho de baja de gastos que tenemos que ver y cuáles son las propuestas del Ejecutivo”, manifestó.

En su carácter de contadora pública se refirió al Presupuesto 2024, proyecto que ingresó al Congreso el pasado 15 de agosto y que solo tuvo tratamiento la separata del mismo en una sola reunión informativa que tuvo lugar el 25 de octubre: “Hay distintos rumores, no sabemos, no tenemos ninguna seguridad todavía, algunos dicen que van a reconducir el anterior, otros dicen que van a mandar un Presupuesto nuevo, así que estamos esperándolo”. Cabe recordar que el diputado nacional Carlos D’Alessandro (LLA) anticipó que prorrogarán el Presupuesto 2023.

“Estamos esperando esta Ley ómnibus. Hay algunos proyectos que estamos trabajando, pero le vamos a dar prioridad a esto porque tiene que ser algo factible y posible de que salga, así que esperando a ver qué sucede. Siempre viendo también qué pasa en Santa Fe, tenemos presentando ya y nos gustaría que se tome en cuenta el pedido de seguridad y emergencia para la provincia, pero también esperando a la ministra respecto de qué camino van a tomar. En el corto plazo es apoyo y tratar de construir algo bueno para el futuro”, planteó.

Por otro lado, Figueroa Casas respaldó la medida que tomó el gobernador de su provincia, Maximiliano Pullaro, de eliminar la repitencia en las escuelas: “Es una buena medida porque hay que priorizar la educación empezar a prestar atención y muchas veces cuando el chico sigue pasando y pasando se pierde el control de quién le está yendo bien y a quién le va mal porque hay chicos que llegan a la universidad sin tener una buena comprensión de texto y otros que no terminan el colegio y esto tiene mucho que ver con el aprendizaje y esperemos que sea una prioridad”.

Al cabo de una reunión celebrada en sus oficinas del edificio Anexo de Diputados, el bloque Pro resolvió la continuidad de esa bancada unida, bajo la presidencia de Cristian Ritondo, pero con la ausencia de algunos diputados y dudas respecto de su participación en Juntos por el Cambio.

Al filo de los plazos para definir cómo estará conformada la futura Cámara de Diputados, el bloque Pro resolvió cómo seguirá su andar legislativo y, sobre todo, la cantidad de sus miembros. Serán cerca de 40, según pudo verificarse al cabo de la reunión.

Tuvieron pérdidas, previsibles, como la de Nicolás Massot, ex presidente del bloque Pro en tiempos de Cambiemos, que se integró al bloque que precisamente estaba armando con Emilio Monzó. Pero al cabo del encuentro buscaron poner énfasis en la imagen de unidad. Habían logrado la continuidad de Cristian Ritondo al frente del bloque, que había sido puesta en duda por el propio titular de esa bancada durante los últimos cuatro años. Recordemos que el nombre de Ritondo se daba por seguro al frente de la Cámara de Diputados, hasta que finalmente Javier Milei resolvió privilegiar con ese cargo a un legislador propio.

Así y todo, Ritondo se mostró favorable a “colaborar” con el Gobierno. El jefe del Pro recordó que “la gente votó un cambio” y remarcó que ese fue “el rol que nos dieron los gobernadores aliados”.

Respecto de la continuidad de Juntos por el Cambio, evitó dar precisiones. Admitió que tendrán que hablar para evaluar si los bloques que integraban esa alianza continúan como interbloque. Recordó que desde la Coalición Cívica adelantaron su intención de apartarse de JxC, pero sostuvo que habrá que conversar sobre qué posición adoptan.

“Lo mejor para nuestro partido es estar unidos”, señaló, y admitió que en el mismo sentido tienen la intención de seguir juntos los que fueron en las boletas de Juntos por el Cambio. Pero así será “si tenemos la misma sintonía”.

Los miembros del bloque Pro serían Sabrina Ajmechet, Damián Arabia, Martín Ardohain, María Belén Avico, Karina Bachey, Héctor Baldassi, Gabriela Bessana, Emmanuel Bianchetti, Alejandro Bongiovanni, Sofía Brambilla, Sergio Capozzi, Gabriel Chumpitaz, María Florencia De Sensi, Daiana Fernández Molero, Germana Figueroa Casas, Alejandro Finocchiaro, Silvana Giudici, Alvaro González, Fernando Iglesias, Luciano Laspina, Hernán Lombardi, Silvia Lospennato, Martín Maquieyra, Gerardo Milman, José Núñez, Marilú Quiroz, Verónica Razzini, Cristian Ritondo, Laura Rodríguez Machado, Ana Clara Romero, Diego Santilli, María Sotolano, Héctor Stefani, Aníbal Tortoriello, Patricia Vásquez, María Eugenia Vidal y Martín Yeza.

Los diputados que se irían son el cordobés Oscar Agost Carreño, la misionera Florencia Klipauka Lewtak (aunque en el listado difundido por el Pro la incluyen) y el entrerriano Francisco Morchio.

A tan solo dos días de la sesión preparatoria en la que se les tomará juramento a los legisladores electos, el diputado Maximiliano Guerra presentó la renuncia oficial a su banca por “motivos personales”. El escrito de su dimisión ingresó este martes por la mesa de entradas del Congreso.

El bailarín había encabezado la lista de diputados de Patricia Bullrich en la Ciudad de Buenos Aires en las últimas elecciones presidenciales. El artista está afiliado al Pro desde 2019 y se acercó a la exministra de Seguridad en 2020.

En la misiva Guerra explicó: “Declino a esta candidatura, sin renunciar en absoluto a los valores en los que creo que son los que me llevaron y me seguirán impulsando a integrar y fortalecer tanto al Pro como a Juntos por el Cambio”, y detalla: “Motivan esta decisión estrictos motivos personales”.

Los rumores de que no asumiría a su cargo se habían instalado hace ya unos días debido a que el porteño nunca fue a retirar su diploma y tampoco había presentado los papeles correspondientes para asumir.

Incluso, dichas especulaciones se habían incrementado aún más tras saberse que el porteño se encuentra fuera del país desde el 16 de noviembre. Pero, según fuentes allegadas al diputado, se encuentra en los Estados Unidos por cuestiones laborales.

Sin embargo, el bullrichsta a través de su red social “X” había negado dichas versiones: “Desde temprano hay rumores de que no voy a asumir como diputado, y que estoy residiendo en Miami. Nada más lejos de la realidad. Mi compromiso con la sociedad sigue siendo una prioridad para construir la Argentina que soñamos. ¡¡Paren las operaciones!! ¡El cambio está en marcha!”, había escrito el bailarín.

Así las cosas, su reemplazante será el actual diputado nacional Álvaro González cuyo mandato vence el 10 de diciembre, es una de las figuras más cercanas a Horacio Rodríguez Larreta y actualmente ocupa un lugar en el Consejo de la Magistratura.

De cara al inicio de una nueva gestión de gobierno por parte del liberal Javier Milei, quien advirtió que habrá una estanflación, la diputada nacional Paula Omodeo (Creo – Tucumán) presentó un proyecto de ley para empezar a bajar el gasto público y por ello propuso congelar las dietas de todos los diputados por un año.

La iniciativa consta de tan solo dos artículos, el primero dispone el congelamiento de las remuneraciones que perciben los 257 legisladores de manera anual desde la aprobación de la misma. El segundo artículo, invita a las legislaturas provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a sumarse a la medida.

“¿Cómo es posible que 6 de cada 10 niños viva por debajo de la línea de pobreza? Mientras tenemos un gasto público descontrolado, que supera la recaudación del Estado y que alimenta hace muchos años una inflación que desangra al país”, planteó la diputada tucumana.

Así, señaló que “las medidas tienen que ser drásticas y el primer ajuste de todos lo tiene que hacer la política. Como diputados, tenemos la obligación moral de empezar por ajustar nuestras dietas”.

En tanto, aclaró: “Por eso desde nuestro espacio contamos con 4 asesores, no utilizamos choferes del congreso, ni gastos o becas. Pero hay que ir más a fondo porque sin reformas profundas no cambia Argentina. Por eso profundizaremos las iniciativas en este sentido”.

“¡Y en Tucumán debemos ser aún más firmes! No podemos seguir con las mismas reglas de juego. El gasto público no va a bajar en serio y las condiciones no van a cambiar mientras no se reforme la Constitución y el sistema electoral”, reclamó.

La iniciativa es acompañada con las firmas de José Luis Espert, Aníbal Tortoriello, Carlos Zapata, Luciano Laspina y Laura Rodríguez Machado.

En vísperas del cierre del tiempo de las comisiones para dictaminar, Juicio Político pretende realizar una última reunión con la intención de poner punto final al proceso de recolección de pruebas contra los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, Carlos Rozenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

Así fue confirmado este viernes, a partir de la citación de la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, para realizar una reunión en la Sala 1 del segundo piso del “Anexo A” este martes 28 de noviembre. Inicialmente el encuentro estaba previsto comenzar a las 13, pero por pedido de JxC la titular de la comisión reprogramó el arranque para las 15, debido a que previamente los gobernadores de la oposición se reunirán con legisladores actuales y electos.

Según confiaron fuentes de la comisión a parlamentario.com, esa reunión será para dictaminar, con lo cual el proceso llegaría a su fin en cuanto a lo que hace a la Comisión de Juicio Político y el tema quedará listo para llegar al recinto, donde necesitaría los 2/3 de los votos para continuar su camino en el Senado.

El tema es que el oficialismo saliente no tiene los votos para llegar a tanto, así que la idea es dictaminar los cuatro procesos acusatorios contra los jueces y dejarlo en espera hasta alcanzar ese número, si eso es posible. Esos dictámenes tendrían tres años de vigencia. A menos que el nuevo oficialismo decida desempolvarlos para llevarlos al recinto y hacerlos caer cuando no reúnan los 2/3. Se verá.

Lo cierto es que el tema estuvo presente en la reunión que esta semana mantuvo el futuro ministro de Justicia de Javier Milei, Mariano Cúneo Libarona, con los integrantes de la Corte. Tras esa reunión, el designado funcionario calificó de “infame” ese enjuiciamiento. “Ha sido para dañarlos públicamente, es infame. Esto tiene que terminar”, aseguró en una entrevista con TN, precisando que “el juicio a la Corte no tiene andamiaje ni fáctico ni jurídico. Es algo ilegítimo que tiende a presionar y perturbar la honorabilidad de los jueces sin sustento alguno”.

Lo cierto es que el proceso iniciado el 26 de enero pasado llegará este martes a su fin, al menos en esta instancia. La 25° reunión llevada a cabo el 7 de noviembre pasado a la que hacíamos referencia terminó envuelta en un escándalo, cuando la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, dio por concluida la reunión a dos minutos de haberse iniciado, para evitar que se desatara una discusión en torno a la vinculación de uno de los miembros del oficialismo, Rodolfo Tailhade, en la causa judicial sobre espionaje sobre políticos, jueces, funcionarios, periodistas, empresarios, artistas, dirigentes sociales, deportivos y sindicales que acababa de conocerse.

Esa última reunión fue el 7 de noviembre pasado y había sido convocada con el objeto de recibir el descargo de los dos miembros de la Corte que no respondieron por escrito el traslado con los cargos que les habían hecho llegar en el marco del enjuiciamiento.

En la previa de ese encuentro, se supo que el candidato presidencial oficialista había pedido la postergación del proceso hasta después del balotaje, para evitar que el mismo se mezclara con la campaña electoral. Como el tiempo para que las comisiones se reunieran vencía el 20 de noviembre, un día después de las elecciones (y ese día era feriado), el Gobierno extendió el período ordinario hasta el 9 de diciembre.

Así las cosas, el margen de tiempo para que puedan dictaminar las comisiones vence el miércoles 29. Hasta ese día tiene tiempo la Comisión de Juicio Político para votar los cargos contra los jueces. Eso tratarán de hacer este martes; de no suceder la investigación se caería y todo concluiría como si nunca hubiera habido una investigación.

Previo al recambio legislativo del Congreso y ya finalizando el año la Comisión de Asuntos Municipales de Diputados, que es conducida por la correntina Ingrid Jetter (Pro), fue convocada para una reunión informativa a fin de debatir sobre “municipios y cooperación internacional”.

El encuentro se llevará a cabo en la Sala 3 este jueves 30 de noviembre a las 11 al cual fueron invitados el Dr. Marcelo Sanoner y el Dr. Daniel Cravacuore, quienes expondrán sobre la “Cooperación internacional y los gobiernos locales” y “Diseño de las políticas municipales de cooperación descentralizadas, respectivamente.

La última vez que la comisión se reunió fue a principios de este año, precisamente a fines de marzo, en la que trataron dos iniciativas. Cabe destacar que las comisiones tienen hasta el miércoles próximo tiempo para dictaminar, pero transcurrido ese tiempo no pueden dictaminar nada, más bien si pueden seguir reuniéndose.

La Comisión de Educación de Diputados, presidida por la oficialista Blanca Osuna (Entre Ríos), llevó a cabo este martes su cuarta reunión informativa en la que profundizó el tratamiento del proyecto financiamiento educativo. El texto fue girado a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por Carlos Heller (FdT), que lo debatirá este miércoles a las 10 a fin de dejarlo listo para el recinto en una próxima sesión.

Del encuentro participaron funcionarios del Ministerio de Educación, sindicalistas, representantes universitarios y de instituciones académicas, quienes hicieron hincapié en varias modificaciones en la redacción de la iniciativa.

Desde el Anexo “C” de la Cámara baja, Osuna destacó que el proyecto fue presentado hace “unos meses” por los ministros Jaime Perczyk y Sergio Massa y señaló que “tiene en el Congreso innumerables antecedentes, hay 13 proyectos presentados en la Cámara de Senadores, 19 en Diputados. Estamos hablando desde el 2007 en adelante poniendo ese punto en virtud de que tenemos una Ley de Financiamiento Educativo la que envió Néstor Kirchner siendo presidente y Daniel Filmus ministro de Educación y que fue debatida en este Congreso y aprobada en diciembre de 2005 y promulgada en el 2006”.

“Entre los proyectos que han circulado en esta cámara, el que tiene vigencia y que ponemos a la vista es el del 13 de febrero de 2023 del diputado Julio Cobos”, precisó y sumó: “El proyecto que vamos a estar analizando forma parte de una sucesión de reuniones la primera el 27 de septiembre, la segunda el 4 de octubre donde recibimos 15 oradores, la tercera reunión fue el 1ro de noviembre”.

La palabra de los invitados

Abrió la ronda de expositoras Víctor Moriñigo, rector de la Universidad Nacional de San Luis y vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional, quien retomó las palabras de la UNESCO respecto de que “todo dispositivo de educación es positivo, por analogía siempre discutir financiamiento es positivo”.

En ese sentido, celebró que esté en agenda proyectos para el financiamiento de la educación en general. “Todos los que estamos acá creemos que la educación es un derecho humano y es una obligación de los Estados, por lo tanto, vale la discusión de la ley”, señaló y destacó aspectos “muy positivos” de la iniciativa tales como “poner en agenda el tema de la sala de 4 y de 5 y de 3, y sobre todo ponerlo en agenda a nivel nacional y no crecer de manera despareja a nivel federal”.

“Es muy importante que esta ley pueda afrontar y financiar los gabinetes psicopedagógicos de cada escuela. Me parece muy bien el tema del segundo idioma, el fortalecimiento de las escuelas técnicas, ampliar las jornadas en horas y en días del año, la inclusión, la capacitación docente, no ponernos colorados a la hora de hablar de analfabetismo porque todavía lo hay. Me parece muy bien un camino de ida hacia la capacitación de los chicos en robótica e informática y seguir recordando las prácticas y capacitación en las ESI”, enumeró.

También destacó de la ley la “introducción de dos aspectos fundamentales de la gestión de la educación” y explicó: “Tiene que ver con hacer un principal destaque del artículo 18 que habal de la Comisión de Seguimiento. Me parece muy importante que existan dispositivos en las leyes que uno pueda monitorear cómo va el avance de las leyes”. Además, ponderó el sistema de información o gestión del que habal el artículo 26.

A su vez, resaltó la “articulación entre las universidades y las escuelas, no debe ser un salto al vacío, no deben tener distintas posibilidades aquellos colegios más cercanos a las grandes ciudades y desproteger a los del profundo interior que tiene la Nación”. Moriñigo consideró que “tenemos que empezar a hablar del futuro del trabajo y del trabajo del futuro porque no podemos seguir enseñando como hace tiempo para un momento donde se nos viene con otra velocidad del conocimiento. Esta comunión entre universidad y escuela tiene que asociarse mucho más sobre todo a la hora de establecer la currícula de cada una de las materias de las asignaturas y contendimos mínimos del saber”.

El académico planteó que “el conocimiento en el mundo avanza de una manera veloz. Se tardó 1.500 años en duplicar el conocimiento. Luego se tomó 250 años en duplicar ese conocimiento y así ha ido avanzando”, y señaló que “somos de la generación que en el 2030 el conocimiento en el mundo se va a duplicar en 12 horas”, por lo que cuestionó que “no podemos tener un plan de estudio que dure 8 años. No podemos enseñarles de la misma manera”.

“Los contenidos de las escuelas y de las universidades tienen que tener otra velocidad y los diseños curriculares tienen que tender a contenidos que hablen sobre la alimentación, sobre la educación financiera y que hablen sobre una gestión ambiental”, sugirió.

Por último, expresó preocupación por que “se cumpla todo lo que se discute en función desde venimos desde el 2006 de la Ley Filmus con un poco grado de cumplimiento. Ojalá estas comisiones que tienen poder de monitoreo y cumplan su rol porque ahí tenemos esperanza sobre el cumplimiento”. Al respecto, indicó que será “positivo el consenso que se alcance de los diputados por el tema de la aplicabilidad de la curva”.

“Las veces que fuimos a buscar esta Ley Filmus lo que se nos contestó es que se lo llevó la variable salarial. Todo lo que el articulado trata de fortalecer a la hora de la educación si el ritmo inflacionario es como venimos, ojalá no se la lleve toda la variable salarial”, cerró el rector puntano.

A su turno, Marcela Browne secretaria de la CADE informó que “2 millones de niños de 45 a 2 años quedan sin cobertura y sobre todo en un sector mayoritariamente privatizado. Hoy el sector de 0 a 2 años es tierra del sector privado y esto no puede ser porque halamos de una desprotección total”.

En esa línea, sumó que “311 mil de 3 años sin cobertura, 80 mil de 4 años sin cobertura. Estaríamos hablando de 2 millones de niños y niñas de nuestra patria”, y apuntó para “quienes se les ocurra pensar que esto no es necesario”. Por otro lado, alertó: “Tenemos que pensar que hoy no tenemos sillas, no tenemos aulas necesarias para esa cantidad de niños por eso necesitamos ese porcentaje del 8% para esa infraestructura y también necesitamos formar docentes de nivel inicial para cubrir este volumen de personas”.

Browne hizo algunas sugerencias para mejorar la redacción del texto. Así, señaló como primer aspecto cuando se habla de modalidad de gestión “dice claramente de gestión pública y a las de gestión privada e invisibiliza el enorme esfuerzo que hacen las organizaciones sociales y comunitarias en los territorios acompañando a los jóvenes que, la mitad de los que mencioné, no recibiría educación”. Por ello, instó a que “en esta ley se recupere el espíritu de la ley nacional se retome las obligatoriedades del Estado para garantizar el derecho de los trabajadores y la educación de gestión social y comunitaria”.

Por otro lado, indicó que en el proyecto se menciona la inclusión educativa para personas con discapacidad, algo que estamos de acuerdo y celebramos, pero en contrapartida no menciona ni a los estudiantes en situación de educación domiciliaria ni hospitalaria, tampoco a las personas que están en situación de privación de libertad abandonada por el sistema judicial, tampoco a las personas que son jóvenes y adultos y es una modalidad totalmente desfinanciada. El espíritu de esta ley no es hablar de ciudadanos de primera y de segunda, con lo cual o lo mencionamos a todos o hacemos unas generales de la ley porque es delicado no mencionar a todos”.

“Celebramos los indicadores de la coparticipación, pero creemos que es importante desde el sentido de la justicia y de la equidad”, señaló y solicito “tener en cuenta los indicadores de eficiencia interna educativa porque los niveles de repitencia, de terminalidad que en pandemia se agudizaron notablemente y son muy distintos en el país federal”.

También destacó el articulado que hace referencia a las sanciones cuando “las jurisdicciones no hacen el esfuerzo educativo que les corresponde”, y sugirió: “Hay que generar recaudos para que el derecho a la educación sea garantizado más allá de las irregularidades de cada jurisdicción”.

Además, sostuvo que el articulado sobre los compromisos de inversión anual “no se comprende la redacción porque no especifica si son porcentajes. Si fuera en pesos estaríamos en un problema enorme porque en nuestro país el presupuesto por estudiante nos da muchas pistas, pero hablar de un gasto anual por alumno no inferior al verificado al año 2015 no nos alcanzaría a comprarle un lápiz y una goma. Pedimos especificaciones en el articulado”.

“Entendemos que el espíritu es recuperar lo del 2015 que fue el único año donde se cumplió el 6% de la inversión del PBI, pero como esta ley busca el 8% no se comprende bien”, indicó Browne y pidió también revisar ese aspecto.

En suma, solicitó que se revise la meta anual del ejercicio fiscal que establece la iniciativa porque “parecería ir en contra de los mismos propósitos de la ley porque si tenemos que revisar la meta en función de la recaudación tendríamos un problema”. Sobre este punto, sugirió que si se cumpliera el 50% del impuesto a las grandes fortunas “tendríamos 250 mil millones para cubrir. También un incremento del 10% de los bienes personales, la reducción del 20% de los gastos tributarios. Tenemos un listado de propuestas en materia tributaria donde los derechos se asocian a la justicia fiscal”.

A continuación, disertó el director de Educación del CIPPEC Esteban Torre celebró la discusión de la iniciativa que pone el foco en “la alfabetización, la extensión de la jornada, la referencia en aspectos claves en el nivel inicial, vínculo con el trabajo, que insista sobre la ESI, que garantice la entrega de libros, que apueste a los sistemas de integración, a políticas de evaluación del aprendizaje, entre otras”.

Torre consideró que los fundamentos se “podrían fortalecer de dos maneras. Por un lado, colocando al proyecto educativo que emana de la iniciativa como un componente fundamental de un proyecto de desarrollo y de un modelo de país. La educación es un motor del desarrollo económico y creemos que podría jerarquizarse de una manera mucho más clara. Por otro lado, el mensaje de los fundamentos da cuenta de un Estado que decide invertir en educación y sería bueno que los fundamentos hiciesen explica la aspiración de contar con un Estado eficiente que no solo aumenta la inversión, sino que las dirige a metas hace seguimiento para hacer su cumplimento efectivo”.

A su vez, el funcionario señaló que proyecto “propone una meta de financiamiento hacia 2030 del 6.5 del PBI para la educación no universitaria y del 1.5% del PBI para la universitaria. De esta forma, el subsistema universitario necesita una duplicación de su presupuesto mientras el resto de los niveles un aumento del 50%”.

“Se necesita hacer un ejercicio de priorización en el proyecto que persigue 40 objetivos”, planteó y se refirió a la Comisión de Seguimiento de Metas porque “hay objetivos que tienen metas de acá a unos años, pero otros no las tienen”, por lo que recomendó “poner metas escalonadas para objetivos prioritarios de primer nivel”. “Este proyecto tiene el potencial de ser la base de un consenso para construir un pacto educativo nacional y ponerlo en diálogo con un proyecto de desarrollo y con un modelo de país”, cerró.

En su presentación, Flavio Pinto de AIEPA alertó que “poco se va a poder hacer con este aumento si no hay consensos políticos básicos”, y resaltó que “este proyecto de ley es una gran oportunidad para que todo el arco político pueda definir consensos de acá a largo plazo, que van a respetar todas las gestiones que vendrán en el futuro por al menos 10 – 15 años”.

“Lo necesitamos los ciudadanos a esta iniciativa. Necesitamos consensos políticos mínimos que perduren en el tiempo y, particular, que no sean discriminatorios de las escuelas de gestión privadas porque llegan a cuenta gotas a la gestión”, cuestionó y advirtió: “Desde la pandemia y con esta situación las escuelas están mal, muchas escuelas están cerrando, las familias necesitan libros o computadoras. No toda escuela de gestión privada es escuela de elite”.

En tanto, remarcó: “Esta ley es una oportunidad para hacer más equitativo la participación de todos los programas de nación para las escuelas de gestión privada”, pero pidió tener en cuenta la “situación en la que nos encontramos junto con la mayor matriculación, deserción escolar, sobre edad, situaciones de precariedad en aprendizajes. Esta ley es la oportunidad para focalizar en estas cuestiones. Esta es la realidad de la educación, si un chico aprende o no. Esta ley tiene que ser concreta con inventivos para las provincias”.

La directora en Instituto de Estudios y Capacitación de CONADU, Yamile Socolovsky, expresó: “Un incremento en el presupuesto universitario tal como está planteado en el proyecto nos parece fundamental para darle a las instituciones previsibilidad, permitiendo una planificación efectiva y concretarse en transformaciones reales”.

La secretaria general de CONADU Histórica, Francisca Staiti, agregó: “Más del 70% de la investigación se realiza en la universidad, por eso creemos que el Programa Nacional de Investigadores debe tener una mirada especial dentro de lo que significa la ley de financiamiento”.

Por su parte, la exdiputada nacional y congresal de SUTEBA, Nathalia González Seligra, resaltó que “la inclusión y el acceso a la educación tiene que cuestionar las políticas económicas y pensar una educación no subordinada a los intereses de multinacionales, extractivismo y capital financiero como creemos propone este proyecto”.

Walter José Merkis, ssecretario General de FATUN, opinó: “Creo que este proyecto garantiza lo que necesitamos, aporta a una proyección de un país que apunte a la grandeza que necesita y también a que su pueblo se pueda desempeñar en virtud de esta utilidad de la educación pública”.

En su alocución, Norberto Heyaca secretario general de FAGDUT destacó que “la universidad es la inversión a corto plazo y por eso la importancia, no solamente de mejorar como dice la ley la terminalidad, sino también agregar la posibilidad de que haya programas de recupero de aquellos que no terminaron por poco”.

“Mi preocupación es traer aquí la situación salarial, la situación con la que pretenden echarle la culpa a la docencia, que muchas veces sostiene las falencias de una educación pública justamente desfinanciada”, planteó Amanda Martín en su carácter de secretaria general adjunta de ADEMYS.

Leticia Medina, secretaria general de CTA Córdoba, avizoró: “Aspiramos a que la efectivización de este proyecto de aumento presupuestario pueda mejorar la calidad del trabajo docente, en particular un mejoramiento de las condiciones de dedicación horaria universitaria”.

Por último, el secretario General de FEDUN, Daniel Ricci, manifestó: “Creo que este consenso es importante, que vayamos avanzando cada vez con más derechos, no solamente para los universitarios y educadores, sino para toda la sociedad en general”.

La Comisión de Derechos Humanos y Garantías de Diputados, presidia por el oficialista Hugo Yasky, mantuvo este miércoles una reunión informativa para analizar distintos proyectos presentados que buscan considerar al negacionismo como delito.

El encuentro se da en plena campaña electoral de cara al balotaje, en el marco de los 40 años de democracia y ante un contexto donde crecen discursos que niegan la cifra de desaparecidos o no condenan lo sucedido durante la última dictadura militar. Entre esas declaraciones se han destacado las de Javier Milei y Victoria Villaruel, la dupla candidata de La Libertad Avanza.

De los siete proyectos, uno está impulsado por la diputada cívica Mariana Stilman para incorporar el antisemitismo en la Ley de Actos Antidiscriminatorios (23.592); y otro de la oficialista Mónica Litza sobre la creación de un Observatorio para la Convivencia Democrática.

Sobre negacionismo y apología respecto a genocidio y delitos de lesa humanidad, hay proyectos de los oficialistas Eduardo Fernández, Carolina Moisés, Gisela Marziotta, Estela Hernández y Blanca Osuna.

Al inicio del encuentro que se llevó a cabo en la Sala 3 del Anexo, Yasky comentó que los temas a tratar “tienen relación entre sí y tienen plena vigencia”. En primer lugar, hizo referencia al proyecto de la diputada Mariana Stilman para incorporar como causal el antisemitismo en la Ley de Actos Antidiscriminatorios (23.592) y le dio la palabra a la diputada de la Coalición Cívica para que explique la iniciativa.

Así, Stilman aclaró que fue una coautoría con la diputada Margarita Stolbizer y que lo trabajaron en agosto del año pasado. “Partimos de la definición de la organización internacional IHRA (Alianza Internacional de Memoria del Holocausto) de 2016 del concepto de antisemitismo que fue aprobada, que no es vinculante. Cancillería en 2020 sacó una resolución 114 en junio adoptando para todo el sector público nacional esta definición de antisemitismo”

“En sus considerandos explica que la República Argentina ha demostrado sus compromisos con el respeto irrestrictos de los derechos humanos adoptando los más altos y modernos estándares en dicha materia vigente en el mundo. La lucha contra cualquier tipo de discriminación, incluyendo el antisemitismo es una de las políticas de Estado más importante y por ello Argentina participa activamente en todas las iniciativas internacionales y regionales destinadas a combatir este flagelo”, leyó.

Stilman recordó que ese mismo año “el presidente había participado del Foro Mundial del Holocausto con motivo de conmemorar el 75 aniversario de la liberación de Auschwitz y el Día Internacional de conmemoración del Holocausto”. Asimismo, señaló que la Cámara baja “adoptó esa misma definición por resolución conjunta con el Senado porque me parecía que había que ser contundentes desde esta Casa también con respecto al tema, pero decidí que tenía más contenido y más efecto avanzar sobre la Ley de Antidiscriminación con una modificación que incluyera la categoría de antisemitismo como forma de discriminación”.

“El antisemitismo es una cierta percepción de los judíos que puede expresarse como el odio a los judíos. Las manifestaciones físicas y retóricas del antisemitismo se dirigen a las personas judías o no judías y/o a sus bienes, a las instituciones de las comunidades judías y a sus lugares de culto”, definió la diputada bonaerense y sumó: “No podemos dejar de desconocer este tipo de discriminación que va más allá porque es una categoría distinta de discriminación por nacionalidad, por religión, o por raza. Esta ley que está vigente desde el año 88’ no debemos olvidar que vivimos dos atentados antisemitas a posteriori que son el atentando a la Embajada y a la AMIA”.

La diputada de JxC señaló que “han persistido actitudes discriminatorias antisemitas que por ahí no tienen tanta visibilidad, pero son reales”, y agregó: “En este contexto internacional me pareció oportuno y necesario traer la discusión a la cámara”, porque “tenemos una ola de odio en contra de los judíos que avanzó desde lo ocurrido en Medio Oriente. Hechos ocurridos en Francia o en Berlín con pintadas o casas marcadas con la estrella de David. El ataque al avión en Rusia o ayer en Viena”.

En el plano local, Stilman indicó que “las familias viven el terror de las consecuencias del Medio Oriente. Además de tener familiares desaparecidos o asesinados. Chicos argentinos que concurren a establecimientos educativos viven hoy esa discriminación en carne propia y las propias instituciones tuvieron que endurecer las medidas de seguridad gracias a la infamia del antisemitismo”.

“Es una discusión que hay que darla”, planteó y explicó que desde lo técnico la ley tiene un planteo sencillo porque consta de un artículo que hace un decálogo de conductas discriminatorias en las que “incluí el antisemitismo como categoría específica”. También aclaró que se incluyó el tema de la etnia, la categoría de género e identidad de género, percepción y orientación sexual porque “en ese sentido también la veíamos desactualizada a fin de quienes sufran puedan reclamar la protección civil del Estado”.

Además, precisó que el artículo 3 establece que se reprima penalmente y que se aplique el agravamiento de penas del artículo 2 y las conductas que alentaran a la persecución u odio con motivo del antisemitismo. “Es un tema importante y complejo y tenemos que tener una contundente expresión, rechazo y reproche expresado en la ley porque no podemos estar ajenos a esta problemática mundial”, cerró.

Volvió a tomar la palabra Yasky adelantó que el tema se continuará en una próxima reunión el día martes 7 en la cual estará presente el diputado Alejandro Finochiaro -autor de una de las iniciativas- quien también pidió incorporar un invitado. Luego procedieron a tratar los proyectos sobre negacionismo e informó: “Vamos a iniciar una serie de reuniones donde nos proponemos es tratar de escuchar las opiniones del más amplio y plural arco posible representativo de la sociedad”.

“Sabemos que es un tema que tiene que ver profundamente con estas cuatro décadas de democracia ininterrumpida que, con orgullo, podemos exhibir en el país. Sobre la base de una política de memoria, verdad y justicia y con ese hecho histórico que distingue a los argentinos en el mundo el juicio a las juntas militares y el castigo a los genocidas, único país donde algo así ha sucedido, pudimos ir construyendo una convivencia democrática basada en el principio de memoria, verdad y justicia que tuvo como protagonistas a las Abuelas de Plaza de Mayo que serán invitadas especiales la próxima reunión y organismos de Derechos Humanos”, anticipó Yasky.

Negacionismo: la palabra de abogados y escritores

Abrió la ronda de expositores el sociólogo e investigador argentino Eduardo Feierstein manifestó que “son desafíos a la memoria colectiva, a la forma de transmisión de nuestra experiencia histórica y podríamos plantear que la sociedad argentina tuvo la riqueza de poder confrontar con esos peligros a partir del trabajo de infinidad de organizaciones en la posibilidad de acorralar a estas visiones, sobre todo en lo que fue la primera década después de la dictadura”.

“El problema es cuando emerge nuevamente y no es un problema solamente de nuestro país sino internacional, pensar en esas distintas herramientas que pueden ser formas vinculadas a formas de estrategias de capacitación, formación o estrategias educativas que puede ser vinculada a cuestiones a derechos administrativos o de derecho civil vinculadas a las condiciones de idoneidad para el ejercicio de la función pública. Todas condiciones que son de enorme importancia y en otra instancia podemos pensar”, explayó.

El sociólogo planteó que los objetivos son pensar alguno de los problemas tanto a nivel doctrinario, pragmático y operativo de intentos de plantear la lógica de la penalización como herramienta para ese combate político. “El primer problema que veo es de carácter más doctrinario en términos de decir que recurrir a la penalización para un debate que es eminentemente político, es asignarle al derecho penal una función para la que no fue creado”, explicó y sumó: “El debate sobre la negación de un hecho histórico que ha ocurrido e implica avanzar en la lógica del derecho penal en asignarle la potestad de penalizar opiniones por despreciables o grave que nos parezcan”.

Feierstein planteó que es “rico” analizar los 40 años de democracia que se van a cumplir y resaltó que “fue posible enfrentar estas lógicas políticamente y vale preguntar por qué en ese momento han logrado una mayor visibilidad o cuáles de los acuerdos políticos que impedían ese surgimiento se ha ido resquebrajando”, y cuestionó que una fuerza política niega los hechos vividos en el país en la última dictadura o convoca a acciones de violencia articulables con formas neofascistas la “gravedad que eso tiene para la estructura política del país y requiere que se ponga un límite ante esa posibilidad, pero son límites políticos no penales”.

En segundo lugar, indicó que el problema es de orden pragmático y propuso pensar “cuál fue la efectividad de estas legislaciones penales en aquellos lugares donde fue implementado porque existe un poco uso de este derecho penal, básicamente en países europeos en relación al genocidio nazi y se han agregado otros casos, pero ahí aparecen problemas”.

“Hay que pensar si estas legislaciones han tenido el efecto de impedir la expresión de afirmaciones negacionistas o de contribuir a la detención del crecimiento de esos movimientos políticos neonazis y el resultado que encontramos no es alentador”, señaló y ejemplificó que Alemania sancionó una ley de penalización del negacionismo en 2005 y su partido que reivindica al nazismo de diversas maneras ha pasado de un peso del 4% a más del 10% en las elecciones de 2021 consolidándose como segunda fuerza. En Francia hay una ley desde 1990 y el Frente Nacional tenía entre el 10 y 12% de votos y llegó al 23%, en Italia se planteó un proyecto en 2016 y la derecha neofascista logró conquistar el gobierno.

“No pareciera que este problema doctrinario de penalización del negacionismo logra compensar el costo de asignarle al derecho penal funciones que no debería tener con la efectividad de lograr limitar el crecimiento del negacionismo. Parece que sería más bien al revés”, alertó el investigador y afirmó: “Es una cuestión política que se resuelve de modo político y de abajo hacia arriba”.

Por otro lado, manifestó que otro de los problemas pragmáticos es cómo definen los Parlamentos cuáles son los casos que se incluyen porque “el Parlamento no fue creado para esto al igual que el derecho penal porque no son un Cuerpo de historiadores sociales que puedan con tanta facilidad limitar cuáles son los casos que deberían ser incluidos o son objetos de discusión colectiva. Es extender funciones en esa relación”.

Por último, indicó: “Uno de los problemas que veo en proyectos es que les sirve como propaganda particularmente útil a los discursos negacionistas porque, al transformarlos en contra hegemónicos, los vuelven más atractivos y siendo que las penalizaciones que se pueden implementar nunca pueden llegar a ser penalizaciones de verdadera gravedad puede ser muy valioso frente a la ventaja política y victimizarse”.

“En esta decisión de otorgarle al Poder Judicial la potestad de penar formas de interpretación de la realidad histórica, un problema operativo es dónde poner el límite y el riesgo que se abre otorgando a esa autoridad de poder intervenir. Hay otro problema en las formas de implementación de las penas y qué efectos tendrá”, cerró.

A su turno, la abogada Valeria Thus planteó si la “herramienta penal es la herramienta posible o no, legítima y deseable”. Sin embargo, reflexionó sobre el estado de situación en la actualidad porque “las políticas públicas contra los negacionismos implican la madre de las batallas”. “Se produjo un reingreso en el orden de lo visible de tópicos y expresiones de violencia de desprecio hacia determinados grupos y sectores sociales. Discursos en la esfera pública pronunciados por personas referentes del arco político que alientan el desprecio, la discriminación y la agresión hacia el otro”.

“A esto se le suman los discursos negacionistas y apologéticos de la dictadura de candidatos presidenciales. Estas violencias habilitadas en la discursividad social son parte de las representaciones con las cuales miramos al mundo sobre la cual diseñar políticas concretas que es en este caso abordar la discusión por la criminalización”, argumentó y sumó: “Al negar la experiencia genocida, la violencia política de la historia se busca generar condiciones de repetición, volver a validad ideas, representaciones y prácticas de exterminio. Esa es la gravedad del discurso negacionista”.

Así, precisó que “con el tiempo esa construcción discursiva determina qué es lo exterminable, lo naturaliza y sedimenta y habilita a nuevas violencias”. Asimismo, analizó la legitimidad penal punitiva y sostuvo que “es necesario pensarlo en clave de derechos humanos y cómo afecta o no a la libertad de expresión”.

“El negacionismo y la libertad de expresión es una relación difícil y por eso tenemos que pensar en políticas públicas que no tengan una complejidad de cara al sistema de protección de derechos humanos, porque es hablar del papel que va a asumir el Estado frente a los discursos que contradicen los valores democráticos”, precisó y preguntó qué vamos a hacer con el discurso intolerante que se ampara en la libertad de expresión para humillar y despreciar.

Thus explicó que “el discurso del odio se piensa en dos ejes por un lado el negacionismo y la apología de los genocidas, y por el otro lado, los casos específicos de incitación al odio y eso tiene un origen histórico específico en la Convención de 1965 nace del escándalo del 59 en Alemania donde las sinagogas aparecen esvásticas. Ese es el modo de construcción del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el modo de construcción de la Convención Europea de Derechos Humanos”.

“A partir del 2008 la decisión marco de Europa toma una decisión colectiva que es instar a los estados soberanos a la legislación punitiva contra el negacionismo. Hay más de 20 países que lo penalizan”, informó, pero planteó que “no se puede hacer lo mismo que se hizo en Europa” y explicó: “Nosotros no tenemos un modelo de libertad de expresión de democracia militante como si tienen la mayoría de los países en el sistema europeo, pero tenemos que hacernos cargo de las marchas y contramarchas en el sistema de protección de derechos humanos”.

La abogada enumeró los riesgos de la criminalización: “En el sistema universal de derechos humanos hay un cambio de criterio en las observaciones generales donde se plantea la posición de tolerar esas expresiones que son espantosas, pero las democracias de mercado tienen que ser toleradas”.

“Para no tener problemas normativos se debe adoptar el Plan de Acción de Naciones Unidas de 2012 que plantea los criterios que corresponden la intervención legal punitiva, la administrativa y en cuales ninguna. Se abre el camino de pensar los discursos negacionistas en la modalidad de discursos de odio y establecer los límites democráticos de la libertad de expresión y pensar los negacionismos en esa clave”, sugirió y propuso que Argentina ratifique la Convención Interamericana contra el racismo e intolerancia que “en el artículo 4 habla específicamente del negacionismo”.

“Es necesario analizar todas las reglas del sistema de protección de derechos humanos, aquellas respuestas que nos gustan y las que no, para poder pensar un modo de tipo penal que sortee los obstáculos normativos”, señaló y aclaró que “así es posible criminalizar el negacionismo con todos los matices, pero hay que preguntarnos qué crímenes, qué sujetos y para qué lo haríamos para pensar estas cuestiones. Las dos primeras tienen que ver con la legitimidad, y la última tiene que ver con la justificación”.

Thus explicó que existen dos modelos de penalizar el negacionismo, uno referido a la negación del Holocausto y otros modelos a partir del marco europeo del 2008 de hablar de los crímenes internacionales. “Hay que discutir los periodos de tiempos por eso hay que buscar una fórmula que no mencione la temporalidad”, sugirió.

Por su lado, Pablo Llonto periodista, escritor y abogado, sostuvo que como abogado en causas de delitos de lesa humanidad desde “hace 40 años escucho la voz de los 360 familiares de a quienes represento, todos piden una ley que castigue los discursos negacionistas y yo no estoy de acuerdo”. “Este despertar de estos discursos negacionistas ha generado otro despertar que es el despertar de quienes solicitan urgentemente ponerle freno”, aseveró.

“Los discursos negacionistas existieron siempre y tuvieron olas intensas. Esta será otra nueva ola intensa a partir de dos candidatos, dos representantes de un partido político que han tomado desde hace un tiempo ese discurso y copan escenarios de primera línea de ese ataque y esa negación”, añadió y propuso suscribir los sujetos exclusivamente a los funcionarios públicos, sacar de la esfera de punición a los particulares y pensar en el concepto de figura pública y pensar en la situación de los candidatos electivos en procesos electorales.

Para Llonto: “Ya tenemos las herramientas” como los juicios con “300 sentencias condenatorias a los genocidas uno de los logros más fuerte de nuestra sociedad”, la educación, y el trabajo militante en derechos humanos. “En Argentina le venimos ganando al negacionismo en un partido que no terminó y va a ser largo. Para ganarle fue necesario construir las herramientas y las tenemos y tienen que ser reforzadas porque no resolvemos problemas del negacionismo con el engorde del código penal, estamos en contra de que el código penal engorde frente a las presiones de los grupos de derecha y ultraderecha en la humanidad”, puntualizó.

En carácter de autora de uno de los proyectos, la diputada Litza expresó: “El negacionismo tiene que tener un tratamiento desde la política para poder lograr la modelación de las conductas sociales, salirse del punitivismo; por eso proponemos la creación de un Observatorio para la Convivencia Democrática”.

A su turno, el diputado Eduardo Fernández precisó: “Mi proyecto establece penalidades frente a la denegación, apología y/o reivindicación de genocidios o crímenes de lesa humanidad. Tipificar significa no dejarle lugar a la justicia, ninguna duda, de qué y a qué nos referimos”.

“Necesitamos de este tipo de herramientas, como la penalización de los discursos de odio y negacionistas, en defensa de la democracia. Necesitamos que la democracia genere sus propios resortes de defensa”, exigió la oficialista Gisela Marziotta.

La jujeña Carolina Moisés aseguró que “el daño está atravesado por altos niveles de ignorancia social en las nuevas generaciones. Los chicos de 20 años no tienen registro, ni en sus cuerpos ni en sus vidas, de lo que fue la falta de libertad y el proceso de la dictadura”.

En medio del escenario electoral y mientras el foco político está puesto en el balotaje y en las internas dentro de JxC, la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, presidida por Carlos Heller (FdT), se reunió este miércoles para iniciar el tratamiento de la separata del proyecto de Presupuesto Nacional 2024 enviado al Congreso por el Palacio de Hacienda el pasado 15 de agosto.

Solo dos de los cuatro funcionarios invitados asistieron a disertar desde el Anexo “C” Raúl Enrique Rigo, secretario de Hacienda del Ministerio de Economía; y Claudia Balestrini, subsecretaria de Ingresos Públicos del Ministerio de Economía. En tanto Carlos Castagneto, administrador de la Administración Federal de Ingresos Públicos; Guillermo Michel, director general de Aduana de la AFIP, no pudieron presentarse.

El motivo de la reunión fue para debatir la separata enviada por el Poder Ejecutivo junto con el proyecto de Presupuesto, donde consta una serie de beneficios impositivos y fiscales que podrían ser eliminados para contribuir a lograr el superávit fiscal.

Entre esos beneficios figuran por ejemplo la exención del pago de Ganancias por parte de jueces, asociaciones civiles y cooperativas, regímenes diferenciales de IVA, e incluso el sistema de Promoción Industrial para Tierra del Fuego.

Ganancias de magistrados de los poderes judiciales nacional y provinciales equivale a un 0,16% del PBI; Ganancias de asociaciones civiles, fundaciones, mutuales y cooperativas es un 0,11%; en tanto que las alícuotas reducidas de IVA son un 0,62%; y el régimen de promoción económica para la provincia de Tierra del Fuego 0,33%.

La palabra de los funcionarios

Al comenzar la reunión Heller expresó que la intención del anexo es la de “mejorar el resultado fiscal para apuntar a un Presupuesto que dé superávit del 1% del PBI en 2024”. “Se pone a disposición de la Cámara de Diputados todos los elementos para analizar las cuestiones de la separata y el objetivo es posibilitar que los funcionarios puedan dar la más amplia definición posible”, agregó.

El primer expositor fue el secretario de Hacienda del Ministerio de Economía, Raúl Rigo, quien presentó al anexo del proyecto: “Esta separata, cuyo subtitulo es impacto del gasto tributario en las cuentas públicas, acompaña al Presupuesto 2024”.

“Formó parte del primer proyecto de este año fiscal y es el segundo año en que el Poder Ejecutivo insiste en la conveniencia de reparar el impacto del gasto tributario”, indicó Rigo, y siguió: “Para el 2024, cuyo resultado es compatible con este déficit fiscal primario de 0,9% del PIB (Producto Interno Bruto), está en línea con los objetivos de política del Gobierno y es un valor que en un trienio significa un esfuerzo para consolidar el resultado fiscal”.

En esa línea, agregó: “Si miran los resultados de los últimos años, hay una curva descendente porque en 2023 fue de -1,9% y está previsto el 0,9 para el 2024. Es un sendero plurianual descendente”. También, sostuvo que “el gasto primario de la administración tiene una fuerte incidencia de ciertos gastos que resultan prioritarios en función de la situación económica que atraviesa nuestro país”.

Así las cosas, Rigo explicó que “el peso de los servicios sociales toma un 80% del gasto primario para 2024, que es lo que financia la asistencia social (Potenciar Trabajo, Tarjeta Alimentar y créditos que financian salud y educación)”.

De ese modo, añadió: “Si incorporáramos subsidios a la energía y el transporte ese gasto llega al 85% porque una porción significativa está asociado a aquellas políticas activas y a todas aquellas partidas destinadas a la seguridad social”.

En relación a ese gasto del 85% el secretario de Hacienda señaló que se busca “fortalecer el ingreso de los sectores más desfavorecidos”, y amplió: “Si matizamos que el 85% está destinado a estas partidas prioritarias, podemos lograr en 2024 un resultado fiscal equilibrado y un superávit robusto del 1% del PIB”.

Por otro lado, dilucidó que “tenemos que revisar algún capítulo a la asignación de recursos porque el Poder Ejecutivo viene siendo cuidadosamente activo en la reducción de gastos”. “Con cautela y análisis se ha avanzado en la reducción de los subsidios económicos, trasladando a sectores en capacidad de quienes pueden protegerlos”, consideró Rigo.

Luego, destacó que “el peso de los subsidios económicos en 2023 ha venido disminuyendo porque lo necesitamos para llegar al resultado del 1% en 2024 y debemos revisar el análisis de los gastos tributarios para fortalecer la recaudación impositiva”.

“El gasto tributario es la cantidad de recursos a los que renuncia el Estado nacional a los efectos de beneficiar en cargas impositiva y esto significa que en algún momento este Congreso ha dictado normas para reducciones permanentes a los efectos de eliminarlas, limitarlas o suavizarlas para que el erario público pueda hacerse de más recursos y lograr el 1% de superávit para 2024”, remarcó.

A su vez, Rigo explicó que “este conjunto de beneficios impositivos, alícuotas y regímenes de promoción conjuntamente con otros subsidios presupuestarios implican una pérdida de recaudación de 4,8% del PIB”, pero aclaró que “hay dos vertientes de explicación de esta pérdida de recaudación, en muchos casos de grandes firmas de grandes compañías y otros sectores”.

En tal sentido, agregó: “El 2,34% del PIB es la porción del 4,8 que corresponde al gasto tributario propiamente dicho, y ese 2,34 lo podemos clasificar en dos grupos que están presentes que se representará en 1,74 del PIB y el 0,64 que son de regímenes de promoción económica”.

Finalmente, Rigo afirmó que “desde el Poder Ejecutivo estimamos que esta discusión es imprescindible. En primer lugar, necesitamos una consolidación más fuerte porque el capítulo de gastos lo revisamos año a año”, y cerró: “En el contexto de la necesidad coyuntural proponemos que nos demos este espacio de revisión amplia y profunda para llegar al 1% del PIB”.

Luego fue el turno de la subsecretaria de Ingresos Públicos, Fabiana Balestrini, quien remarcó que cuando se habla de gastos tributarios “hablamos de una pérdida de recaudación, se resignan recursos fiscales y se transfieren recursos públicos hacia políticas públicas definidas”, y subrayó que “todo gasto tributario tiene que estar ligado básicamente y fundamentado a una política pública”.

La funcionaria los clasificó en dos partes, por un lado, los que están contenidos en la Ley del Gravamen como impuestos a las ganancias, al valor agregado, “impuestos internos que también hay que revisar” y, por el otro lado, los que están contenidos en regímenes promocionales. “En ambos casos siempre tienen una característica en común su fundamento en una política pública”, indicó y explicó que las políticas públicas van cambiando porque las necesidades van cambiando con el tiempo y “ante la detección de un problema es lo que origina la necesidad de evaluar alternativas de políticas públicas”.

“Es lógico que las políticas públicas vayan acompañando ese movimiento porque de ninguna manera se puede permitir que se resignen o transfieran recursos públicos concentrados en ciertos sectores definidos y que la política pública dejo de ser necesaria o necesita una readecuación de alternativas”, explayó Balestrini e indicó: “Para qué seguir con un gasto tributario si no se analiza la base del mismo”.

La funcionaria señaló que el gasto tributario es 2.34 del PIB más un 2.38 de “aquellos otros beneficios que pueden tener impacto presupuestario en distintos ejercicios. Algunos vinculados con algunas medidas de diferimiento impositivo”.

Al explicar los diferentes regímenes y su composición, comenzó por aquellos cuyas exenciones o dispensas están contenidos dentro de la ley de origen. Así, arrancó con el impuesto a las ganancias del que explicó: “Es un 0.30 del PIB, si lo desmenuzamos tenemos exenciones que están incluidas en la Ley del Gravamen desde el momento de su creación, pero con el tiempo se fueron acotando y fiscalizando. Pero si vamos a otro tipo de ganancias o dispensas contenidos en ese mismo capítulo tenemos uno que habla de derechos de autor y hoy tienen un límite bajo de 10 mil pesos, pero lo más importante es que esta exención aplica a residentes argentinos y no para beneficiaros del exterior. Argentina acá no esta resignando recursos fiscales porque sobre esos beneficiarios del exterior si se retiene el impuesto”.

“Si vamos a lo que representa más de la mitad el gasto tributario originado por dispensas del impuesto a las ganancias es el caso de los salarios de los magistrados”, señaló y explicó que “esta exención estaba contemplada hasta 1996 y ahí se elimina, pero en ese mismo año el Poder Judicial sacó una acordada donde dice que esa exención sigue vigente. En 2016 para aplicar a las designaciones ahí comenzarían a tener un tratamiento de gravabilidad o sujeto al impuesto a las ganancias los salarios del Poder Judicial de quienes ingresaban a partir de 2017”.

Al respecto, consideró que “hay una situación inequitativa, pero más allá de eso, hay que analizar cuál es la política pública asociada a esta dispensa que representa más de la mitad del impacto”. Así, resaltó que “hay gastos tributarios que están vinculados a políticas públicas son políticas del Estado o del Gobierno”.

“Es importante destacar cómo operan las alícuotas reducidas en el impuesto al valor agregado porque este gasto tributario origina más de la mitad de lo que implica el impacto de los gastos originados en IVA como porcentaje del PIB son las alícuotas reducidas”, planteó Balestrini y analizó a “qué productos se aplican y sectores, vemos una que es la construcción de viviendas y se entiende que es una política pública sustentable que sigue vigente. Si lo vinculamos a productos de primera necesidad como carnes, panadería, verduras, frutas, luego de todo les digo que la misma alícuota reducida se aplica a las obras de arte, entendemos que no hay un tratamiento simétrico en este razonamiento”.

“Ese tratamiento de alícuotas reducidas sobre las obras de arte data desde el 97’ y no se revisan lo vigente y se agregan otras. Es necesaria la revisión y que nos llame la atención de que un tratamiento de alícuota reducida en un impuesto que se considera regresivo tenga tan simétrico tratamiento y se indique una alícuota del 10,5% para una comercialización de una obra de arte en relación a un producto de primera necesidad”, planteó.

La subsecretaria sostuvo que se están “enfocando en analizar las políticas públicas detrás de cada gasto tributario”, y aclaró que “no se trata de eliminar absolutamente todos los gastos porque hay que ver la política pública de atrás y ver cómo se instrumenta una reducción, pero tiene que tener un análisis con la política pública de fundamento”.

Por otro lado, recordó que en 2017 se modificó el Régimen de Imposición a los Combustibles Líquidos por un impuesto fijo actualizable y “se considera que pude ser mucho más impositivo, procedente y de impacto positivo y que se vuelva a un sistema de alícuota variable, es decir, un sistema de cuota valor a comparación de un impuesto fijo”.

Sobre las contribuciones a la seguridad social “tiene que ver con todos los beneficios que se han otorgado en materia de seguridad social en cuanto a reducción”. Además, consideró que “una manera de promoción del empleo vinculado a esta política pública de promoción del empleo puede ser una reducción de las contribuciones patronales, pero siempre planteada por un tiempo determinada, un control efectivo, de resultados e impacto y una reducción decreciente a lo largo del tiempo. Ningún beneficio debe ser para siempre, porque sino no es un beneficio que pueda lograrse evaluar en cuanto al resultado y el impacto que genera”.

En cuanto a las dispensas contenidas en la normativa, se refirió al impuesto a los bienes personales y a impuestos internos que tiene impuestos diferenciales, pero hay que revisarlo con profundidad porque hay asimetrías donde el agua mineral aún tributa impuestos internos a diferencia de otros tipos de bebidas como las alcohólicas que están exentos de impuestos”.

“Hay que hacer un análisis de todas las alícuotas diferenciales que comprenden este impuesto. Sobre bienes personales hay ciertas exenciones que tienen que ver con inversiones financieras y que fueron mutando a lo largo del tiempo con diferentes análisis, pero sigue rigiendo por el régimen de promoción de esas inversiones. SI lo comparamos con la exención de inmuebles rurales hay una dicotomía importante hasta el 2018 estaban gravados, luego pasaron a estar exentos y se genera una asimetría más”, detalló Balestrini.

Al cierre de su disertación habló de los Regímenes Promocionales que “hay 3 o 4 que representan la mayoría de lo que son gastos tributarios relacionados a los regímenes promocionales que datan de años o algunos son más recientes que se van renovando y aggiornando a las nuevas realidades. Se puede ver que hay una política pública atrás que tiene que ver con la exportación de servicios”.

También señaló que “hay Regímenes Promocionales que tienen que ver con las PyMEs que se han redefinido tratando de mejorar la trazabilidad. El Régimen de Promoción de Tierra del Fuego también tuvo su política pública ligada a la población de la isla, hay que analizar la redefinición de las políticas vinculadas a cada régimen promocional porque no tienen que ser permanentes, tampoco eliminarse como acción disruptiva, hay que analizar a qué política pública responde y a qué necesidades para aplicar un tratamiento tributario que sea gradualmente decreciente y por tiempo limitado, es la única forma”.

En tanto, indicó que hay que analizar otros conceptos impositivos que tienen impacto presupuestario por ejemplo las plataformas digitales porque “uno de los problemas que preocupa es la gravabilidad de las plataformas y de servicios digitales que significa establecer un régimen de retención dentro del impuesto a las ganancias para los beneficiarios del exterior y no a los consumidores finales, porque son corporaciones internacionales que no tributan en el país”.

Las inquietudes de los diputados

El presidente del bloque de la Coalición Cívica – ARI, Juan Manuel López, fue el primer legislador en realizar consultas y se refirió a tres temas. En primer lugar, sobre un estudio de asistencia efectiva para saber qué sectores están asistidos por encima del valor de la economía y que sectores no son asistidos; luego, sobre un proyecto de Marcelo Casaretto sobre OSDE y el 15% de grabación sobre la renta; y respecto de los magistrados, sobre la Ley de 2017 fue declarada inconstitucional por dos jueces, a la que consideró que “creemos que esa ley es constitucional”.

En su intervención, el economista Martín Tetaz (Evolución Radical) cuestionó: “Nosotros no sabemos cuál es la propuesta concreta del Ejecutivo”, pero sí coincidió en “avanzar en un proceso integral de evaluación de impacto de cada política pública, eso es positivo. Se la puede dotar a la oficina de Presupuesto del Congreso para que lleve adelante ese estudio, es algo que hemos reclamado en cada oportunidad. Es algo que me parece perfecto y brillante”.

“Quisiéramos saber cuál es la propuesta concreta del Ejecutivo respecto de cuáles son los gastos tributarios que planean eliminar”, planteó.

El diputado nacional y economista Alejandro Cacace (Evolución Radical – San Luis) expresó: “Compartimos en JxC cierto desconcierto con este tema, pero valoramos la explicación”, y agregó: “Lo que nos produce desconcierto es que terminamos gastando más de lo que tenemos”.

Sin embargo, aclaró que “la información y la exposición es clara”. Del mismo modo parafraseó a Cristina Kirchner y relató que “la sigo a la vicepresidenta de la Nación cuando se refirió a esto con mucha contundencia como ‘planeros ricos’ y eso no se traduce en una decisión política de eliminar esto y esto”.

En tal sentido, refirió que “si me preguntan todo lo que implique una desigualdad ante el impuesto hay que quitarlo. Por mí, las eliminarías todas”, y cerró: “Si hemos comenzado una devolución del IVA, no le encuentro sentido a tener alícuotas vigentes”.

Luego, la diputada nacional Romina Del Plá (Partido Obrero) manifestó: “Venimos marcando que cada tratamiento presupuestario no trae beneficios en las mayorías populares y los fondos fiduciarios que son incontrolables no están en la separata”.

También, advirtió que “en la exención de ganancias de fundaciones, bajo este régimen, hay bancos y aseguradoras. Queremos saber cuáles bancos no pagan cargas tributarias”. “No hay justificación para que las empresas sigan beneficiándose con bajas”, aseveró.

Finalmente, agregó que “este es un presupuesto de ajuste y creo que debemos avanzar en una modificación tributaria integral”, y concluyó: “Hay medidas muy parciales dentro del régimen tributario que es regresivo en su conjunto”.

A su turno, el jefe del bloque oficialista, el santafecino Germán Martínez, destacó la concepción que “está detrás de nuestro ministro de Economía que es este camino progresivo para poder lograr un resultado fiscal equilibrado. Me parece que eso es importante en este tiempo”.

“El superávit fiscal y comercial es una columna que nos gustaría recuperar y se los piensa como recortes de gastos y acá nos están proponiendo cómo podemos contribuir a un mayor equilibrio para los resultados de las cuentas públicas argentinas”, señaló y valoró la decisión política de “visibilizar” el tema y consideró que es “muy valioso” poner la separata del proyecto porque “se puede tratar mejor esos conceptos”.

También, el jefe del interbloque Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez (Identidad Bonaerense), consideró que “es necesario discutir sobre estos gastos no tributarios que ascienden al casi 5% del PBI, pero en un proceso electoral, sería un buen gesto tener la opinión del presidente electo sobre el Presupuesto porque es legítimo que el presidente electo lo que el necesita para gobernar el primer año”.

El peronismo en San Luis ya perdió la gobernación de la provincia y podría quedarse sin representantes en el Senado si los resultados de las elecciones PASO se replican en las elecciones generales de este domingo.

Los puntanos deberán elegir candidatos a senadores y diputados nacionales. Por la Cámara alta son tres las bancas en juego, dos corresponden al oficialismo y otra a JxC, mientras que por la Cámara baja son dos los escaños a renovar, uno de UP y otro de la principal coalición opositora.

Senado

En la Cámara alta se les vence el mandato a Adolfo Rodríguez Saá, quien ingresó en 2017 por el Frente Justicialista; y María Eugenia Catalfamo que, tras la ruptura con el FdT, pasó a integrar el bloque Unidad Federal, pero está alineada a la fórmula de UP. Ambos senadores no renovarán. La restante banca corresponde a la macrista Gabriela González Riollo quien busca la renovación de su mandato.

Si los resultados de las PASO se repiten, el oficialismo perdería las dos bancas que pone en juego en manos de los liberales que sacaron un 49% de votos. La lista de La Libertad Avanza será encabezada por Bartolomé Abdala, fundador del Pro puntano y ex diputado provincial por esa fuerza, e Ivana Arrascaeta.

En segundo lugar, Juntos por el Cambio había cosechado un 23,57% de votos con la lista que encabeza Riollo y, de esta manera, retendría su banca, secundada por Federico Trombotto.

Unión por San Luis había quedado en tercer lugar con casi 17% y postula a Fernando Salino (vocero gubernamental) y a Cintia Ramírez (secretaria de Deportes) como precandidatos a senadores.

Por último, la nómina del Frente de Izquierda y de los Trabajadores postula como precandidatos a Johana Gómez y a Nahuel Arias.

Diputados

En lo que respecta a la Cámara de Diputados, el oficialismo también perdería su banca a manos de los liberales con Carlos D’Alessandro encabezando la boleta, secundado de Verónica Jordán.

La lista de Juntos por el Cambio tiene como precandidato al economista radical Alejandro Cacace, que busca retener su banca, acompañado por Andrea Luz Echenique.

El oficialismo postuló a Ernesto “Pipi” Alí, intendente de La Toma, y a María Silvia Rapisarda. Mientras que el FIT-Upropone a Eleonora de Panis y Mario Jaime para la Cámara baja. Por último, el Partido Unión y Libertad (PUL) llevará a Eduardo Gomina y Pamela Pardo como candidatos a senadores, a Marcos Cuello y Marta Orozco para la Cámara baja.

En la Cámara de Diputados, son dos las bancas en juego. Un corresponde al oficialismo de Carlos Ybrhain Ponce que no irá por la reelección y la otra es de JxC perteneciente al radical Cacace. De reiterarse el resultado de las PASO en las generales, el oficialismo perdería el escaño que arriesga en Diputados y se lo quedarían los liberales, en tanto la principal coalición opositora las retendría.

El presidente del bloque de diputados nacionales del Frente de Todos (FdT), Germán Martínez, celebró la sesión de la Cámara baja que se llevó a cabo entre martes y miércoles a tan solo diez días de las elecciones generales y destacó: “Había una costumbre que cuando venían los tiempos electorales se ponía llave al Congreso”.

Martínez hizo un balance de la última sesión y donde se votaron, entre otras cuestiones, cambios a la Ley de Alquileres, por lo que ponderó la tarea realizada por la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, y de otros bloques y dijo que “están decididos a interactuar para poder abrir una sesión y eso no es menor”.

De esta manera, el legislador del FdT hizo referencia a la sesión del martes y a los acuerdos logrados por el oficialismo para aprobar las modificaciones a la Ley de Alquileres, que contó con el respaldo de legisladores del Movimiento Popular Neuquino, dos de Identidad Bonaerense, dos socialistas, una de Córdoba Federal, uno de Juntos por Rio Negro, dos del Frente de la Concordia y cuatro de izquierda.

Para el legislador, más allá de los temas en cuestión, “lo importante es que sesionamos. Es una decisión de Cecilia y de otros bloques que se animaron a 12 días de las elecciones que se animaron a transitar el camino del consenso para que podamos tener una sesión”.

En declaraciones a Diputados TV, Martínez recordó que hubo “autoridades prestigiosas de la cámara que cerraban el Congreso, no se podía sesionar” en tiempos electorales.

En ese sentido, el santafecino destacó la aprobación de la eliminación de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, el reintegro del IVA, la creación de ocho universidades y “el régimen de GNL, donde tuvimos empresarios operando en contra. Estamos muy satisfechos con lo que pasó y con los diputados de nuestro bloque”.

La Comisión de Juicio Político de Diputados, presidida por la entrerriana Carolina Gaillard (FdT), se reunió este miércoles con el propósito de continuar con el proceso contra los jueces de la Corte Suprema de Justicia. Para el encuentro estaba previsto el testimonio de cuatro testigos, pero ninguno de ellos compareció y justificaron sus inasistencias. Por otro lado, el oficialismo votó favorablemente el traslado de los cargos a los jueces por lo que se los citará para que puedan realizar su descargo.

“No estamos teniendo testigos para la audiencia testimonial programada para el día de la fecha”, explicó Gaillard y continuó: “Luego vamos a pasar a considerar los cargos formulados por la presidencia respecto de cada uno de los jueces de la Corte en las distintas causales que se han investigado”.

La titular de la comisión informó que “a tal efecto la presidencia les ha remitido borradores de las resoluciones con los cargos y las pruebas para dar traslado a cada uno de los ministros y, asimismo, se les ha compartido un informe que elaboró la presidencia con la colaboración de asesores y diputados respecto de la investigación que se realizó de cada causal con todos los antecedentes para que sean la motivación o sustento para lo que serán los dictámenes de acusación”.

Las resoluciones que disponen “las citaciones de los señores ministros con los cargos formulados y la prueba individualizada” corresponde a tres hipótesis: los fallos 2×1, coparticipación de la Ciudad y Consejo de la Magistratura. Vale reiterar que todavía no se trata de los dictámenes de acusación y tendrán 10 días hábiles para hacer el descargo que pueden hacer por escrito o presencial. En este último caso, la titular de la comisión informó que le darán fecha el 7 de noviembre y 17 de noviembre “estaríamos dictaminando”.

Además, Gaillard informó: “Vamos a dar traslado esta tarde al informe de Obra Social que habíamos ya votado enviárselo al juzgado del Dr. Lijo, es el resumen de la investigación de irregularidades de Obra Social”.

De acuerdo al artículo 13 del reglamento interno de la comisión, “reunidas las actuaciones sumariales se citará al denunciado a fin de que, si así lo considera, informe a la comisión sobre los cargos formulados agregándose al expediente la versión taquigráfica de la declaración. También podrá el denunciado presentar un informe escrito, el que se agregará a lo actuado”.

De esta manera, se dará un paso más en el proceso que comenzó en enero pasado y se mantuvo a lo largo de todo el año. La comisión ya lleva más de una veintena de reuniones, por donde han pasado numerosos testigos.

El fallo de la coparticipación, en diciembre de 2022, fue el disparador del juicio político impulsado por el presidente Alberto Fernández, apoyado por un grupo de gobernadores y presentado a través de un proyecto por el diputado Eduardo Valdés (FdT). No obstante, el oficialismo en la comisión aprobó en el arranque la admisibilidad de un total de 14 pedidos de juicio político.

La ausencia de testigos y la palabra de los diputados

En la tarde de este miércoles, estaba previsto continuar con la causal “abuso de poder”, cuyo último encuentro estuvo centrado en Carlos Rosenkrantz. Los testigos habían sido solicitados por la Coalición Cívica que tiene un pedido presentado únicamente contra Ricardo Lorenzetti.

Eran cuatro los citados a prestar declaración: Héctor Marchi, exadministrador de la Corte y hombre cercano a Lorenzetti -quien ya estuvo previamente en la comisión-; Julio Piumato, secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación; Gustavo Francisco Tita, quien denunció a Lorenzetti hace unos años; y Adrián Walter Miretti, vecino de Rafaela, de donde es oriundo Lorenzetti. Sin embargo, ninguno de ellos asistió y justificaron sus inasistencias.

El presidente del bloque de la Coalición Cívica – ARI, Juan Manuel López, responsabilizó al juez de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, por la ausencia de los testigos en la reunión de esta tarde: “El ministro de la Corte viene ejerciendo presiones y llamando a distintos actores, es por eso que hoy no tenemos testigos”.

En el marco de la denuncia que la Coalición Cívica – ARI realizó contra Lorenzetti por “abuso de poder”, el jefe de bancada del espacio liderado por Elisa Carrió cuestionó que se haya dejado para el final, pero advirtió: “Nos motiva construir un sistema judicial independiente, no hay nada personal y queremos trabajar sobre temas pendientes de nuestro país”.

“Hablando de presiones, citamos al testigo Adrián Walter Miretti, apoderado de la Mutual Pyme Rural porque llamó la atención que en 2016 y 2017 cambiaban cheques con distintos clubes de futbol y en la causa Futbol Para Todos, apareció esta mutual”, relató López.

Del mismo modo, siguió: “Saben quién era el socio? El doctor Ricardo Lorenzetti y varios miembros de su familia”, y amplió: “se asociaron todos juntos el mismo día a la mutual”.

A su vez, el diputado López acusó que “desde la mutual se hicieron presentaciones para que no avance la causa alegando enemistad entre la jueza María Servini de Cubría y el juez de la Corte Lorenzetti”. “Para nosotros fue sospechoso porque a Servini le sacaron el expediente y no se supo más nada”, aseveró.

Tras ello, enumeró un sinfín de críticas contra el Poder Judicial: “Sucede mucho en Comodoro Py eso de que hay causas que desaparecen por influencias y abusos de poder que ocurren y nuestra justicia abusa de la impunidad porque nunca más supimos de Pyme Rural”.

Por último, el jefe de bancada de la CC – AR citó a la vicepresidenta Cristina Kirchner: “Cuando salió su sentencia dijo que era la única tonta condenada que, si bien estoy de acuerdo con su condena, no es la única que debe ser condenada o se merece un proceso penal”.

Luego, la diputada nacional Paula Oliveto Lago (Coalición Cívica – ARI) habló de Gustavo Francisco Tita, quien se ausentó a la reunión de Comisión de Juicio Político de este martes, pero mandó un escrito justificando su ausencia: “Fue socio comercial de Lorenzetti y fue quien afirmó que el juez de la Corte lucra en el negocio de la salud, a través de su hijo Pablo Lorenzetti, que también es miembro del Poder Judicial”.

Del mismo modo, Oliveto añadió que “además Tita dijo que Lorenzetti fue asesor legal de una de las prestadoras con conexión con Víctor Alderete del PAMI menemista, con quien armaba sociedades donde se quedaban con el dinero de obras sociales y ahí se puede entender el incremento patrimonial de un juez tiene una vida ostentosa que no condice con sus honorarios”.

“(Héctor) Marchi y el socio comercial de Lorenzetti no quieren venir a dar la cara y durante años los hemos denunciado”, señaló la legisladora. Además, disparó contra el oficialismo: “Me da tristeza que gente de Unión por la Patria, habla con Lorenzetti para zafarlo de una situación”.

En tal sentido, agregó: “Venimos denunciando esta situación para que a través de sus personas de confianza hablen de como administró y gestionó con la mega secretaría que tenía Héctor Marchi y con la que condicionaba al poder judicial de Santa Fe para hacer zafar a sus socios económicos y comerciales”.

Por último, señaló que “estamos con una sensación de amargura por lo que no pudimos hacer”, y relató que “hemos sufrido hostigamiento mediático cuando los denunciamos porque el poder te golpea y te dice ‘acá estoy’ y te dice ‘fíjate lo que soy y fíjate de qué lado estas vos’”.

Un repaso del trabajo de la comisión

Gaillard le respondió que “este proceso se ha llevado adelante con la mayor objetividad posible” y le aclaró que están incluidos en el trámite “todos los pedidos de juicio político y se ha determinado audiencias por cada una de las temáticas y, en ese sentido, voy a hacer un racconto antes de pasar a las resoluciones”.

Así la oficialista relató que la comisión comenzó a tratar los proyectos de pedido de juicio político contra los jueces de la Corte en fecha de 26 de enero del 2023 y el jueves 2 de febrero de 2023 “los presentantes asistieron con el propósito de resumir el contenido de sus correspondientes denuncias y tuvieron la oportunidad de explicar en el seno de la comisión ratificando las mismas mediante la suscripción de las actas respectivas. Allí vinieron los diputados y organizaciones de la sociedad civil que habían presentado pedidos y también los particulares”

“En al reunión de 9 de febrero se puso a consideración del pleno de la comisión la admisibilidad de las denuncias que es lo que establece el artículo 9 para determinar si hay o no sustento en las denuncias para comenzar la investigación y por mayoría simple se aprobó la resolución respectiva  disponiéndose en consecuencia la etapa informativa y la comunicación a los ministro de la Corte por el mal ejercicio de sus funciones”, relató y aclaró que fueron notificados de la etapa sumarial y que “tenían a su disposición todas las actuaciones”.

Así siguió relatando que el 13 de febrero la comisión notificó a los magistrados denunciados sobre el inicio de las actuaciones sumariales sin perjuicio de la citación prevista en el artículo 13 del Reglamento de la comisión. Declarada la admisibilidad de las denuncias se abrió la etapa sumarial organizando la investigación por causales, unificando los que tenían mismo objeto”.

“En tal sentido se acordó investigar la causal uno beneficios a genocidas bajo la hipótesis de que habrían tenido una vinculación y comenzó el 21 de marzo sobre la base de pedido de juicio político presentados por Vanesa Siley, Eduardo Valdés y por iniciativa particular de la Asociación Americana de Juristas, entre otros”, precisó Gaillard y resumió que en dicha causal 2×1 se realizaron dos audiencias testimoniales. Agotadas las instancias sumariales, la oficialista narró que procedieron a realizar “el informe correspondiente con el resumen de la investigación donde se sugieren los cargos que vamos a presentar a cada uno de los jueces”.

Sobre la causal dos de “Irregularidades en el manejo de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación” la investigación se inició el 18 de abril cuyas iniciativas de pedido de juicio político fueron pedidas por Eduardo Valdés, María Rosa Martínez e iniciativas particulares. En las testimoniales expusieron 23 testigos.

Respecto de la causa tres sobre el fallo Coparticipación a CABA, Gaillard contó que la investigación comenzó el 15 de junio bajo los expedientes de Eduardo Valdés y la senadora Juliana Di Tullio. Se realizaron cinco audiencias testimoniales para “recibir declaraciones que se realizaron entre el 6 de julio y 29 de agosto”.

“Luego nos abocamos a la causa Consejo de la Magistratura motivada en el fallo Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. La investigación comenzó el 23 de febrero se inició la investigación por cooptación del Consejo. Se desarrollaron 10 audiencias testimoniales donde declararon 16 testigos”, detalló la entrerriana y agregó: “Pasamos a abrir la etapa sumarial de abuso de poder donde se investiga la falta de excusación de Rosenkrantz en causas donde fueron parte sus exclientes y acciones del doctor Lorenzetti que serían abuso de poder. Se inició la investigación comenzó el 3 de octubre con base en los pedidos de juicio político de Oliveto Lago y asistieron cuatro testigos”.

Así, Gaillard señaló que “se han llevado adelante en total 23 reuniones de juicio político a la que han comparecido hasta la fecha 65 testigos. Nosotros avanzamos en la investigación de todos los pedidos de juicio político, no hicimos ningún tipo de discriminación respecto a tal o cual juez de la Corte. Se hizo toda la presentación de prueba para evitar suspicacia, no se dejó de elaborar pruebas”, y agradeció la presencia de la oposición en cada reunión para que se “Trabaje de manera transparente, con objetividad”.

A partir de las exposiciones de los diputados de la CC- ARI, la diputada nacional Vanesa Siley (FdT) aclaró cuatro cuestiones: “En primer lugar, el tema obra social, se votó el 15 de junio sobre las responsabilidades de los demás miembros de la Corte y JxC no quiso integrar la subcomisión que se ideó”. “No desprestigien todo lo que se hizo seriamente”, lanzó.

Luego, la integrante del Consejo de la Magistratura, en contraposición a Oliveto, recordó que “Marchi vino en abril y mayo, pero Oliveto no pudo venir en mayo no le pasó las preguntas a un compañero”. También, sostuvo que “se vota el artículo 13 (otorga el derecho a voz de los acusados durante el proceso de investigación y es el Senado quien juzga) del reglamento sobre el traslado de los cargos”, y concluyó que “la presidencia de la comisión circuló los informes de la investigación para que cada uno lo tenga con tiempo”.

Tomó la palabra otra vez López quien le aclaró a la diputada preopinante que Marchi vino por otra causa y “nosotros lo estamos convocando por otras causales porque fue 18 años administrador general de la Corte y cuando vino nos contó cualquier cosa, no nos contestó nuestras preguntas”.

El jefe del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, sugirió que después de la lectura de los cargos, se informe lo que se va a remitir a cada uno de los jueces, y consideró: “Así como Oliveto puede hacer mención de las cosas que no generaron satisfacción en determinado testimonio, recordemos que Silvio Robles vino acá y nos tomó el pelo a todos”.

Después, el diputado nacional Leopoldo Moreau (FdT) recordó que “cuando iniciamos este juicio político el 26 de enero dijimos que estábamos ante una Corte Suprema donde sus cuatro miembros jugaban al truco con la Constitución”.

En su intervención, Álvaro González (Pro) señaló que el oficialismo llevó adelante lo que se propuso a principio de año porque “tenía la llave” y a lo largo de estos meses “para ustedes han avanzado en el entendimiento que van a poder proar el mal desempeño de los jueces de la Corte, para nosotros eso ahora está muy lejos de poder ser probado”.

Así, reflexionó: “Todo este año hemos discutido y puesto sobre la mesa con una reunión semanal, creo que es de las comisiones que más ha trabajado este año en el Congreso, pero el número es el número. A lo largo del año cada vez que hubo que discutir y votar el oficialismo nunca consiguió un solo voto más que el propio. Vamos a llegar a noviembre para sacar dos despachos y para que quede, después de un año esto no ayudó a la estabilidad política del país, en un despacho ¿en qué momento irá al recinto? será el trabajo de una comisión que quedará en despachos durmiendo el sueño. Todos sabemos que esto no va a llegar al recinto y se juntara la mayoría que se necesita”.

En tanto, el jurista Pablo Tonelli (Pro) expresó que “las pruebas que surgieron estos meses no me demostraron que haya motivos para enjuiciar políticamente a los jueces de la Corte. Todo lo que vi, escuché y leí me ha afirmado de la tarea de la comisión en el sentido de que no había motivos y esto era un embate contra la Corte”.

“Había dudas sobre avanzar porque estamos hablando de un tema no menor, pero sí las había, me parece que se han sumado muchísimos argumentos para avanzar”, indicó Moreau y afirmó que “hago propias las palabras de Oliveto respecto a lo que significaba meterse con el poder real”.

A su turno, Eduardo Valdés (FdT) expresó: “Me tocó ser quien acusó y le digo a Toniolli que lo que disparó el juicio fueron las conversaciones entre Marcelo D’Alessandro y Silvio Robles porque había pasado tiempo de lo de coparticipación y en ese clima decidimos empezar, no fue por una sentencia”.

Del mismo modo, sumó que “ha tenido para nosotros un costo por meternos con el poder real porque tienen los instrumentos para hacer sentir su poder y me lo hicieron sentir a mi cuando se metieron con mi familia en un importante diario de la Argentina”. “Ojalá podamos lograrlo para lograr un mejor funcionamiento de la República y tenemos la tranquilidad de que fue una decisión acertada iniciar este juicio político”, cerró.

En la antesala a la sesión de este martes convocada por el oficialismo, la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, exhortó a los bloques de la oposición “a dar quórum y tratar en el recinto los proyectos de Compre Sin IVA, el proyecto de alquileres que viene de Senado y la creación de las Universidades de Saladillo y Cuenca del Salado, en Cañuelas”.

En declaraciones radiales, la titular de la Cámara baja señaló: “Me cuesta creer que después de que Juntos por el Cambio trabajó para modificar la Ley de Alquileres no vengan a sesionar”, y agregó que “hay sectores que están mezclando la campaña con temas de fondo”.

En ese sentido, señaló que “cuesta mucho hacer funcionar el Congreso con esta fragmentación porque han hecho del quórum una estrategia política”, y advirtió que “si estos espacios avanzan, le va a hacer mucho daño a la Argentina si las decisiones las toma una persona con el Congreso cerrado”.

Asimismo, sostuvo que “cuando (Mauricio) Macri tomó la deuda con el Fondo lo hizo solo, sin consultar al Congreso y eso le costó carísimo a los argentinos”, y manifestó que “si Juntos por el Cambio mañana no da quórum afectará los derechos y beneficios de millones de argentinos”.

Consultada sobre qué pasaría con el funcionamiento del Congreso si gobernara (Javier) Milei o (Patricia) Bullrich, manifestó que “son personas que se sienten cómodas sin debatir ni generar consensos”.

De cara a la sesión que el oficialismo convocó para el martes en la Cámara baja a fin de tratar un paquete de proyectos, entre ellos y como eje central la modificación a la Ley de Alquileres, la diputada nacional Sofía Brambilla (Pro – Corrientes) cuestionó que el FdT “con las modificaciones del Senado volvieron a ley original, nosotros vamos a insistir en nuestro proyecto”. Por otro lado, apuntó contra el espacio porque incorporaron al temario la creación de 3 universidades: “Como saben que pierden la elección, el kirchnerismo las usa como nichos de aguantaderos”, pero aclaró que JxC “no está en contra de la educación superior”.

En diálogo por Radio Sudamericana, Brambilla afirmó: “Nuestra postura es mantener el proyecto que tuvo media sanción el 23 de agosto en Diputados, porque sostenemos que la ley como está no ha funcionado, hay un problema grave de acceso a la vivienda para el alquiler, la gente no puede pagar los alquileres”.

“De todos modos esto tiene que ver con la inflación imparable que afecta el salario de los trabajadores, con lo cual nosotros insistimos que la ley tiene que ser más ágil: los contratos cada dos años, las actualizaciones cada 4 meses, que pueda haber acuerdo entre el propietario y el inquilino para arreglar los aumentos utilizando diferentes índices, pero que haya una decisión entre ambas partes y no que el Estado este metido indicando esa situación”, explicó la legisladora correntina.

Asimismo, detalló: “Lo que sucedió hasta ahora es que con la ley vigente es que hay cada vez menos departamentos y es una preocupación grande para todos los que alquilan”.

En cuanto a las modificaciones que introdujo el Senado dijo: “Con las modificaciones volvieron al proyecto original, nosotros vamos a insistir en nuestro proyecto, el problema más grave que tiene el país es la inflación si no controlamos la inflación no habrá salario que aguante ningún alquiler”. “Hay que ver qué van a hacer los bloques del medio, para dónde van a jugar, va a ser una votación muy ajustada”, avizoró.

La educación y la creación de universidades

Por otro lado, cuestionó que el oficialismo “aprovechó meter tres universidades nuevas” al temario “lo cual es grave porque si hablamos de mejorar la educación, este no es el camino”, pero aclaró que “JxC no se opone a la creación de universidades, la salida esta que a mayor conocimiento y educación formal es mayor la posibilidad al acceso a un empleo digno. El problema es que de 4 millones de chicos que tenemos en el sistema educativo obligatorio, la primaria la termina el 98%, pero la secundaria la termina la mitad y 680 mil solo se inscriben en la universidad y de esos solo 135 mil terminan la carrera”.

“Todas estas universidades se están creando en la provincia de Buenos Aires que además ya tiene superoferta en materia universitaria”, remarcó y sumó: “Lo otro grave es que el 13% de esos chicos que terminan la secundaria lo hacen con los conocimientos básicos. Hay que invertir en educación inicial, hay que garantizar el punto de partida de la educación”.

Para la diputada del Pro: “Hay que crear sedes, no una estructura nueva. El kirchnerismo se está escudando en estas universidades y como saben que pierden la elección las usan como nichos de aguantaderos porque sino no se explica”, y propuso: “Hay que sentarse a hablar de por qué los chicos terminan el secundario con conocimientos básicos, esos chicos después no tienen trabajo. Hay que lograr mejorar la calidad educativa en el secundario”.

“No puedo decir si JxC tiene o no los números para frenar esto, se verá llegado el momento. No sé cómo va a ser la votación”, opinó y cuestionó: “Encima es una ley sin presupuesto, o sea no sabemos cuánto va a salir esto a los argentinos, es una irresponsabilidad total lo que hace este Gobierno no podemos aprobar una ley que no tiene presupuesto y no sabemos de dónde va a salir la plata, lo mismo con compre sin IVA y todos los beneficios del plan ‘platita’ que Sergio Massa nos está empujando y tirando en el Congreso con una irresponsabilidad total. Esto no es gratis”.

La interna dentro de JxC entre Patricia y Mauricio

La legisladora correntina destacó que “Bullrich es la única alternativa para la Argentina, el equipo de JxC es la alternativa de los tres candidatos, es la dirigente más comprometida que entiende la realidad”.

Así, comparó: “Tenemos por un lado un ministro de Economía totalmente irresponsable que habla de bajar la inflación cuando hace un año que está y la duplicó, y lo hace con el mismo equipo que está. Además, preguntémonos dónde está Alberto Fernández, no sé dónde está. Massa está gobernando la Argentina y lo hace mal. Del otro lado tenemos una persona que habla de libertad y todos sabemos que sus propuestas apuntan a anular las instituciones y tampoco tiene equipo para gobernar”, y adelantó: “El Estado está quebrado y la pelea va a ser dura, pero el mejor equipo para dar pelea es el de JxC”.

Sobre las internas dentro del espacio denunció que “hay una campaña sucia contra Mauricio y JxC porque buscan generar discordia y mostrarlo dividido y no es así, tiene que escuchar toda la conversación de Mauricio porque hicieron un recorte, solo buscan constantemente enemistar nuestro espacio porque saben que somos la única alternativa”.

Por último, hizo un breve comentario sobre el índice de inflación de la semana: “La inflación acumulada es tremenda, los sueldos no llegan al 15 del mes, uno termina de pagar las deudas normales como luz, agua, internet, y no te alcanza. Ir al supermercado es un lujo ya”.

La Comisión de Juicio Político de Diputados que preside la entrerriana Carolina Gaillard retomó este martes las audiencias en el proceso que se desarrolla contra los miembros de la Corte Suprema. En esta ocasión, comenzaron el debate de la causal “abuso de poder” con testimonios dirigidos especialmente al vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz.

Se analizaron puntualmente 69 sentencias en las que intervino Rosenkrantz y en cuya mayoría -según el oficialismo- favoreció a sus exclientes. El segundo cargo evaluado fue el pedido de honorarios que el propio Rosenkrantz presentó en la Corte cuando ya era ministro por 18.000 millones de pesos para que la provincia de Santa Fe le pagara honorarios en un expediente que tramitó en la Corte.

De los cinco testigos convocados, participaron cuatro: el periodista Ari Lijalad, por su nota titulada “Rosenkrantz en 25 fallos que involucran a sus exclientes”, publicada el 16 de junio de 2022 en El Destape; el periodista Juan Alonso, por la nota “Gil Lavedra y Rosenkrantz tienen fe”, publicada el 26 de marzo de este año en El Cohete a la Luna; Gustavo Naveira de Casanova, secretario letrado de la Secretaría Judicial N° 7 en lo Tributario, Aduanero y Bancario de la Corte Suprema; y Roberto Saggese, de la vocalía del doctor Horacio Rosatti en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El único convocado que no asistió según se anticipó, es Maximiliano Rusconi, abogado de Tabacalera Sarandí en la causa Tabacalera Sarandí SA c/ En AFIP-DGI/Proceso de conocimiento.

Antes de comenzar con la ronda de testigos, la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, explicó la causal de “abuso de poder” que se le atribuye a Carlos Rosenkrantz, por “la falta de excusación en causas de sus exclientes”. “Desde su asunción como ministro participó en al menos 69 fallos donde eran parte sus exclientes, esto configuraría un claro conflicto de intereses en causas que involucran cifras millonarias”, señaló.

“Con la permanencia del doctor Rosenkrantz, las empresas del sector concentrado de la economía, no referimos a PyMEs, asegurarían un representante de sus intereses económicos y patronales dentro de la Corte”, aseveró la oficialista.

También informó que la segunda hipótesis de esta causal tiene que ver con “honorarios millonarios” reclamados por Rosenkrantz, “por la suma de 18 mil millones de pesos” en la causa que patrocinó a Santa Fe por la quita de recursos coparticipables; mientras que la tercera tiene que ver con la recusación que le formularon en la causa Tabacalera Sarandí.

Por otro lado, el oficialismo avanzó hacia la formulación de cargos contra los jueces de la Corte Suprema de Justicia, al considerar que la investigación sobre las causales del fallo 2×1, coparticipación de la Ciudad y Consejo de la Magistratura están concluidas.

Además, Gaillard informó que la próxima reunión será el martes 10 en la que tratarán la causa de la CC-ARI contra Ricardo Lorenzetti, se citarán a los testigos.

Los testimonios

Primer testigo de la jornada, Gustavo Naveira de Casanova, secretario letrado de la Secretaría Judicial N°7 en lo Tributario, Aduanero y Bancario de la Corte Suprema, asistió por segunda vez, ya que había declarado en la comisión el 7 de marzo pasado. Consultado por el diputado Leopoldo Moreau sobre si en su función anterior como fiscal general adjunto de la Procuración “alguna vez le tocó recusar a algún ministro de la Corte porque una causa involucraba a un excliente de un ministro”, respondió: “Cuando trabajé en la Procuración General de la Nación no tenía firma, no recusaba a nadie y no recuerdo haber trabajado en ningún expediente de ese tipo”. “Creo que, a cada ministro, a cada juez, le corresponde -como le parezca- excusarse”, dijo. 

El oficialista lo interrogó sobre si “conocía el listado de los exclientes del doctor Rosenkrantz”, a lo que el funcionario judicial afirmó que él sabía “que había presentado ante el Senado una lista, pero esa lista yo no la tengo presente”. “Tengo entendido que además del Senado, como corresponde, el doctor Rosenkrantz circuló una lista de sus exclientes entre las demás vocalías, porque si no quedaría al arbitrio de él decidir en cada caso si se excusaba o no”, reveló.

“¿Alguna vez recibió de algún ministro una nota comentando que dejaba de excusarse por haber transcurrido más de cinco años desde que asumió?”, preguntó Moreau, a lo que Naveira de Casanova contestó que desde que él trabaja en Corte, año 2018, no recibió “otra nota así”.

En su intervención, el diputado del Pro Pablo Tonelli aclaró que “respecto de las posibilidades que un juez se aparte en un expediente y no opine, no vote, son dos: una, que sea por impulso de alguna de las partes que actúe en la causa y lo recuse, con motivos; y la otra es que el juez decida excusarse porque él entiende que hay motivos para hacerlo”.

Y defendió que haya sido de cinco años “el plazo a partir del cual el doctor Rosenkrantz entendió que ya no correspondía excusarse en causas en que intervinieran exclientes, no de él personales, sino del estudio en el que había trabajado”. “No puede ser que pasen 30 años y el juez tenga que seguir excusándose”, enfatizó y señaló que el artículo 15 de la Ley de Ética Pública “establece que esa obligación de excusarse cesa transcurridos tres años”.

“Es absolutamente lógico, natural, razonable y sensato que un impedimento de esa naturaleza cese en algún momento. La Ley de Ética habla de tres años, el juez Rosenkrantz eligió esperar cinco. Está muy claro que no puede mantenerse para siempre semejante prohibición”, insistió.

Para Moreau, la aclaración de Tonelli “confirma la arbitrariedad de la decisión del doctor Rosenkrantz”, quien tomó “una decisión individual y arbitraria” e “inventó una norma”, cuestionó. “Le imputamos un mal comportamiento desde el punto de vista ético y la pérdida de imparcialidad. Se autoimpuso un plazo que de ninguna manera existe en normas vinculadas al funcionamiento de la Corte Suprema. Él no apeló a la Ley de Ética Pública, el plazo lo impuso él a su propio arbitrio”, subrayó el oficialista.

Por su parte, el presidente de la CC-ARI, Juan Manuel López, consideró que “no hubo nada irregular en la decisión y en la nota, porque aparte lo hace público a todos sus colegas, de que iba a empezar a intervenir pasados cinco años en las causas en las que el estudio que perteneció patrocinó a alguna de las partes”.

“A mí modo de ver tuvo un exceso de restricción en la decisión de no intervenir”, opinó y recordó que para ser juez de la Corte “tenes que haber sido abogado y ejercido ocho años” y para eso “se necesita haber tenido clientes”. Además, sobre la lista de sus exclientes, mencionó que la presentó por un decreto del año 2003, presidencia de Néstor Kirchner, que obligaba a los candidatos a jueces a exponer ese listado.

“La excusación es absolutamente potestativa del juez y no hay ninguna obligación de hacerlo. El plazo que dice el diputado Tonelli es el único que hay en la legislación argentina. No se auto legisló. Por eso nunca vamos a entender esta causal”, añadió.

En su testimonio, Roberto Saggese, de la vocalía del presidente de la Corte, Horacio Rosatti declaró sobre la causal “Consejo de la Magistratura” por la que había sido citado el 21 de septiembre pasado, quien ingresó en 2021 a la vocalía, consideró que en la causa Colegio de Abogados “hubo legitimación” y que no tuvo a la vista “ningún proyecto anterior, el primer trabajo fue el análisis de este tema y la consideración de la firma de Rosatti”.

Los periodistas

El periodista Ari Lijalad, quien fue citado por su nota titulada “Rosenkrantz en 25 fallos que involucran a sus exclientes”, publicada el 16 de junio de 2022 en El Destape, luego de presentarse, la diputada oficialista Siley le preguntó por “diversas notas” publicadas sobre “las distintas intervenciones en causas que tuvo el ministro Rosenkrantz como miembro de la Corte Suprema en las cuales no se excusó de intervenir, pese a que en los casos algunas de las partes eran clientes suyos”, por lo que le pidió detallar el nombre de esos clientes que aparecieron en las notas periodísticas.

Lijalad explicó: “Lo que hice fue tomar el listado de exclientes y de ex sociedades donde Carlos Rosenkrantz declaró, sociedades donde había participado, y exclientes que tuvo en el estudio. En el listado constan esos clientes. También estaban en la página web del estudio Bouzat, pero cuando Rosenkrantz fue, primero nombrado por decreto, y después fue al Senado a tener sus audiencias, borraron ese listado, pero yo conservé una copia”.

“El trabajo que hice es bastante sencillo en la página web de la Corte Suprema, que es de acceso público, puse el nombre de cada cliente que tuvo Rosenkrantz y buscar en todos los fallos de la Corte los votos de él, todo de fuentes públicas y abiertas. Anoté todos los casos donde aparecía un voto de Rosenkrantz vinculado a un excliente. Parecieron muchísimos”, explayó el periodista

Así, procedió a detallar algunos de ellos: “La última lista que hice eran 56 casos, había 3 fallos que involucraban a Telecom exclientes, 1 fallo que involucra a ARTEAR ambos del Grupo Clarín, 3 fallos que involucran a Multicanal, 3 que involucran a AMX que es la empresa Claro de telefonía, 3 que involucran a la provincia de Corrientes, 4 a la de Santa Fe, 1 fallo que involucra a la Clínica Estrada, 27 fallos de YPF, 5 al Supermercado Día, 1 del Grupo América, 1 de Piero y 1 de Polisur”.

“Todas las semanas miro los fallos de la Corte, porque es mi trabajo, y han aparecido más. Son todos fallos donde figura la firma de Rosenkrantz donde intervino con casos de exclientes”, denunció.

Siley le consultó en qué casos el titular de la Corte se exudó y en cuáles no. Al respecto, Lijalad recordó que la primera nota que publicó hace dos años fue porque Rosenkrantz giró una nota al resto de los miembros de la Corte en un caso de AMX Argentina contra la Dirección General de Aduana  donde les comunica que “iba a empezar a intervenir en causas de sus exclientes porque ya habían pasado cinco años de su asunción en la Corte”, en un breve comentario opinó que el Código Civil y Procesal  “no establece un plazo de caducidad del impedimento de un juez de intervenir en causas de sus exclientes y dice que eso es motivo de causal de mal desempeño”.

“Al tener esta nota, lo que vi primero es que Rosenkrantz avisó de algo que ya había hecho en 21 casos anteriores. No solo inventó esos plazos de cinco años, sino que tampoco lo cumplió porque hay 21 fallos anteriores en donde si intervino y corresponden a exclientes”, acusó el testigo y añadió que “sucede que con los mismos exclientes en algunas causas se excusa y en otras decide participar, lo vi mucho en las causas de Santa Fe que es una de sus grandes clientes. Hace excusaciones selectivas”.

Sobre la nota a los miembros de la Corte, Siley le pidió la opinión a Lijalad quien expresó: “Creo que estaban preparando el terreno para algo que vino después que fue la judicialización de otro caso de un gran excliente que es el Grupo Clarín vinculado a la regulación de las tarifas de las telecomunicaciones que fue frenado por medidas cautelares en peinera y segunda instancia. El Gobierno logró acceder a la Corte por el recurso de queja porque no le dieron el recurso extraordinario”.

“Esa causa se discute un decreto en el cual el Gobierno estableció que las telecomunicaciones son un servicio público en competencia y sus tarifas pueden ser reguladas por el Estado que Clarín judicializó para no cumplirlo y no lo cumple hasta el día de hoy por una complicidad de la Corte Suprema que no trata todo esto hace más de un año”, criticó y contó que el Estado recursó a Rosenkrantz para que no intervenga y resumió: “Estaban preparando un antecedente y una justificación para beneficiar al Grupo Clarín uno de los grandes exclientes de Rosenkrantz”.

A su turno, Tonelli le planteó que la mera condición de excliente no basta para la recusación o excusación y le consultó si en todos los casos que mencionó verificó si en la condición de excliente existen algunas de las otras condiciones que el Código Procesal exige para que procesa la recusación o excusación o si se basó en la mera condición de excliente del juez.

Lijalad le remarcó que entre los criterios está haber sido abogado y haber omitido opinión/ dictamen a la hora de las recomendaciones. “Está comprobado que son sus exclientes, que intervino, esos son datos. No hay garantía de imparcialidad porque es su excliente”, aseguró.

“De acuerdo con el Código Procesal la mera condición de excliente no basta para provocar recusación ni excusación, hace falta otros requisitos que el testigo no verificó”, cerró su postura Tonelli.

Rosenkrantz y su cliente Santa Fe

El diputado Leopoldo Moreau le pidió al testigo que explicara el monto que pidió el titular de la Corte sobre la regulación de sus honorarios del estudio respecto del caso de Santa Fe, a lo que el periodista aseguró no tener el monto exacto porque “lo tiene que definir la Corte, pero si no recuerdo mal es un porcentaje de la condena que era de 4 mil millones de pesos”.

De la vereda de enfrente, el radical Fernando Carbajal (Formosa) le solicitó que aclare por qué previamente consideró dicho pedido de Rosenkrantz como “irregular” que un abogado se presente en un expediente y pida la regulación de los honorarios. ¿Considera que debe renunciar a todos los honorarios percibidos en su profesión?, apuntó el formoseño. Lijalad precisó: “Rosenkrantz asumió en la Corte en 2016, pide regulación de honorarios el 23 de octubre del 2017 y mientras pedida honorarios en una causa de su excliente, resolvía una causa de su excliente, eso es lo que me parece irregular, no la regulación de honorarios”.

Carbajal le volvió a salir al cruce: “Vale la aclaración entonces porque no es lo que dijo anteriormente… si es incorrecto como usted dice que siga interviniendo en esa causa”, a lo que Lijalad agregó: “Continúa interviniendo en causas de ese excliente”, pero el radical recogió el guante y le enrostró que “no es más que un cliente particular, sino que es un estado provincial defendiendo la coparticipación federal. ¿Es cierto o no? Es un ente público defendiendo la coparticipación federal”.

De forma inmediata intervino el oficialista Rodolfo Tailhade quien aclaró que la sentencia es de más de 150 mil millones de pesos a favor de la provincia de Santa Fe y “el pedido de regulación de Rosenkrantz es de 18 mil millones de pesos que hasta ahora no ha sido discutido”.

El pampeano Hernán Pérez Araujo (FdT) le pidió que ratificara al testigo si tenía información de que Rosenkrantz había intervenido en las causas de Santa Fe que llegaron a la Corte, ante la respuesta afirmativa del periodista, le consultó la cantidad de las mismas a lo que Lijalad le dijo que fueron cuatro y que “puede haber más”. Así, el oficialista apuntó contra JxC que “llevan adelante el rol de defensores del doctor Rosenkrantz”.

En su declaración, el periodista Juan Alonso, testificó por la nota “Gil Lavedra y Rosenkrantz tienen fe”, publicada el 26 de marzo de este año en El Cohete a la Luna donde se hace referencia a un juicio por coparticipación de la provincia de Santa Fe.

Según Alonso, “buscó revelar lo que, durante 14 y 15 años se litigó, entre la provincia Santa Fe y el Estado Nacional”. “Nunca se había dado a conocer el contrato original de la gestión del ex gobernador Binner con los estudios en cuestión de Rosenkrantz y Gil Lavedra, se publicó por primera vez en ese artículo”, contó y agregó: “Ratifico todo lo que dije en la nota en donde hago una cronología de esos sucesos, el contexto en el que se dio, por qué recurrieron al estudio privado”.

“En la nota están absolutamente todos los documentos esta el decreto de Binner con el cual designa a estos abogados privados para que litiguen en representación de Santa Fe en contra del Estado. Está la posición del entonces fiscal de Estado que avala lo realizado por el gobernador”, añadió a su relato.

“Hay un fallo de la Corte que le da la razón a la provincia, pero tiene que regular los honorarios de Rosenkrantz, que es, a la vez, juez de la Corte. Se da una situación, por lo menos, llamativa”, planteó Alonso y consideró que “hay un dilema ético allí”.

La nota refiere a 151.000 millones de pesos en total que fueron reconocidos por el exministro de Economía Martín Guzmán y el gobernador Omar Perotti en un acuerdo homologado por el máximo tribunal. De ese total, entre un 15 y un 20 por ciento sería para los abogados. “Se paga con un dinero que viene del Estado nacional”, señaló.

El periodista indicó que “la Corte aún no decidió el porcentaje, que podría ascender a unos 25.000 millones de pesos. Sucede que entre los contratados está el supremo Carlos Rosenkrantz, su socio Gabriel Bouzat y el presidente del Colegio de Abogados, Ricardo Gil Lavedra”.

Según se indica en el artículo, “el contrato que firmó el exgobernador Hermes Juan Binner con los estudios de Gil Lavedra y Rosenkrantz se mantuvo bajo siete llaves hasta ahora. El Cohete logró hallarlo no sin pocas trabas de la burocracia de Santa Fe y del Poder Judicial” y al publicarlo advierte que “el asunto no es menor, ya que desde la Comisión de Juicio Político del Congreso se insistió sobre este acuerdo de partes que tiene a Rosenkrantz como juez y parte”.

La diputada nacional Mónica Litza (FdT) destacó la “importancia” del debate sobre la reducción de la jornada laboral y consideró “necesario” impulsar la modernización de las leyes laborales con el propósito de estar en sintonía con “las nuevas realidades del mundo del trabajo” porque “estamos modificación una ley del siglo pasado”. Por otro lado, elogió al candidato/ministro Sergio Massa.

“Es muy importante que estemos discutiendo en la Argentina la reducción de la jornada laboral. Es necesario modernizar los parámetros de nuestra ley a las nuevas realidades del mundo del trabajo que se están dando no sólo en la región, sino en todo el planeta”, sostuvo la legisladora en declaraciones radiales.

Litza consideró que “no es una idea descabellada porque el mundo está avanzando hacia la reducción de las jornadas laborales”, y explicó que “somos uno de los países dentro de la región que tiene mayores horas de exigencia de trabajo. Estamos modificando una ley que es del siglo pasado”.

“Tenemos el teletrabajo, la conectividad y la tecnología cambió la vida de las personas y eso obviamente el mundo del trabajo. Es un buen momento para ir a esta actualización de la legislación que es del siglo pasado”, ratificó.

La diputada oficialista es autora de uno de los proyectos del cual indicó que propone reducir la jornada laboral a seis horas diarias o a 36 horas semanales en contraposición con las ocho horas diarias y 48 semanales, que rigen en la actualidad.

“Cuando estas regulaciones sobre la extensión de las ocho nacieron, en el mundo laboral no existieron modalidades como el trabajo a distancia que está tan vigente en la actualidad. De la misma manera en la que cambia la realidad, es necesario cambiar las regulaciones”, insistió la legisladora.

Además, recordó “el artículo 14 bis que expresa y consagra el derecho a la jornada laboral reducida”, y recordó que “en la actualidad, países latinoamericanos como Ecuador y Chile redujeron sus jornadas laborales a 40 horas semanales, mientras que Colombia y Brasil tienen establecido como máximo entre 42 y 44 horas semanales”.

Al referirse al impacto de la medida en la creación de empleo, la diputada nacional afirmó que “la norma se complementará con otras medidas, como la aplicación de un plan de desarrollo de inclusión social”.

“Son iniciativas que está llevando adelante el ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa. Pero este es un paso que hay que dar y es muy importante que estemos discutiendo este tema hoy en la Argentina de la misma manera en la que no está discutiendo el mundo”, finalizó.

Por otro lado, destacó la figura del candidato presidencial de UP: “Creo que Massa es un gran piloto para este momento de la Argentina realmente confío mucho en el gran conocimiento que tiene él del Estado, en la forma de ejercer el poder. Es una persona que no padece el poder. Tomo la situación de la economía en un momento difícil y le metió para adelante. Creo que si va a tener un reconocimiento de la gente al gran esfuerzo que está haciendo y el tema de estabilizar una economía dañada y frágil”.

El diputado nacional Martín Tetaz (Evolución Radical) denunció en el recinto de la Cámara baja durante la sesión de este martes “un pacto” entre el candidato presidencial Javier Milei (LLA) y el ministro de Economía y candidato de UP, Sergio Massa, por anticipar su voto a favor al proyecto de eliminar el impuesto a las ganancias.

“El kirchnerismo nos ha acostumbrado a subir impuestos cuando gana y a bajarlos cuando pierden; está bastante claro lo que conviene que pase en la próxima elección. Yo celebro que traigan una baja de impuestos al Congreso”, comenzó Tetaz.

En esa línea, manifestó: “La izquierda acompaña, eso chocolate por la noticia, no hay novedad ahí… Quiero denunciar que la real novedad en esta sesión es que se está confirmando un pacto político entre Javier Milei y Sergio Massa”.

“Hay una confirmación de un pacto político que ya habíamos tenido una evidencia de algunos intendentes del peronismo que les repartían la boleta, o algunos gobernadores del norte que otrora hacían desaparecer las boletas a la oposición que no tenían fiscales y hoy lo acompañaron a fiscalizar”, acusó el economista.

Así, insistió: “Hoy tenemos la confirmación de que Milei va a votar en contra de sus palabras y se está viralizando un video en el cual Milei dice que votar una baja de impuestos sin una baja del gasto que la acompañe es demencial. Acaba de decirnos que va a votar con Sergio Massa una baja de impuestos que es demencial”.

“También dijo otro disparate el señor Milei: que iba a acompañar siempre cualquier baja de impuestos y eso es ridículo. Sería igual de irresponsable al votar la propuesta de la izquierda de poner un salario mínimo de 500.000 pesos para todos los trabajadores”, expresó Tetaz.

Y cerró: “Eso es demagogia, sería ideal un mundo sin impuestos, pero no se puede por eso hay que elegir cuáles son los mejores y peores impuestos”, y agregó: “No podemos acompañar este proyecto porque va a causar más desigualdad. Vamos a denunciar el pacto entre Milei y Massa que va a pavimentar el camino hacia la hiperinflación en Argentina”.

Cuando parecía que la sesión en la Cámara baja de este martes se desarrollaba con tranquilidad durante el tratamiento de la eliminación del Impuesto a las Ganancias, irrumpió con su discurso el diputado del Pro Fernando Iglesias que calentó el clima en el recinto al hablar de “la casta sindical y peronista”.

En su intervención, Iglesias se refirió al oficialismo, puntualmente a Sergio Massa, como “casta política” con relación a la modificación del Impuesto a las Ganancias. “No quiero terminar sin mandarme un saludo a la casta sindical de Moyano y Barrionuevo”, acusó el diputado contra los referentes sindicales.

Del mismo modo, se cruzó con el jefe de bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, cuando este lo interrumpió: “Son la casta sindical estúpido”, y agregó: “La casta sindical no representa a los trabajadores, representa al peronismo y se transformó en la peor de las oligarquías que es la casta peronista que está fundiendo al país”.

Luego, entre abucheos de los representantes sindicales presentes en el recinto, la titular de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, puso paños fríos e Iglesias continuo: “No puede haber una Argentina distinta con la casta sindical de siempre que ayudó a derrocar a Fernando De La Rúa. En este periodo no hicieron un solo paro”.

De la vereda de enfrente, el jefe del bloque oficialista hizo hincapié en la extensión de la sesión con un “tema importante” del cual hay “representantes sindicales” de quienes destacó el trato “respetuoso” hacia cada uno. Así, recurrió al reglamento interno de la Cámara, precisamente al artículo 180 que establece que, si un diputado se siente agraviado por alguien ajeno a la Cámara, pero también resaltó que existe el artículo 185 y 186 del Reglamento donde “somos los propios diputados los que tenemos que tener cuidado y no agredir a otros y no hacer ningún tipo de personalización, insultos o interrupciones reiteradas”.

“Si veníamos bien no entiendo por qué esto. Entiendo el ejercicio de la provocación, pero estamos en un escenario donde tranquilamente podemos argumentar sin descalificar a nadie”, cerró Martínez.

Pero el asunto no quedó ahí, se sumó el jefe del bloque CC-ARI, Juan Manuel López, quien a los gritos y enojado le preguntó a la presidenta de la Cámara: “¿En carácter de qué le pide el diputado Martínez al diputado Iglesias los modos en los que puede hablar? Porque citó un artículo del reglamento que es para una sanción”.

“Milei nos puede decir casta a todos, pero el diputado Iglesias casta a los tipos que están hace 40 años en el poder y que Milei se reúne y felicita”, enfatizó entre gritos y lanzó: “¿Qué pasa Presidenta? ¿Martínez se convirtió en catador de nuestros discursos? Acá hay inmunidad de opinión, inmunidad de discursos y libertad de expresión. Bánquensela Presidenta”.

Moreau, tratando de poner paños fríos, le dijo: “No se ponga nervioso que le va a dar un infarto… tranquilícense”.

En su intervención durante la sesión de Diputados de este martes, la diputada nacional Graciela Camaño (Identidad Bonaerense) respaldó el proyecto de impuesto a las Ganancias y adelantó su voto positivo porque “el salario nunca debió estar en ninguna cuarta categoría, esa es la virtud que tiene esta legislación”.

“Mi análisis no va a ser ni político ni económico, se va a enmarcar estrictamente en lo jurídico porque creo que lo que estamos discutiendo un cambio de paradigma. Yo vengo a apoyar este proyecto con la posibilidad de ver cristalizado un pensamiento nuevo en materia de salarios”, anticipó Camaño.

Así, recordó que “esta iniciativa se sostiene en esos carteles que el movimiento obrero viene blandiendo y que diputados y senadores de diferentes partidos y en diferentes momentos aprovecharon la foto para sacarse que decía ‘el salario no es ganancia’”.

“Esta frase parece ser una frase de campaña se apalanca conceptualmente en el terreno jurídico, responde y adscribe al modo en el que el salario resulta concebido en la propia Constitución Nacional como derecho económico social de segunda generación producto del advenimiento del constitucionalismo no en nuestro país, en el mundo, que atraviesa los tiempos y mantiene arraigos dentro de un Estado social de derecho”, planteó y sumó: “Por lo tanto, a partir de esa premisa, la iniciativa relativiza aspectos económicos, ni pretende reformular en términos amplios ni muchos menos sistémico la política tributaria el proyecto del que se trata”.

Según la diputada miembro del interbloque Federal “el concepto de remuneración que, si bien reviste un carácter oneroso, supone un ingreso que es fruto del esfuerzo del trabajo a favor de otra persona, viene aquí a obtener por poner su fuerza de trabajo, no una ganancia dado que supone el rédito a favor de quien se vale de su prestación laboral para obtener el ingreso”.

“Dada su importancia y el carácter alimenticio que representa la remuneración para el trabajador, la legislación laboral infra constitucional ha ido desarrollando un gran control para resguardar el derecho a que el trabajo la perciba de manera íntegra y oportuna al mismo tiempo que lo proteja frente al empleador, a los acreedores del empleador, frente al propio trabajador, frente a los acreedores del trabajador, y frente al Estado con el objetivo de preservar el principio de intangibilidad de la remuneración y en garantía de que ella sea percibida en forma efectiva por el trabajador, la ley de contratos fija una serie de formalidades que deben respetarse”, planteó Camaño.

En esa línea, señaló que “una de ellas establece las limitaciones a las compensaciones, retenciones y descuentos. La legislación laboral ha prohibido efectuar retenciones o compensaciones sobre los salarios, es evidente que el mismo llegue íntegro al poder del trabajador. Esta prohibición, si bien no es absoluta, la propia ley fija excepciones, pero no está este impuesto que se le ha impuesto a los trabajadores”.

“El trabajo, en sus diversas formas, gozará de la protección de la ley y nuestra Constitución menciona al salario como una retribución justa, luego lo denomina salario cuando estable el carácter alimentario, lo menciona como remuneración al establecer el principio de igual remuneración por igual tarea”, indicó y resaltó que “los salarios gozan de plena protección constitucional y tiene plenas características alimentarias”.

Así, precisó que “la Organización Internacional del Trabajo desea determinar correctamente qué es el salario más allá de las partes o relación laboral. Determina que en toda relación laboral el empleador debe una contraprestación al trabajador que se llama salario bajo el derecho protectorio”.

“La protección legal del salario abarca todos los momentos del salario. El Régimen Protectorio vigente constitucional, Ley de Contrato de Trabajo, Convenios de la Organización Internacional protegen al salario en todo su devenir. El salario nunca debió estar en ninguna cuarta categoría, esa es la virtud que tiene esta legislación. Al ser una ley le da legalidad que requiere constitucionalmente en materia tributaria”, manifestó.

Sin embargo, Camaño señaló que “es un impuesto coparticipable por lo que incide en la masa de coparticiparon que les corresponde a las provincias por lo que el Ejecutivo tiene la obligación de minimizar el impacto porque el 61% les corresponde a las provincias. Es necesario que se defina y resuelva esta masa de coparticipación que se les retrae a las provincias”.

“No creo que los argentinos sientan su voto influido por una ley así, este tema lo venimos pidiendo hace años. No me voy a perder la oportunidad de mantener la coherencia y he dicho siempre”, cerró.

En la ronda de homenajes durante la sesión de la Cámara de Diputados de este martes, las diputadas Romina Del Pla (Frente de Izquierda), María Rosa Martínez (FdT) y Mara Brawer (FdT) rindió un homenajearon a los estudiantes secuestrados durante la última dictadura cívico militar al cumplirse 47 años del suceso conocido como la Noche de los Lápices.

“A 47 años del suceso conocido como la Noche de los Lápices que se cumplió el pasado sábado 16 de septiembre. Rendirles un homenaje a esos estudiantes secundario secuestrados en La Plata a poco del inicio de la última dictadura cívico militar en el país”, inició su discurso la diputada de izquierda.

En esa línea, manifestó: “Es un tema crucial porque, como docente veo a diario adolescentes de 15 o 16 años y estoy dando clases, no puedo dejar de pensar que esa era la edad de estos 10 jóvenes secuestrados, torturados, violadas, llevados al centro clandestino de detención del pozo de Banfield y que formó parte de una feroz represión llevada adelante por esta dictadura cívico, eclesiástica militar que inició en 1976”.

“El objetivo de esa represión era quebrar por el miedo a toda una generación de estudiantes, de trabajadores y trabajadoras, a todos los que venían luchando a brazo partido por los derechos. En el caso de estos jóvenes por ser quienes luchaban por el boleto estudiantil secundario, pero además la enorme mayoría eran militantes políticos de fondo que luchaban por un cambio social profundo, no eran conformistas con esta sociedad capitalista que nos lleva a cada vez más pobreza, más miseria y explotación”, expresó Del Pla.

En tanto, sostuvo que “es muy importante ver cómo a jóvenes estudiantes se los asesinó, se los torturó y vale tenerlo en cuenta cuando hay quienes están planeando un avance brutal contra la educación pública. Ya hemos vivido estos 40 años con ajustes en educación, vaciamiento y ahora hay quienes vienen por más planteando escuelas vouchers, proceso de privatización encubierta de la educación”.

“Es importante cuando se quiere insistir con el negacionismo, cuando se homenajean a los represores e insiste en la impunidad y se trabaja para esa impunidad hoy”, apuntó contra los liberales y planteó: “Hay que seguir explicando y recordando que no hubo ninguna guerra, que fue terrorismo de estado, 30 mil detenidos desaparecidos, los que sufrieron el peor peso de ese operativo represivo y hay que seguirán insistiendo en la apertura de archivos porque queremos saber y es necesario todo lo que se sigue ocultando, cuál fue el destino de los 400 niños apropiados bajo la dictadura”.

A su turno y en el mismo sentido se expresó la oficialista María Rosa Martínez quien recordó que septiembre es un mes “de episodios tristes vinculados a la memoria, al pasado, que nos empuja a reflexionar”.

“El 16 de septiembre de 1955 un golpe cívico militar sacaba del gobierno a Perón elegido por el pueblo con balas, con muertos, con cárcel. Esa dictadura que se llamó Libertadora fue una dictadura que generó proscripciones, desaparecidos, persecución. También hizo el primer pacto con el FMI al que Perón rechazaba. Derogó la Constitución del 39’, reprimió y fusiló, y persiguió a quienes pensaban diferente”, recordó.

Así, manifestó: “Otro 16 de septiembre donde los milicos salieron a cazar pibes militantes de la noche de los lápices. Estos dirigentes estudiantiles vivieron la peor noche porque eran chicos que reclamaban por el boleto estudiantil y la liberación nacional”.

En tanto, la diputada Mara Brawer sumó: “Estos homenajes toman fortaleza porque la humanidad reconoció al Museo como Espacio de la Memoria como patrimonio de la Humanidad y lo hizo un organismo de Naciones Unidas. Es una respuesta contundente de la humanidad para aquellos que quieren negar la verdad lo que fue la última dictadura y el terrorismo de Estado”.

La Cámara de Diputados volvió a poner en agenda el tratamiento del proyecto que propone la capacitación obligatoria en Lengua de Señas que ya cuenta con media sanción del Senado desde abril pasado.

La iniciativa va a ser debatida en el marco de una reunión de la Comisión de Discapacidad, presidida por el rionegrino Luis Di Giacomo, el próximo miércoles a las 10 en la Sala 2. La misma iba a reunirse el pasado jueves, pero el encuentro se suspendió.

La misma fue presentada por la diputada Gisela Marziotta (FdT), que busca establecer la capacitación obligatoria en LSA como idioma viso-gestual para todas las personas que se desempeñen en la función pública, en todos sus niveles y jerarquías, en los tres poderes del Estado nacional.

La comisión también tiene previsto debatir un proyecto que propone crear un programa de reconocimiento a las empresas que incluyen prácticas de equidad laboral para personas con discapacidad, que podrán contar con el “Sello Nacional de Equidad Laboral (SENELDIS)”.

También se debatirá sobre un régimen de capacitación de personal para tratar con personas con Trastorno del Espectro Autista; y la creación de un sistema integral de prioridad y contención para personas con TEA -y síndromes relacionados- en los medios de transporte terrestre, ferroviario, aéreo y fluvial.

Por último, se encuentra en el temario tratar modificaciones a la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (26.061), a la de Sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de personas con discapacidad (24.901); a la de Turismo accesible para personas con capacidades restringidas (25.643); y proyectos de resolución y declaración.

La gran elección de La Libertad Avanza estuvo asentada en la performance del líder libertario en los principales distritos, en varios de los cuales se impuso. Por ejemplo en Santa Fe, donde obtuvo el 35,35% de los votos. Cuatro puntos más que la sumatoria de Juntos por el Cambio, con el 31,50%.

Patricia Bullrich obtenía más de 328 mil votos, contra 186 mil de la lista de Horacio Rodríguez Larreta. Unión por la Patria orillaba los 21 puntos.

En Santa Fe se ponen en juego 10 escaños, que se repartirían en su mayoría entre La Libertad Avanza y Juntos por el Cambio, que se quedarían con 4 diputados cada uno.

En el caso de Unión por la Patria, ganaría dos escaños en Santa Fe, que serían para Germán Martínez y María Florencia Carignano.

Cabe recordar que el Frente de Todos expone 4 diputados; Juntos por el Cambio 5 y el socialismo uno.

El peronismo volvió a perder en San Luis en las urnas, ya que en las elecciones PASO de este domingo la lista “Dogma Libertario” que lleva a Javier Milei como presidente arrasó con un 49,21% de los votos y, de replicarse este resultado en las generales, le arrebataría al oficialismo las dos bancas del Senado y la que tiene un juego en Diputados.

Senado

En las elecciones de este año, en la Cámara alta se renuevan 3 escaños. Se les vence el mandato a Adolfo Rodríguez Saá, quien ingresó en 2017 por el Frente Justicialista; y María Eugenia Catalfamo que, tras la ruptura con el FdT, pasó a integrar el bloque Unidad Federal, pero está alineada a la fórmula de UP. Ambos senadores no renovarán su mandato. La restante banca corresponde a la macrista Gabriela González Riollo.

En este contexto y con los resultados de las PASO, el oficialismo perdería las bancas de Rodríguez Saá y de Catalfamo en manos de los liberales que lograrían meter los dos senadores, que encabezan la lista que obtuvo el 49,21% de los votos, Bartolomé Abdala –fundador del Pro puntano y ex diputado provincial por esa fuerza e Ivana Arrascaeta.

En segundo lugar, quedó Juntos por el Cambio con un 23,57% de los votos imponiéndose en la interna la lista “El Cambio de Nuestras Vidas” que tiene como precandidata a Riollo y, de esta manera, retendría su banca.

A lo lejos con tan solo 16,67% de los votos quedó Unión por San Luis con la lista “Celeste Unidad” -que impulsa por igual las dos precandidaturas presidenciales de Unión por la Patria Sergio Massa y Juan Grabois- que postula a Fernando Salino (vocero gubernamental) y a Cintia Ramírez (secretaria de Deportes) como precandidatos.

El cuarto lugar fue para el Frente de Izquierda y Trabajadores-Unidad que tuvo interna y tan solo logró el 1,53% de los votos.

Diputados

La situación se repitió tal cual, en las elecciones a precandidatos a diputados nacionales, ya que la lista liberal sacó una ventaja abismal con un 43,27% de los votos con Carlos D’Alessandro encabezando la boleta, secundado de Verónica Jordán.

Juntos por el Cambio quedó en segundo lugar con el 23,78% de los votos con la lista “El Cambio de Nuestras Vidas” que tiene como precandidato al economista radical Alejandro Cacace que busca retener su banca.

Gracias a todos los sanluiseños que nos eligieron como candidatos de @juntoscambioar para las elecciones generales de octubre. Nuestra lista se impuso en estas elecciones primarias. Seré candidato a Diputado de la Nación. Seguiremos trabajando intensamente siempre en el afán de…

— Alejandro Cacace (@alejandrocacace) August 14, 2023

“Unión por San Luis” que postuló a Ernesto “Pipi” Alí, intendente de La Toma, se quedó con el tercer puesto con un total de 16,92% de los votos.

En la Cámara de Diputados, son dos las bancas en juego. Un corresponde al oficialismo de Carlos Ybrhain Ponce que no irá por la reelección y la otra es de JxC perteneciente al radical Cacace. De reiterarse el resultado de las PASO en las generales, el oficialismo perdería el escaño que arriesga en Diputados y se lo quedarían los liberales, en tanto la principal coalición opositora retendría sus escaños.

En San Luis JxC intentará repetir el batacazo que Claudio Poggi dio a nivel provincial, a fin de obtener dos bancas de las tres que se ponen en juego en el Senado en las elecciones de este domingo, que también elegirá candidatos para ocupar los dos escaños de Diputados.

Senado

En las elecciones de este año, en la Cámara alta se renuevan 3 escaños. Se les vence el mandato a Adolfo Rodríguez Saá, quien ingresó en 2017 por el Frente Justicialista; y María Eugenia Catalfamo que, tras la ruptura con el FdT, pasó a integrar el bloque Unidad Federal y es del riñón de Alberto Rodríguez Saá -enemistado con su hermano-, fue candidata a vicegobernadora en las elecciones provinciales que ese oficialismo perdió. Ambos senadores no renovarán su mandato. La restante banca corresponde a la macrista Gabriela González Riollo.

Para ello, el oficialismo llevará la lista “Unión por San Luis” -que impulsa por igual las dos precandidaturas presidenciales de Unión por la Patria Sergio Massa y Juan Grabois- y postula a Fernando Salino (vocero gubernamental) y a Cintia Ramírez (secretaria de Deportes) como precandidatos.

En lo que respecta a JxC, la boleta de Horacio Rodríguez Larreta “El cambio de nuestras vidas” es encabezada por Riollo en busca de su reelección secundada por Federico Trombotto actual legislador provincial y exministro de Industria, Comercio, Minería y Transporte durante la anterior gestión de Poggi. Mientras que la lista “La Fuerza del Cambio” que representa el binomio Patricia Bullrich-Luis Petri, lleva al radical Jorge Alberto Lucero y a Sandra Barroso (Pro). Lucero es presidente de la Convención UCR en San Luis, es abogado y fue secretario de Gobierno de la Municipalidad. En tanto, Barroso fue concejal de la Ciudad de San Luis e histórica militante del Partido Justicialista.

El Frente de Izquierda y Trabajadores-Unidad también tendrá su interna entre dos propuestas. Así, la lista “Unir y Fortalecer la Izquierda”, que impulsa la fórmula presidencial Myriam Bregman-Nicolás del Caño, propone a Johana Gómez y Nahuel Arias para los cargos de senadores nacionales. La otra nómina “Unidad de Luchadores y la Izquierda” lleva a Iván Amado y Susana Amieva como precandidatos.

La Libertad Avanza, que lleva la precandidatura a presidente de Javier Milei propone a Bartolomé Abdala e Ivana Arrascaeta para senadores nacionales.

Diputados

En la Cámara de Diputados, el oficialismo arriesga la banca de Carlos Ybrhain Ponce que no irá por la reelección y postuló a Ernesto “Pipi” Ali, intendente en La Toma, y a Silvia Rapisarda, secretaria de Cultura del Gobierno de San Luis.

Por su parte, en Diputados JxC pone en juego una banca correspondiente al economista radical Alejandro Cacace que encabezará la lista de Rodríguez Larreta para retenerla, secundado por la arquitecta de 42 años Valeria Lange que se postuló como intendenta en las últimas elecciones provinciales.

La lista de Bullrich para diputados nacionales es encabezada por Carlos Almena (Pro) y Luz Echenique (UCR). Almena es concejal y fue legislador provincial, mientras que la radical es abogada y docente.

En la nómina “Unir y Fortalecer la Izquierda” irá como precandidato a diputado nacional Eleonora de Panis y Mario Jaime. Mientras que la otra lista “Unidad de Luchadores y la Izquierda” postula a Ramón Olguín y a Ornella Dezzutto. Por la Libertad Avanza irán como precandidatos Carlos D’Alessandro y Verónica Jordán.

En una semana clave de cara a las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) a disputarse el próximo domingo 13 de agosto, se daba por descontado que no estuviese en agenda ninguna reunión de comisión en las cámaras del Congreso. Sin embargo, en la tarde del viernes salió la convocatoria a reunión de la Comisión de Juicio Político de Diputados, que preside la oficialista Carolina Gaillard.

La convocatoria, que es para este martes a las 11 de la mañana, viene con dos platos fuertes en el marco de la investigación por la causa Coparticipación a CABA. Uno de los citados es Marcelo Silvio D’Alessandro, exministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. A él lo habían convocado para la última reunión y el día previo anunció que por razones particulares no podría estar y pidió ser reprogramado. Así las cosas, lo convocaron para este martes.

También se lo citó a Juan Ignacio Mahiques, juez de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su citación había sido aprobada en la última reunión, y al pedir por él, el diputado Rodolfo Tailhade lo mencionó como “el funcionario que festejó su cumpleaños en agosto del año pasado en el Four Seasons, al que arribaron juntos Marcelo D’Alessandro y Silvio Robles”.

En la tarde de este lunes, se conoció la ampliación de la convocatoria y se citó a Gabriel María Astarloa, Procurador General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y a Miguel Federico De Lorenzo, de la Secretaría de Jurisprudencia CJN. Hasta el momento, no trascendió si alguno de los cuatro citados no asistirá a la reunión.

Por Déborah González y Leandro Bravo

En la vuelta del receso invernal, la Cámara de Diputados retomó el debate sobre el proyecto para la ampliación de licencias laborales de cuidado en un plenario de comisiones, en la que expusieron representantes gremiales y especialistas que respaldaron la iniciativa, pero remarcaron la necesidad de hacer algunas modificaciones.

En este segundo encuentro de carácter informativo de las comisiones Legislación del Trabajo y de Mujeres y Diversidad, presididas por las diputadas oficialistas Vanesa Siley y Mónica Macha respectivamente, disertaron Noé Ruiz, secretaria de Igualdad de Oportunidades y Género de la Confederación General del Trabajo (GGT); Yamile Socolovsky, secretaria de Formación e Investigación de la Central de Trabajadores de Argentina de los Trabajadores (CTA – T); Alejandra Angriman, secretaria gremial de la Central de los Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA – A), Cynthia Benzion, presidenta de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas y asesora sindical en Asociación Argentina de Actores; María Orsenigo, coordinador de Mujeres, Género y Diversidad de la Fundación Alem.

También expusieron Natalia Gherardi, directora del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, Juan Camisassa, coordinador del Programa de Protección Social del CIPPEC, Dina Sánchez, secretaria general Adjunta UTEP y Claudia Lazzaro, secretaria de DD. HH del Sindicato de Curtidores.

El proyecto en cuestión fue enviado por el Poder Ejecutivo el pasado 2 de mayo de 2022 y, luego de dos reuniones, las comisiones habían arribado a un dictamen de un texto consensuado. Pero, la Oficina de Presupuesto del Congreso analizó el preliminar del texto y afirmó que los cambios en el borrador aumentan el costo en 49 mil millones de pesos pasando del 0,045% del PBI esperado para 2023 al 0,074%.

Según la OPC, lo que generaría costo adicional para la Administración Pública Nacional es: la inclusión de monotributistas y autónomos como beneficiarios potenciales de las asignaciones parentales cuyo importe mensual será equivalente al Salario Mínimo, Vital y Móvil neto vigente en cada período; la posibilidad de percibir las asignaciones parentales para personas gestantes y no gestantes en simultáneo por parte de ambos progenitores; y el financiamiento de las contribuciones patronales en concepto de obra social a través de los recursos del régimen de Asignaciones Familiares.

Al inicio del encuentro -que se demoró más de media hora del tiempo pautado- Macha destacó el tratamiento del proyecto porque “es un debate histórico, un derecho no consagrado en términos generales y es una demanda del movimiento de trabajadores”. Además, adelantó que “esta es la última reunión informativa y la idea posterior, en la medida de lo posible, avanzar con las reuniones de diputados para poder dictaminar”.

A continuación, tomó la palabra Siley quien agradeció la participación de los diputados resaltando el “contexto difícil de campaña electoral, de mucha militancia”. “Hay un interés muy grande de esta cámara para que este tema sea tratado, hay un impulso que le estamos dando desde la comisión y hay un interés social para que las licencias sean igualitarias”, expresó y resaltó que se pone a consideración un total de 54 proyectos de ley que tratan el tema que “fueron presentados por todos los bloques parlamentarios”.

“Esta va a ser la última reunión informativa y luego nos vamos a enfocar en perfilar el dictamen o los dictámenes que emitiremos”, anticipó y aclaró que sobre el tema de seguridad social es “arribar a una protección para el universo monotributista”.

La palabra de los invitados

La primera expositora fue María Orsenigo de la Coordinación de Mujeres, Género y Diversidad de la Fundación Alem (Organización Oficial de la Unión Cívica Radical) quien expuso sobre los artículos 158 y 177 para la modificación de los Regímenes de Licencias Maternales, Paternales y Parentales en el Contrato de Trabajo establecido en la Ley 20.744.

En primera instancia, Orsenigo planteó que “se debe generar la creación de empleo genuino para mujeres”, y “este sistema de cuidado está relacionado con metas y desarrollo del crecimiento de trabajadoras (jefas de hogar) dentro del sistema laboral”.

Respecto al artículo 177 de la Ley 20.744, postuló que cada trabajadora pueda retomar sus actividades “Home Office, con jornada reducida, con reasignación de trabajo o con excedencia en sí misma”. Del mismo modo, agregó: “Deberíamos establecer que hemos encontrado en Argentina familias diversas para que haya planes de licencias familiares”.

En tal sentido, explicó: “Podríamos dividir las licencias en tres partes y no en dos (durante embarazo y postparto). Habría que agregar esos puntos y una tercera parte como crianza, y que la mujer o el hombre elijan quien se toma esa licencia por crianza”. “Diversidad es que las familias planifiquen de forma más libre”, aseveró.

Por otro lado, sostuvo que “hay puntos que marcan diferencias entre padres y madres, adoptantes y biológicas, y no debería ser así”. De esta manera, Orsenigo manifestó: “Los días de adopción, los cambiaría a licencia de crianza de madres y padres adoptantes, con la misma cantidad de días, pero con una cláusula que a partir del día de selección para adoptar se contabilicen los días previos hasta que el juez sentencie la adopción”.

Por último, cuestionó que en el artículo 158 “se contemplen algunas enfermedades sí y otras no”, y planteó que “esa transferencia de derechos va a recaer sobre los empleadores directamente”.  

A continuación, Cynthia Benzion festejó el tratamiento del tema y la cantidad de proyectos presentados porque “para nosotros como reconocedores de los méritos de la Ley de Contrato de Trabajo que no rige no podemos dejar de ver que tenemos una ley que, en su momento, contemplaba la función social de la mujer como reproductora de la fuerza de trabajo”.

“Pasaron casi 50 años, hubo un avance muy significativo reconociendo que asignar las tareas de cuidados exclusivamente a las mujeres son violaciones de derechos humanos. Claramente no podemos seguir tolerando mantener el régimen de licencias de la Ley de Contrato de Trabajo”, planteó.

Sin embargo, sostuvo que al leer los borradores de los proyectos “no podemos no señalar que no basta con un proyecto recortado como el que creemos que va a salir en esta etapa. Vamos a apoyar que salga, pero no puede ser el punto de llegada que debe ser la corresponsabilidad. Puede que no haya consenso en que sea el Estado quien se ocupe de nuestros hijos, lo que no podemos tolerar de ninguna manera son los números, las estadísticas porque las mujeres en épocas de crecimiento económico, del empleo, como en las peores crisis sanitarias, económicas y sociales somos las que cargamos con el mayor peso casi exclusivamente”.

“El norte debe estar puesto en la corresponsabilidad porque sino no hay igualdad y no hay no discriminación”, planteó Benzion y comentó que hay un antecedente de la opinión consultiva 27 del 2021 emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que “se ocupó de analizar la libertad sindical como un derecho humano fundamental, pero en relación con el género” y “fomentaron redes de cuidado y de participación de las mujeres en el ámbito sindical por lo que es fundamental des familiarizar los cuidados que significa lograr una situación de bienestar para que el cuidado este distribuido de forma equitativa”.

Sobre el borrador del proyecto, planteó algunas cuestiones a tener en cuenta: “La licencia por violencia de género no puede ser de días corridos porque esto ocurre cuando ocurre, cuando al violento se le ocurre. El 80% es ejercida por varones. Porque si no van a resolverle las licencias a las mujeres en el trabajo y van a complicar la situación pensemos qué efecto produce redactar algo en esos términos”.

“También se habló de eliminar normas como la prohibición de trabajo peligroso e insalubre para las mujeres, las dos horas de descanso al mediodía, la prohibición del trabajo a domicilio. No se trata de borrar normas porque ya no se usan, pensemos para qué están y cómo las mujeres y varones trabajadores las podrían seguir necesitando. La prohibición del despido en caso de embarazo y matrimonio hoy es una situación que la ley no está resuelta, la prohibición significa garantía de estabilidad absoluta. No se puede habilitar violar la prohibición cambiándolo por plata porque es una violación de derechos humanos. Sería importante incluir las licencias por terapias de hormonización”, enumeró.

Luego, Yamile Socolovsky, secretaria de Género de la Central de Trabajadores de Argentina de los Trabajadores (CTA – T), inició su exposición al afirmar que “el mundo del trabajo es complejo y fragmentario”, y añadió que “nos coloca a las trabajadoras en lugares de desprotección, vulnerabilidad y ausencia de derechos”.

Socolovsky se mostró optimista respecto a este proyecto y expresó que “es bueno avanzar en una propuesta que implica licencias con situaciones que requieren cuidados”. “Recibir cuidados es un derecho y hay un reconocimiento de que las licencias deben disponer de tiempo”, enfatizó.

“Las trabajadoras estamos cuidando y debemos disponer de tiempo y el mundo del trabajo tiene que poder mirar el régimen. La participación legislativa debe ampliar derechos y es necesario avanzar en políticas de una construcción del mundo del trabajo con plenitud de derechos para todas y todos”, afirmó.

En tal sentido, sostuvo que el trabajo “con pleno reconocimiento de derechos laborales es un paso fundamental”. Así también, consideró que “este proyecto de ley tiene el objetivo de producir igualdad, pero los intereses particulares vienen a traer desigualdad”, dejó a entrever a quienes se oponen a esta iniciativa.

Por último, manifestó que “es muy importante dejar en claro que el derecho a los cuidados es reconocer el autocuidado”, y advirtió que “se deben revisar los cálculos previsionales para que nuestras trayectorias no se vean interrumpidas y generen desventajas al final de las trayectorias”.

A su turno, Natalia Gherardi valoró la incorporación al texto de las personas que se desenvuelven de forma independiente incluyendo autónoma, monotributistas y monotributistas sociales que “accederían por primera vez al derecho de contar con tiempo para el cuidado a través de la asignación de cuidados parentales para personas gestantes y no gestantes”.

“El proyecto es verdaderamente transformador porque hace un recorrido para incorporar una dimensión del derecho al cuidado que promueve la igualdad de personas trabajadoras más allá de las condiciones de empleo y es un avance en el reconocimiento a la universalidad de cobertura”, expresó.

Gherardi enumeró cuatro consideraciones. En primer lugar, hizo hincapié en las razones que justifican algunos de los plazos que se establecen para las distintas licencias de cuidados parentales, en particular para los no gestantes que “es uno de los cambios más profundos del texto”. Así, destacó que “en los últimos años fueron las provincias las que avanzaron en iniciativas para establecer licencias para gestantes y no gestantes que buscan reflejar los cambios sociales, amplían los reconocimientos de derechos y las composiciones familiares, y crean nuevas figuras para llevar a cabo las tareas de cuidado”.

En esa línea, brindó detalles de un informe que hizo la institución que presiden sobre el empleo púbico en la Ciudad de Buenos Aires en donde “se destaca la evaluación positiva de contar con cambios regulatorios que empujen los cambios sociales. El progreso que implica para mejorar la participación en las nuevas dinámicas familiares y fortalecer el vínculo”.

Así, la directora ejecutiva de ELA afirmó que “ampliar las licencias parentales es parte de un cambio cultural y es importante acompañarlo desde las normas y desde el espacio institucional”. En segundo lugar, propuso “no descartar la posibilidad de considerar la progresividad de las licencias para personas no gestantes si esto contribuye a la aceptación en el ámbito del empleo” que podría beneficiar a las empresas pequeñas.

En esa línea, comentó que un informe elaborado junto a UNICEF arrojó que, en opinión de las PyMEs “invertir en políticas de cuidado es un buen negocio porque aumenta la productividad, las personas están menos estresadas, trabajan mejor, reducen el ausentismo, no pierden talento femenino y mejora el clima organizacional y aumenta el compromiso con la empresa”.

Sobre las licencias especiales que propone el proyecto, puntualizó en la que considera de manera conjunta la violencia de género y laboral y propuso que “deben tratarse por separado porque son dos fenómenos diferentes”. Por último, destacó que “lo verdaderamente transformador va a ser la creación de un sistema integral y federal que reconozca las distintas dimensiones del cuidado”. Al finalizar, resaltó que el impacto fiscal de la propuesta se estimó en un 0,074% del PBI.

La secretaria general adjunta de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Dina Sánchez, agradeció que se haya incorporado a trabajadoras monotributistas y los denominó como “gente que debió reinventarse de manera colectiva y desde los territorios”.

A partir de ello, relató que “hay mujeres cartoneando en las calles, muchas vendedoras ambulantes y muchas compañeras que realizan trabajos de cuidados”. “Estamos peleando por los derechos laborales”, afirmó Sánchez.

“En Argentina hay mucho trabajo, lo que no hay es reconocimiento pleno”, indicó, pero aclaró: “Estamos de acuerdo en que se amplíen las licencias a los varones, pero hay hombres que no están deconstruidos y usan esa licencia para jugar al futbol, mirar Netflix o juntarse con amigos”.

Finalmente, la representante de la Unión de Trabajadoras de la Economía Popular cerró: “Ampliemos discusiones y dejen de estigmatizarnos, ya que tenemos más de ocho millones de personas trabajando por fuera del sistema que les faltan derechos plenos”.

Juan Camisassa detalló los principales 3 problemas que tienen las licencias en el país: “El sistema no es universal porque más de la mitad de los trabajadores no puede acceder a una licencia, ya que solo lo hacen los trabajadores en relación de dependencia que son dos por paternidad y 90 por maternidad excluyendo familias adoptantes, no se adapta para nada a otro formato de familia”, y sumó: “Las licencias son las más cortas en Sudamérica y hay una altísima inequidad de géneros”.

Además, celebró que el proyecto extienda a 126 días de licencia para personas gestantes y a 45 a no gestantes y el alcance a trabajadores no registrados y la incorporación de adoptantes, técnicas de reproducción asistida.

Camisassa mostró cómo afectaría una implementación gradual de las licencias en ocho años priorizando la extensión de personas no gestantes. “Proponemos como un escenario de máxima un sistema de licencias que sea universal, que incorpore a personas que trabajan de forma no registrada, desocupados, de la economía popular. Al mismo tiempo, que en el largo plazo se puedan equiparar las licencias con las gestantes y no gestantes. Es una reforma gradual”, cerró.

Noé Ruíz es la secretaria de Igualdad de Oportunidades y Género de la Confederación General del Trabajo (GGT) y estuvo presente en plenario de Legislación General y Mujeres y Diversidad para exponer. “Este proyecto llama a derechos igualitarios porque en Argentina vivimos en un mundo (laboral) desigual”, consideró.

“La CGT apoya este proyecto porque simboliza que estamos caminando a un mundo distinto y aquellos que representamos el trabajo formal apoyamos con fuerza al informal y sostenemos lo público”, indicó. “Da cabida a quienes nunca tuvieron cabida desde el trabajo y desde lo político”, añadió.

Asimismo, manifestó que “debemos pensar desde lo político qué hicimos y qué no hicimos porque este proyecto a una integridad salarial y eso va al corazón de la igualdad”.

En el final, reivindicó a los trabajadores de la UTEP y expresó: “Esta sociedad tiene mujeres y hombres contemplados desde la igualdad, pero hay fondos en el cuidado que necesitamos”. “Buscamos que más gente y jóvenes puedan acceder a un trabajo que les dé estabilidad de empleo”, cerró la secretaria de Género de la CGT.

También expuso Claudia Lazzaro quien agradeció la incorporación al borrador de las consideraciones marcadas en las reuniones previas y resaltó que lo que se busca cuando se habla de cuidados es que “se reconozca como un trabajo y esto hace del reconocimiento del trabajo. Que se reconozca como un derecho y surge de las necesidades que tenemos las mujeres y las diversidades”.

“Los cuidados son el nudo crítico que tenemos las mujeres en el desarrollo del trayecto laboral y en la inserción laboral. Necesitamos que la política pública se haga cargo y una ley a nosotros nos ayuda y la cantidad de días a nuestros compañeros les mejora enormemente la vida. Ahí vamos a poder hablar de la corresponsabilidad”, planteó.

La novena y última expositorafue Alejandra Angriman, presidenta de Comité de Trabajadoras de las Américas de la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA – A), quien agradeció la invitación y manifestó que “no es menor que todas las centrales sindicales apoyemos este proyecto dele y que es una necesidad que avanza en derechos”.

Además, mencionó a dirigentes gremiales que “venimos discutiendo con las patronales” y que “buscamos incluir en las negociaciones el tema de las condiciones de trabajo”. Del mismo modo, agregó: “Todos tenemos claro la centralidad en avanzar en un sistema de cuidados porque hace años que no se negocian condiciones de trabajo”.

Por otro lado, Angriman puntualizó en que “la responsabilidad debe ser de los trabajadores, patrones y el Estado porque es un tema que se resuelve con todos”. “La Argentina es un país desigual en términos de trabajadores y el sector patronal se niega rotundamente a debatir sobre los cuidados”, relató.

“Pongamos en el centro a la vida y al cuidado de la vida. Estamos dispuestos a seguir trabajando en la ampliación de derechos y mirémoslo como una responsabilidad colectiva de todas las partes”, finalizó.

Finalmente, el diputado nacional y representante del Sindicato de bancarios Sergio Palazzo agradeció el tratamiento del proyecto de ley y, en contraposición a Orsenigo, pidió “tener la valentía de afrontar el debate de afrontar los costos”.

En tal sentido, recordó presiones (a lo largo de la historia) del sector empresario de “oponerse a lograr la jornada de ocho horas de trabajo”, y finalizó: “Debemos tomar desafíos contra el sector empresarial porque nos quieren sin derechos como presa fácil”.

A casi un mes de su último tratamiento y tras el receso invernal, la Cámara de Diputados retomará el debate sobre el proyecto para la ampliación de licencias laborales de cuidado con representantes gremiales y especialistas invitados a exponer, siendo el segundo encuentro de carácter informativo, y un nuevo paso hacia el dictamen del texto consensuado.

El tratamiento se dará en el seno de una reunión plenaria de las comisiones Legislación General y de Mujeres y Diversidad, presididas por las diputadas oficialistas Vanesa Siley y Mónica Macha respectivamente, este miércoles a las 14 en la Sala 2.

El proyecto había sido enviado por el Poder Ejecutivo el pasado 2 de mayo de 2022 y, luego de dos reuniones, las comisiones habían arribado a un dictamen de un texto consensuado. Sin embargo, en los últimos días la Oficina de Presupuesto del Congreso analizó el preliminar del texto y afirmó que los cambios en el borrador aumentan el costo en 49 mil millones de pesos pasando del 0,045% del PBI esperado para 2023 al 0,074%.

Según la OPC, lo que generaría costo adicional para la Administración Pública Nacional es: la inclusión de monotributistas y autónomos como beneficiarios potenciales de las asignaciones parentales cuyo importe mensual será equivalente al Salario Mínimo, Vital y Móvil neto vigente en cada período; la posibilidad de percibir las asignaciones parentales para personas gestantes y no gestantes en simultáneo por parte de ambos progenitores; y el financiamiento de las contribuciones patronales en concepto de obra social a través de los recursos del régimen de Asignaciones Familiares.

Los puntos centrales del texto

Según el borrador del proyecto, al que accedió parlamentario.com, además de modificaciones a la Ley de Contrato de Contrato de Trabajo (20.744), también se proponen reformas, para garantizar las licencias, a la Ley 26.844, de Régimen de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares, y a la Ley 26.727 de Régimen de Trabajo Agrario. Asimismo, en la Ley 24.714 de Asignaciones Familiares.

Algunos de los principales puntos de la propuesta de dictamen:

-La licencia por matrimonio se extiende de 10 a 12 días y se incorpora la unión convivencial.

-La licencia por fallecimiento de cónyuge, conviviente, hijo o hija, hijo afín o hija afín será de 10 días.

-Por fallecimiento de padre, madre, padre afín o madre afín, hermano o hermana, nieta o nieto será de 3 días.

-Para el cuidado por enfermedad de un o una miembro del grupo familiar, persona a cargo, o referente afectivo/a habrá un máximo de 20 días, que podrán ser utilizados en forma continua o discontinua. Esta licencia podrá extenderse hasta 60 días anuales, sin goce de haberes.

-Para el cuidado, atención o acompañamiento de un o una miembro del grupo familiar, y persona a cargo, con discapacidad, ya sea por causas congénitas o sobrevinientes, será de 3 días corridos con un máximo de 15 días por año calendario.

-Para rendir examen en cualquier nivel educativo de la educación formal, será de 2 días corridos por examen, con un máximo de 10 días por año calendario.

-Por interrupción del embarazo, será de 10 días corridos contados a partir del día en que se solicita la licencia, tanto para la persona gestante como para la persona no gestante con la cual hubiera compartido la responsabilidad parental. La persona trabajadora deberá presentar certificación médica que acredite dicha situación.

-Para la asistencia a audiencias, encuentros o visitas a un niño, una niña o adolescente que se pretende adoptar, de 2 días corridos con un máximo de 12 días anuales, desde el inicio de las visitas previas a la tenencia en guarda con fines de adopción y hasta la resolución judicial que ordena su otorgamiento.

-Por Técnicas de Reproducción Humana Asistida (TRHA), conforme lo establecido en la Ley N° 26.862, será de 15 días laborables continuos o discontinuos por año calendario como persona gestante, ovodonante o manifestando su voluntad procreacional.

-Por encontrarse atravesando una situación de violencia de género, será de 15 días laborables corridos por año calendario, prorrogables por una única vez por otro período igual.

-Por cuidado de niño, niña o adolescente como medida excepcional de protección, de 15 días corridos a partir del primer día hábil posterior a la fecha de la recepción.

-Por controles preventivos de cáncer de mama, cérvico uterino o prostático, 1 día por año calendario, mediante la presentación del certificado médico expedido por el o la profesional o centro de salud interviniente.

-Por adaptación escolar de hijo/a en los niveles de jardín maternal, preescolar y primer grado, 4 horas diarias durante 5 días en el año calendario; y por reuniones organizadas por el establecimiento educativo, hasta 15 horas por año calendario. En estos casos los permisos se ampliarán proporcionalmente a la cantidad de hijos/as.

Personas gestantes, no gestantes y adoptantes

-Las mujeres o personas gestantes tendrán licencia 45 días anteriores al parto y hasta 81 días posteriores al mismo. Con autorización médica, se podrá extender hasta 126 días.

-Los varones o personas no gestantes “podrá optar por reducir a 15 días corridos el período de prohibición de trabajo inmediatamente posterior al nacimiento y completar los 30 días restantes, en forma continua o discontinua, dentro de los 180 días posteriores al nacimiento o 15 días anteriores a la fecha probable de parto”.

-En ambos casos los días pueden extenderse por nacimiento múltiple.

-Queda prohibido el trabajo de la persona adoptante por 90 días corridos. La prohibición computará a partir de la fecha en que se notifica la resolución judicial por la que se otorga la guarda de un niño, una niña o adolescente. La persona adoptante podrá optar por reducir a 15 días corridos el período de prohibición de trabajo inmediatamente posterior a la fecha de notificación de guarda y completar los 75 días restantes dentro de un plazo de 180 días contados desde la misma fecha.

Monotributistas y autónomos

Otro de los artículos establece la “creación de asignación parental gestante, parental no gestante y adopción para monotributistas y autónomos”.

En este sentido, se incorpora el artículo 11 bis a la Ley 24.714, de modo de estipular que “las trabajadoras y los trabajadores inscriptos en el Régimen General de Autónomos, las personas adheridas al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) y aquellas inscriptas en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social podrán solicitar las asignaciones parentales para personas gestantes, no gestantes y adoptantes”.

Para el goce de las asignaciones, “se requerirá que tengan efectivamente abonadas las imposiciones mensuales correspondientes al sistema de seguridad social, con una antigüedad mínima y continuada en el régimen no inferior a 18 meses previos a la solicitud”.

El monto mensual de la asignación “será equivalente al monto del Salario Mínimo, Vital y Móvil neto, vigente en cada período”, agrega.

La diputada nacional Graciela Ocaña (Pro) presentó un proyecto de resolución citando con “urgencia” al Secretario de Comercio de la Nación, Matías Tombolini, para que se presente ante la Comisión de Acción Social y Salud Pública de Diputados y explique los motivos en las demoras en la aprobación de Certificados SIRA (Sistema de Importación de la República Argentina) para el ingreso al país de productos, repuestos y materias primas importadas para proveer al sistema de salud.

Según fundamentó Ocaña, dicha situación “ha sido denunciada recientemente por las Cámaras que agrupan a empresas del Sector de Productos Médicos”, y es por eso que pide que el funcionario “esclarezca la preocupante situación de desabastecimiento que está sufriendo el Sistema Sanitario y que pone en riesgo la salud de los argentinos al suspenderse tratamientos esenciales”.

El proyecto es acompañado por los diputados Antola, Marcela; Ascarate, Lidia Inés; Banfi, Karina; Carrizo, Ana Carla; Carrizo, Soledad; Figueroa Casas, Germana; Lena, Gabriela; Lospennato, Silvia Gabriela; Martínez, Dolores; Musacchio, Juan Martín; Poggi, Claudio Javier; Rezinovsky, Dina; Tortoriello, Aníbal.

“A raíz de una comunicación emitida por el Banco Central de la República Argentina en el mes de mayo, junto a la implementación técnica de los plazos de acceso al MULC (Mercado Único y Libre de Cambios), establecidos por la Secretaria de Comercio, los nuevos plazos impuestos en muchos casos difieren de la fecha de giro acordada con los proveedores del exterior, los cuales van desde los 180 a 365 días, impidiendo el normal abastecimiento del Sistema Sanitario”, argumentó Ocaña.

En ese sentido, alertó que “la situación de desabastecimiento afecta la realización de análisis clínicos y hasta puede llegar a obligar a suspender trasplantes y cirugías, lo cual pone en riesgo la salud de miles de argentinas y argentinos”.

“Sin contar con los insumos adecuados, no es posible un tratamiento eficaz. Si continúan las demoras en las importaciones de los insumos antes mencionados, la salud pública profundizará la crisis que ya viene sufriendo producto de las políticas desarrolladas por el Gobierno de Alberto Fernández”, apuntó.

En esa línea, detalló que “el 70 % de las decisiones médicas se toman a partir de diagnósticos, pruebas y testeos de diferente índole”.

3025-D-2023

Continuando con la defensa del proyecto de promoción de GNL, enviado por el Gobierno nacional, este martes fue el turno de la secretaria de Energía de la Nación, Flavia Royón, quien remarcó que el proyecto “cambiaría la realidad productiva y económica de Argentina”, que debe tener un marco regulatorio para que le brinde “seguridad jurídica a los inversores”. Al primer encuentro asistió el presidente de YPF, Pablo González.

La funcionaria disertó ante una reunión conjunta de las comisiones de Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda, presididas por los oficialistas Santiago Igon y Carlos Heller, respectivamente que se realizó en el segundo piso del Anexo “C” de la Cámara de Diputados. También expusieron la licenciada María Daniela Bossio, asesora de Regulación Financiera del BCRA; Juan José Imirizaldu, director nacional de Impuestos; el licenciado Germán Plessen, subsecretario de Programación Macroeconómica; y Claudia Balestrini, subsecretaria de Ingresos Públicos.

Al comienzo de su exposición, Royón sostuvo que han “trabajado mucho en la ley “y remarcó que “es una ley fundamental para el futuro del país por las posibilidades que hoy tenemos en la ventana de transición energética y puntualmente con Vaca Muerta”.

Respecto de Vaca Muerta, resaltó que es la segunda reserva de gas no convencional del mundo y “nuestro desafío hoy es poder aprovechar y monetizar el potencial de Vaca Muerta”. “Hoy existe una oportunidad de mercado para el país en lo que es GNL y los proyectos van a posibilitar que podamos exportar, más allá de lo que es la región de Chile, Brasil y Uruguay, los recursos de Vaca Muerta”, agregó.

La funcionaria planteó que el GNL “es un desafío” para la Argentina, pero “una posibilidad para agregar valor y para industrializar el gas de Vaca Muerta”, y precisó que el recurso de Vaca Muerta al día de la fecha solo está desarrollado al 8%. “Tenemos un gran recurso y en los tiempos de transición energética claramente la ventana del uso de los hidrocarburos y no hay una fecha a ciencia cierta de finalización, pero somos conscientes que los hidrocarburos tienen hoy una ventana acotada en el tiempo”, expresó.

Royón contó que Argentina está pronto a firmar con la Convención de la Unión Europea un Memorándum energético donde se reconoce el gas como combustible de transición porque “el gas natural emite muchas menos emisiones que el carbono”.

¿Por qué la necesidad de un marco convencional?

Sobre este punto, la secretaria de Energía explicó que el GNL es un desafío que va a generar industrialización y ejemplificó: “Hoy los proyectos que están en marcha, el más grande es el de Petronas – YPF que significa para el país una inversión multimillonaria y es una oportunidad de industrializar y agregar valor al recurso”.

“Se requiere de un marco promocional porque estas inversiones son de capital intensivo. El proyecto de YPF arranca en una primera etapa con una inversión de más de 10 mil millones de dólares y estiman en lo sucesivo llegar a los 40 mil millones de dólares. Son proyectos muy importantes en los cuales Argentina no es formador de precios sino tomador, son negocios de grandes volúmenes, pero de poco margen y de largo período de recupero en los que los inversores plantean la necesidad de tener, por sobre todas las cosas, un marco de estabilidad fiscal durante 30 o 35 años que es donde evalúan el proyecto de inversión”, explayó.

También resaltó que el desafío es “favorecer el proceso de industrialización del gas natural e incentivar el desarrollo de toda la cadena de valor, así como la industria de bienes de capital asociada a ella con el fin de fomentar el crecimiento de la industria local porque consideramos que es algo importante para el desarrollo del país”.

“El gas natural y Vaca Muerta es una cuestión seguridad energética, no solo para nuestro país sino también para la región y hoy los temas de seguridad energética son parte prioritaria en la agenda a nivel mundial”, agregó y sumó: “Los recursos de Vaca Muerta, con la demanda actual del país, tenemos recursos para más de 150 años. Podemos tener la ambición de pensar en Vaca Muerta mucho más allá de nuestro mercado interno o más allá de nuestro mercado regional. Por eso consideramos pertinente tener un marco para promocionar la instalación de proyectos de GNL en la Argentina”.

La transición energética

Por otro lado, Royón explicó que la transición energética es “indispensable” en todas las agendas energéticas del mundo y Argentina adhirió al Acuerdo de París donde se planteó la neutralidad climática en 2050 y “la transición energética ofrece oportunidades para la Argentina en el marco del gas, así como también, de otros recursos de la Argentina”.

Además, contó que han enviado el proyecto de Hidrógeno Verde que “es un desafío” porque el país tiene “los minerales en el marco de la transición energética que es una oportunidad para la Argentina”. “En el mundo hay un crecimiento de la demanda energética impulsada también por los países en desarrollo y hay una tendencia a la electrificación de las demandas energéticas y al incremento de fuentes renovables”.

“Las energías renovables tiene el tema de la intermitencia. La energía solar o eólica se producen cuando hay sol o viento. El gas natural es una oportunidad y una complementariedad con las energías renovables y a bajo costo”, planteó la funcionaria. En esa línea, añadió: “El paradigma de la transición energética no es tan solo la emisión sino también los temas de seguridad y de asequibilidad. Todos los países toman en cuenta que la transición energética no demande un incremento de costos excesivos a la población y ahí el rol del gas natural es claro”.

“El almacenamiento energético también es un desafío porque el gas natural puede almacenarse y complementa las energías renovables”, manifestó e informó que en el mundo el porcentaje de energía generado a base de carbón es de más del 20% y ahí es donde hay una oportunidad en aquellas economías que tienen una energía generada principalmente a carbón que van a transicional primero al gas natural”.

Según Royón el gas natural genera el 45% menos de emisiones que el carbón, aporta estabilidad a los sistemas energéticos renovables y está definido como el combustible de transición.

El contexto mundial del mercado de gas natural

Tomando como base los datos aportados por el BP Energy Outlook 2023, la funcionaria explicó que se “espera que la demanda de GNL se duplique entre el 2021 y 2050. Hoy el volumen es de 550 miles de millones de toneladas anuales de GNL y se espera que al 2050 este volumen se duplique”.

Al detallar los distintos escenarios posibles que pueden llevar al mundo sostuvo que “si no se hiciera nada la demanda de GNL se duplicaría al corto plazo por la situación de Rusia que no se prevé en los próximos años que esté saliendo como proveedor mundial. Estas diferentes tendencias van de acuerdo a las perspectivas de la velocidad en la que el mundo encare la transición energética”.

“Hasta el 2030 y en el corto plazo hay un incremento de la demanda del GNL en el mundo y luego hay incertidumbre de acuerdo a cómo el mundo encare y con qué velocidad el tema de la transición energética, pero al corto plazo el comercio aumenta y va a estar dominado principalmente por Estados Unidos y Medio Oriente”, avizoró.

A su vez, precisó que habrá dos tendencias: “Por un lado la de las economías energéticas emergentes que van a crecer y se van a industrializar y van a demandar más energía como China, India, África, Asia. Por otro lado, la tendencia contraria de que si el mundo avanza a gran velocidad a la transición energética se va a cortar el plazo de utilización de hidrocarburos y del gas”.

“Al corto plazo hay un aumento del comercio de GNL, se puede duplicar al 2050 pero más alejados al 2040 hay una situación de incertidumbre de cómo el mundo va a avanzar en la transición energética”, resumió.

Entre los exportadores, enumeró que el 75% están concentrados en Qatar, Australia, Rusia, Estados Unidos y Malasia, y entre los importadores “hay más diversificación” el 60% entre Japón, China, Corea del Sur, Francia y España. “Argentina tiene un desafió por la posición geográfica que tenemos. Es un mercado donde el país va a ser tomador de precio y es un negocio de gran volumen y bajo margen, por lo que es un desafío poder ser competitivos en este escenario”, analizó.

Entre la competencia se encuentran Estados Unidos y Medio Oriente que “van a concentrar la mayor cantidad de producción de GNL”. También indicó el mapa de ruta del GNL que debería enfrentar el país para “llegar de manera objetiva a sus mercados que serían Brasil, Europa y China”.

En otro punto, Royón explicó que para un proyecto de 5 millones de toneladas por año se necesita una inversión de 6 mil millones de dólares, generar exportaciones por 2.700 millones de dólares, 80 mil puestos de trabajo de forma directa e indirecta, tiene que contemplar un gasoducto, puestos de trabajo generados en operación 20 mil, regalías 350 mil dólares por día.

“Vaca Muerta ha tenido una curva de aprendizaje y demuestra estar en niveles de productividad muy similares a Estados Unidos. Tenemos un recurso que puede ser competitivo, tenemos la segunda reserva de gas no convencional, tenemos un país que está en una situación geopolítica sin mayores conflictos”, enumeró la secretaria y sumó: “Tenemos que dar las condiciones de estabilidad fiscal y tributaria para poder dar la competitividad que requieren estos proyectos que tienen un gran impacto en la economía argentina. No solo en la generación de exportaciones y lo que significa para el país de diversificar sus exportaciones sino en la posibilidad generar mano de obra y el efecto que genera en Vaca Muerta”.

“Consideramos que este proyecto de ley realmente cambiaría la realidad productiva de Argentina y económica. Dios quiera que se puedan hacer porque son proyectos muy intensivos en capital, muy fuertes en inversión que requieren tres años de construcción, pero estamos convencidos que Argentina y Vaca Muerta tiene en un todo la posibilidad enorme en proyectos de GNL”, planteó Royón.

Los aspectos del proyecto

Por otro lado, la funcionaria remarcó la necesidad de acceder a la tecnología que es innovadora en la materia como la licuefacción que “hoy en el país no existe esta tecnología por eso uno de los puntos que plantean los inversores es poder acceder a la importación de esta tecnología y un porcentaje de contenido nacional porque creemos que el proyecto de este tipo tenemos que tener cuidado de que si participen proveedores locales y la industria nacional”.

Al hacer referencia al almacenaje y transporte de GNL, la secretaria explicó que las obras de infraestructura que se llevan a cabo para cumplir con las etapas “generarán inversiones de envergadura previstas en zonas diferentes a las provincias hidrocarburífera que propiciarán la creación de nuevos empleos, que se caracterizan por su estabilidad”. Sobre la comercialización, significará la apertura de nuevos mercados con el ingreso de divisas para el país.

Retomando el aspecto central del marco regulatorio, sostuvo que es necesario que “brinde seguridad jurídica a inversores locales y extranjeros”. También un encuadre impositivo de nivel internacional, y estabilidad fiscal, regulatoria y cambiaria.

“El acceso a las divisas es uno de los puntos que plantean los inversores para la importación de bienes porque un proyecto de esta magnitud requiere de préstamos internacionales y la seguridad de que van a poder acceder al mercado de cambios. Argentina tiene un desafío de los dólares que va generando tienen que ingresar para fortalecer las reservas por eso el proyecto habla de la libre aplicación”, cerró.

La palabra de los diputados

El primero en hacer uso de la palabra fue el neuquino Francisco Sánchez (Pro) planteó que el proyecto es “clave” para el desarrollo de un recurso que “tenemos los argentinos no solo en Neuquén, Rio Negro y Mendoza, sino en todo el país tenemos reservas de gas y es importante generar las condiciones para que ese recurso pueda ser explotado para lo cual se necesitan inversiones”.

Al coincidir con Royón recordó que hace tres años presentó un proyecto que va en el mismo sentido, pero que “incluye otros aspectos, no solo los que incluye este proyecto del cual no estamos conformes con que sea restrictivo específicamente a una intención de inversión que llegaría de la mano de Petronas en un acuerdo con YPF”, y cuestionó que YPF es una empresa que tiene mayoría accionaria del Estado, también tiene acciones privadas. “Tenemos que ser prudentes a la hora de legislar sobre proyectos que benefician a determinadas empresas”, analizó.

“Me parece importante este tipo de proyectos para sectores como es el de hidrocarburos en Argentina y en mi provincia, si deseo que haya una apertura a que haya modificaciones al proyecto que trajeron. En línea generales hay cuestiones para trabajar”, planteó Sánchez y cuestionó: “Son un Gobierno que está terminando y tuvieron tres años para presentar un proyecto de esta naturaleza. No hay excusas de no haberlo presentado antes y no sobre el final del mandato o no haber incorporado proyectos de la oposición”.

Entre los aspectos a modificar, el neuquino planteó: “Entre las cuestiones que me gustaría que se consideren que me hacen ruido y al futuro gobernador de la provincia también le puede llegar a hacer ruido que no contempla el riesgo precio que corre para las bocas de pozo y pueden verse afectadas las regalías de la provincia”.

“Todos sabemos la votalidad del mercado de gas y puede afectar los ingresos. También nos genera dudas que el mínimo de inversión sea de mil millones de dólares. Puede haber excelentes proyectos de cifras inferiores que deberían ser contemplados que pueden beneficiar a gran parte de la actividad y no sólo a grandes empresas que están involucradas. También tengo la duda del por qué los yacimientos dedicados si estamos dejando afuera yacimientos de gas húmedo que pueden ser aprovechados. El proyecto establece prioridad y exclusividad para yacimientos y transporte dedicado. Nos gustaría que no sea un proyecto cerrado y poder trabajarlo en la comisión”, agregó.

Royón le explicó que había “ambiciones más grandes” por parte de las empresas y que el proyecto se trabajó mucho. “La disponibilidad al 100% es algo complejo porque no se quedarían todos los dólares acá”, remarcó y reiteró: “El proyecto original era más ambicioso. El transporte de Vaca Muerta está pensado para el mercado interno no para la exportación”.

Luego fue el turno del titular del interbloque Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez (Identidad bonaerense), quien sostuvo que la licuefacción ya es una política de Estado y destacó: “Es un muy buen proyecto. Lo voy a votar muy entusiasmado. El gas licuado está en la agenda política y de los candidatos”.

“Voy a tratar de hablar con mis pares de otros bloques para que lo votemos en la medida que haya acuerdos. Quizás haya que ver algunos puntos para mejorar el contenido nacional de las inversiones. Son detalles”, adelantó.

La funcionaria le aclaró: “Desde la Secretaría de Energía no estamos trabajando en términos electorales, sino en políticas de Estado. Estamos avanzando en el sistema eléctrico en obras que ya licitamos y en las que estamos licitando, además del Gasoducto que es importante. Trabajamos para construir un país y hacer patria u este proyecto de GNL justamente se trata de eso de construir políticas de Estado, de que cuando venga un inversor que viene desde el año pasado pidiendo un marco legal, asumimos en agosto para que salga este proyecto lo antes posible porque los argentinos no pueden esperar más y estamos comprometidos de que antes de que termine esta gestión de poder dar este marco jurídico. Este proyecto no puede esperar”.

De forma crítica, la radical Jimena Latorre recordó que “faltan sólo seis meses para el final de su gestión y hace una semana aprueban y publican el Plan Nacional de Transición energética 2030. Para que haya un plan de transición energética, que ordene el paso de la matriz actual a una futura, primero y elementalmente debería haber un ´plan energético´ sobre la matriz actual. No lo hay”.

“De hecho, está reconocido en el propio contenido del plan de transición que aprueban, que las últimas políticas públicas, traducidas en programas concretos relacionados con la generación de energías renovables fueron dispuestos por el gobierno nacional anterior: RenovAr, Régimen de Mercado a Término de Energía Eléctrica de Fuentes Renovables (MATER), Generación Distribuida”, enumeró Latorre, quien lamentó que  todas estas iniciativas fueron discontinuadas por el gobierno de Alberto Fernández.

En esta línea, la legisladora, que es secretaria de la Comisión de Energía y Combustible de la Cámara baja, advirtió: “El oficialismo pretende hacer pasar esta comisión como una escribanía cuando nunca la hicieron funcionar”.

“Mis críticas no son vacías, en ese Plan de Transición tratan el tema ‘resiliencia del sistema energético’, con el objeto de prevenir riesgos en el sistema. En 2021 presenté un proyecto sobre infraestructuras críticas en materia de energía, que intenta mejorar los sistemas para prevenir riesgos masivos y cuyos costos son imposibles de cuantificar y prever de antemano, antes inclusive de los cortes masivos de energía eléctrica en Buenos Aires y ni siquiera ha sido tratado en esta comisión”, le señaló Latorre a la funcionaria de energía.

Respecto a la propuesta oficial para la federalización del desarrollo energético, la mendocina deseó que “eso se traduzca en el reconocimiento de jurisdicción provincial de las represas hidroeléctricas, tal como propuse en un proyecto recientemente”.

“En esa “planificación” de último momento, pretenden vendernos este proyecto de Promoción del GNL, que más que de promoción, yo lo llamaría una liquidación por cierre de un gobierno decadente y sin planificación que remata los últimos activos ajenos antes de irse”, advirtió Latorre.

“Esos ´proyectos´ celebrados entre YPF y Petronas. que entre dientes vienen a contarnos, para exponer la necesidad de la promoción del GNL, han sido objeto reiterados de pedidos de informes acerca de su contenido y alcance, obviamente por la inacción de esta comisión, nunca se le dio curso”, recalcó la diputada y añadió: “Ustedes son muy selectivos, para transparentar el contenido de los convenios YPF es una S.A. y no tiene por qué brindar tal información; pero para pedir beneficios hechos a medida es la empresa de bandera y todos los argentinos tienen que hacer esfuerzos contributivos a su favor”.

“Todo se enrarece más si agregamos a la opacidad sobre los convenios, las acusaciones que pesan sobre la empresa Malaya que nos traen de socia”, aseguró la legisladora mendocina y destacó que “diferentes medios del mundo de hace poco más de un mes publican títulos como estos: “Malasia investiga por supuesta corrupción a la petrolera estatal Petronas”; “Exejecutivo de Petronas enfrenta 37 cargos de corrupción y seis cargos contra el lavado de dinero”; “Nueve detenidos en presunto caso de corrupción de Petronas”.

“La empresa YPF la semana pasada no supo contestar acerca de las reservas comprobadas y expresamente manifestó que el precio de producción era confidencial y entonces me pregunto: ¿Confidencial? ¿Cómo los convenios con Petronas? ¿Por qué hay que garantizarle beneficios que no tiene ninguna otra actividad en el país a ciegas, con un cheque en blanco?”, sostuvo Latorre y le preguntó a Royón: “¿Sabe cuántas son las reservas comprobadas de gas que permitan contractualizar a largo plazo para sobre esos contratos apalancar las inversiones y financiamiento? ¿Por qué primero no se certifican reservas y luego se solicitan los beneficios?”.

“Hay algo que queda claro de este régimen de promoción y es que el gobierno reconoce abiertamente la inestabilidad económica en la que han sumido al país. Pero, reconocer las inconsistencias macroeconómicas de la coyuntura, mediante garantías para los próximos 30 años seria convalidar “un riesgo argentino”, que en lugar de bajar el costo de capital podría incrementarlo”, enfatizó Latorre.

Por último, Latorre le preguntó a Royón: “¿Usted puede mirar a la cara a cualquier argentino de a pie y decirle que n puede prever cuánto menos va rendir su sueldo a fin de mes, ni cuánto más lo va a asfixiar la presión impositiva, ni por cuánto tiempo van a mantener las mismas políticas económicas para que pueda ahorrar en su moneda; pero que en cambio, a YPF por 30 años sí le va a garantizar Estabilidad fiscal, Estabilidad cambiaria y estabilidad regulatoria, sin dimensionar el compromiso de los fondos públicos, ni el gasto tributario que ello significa?. Señora, sin macro no hay micro medida de nadie”.

La contadora de la Nación, Balestrini Claudia, aclaró que “este proyecto de ley no tiene impacto fiscal porque para determinar un impacto fiscal desde la Subsecretaría de ingresos públicos para poder tener la cantidad del impacto fiscal se compara contra los ingresos proyectados en el presupuesto. Como son ingresos que tienen que ver cuando se empiece a generar alguna actividad productiva que genere ganancias por este tipo de inversiones, no están incluidas dentro de las proyecciones vigentes presupuestarias. No hay impacto fiscal ni para este ejercicio ni para el que viene”.

Su par Pamela Verasay apuntó que fue “un error que el proyecto haya ingresado por un privado y no por la secretaria de Energía que son la cabecera. Nadie discute la importancia, pero lo podrían haber coordinado de otra manera”.

“Vino una empresa a pedir subsidios o a opinar sobre un régimen a donde preguntas respondieron con confidencialidad. Fue impertinente porque vienen de esperar leyes de acuerdo a negocios de acuerdos a escalas en lugar de políticas de energía con visión de corto y mediano plazo”, cuestionó.

El diputado del Pro Pablo Torello también se sumó a las críticas respecto del tratamiento del proyecto a “pocos meses de la finalización del gobierno”, y señaló el tema de las exportaciones comparando que “al sector agropecuario se le meten tantas trabas”.

De la vereda de enfrente, salió en respaldo el jefe del bloque oficialista, Germán Martínez, quien destacó: “Es valiosa la reunión que tenemos. Nos están permitiendo profundizar el tema y acercarnos al momento donde muchas de las cosas anticipadas vamos a tener que ponerlas sobre la mesa. Estamos dando un debate de alto contenido estratégico donde el país está atravesando una situación electoral que eso nos permite a veces o no de profundizar los temas. Ustedes permiten dar ese debate de un proyecto vital para la Argentina en medio de un proceso electoral”.

Cerró la reunión el electo gobernador por Neuquén, Rolando Figueroa, quien manifestó: “Tenemos que analizar este tipo de políticas de estado independientemente de quién gobierne”, porque “este tipo de acciones terminan beneficiando al país”, y concluyó: “Deberíamos preguntarnos qué pasaría si no se realiza este proyecto. Argentina se va a conformar en un país gasífero siempre y cuando podamos monetizar las reservas”.

Los puntos centrales del proyecto

Mediante una serie de beneficios fiscales, el Ejecutivo propone en su iniciativa declarar de “interés público nacional y como objetivo prioritario” la licuefacción de gas natural con destino a la exportación de gas natural licuado (GNL), y sus actividades asociadas, vinculadas con almacenamiento, comercialización, transporte y la instalación de infraestructura en el territorio Argentino”, el cual “se presenta como un combustible intermediario de la transición energética a nivel mundial”, expresa en los fundamentos del texto compuesto por 38 artículos.

Desde el Ministerio de Economía se resaltó que el proyecto “es una consecuencia positiva del crecimiento sostenido de la producción de gas natural en nuestro país y la ampliación del horizonte de recursos gasíferos, como resultado del desarrollo de nuevos proyectos en las distintas cuencas productivas y, principalmente, de los altos rendimientos provenientes de la producción no convencional en Vaca Muerta, cuyos recursos estimados alcanzan aproximadamente ochocientos trillones de pies cúbicos de gas”.

Ese volumen posiciona a Argentina “entre los países con mayores reservas a nivel mundial, con estimaciones de abastecimiento para más de trescientos años, lo que permitirá no solo satisfacer la demanda doméstica, sino que también generará saldos para ser exportados mediante la cadena de valor de la industria del GNL, entre otros, lo que provocará el consiguiente ingreso de divisas para el país”, remarca.

Sobre la cadena de valor, el proyecto contempla pozos y ductos dedicados en las zonas de producción y licuefacción.

Los beneficiarios del régimen serán quienes presenten proyectos dentro de los primeros 5 años de su sanción. Se otorgará beneficios impositivos a proyectos que comprometan como mínimo una determinada inversión y una capacidad mínima de producción de toneladas de GNL por año.

De acuerdo a la iniciativa, se establece un “compromiso de estabilidad fiscal y regulatoria”; y propone garantizar un porcentaje de libre aplicación de las divisas obtenidas por las exportaciones de GNL durante 30 años.

Como contrapartida, demanda a los beneficiarios requisitos de integración de contenido nacional y contribución al desarrollo local que van escalando periódicamente.

Por 191 votos afirmativos, 2 negativos y 1 abstención, la Cámara de Diputados dio media sanción este miércoles al proyecto que incorpora la violencia digital como una modalidad dentro de la Ley de Protección Integral a las Mujeres (N°26.485).

La iniciativa está inspirada en la “Ley Olimpia”, una normativa mexicana que aborda los delitos que violan la intimidad de las mujeres a través de medios digitales, y que se sancionó en ese país a partir del activismo de Olimpia Coral Melo, víctima de difusión de material con contenido sexual, sin su consentimiento, por parte de una expareja.

La iniciativa, que fue consensuada entre propuestas de las diputadas Mónica Macha (FdT) y Danya Tavela (UCR), deberá tratarse ahora en el Senado.

Los expositores

El primer expositor fue el oficialista Pablo Carro (Córdoba) quien explicó que se viene a modificar la Ley de Protección Integral a las Mujeres sobre la base de la idea de incorporar una definición de lo que significa la violencia digital contra las mujeres.

“Tiene que ver con que la violencia digital o en entornos digitales o virtuales es igual o incluso peor que la que ocurre en el mundo analógico, es decir, el mundo virtual hoy es tan real como el analógico o el mundo real”, planteó.

El cordobés recordó que durante el debate de la Ley del Aborto “hubo muchísima violencia digital contra las mujeres”, y contó que AMNISTÍA Internacional realizó un estudio en el que reconoció que 1 de cada 3 mujeres sufrió violencia digital en redes sociales, el 59% de las mujeres durante este tiempo fue objeto de mensajes sexuales o misóginos; un 36% de esas mujeres sufrió ataques de pánico, estrés o ansiedad o se retiró de las redes producto de la violencia que recibió.

Así, procedió a leer la definición de violencia digital que va a dejar “muy en claro por qué tan importante avanzar en este aspecto y remarcó que son “todas esas acciones que realizan los varones contra las mujeres cuando deciden resolver su independencia y usar su cuerpo como mejor les parece”.

“Este proyecto de ley no modifica el código penal”, aclaró, pero resaltó que “es tan importante que va a permitir no solo definir con claridad qué es la violencia digital, sino también, el desarrollo de políticas públicas, que haya estadísticas oficiales, que haya capacitación de los agentes estatales, que haya protocolos de actuación para la justicia, que haya una línea telefónica gratuita a través de cualquier soporte y, sobre todo, que pueda haber notificación electrónica”.

Al respecto, explicó: “La mayoría de las empresas son transnacionales en aquellos lugares donde se ejerce esta violencia son redes que no tienen domicilio en Argentina, sino que son transnacionales, por lo tanto, es importante por lo que vienen luchando las mujeres y tiene que ver con la Ley Olimpia sobre una mujer mexicana que sufrió este tipo de violencia y, a partir de este hecho, se están impulsando este tipo de leyes en todo el mundo”.

1 de cada 3 mujeres sufrió violencia digital en redes sociales, el 59% de las mujeres durante este tiempo fue objeto de mensajes sexuales o misóginos; un 36% de esas mujeres sufrió ataques de pánico, estrés o ansiedad o se retiró de las redes producto de la violencia que recibió.

“Todo el mundo sabe lo difícil que es establecer regulaciones al modo en que trabajan las grandes plataformas que son grandes empresas transnacionales y, sin embargo, quiero reconocer que las mujeres lo han hecho porque están permitiendo que la justicia argentina pueda notificar a estas plataformas para que contenidos de este tipo puedan ser removidos y conservados y utilizados para pruebas en favor de las mujeres. Es un proyecto trabajado con consenso, tenemos un acuerdo completo”, cerró y adelantó que introducirá modificaciones por “errores” que cometieron en la redacción previo al dictamen.

Autora de una de las iniciativas, la diputada Danya Tavela (Evolución Radical) destacó la importancia del tema para “todas las mujeres que estamos presentes, pero fundamentalmente para todas las mujeres, niñas y adolescentes del país que son víctimas de los distintos tipos de violencia en este paso, en este avance”.

“Esta es una ley de época porque tiene que ver con el crecimiento de este tipo de violencia, de acosos, de hostigamiento que ocurren a partir de los espacios digitales, de redes sociales, del uso del internet”, señaló Tavela.

En esa línea, destacó la importancia a que “logremos un proyecto unificado entre los distintos interbloques” y reconoció a la diputada mandato cumplido Josefina Mendoza y a la diputada Alejandra Martínez quienes “fueron las que comenzaron con el debate hace años en esta Cámara y nos fueron muchas de las ideas que hoy se plasman en esta modificación”.

“Este proyecto busca definir que el espacio digital es un ambiente donde se puede generar violencia al igual que el espacio analógico y por supuesto que queremos garantizar el derecho de las usuarias, libre de violencias, libre de desigualdades”, manifestó la diputada radical y agregó: “La posibilidad de reconocer ese espacio nos lleva a la necesidad que esta norma tipifique lo que se va a denominar violencia digital que repercute en la generación de daños físicos, psicológicos, sociales y económicos”.

Además, planteó que “es importante la incorporación a los servicios de asistencia a la víctima, a los servicios de atención que ya existen de este tipo de violencia”. “La necesidad de promover la alfabetización en el uso de las redes sociales, en el uso adecuado y en las buenas prácticas de las TICS”.

“También llevando a que los niños, niñas y adolescentes comprendan lo que significa la violencia digital. No solo en las clases de ESI, sino en los diferentes espacios curriculares donde asisten, en los procesos educativos y en formación docente”, añadió y destacó la gratuidad de toda diligencia e instancia de las actuaciones judiciales, así como el resguardo de pruebas, el ordenamiento al presunto agresor del cese de las actuaciones y la prohibición de contacto.

Tavela contó: “Para muchas mujeres de nuestro país esto no es reconocido en los ámbitos de la justicia y de denuncia. Me ha tocado conversar con madres cuyas hijas se han quitado la vida, familias dañadas, muchas mujeres que han abandonado sus trabajos, sus pueblos, han tenido que cambiar su vida por el abuso, acoso y hostigamiento a partir de alguna publicación sin su consentimiento en una red social”.

“Entender que lo que hacemos en redes sociales forma parte de nuestra intimidad, forma parte de nuestros derechos de la información y de nuestra integridad y de nuestra capacidad y persona como seres humanos. Es importante para seguir avanzando en procesos de prevención y tipificación de violencia digital y las penas que deben contemplase para sancionar a quienes ejercen este tipo de violencia”, precisó la radical.

Y cerró: “Este proyecto incorpora la obligación por orden fundando a las empresas administradoras de plataformas de retirar este tipo de material de las mismas. El 70% de las mujeres que sufrió violencia digital ha cambiado su forma de interactuar en las redes, esto significa una restricción a la libertad de las personas. La violencia siempre es violencia, pero es más violencia cuando afecta a las personas más vulnerables”.

Por el contrario, el salteño Carlos Zapata (Ahora Patria) dio los motivos por los que no acompañó la iniciativa y se abstuvo. El diputado planteó que “está entre los derechos humanos el derecho a una vida libre de violencia”, y remarcó que la violencia digital es un tema “relativamente nuevo” que “ha tenido un crecimiento exponencial, generando perjuicios y consecuencias negativas a quienes las sufren”. Así precisó que, entre las consecuencias, “tenemos hasta víctimas fatales, personas que afectadas por la violencia digital por el atropello y la vulneración de su actividad han tomado una decisión drástica”.

“Las víctimas de la violencia digital necesitan un marco normativo que las reconozcan, contenga, proteja de todo tipo de violencia y, en este momento, estamos tratando violencia digital”, planteó Zapata y cuestionó: “La Ley de Protección Integral contra al Violencia de Género es una ley que tiene sus años, que va produciendo resultados, pero no esta a la altura de las expectativas que se al momento de su sanción”.

“Se han creado observatorios de violencia contra las mujeres, pero la tasa de femicidio se ha incrementado. La voluntad del legislador no está teniendo una aplicación concreta a través de los órganos de aplicación y responsables que lleven a que las acciones desde el Gobierno lleven a cumplir la finalidad de la ley de proteger a las mujeres, evitar los femicidios”, cuestionó.

Y siguió: “Se ha creado el Ministerio de la Mujer con las cuestiones que están pasando en Chaco con Cecilia la vemos con total y absolutamente ausente. Lamentablemente todas las legislaciones de protección de las mujeres pueden tener la buena intención, apuntar a un marco de progreso, pero si el Poder Ejecutivo y los órganos de aplicación miran para otro lado, o son selectivos a la hora de atender los problemas de violencia de género, evidentemente algo está funcionando mal”.

“En materia de violencia digital podemos clasificar los distintos hechos como fake news, campañas de desprestigio, violaciones e intimidad, incitación al odio, mecanismos que a través de publicaciones en redes sociales buscan hacer un daño. Se tratan de conductas antisociales que generan perjuicios hacia las personas y vulneran muchos derechos y garantías, si no existe un marco jurídico adecuado, esa vulneración va a seguir ocurriendo”.

“Las mujeres particularmente están afectadas, pero no son las únicas afectadas de la violencia digital y de este tipo de campañas, es necesario que se tipifiquen como delitos. Con el procedimiento que se pretende en esta modificación a la Ley van a tener un mecanismo expedito para que cesen las publicaciones o buscar procedimientos más agiles, pero en la medida que no se tipifique como delito la persecución del responsable y el uso de los organismos estatales para buscar justicia y equidad, va a estar ausente”, sugirió Zapata.

Además, planteó que es necesario “estudiar cuando se consideran este tipo de proyectos porque el principio contenido en el artículo 16 de la Constitución Nacional es el principio de igualdad ante la ley. La igualdad es un derecho en sí mismo y habilita a los sujetos a oponerse a normas o actos discriminatorios. La existencia de la vulneración de la igualdad ante la ley es algo que restringe a la libertad de los individuos”, y cerró que la violencia digital “no solo abarca a las mujeres, sino también a los hombres, necesitamos que el marco normativo llegue a alcanzarlos para respetar el principio de igualdad ante la ley. Considero que este proyecto es violatorio al artículo 16”.

La vicejefa de bancada radical, Karina Banfi, expuso sus ideas respecto a la modificación sobre violencia digital en la Ley 26.485 de protección integral a las mujeres en el recinto. “Tenemos dos vidas, una la real y otra la de internet. Ponemos en foco la alfabetización digital y debemos saber las alertas que tenemos que tener en cuenta”, señaló.

Así también, expresó: “Las distintas exposiciones que he escuchado las acompaño y con ello, conocimos el valor que tiene esta ley”. Además, mencionó el caso de la joven Olimpia, a quien sin su consentimiento le viralizaron n video privado: “Le arruinaron la vida”. Afirmó.

Sin embargo, Banfi manifestó que “hace años que trabajo sobre derechos digitales y celebró que hablemos estos temas en el Congreso porque el futuro es internet”, y agregó: “Los delitos de extorsión y acosos son los mismos, y la digitalización amplifica el alcance y perdemos el control”.

Y siguió: “Lo primero que debemos hacer es entender de que hablamos y
debemos poner el revés del porno-extorsión”. “Debemos ir por los tipos penales porque estos delitos no están penalizados en el Código Penal, está permitida. Conceptualicemos a donde debe ir la realidad virtual y vayamos a lo concreto”, cerró.

Por último, la diputada nacional Mónica Macha (FdT- Buenos Aires) consideró que “estamos en un momento importante con consenso entre ambas comisiones” y “avanzamos en una legislación necesaria para nuestro país por los delitos perpetuados a través de la digitalización”, añadió.

“Hay líneas de mercado sexual de fotos de mujeres sin su consentimiento y este tipo de violencia contamina la vida de las personas”, mencionó, y finalizó: “La llamamos ley Olimpia por la joven mexicana víctima de un video privado viralizado sin su consentimiento que cuando denunció le dijeron que no estaba penalizado y que se relaciona con la ley Belén, una chica que se suicidó por la violencia en las redes digitales”.

Antes de la votación, Carro y Banfi acordaron modificar el artículo 5 y agregar al inciso “o” del artículo 9 que “la información recaba por las denuncias debe ser recopiladas y sistematizada para elaborar estadísticas confiables para la prevención y erradicación de las violencias contra las mujeres”. Del mismo modo, mencionaron dos errores gramaticales que fueron corregidos.

Cuáles son los puntos principales del proyecto

Mediante el proyecto se incorpora una serie de modificaciones a la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres. Entre ellos, se establece como objetivo garantizar “los derechos y bienes digitales de las mujeres, así como su desenvolvimiento y permanencia en el espacio digital”. Asimismo, se deberán respetar “su dignidad, reputación e identidad en los espacios digitales”.

En el artículo 6 de la 26.485 se incorpora la modalidad de “violencia digital o telemática” definida como “toda conducta, acción u omisión en contra de la mujer basada en su género que sea cometida, instigada o agravada, en parte o en su totalidad, con la asistencia, utilización y/o apropiación de las tecnologías de la información y la comunicación, con el objeto de causar daños físicos, psicológicos, económicos, sexuales o morales tanto en el ámbito privado como en el público a ellas o su grupo familiar”.

“En especial conductas que atenten contra su integridad, dignidad, identidad, reputación, libertad, y contra el acceso, permanencia y desenvolvimiento en el ámbito digital o que impliquen la obtención, reproducción y difusión, sin consentimiento de material digital real o editado, íntimo o de desnudez, que se le atribuya a la mujer, o la reproducción en el ámbito digital de discursos de odio misóginos y patrones estereotipados sexistas o situaciones de acoso, amenaza, extorsión, control o espionaje de la actividad virtual, accesos no autorizados a dispositivos electrónicos o cuentas en línea, robo y difusión no consentida de datos personales”, agrega.

Además, se dispone que se deberá “implementar un servicio multisoporte, telefónico y digital gratuito y accesible” destinado “a dar contención, información y brindar asesoramiento” sobre la violencia digital.

Otra de las modificaciones establece que se tendrán que “promover programas de alfabetización digital, buenas prácticas en el uso de las TIC’s y la comunicación y de identificación de las violencias digitales, en las clases de Educación Sexual Integral como en el resto de los contenidos en el ámbito educativo y en la formación docente”.

Sobre los derechos que se les deberán garantizar a las mujeres en procedimientos judiciales, se incorpora el “resguardo diligente y expeditivo de la evidencia en soportes digitales por cuerpos de investigación especializados u organismos públicos correspondientes”.

Respecto a las medidas preventivas urgentes, el juez podrá “ordenar al presunto agresor que cese en los actos de perturbación o intimidación que, directa o indirectamente, realice hacia la mujer, tanto en el espacio analógico como en el digital”.

También, “ordenar la prohibición de contacto del presunto agresor hacia la mujer que padece violencia por intermedio de cualquier tecnología de la información y la comunicación, aplicación de mensajería instantánea o canal de comunicación digital”.

Y tendrá la competencia para “ordenar por auto fundado, a las empresas de plataformas digitales, redes sociales, o páginas electrónicas, de manera escrita o electrónica la supresión de contenidos que constituyan un ejercicio de la violencia de género digital”.

La Cámara de Diputados le dio media sanción este miércoles al proyecto de ley para la regulación del Ejercicio Profesional del Acompañamiento Terapéutico para que los trabajadores sean considerados profesionales autónomos.

El proyecto obtuvo 197 votos afirmativos, 3 negativos de los liberales Javier Milei, Victoria Villarruel y la monobloquista Carolina Píparo. Fue consensuado a partir de propuestas de Soledad Carrizo (UCR), de Virginia Cornejo (Pro) y Daniel Gollan (FdT) y tuvo dos modificaciones en su artículo 3 y 23.

La ley tiene por objeto establecer el marco general del ejercicio profesional del acompañamiento terapéutico, sin perjuicio de las normas dictadas por las jurisdicciones locales, ya que en 13 provincias hay legislación al respecto.

El ejercicio profesional del acompañamiento terapéutico comprende a quienes con matrícula habilitante intervienen a través de un abordaje biopsicosocial integral, en el marco de un equipo interdisciplinario y/o por indicación de un profesional de la salud tratante a cargo, para facilitar la rehabilitación de la persona acompañada.

También para prevenir eventuales recaídas, identificar situaciones de riesgo y promover su reinserción en el ámbito comunitario, promoviendo el ejercicio efectivo de sus derechos, bajo el paradigma de salud comunitaria y colectiva.

La actividad del acompañante terapéutico se desarrolla a través de la práctica de estrategias terapéuticas no farmacológicas de asistencia en ámbitos institucionales, domiciliarios, ambulatorios y sociales-comunitarios sin distinción de género ni edad.

La iniciativa contempla artículos referidos a las condiciones de habilitación; los derechos y obligaciones; las prohibiciones (entre ellas prescribir medicamentos, drogas o fármacos); el registro de sancionados e inhabilitados; y la inclusión en el Programa Médico Obligatorio todas las actividades desarrolladas por acompañantes terapéuticos, entre otros aspectos.

Además, determina que “para el ejercicio profesional los acompañantes terapéuticos deberán inscribir previamente el título habilitante ante las autoridades competentes designadas por las jurisdicciones locales”.

El Poder Ejecutivo Nacional deberá promover ante los organismos que correspondan la creación de la carrera de acompañante terapéutico a cargo de Universidades e Institutos de educación superior, de gestión pública y privada y la unificación de los programas de estudios.

✅MEDIA SANCIÓN APROBADA #AcompañantesTerapéuticos

Hoy es un día histórico. Todo el esfuerzo y el trabajo que han hecho ha dado sus frutos. Por eso celebramos la #mediasanción de la ley de regulación del ejercicio profesional del acompañamiento terapéutico.
Los acompaño con más… pic.twitter.com/K64kmXsoR2

— Soledad Carrizo (@MSoleCarrizo) July 5, 2023

La palabra de los diputados

Palabra autorizada en su carácter de médico y autor de uno de los proyectos, abrió la ronda de expositores el oficialista Daniel Gollan quien resaltó que el proyecto ha sido consensuado con el conjunto de todos los bloques, tanto en la Comisión de Salud como en la de Legislación General. También reconoció a quienes presentaron otras iniciativas que se unificaron y mencionó a la diputada Soledad Carrizo y de Virginia Cornejo.

“Estamos poniendo a consideración un proyecto que viene a dar cuenta de una necesidad que ha sido fuertemente sostenida y militada por distintos referentes a lo largo y ancho del país que se han conformado en asociaciones, agrupaciones del tema que nos convoca que es el reconocimiento y la regulación del ejercicio del ejercicio profesional del acompañamiento terapéutico”, planteó Gollan.

El exministro de Salud comparó: “Es un tema que tiene que ver con esas nuevas necesidades que van surgiendo y tiene una historia porque hace no mucho tiempo la salud era casi patrimonio de los médicos, y todo el resto eran como asistentes y, obviamente, este criterio ha ido para bien deviniendo en un proceso en el cual ahora hay muchos más actores que se suman y que se organiza la respuesta como equipos de salud con una visión interdisciplinaria o multidisciplinaria”.

Así, remarcó que “el tema de la salud pública ya no es patrimonio de una sola incumbencia o de una sola profesión sino de un conjunto”. Al respecto, recordó que en el recinto han tratado muchas iniciativas que “dan cuenta de ese rol de la jerarquización de roles que, dentro del sistema, cumplían un rol secundario en la medicina ante la figura del profesional. También han aparecido nuevos actores”.

En ese sentido, planteó que han debatido y hay por tratar con el Cuerpo temas como obstetricia, instrumentadoras quirúrgicas, los agentes sanitarios que “es un proyecto que estamos debatiendo en comisión”, las nutricionistas. “Hay una gran cantidad de nuevos actores que irrumpen en el sistema sanitario, que cumplen un nuevo rol y que primero han tenido una respuesta de los territorios federales del país porque hay 13 provincias que ya normatizaron, vía leyes o reglamentos o resoluciones, han reconocido esta actividad y ya han dictado sus normas”, sostuvo el oficialista.

“Este proceso empezó hace años y es sano que estemos reconociendo la posibilidad de forma nacional esta nueva actividad, nueva entre comillas porque ya no es tan nueva. Los procesos sociales y de la salud son complejos y, entonces, van apareciendo estos actores como los acompañantes terapéuticos que vienen a cumplir un rol muy importante porque son el sostén, el acompañamiento de todas aquellas personas que por problemas de salud o discapacidad necesitan un soporte, una ayuda continua y permanente y, una vez que son atendidas en los centros de salud y son diagnosticados, necesitan por diferentes motivos y razones estar acompañados por alguien que garantice todo un proceso de contención, de rehabilitación, de reinserción social y por eso estamos poniendo a consideración este proyecto”, explayó.

Sobre la redacción del texto, explicó que establece los requisitos que hay que tener para acreditarse, para matricular, las incumbencias profesionales, no remplazan a otros sectores ni actores; establece los derechos y obligaciones y, entre ellas, está el respetar otras leyes con las cuales interactúa esa incumbencia como la Ley 26.529 de Derechos del paciente, la Ley 26.657 de Salud Mental, la Ley 26.934 de Plan integral para afrontar el consumo problemático, la Ley 26.061 de derechos del niño, la 24.901 de Atención Integral a Personas con Discapacidad, la 24.385 de Violencia de Género.

“A todas estas leyes están obligadas a cumplir con sus postulados los agentes terapéuticos”, precisó y contó que se plantea un plazo de adecuación para todos aquellos que ya tienen con un proceso de formación; se establece la necesidad de encarar un proceso de homogenización de todos los contenidos y formación a escala nacional como la Ley de Enfermería para “homogenizar las currícula de formación”.

“Es una ley que viene a dar cuenta de la necesidad de reconocer algo que ya está sucediendo, que es necesario para el sistema de salud, que ya está reconocido en muchas provincias del país y que necesita establecer un marco normativo escala nacional”, manifestó Gollan.

Además, explicó una modificación breve que se propuso a instancias de la Comisión de Legislación General del inciso B del artículo 3 habida cuenta de opiniones de la Comisión de Educación “se nos pidió que se realice un cambio en la redacción del dictamen en lo que se refiere a la definición del marco mínimo de formación adecuada de la profesión que nos proponemos a regular para que la redacción quede alineada al marco de la Ley de Educación Superior”.

“Como estaba escrito originalmente no estaba alineado”, precisó el diputado bonaerense y afirmó: “Hay consenso de todos los bloques de reemplazar el inciso B para que diga ‘poseer título reconocido oficialmente en acompañamiento terapéutico de nivel superior universitario o técnico profesional expedido por instituciones públicas de gestión estatal o privada en los términos de la Ley 24.521 de Educación Superior y la Ley 26.058 de Educación Técnica Profesional”.

Por último, planteó hacer una modificación del artículo 23 de adhesión a las provincias y sumar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “Con esas dos modficiacones solicitamos la votación positiva de la ley y agradeciendo a todos los representantes de las agrupaciones de acompañantes terapéuticos su presencia”, cerró.

A continuación, hizo uso de la palabra el rionegrino Luis Di Giacomo quien destacó la “perfecta” alocución de Gollan sobre los sentidos que tiene la ley respecto de las demás leyes de salud con las que se relaciona.

Y complementó: “Hay que recordar cómo llegamos a este presente de profesionalización. Este es el elemento central de la ley que consagra la profesionalización dentro del equipo de salud con todo lo que eso significa para quienes desarrollen su actividad profesional en esta área, de tener incluidos, de todo lo que tenga que ver con arancelamientos, planes médicos de salud, los estatutos para salud pública y privada y poder salir de esa situación de idóneos o auxiliares que hasta el presente, en muchos casos en función de no haber una regulación de tipo nacional, hacía que no se distingan las capacidades formativas y las experiencias de cada uno y que, en muchos casos, tuvieran que actuar de forma voluntaria en una zona en negro dentro del esquema de trabajo”.

“Son múltiples los espacios en los que actúan los acompañantes terapéuticos como adicciones, trastornos alimentarios, discapacidades, problemáticas de la tercera edad, enfermedades crónicas, cuidados paliativos, en trastornos psicóticos, infantes, adultos”, enumeró y agregó: “Un acompañamiento que, a veces, tiene que ver con la aceptación de la problemática y empezar a manejarla tanto el paciente como la familia en un contexto de internación y en lo que significa la práctica ambulatoria cotidiana”.

Di Giacomo sostuvo que “acompañar es acompañar la cotidianeidad de las personas que necesitan este tipo de accionar para evitar el estancamiento, para evitar el aislamiento y posibilitar de forma rápida la reinserción laboral y social. Este acompañamiento profesionalizado va a ayudar a muchas personas que necesitan a especialistas y a alguien que los acompañen durante su día”.

Al intervenir en el debate, la diputada de izquierda Romina del Plá valoró el tratamiento de ese proyecto que anticipó que acompañarían, y recordó que hace tiempo que vienen pidiendo una solución sobre el tema, al punto tal que en 2016 impulsaron un proyecto sobre el tema a través del entonces diputado Néstor Pitrola.

Pero si bien apoyaron el proyecto, marcó algunos límites que pidió tomar en cuenta. “Porque vamos a aprobar una ley, pero no las condiciones laborales en las que están desempeñando esas tareas, que todas las veces son enormemente precarias”, dijo, agregando que “muchas veces se sigue manteniendo la situación de un salario cobrado a los premios”.

“Esta situación es inadmisible y me parece que son los temas que están quedando afuera”, dijo Del Plá, recordando que desde el lunes pasado hay una carpa frente al Congreso desde donde están reclamando los acompañantes terapéuticos. Así las cosas, la diputada habló de las cuestiones que quedan pendientes y algunas cosas que no están definidas en el proyecto a ser aprobados.

Por ejemplo, que “deben ser incluidos plenamente en los equipos interdisciplinarios; nada de auxiliar de tal cosa u otra; una integración plena. La matriculación que se está planteando tiene que estar a cargo del Estado, porque es gente que paga para poder trabajar, porque hay que adherir al monotributo”.

Para eso, sostuvo que la matriculación debería estar a cargo del Estado, “porque sino la jerarquización se va a convertir en un castigo”. Asimismo “debería avanzarse en la consideración de un trabajo insalubre”, por lo cual “no tendría que ser más de 30 horas semanales y el salario tiene que ser igual a la canasta familiar”. Por último, consideró que toda la formación tiene que ser en instituciones públicas. “Y tiene que haber mucha oferta, sino se va a convertir en el negocio de la capacitación privada”, concluyó.

La oficialista Mara Brawer destacó la importancia del proyecto que “se viene dando dentro de un cambio de paradigma en relación a la materia sanitaria” y explicó que se está abandonando el enfoque biologicista para consolidar una mirada integral de la salud y enfermedad”.

“En este nuevo paradigma se peinas en un contexto familiar, social, emocional. La autonomía y las decisiones personalísimas ahora son un derecho. Hoy entendemos que el sistema sanitario tiene que estar centrado en los derechos y en la autonomía del paciente”, planteó la porteña.

Así, manifestó que “regular esta actividad profesional tan importante tiene que ver con las políticas del cuidado de las cuales este Congreso tiene una enorme deuda, tareas del cuidado que generalmente realizamos las mujeres en las familias, pero que muchas veces requieren de un acompañamiento profesional y el Estado y la sociedad se tienen que hacer cargo jerarquizando este campo de la salud”.

 “Las personas tenemos que ser mirados integralmente, no somos una historia clínica, somos una historia de vida y eso los acompañantes terapéuticos lo saben bien”, resaltó Brawer y coincidió con la diputada preopinante de que “es una locura que sean monotributistas porque son el lazo entre la persona que sufre y la sociedad. Son los que acompañan, los que educan, los que rehabilitan”.

Por último, Brawer planteó que aún hay “dos grandes asignaturas pendientes, entre tantas” una de ellas es la Ley Nacional de Discapacidad y también una Ley de Eutanasia. “Tenemos que darles el derecho a las personas autónomas a decidir cómo quieren vivir”, remató.

En la antesala del cierre de listas para las PASO, en San Luis ya se conocieron los precandidatos de JxC que encabezarán las listas de Horacio Rodríguez Larreta y de Patricia Bullrich, que disputarán las tres bancas que se ponen en juego en el Senado y las dos en Diputados.

En lo que respecta a la boleta de Rodríguez Larreta y que en la provincia cuenta con el apoyo del gobernador electo, Claudio Poggi, será encabezada para el Senado por la macrista Gabriela González Riollo en busca de su reelección. Riollo asumió en diciembre de 2021 para reemplazar a Poggi, que ganó una banca como diputado nacional en las elecciones legislativas de ese año; banca que dejará a fin de año para asumir la gobernación. La nómina la completará Federico Trombotto (Avanzar) actual legislador provincial y exministro de Industria, Comercio, Minería y Transporte durante la anterior gestión de Poggi.

Con mucha responsabilidad y compromiso voy a ser precandidata a Senadora Nacional por #SanLuis. Estamos trabajando unidos para defender los intereses de la provincia y acompañar las transformaciones que necesitamos los argentinos. pic.twitter.com/CqZPr8zXO5

— Gabriela Gonzalez Riollo (@gabagr) June 24, 2023

Por su parte, en Diputados JxC pone en juego una banca correspondiente al economista radical Alejandro Cacace que encabezará la lista de Rodríguez Larreta para retenerla, secundado por la arquitecta de 42 años Valeria Lange (Avanzar) que se postuló como intendenta en las últimas elecciones provinciales. Para el Parlasur el precandidato es el radical Juan Manuel Rigau.

Bullrich postuló en su boleta para el cargo de senadores nacionales al radical Jorge Alberto Lucero y a Sandra Barroso (Pro). Lucero es presidente de la Convención UCR en San Luis, es abogado y fue secretario de Gobierno de la Municipalidad. En tanto, Barroso fue concejal de la Ciudad de San Luis e histórica militante del Partido Justicialista.

El 11 de Junio ganamos #SanLuis con @claudiojpoggi. Ese cambio lo queremos llevar a la Nación 🇦🇷. Con @horaciorlarreta y @GerardoMorales como presidente y vice; @gabagr y @FedericoTrombo7 en el Senado, @jmrigau al Parlasur y en Diputados junto a Valeria Lange vamos por la… pic.twitter.com/uv03hT0FOe

— Alejandro Cacace (@alejandrocacace) June 24, 2023

Los nombres suplentes para el Senado son Daniel Federico Berro de la juventud UCR y Noelia Inés Vered de Jóvenes Pro.

La lista de diputados nacionales lleva la dupla encabezada por Carlos Almena (Pro) y Luz Echenique (UCR). Almena es concejal y fue legislador provincial, mientras que la radical es abogada y docente. Completan la nómina como suplentes Adrián Oviedo (UCR) y Nancy Páez (Pro). El actual diputado provincial del Pro, Charly Pereira es el candidato a parlamentario del Mercosur.

En las elecciones de este año, en la Cámara alta también se les vence el mandato a Adolfo Rodríguez Saá, quien ingresó en 2017 por el Frente Justicialista; y María Eugenia Catalfamo que, tras la ruptura con el FdT, pasó a integrar el bloque Unidad Federal y es del riñón de Alberto Rodríguez Saá -enemistado con su hermano-, fue candidata a vicegobernadora en las elecciones provinciales que ese oficialismo perdió. Ambos senadores no renovarán su mandato. En la Cámara de Diputados, el oficialismo arriesga la banca de Carlos Ybrhain Ponce.

De esta manera, Unión por San Luis llevará a Fernando Salino (vocero gubernamental) y a Cintia Ramírez (secretaria de Deportes) como candidatos a senadores nacionales; mientras que para diputados presentará a Ernesto “Pipi” Ali, intendente en La Toma, y Silvia Rapisarda, secretaria de Cultura del Gobierno de San Luis. Para el Parlasur irá como candidata la diputada provincial Anabela Lucero.

Por el Frente de Izquierda (PO Y MTS) el precandidato a diputado nacional que irá en el primer lugar de la lista es Ornella Dezzutto, y para el Senado lo hará Iván Amado. A su vez, El Frente de Izquierda y Trabajadores-Unidad, bajo la lista Unir y Fortalecer la Izquierda, lleva a Johana Gómez y Nahuel Arias para los cargos de senadores nacionales. En la lista de candidatos para diputados están Eleonora de Panis y Mario Jaime, respectivamente. Para el Parlasur encabeza Natalia Oste Vélez. Apoyan la fórmula presidencial de Myriam Bregman y Nicolás del Caño.

El Partido Libres del Sur definió sus candidaturas a senadores nacionales, diputado nacionales y parlamentario del Mercosur, que acompañarán al candidato a presidente de la Nación, Jesús Escobar, y a su compañera de fórmula Marianella Lezama Hid.

La nómina de precandidatos a senadores nacionales la encabeza el exdiputado provincial y presidente del partido, Joaquín Mansilla; acompañan al dirigente en la categoría Cecilia Riquelme, vecina de la ciudad de Villa Mercedes y dirigente partidaria; Augusto Flores, integrante de la Dirección Provincial y responsable de prensa y comunicación; y Gabriela Rodríguez, dirigente de la ciudad de La Punta.

La categoría de diputados nacionales estará compuesta por Ailen Chaine, concejal de la Ciudad de San Luis y referente del feminismo en la provincia; Kevin Videla, estudiante del profesorado de Educación en la UNSL, y responsable territorial de la organización; Agustina Cadile dirigente territorial de la ciudad de San Luis e integrante de la dirección provincial; y Gonza Maldonado, consejera directiva de la F.C.H. de la Universidad Nacional de San Luis.

Para la lista de Parlasur como primer titular irá Ariel Braverman, responsable del área de gestión, estudiante avanzado de abogacía y apoderado partidario; lo acompañan Luciana Sánchez, dirigente del Departamento Pedernera y Joel Vega, responsable de la Juventud de Libres del Sur y secretario general de la Federación Universitaria de San Luis.

El Movimiento al Socialismo quiere un lugar en el Congreso Nacional de la mano del dirigente Ítalo Gallardo, quien encabeza la lista a diputado. Su espacio acompaña a la fórmula presidencial de Manuela Castañeira y Lucas Ruiz.

El Partido Unión y Libertad (PUL) presentó a Eduardo Gomina y Pamela Pardo como candidatos a senadores y a Marcos Cuello y Marta Orozco como diputados nacionales. Augusto van Soest va como candidato al Parlasur.

Los diputados nacionales Carlos Zapata (Ahora Patria – Salta), Jorge Rizzotti y Natalia Sarapura (ambos de la UCR por Jujuy) le preguntaron al jefe de Gabinete, Agustín Rossi, en la sesión informativa de este martes respecto de las decisiones a tomar por parte del Gobierno nacional ante el conflicto docente en ambas provincias que ya llevan varios días de reclamo.

El primero en referirse al tema fue el salteño Zapata quien remarcó que “el conflicto docente en Salta lleva 7 semanas y amenazan con extenderse”, por lo que planteó que “hace falta que se tomen medidas, pero desde el Gobierno provincial no lo hacen y no llegan a un acuerdo”.

“Los chicos no merecen estar pasando esta situación por la ineptitud de los funcionarios. Salta viene siendo favorecida por arriba de la media en materia de transferencia de recursos”, cuestionó Zapata y pidió: “¿Van a hacer de mediadores?  Vengo a pedirle por favor que intervengan”.

Luego fue el turno del radical Rizzotti quien se refirió a  las críticas acerca de establecer principios para la protesta y dijo que “a aquellos que quieren ensuciar un reclamo justo y utilizan una protesta para justificar y argumentar violencia donde no la hay, les compartimos que en Jujuy, en justo reclamo, han manifestado miles de docentes, que sin ninguna contravención y en paz fueron escuchados y el Gobierno de la provincia anunció una liquidación para el haber mínimo del docente que recién inicia en 179 mil pesos, uno de los de mayor valor en el territorio nacional”.

Su coterránea Natalia Sarapura preguntó: “¿Qué hace el Gobierno nacional para mejorar los salarios de los docentes?”, y sostuvo que “el Gobierno provincial ha hecho una propuesta que supera la paritaria nacional”.

Pese a que se trata de dos provincias diferentes, Rossi evitó hablar del tema en profundidad y reiteró que “el último acuerdo paritario que se estableció en el Gobierno nacional es de $165.000 a partir de julio y el Gobierno nacional tiene un programa de compensación salarial docente”

El jefe del bloque Pro y precandidato a gobernador bonaerense, Cristian Ritondo, fue el último orador por parte del interbloque de JxC en la sesión informativa de este martes ante la visita al recinto del jefe de Gabinete, Agustín Rossi, para brindar su segundo informe de gestión ante Diputados.  “Estos 4 años solo se dedicaron a patear de manera irresponsable todos los temas de la Argentina para adelante”, le planteó el referente del Pro y lanzó munición gruesa contra al oficialismo.

En su disertación, Ritondo le agradeció a Rossi por “cumplir”, ya que “ha sido el primero de los tres que ha cumplido en tiempo”, pero le aclaró que eso “no cambia la historia”. “En estos casi 4 años cada jefe de Gabinete que vino acá nos contó un país al cual nosotros éramos ajenos, pero la sociedad argentina también era ajena”, comenzó.

“Estos 4 años solo se dedicaron a patear de manera irresponsable todos los temas de la Argentina para adelante y los problemas se fueron profundizando como la inseguridad, el desorden, el déficit, la deuda, la inflación, la pobreza”, lanzó.

En esa línea, cuestionó que “en el medio de esta crisis hay un presidente ausente que no sabemos dónde está, qué hace, para qué hace lo que dice, qué define, qué es lo que quiere, y mientras tanto todo un gobierno que se pelea donde un ministro dice ‘qué bueno estaría que se junten el presidente con el vicepresidente y el ministro de Economía’ algo que tendría que ser natural. En un país normal el presidente y la vice se juntan y el ministro de Economía es uno de los principales responsables del Ejecutivo, pero acá otro ministro de Obras Públicas tiene que pedirlo por los medios”.

“Mientras tanto los argentinos, bien gracias. La realidad es que todos los argentinos ven que los desafíos que va a tener el próximo Gobierno son todavía mayores a lo que tuvimos en el 2015”, alertó el precandidato a gobernador y disparó: “Este Gobierno profundizó los problemas. Hoy tenemos un déficit gigante, tenemos más cepos, más tipo de cambio, más pobreza, más inflación, más deuda, más inseguridad, pero menos salud, menos trabajo, menos educación”.

“Fueron 4 años tirados a la basura”, lanzó Ritondo y repasó algunos “aspectos de los relatos que tuvieron los jefes de Gabinete y que tiene el Gobierno”.

Así enumeró: “El verso de la falta de dólares y el FMI desde que asumió el dúo Fernández al FMI se le pagó solamente 820 millones en 4 años, pero solo el campo le dio 110 mil millones ¿me dicen qué hicieron con esa plata? Para parar el dólar Blue vendieron 4 mil palos, o sea el verso de que faltan dólares es una gran mentira”.

“De lo que fueron incapaces es hacer un plan económico en serio como dijo el primer ministro de Economía ‘puedo zanatear’ y vinieron a zanatear siempre, pero no le zanatearon al Congreso, les zanatearon a los argentinos. Lo único que hicieron en estos 4 años fue fumarse no solo esos 110 mil millones que puso el campo sino los 13 mil millones que dejaron de reserva. Nadie sabe en qué lo gastaron y para qué, la excusa es el FMI”, fustigó.

Y siguió: “Entre 2016 y 2019 decía Mario Negri que el endeudamiento promedio por año fue de 15 mil millones, ahora este Gobierno tiene un riesgo de 38 mil millones por año”, por lo que preguntó: “¿Cómo se explica la aceleración a 38 mil millones en este Gobierno? ¿qué hicieron con esa plata? ¿Cómo se explica la aceleración de la inflación?”.

“La inflación interanual es de 108% y la proyectada es 140%, resultado 20 millones de pobres. Dólar oficial de 60 a 256 se multiplicó por 4. Dólar Blue de 70 a 484 se multiplicó por 7. Hace falta 361 mil pesos para ser de clase media y 6 de cada 10 chicos son pobres en Argentina. Destruyeron la clase media”, criticó Ritondo.

Además, planteó que “3 millones de personas pasaron de tener prepaga a la atención pública y entre 2019 y2022 los padres de 850 mil chicos que mandaban a los chicos a escuelas de gestión privada hoy los tienen que mandar a la escuela púbica por no poder pagar. El 64% de los argentinos se endeuda para comer, no se endeuda para comprarse un auto o mejorar la casa o por un viaje, se endeuda para poder comer”.

“Por eso es tan diferente el país real del que ustedes describen”, afirmó y sumó: “En mayo el salario promedio pudo comprar un 30% menos de carne de diciembre del 2019. ¿No era usted que venía a poner el asado de los domingos? ya ni la parrilla les queda y prometen una argentina de la inversión”.

También, le enrostró que “muchas empresas se fueron del país por la presión tributaria como Wal-Mart, Falabella, Nike, Adidas, etc.  Más de la mitad del país vive con ayuda social, el 51.7 datos del Observatorio Social de la UCA”.

“Una Argentina que quiere producir necesita tener insumos, pero la Argentina de hoy todos los días es noticia que un sector de la producción nacional le falta insumos para producir y suspende en licencia a sus empleados, por eso no entiendo cuál es la Argentina que ven ustedes, no sé de dónde sacan los datos. Ej. dicen que aumentó el empleo, pero si vas a los datos de empleo privado recién ahora están alcanzado los niveles de abril de 2019, hubo aumento del gasto público y déficit fiscal. Si se registró un aumento a 2 millones y medio de monotributistas en esta gestión. A eso no le podemos decir generación de empleo”, siguió en otro tramo de su disertación.

Al cierre, les pidió: “No toquen más nada, háganse cargo, en diciembre se van y va a venir otro Gobierno, no toquen más porque es insostenible tener empresas públicas de mala gestión, mal resultado y un gasto único. Es imposible que si no cambian tener un resultado distinto”.

“En materia de seguridad lo sabe muy bien en Rosario y conurbano donde los narcos se adueñan de los barrios, de todos los que liberaron en la ocasión de la pandemia han hecho un desastre en la provincia.  A la gente de bien que sale a laburar no los protege nadie, no creen en las políticas de seguridad y solo se colocan del lado del delincuente”, aseguró el dirigente del Pro.

Y cerró: “En educación el 46% de los chicos no alcanza el nivel mino en 3er grado de lectura, ¿en qué le fue bien? porque los demás países también tuvieron guerra y sequias y el resultado fue otro. ¿Por qué no dicen que hicieron un rejunte para ir al Gobierno? La que conduce es la vicepresidenta y el presidente es un pajarito no decide nada y el otro que tiene poder es ministro de Economía porque no había nadie que quería agarrar las riendas”.

La Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios, presidida por la diputada Mariana Zuvic (CC-ARI), volverá a reunirse este martes en busca de un dictamen unificado para crear un sistema de Trazabilidad de la Pesca.

El encuentro está pautado para las 11 en la Sala 2 del Anexo A “Juan Carlos Pugliese”, en el que se pondrán a consideración dos proyectos. Uno de ellos es de autoría del diputado oficialista Carlos Selva, el otro corresponde a la radical Ximena García, por lo que se buscará un dictamen consensuado para que gire y tenga tratamiento en la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

El tema comenzó a ser debatido en una reunión informativa con representantes del SENASA y funcionarios de la Subsecretaría de Pesca y acuicultura de la Nación el 8 de noviembre de 2022. Ocho días después la iniciativa fue debatida entre diputados, pero hubo disidencias por parte de alguno de ellos que propusieron una serie de modificaciones y aclaraciones a la redacción del texto.

Al respecto, parlamentario.com pudo saber por parte de un miembro de la comisión que la idea de la misma será buscar el dictamen unificado.

El Grupo Parlamentario de Amistad con Emiratos Árabes se constituyó este lunes tras una reunión que mantuvieron en el Salón Delia Parodi, siendo elegida como presidenta la diputada Anahí Costa (FdT – Catamarca). Luego recibieron a la ministra para la Cooperación Internacional de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), Reem Al Hashimy.

El objetivo del encuentro de trabajo fue fortalecer los vínculos bilaterales entre ambas naciones a través de una agenda de diplomacia parlamentaria enfocada en el aumento y diversificación del comercio bilateral, la promoción de inversiones productivas, la identificación de proyectos regionales para el financiamiento de infraestructura, así como también la búsqueda de posiciones comunes en foros multilaterales en cuestiones de interés mutuo como género y el medio ambiente.

La delegación argentina estuvo compuesta por los diputados nacionales Eduardo Valdés, presidente de la Comisión de RREE; Soher El Sukaria, vicepresidenta del GPA; Agustina Propato, Carlos Fernández y Silvana Ginocchio, junto al director general de Diplomacia Parlamentaria, Ariel Sotelo. En tanto que la ministra llegó al Congreso acompañada por el Embajador Saeed Saif Alqemzi.

Durante el encuentro, la presidenta del GPA destacó el volumen del intercambio bilateral que alcanzó en 2022 los USD 1.814 millones con un saldo favorable para nuestro país. No obstante, propuso a la ministra emiratí trabajar desde el GPA, que cuenta con representantes de distintas provincias de la Argentina, para “explotar todo el potencial del comercio bilateral de forma que más productos y servicios regionales lleguen a Emiratos Árabes”.

En este sentido, los integrantes del grupo destacaron, por ejemplo, la capacidad de las empresas argentinas productoras de alimentos de todo el país para abastecer con bienes de elevado valor agregado a un mercado de 10 millones de habitantes que funciona, a su vez, como un logístico regional.

Asimismo, tanto la ministra Al Hashimy como los parlamentarios argentinos coincidieron en la necesidad de trabajar en conjunto para promover una mayor cooperación, tanto pública como privada, con el objetivo de aumentar el nivel de inversiones emiratíes en el país en sectores estratégicos como energía, alimentos, salud, infraestructura y turismo.

Al respecto, pusieron en valor el rol del fondo soberano de inversión de los Emiratos Árabes, el cual ya tiene presencia en la Argentina tanto en obras de infraestructura como en el sector privado.

Finalmente, dialogaron sobre la agenda de género la cual ocupa un lugar prioritario para el desarrollo de políticas públicas en ambos países. Al respecto, la delegación emiratí destacó la paridad de género vigente en El Consejo Nacional Federal, máximo órgano legislativo, así como las leyes y enmiendas que ha impulsado el país en los últimos años.

En este sentido, cabe destacar que, en septiembre del 2022, la ministra Al Hashimy se convirtió en la primera política de EAU en pronunciar un discurso en representación de su país ante la Asamblea General de la ONU. En este marco, ambas delegaciones acordaron incluir el intercambio de experiencias en materia de género en la agenda de trabajo bilateral a futuro, así como también coordinar posiciones de interés común en foros globales como la Unión Interparlamentaria.

Legisladores integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores y del Grupo Parlamentario de Amistad con la República Portuguesa recibieron en el Salón de Honor a la ministra de Estado y Presidencia de Portugal, Mariana Guimarães Vieira da Silva, para fortalecer los lazos económicos, políticos y parlamentarios.

La reunión se dio en el marco de la visita de la ministra a nuestro país donde tendrá reuniones con diversas autoridades nacionales e integrantes de la comunidad portuguesa.

Durante el encuentro de trabajo, ambas delegaciones resaltaron el vínculo especial que une a ambos países, dado que Portugal fue la primera nación en reconocer la independencia argentina el 28 de julio de 1821. Desde entonces, coincidieron, la relación se ha mantenido siempre en excelentes términos y se han ampliado los espacios de cooperación tanto a nivel bilateral como en el ámbito iberoamericano.

Es que Argentina y Portugal comparten valores y preocupaciones a nivel internacional en diversas temáticas como la defensa de los derechos humanos, la promoción de políticas orientadas a la igualdad de género y la lucha contra el cambio climático. En este marco, pusieron en valor el rol de la diplomacia parlamentaria como instrumento representativo y federal que ayude a dinamizar la agenda de trabajo común. Por ello, se comprometieron a organizar a la mayor brevedad posible un encuentro entre los Grupos Parlamentarios de Amistad de la Honorable Cámara de Diputados y de la Asamblea de la República de Portugal.

Asimismo, las delegaciones compartieron experiencias legislativas y de políticas públicas respecto a diversos puntos de interés vinculados a cuestiones habitacionales en grandes centros urbanos y la ampliación de derechos laborales.

En términos comerciales, por su parte, destacaron que el intercambio de bienes y servicios se encuentra aún lejos de su potencial considerando la complementariedad de ambas economías. En este sentido, coincidieron en la necesidad de ampliar espacios de cooperación en sectores clave para el desarrollo como energía, minería y turismo.

A su vez, señalaron la importancia del Acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea como herramienta para “dinamizar el vínculo económico-comercial”, pero teniendo en cuenta la “necesidad de lograr un acuerdo equilibrado que sea mutuamente beneficioso para el desarrollo de nuestros ciudadanos y ciudadanas”.

Participaron del encuentro el presidente del Bloque del FdT, Germán Martínez, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, Eduardo Valdés, la presidenta del Grupo de Amistad con Portugal, Claudia Ormachea, el vicepresidente del GPA, Juan Martín, las vocales Jimena Latorre, María de las Mercedes Joury y Gabriela Pedrali, acompañados por el director general de Diplomacia Parlamentaria de la HCDN, Ariel Sotelo. Asimismo, fueron parte de la delegación portuguesa el jefe de Gabinete del Ministerio, Miguel Cabrita, y el Embajador de Portugal en Argentina, José Ludovice.

Mariana Guimarães Vieira da Silva estudió sociología y se doctoró en políticas públicas en el Instituto Universitario de Lisboa. Fue investigadora del Centro de Investigación en Sociología de la misma casa de estudios, donde se especializó en políticas de salud y educación. Entre 2005 y 2009 trabajó como asesora de la ministra de Educación y, luego, como adjunta del secretario de Estado Adjunto del primer ministro. En 2019 fue designada ministra de Modernización para luego, a finales de ese año, asumir como ministra de Estado y Presidencia, cargo que ocupa hasta la actualidad.

La Comisión de Agricultura y Ganadería de Diputados, presidida por el radical formoseño Ricardo Buryaile, llevó a cabo este miércoles en la Sala 1 del Anexo de la Cámara baja, una reunión informativa junto a representantes del sector agropecuario.

Al encuentro asistieron como miembros de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina (FADA) su presidente Gustavo Vitelli, y David Miazzo, economista jefe de FADA; “a fin de considerar la situación impositiva del sector agropecuario, su impacto en la producción y en la economía nacional”.

Al inicio del encuentro, Buryaile agradeció la presencia de los diputados porque “es una fecha complicada”, e hizo particular el agradecimiento al presidente del bloque oficialista, Germán Martínez. También al senador Alfredo De Angeli “por acompañarnos”.

Buryaile contó que el encuentro se gestó luego de un llamado de Miazzo para poder plantear en el marco de la comisión la inquietud y un análisis de la situación del sector por los derechos de exportación. “No pensé que íbamos a estar tan holgados las dos frentes de la cámara”, expresó el radical.

“Mi espíritu como presidente y, calculo que los que están acá de la comisión, una de las cosas que se plantean es que previo a la discusión política hay sustento técnico para hacerlo y posicionamientos políticos para hacerlo. Hoy esta acá una fundación que va a hablar de por qué cree que el tratamiento de los derechos de exportación va en un sentido, con mucho gusto esta comisión se va a abrir para el que crea que va en otro sentido y para el que quiera exponer situación que comparta o no el oficialismo y la oposición”, planteó Buryaile.

En tanto, sostuvo: “Lo que sucede es que los oficialismos en las cámaras cuando son circunstanciales a breves por cuestiones políticas se les da un tratamiento de mayor celeridad sin el debido debate de las cuestiones y las leyes no son todo lo buena que quizás debiéramos sacarlas”.

En un párrafo aparte, el formoseño saludó a los periodistas presentes en su día: “Mi compromiso y mi respeto hacia quienes siempre buscan la verdad, que informan la verdad y tienen una opinión desde sus convicciones”.

A su vez, el formoseño ratificó que “la comisión va a estar abierta para todo aquel que quiera venir a exponer algo que haga a los intereses relativos a los que maneja la comisión”.

Retenciones cero

El presidente de la Fundación Barbechando, Germán Paats, sostuvo: “Vamos a escuchar una idea que nos permita empezar a pensar una Argentina distinta donde tenemos que volver a plantear todos los temas arriba de la mesa”, e invitó a los legisladores el 27 de junio en la Bolsa de cereales de Buenos Aires al primer Congreso de Políticas Públicas para la AgroBioindustria con el objetivo de mostrarle a la política los ejemplos de países como Brasil que “hicieron las cosas distintas y cómo han evolucionado en los 20 años”. También adelantó que propondrán ideas para “una Argentina grande, en crecimiento, desarrollo” porque “tenemos todas las herramientas para hacerlo, pero hay que hacerlo en conjunto con la política”.

A su turno, Gustavo Vitelli en su carácter de presidente de FADA explicó que es una organización sin fines de lucro que nació hace 14 años en Río Cuarto “dedicada especialmente a la elaboración de políticas públicas con una mirada general y no sectorial. Tratamos de mantener una mirada general para toda la comunidad. Es una perspectiva federal”.

También informó que cuentan con un equipo económico que se encargan de elaborar proyectos, informes y análisis para elaborar las propuestas de políticas públicas. “Tratamos de poner nuestro grano de área para tener mejores políticas públicas para hacer crecer al país”, resaltó y agregó: “En todos esos trabajamos que venimos haciendo, venimos advirtiendo que la otrora competitividad del agro argentino que lo tenemos como un hecho ya no es tanto”.

“Hoy hemos perdido mucho terreno con nuestros vecinos y competidores internacionales y queremos revertir la situación y eso lo hacemos con datos”, planteó Vitelli y contó que se le pidió al equipo económico que analicen el impacto de las decisiones a tomar de manera tal que “la consideremos viable y sujetar todas las mejoras”.

Y sumó: “Queremos tratar de abrir el juego desde otro ángulo mirando las externalidades positivas que pueden tener las medidas. Estamos abiertos a cualquier opinión y a disposición de lo que crean necesario porque buena parte de nuestro trabajo es apoyar a los dirigentes que tienen necesidades de información o proyectos”.

A continuación, fue el turno del economista jefe de FADA, David Miazzo, explicó las cuatro claves para “crecer” y generar medio millón de puestos de trabajo.

“¿Cuánto puede producir Argentina?”, preguntó y procedió a detallar: “En términos de granos podemos llegar a producir 213 millones de toneladas, eso es un 56% más de lo que producimos hoy, parte por el aumento de la superficie producto de una mayor rentabilidad que permita que áreas que hoy no están en producción producto de las distancias de fletes, condiciones de clima y suelo, más un cierre de brechas productivas de rindes por mayor uso de tecnología, fertilizantes, semillas y también el riego que puede generar que la producción crezca”.

“También podríamos producir 1 millón más de toneladas de carne bovina, incrementar 1 millón más de carne porcina, el corte de biodiesel lo podemos llevar hasta un 15% y en el caso de bioetanol hasta un 20%. Tenemos más de una docena de economías regionales de las cuales se podrían hablar de impactos”, precisó Miazzo.

En otro ejemplo, sostuvo que un 56% de aumento de la producción cuando “se quitaron los derechos de exportación y las restricciones a las exportaciones de maíz y trigo en solo tres campañas la producción de maíz se incrementó un 68% y la del trigo un 46%. Podemos lograr este incremento de producción en 10 años “.

Al hacer una comparación con Brasil, planteó como interrogante dónde estaría Argentina si en los últimos 20 años se hubiese comportado con la producción agrícola de la misma manera que el país vecino. Entonces, detalló: “El año pasado hubiésemos producido un 66% más, con 34 mil millones de dólares adicionales por año de exportaciones. Cerca de la mitad de las discusiones económicas que hoy tenemos, no las tendríamos si el año pasado Argentina hubiese sido capaz de generar 34 mil millones de dólares adicionales de exportaciones”.

“Estos incrementos de producción, solo en las cadenas de granos, estimamos que en 10 años pueden llegar a generar 370 mil nuevos puestos de trabajo adicionales a los 3,7 millones de trabajos que hoy generan las cadenas agropecuarias y agroindustriales”, precisó el economista.

Al respecto, precisó que esos puestos de trabajo se distribuyen en las producciones de soja, maíz, cebada, girasol, trigo y enumeró que los puestos de trabajo se distribuyen en huerteros, productores, tamberos, veterinarios, operarios, transportistas, abogados, aceiteros, molineros entre otros tanto. “Para graficar la complejidad que tiene la cadena agropecuaria y cuando hablamos de incrementar la producción no solo hablamos de una persona más, sino toda esa cadena compleja”, planteó.

En esa línea, sostuvo que esos impactos se verían en los primeros años cuatro años y el 56% de producción se generaría el 27% de aumento de producción y llevarla a 174 millones de toneladas y, en 10 años, serían 76 millones de toneladas adicionales lo que genera “un mayor valor de producción a la Argentina de 36 mil millones de dólares que implicaría llevar la producción de 55 mil millones de dólares a 85 mil millones de dólares. Son números similares a lo que se habla de Vaca Muerta”.

“En los próximos cuatro años, solamente esto estaría adicionando 2,4 puntos al PBI y estaría aportando un año de crecimiento. Después se necesitan el resto de las actividades económicas”, ejemplificó Miazzo.

También planteó que, en inversión en insumos, significaría que el mercado debería crecer hasta 7 mil millones de dólares adicionales por año y agrego que “hay estudios que hablan de montos superiores a este”. “Solo la maquinaria agrícola nueva para el pequeño incremento de superficie son mil millones de dólares adicionales y la renovación de la maquinaria. Esto es industria, metal mecánico. Son sectores que se dinamizan”, afirmó.

Sobre la logística dijo que “mover estos millones de toneladas adicionales significan 3 millones de fletes lo que es un gran desafío en la infraestructura del transporte. Si lo ponemos en números estamos hablando de 14 mil millones de dólares a lo largo de los próximos 10 años que crecería el mercado de fletes y logística, pensemos en los impactos indirectos que son combustible, neumáticos”.

“Si a este ejemplo sobre granos, les sumamos los biocombustibles y carnes estamos hablando de otros 7 mil millones de dólares, un PBI que en estos 10 años agregaría 7 puntos y en puestos de trabajo se vería más la diferencia se iría a 544 mil puestos que se pueden generar con estos niveles de producción”, planteó Miazzo y sumó: “Esto podría cambiar la dinámica porque hoy una gran preocupación de los argentinos es el salario porque llevamos 6 años donde cae, y una de las maneras genuinas de que el salario crezca y mejore es si somos capaces de generar más producción, riqueza, trabajo que es una gran preocupación”.

Al respecto, contó que hay cuatro políticas de base para lograr esto: “Cero retenciones, cero restricciones, un dólar y reglas claras de juego”. Y las complementarias son: “Apertura de mercados, impuestos distorsivos, infraestructura de transporte, seguros, fertilizantes, riegos, genética, biocombustibles, conectividad”.

“Todas políticas que, si no se dan sobre una base fuerte de las cuatro medidas, solo terminan actuando en el margen y solucionando problemas no tan significativos”, analizó. Así, planteó que de estas cuatro claves el “mayor desafío se presenta en 0 retenciones dada la situación de déficit fiscal y de inestabilidad económica que hay. Es el principal desafío”.

“Para amortiguar el impacto fiscal de esa clave de retenciones cero trajimos como propuesta bajar de manera inmediata 12 puntos a todos los productos lo que significa la eliminación de los derechos de exportación en todos los productos menos en soja y, en el caso de soja, que vaya al 21 de manera inmediata”, propuso y explicó que “esto es básicamente porque la soja es la más significativa de la graduación y limitamos el desarrollo productivo de muchas actividades cuando en términos de caja no termina de significar tanto”.

Para la soja, que quedará en 21%, propusieron “eliminar el impuesto y reemplazar de forma transitoria por cuatro años por un mecanismo transitorio un pago a cuenta de impuestos que en un futuro se pueda utilizar. El Estado puede otorgar un certificado que sería de aplicación decreciente para que vaya a cero, que pueda ser transferible, nominado en dólares para que tenga algún valor y a partir del 5to año pueda ser utilizado en cuotas para el pago de impuestos o que se empiece a amortizar en cuotas y así desaparece el derecho de exportación como impuesto y, de manera transitoria, queda un mecanismo que permite amortiguar el impacto fiscal”.

Miazzo detalló que la entrega del certificado de crédito fiscal, como mecanismo transitorio para amortiguar el impacto fiscal, amortigua el impacto en la caja del Estado, crece la recaudación por otros impuestos y mayor actividad económica, el productor recibe mayor ingreso, hay un incentivo a producir más.

La palabra de los diputados

El radical Víctor Romero (Córdoba) sostuvo que “todos tenemos que aspirar a la mejora en el sector agropecuario porque es la salida que tiene la Argentina”. “Todo como un aspecto positivo unificar las políticas de tipo de cambio porque no hay posibilidad de proyectar una mejora si mantenemos la macroeconómica como esta y, claramente, la inestabilidad no hay posibilidad de inversión”.

“La baja de retenciones tiene que ir con una baja del gasto público, de una eficiencia del gasto en sí. También de una política integral porque tenemos un 40% de informalidad laboral”, consideró Romero.

El diputado Fabio Quetglas (UCR) destacó el proyecto, pero planteó que “cuando hay que hacer una política pública hay que pensar en ganadores y perdedores y largo y corto plazo porque la gran limitante que tuvo este tipo de iniciativas es que lo que es una patología para la economía agropecuaria es una protección al industrialismo obsoleto. Hay un montón de perdedores que, si es más larga que los ganadores, produce bloqueo político”.

El presidente de CARBIO, Luis Zubizarreta, manifestó que “no es justo que se discriminar a un producto como la soja que es nuestro futuro y desarrollo, pero tampoco podemos discriminar al sector industrial cargándole todos estos millones de impuestos y que los demás no contribuyan. Esto patea el avispero para seguir trabajando y se reparta más equitativo todo para desarrollar los sectores competitivos”.

Luego de dos semanas sin reunirse, se espera que este martes 6 de junio se reanude la actividad en la Comisión de Juicio Político, para realizar lo que a priori sería la última reunión sobre supuestas irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación.

El último encuentro de esta comisión se realizó el jueves 18 de mayo, oportunidad en la que se registró la declaración del exdirector de la OSPJN Aldo Tonón, quien se había negado a asistir en las tres citaciones anteriores. Luego se decidió saltear la semana del 25 de Mayo, por el feriado largo, y el martes pasado se suspendió el encuentro porque no podían asistir dos diputados del oficialismo por razones de salud –Vanesa Siley y Eduardo Valdés-. Y como la presidenta de la Cámara está en el exterior no se podían designar reemplazos.

Ahora se prevé que este martes vuelva a reunirse la comisión, en su día y horario habitual (las 13), en la Sala 1 del segundo piso del anexo “A”, en el marco del juicio político que el 26 de enero de este año se inició contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Daniel Rosatti, Carlos Fernando Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Luis Lorenzetti por las causales previstas en el Art. 53 de la Constitución Nacional.

Seis son los testigos citados para la reunión: la doctora Marta Herrera Alem, exdirectora y vicepresidenta de la OSPJN; María Guadalupe Burgos, funcionaria de la OSPJN; el contador público Iván Nicolás Ritvo; el doctor Néstor Fasciolo, funcionario de la Asesoría Jurídica de la OSPJN, la doctora María Marcela Viano Carlomagno, en su condición de damnificada de la OSPJN, y María Susana Villaruel, secretaria letrada de la vocalía del Dr. Maqueda.

Si bien, como dijimos, se espera que esta sea la última reunión temática sobre el tema Obra Social, el número elevado de testigos pone en duda que así sea. En todo caso y de cumplirse el cronograma establecido, se pasaría a partir de la semana venidera al siguiente tema: coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires.

La Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios de la Cámara de Diputados se reunió este jueves en la Sala 2 del Anexo para debatir sobre el “Reciclado de Residuos de Artes de Pesca”, teniendo a consideración un proyecto de la diputada Mariana Zuvic sobre Presupuestos Mínimos para la Gestión Ambiental de Residuos de Artes de Pesca.

Al encuentro, presidido por la legisladora Zuvic (CC-ARI), asistieron y disertaron funcionarios y representantes del sector privado: Julián Suárez, director nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera, el director del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), Oscar Padín; la directora nacional de investigación del INIDEP, Claudia Carozza; y el jefe del Programa Artes de Pesca del INIDEP, Ricardo Roth.

La lista de oradores se completó con Gabriel Capello, subgerente comercial de Moscuzza Artes de Pesca; Diego Taboada, presidente del Instituto de Conservación de Ballenas; y Consuelo Bilbao, directora Política del Círculo de Políticas Ambientales.

Al inicio de la reunión, Zuvic sostuvo que “esta comisión da garantías siempre y, es algo que nos comprometimos conjuntamente con la vicepresidenta de la comisión Marcela Passo, que sea un trabajo participativo, colaborativo y representativo de todos los sectores y todas las voces para que podamos en conjunto con los diputados quienes, en virtud de este proyecto, hemos recibido un montón de aportes y poder construir y elaborar una ley robusta y que le dé garantías a todos los sectores y los protagonistas que son los que están aquí presentes para abordar el tema”.

Respecto al proyecto de su autoría, comentó que fue apoyado por más de una docena de diputados. “Hemos recibido comentarios tanto de Moscuzza como de la Subsecretaría de Pesca”, agregó Zuvic y agradeció la presencia de Julián Suárez y destacó que, respecto a la temática, “él ha avanzado, y esto es un hito importante en el país y a nivel internacional, con la disposición 4 del 2023 respecto de la trazabilidad que está incorporado dentro del articulado del proyecto”.

“Estamos a disposición para trabajar junto al INIDEP, a Moscuzza y a todos los presentes en un equipo de trabajo porque sabemos que este proyecto es bastante ambicioso y requiere de la participación y protagonismo de todos”, sumó la titular de la comisión.

Respecto de las Artes de Pesca, explicó que “están abandonadas, perdidas y descartadas generan enormes daños al ambiente, a la salud. En la economía se estiman que, aproximadamente, de 640 mil toneladas abandonadas o perdidas en los océanos”. Así, precisó que el objetivo del proyecto es “gestionar los residuos generados por las artes de pesca. Es un proyecto bastante ambicioso porque buscamos, a través de la implementación del principio responsabilidad extendida al productor. Es complejo, motivo por el cual requerimos la participación de todos los actores”.

“Esto permite englobar a todo un universo de residuos que son plásticos y micro plásticos que llega a la cadena alimentaria y pude ser absolutamente nocivo para la salud de las personas”, alertó Zuvic.

 La vicepresidenta de la comisión, la oficialista Marcela Passo, consideró que “es un tema muy importante porque la gestión de los residuos en general es un tema que nos obliga a ocuparnos cuanto más interesantes se vuelven cuando se hace el abordaje con los sectores en particular”.

También celebró la presencia, el interés y la participación de los invitados lo cual “da cuenta de la preocupación y ocupación en el tema para que podamos arribar a la mejor norma posible”, y ratificó que el compromiso es generar equipos de trabajo para “poder escucharlos y arribar a la mejor conclusión posible”.

La palabra de los referentes de la Subsecretaria de Pesca

Abrió la ronda de expositores Julián Suárez, director nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera, quien puso a consideración uno de los hitos de gestión que se llevó a cabo desde la Subsecretaría de Pesca porque “como país, y esto nos tiene que llenar de orgullo, nos hemos convertido en el primer país en regular el mercado de pesca y arrastre en consonancia con las directrices que ha emitido la FAO a nivel internacional”.

Al respecto, señaló que fue un trabajo “arduo, complejo” que “nos llevó a viajar por nuestro litoral marítimo”, y a encontrarse con todos los eslabones que componen la labor pesquera. “Se ha convertido en una característica destacada de la gestión de tener esta visión y accionar inclusivo de cara a cada uno de los sectores”, planteó.

Al referirse a los invitados presentes, destacó que “han traído a la mesa propuestas, críticas constructivas, que nos permitieron arribar al dictado de una norma que goza de total legalidad y gran legitimidad que también nos tiene que llenar de orgullo”.

Por otro lado, recordó que comenzaron a trabajar la temática en 2021 tomando como base un proyecto elaborado por el equipo del INIDEP que “había trabajado durante años y fue el mercado de las artes de pesca que se utilizan para la captura de la especie centolla en nuestro país y fue la primera experiencia exitosa de mercado de artes de pesca. También es la primera regulación de la historia pesquera en el país que se encarga de normar el mercado de arte de pesca. Esto fue una evolución muy importante en la cual nos hemos sustentado para continuar avanzando con las artes de pesca de arrastre que son las que predominan en el Mar Argentino en la jurisdicción nacional”.

“Somos conscientes que la actividad pesquera es una actividad productiva que genera cierto grado de contaminación, no acá en la Argentina únicamente sino a nivel internacional. Es un flagelo que se atraviesa a nivel internacional y por eso la FAO estuvo emitiendo sus directrices internacionales para que los países pesqueros adopten medidas y las incorporen internamente”, informó Suárez.

En esa línea, precisó que en eso estuvieron trabajando desde junio del 2022 viajando a las ciudades pesqueras, conversando con los actores y arribar a la Disposición 4 que “regula el mercado de las artes de pesca, el mercado de las boyas y de los portones que son los equipos de pesca. Fuimos un poco más allá porque hace a todo el equipo”.

“La pérdida de arte de pesca es incidental. La realidad es que los equipos son muy costosos. Las embarcaciones no pierden las artes de pesca de manera intencional o el abandono, sino que pueden existir casos fortuitos o de causa mayor por las cuales se terminan perdiendo como la inclemencia climática en altamar”, manifestó Suárez.

También contó que implementaron el año pasado una reglamentación de cara al equipamiento que deben tener los buques pesqueros antes de despachar la pesca en la jurisdicción nacional, para el recupero de todo tipo de elementos que “es la gran utilización de bicheros poniendo el valor vida por encima del plástico”.

“Hemos reglamentado en las 3 disposiciones cuál es el accionar que debe tener el armador, el capitán del barco, al momento de encontrar un elemento de arte de pesca abandonada o perdida. Debe informar a la Prefectura Naval Argentina y a la dirección a mi cargo para que se pueda poner a conocimiento del propietario de esa arte de pesca para su reutilización, reciclado y disposición final del arte de pesca, todo ello enmarcado en una economía circular”, detalló.

En tanto, planteó que Argentina “tiene la capacidad para desarrollar ese tipo de industria y ese círculo virtuoso se culmine en nuestro propio país, agregando valor, generando trabajo, ahorrar divisas y tiempo”.

Por último, se refirió a la trazabilidad de la pesca y señaló que “era importante hacer visibles a quienes eran invisibles históricamente porque en la Administración Pública Nacional nunca se tuvo en consideración al redero y hemos creado un registro para que todos del país se inscriban en el registro y obtengan un código de identificación. El proyecto elaborado se complementa muy bien al del Ejecutivo. Una ley de este estilo será muy beneficiosa para complementar el trabajo y que no quede inconclusa el factor ambiental”.

Representantes del INIDEP

A su turno, el director del INIDEP, el licenciado Oscar Padín, agradeció a todas las empresas que los siguen ayudando, a la Prefectura, a la Fundación de Conservación de Ballenas y otros actores que “son sustantivos para avanzar en estas ideas y conceptos”.

Padín explicó que el INIDEP es un Instituto de Investigación, pero también “es una oficina que tiene que cumplir con todas las normas del Estado, no es una empresa privada, y tenemos todas las consideraciones que se deben cumplir para poder seguir actuando, no solo como un instituto de investigación científica, sino también como un armador de buques”.

A continuación, tomó la palabra la directora nacional de investigación del INIDEP, Claudia Carozza, contó que cuentan con 30 programas de investigación y 10 gabinetes que sustentan toda la investigación pesquera y oceanográfica.

“Nuestro país tiene 3 buques de investigación, dos de última generación. Tenemos relevado todo el Mar Argentino con lo cual hay mucha información. Es un orgullo comentar esto en esta comisión”, destacó.

Asimismo, se refirió a los micro plásticos: “Tenemos un especialista en este tema y estamos tratando de fortalecer el grupo y algunos resultados preliminares indican que hay mucha concentración de micro plásticos en las zonas donde hay encuentros de corrientes que son los lugares más productivos del Mar Argentino donde se producen todos los aspectos relevantes para el ciclo de vida de las especies, la concentración de las crías. En esos lugares donde mayormente de han encontrado la concentración de micro plásticos y las mayores partículas vienen de fibras textiles”.

De forma breve, el ingeniero y jefe del programa de Artes de Pesca del INIDEP, Ricardo Roth, celebró la oportunidad de participar en la elaboración del proyecto, corrección y sugerencias y expresó predisposición en colaborar en lo que necesiten.

Moscuzza Artes de Pesca

Por otro lado, disertó Gabriel Capello, subgerente comercial de Moscuzza Artes de Pesca, indicó que “en principio logramos entender que hay un problema con las Artes de Pesca que tenemos que solucionarlo de alguna manera”.

“Al leer el proyecto de ley, me surgieron algunas cosas para poder aclarar de las redes y del mercado”, adelantó Capello y contó: “Hoy logramos de voluntad propia y sin ninguna imposición generar un circuito de reciclado de pesca de la mano de dos empresas que nos han aportado su visión ambientalista y lograron hacer un nexo entre privados”.

Capello explicó que la empresa se dedica a la fabricación de las redes y afirmó que “en esa fabricación hay un desperdicio, pero es de materia prima virgen. Ese desperdicio se logra colocar en algunos recicladores que son del país”. Luego, precisó que esas redes “van a los rederos o pesqueras que son los que confeccionan el arte de pesca. Esa confección también puede tener un mínimo desperdicio porque es material caro”.

“El tercer momento que genera residuos es cuando se reparan esas artes de pesca, se cambian porciones de la red y nosotros recolectamos. El mayor momento de generación de residuos es cuando un arte de pesca completo no sirve más son muchas toneladas de redes que quedan en los depósitos de las empresas”, planteó y agregó que ahí empezaron a ver que había una posibilidad de recuperar eso.

Y añadió: “En algún momento pensamos en poner una planta de reciclado, pero el mayor problema que se encuentra es que no hay un gran volumen para justificar un montón de gastos que requiere”. Así, comentó que la decisión que tomaron fue que “cuando entregamos mercadería a los clientes ese flete negativo con camiones propios lo usamos para traer mercadería de los clientes hacia Mar del Plata, Buenos Aires, etc. Decidimos dejar eso de lado y empezar a traer las redes para reciclar. En ese momento empezamos a copiar redes para reciclar, pero nos encontramos que no teníamos dónde colocarlas”.

“El material es muy variable y las cantidades anuales que se pueden conseguir tampoco son fijas porque dependen mucho del lugar dónde vayan a pescar, el cupo de pesca que tengan, depende de la necesidad de ventas, hay un montón de fatores que hacen que un año sean tantas toneladas para reciclar y al otro año sean otras. Si sabemos que puede haber entre 200 y 300 toneladas anuales de redes para reciclar, es lo que tenemos calculado. Ese volumen es muy complejo para poner una planta y no justifica una inversión para poder reciclar el material, son costos enormes porque hay que separar poliestireno de nylon, separar boyas, empaquetarlo y despacharlo”, explayó Capello.

Así, aseguró que “ese proceso lo hace Moscuzza y tiene un costo más el trabajo de recibir redes, volver a cortarlas, limpiarlas, generar de nuevo la materia prima, genera que el costo de esa materia prima sea mucho mayor que el costo mayor de la materia prima virgen. Entonces el mercado que hay que lograr para poder pagarlo”.

“En Argentina no existe algo así y tenemos aún problemas de jurisdicción porque en Ushuaia tenemos más de 40 toneladas de redes que siguen ahí y hace varios años queremos traerlas, pero nos piden que paguemos impuestos o que se rompan de manera tal que es imposible”, alertó Capello.

Sobre el proyecto que plantea que esas redes se utilicen para otra función como un gallinero, explicó que el problema es que “una vez que sale del mercado de la pesca, le perdemos el rastro. Son materiales desgastados que rápidamente se van a convertir en basura y van a ser descartados y volvemos a tener basura”.  También planteó que utilizar la materia prima para redes nuevas tampoco se puede porque “se generarían redes de menor calidad, es decir, que se rompen más rápido, van a ser más pesadas y vamos a tener el doble de basura”.

Sobre los materiales bio degradables precisó que “también tienen el mismo problema porque no tienen la misma resistencia, no duran lo mismo y serían basura rápidamente y no estaríamos solucionando el problema”.

“Logramos recuperar 200 toneladas de redes, pero se logró con un consenso entre los privados, los rederos, las pesqueras, y pensamos que con ese consenso que la ley tenga ese consenso general que siga siendo no por un tema de imposición o castigo, sino que sea por beneficios sería buenos que estén relacionados con la compra de material nacional. Espero que se pueda seguir trabajando en una ley que nos aporte y nos ayude”, cerró el subgerente comercial.

El impacto en la biodiversidad

Asimismo, Diego Taboada, presidente del Instituto de Conservación de Ballenas que realizó alianza con la empresa Moscuzza para reciclar; se expresó sobre la situación de la fauna marina. “Se estima que mueren más de 135 mil ballenas, defines y otros mamíferos marinos atrapados en estas redes”.

 “A nivel mundial aproximadamente el 45% de todos los animales marinos de la lista roja de especies amenazadas se han visto afectados por equipos de pesca perdidos o abandonados”, aseveró y añadió: “Debemos contar con lugares de disposición adecuado. En cada instancia de proceso industrial de la pesca tiene que haber infraestructura apropiada. Es uno de los principales reclamos del sector portuario y es una cuestión de poder segregar bien los materiales”.

También alertó que la contaminación plástica es uno de los problemas ambientales globales de más rápido crecimiento, ya que se estima que 11 millones de toneladas de plástico ingresan al océano por año, siendo un 10% de origen pesquero y 640.000 toneladas corresponden a aparejos de pesca abandonados.

Consuelo Bilbao, directora Política del Círculo de Políticas Ambientales, habló de la responsabilidad extendida del productor, en donde se enmarca el proyecto. Y consideró importante “dar solución a la gestión del material plástico para ir hacia una transición sustentable y circular”.

 “La contaminación va mayormente al mar, el 80% de los residuos que caen al mar son de origen terrestre, el 20% son de origen marítimo. El 10% de ese porcentaje la FAO define que son artes de pesca y que, dentro de todas estas fuentes de contaminación, la más dañina para el ecosistema marino son las artes de pesca”, agregó Bilbao.

 Además, participaron Roxana Schteinbarg del instituto conservación de ballenas; Luis Giorgetti, redero en artes de pesca, entre otros.

¿Qué son las artes de pesca?

Es todo lo que se usa para capturar peces. Hay artes de pesca deportiva, que se hace con caña; las artes de pesca comerciales o artesanales, en la que se utilizan redes, o canastos; el palangre.

El proyecto tiene por objeto establecer los presupuestos mínimos de protección ambiental en los términos del artículo 41 de la Constitución Nacional para la gestión de los residuos de artes de pesca a través de la implementación del principio de responsabilidad extendida del productor, con la finalidad de proteger la salud de las personas y del ambiente.

Objetivos de la ley:

• Minimizar hasta reducir a cero el abandono y/o disposición final de artes de pesca, ya sea en el ecosistema marino y/o costero como en los vertederos de residuos, aplicando los conocimientos y mejores técnicas disponibles para su reutilización, tratamiento y reciclado;
• Fomentar la utilización de materiales de mayor durabilidad, cuyo proceso de reciclado sea el más eficiente, y cuyo impacto ambiental durante su ciclo de vida sea el mínimo;
• Promover la utilización de materiales biodegradables en la conformación de las artes de pesca;
• Disminuir y eliminar los daños causados a las especies marinas y/o terrestres por las artes de pesca abandonadas y/o inutilizadas, ya sea en el ecosistema o en su disposición final;
• Evitar la diseminación de micro-plásticos y/u otras sustancias químicas resultantes de la degradación de las artes de pesca abandonadas y/o inutilizadas en el ecosistema marino, costero y terrestre;
• Proteger la salud humana, animal y vegetal, evitando el ingreso de contaminantes derivados de la degradación de las artes de pesca en la cadena alimentaria.

Los productores de artes de pesca deberán procurar la confección de las artes de pesca cuya vida útil sea la más extensa posible, conformadas por los materiales de menor impacto ambiental, priorizando aquellos cuyos componentes que, cumpliendo su función, sean biodegradables.

Para los pescadores, operadores y empresas pesqueras usuarios de las artes de pesca queda prohibida la disposición en el ambiente, junto a los residuos domiciliarios o en cualquier tipo de vertedero de los residuos de artes de pesca que ya no puedan cumplir su función, sean parciales o totales, ya sea por deterioro causado por el uso, rotura, y/o falla de fabricación.

Se estima que cada año se pierden o abandonan 640.000 toneladas de artes de pesca en los océanos. Una décima parte de todos los desechos en los océanos se componen de aparejos abandonados, según cifras de la FAO y el Programa de las Naciones

Unidas para el Medio Ambiente

Una vez que son descartados, los anzuelos, redes, y líneas de pesca abandonados en el ambiente acuático continúan causando estragos en la vida acuática, matando animales de todo tipo, y causándoles sufrimiento durante extensos períodos, lo que configura una seria amenaza para la biodiversidad marina.

No solo se trata solamente de un problema ambiental, sino también económico. Algunos estudios estiman que más del 90% de las especies capturadas por el abandono de artes de pesca tienen valor comercial.

En el Atlántico Sudoccidental conviven especies amenazadas de extinción y/o con poblaciones reducidas, entre las que se encuentran tiburones, rayas, mamíferos marinos y aves, las artes de pesca abandonadas pueden causar un daño severo a especies cuyo estatus poblacional es muy delicado. Según datos de la WWF, la “pesca fantasma” causa daño al 66% de las especies de mamíferos marinos y al 50% de las especies de aves marinas.

En el marco de una reunión informativa, las Comisiones de Comercio, encabezada por la diputada Gabriela Lena (UCR), y la de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia, presidida por el diputado Víctor Romero (UCR), mantendrán un encuentro para retomar el debate sobre la problemática existente relacionada con la comercialización con tarjetas de crédito.

La reunión se llevará a cabo el miércoles 31 de mayo a las 10 en l Sala 1 del Anexo de Diputados a la cual asistirán expositores vinculados a la temática.

El debate anterior se realizó el pasado 3 de mayo en el que los representantes de las estaciones de servicio solicitaron cambios en la legislación de las tarjetas de crédito y plantearon la “grave” situación que atraviesan con motivo de la inflación y la demora en los pagos. Además, advirtieron que como consecuencia se “está generando el cierre de numerosas PyMEs”.

El proyecto en el que se está trabajando es el de la diputada nacional Victoria Tejeda (Evolución Radical-Santa Fe), elaborado en base a los reclamos del sector estacionero, sobre el cual se propuso trabajar para buscar una solución.El proyecto de la diputada Tejeda prevé que el emisor de tarjetas de compra y crédito en ningún caso efectuará descuentos ni aplicará cargos superiores a un 3% sobre las liquidaciones presentadas por el proveedor.

La acreditación de los importes correspondientes a las ventas canceladas mediante tarjetas de crédito en las cuentas de los establecimientos adheridos se hará en un plazo máximo de 3 días hábiles.

Para las tarjetas de débito bancario, este porcentaje máximo será de 1,5%. La acreditación de los importes correspondientes en las cuentas de los establecimientos adheridos se hará en un plazo máximo de 2 días hábiles.

Para el caso de las estaciones de servicio, el emisor de tarjetas en ningún caso ningún caso efectuará descuentos ni aplicará cargos, por todo concepto, superiores al 0,5% sobre las liquidaciones presentadas.

¿Por qué atiende esta iniciativa particularmente el sector de las estaciones de servicio? Porque en su mayoría son emprendimientos pequeños y medianos que viven una situación financiera compleja, sobre todo en la operatoria con las tarjetas de débitos y créditos. La posición dominante, que ostenta el monopolio u oligopolio que presenta el mercado de emisores de estos medios pago, menoscaba la posibilidad de negociación de establecimientos comerciales que sufren un desmedido impacto en su costo de financiación, lo cual atenta en su ecuación económica y rentabilidad. En algunos casos, a niveles de quebranto, señala el proyecto sobre el que girará la discusión de este miércoles.

Las estaciones de servicio concretamente, están atravesando un mal momento económico, los mínimos márgenes de utilidad, la enorme carga impositiva y “los abusos de las empresas que nuclean las tarjetas de crédito” -según denuncian-, ponen al sector en una situación terminal.

Un plenario de las comisiones de Mujeres y Diversidad y de Comunicación e Informática de la Cámara baja, presididas por Mónica Macha y Pablo Carro respectivamente, mantendrán una reunión para tratar dos proyectos de ley que buscan modificar la Ley 26.485 sobre Protección Integral a las Mujeres con el fin de incorporar a la misma la “violencia digital” como una modalidad de violencia.

El encuentro se llevará a cabo este martes 30 de mayo a las 12 en la Sala del segundo piso del Edificio Anexo “C” de Diputados.

Las dos iniciativas corresponden a las diputadas Mónica Macha (FdT) y Danya Tavela (Evolución Radical) que buscan proteger los derechos y bienes digitales de las mujeres, su desenvolvimiento y permanencia en el ciberespacio, así como también su dignidad digital, su identidad y su reputación, en los entornos virtuales, con motivo de la violencia machista. Asimismo, apuntan a establecer un marco de reconocimiento de la existencia de la violencia digital hacia las mujeres, como tipo; y de la violencia telemática, como modalidad.

Ambos proyectos proponen modificar varios artículos de la Ley 26.485. Uno de ellos es el artículo 4 para que quede redactado de la siguiente manera: “Se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, acción u omisión, que, de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, en el plano analógico o virtual, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes. Se considera violencia indirecta, a los efectos de la presente ley, toda conducta, acción omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón”.

También plantea incorporar como inciso “G” del artículo 6 la violencia digital o en línea como aquella que “se ejerce mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), y que implique la obtención, reproducción y difusión por cualquier medio de datos personales, material digital real o simulado, íntimo o de desnudez de las mujeres, sin su consentimiento, discursos de odio de género, patrones estereotipados sexistas, o que impliquen situaciones de acoso, amenaza, extorsión o control virtual, o acciones que atenten contra la integridad sexual o identidad digital de las mujeres a través de las TIC, así como cualquier otra que pueda surgir a futuro ejercida por este medio, que afecte los derechos protegidos de la presente ley”.

Además, establece el desarrollo e implementación de protocolos de detección y prevención de todas las formas de violencia contra las mujeres a través de las TIC; programas de alfabetización digital y planes de formación docente.

Cabe recordar que el Senado se analizó en comisiones un proyecto de la misma temática cuya autoría era de la sanjuanina Cristina López Valverde (FdT) en septiembre de 2021, pero nunca llegó al recinto.

A exactamente un mes de haber iniciado las audiencias con testigos puntualmente sobre las irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, la Comisión de Juicio Político de Diputados llevó a cabo este jueves la quinta reunión para indagar sobre esta causal y la decimocuarta desde que arrancó el proceso contra los jueces de la Corte Suprema.

Pasada la media hora de la convocatoria, la reunión comenzó con un tercio de los miembros presentes, algo que reclamó enfáticamente Juan Manuel López, el único diputado de Juntos por el Cambio que ingresó cuando quedó abierta la reunión y pidió que quede constancia. “Yo entiendo que les dé vergüenza no tener quórum”, chicaneó. Más tarde, entraron a la Sala 1 del Anexo de la Cámara baja el resto de los legisladores opositores.

En la previa del encuentro, tal como anunciara la semana pasada por cadena nacional el presidente Alberto Fernández, un grupo de diputados del Frente de Todos presentaron una ampliación de pedido de juicio político a raíz de los fallos que suspendieron las elecciones provinciales en San Juan y Tucumán.

Como respuesta, el jefe de la UCR, Mario Negri, anticipó que harán uso del artículo 109 para que se incorporen los expedientes de pedido de juicio político contra el presidente.

A su vez, Gaillard informó que la próxima reunión será el martes 30 a las 13 -debido al fin de semana largo por el feriado del 25 de mayo- en la que continuarán indagando sobre las irregularidades en el manejo de la obra social. Además, comentó que los siguientes temas serán Coparticipación, Consejo de la Magistratura y las audiencias remantes.

Caso Tonón

Promediando la audiencia, pasadas las 13, la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, informó a los miembros que le comunicaron de la secretaría del Juzgado Federal N° 12, Mabel Castelnuovo, que se había dispuesto notificar al doctor Aldo Tonón para que compareciera a testificar. Y así fue.

El exdirector ingresó a las 15.20 a la Sala 1 del Anexo y estuvo más de cinco horas respondiendo preguntas, muchas de ellas las evitó amparándose en el artículo 18 de la Constitución Nacional para “no auto incriminarse” en las causas en las que está imputado por el mismo tema. Tonón afirmó que “la situación que tenía la Obra Social no era de una entidad con una organicidad correcta para los servicios de salud”.

Al finalizar su testimonio, el diputado oficialista Rodolfo Tailhade adelantó: “Vamos a evaluar las versiones taquigráficas porque hay contradicciones con otros testigos y en algunos casos hay mentiras. Vamos a hacer una consideración del caso Tonón. Me pareció que fue un testigo reticente porque nos opuso la garantía del artículo 18 cuando no correspondía y eso es un engaño a la autoridad, en algún momento vamos a hacer una presentación”.

Ampliación de pruebas

Durante la jornada se aprobaron dos pedidos de ampliación de pruebas. Uno del diputado Rodolfo Tailhade, sobre cuestiones vinculadas a la causa de Coparticipación y a declaraciones de Héctor Marchi, y otro de la diputada Vanesa Siley, para convocar a nuevos testigos en la causa de Obra Social de los trabajadores del Poder Judicial, en total son 10.

A pedido del jefe del bloque oficialista, se aprobó la citación de los actuales presidentes de la Obra Social, Mariano Althabe, y a la vicepresidenta Cora Borensztejn. “Nosotros no acompañamos porque no vamos a estar hasta fin de año tomando testimonio”, aclaró Juan Manuel López.

Dos testigos ausentes y dos presentes

En dicho encuentro, se ausentaron Iván Nicolás Ritvo y Gabriel Martínez, ambos contadores públicos. En el primer caso por un pedido de reprogramación, y el segundo porque no se lo pudo localizar, ya que a la dirección donde se le envió la notificación era una oficina que estaba vacía.

El primer testigo en declarar fue Sebastián Clérici, titular de la Dirección Jurídica General de la Corte y quien está a cargo ahora de manera transitoria de parte de las labores que hacía Héctor Marchi, desplazado de la Secretaría General de Administración; quien hasta abril de este año era titular de la Dirección Jurídica General y ahora ocupa transitoriamente la Secretaría Jurídica General, fue consultado en virtud de haber sido presidente de una comisión auditora sobre la obra social que se conformó en 2021.

Al responder preguntas de la diputada Vanesa Siley (FdT), el funcionario reveló que “cuando un afiliado no recibía una prestación en todo o en parte conforme a lo peticionado existía la posibilidad de presentar un recurso jerárquico ante la Corte”. Sobre su área, dijo: “Cuando recibíamos esas acciones actuábamos igual que con cualquier otra, no es que tenían un trámite fuera de la celeridad por la cuestión de salud que tenían”.

Respecto de la “naturaleza jurídica” de la obra social, Clerici definió que “es una dependencia de la Corte Suprema, donde el directorio está dotado de amplia autonomía de gestión, individualidad administrativa, facultades para resolver-ejecutar y responsabilidades personales”.

“La auditoría que se nos encargó, que involucraba 13 años de gestión, a nuestro criterio no debía superponerse con las autoridades a las que el tribunal les había conferido, en distinto grado, competencias para la gestión actual de la obra social”, expresó.

Durante su testimonio, el secretario letrado resaltó que “muchas de las observaciones que se señalan en la auditoría probablemente hayan sido advertidas por algunas de las autoridades que se estaban ocupando de la gestión”.

Consultado por las vacancias que hubo -durante todo el período analizado por la auditoría- de los cargos de subdirectores médico y administrativo, el funcionario explicó que para estos nombramientos deben intervenir “distintos órganos” pasando por “la propuesta del director, la propuesta del directorio y luego designación por la Corte, como cualquier empleado de dependencia de la Corte Suprema”.

En el interrogatorio, que duró cerca de tres horas, Clerici fue consultado por el diputado Ramiro Gutiérrez (FdT) por el tema del acceso a las declaraciones juradas y patrimoniales de funcionarios y magistrados de la Corte. “Se está iniciando el proceso de pedido para que los funcionarios entreguemos las DD.JJ.”, dijo el testigo y apuntó que el procedimiento de acceso al público está “previsto en dos o tres acordadas de la Corte”.

Sobre esto, la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard (FdT), recordó que “el pedido de juicio político de la diputada (Paula) Oliveto hacía referencia a cómo la Corte había violado la Ley de Ética Pública estableciendo un régimen especial de publicidad para las DD.JJ. de los jueces de la Corte Suprema”.

Uno de los temas sobre los que se hizo bastante hincapié fue en “el régimen legal aplicable para licitaciones y contrataciones” que se basa en el decreto 5720/72, referenciado en una Ley de Contabilidad derogada. “¿Cómo es que la Corte utiliza un régimen que está derogado desde hace 23 años?”, consultó la diputada Siley, a lo que Clerici confirmó que “la Corte adoptó un reglamento autónomo que viene aplicando con algunas modificaciones desde el año 2000, ese reglamento autónomo se basa en el decreto 5720”.

Más adelante, Siley subrayó que “en ninguna de las contrataciones encontramos referencia a ese reglamento autónomo” del que habló Clerici y advirtió que “los oferentes no tienen el encuadre legal adecuado”. “El procedimiento interno en tiempo real de las contrataciones o cómo lo hace la obra social no es algo que hayamos hecho en el marco de la auditoría, ni correspondía”, respondió el funcionario. No obstante, aclaró que en la auditoría se advirtió que no debería hacerse referencia a la Ley de Contabilidad derogada y que hubiese sido conveniente adecuarlo.

A su turno, el diputado Juan Manuel López (CC-ARI) quiso indagar sobre el rol de la Secretaría General de Administración -hasta abril comandada por Héctor Marchi- en lo concerniente a licitaciones que en algunos casos la obra social remitía a la Corte. “La obra social respondía que era según el valor y la envergadura de la licitación”, afirmó el secretario letrado.

La siguiente fue Laura Ambrosio, afiliada damnificada de la OSPJN una mujer de 49 años quién enviudo hace uno, fue consultada por el diputado nacional Leonardo Grosso (FdT – Buenos Aires) sobre su dependencia y utilización de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación.

Ambrosio respondió: “Trabajo en el Juzgado de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires y soy afiliada desde el 1999, también mi marido (fallecido) y mi hijo)”. De entrada, aseguró: “La obra social no la utilizaba demasiado, empecé a notar problemas cuando la uso mi marido al que le diagnosticaron cáncer y ahí vi problemas”.

Respecto al tratamiento, la testigo relató que necesitaba terapia de rayos de onda corta y quimioterapia de forma urgente, pero “no autorizaban y recurrimos a un amparo”. “Una medida cautelar nos dio la razón y lentamente empezaron a autorizar”, señaló.

Sin embargo, la quimioterapia que debía realizarse cada quince días necesitaba la autorización de un medicamento, el cual debía estar listo 48 horas previas a la sesión y “nunca estaba el medicamento listo como requiere el tratamiento”, indicó.

“Llamaba y atendía un empleado que obviamente no te lo solucionaba, y la medicación llegaba a último momento. Era un stress permanente cada quince días”, enfatizó. Del mismo modo, amplió que “se veía agravado porque debía cumplir mis tareas y las de él, más el stress de luchar contra una obra social que no daba cobertura”.

El problema de Ambrosio se agravó cuando el 14 de abril de 2022 su marido “tiene un comportamiento extraño y lo llevo a la guardia para quedar internado”.

“No sabían si el tumor había llegado al sistema nervioso, pero logran determinar un cuadro psiquiátrico, es dado de alta a los quince días y determinan la internación domiciliaria”, relató.

Inesperadamente para Ambrosio, la quimioterapia es suspendida “porque no podían hacer las dos cosas a la vez”. Así también, aseveró que “la internación domiciliaria es el nombre nomás porque no mandaron enfermeros, el clínico venía una vez por semana y solo venía para ver si tenía medicaciones, no lo revisaba”.

Tras varios reclamos por la ausencia del psiquiatra, Ambrosio decidió buscar un lugar de cuidados paliativos dónde su marido estuvo los últimos 20 días de vida. “Cuando averiguaba por cuidados paliativos me mandaban a una dependencia interna pero no se ajustaba a lo que necesitábamos”, agravó en el relato.

Además, contó que “las cosas (necesarias para la internación domiciliaria) nunca aparecieron y no hubo tiempo de hacer (otro) amparo porque murió a los dos meses”. “Tampoco llegamos a tener Certificado de Discapacidad”, siguió.

La parte más dura del relato de Ambrosio fue cuando manifestó que “mi marido se cayó de la cama y hasta que vino la ambulancia pasó tres o cuatro horas en el piso”. A su vez, agregó: “Llegaron, lo levantaron y me dijeron que lo limpie yo”.

Finalmente, el marido de Ambrosio falleció mientras se encontraba en Hospital San Camilo “sin ninguna injerencia de la obra social”. El legislador Grosso consultó porque no la usaba antes y la testigo respondió: “No la usaba antes porque hace 17 años transité enfermedad y me vi autorizando ordenes continuamente con dos o tres horas de trámite para hacer estudios”.

En el cierre, la diputada nacional Paola Vessvessian (FdT – Santa Cruz) le preguntó sobre los reintegros por los cuidados paliativos y Ambrosio cerró: “Solicité en la casilla de internación domiciliaria y ellos dijeron que no tenía cobertura”.

La cuarta fue la vencida. A las 15.20 se hizo presente en la Sala 1 del Anexo de Diputados el exdirector de la OSPJN, Aldo Tonón, ante la reunión de la Comisión de Juicio Político de este jueves en el marco de su quinta audiencia de indagatoria sobre las irregularidades en el manejo de la obra social.

Durante su larga exposición, que se extendió por más de cinco horas, se amparó en varias ocasiones en el artículo 18 de la Constitución para no responder ciertas preguntas al estar imputado en una causa que también investiga el mismo tema. En tanto, afirmó que “la situación que tenía la Obra Social no era de una entidad con una organicidad correcta para los servicios de salud”.

Tonón se había negado a asistir a la comisión en tres oportunidades. El pasado 3 de mayo la mayoría oficialista aprobó pedir que sea traído por la fuerza pública, algo que requiere la intervención de un juez.

“Nos hemos comunicado con el juzgado del doctor (Ariel) Lijo y ha manifestado que aún está pendiente de estudio y de resolución la medida que ha solicitado la comisión, que es que el testigo venga con el auxilio de la fuerza pública, teniendo en cuenta que ha sido citado en tres oportunidades y ha incomparecido al llamamiento”, informó en el comienzo la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard.

Además, la diputada resaltó que de las tres causas vinculadas a la obra social que se tramitan en la Justicia, dos están en el juzgado de Lijo y una en el de Daniel Rafecas, pero “solo en una causa está imputado el doctor Tonón” que es en la que “se investiga la denuncia de un extrabajador, que lo denuncia por usar un software para seguir a trabajadores de la obra social, ahí sí está imputado. Por lo cual “no habría ningún motivo para que el doctor Tonón no comparezca ante esta comisión”, dijo Gaillard.

Promediando la audiencia, la presidenta de la comisión informó que acababan de llamar de la secretaría del Juzgado Federal N° 12, Mabel Castelnuovo, para informar que desde allí se había dispuesto notificar al doctor Tonón, quien “estará viniendo hoy como testigo a la comisión”.

“¿Tiene que venir, lo van a traer?”, consultó Juan Manuel López, titular del bloque CC-ARI, a lo que Gaillard respondió: “Lo están yendo a notificar… Notificarlo de que tiene que venir, no sabemos si el testigo está viniendo”.

Ante ello, el diputado de la Coalición Cívica sugirió que el juzgado “nos mande la resolución” adoptada, y a continuación el diputado Leopoldo Moreau dijo que adhería al pedido de López. “Es importante que el juzgado envíe el escrito, porque es muy importante el fundamento con el que ha tomado esta decisión”, precisó.

Tras el ingreso de Tonón a la sala y previo a la ronda de preguntas, Gaillard aclaró: “Al testigo se lo ha citado en tres oportunidades, como incompareció el testigo aduciendo la imposibilidad de declarar para no auto incriminarse porque hay tres causas penales que investigan el tema de la obra social, y una de ellas que es la única que está imputado el doctor Tonón, pero no es la que se está ventilando acá en la comisión”.

El testimonio de Tonón

Palabra que se hizo esperar, el exdirector de la OSPJ afirmó conocer a los magistrados de la Corte Suprema, pero negó tener una relación y/o vínculo personal. El primero en interrogarlo fue el diputado oficialista Rodolfo Tailhade quien le pidió que explique las circunstancias que “rodearon” su ingreso a la OSPJ, ante lo que Tonón contó que su ingreso fue en 2007 luego de una entrevista “a raíz de un conocimiento por una persona en común me solicitaron un CV sobre toda mi trayectoria médica, yo llevo 49 años de profesión de los cuales 35 están destinados a la gestión. Tras unos meses me citaron a una entrevista con Maqueda”.

En ese marco, aclaró: “No soy amigo personal de Maqueda, sino que la relación que mantuve es solamente a través de ese vinculo laboral que se constituyó. Tuve entrevistas con otros jueces. En ese momento con los distintos jueces de la Corte que, en ese momento, estaba constituida por 7 miembros”.

“Me pidieron hacer un trabajo de auditoría externa sobre una causa penal que estaba en curso que tramitaba en el exjuzgado del juez Bonadío que era la estafa que se había detectado con las prestaciones de odontología. A raíz de eso, trabajé durante 6 meses con un contrato de locación de servicios. Hice un informe y lo documenté que está en poder de los miembros de la Corte donde se aclararon todas las situaciones y la propuesta de un replanteo en el armado de la OSPJ dadas las características y la situación que la obra social tenía de no ser una entidad con una organicidad correcta para los servicios de salud”, relató.

 Asimismo, reiteró que su ingreso fue para una “determinada tarea en la Auditoría de la Obra Social con el punto de inicio en una causa penal que tenía 17 imputados referida a las prestaciones odontológicas. De ahí se fue abriendo el espectro de evaluar las distintas situaciones que se estaban dando y se podrían haber dado en la obra social y un proyecto de ordenar a la obra social”.

“Con el tiempo surgió el pedido de hacer una proyección de cómo la obra social se podía reordenar”, insistió Tonón. Ante la consulta de Tailhade sobre el ingreso formal a cargo de la Obra Social, el médico explicó: “Se dio a través de la modificación estatutaria nueva, el funcionamiento y el organigrama de la obra social presentado donde los señores ministros de la Corte deciden conformar una reforma del funcionamiento de la obra social y, a través de la constitución de un directorio de tres personas”.

En ese sentido, precisó que el ofrecimiento del puesto fue hecho por los titulares de la Corte Suprema con la anuncia del resto de los ministros, la acordada por la que se aprueba el estatuto y se asigna la constitución de las autoridades de la obra social “está firmada por los siete ministros”.

“Se dio a través de la acordada la propuesta de estatuto, el funcionamiento, el organigrama de la obra social presentado, y el proyecto de modificación en la obra social para transformarla en una obra social acorde a las circunstancias del momento”, ratificó el testigo.

Al respecto, Tailhade le preguntó si recibió algún tipo de instrucciones de cómo querían los jueces que sea la gestión de la obra social. “Creo que si leemos los primeros artículos del estatuto de la acordada 5 del 2008 dice cuáles son los fundamentos y para cuáles son los objetivos de querer y la modalidad o el modelo de obra social que querían. Eso lo habrán discutido entre ellos”, indicó el exdirector.

“Asumí el cargo que me ofrecieron junto con el directorio y continué hasta el 9 de marzo en que presenté la renuncia, pero desde el 31 de diciembre de 2021 yo dejé de estar operativo en la obra social para poder tomar todas las vacaciones reservadas y que no pudieron ser tomadas durante años anteriores. En febrero del 2022 en el cual se hizo un citatorio para hacer cambio de autoridades porque yo ya había decidido que no iba a continuar. Se hizo una reunión de los dos directores de la nueva gestión que son el doctor Althabe y la doctora Borensztejn en el cual se cambiaron los directores. Me abstuve de postularme o aceptar cualquier cargo”, detalló.

En esa línea, el diputado kirchnerista indagó sobre su decisión de renunciar. “Ya no quería continuar trabajando. Tengo 74 años, llevo 50 años en la profesión y 35 en la gestión, me sentía cansado y agotado y por eso decidí como cualquier ciudadano jubilarme”, sostuvo.

Al ser interrogado por la gestión y la trayectoria, Tonón manifestó: “Está todo documentado en la Obra Social y como estoy imputado en las tres causas en las cuales puedo auto incriminarme en el funcionamiento voy a hacer uso de las facultades que me otorga el artículo 18 de la Constitución Nacional”.

Al respecto, Gaillard le aclaró que es por “preguntas relacionadas a las causas en las que está imputado que puede hacer uso de dicha facultad. Si es una causa en la que no está imputado puede responder. Usted no está imputado en las causas de irregularidades en la Obra Social…el testigo puede hacer uso de la facultad o abstenerse de responder alguna pregunta vinculada al hecho que se investiga”.

Pidió la palabra el jefe del bloque oficialista, Germán Martínez, quien comentó: “Solo para tranquilidad y para no estar hablando con el abogado que no puede ser parte de la reunión. Hay cosas que seguramente el testigo puede decir incluso respecto de estos temas de imputaciones que puede tener las distintas causas en términos jurídicos de acuerdo a la información que le atiende a su abogado sin necesidad de que hable. Tratemos de hacer todo lo más fluido posible”.

Al retomar el interrogatorio, Tailhade volvió sobre su pregunta anterior: “¿Usted considera que hablar sobre eso lo puede comprometer en la investigación penal?, a lo que Tonón contestó: “Si porque temas que están en la investigación penal se refieren a la gestión”. Lejos de cerrar ese tema, el diputado oficialista insistió: “Si, pero se refieren a hechos puntuales que podrían haber sido considerados posibles delitos de acción pública que disparó una investigación. No sé si eso forma parte de las investigaciones que se están haciendo en sede penal”.

“Creo que usted desconoce cuales son las causas que están en sede penal”, disparó el funcionario, ante lo que Gaillard intervino con una aclaración: “Nosotros antes hemos leído las distintas causas que usted tiene y tramita en causa penales la 7686/21 donde nos consta que no ha sido imputado en la causa. En la causa 5666/21 el fiscal si lo imputó, pero no tiene que ver con la investigación que estamos ventilando en este juicio y en la causa 4462/22 no está imputado. Digo para clarificar las causas que tramitan y en las que puede abstenerse si siente que se está auto incriminando”, y agregó: “Evitemos las preguntas sobre la gestión porque muchos de los hechos ya fueron comprobados por los testigos anteriores”.

Tonón explicó que la obra social “es una institución que tiene independencia y autonomía de gestión económica, administrativa y financiera, por lo tanto, los ministros estaban informados sobre el funcionamiento y qué se estaba haciendo, pero no le tenía que pedir permiso excepto que fueran situaciones de envergadura que el propio estatuto lo dice”.

 “Cualquier ministro que quisiera tener información de la obra social y me consultaba, tenía la respuesta porque la obra social dependía… lo dice el estatuto no hace falta repetirlo”, contó y sumó: “El estatuto establece de quién dependía la obra social y hace una excepción a esa dependencia. Está respondido en el artículo primero de la acordada 5 del 2008”.

Nuevamente la titular de la comisión intervino para aclarar la pregunta de Tailhade y le preguntó al testigo si conoce el mail en el que Maqueda renuncia a sus facultades de supervisión sin acto administrativo de la obra social del Poder Judicial: “Formalmente y personalmente no, solamente por trascendidos periodísticos”.

“Cuando había problemas de envergadura se consultaba a Lorenzetti, a Maqueda, y con los otros ministros también. A muchos de ellos se les preguntaba por alguna cuestión o situación que se había enviado como propuesta para mejorar el funcionamiento o equipamiento o la finalidad y estructura de la obra social. Siempre y cuando excediera esa resolución las facultades que tenia el directorio que funcionó en los primeros años de la obra social porque ahí funcionaba con un directorio y las cosas se trataban ahí”, explayó el testigo.

Tailhade preguntó: “El estatuto que estuvo vigente casi 14 años aprobado por la acorada 5 del 2008 comprometía a la obra social a elevar mensualmente informes de las decisiones que adopte de la gestión administrativa, sevicias de cobertura, estado económico. Puede decirnos si eso se cumplió regularmente”, a lo que el exdirector destacó: “Estimo que sí, sino no hubieran permitido la continuación de la obra social y lo hubieran reclamado. Porque se enviaba la información de trascendencia con la propuesta. Todos los meses se elevaba a la Corte y, además, las inversiones de la Obra Social por resolución de la Corte del año 2011 quedaron en manos de la Administración General de la Corte Suprema. La Obra Social derivaba los excedentes que consideraba que se podían seguir conformando el fondo anticíclico a la Administración General de la Corte porque era una indicación dispuesta por una resolución del máximo tribunal”.

“La información económica y financiera, la solicitud o propuesta de algún acto o de alguna situación que mejorara la atención de los afiliados, que mejorara el funcionamiento de la obra social, antes de tomar la decisión, si se consultaba con los ministros que querían tener conocimiento del tema”, planteó.

Y agregó que “esa comunicación era de muchas formas. Era la propuesta de una solicitud de audiencia y el ministro decidía si era por audiencia o por escrito. Era a cualquier ministro”.

Al respecto, indicó que el patrimonio neto de la obra social al 31 de diciembre de 2022 era de 46 mil millones de pesos. “El último día que fui, en el que se firmó la nueva dirección, en el acta del directorio se incorporó el estado económico y financiero de la obra social y el orden del monto era 52 mil millones de pesos. Eran depósitos y liquidez”, indicó y resaltó que las consultas eran solo para los ministros y no para los empleados de las vocalías.

Al ser consultado por el motivo que derivaba a que las resoluciones hasta la acordada 44 del 2018 eran firmadas por varios ministros, Tonón explicó: “Algunas situaciones si, y otras de resolución de la propia Corte siguiendo los lineamientos de la Ley de Contabilidad de la Nación en las normas propias de la Corte mediante una acordad y fijaba montos para algún tipo de licitación”.

“No era mi función interferir en el funcionamiento y en el ordenamiento o decisiones que tomaban los ministros con respecto a sus funciones. Era facultad exclusiva de ellos, yo no pedía explicaciones sobre eso”, lanzó.

El patrimonio neto de la obra social al 31 de diciembre de 2022 era de 46 mil millones de pesos“

También contó que los montos “iban modificándose con el correr del tiempo en la misma situación siguiendo los lineamientos de la Corte. Se actualizaban no muy asiduamente, pero cuando se generaba un desfasaje grande. Fue así desde el primer día que llegué”.

“Nunca los montos ni las licitaciones por cuestiones de dinero fueron una traba para que se lleve a cabo el procedimiento licitatorio, de compra directa o de concurso de precios. La compra de un insumo en medicina nunca puede demorarse porque está en juego la vida de un paciente”, sostuvo Tonón ante la pregunta de Germán Martínez y sumó que “todo procedimiento de compra de licitación tiene un derrotero de hacer que va desde justificar la necesidad de la situación y por cada área: jurídica, requirente, la compras, jurídica, y la contable”.

Y siguió: “Eso iba, se hacía el concurso, luego pasaba a la comisión de pre adjudicaciones que depende del Consejo de la Magistratura que hacía la evaluación de todo el procedimiento y daba su dictamen”.

Pidió la palabra el diputado Leopoldo Moreau quien interrogó sobre el tiempo en el que estuvo como director sin que estén el resto de los directores: “No recuerdo con precisión la fecha la renuncia de los otros dos directores, pero estimo que fue desde fines del 2009 o 2010”.

“¿Cuál fue el tiempo en el que estuvo en esa situación, es decir, que estuvo ejerciendo el cargo sin que se nombraran los demás directores?”, volvió a preguntar Moreau, a lo que Tonón recordó: “Desde la fecha de renuncia hasta la fecha de designación de los nuevos directores que fue en 2022”.

“Usted estuvo aproximadamente 10 años ejerciendo el cargo sin otros directores?”, insistió el diputado del FdT lo que fue afirmado por el testigo. “¿Usted hizo algún tipo de reclamos para que se designaran a los restantes directivos?”, repreguntó el legislador y Tonón dijo: “Habremos conversado, pero yo no tenía que demandar la designación de los directores”.

Y Moreau continuó sobre el tema: “¿O sea que a usted no le generaba eso mayor carga de que esos directores no estaban designados?”. “No porque no me basaba en cuántas personas tenía para colaborar, sino en la capacidad para trabajar y sacar adelante a la obra social”, contestó el funcionario y agregó: “El presidente de la obra social siempre cargaba con la responsabilidad del funcionamiento diario y cotidiano de la obra social”.

“¿Por qué no se certificaban los balances ante el Colegio Profesional de Ciencias Económicas? ¿Quién disponía que esto fuera así?”, consultó Moreau a lo que Tonón precisó: “No recuerdo quién dispuso que no se hiciera, pero no había inconvenientes en hacer la certificación. No se hizo nunca la certificación de los balances. Era la modalidad de la obra social hacerlo así. No es que me parecía natural, yo continué la modalidad operativa que se venía llevando. La certificación en el Colegio Profesional nunca se hizo porque no implica la certificación del balance, sino que implica la autorización o capacitación del auditor del balance e implica dejar de hacer público el balance de la Obra Social”.

Moreau se refirió al email de renuncia de Maqueda en donde calificaba a la Obra Social como “insolvente, anarquizada, con desfalcos y prestaciones médicas reducidas”, y consultó: “¿A qué período de gestión se refiere?”.

“No puedo hace apreciación a qué período se refiere. Me presumo al anterior de la gestión del 2008”, respondió Tonón, pero el diputado kirchnerista retrucó: “Maqueda presenta la renuncia en agosto de 2021 y me parece que se refiere al periodo 2008-2021”. “¿Used dice que el Dr. Maqueda cuando se refiere a la obra social anarquizada…? Yo creo que si lee el primer párrafo interpreto otra cosa. No dije que no se refería a mi gestión, lo interpreto de una forma distinta”, dijo Tonón y sumó: “Yo no puedo saber lo que quiso decir porque no conversé del tema con él y no me interesaba hacerlo porque no era mi función”.

En ese momento, el exdirector amagó con no responder ninguna pregunta más “dado que cada vez me encuentro más cercano a auto incriminarme con lo que pueda resolver. La respuesta va a ser artículo 18 de la Constitución a todas las preguntas que sigan”. Pero, Gaillard interrumpió y volvió a calmar las aguas reiterando, una vez más, las causas en las que está imputado y de las cuales no puede hablar.

“En ningún momento recibí amenazas o presión de presentar mi renuncia”, afirmó el testigo. Sobre el informe final de la auditoría que se hizo, aseguró que “lo poco que vi de la parte médica puedo asegurar que es una auditoría que no sigue los requerimientos básicos, sino que son de prescripción de las distintas áreas y que no hay elementos probatorios que consten como una irregularidad”.

Por otro lado, manifestó que “podía recibir consultas sobre algún caso particular de inconvenientes, pero eran escasos. Todas las vocalías hacían consultas, que los afiliados consultaban y se les daba la explicación correspondiente, lo hacía yo porque era quien podía resolver la situación. La Obra Social es la que tiene la más alta cobertura asistencial del país sin ningún co-seguro con la mayor cobertura de medicamentos”

Consultado por la conformación de la comisión de informatización del Poder Judicial, comentó que “no tuve ninguna reunión porque quien tenía que convocar a la reunión era el presidente que era Héctor Marchi. Si hicimos aportes de todas las áreas de la Obra Social”, y negó saber las conclusiones finales del informe elevado al máximo tribunal. Además, informó que se había designado a un representante en cada lugar donde la Obra Social de la Corte no tenía representación para atender los reclamos de los afiliados.

La Comisión de Juicio Político de Diputados continuará este jueves desde las 11 con la investigación en las supuestas irregularidades en el seno de la Obra Social de los trabajadores del Poder Judicial.

Cinco son los testigos convocados para la audiencia, entre ellos, se encuentra el nombre del doctor Aldo Tonón, pero esta vez con la intervención de un juzgado, que debe disponer las medidas para que el exdirector de la OSPJN sea llevado a la comisión, si persiste en su decisión de no hacerlo.

Según consta en la nota suscripta por la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, tal cual se dispuso en la penúltima reunión de Juicio Político, para la convocatoria de Tonón se da intervención al Juzgado Criminal Federal N° 12, Secretaría N° 23.

Recordemos que el exdirector de la obra social se resiste a concurrir a la comisión invocando la causa abierta que lo tiene como uno de los imputados, y se ampara en la condición de evitar declarar contra sí mismo. Según pudo saber parlamentario.com, Tonón mantendrá su postura y no asistirá.

Además de Tonón, ha sido citado Sebastián Clerici, secretario letrado de la Corte Suprema, quien fue citado en otras oportunidades y no ha podido concurrir, más nunca manifestó no querer hacerlo. Es director de la Dirección Jurídica General de la Corte y está a cargo ahora de manera transitoria de parte de las labores que hacía Héctor Marchi hasta que se dispuso a apartarlo de la Secretaría General de Administración. Clerici fue citado tres veces ya; en las dos primeras no pudo concurrir y la tercera se lo eximió de concurrir porque no habría tiempo para interrogarlo. Veremos si esta vez sí puede contarse con su presencia.

Los otros tres convocados son Iván Nicolás Ritvo y Gabriel Martínez, ambos contadores públicos, y Laura Ambrosio, afiliada/damnificada de la OSPJN.

Un plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Mujeres y Diversidad se reunió este martes para comenzar el debate para crear un Sistema Integral de Políticas de Cuidados de Argentina (SINCA) que surgió a partir de una serie de proyectos elaborados por legisladores de todas las bancadas relacionados con tareas de cuidado, que complementan la iniciativa que había presentado el Poder Ejecutivo hace más de un año que contempla la modificación de regímenes de licencias maternales, paternales y parentales.

En el encuentro de las comisiones que encabezan las diputadas oficialistas Vanesa Siley y Mónica Macha, celebrado en la Sala 1 del 2° piso del Edificio Anexo A, se puso a consideración un total de 48 proyectos de ley.

El temario contempló 35 proyectos de ley sobre licencias y una docena sobre cuidados. Asimismo, se tuvo en cuenta como base un proyecto de ley del Poder Ejecutivo presentado el 3 de mayo de 2022, y fue elaborado por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación junto al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Siley explicó que en esta primera etapa se trabajará sobre licencias vinculadas a normativas ya existentes, mientras que quedará para más adelante la creación de licencias para monotributistas, autónomos y monotributistas sociales. En tanto, asesores serán convocados en las próximas semanas para iniciar el tratamiento del otro cúmulo de proyectos que tienen que ver con cuidadoras comunitarias, domiciliarias.

También adelantó que la próxima semana volverán a reunirse y presentarán un borrador con las ideas principales en común de cada proyecto. Siley celebró que hay “más coincidencias que diferencias. Si nos vamos a parar en las coincidencias vamos a avanzar rápido”.

La palabra de los diputados

Al comienzo del plenario, el secretario de la Comisión de Legislación del Trabajo procedió a leer que por la Resolución 558/23 de la presidencia se efectuaron, a partir de la fecha, las siguientes modificaciones: se designó a la diputada Natalia Souto en reemplazo de José Pablo Carro; la diputada Macha ingresó por Gisela Marziotta; y la diputada Estela Hernández en reemplazo de Sergio Palazzo.

Por su parte, la secretaria de la Comisión de Mujeres leyó la designación de Silvana Ginocchio en reemplazo de Lucila Masin, Marisa Uceda ingresó por Leonardo Grosso. También se designó a Siley en reemplazo de Gabriela Estévez, a Daniel Arroyo en reemplazo de Florencia Lampreabe; Varinia Lis Marín por Mara Brawer.

“El secretario acaba de mencionar 48 proyectos de ley de distintos diputados y diputadas. Además de estos 48 mencionados y convocados para la orden del día, hay cuatro más de la diputada Carla Carrizo y uno del diputado Lucas Godoy que también los vamos a incluir, pero como no están en el boletín de asuntos entrados todavía no los hemos circulado por comisión”, aclaró Siley.

Respecto a la iniciativa, la titular de la Comisión de Legislación remarcó que el tema de cuidados “nos atraviesa socialmente a las mujeres y a las disidencias. Es un tema muy importante. Si encontramos tantos proyectos de ley, es porque los representantes del pueblo nos hacemos eco de las demandas de las realidades que tiene nuestra sociedad que necesitamos resolverlas. No resueltas son problemas”.

“Una ley no resuelve nada, pero es el comienzo de muchas cosas”, opinó Siley y explicó que “luego tienen que articularse los tres poderes del Estado y la sociedad toda, incluso el sector privado para abordar los temas tan importantes como los cuidados”.

“Los cuidados se tratan de un trabajo, que es un trabajo no reconocido y cargamos muchas veces individualmente y en soledad las mujeres, las madres, las abuelas, y se trata de algo sustancial para la humanidad porque todos recibimos cuidados en algún momento de nuestra vida de forma necesaria y todos en algún momento cuidamos a otros que necesitan asistencia específica, un cuidado particular a nuestros niños y niñas que son el futuro de nuestras sociedades y también a la memoria de nuestras sociedades en cabeza de las personas mayores”, explayó la oficialista.

En esa línea, agregó que es un cuidado que “también se destina a las personas con discapacidad”. “Esta discusión puede ser muy grande e infinita y nunca llegar a resolverse porque tenemos los cuidados realizados en los hogares. La necesidad de regular las leyes laborales en función de armonizar la vida privada con la vida productiva. Tenemos los cuidados en las comunidades. Tenemos distintos universos”, detalló Siley.

“Hemos decidido comenzar por uno, no significando esto que se vaya a dejar de lado el resto de las discusiones, sino que metodológicamente y por técnica legislativa necesitamos comenzar por partes. Por eso vamos a abordar los proyectos que refieren a licencias y que tocan normativas existentes como ley de contrato de trabajo, ley de asignaciones familiares, la 24.241 del Sistema Previsional, y otras leyes especiales que no están contenidas en al Ley del Contrato de Trabajo como la Ley del Trabajador de Casas Particulares y Ley del Trabajo Agrario”, aclaró.

Al respecto, indicó que “tenemos el trabajo comunitario que también tenemos un montón de proyectos de ley para regular el trabajo de otras tantas mujeres en otros ámbitos y de otras maneras, pero vamos a comenzar por estas normativas de licencias con el objetivo de llegar a un dictamen y avanzar en una discusión hacia el recinto”.

A continuación, hizo uso de la palabra la titular de la Comisión de Mujeres, Mónica Macha, explicó las estrategias que utilizaron para pensar el tratamiento de las distintas dimensiones que implican el cuidado en el país.

“Hoy comenzamos con el tema de licencias y en pocos días vamos a convocar a asesores para trabajar el otro cúmulo de proyectos que tienen que ver con cuidadoras comunitarias, domiciliarias tanto monotributistas como cooperativas. La intención es avanzar con ese tratamiento pensando que hoy vamos a estar trabajando la situación de las personas que están en un contexto de trabajo formal y, del otro modo, vamos a trabajar y generar instancias para que esas personas que dedican mucho tiempo a esta tarea que es parte de ganarse la vida también puedan ir adquiriendo instancias de trabajo formal”, manifestó.

En suma, Macha resaltó que es un tema de “agenda política, social y cultural” y “poder mejorar las condiciones de trabajo para poder mejorar las condiciones de cuidar y es algo que también tiene que ver con la distribución de la renta”.

Sin ser parte de ninguna comisión, pero en carácter de autora de una de las iniciativas, la primera en tomar la palabra fue la vicepresidenta del bloque UCR, Karina Banfi, consideró que “teniendo en cuenta la propuesta del Ejecutivo Nacional que es más completo, mi propuesta en el proyecto es puntual tiene que ver con la licencia por adopción equiparable a la maternidad biológica”.

Además, citó la Ley de Contrato de Trabajo en su artículo 158 “hace referencia al nacimiento biológico y a las licencias que pueden tener las trabajadoras solamente en casos de maternidades biológicas”. En esa línea, Banfi remarcó que ha presentado tres veces el proyecto en la posibilidad de “reconocer los derechos que tienen los niños adoptados a poder también contar con la licencia de sus padres o no gestantes, en función de la construcción familiar, la posibilidad de contar con todo ese tiempo equiparable a la maternidad biológica”.

“Cuando hablamos de licencias, y en este caso por adopción, es principalmente necesaria para el niño que se lo incluye en un nuevo grupo familiar y todo ese tiempo es extremadamente valioso, sin duda para un bebé también, pero que se da en otro contexto. Creo que un concepto que en el Congreso debemos trabajar cuando hablamos de inclusión es cómo identificar las diferencias y a partir de ahí poder ser inclusivos”, manifestó la radical y celebró que el proyecto del Ejecutivo contemple la adopción equiparable a la licencia por maternidad biológica.

A su turno, la diputada de izquierda Myriam Bregman celebró el tratamiento de las iniciativas por temas, pero hizo algunas consideraciones. La legisladora planteó que América Latina “viene muy atrasada y desfasada en esta cuestión incluso de las discusiones que se están dando en otros lugares como en algunos países de Europa”.

“En Argentina estamos en mora, tenemos una de las legislaciones más atrasadas de la región. Hasta UNICEF cuestiona el tema de las licencias y tareas de cuidado en el país. Claramente la extensión del trabajo precario feroz tiene que ver con esto”, expresó Bregman y contó que a ella le tocó parir siendo monotributista: “Trabajé hasta el momento que tuve dolores de parto y no veía la hora de poder volver a hacerlo porque no tenes manera de poder sostenerte. Esto se agravó y muchísimo”.

En tanto, preguntó: “¿Cuál es el compromiso con este debate? Yo creo que hoy tiene que quedar claro cuál es el compromiso. Sobre todo, las fuerzas mayoritarias. Veo que la mayoría somos mujeres nuevamente”, y cuestionó: “Me gustaría saber qué compromiso van a poner las fuerzas mayoritarias en el debate para que no pase como en otros temas como, por ejemplo, hipotecados UVA que se debate, se debate y nunca se llega a una situación a pesar de lo apremiante que es para las familias”.

“Queremos que esto tenga un costo para las empresas y que podamos empezar a discutir todo tipo de protección en los trabajos incluso para las mamás que amamantan, que tengan un lugar para dejar a sus hijos, etc. Tenemos que aclarar cuál va a ser la agenda y hasta dónde estamos dispuestos a debatir porque en un país regido por la bota del FMI tenemos que ser claros”, planteó la diputada de izquierda.

Además, cuestionó: “¿por qué se tardó tanto en llegar a esta agenda? ¿Por qué se tardó tanto en poner este tema? ¿Por qué no podemos discutir seriamente acá con la reducción de la jornada laboral a 6 horas y el reparto de las horas con un salario que alcance y la creación de trabajo genuino? Pero acá la agenda que primó es la del FMI”.

“En este Gobierno del FdT con el ajuste que está llevando adelante con un Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad que es el que menos presupuesto recibe. ¿Cómo se condice con esto?”, criticó Bregman y detalló que durante la gestión de Cambiemos y el actual Gobierno “se transfirieron de los sectores asalariados a los sectores más concentrados del capital 87 mil millones de dólares. Eso es lo que se le sacó del bolsillo de los trabajadores y se transfirió a los sectores más concentrados. Más de 57 mil millones durante el Gobierno del FdT siendo las principales perjudicadas las mujeres”.

Por último, explicó: “Queremos una sociedad donde las tareas de cuidados sean socializadas desde la alimentación hasta el lavado de la ropa sin cargárselo individualmente a las mujeres en el hogar. Le vamos a poner mucho fervor al debate”.

La diputada radical Carla Carrizo bregó para que “este cuarto intento sea con éxito porque esto atravesó distintos gobiernos. Hace 18 años que está en estado parlamentario este tema. 2005 se presentaron 22 proyectos nunca llegó al recinto. En 2011 tuvimos media sanción del Senado, tuvimos dictamen, pero no llegó al recinto. 2013 tuvimos 23 expedientes, tuvimos dictamen, pero tampoco llegó al recinto. Hoy 35 expedientes a la vista y 2 en tratamiento, creemos que esta tiene que ser la oportunidad de llegar al recinto”.

“Si así hiciéramos lograríamos terminar con la profunda desigualdad entre las mujeres porque hay licencias distintas de acuerdo al lugar donde se trabaje, mundo formal e informal, pero dentro de la formalidad hay enormes asimetrías. Sector público y privado y dentro del público hay enormes asimetrías. Nación, provincia, tipo de poder. No va así, no somos iguales ante la ley, necesitamos tener un piso mínimo en un tema básico como es la igualdad en el derecho y la obligación de cuidar”, alertó Carrizo y se distanció de Bregman al considerar que las licencias “no” son un costo, sino que “son una inversión”.

Y cerró: “Tenemos que avanzar porque no se trata de los partidos de Gobierno, sino que se trata de los derechos de varones y mujeres en el país que es el cuidado compartido. Tenemos que terminar en el país con ese enfoque absolutamente biologicista filiar amorosa. No puede ser esa mirada sesgada. Me encantaría que licencias sea ley antes de que los candidatos terminen el mandato presidencial”.

De la vereda de enfrente, la mendocina del FdT Marisa Uceda planteó que “la carga horaria que representa para las mujeres las tareas de cuidado podemos ver que no es equitativo. La Constitución nos ordena en el artículo 14 bis garantizar condiciones dignas y equitativas de trabajo para todos y esa situación no está ocurriendo con las mujeres”.

“Hablar de tareas de cuidado es algo amplio, pero hay que empezar por uno de los obstáculos con los que nos encontramos las mujeres a la hora de acceder al empleo porque nos contratan menos porque la carga de cuidados de los chicos recae sobre nosotros de manera casi exclusiva y accedemos a empleos más precarizados, a condiciones de empleos menos dignas por la necesidad de acceder a un empleo. Esto pasa en todas las esferas”, manifestó Uceda.

Al respecto, remarcó que en el país “no puede seguir siendo una contradicción el crecimiento laboral con el deseo maternal y eso hoy es una limitación. Se no asignó el rol de madres cuidados que nos limitó al acceso al trabajo. Hay que empezar a visibilizar la carga que representan los cuidados”.

“¿No nos hizo ruido que 7 de cada 10 mujeres no lleguen a los 30 años de aportes?”, preguntó Uceda y precisó que esto tiene que ver con la “no posibilidad de acceder a empleos genuinos y en blanco. Tenemos que avanzar con esto porque Argentina merece tener una legislación laboral avanzada”. También coincidió con Banfi sobre las licencias por adopción porque “la Ley de Contrato de Trabajo en materia de licencias es discriminatoria. Tenemos que avanzar en una ley equitativa, igualitaria y que ponga a las mujeres en una situación de equidad en los empleos”.

En su disertación, la diputada Camila Crescimbeni (Pro) adhirió a lo expresado por sus pares porque “es un tema que nos tiene que traer unión”. “Hay algunos temas que me parecen imprescindibles que estén en el proyecto que finalmente salga. Uno es de las licencias prenatales porque casi nadie se toma los 45 días antes y casi todos nos tomamos lo máximo después que tenemos a nuestros hijos. Es evidente que hay muchos mecanismos para cambiar las fechas y muchas madres lo hacen porque no quieren tomarse un mes antes cuando no es un embarazo de riesgo, creo que es importante permitir que se puedan tomar desde 15 días antes”, propuso.

“Es evidente que 3 días, 5 días no sirven para ningún duelo si quieren que esa persona vuelva a funcionar en su trabajo porque el trabajo emocional que eso requiere no tiene un tiempo. Hay que tener en cuenta los casos de fallecimiento perinatal que se considero un tiempo para que el cuerpo de una pueda de a poco transformarse”, expresó al recordar su experiencia hace un año tras el fallecimiento de uno de sus bebés.

Al finalizar, coincidió en que las licencias por maternidad y paternidad “no solo son una injusticia para las madres, sino para los varones porque la gran mayoría han empezado a cambiar y quieren ser parte esencial de la vida doméstica de los hijos”.

“Esto es una problemática que nos preocupa”, expresó la cordobesa Soledad Carrizo (UCR) y agregó: “Esto ha trascendido gestiones y no podemos estar como legisladores ausentes de esa conexión con la realidad dura que vivimos”. Al respecto, consideró que “hay que darle el debate necesario, con tiempo y en cada punto en común que podemos encontrar entre los 50 proyectos que abarquen distintas cuestiones para dar una respuesta a la realidad porque el cuidado está compartido”.

En el tramo final, hizo uso de la palabra la secretaria parlamentaria del interbloque de JxC, Silvia Lospennato, consideró que “el problema con las licencias no lo tienen los que tienen 90 días, sino que tienen 0 días como monotributistas, informales. Pero por un lado hay que empezar y esto también es una deuda que la venimos pateando y me parece que, si hay vocación de trabajar de manera racional y acotada una reforma a lo que ya existe en los convenios, de lo que ya existe para el empleo público en muchos municipios y provincias y dependencias del Estado, es de alguna manera un primer paso que necesitamos hacer”.

“Tenemos que hacer con absoluta seriedad y hay que despejar algunos temores que puede generar este tema. El primero es pedir un dictamen a la Oficina de Presupuesto para que se vea que esto no es un enorme impacto fiscal inabordable. Este régimen no solo lo pensamos para las empresas grandes, sino para las PyMes y Micro Pymes también porque la mayoría de las mujeres se inserta en la informalidad porque el 62,9% de las mujeres que trabajan no registradas trabajan en esas Micro PyMes y 19,7% más llegan al 82% más cuando le sumamos las PyMes. Ahí está el 88%. Este es el problema más grande que tenemos con la informalidad”, precisó Lospennato.

Además, indicó que “cuando hablamos de las registradas los números son 32,6% y 27,1% el 60% está en ese sector”.

Los proyectos presentados sobre cuidados y licencias:

Diputados de todos los bloques habían presentado sus propias iniciativas, a saber:

FdT: Estela Hernández, Claudia Ormachea, Alejandra Obeid, Silvana Ginocchio, Tanya Bertoldi, Alicia Aparicio, Itaí Hagman, Graciela Caselles, Carlos Ponce, Carolina Yutrovic, Hernán Pérez Araujo, Carlos Cisneros, Blanca Osuna y Marisa Uceda.

JxC: Soledad Carrizo, Graciela Ocaña, Soher El Sukaria, María Sotolano, Marilú Quiroz, Mónica Frade, Facundo Manes, Cristian Ritondo, Camila Crescimbeni, Karina Banfi y Leonor Martínez Villada.

Otros: Romina del Plá, Myriam Bregman, Graciela Camaño, Enrique Estévez y Mónica Fein.

El presidente de la Nación lo anunció en la Asamblea Legislativa del 1° de marzo de 2022, con estas palabras: “Todas y todos necesitamos ser cuidados en algún momento de nuestras vidas. En la primera infancia y en la ancianidad. También en circunstancias de enfermedad o de necesidades especiales. La desigual distribución del trabajo de cuidado es el corazón de las desigualdades entre los géneros. Al igual que otros países enviaremos un proyecto de ley que establezca un sistema integral de cuidados con perspectiva de género que permitirá crear más de 200.000 puestos de trabajo para quienes cuidan a más de 1 millón de personas que necesitan de esos cuidadas”.

Cabe consignar que, en nuestro país, según el módulo de uso del tiempo que se incorporó en 2013 a la Encuesta Anual de Hogares Urbanos (EAHU), el tiempo social promedio dedicado al trabajo de cuidado no remunerado es muy desigual. Las mujeres pasan 5,7 horas por día haciendo trabajo de cuidado no remunerado, mientras que los varones dedican en promedio solo 2 horas diarias (Indec, 2014).

El proyecto del PEN tiene 91 artículos y contempla los siguientes ítems: Derechos; Reconocimiento y valoración de los cuidados; Políticas para la redistribución, conciliación y corresponsabilidad en la organización social de los cuidados; trabajo de cuidados remunerado; licencias igualitarias.

También incluye modificaciones a la ley de contrato de trabajo; modificación a la ley de asignaciones familiares; modificaciones a la Ley Nacional del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones; modificaciones a la Ley de Obras Sociales; y modificaciones a la Ley de Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el personal de casas particulares, entre otros ítems.

Tipos de licencias previstas

• Para víctimas de violencia de género.
• Para conciliación de la vida personal, familiar, cuidados y laboral con perspectiva de género.
• Para la realización de estudios preventivos de cáncer de mama y cérvico uterino.
• Licencias laborales para el acompañamiento de personas en alto riesgo de suicidio.
• Destinadas al cuidad familiar.
• Por nacimiento y ampliación de licencias por paternidades y personas no gestantes que ejercen la corresponsabilidad parental.
• Madre de hijo con discapacidad.
• Licencia especial por nacimiento de hijo pretérmino y de alto riesgo.
• Por nacimientos múltiples.
• Protección de la maternidad y conservación del empleo.
• Ampliación de la prohibición de trabajo de la madre durante los 45 días anteriores al parto y hasta los 53 posteriores.
• Para trabajadoras madres con hijo que tenga síndrome de Down.
• Por responsabilidades familiares y tarea de cuidado.

En la pandemia, de acuerdo con el Estudio sobre el impacto de la Covid-19 en los hogares del Gran Buenos Aires realizado por INDEC, la carga de cuidado aumentó y fue absorbida sobre todo por las mujeres (65% de los casos).

Tras una declaración de más de tres horas, el exfuncionario de la Corte Suprema, Héctor Marchi, se presentó por segunda vez a testificar ante la Comisión de Juicio Político de Diputados, a cargo de Carolina Gaillard, para continuar su denuncia por las irregularidades en el manejo de la Obra Social del Poder Judicial.

Quien fue administrador general de la Corte Suprema durante los últimos 15 años y tuvo a su cargo a partir del 2021 la supervisión de la Obra Social, volvió a denunciar que sufre “presiones” y que lo empezaron a “perseguir” tras sus declaraciones.

Además, volvió a apuntar con dureza contra los jueces del máximo tribunal Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz. También se despachó contra Mariano Althabe -preside la OSPJN- y Silvio Robles.

El funcionario judicial fue recientemente desplazado por el voto de la mayoría de los jueces del máximo tribunal. Por el voto de Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda –Ricardo Lorenzetti se opuso-, Marchi fue apartado de su cargo y trasladado al fuero de la Seguridad Social días atrás y advirtió que su salida fue una “sanción encubierta” contra su persona.

El documento de Marchi y el reclamo de los diputados

Previo a la ronda de preguntas, el contador público hizo una exposición de la “situación” luego de haber testificado ante la comisión. Allí, contó que le interesa “la seguridad jurídica de la mujer y del hombre que por quienes se empiezan a respetar los derechos y se demuestra a través de los hechos de las formalidades de quienes la tienen que garantizar”.

Aclaró que no se presenta ante Diputados por “la bronca de un traslado” sino porque “me citaron como testigo de informes que hice hace bastante tiempo totalmente técnicos y profesionales y están ratificados por la Comisión de Auditoría que formó el Tribunal y para defender al Poder Judicial de la Nación”.

“Tercera vez que digo presente”, destacó Marchi y precisó que fueron dos en la Comisión de Juicio Político y una en el juzgado federal. “Los que tienen que dar la cara brillan por su ausencia”, disparó el funcionario y sumó: “Dos ministros y dos funcionarios que todavía no fueron citados”, y expresó su “mayor respeto” a los compañeros que ya han testificado “o la ausencia de quienes tenían que hacerlo asumiendo sus responsabilidades de funcionarios públicos”.

Al respecto, remarcó: “Muchas veces preferí quedarme sin trabajo, pero jamás perder la dignidad y la autoridad. Sabía que iba a pasar en algún momento porque me negué a encubrir al doctor (Mariano) Althabe y a Silvio Robles, pero dejé en claro que como funcionario público iba a poner en claro la situación”.

“El informe número 4 de supervisión relativo a la gestión de Althabe, el ocultamiento por parte de Robles y el silencio de Rosatti a por lo menos un ministro es suficiente muestra. Después de ese informe Rosatti me dijo que si corría peligro el cargo de Althabe yo me iba primero. Además, me pidió destruir parte del legajo de Althabe donde Rosatti lo proponía”, relató Marchi.

Así, comentó que se negó “rotundamente” a los pedidos de Rosatti y le advirtió que “no me asustaban sus amenazas”, e informó que “por eso solicité la semana pasada en sede judicial incorporar copia de los legajos para corroborar la situación”.

“Rosatti me manifestó que a él no le llegaba la ley y le dije que el pueblo si, y por eso estoy con ustedes que son los representantes del pueblo. Que los ministros están para cuidar la Corte Suprema y no para usar la institución para esconderse y tapar irregularidades”, denunció y solicitó permiso para leer otro documento

En ese momento, el titular del bloque CC-ARI, Juan Manuel López, cuestionó que “el testigo viene a declarar. Yo no sé quién le escribió lo que está leyendo. En todo caso que tenga un apunte de las referencias, pero tener que leer cosas y dilatar así el interrogatorio, a mí no me parece”.

De la vereda de enfrente, le salió a responder el kirchnerista Rodolfo Tailhade quien explicó que el testigo “está haciendo una introducción a su declaración. No hay nada que impida que lo haga. El pidió autorización, lo autorizamos, no hay preguntas entonces tiene que seguir”.

Lejos de quedarse en silencio, López le retrucó con una pregunta hacia Marchi respecto a quién escribió lo que leyó y que deje copia firmada.

Sin ser miembro de la comisión, pidió la palabra la radical Roxana Reyes para denunciar que “hay vulneración de formas”. “Estoy asombrada que la presidenta conteste preguntas del testigo y asombrada que una de las diputadas -por Vanesa Siley- indique cómo hay que preguntar sobre las generales de la ley. Estoy nuevamente asombrada porque el testigo solamente puede consultar apuntes para cuestiones técnicas, pero no puede venir a relatar una declaración porque tiene que responder a las preguntas y en función de eso consultar los testigos”, denunció al santacruceña.

“Tengo que hacer esas aclaraciones porque si este proceso se va a manejar con esta arbitrariedad, realmente es pasible de todas las nulidades”, advirtió Reyes.

En tono enojada, la titular de la comisión le contestó: “Con todo respeto, pero sus colegas han venido presenciando cada una de las reuniones que realizamos. Sus colegas han venido presenciando y todo ha sido derecho y el único objetivo de la comisión el logar determinar si hay o no mal desempeño y si los hechos que han sido denunciados se cometieron o no”.

“Usted es la primera vez que viene así que le pido por favor que respete el trabajo que se viene realizando”, remató Gaillard.

A su turno, y de forma pacífica Mónica Frade (CC-ARI) le preguntó si se puede poner a consideración para votar “cosas que son ilegales” porque “acá recién se puso a consideración que un testigo venga con un panfleto y lo lea. ¿Eso se puede poner a consideración?”. En ese momento, la titular de la comisión le aclaró que con la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo dejaron que leyera un documento, pero Frade le siguió reprochando que “hicieron una vergüenza con Estela De Carlotto”.

El oficialista Leopoldo Moreau aclaró que “no hay ningún obstáculo para que el testigo, firmando y reconociendo la autoría del documento que lee, puede hacer una introducción y luego se le hacen las preguntas”. En ese contexto, Gaillard procedió a leer el artículo 12 del reglamento que establece que el testigo puede basarse en documentos en tanto y en cuento lo autorice la comisión.

Al retomar su testimonio tras el cruce de palabras entre los diputados, Marchi solicitó respeto hacia su persona y apuntó: “Me parece bastante imprudente las consideraciones del diputado López, pero no es mi intención entrar en discusión porque solo quiero hacerles saber a ustedes el estado de situación de cosas importantes que seguramente no están en su conocimiento”.

El exfuncionario judicial se remitió a su exposición de la reunión pasada en donde “quedó claro que bajo la supervisión en el email que Juan Carlos Maqueda le envió a sus ministros que la responsabilidad total sobre la supervisión desde el 2008 hasta el 31 de agosto de 2021 corrió por su cuenta y que, a partir de esa fecha y hasta noviembre de 2022 que se decidió que la supervisión esté a cargo de la Secretaría General de la Administración se realizaron los informes, recomendaciones, acta final de cierres. Posteriormente la responsabilidad de la gestión es de Althabe con su proponente al Dr. Rosatti”.

En esa línea, continuó denunciando las irregularidades en la Corte Suprema: “Con relación al periodo que Maqueda tuvo el control de la obra, todo lo que he declarado es exactamente lo mismo que dice la Comisión de Auditoría ordenada por la propia Corte que describió una gran cantidad de irregularidades, negligencia grave y que no se corresponden con los deberes de un funcionario público. Por otro lado, la OSPJN perdió por lo menos más de 2.700. millones de pesos en la gestión de Althabe propuesto por Rosatti”.

“Cumplí en informarlo al presidente de la Corte en dos veces. La primera en acuerdo donde estaban tres ministros y Althabe haciéndolos saber que ya llevaban perdido más de 1.500.000 millones de pesos por dejar el dinero en las cuentas corrientes. A pesar de mis recomendaciones, este hecho no se corrigió y al final de la gestión de supervisión de la Secretaría General de Administración esta perdida superó los 2.700 millones de pesos. Sin embargo, Rosatti que propuso a Althabe no hizo nada con él, y Althabe ante esa cifra perdida monumental de dinero sigue como si nada”, relató el contador.

Al respecto, consideró que es una “negligencia grave” producto de “los incumplimientos de los deberes públicos”, y aclaró: “Yo no voy a encubrir esta situación, aunque Rosatti no haya hecho nada. Hay pruebas de que los hechos están denunciados ante mis superiores en tiempo oportuno y que lo ocultó”.

“Hice esta denuncia y fue una de las causas a partir de las cuales me empezaron a perseguir. No puedo hacer ninguna otra declaración porque está bajo investigación de Lijo donde aporté pruebas y pedí que se incorporaran otras”, informó.

Por otro lado, manifestó que la falta de contabilidad general “no genera certezas a las transacciones económicas y financieras, sin presupuesto y balances ciertos. Con información que se puede cambiar o perder. No se pueden controlar ingresos ni egresos con certezas. No existe una organización sin contabilidad integrada. Es el escenario perfecto para cualquier hecho de corrupción. Es una negligencia grave que abarca la gestión de Maqueda y Rosatti y no se corresponde con los deberes de un funcionario público”.

Así, hizo alusión a los “hechos de informalidad” que se generaron “antes y después de mi visita a esta comisión”.  “En primer lugar denuncié la eliminación del email oficial del presidente de la Corte por pedido del señor Robles vía WhatsApp y el uso de un Gmail suyo. Una situación gravísima sin mi consentimiento y con funcionarios bajo mi responsabilidad”.

“Segundo denuncié la recepción de Robles del informe 4 de Supervisión de la Secretaría General el 26 de agosto de 2022 y la falta de comunicación a ministros. Otra situación gravísima de ocultamiento. La falta de publicación de informes que mencioné antes”, sumó.

Y agregó: “La denuncia a funcionarios a mi cargo por parte de Robles. Después de esos actos, entiendo que la presencia de Robles como vocero de los tres ministros es de una gravedad extrema y el posible acto de encubrimiento por quienes lo protegen”.

Asimismo, Marchi también denunció que, tras su primera presentación en la comisión, “sufrí hechos de presión”, y detalló: “Primero con un comunicado de la comisión interna de los judiciales que tenía relación directa con la reunión de los tres ministros con algunos pocos empleados en el Palacio de Justicia”.

“En tercer lugar, el comunicado propio de la OSPJN”, enumeró y afirmó que aportará todas las pruebas que busquen desacreditar “mi gestión y atacar a mi persona”, pero resaltó que “es muy importante destacar que los comunicados no tienen firma, una forma utilizada por el vocero de los ministros para transmitir sus órdenes”, disparó el funcionario.

Además, cuestionó que plantean una política financiera “opuesta a la de responsabilidad fiscal que fue llevada hasta hace pocos días. Este tipo de políticas terminan en déficit, inflación, mayores impuestos. Pasaremos de la formalidad a la informalidad como transita el tribunal. De la responsabilidad fiscal a la liberación del gasto sin límites. Reservas de 150 mil millones en la Corte y de 80 mil en la Obra Social son atractivos para cualquier grupo. La independencia presupuestaria del Poder Judicial estará cada vez más lejos”.

Hico un breve comentario respecto al comunicado de la obra social: “Fue hecho por alguien poco inteligente porque decir que lo que hice fue ir en contra de trabajador es mentira. Los sueldos del personal del Poder Judicial se encuentran en el 2% de los más importantes de los trabajadores. El ahorro que tanto me cuestionan no se hizo por ajustar el personal, es para lograr una planta óptima”.

“Rosatti, además de no cuidar los ingresos de la Obra Social que fueron perdidos por Althabe que eran para atender la salud de 100 mil afiliados, maneja de manera informal otro tipo de ingresos que corresponden a la Obra Social”, planteó.

Marchi también contó que Rosatti “no solicitó informes en el fallo por Coparticipación, siendo que el Poder Judicial perdería por su aplicación más de 10 mil millones anuales a valores actuales y generaría complicaciones. No consultó a la Secretaría General de Administración respecto de las consecuencias de su llegada a la presidencia del Consejo de la Magistratura”.

“Quiero denunciar el posible otorgamiento de contratos para intentar negociar fallos que podría convertirse en delito en función del pedido de contratos por parte de Silvio Robles por orden de Rosatti para la Cámara de Casación. Esto es en referencia a la causa iniciada en Santa Fe contra Rosatti por un ex chofer de la municipalidad de Santa Fe, que declaró llevarle dinero todos los meses”, señaló.

Sobre esto, recomendó: “Esta causa tuvo un recorrido por distintas instancias judiciales y también recusaciones a jueces por parte de Rosatti, dada la informalidad y preferencia con los que solicitó Silvio Robles y teniendo en cuenta su comportamiento en los hechos anteriormente denunciados por mí, sería conveniente pedir los fallos de las distintas instancias y los contratos que se dieron a los jueces durante los años 2021 y 2022, para dejar en claro esta situación”.

Por último, se refirió al juicio político presentado por la CC-ARI contra Ricardo Lorenzetti: “Es falso la cooptación de las estructuras del Consejo para la concentración del poder y el manejo de los fondos de la justicia. La transferencia fue solicitada por los consejeros y aceptada por la Corte. Los recursos se transfirieron un par de meses y nunca más se hicieron, quedando una deuda enorme. El personal de dichas dependencias se redujo en más del 40%”.

También aseguró que “es falso la designación arbitraria del personal, solo se ocupa el 54% total de la planta disponible y hay más de 2.500 vacantes. Es falso el manejo irregular del fondo anticíclico”. Luego, volvió a ratificar que el diputado López fue al despacho de Rosatti y de Robles para pedir su remoción.

También aseguró que “es falso la designación arbitraria del personal, solo se ocupa el 54% total de la planta disponible y hay más de 2.500 vacantes. Es falso el manejo irregular del fondo anticíclico”. Luego, volvió a ratificar que el diputado López fue al despacho de Rosatti y de Robles para pedir su remoción y le anticipó que le iniciará juicio por la falsa denuncia que le hizo.

Las preguntas y el testimonio

El primero en consultar fue el titular del bloque CC-ARI, sobre la relación que mantiene Marchi con Lorenzetti: “El vínculo es laboral. Con ninguno tuve problemas personales”. Además, contó que los expedientes de la Obra Social que pasan por la Corte, pero durante la gestión de Maqueda “nada se hacía sin el ‘ok’ de él”.

López, también le preguntó si recordaba quién firmó las resoluciones que designaron a Aldo Tonón al cargo de la OSPJN, a lo que Marchi afirmó: “No recuerdo, pero si eran resoluciones fue Maqueda porque Tonón era el médico personal”.

“Yo ingresé con una Corte de siete ministros y había un respeto de forma y de palabra. Habíamos manifestado que Maqueda asumió que estaba a cargo de la obra social sin haber un acto específico. No se hacía ninguna resolución sin su autorización”, explicó.

Al responderle a la diputada Graciela Ocaña, Marchi contó que post pandemia hubo una “eclosión en la obra social. Hubo una diferencia entre Maqueda y Tonón y se dejaron de hablar. Ahí vino el gran problema y vino la explosión. No sé qué pasó. Tonón no podía hacer nada sin la autorización de Maqueda”.

Era sabido que las elecciones este año iban a complicar la actividad en el Congreso, debido a que muchos legisladores se postulan en sus provincias para diferentes cargos políticos. Si bien, en Diputados vienen realizándose reuniones de comisión, algunas comienzan a ver su funcionamiento afectado por el quórum.

Así sucede con la Comisión de Agricultura y Ganadería, a cargo del radical Ricardo Buryaile, la cual está convocada para reunirse este miércoles 10 de mayo a las 13 en la Sala 1 del Anexo “A” a fin de tratar un paquete de proyectos de declaración y de resolución.

Sin embargo, según confió a parlamentario.com una fuente de esa comisión, “está convocada, pero estamos viendo los temas a tratar, porque podría complicarse el quórum por las elecciones de este domingo”.

Este domingo se vota en Tucumán, Salta, La Pampa, Tierra del Fuego y San Juan, donde Juntos por el Cambio tiene dos diputados de esas provincias: Roberto Sánchez, candidato a gobernador de Tucumán; y Martín Maquieyra (Pro), que era candidato a gobernador de La Pampa, pero perdió la interna. Por este motivo, necesitan confirmar que el oficialismo tenga gente presente para garantizar el quórum para poder dictaminar.

La Comisión de Juicio Político de Diputados, que preside la entrerriana oficialista Carolina Gaillard, volverá a reunirse este martes desde las 13 para interrogar a nuevos testigos sobre las irregularidades en el manejo de la Obra Social del Poder Judicial.

Según la nota a la que accedió parlamentario.com, son cuatro los testigos previstos, y la convocatoria se aviene a lo expresado en el inicio de la audiencia de este miércoles.

El primero de la nómina es Héctor Daniel Marchi, quien fue administrador general de la Corte Suprema durante los últimos 15 años y tuvo a su cargo a partir del 2021 la supervisión de la Obra Social. Ya declaró en la reunión del 25 de abril y quedó en regresar en la siguiente, para responder preguntas sobre lo que se conoce como el “informe Marchi”, elaborado en torno a la investigación de las irregularidades en la OSPJN. Debía presentarse este miércoles, pero fue reprogramado para la semana siguiente porque este miércoles fue convocado para declarar por la misma causa ante el juez Ariel Lijo.

Además, ha sido citado Santiago Clerici, secretario letrado de la Corte, quien faltó en dos oportunidades, pero manifestó interés en declarar. También el contador público Nicolás Jacinto Serafini, que faltó esta semana y que debe exponer en torno al informe elaborado oportunamente sobre la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, que él mismo suscribió.

Por último, ha sido citada la jueza federal de San Martín Martina Forns, cuyo esposo falleció en plena pandemia, “abandonado por la obra social” del Poder Judicial, según se ha denunciado.

En la décima segunda reunión de la Comisión de Juicio Político, el oficialismo votó a favor de traer a declarar por la fuerza pública a Aldo Tonón, el exdirector de la Obra Social del Poder Judicial, ya que por tercera vez consecutiva no compareció a testificar.

Así lo había adelantado parlamentario.com tras consultarle al abogado del funcionario judicial, Mauricio D’Alessandro, quien anticipó que para este miércoles su defendido no iba a concurrir. Y así fue.

La razón de la insistencia de Tonón y su abogado en no declarar ante la comisión es que existe una investigación abierta en el juzgado federal N° 4 a cargo del juez Ariel Lijo, en la que figura como imputado y obligarlo a presentarse podría violar la garantía del artículo 19 de la Constitución Nacional que establece que “nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo”.

La causa por la que está siendo citado, tanto por la Justicia, como por el Poder Legislativo, tiene que ver con las supuestas irregularidades en el manejo de la Obra Social del Poder Judicial. D’Alessandro aclaró que la comisión “no puede citar por la fuerza pública” a su defendido, pues eso “no está en el reglamento”.

La titular de la comisión, Carolina Gaillard, explicó que “el doctor Tonón ha enviado una nota donde justifica su no comparecencia aduciendo que tiene causas judiciales en trámite y no procedería citarlo por la fuerza pública”.

“En la reunión anterior se definió que se le reiteraba la citación después de dos citaciones a las que no había comparecido, bajo apercibimiento de que si en esta oportunidad no comparecía se iba a dar conocimiento al juez”, recordó la oficialista y subrayó que “así lo establece el reglamento interno de la comisión que, ante la no comparecencia de un testigo en reiteradas oportunidades, lo que se hace es comunicar la ilicitud al juez. Por lo cual se le comunicará al juez la no comparecencia del doctor Tonón y se le pedirá que asista a la comisión con la fuerza pública para la próxima reunión”.