La iniciativa fue debatida en la reunión de la Comisión de Discapacidad. Además, pasó a la firma el proyecto sobre la adopción del Símbolo Internacional de Accesibilidad Universal que había logrado la media sanción del Senado, pero perdió estado parlamentario en 2021.
La Comisión de Discapacidad de Diputados, a cargo del rionegrino Luis Di Giacomo, se reunió este miércoles en la Sala 2 en donde debatieron un paquete de proyectos de ley y de resolución, entre ellos la adopción del Símbolo Internacional de Accesibilidad Universal y la incorporación de un artículo a la ley de personas con TEA.
El primer proyecto analizado fue el que propone la adopción del Símbolo Internacional de Accesibilidad Universal, una iniciativa que llegó a ser aprobada en el Senado y avanzó en 2021 hasta ser dictaminado en comisión de Diputados, pero terminó perdiendo estado parlamentario. Este cambio de logo obedece a una adecuación que se hizo en 2019 a nivel internacional.
El logo inicial se focalizaba sólo en la prótesis (silla de ruedas), luego fue incorporado y representado también el ser humano. Con el tiempo se diseñó un nuevo logo, eliminando la connotación pasiva, representando al ser humano en su movimiento en el espacio. Pero como la silla de ruedas no representa todos los desafíos en cuanto a accesibilidad para la sociedad, sólo representa a un colectivo, nace el nuevo Símbolo Internacional de Accesibilidad, pensado ya no desde la discapacidad, sino pensado para todos.
El diseño del nuevo logo representa al ser humano de pie con los brazos y piernas extendidas rodeado de un círculo (su contexto). Representa la armonía entre todos los seres humanos en la sociedad, simboliza la inclusión de todas las personas de todos los niveles, en todas partes, y la esperanza de acceso para todos.
Pone en la agenda social el desafío de lograr, desde la educación, el trabajo y la innovación, un mundo donde la comunicación, los servicios, el diseño de los espacios y productos sea pensado para todos desde el inicio, siempre que sea posible.
Al respecto, Di Giacomo acotó: “Este proyecto ya tuvo dictamen positivo. Se cayó luego y ahora vuelve a ser presentado sin cambios. Creo que no hay dificultades en su aprobación”. Tras lo cual se pasó a la firma.
La siguiente iniciativa que pasó a la firma y giró a la Comisión de Presupuesto y Hacienda plantea una modificación en el artículo 12 de la Ley de sistema Federal de la vivienda – Ley 24.464 – sobre criterios indicativos de selección y cupo referente destinado a personas discapacitadas.
Otra de las iniciativas -unificada- propone la incorporación del artículo 1 bis sobre detección temprana del TEA: “Artículo 1 bis°.- Impúlsese, en el marco del abordaje integral e interdisciplinario de las personas que presentan trastornos del espectro autista (TEA), un plan de detección temprana en el marco de la educación en todos los niveles y modalidades a fin de garantizar la accesibilidad y permanencia en el sistema educativo. El Ministerio de Educación de la Nación y el Ministerio de Salud de la Nación, en forma conjunta y con la participación de aquellas organizaciones y actores de la sociedad civil que consideren pertinente, deberán trabajar de forma coordinada a fin acordar un plan de detección temprana en el ámbito educativo”. También busca la sustitución del artículo 2.
Sobre este punto pidió la palabra la diputada y autora de uno de los proyectos Danya Tavela (Evolución Radical) quien agradeció y celebró el trabajo de la comisión que “trabajó en la unificación de los proyectos”.
“Esto da respuestas a una de las demandas de las familias, de las distintas ONG, de docentes que nos planteaban la necesidad de incorporar el Trastorno del Espectro Autista y su detección en las instancias educativas”, explicó y ponderó el “esfuerzo” que hicieron los equipos para unificar los proyectos. También destacó el “valioso aporte y el trabajo de las diputadas (Natalia) De La Sota y (Rossana) Chahla con quienes hemos unificado el proyecto”.
Por otro lado, contó que “este proyecto fue el primero que trajimos desde mi equipo al Congreso reflejando el compromiso que nuestro espacio tiene con la educación argentina y pública en momentos de tanto debate y confusión que se va generando de volver a poner en el centro de la agenda de manera transversal el rol de la escuela, de los docentes y la importancia que la educación tiene para todos los chicos”.
A su vez, precisó que los motivos por los cuales impulsaron el proyecto tenía que ver con “impulsar el plan de detección en el marco de la educación en todos los niveles y modalidades para garantizar la accesibilidad y permanencia en el sistema educativo. Aquellos padres que tienen hijos con TEA saben de las dificultades que enfrentan en la escolarización. Un sistema inclusivo de educación garantiza el ingreso irrestricto de todos los niños a la escuela, pero también su permanencia y graduación que, finalmente, les va a permitir mejorar su calidad de vida y poder desarrollar sus propias trayectorias”.
Tavela explayó que la segunda idea “central” del proyecto se basa en la articulación del Ministerio de Educación y de Salud y remarcó que “es imprescindible para mejorar la vida de los argentinos que todas las áreas del Estado trabajen de manera mancomunada, articulada y con objetivos claros y la educación es una de ellas y la inclusión de nuestros chicos en las escuelas también”.
También incorpora dos cuestiones más, una sobre la autoridad de aplicación y la otra tiene que ver con la mirada interdisciplinaria social e integral del abordaje del diagnóstico. Al cierre de su intervención, Tavela pidió el acompañamiento de sus pares y concluyó: “Un Ministerio de Educación que aborde el TEA, con escuelas que realicen una detección de las condiciones, es decir, que identifiquen las señales de alarma y actúen a tiempo y acompañen a los niños en su escolaridad, puede marcar una diferencia enorme en el pronostico y futuro de cada chico, en la calidad de vida familiar y en el desarrollo de la sociedad inclusiva.
“No hay estadísticas que reflejan el TEA en el país”, expresó con pesar la diputada de JxC y sumó: “Proyectos como estos avanzan en esas posibilidades. Tampoco el CENSO 2022 nos va a poder arrojar cifras sobre el mismo porque no se incluyó la consulta, pero siempre mirando con optimismo la labor que tiene que ver con tomar la agenda del día a día que pesa y duele. Hemos hecho un avance con este proyecto, pero todavía nos toca trabajar mucho porque la educación en el país requiere de muchos proyectos que garanticen la inclusión y la calidad de innovación”.
De forma breve, el oficialista Eduardo Valdés manifestó con orgullo poder aprobar este proyecto y adelantó el acompañamiento de su bloque. Mientras que el presidente de la comisión sostuvo que “este tipo de proyectos efectivamente colaboran y, más que su grano de arena, ponen un elemento más y dan un paso más en la posibilidad del reconocimiento que merece la concientización que debe hacerse de este tipo de problemáticas donde hoy, lamentablemente, a pesar de los avances de la ciencia y las posibilidades de diagnóstico temprano y precoz, tenemos padres y madres deambulando por años en busca de un diagnóstico y me parece que esto, sumado a la capacitación de docentes que se lleva a cabo en el Senado. Son todos proyectos que ponen sobre el tapete que tenemos que hacernos cargos de esta problemática y que se ejerza la coordinación entre Salud y Educación va a ser algo positivo”.
A continuación, se puso a consideración el proyecto que plantea modificar la Ley 24.901 de Sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de personas con discapacidad, incorporando a las prestaciones la recreación y socialización. Al respecto, el autor de la iniciativa Eduardo Valdés pidió que quede en asesores hasta que la Comisión de Salud dictamine sobre los acompañantes terapéuticos y sumó: “El proyecto es muy bueno y sería mejor”.
Por su parte, el exministro de Salud Daniel Gollan (FdT) mencionó “hay un consenso generalizado entre todos los bloques que presentaron proyectos de unificar en un solo proyecto. Así que es muy probable Valdés que casi seguro que tu proyecto va a tener un trámite satisfactorio en la Comisión de Salud”, y propuso “plantear un tratamiento en conjunto”.
También debatieron sobre el texto que establece modificaciones en el artículo 22 de la Ley 22.431 sobre el acceso gratuito de personas con discapacidad a cualquier servicio de transporte público, incluido el fluvial y aéreo de cabotaje.
Al respecto, Dina Rezinovsky (Pro) mencionó que ha presentado un proyecto igual que perdió estado parlamentario, pero que especifica que las modificaciones son por “cuestiones médicas porque tenemos que ser responsables con los fondos que tiene el Estado que no son ilimitados”, y solicitó que los proyectos vuelvan a asesores para que ambas iniciativas sean tenidas en cuenta.
También se puso en consideración un proyecto de ley para modificar el artículo 6 de la Ley del Consejo Federal de Discapacidad incorporando un representante titular y un suplente de las organizaciones sociales de o para personas con discapacidad de cada una de las provincias del país; y otro que propone modificar el artículo 3 de la Ley 22.431 Sistema de protección integral de discapacitados sobre cambio de denominación de CUD- certificado único de discapacidad- a CUDAA – Certificado Único de Acceso a Apoyos.
Sobre este último, la autora del texto la diputada Victoria Morales Gorleri (Pro) manifestó que “hay que ajustarnos a cambiar la normativa a los nuevos paradigmas en donde el pasar del paradigma médico de protección a entender a las personas con discapacidad como sujetos con derechos”.
“No debemos centrarnos en la discapacidad, sino en el apoyo que el Estado debe dar para garantizar los derechos que son vulnerados por las barreras que tenemos. Muchas personas no sacan el CUD por miedo a ser estigmatizados. Solo 1 millón y medio han accedido al certificado. También tiene que ver con otras cuestiones, pero es un factor más y es necesario poder acercar los beneficios que trae el Certificado. El cambio de nomenclatura es un avance más en el cambio de paradigma y va a ayudar ya a colaborar para que muchas personas accedan al mismo. El Estado debe eliminar las barreras y ayudar a las personas a acceder a sus derechos”, explayó.
De la vereda de enfrente, la santafecina Alejandra Obeid propuso que se haga una consulta a COFEDIS por una “cuestión de respetar la opinión de las provincias”. “Me parece muy bien hacer la consulta”, resaltó Morales Gorleri.
“Es un pedido de la gente, de las organizaciones, más que de los profesionales de la salud. No es una jerga cerrada ni algo forzoso, sino que cambia el eje central que es la cuestión de discapacidad, por la cuestión de acceso a apoyos que me parece que habla de algo a un derecho a conseguir. Se puede hacer el pedido al mismo tiempo de dar el dictamen porque esto pasa a Derechos Humanos y no tratarlo hasta tener la respuesta”, propuso Di Giacomo a lo que adhirieron ambos bloques.
La reunión de la comisión será este miércoles a las 15.30. También analizarán un proyecto para incorporar al sistema de prestaciones la recreación y la socialización, el acceso gratuito a cualquier transporte público, la modificación del nombre del CUI, entre otros.
La Comisión de Discapacidad de Diputados, a cargo del rionegrino Luis Di Giacomo, convocó a una reunión este miércoles a las 15.30 en la Sala 2 a fin de considerar un paquete de proyectos de ley y de resolución.
Uno de los proyectos busca incorporar a la Ley 27.043 de salud pública y Abordaje integral e interdisciplinario de las personas que presentan Trastornos del Espectro Autista (TEA) el siguiente artículo: “Artículo 1 bis°.- Impúlsese, en el marco del abordaje integral e interdisciplinario de las personas que presentan trastornos del espectro autista (TEA), un plan de detección temprana en el marco de la educación en todos los niveles y modalidades a fin de garantizar la accesibilidad y permanencia en el sistema educativo. El Ministerio de Educación de la Nación y el Ministerio de Salud de la Nación, en forma conjunta y con la participación de aquellas organizaciones y actores de la sociedad civil que consideren pertinente, deberán trabajar de forma coordinada a fin acordar un plan de detección temprana en el ámbito educativo”.
Otro de los proyectos a considerar plantea modificar la Ley 24.901 de Sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de personas con discapacidad, incorporando a las prestaciones la recreación y socialización.
También se tratará la adopción del Símbolo Internacional de Accesibilidad Universal, una iniciativa que llegó a ser aprobada en el Senado y avanzó en 2021 hasta ser dictaminado en comisión de Diputados, mas terminó perdiendo estado parlamentario. Este cambio de logo obedece a una adecuación que se hizo en 2019 a nivel internacional.
El logo inicial se focalizaba sólo en la prótesis (silla de ruedas), luego fue incorporado y representado también el ser humano. Con el tiempo se diseñó un nuevo logo, eliminando la connotación pasiva, representando al ser humano en su movimiento en el espacio. Pero como la silla de ruedas no representa todos los desafíos en cuanto a accesibilidad para la sociedad, sólo representa a un colectivo, nace el nuevo Símbolo Internacional de Accesibilidad, pensado ya no desde la discapacidad, sino pensado para todos.
El diseño del nuevo logo representa al ser humano de pie con los brazos y piernas extendidas rodeado de un círculo (su contexto). Representa la armonía entre todos los seres humanos en la sociedad, simboliza la inclusión de todas las personas de todos los niveles, en todas partes, y la esperanza de acceso para todos.
Pone en la agenda social el desafío de lograr, desde la educación, el trabajo y la innovación, un mundo donde la comunicación, los servicios, el diseño de los espacios y productos sea pensado para todos desde el inicio, siempre que sea posible.
También se debatirá sobre el acceso gratuito de personas con discapacidad a cualquier servicio de transporte público, incluido el fluvial y aéreo de cabotaje; la modificación a la denominación del Certificado Único de Discapacidad (CUD) por Certificado Único de Acceso a Apoyos (CUDAA) y proyectos de resolución.
La diputada oficialista Marcela Passo fue designada como presidenta del grupo. Tras la conformación del mismo, recibieron al vicepresidente de la Asamblea Nacional de la República de Corea, Chung Wootaik.
La Cámara de Diputados constituyó este viernes el Grupo Parlamentario de Amistad con la República de Corea, cuya presidencia quedó a cargo de la diputada oficialista Marcela Passo, mientras que en la vicepresidencia fue elegida la catamarqueña Anahí Costa (FdT).
Junto al director general de diplomacia parlamentaria de Diputados, Ariel Sotelo, recibieron en el Congreso a una delegación de la Asamblea Nacional de Corea, encabezada por su vicepresidente, Chung Wootaik. El objetivo del encuentro de trabajo fue promover a través de la diplomacia parlamentaria la cooperación política, cultural y económica entre ambas naciones.
Al comenzar la reunión, que tuvo lugar en el Salón Delia Parodi, Passo dio la bienvenida a la delegación, destacando la importancia de la visita para fortalecer aún más el vínculo entre ambos parlamentos.
En este sentido, destacó el compromiso de Corea con el desarrollo industrial, basado en la educación y la innovación tecnológica, e instó a ambas delegaciones a trabajar desde el poder legislativo para promover procesos de asociación entre firmas innovadoras de ambos países. Al respecto destacaron los casos de empresas como Samsung y LG, las cuales desde sus plantas en Argentina tienen vinculación con el entramado productivo local y fabrican bienes para abastecer al mercado regional.
Por su parte el presidente de la Asamblea Nacional, Chung Woo Taik, remarcó que los trabajos bilaterales se basan en una relación de larga data entre Argentina y Corea. El año pasado se cumplieron 60 años del establecimiento de las relaciones diplomáticas, hecho que motivo la realizaron actividades tanto en Seúl como en Buenos Aires.
Argentina y Corea mantienen una Asociación Comprehensiva desde 2004, estatus que da cuenta de la importancia que mutuamente se ha asignado a ambos países. Si bien la relación bilateral tiene una impronta económica y comercial, existen trabajos en curso para ampliar el ámbito de acción hacia nuevos ejes como tecnologías de la información y la comunicación, agroindustria, energías renovables, minería y cooperación científica antártica, solo por citar algunos ejemplos.
Asimismo, las delegaciones resaltaron el potencial de los intercambios en materia de cooperación científica, haciendo énfasis en el trabajo conjunto entre el SENASA y la Agencia de Cuarentena para Animales y Plantas (APQA) sobre el desarrollo de vacunas y su efectividad contra la fiebre aftosa, el cual finalizó en 2022 luego de cumplir con los objetivos establecidos.
Por otra parte, en materia de inversiones, el vicepresidente de la Asamblea Nacional destacó el potencial argentino como proveedor mundial de minerales estratégicos, en especial en el campo del litio. Por lo tanto, afirmó el interés del gobierno y las firmas coreanas en los diferentes proyectos que desarrollan en Argentina.
Finalmente, además de repasar la agenda de acuerdos parlamentarios, las delegaciones coincidieron en la existencia un enorme potencial para incrementar los negocios conjuntos. En este sentido, es de interés de Argentina acelerar las negociaciones sanitarias y fitosanitarias para poder garantizar el acceso de más productos argentinos tales como carnes y frutas en el mercado coreano. Sobre este punto la delegación de la Asamblea Nacional destacó que ve a la Argentina como un proveedor confiable de alimentos, energía y minerales estratégicos.
Durante el 2022, el comercio bilateral de bienes registró valores superiores a los USD 2.700 millones, representando un incremento de más del 20% respecto al año anterior y arrojando un superávit para nuestro país de más de USD 1.288 millones. Este resultado positivo también se dio en el comercio de servicios, con un balance favorable de más de USD 52 millones.
Completaron la delegación coreana que visitó la HCDN, los parlamentarios Lee Hyung Seok, Chung Jin Suk, Lee Hun Seung, Cho Eung Cheon y Cho Jung Hun, y el Embajador de Corea en Argentina, Lee Yong-soo.
La Comisión de Juicio Político convocó a una nueva jornada para el próximo martes a las 13 a la cual volvió a citar al exdirector de la OSPJN, Aldo Tonón, quien no se presentó a testificar por “considerar que su declaración podría violar las garantías que le asisten”.
La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, presidida por Carolina Gaillard (FdT), formalizó una nueva convocatoria a reunión para el próximo martes 25 de abril a las 13 en la Sala 1 del Anexo, a fin de continuar con la investigación sobre las “irregularidades” en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, en el marco del jury contra los cuatros ministros del tribunal, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti, y su presidente Horacio Rosatti, a quienes se acusa de mal desempeño de sus funciones.
Para esta undécima jornada, pero la séptima con testigos, la comisión volvió a citar a declarar -tal como lo habían anticipado- al exdirector de ese organismo Aldo Tonón, quien no asistió a la última reunión y envió una carta en la que consideró que su declaración podría violar las garantías que le asisten y por eso pidió ser eximido de declarar por el momento ese cuerpo deliberativo.
Además, se convocó al docente universitario Gustavo Montanini, al secretario letrado de la Corte Sebastian Clerici, al Prosecretario letrado de la Corte Suprema Enrique de Vedia, al médico legista Enzo Canónaco, y a las afiliadas Valeria Díaz y Laura Ambrosio.
El grupo parlamentario comenzó el martes pasado a analizar las denuncias de irregularidades en la Obra Social en el Poder Judicial, ya que es una de las causales del pedido de enjuiciamiento a los miembros de la Corte Suprema, junto con los fallos del 2×1, sobre la coparticipación porteña, y la derogación de la ley del Consejo de la Magistratura.
La OSPJN presta servicios de salud al personal de los tribunales federales y nacionales de todo el país y depende funcional y administrativamente de la Corte Suprema de Justicia.
La comisión de Juicio Político busca comprobar si se incurrió en irregularidad manifiesta al no cubrir las vacancias en el directorio de la obra social, en la subdirección médica, subdirección administrativa y auditoría interna, y si a consecuencia de la no designación de esas personas se incumplió con la habilitación estatutaria para la delegación de firma, informaron fuentes parlamentarias. Además, se investiga una supuesta ausencia de previsión presupuestaria y se buscará avanzar sobre irregularidades en la registración contable.
Para avanzar en estas cuestiones, la comisión también tendrá en cuenta la denuncia de la Coalición Cívica que originalmente presentó Elisa Carrió contra Lorenzetti por “mal desempeño en el ejercicio de sus funciones y eventual comisión de delitos por irregular y discrecional manejo de la obra social”, y su “incidencia” ante la falta de cobertura de vacancias en el directorio y en diferentes áreas administrativas.
La Comisión de Análisis y Seguimiento de Normas Tributarias, a cargo de Martín Tetaz, mantuvo una reunión informativa donde se expuso sobre los motivos, causas y magnitud de la evasión fiscal en el país.
La comisión presidida por el diputado Eduardo Valdés (FdT) emitió dictamen a tres iniciativas que cuentan con media sanción del Senado.
El jefe del bloque oficialista destacó la media sanción en Diputados del proyecto contra el lavado de activos y criticó el dictamen de minoría: “Era una locura”. También adelantó que empezarán a debatir el Régimen de Control y Transparencias para las Sociedades Anónimas Simplificadas.
El diputado nacional y jefe de la bancada oficialista, Germán Martínez (Santa Fe), celebró la media sanción del proyecto de ley contra el lavado de activos en la Cámara baja porque “viene a mejorar la legislación vigente”, y remarcó que “no hay delito narco sin lavado de dinero”. Además, cuestionó el dictamen de minoría de JxC: “Era horrible”.
En diálogo por Radio Nacional, el santafecino reivindicó la labor realizada para lograr la media sanción de un proyecto que “lo venimos trabajando hace 11 meses. Ingresó en mayo del año pasado. Lo trabajamos mucho con un grupo de diputados oficialistas y opositores para ir acercando el texto a un nivel de consenso que permita su acompañamiento”.
“En un proyecto que viene a mejorar la legislación vigente que, además, incorpora en la normativa local las recomendaciones que hace el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que es el ámbito donde se comparten experiencias, es una red de trabajo vinculada a la prevención de lavado de activos. Es un muy buen paso que dimos. Ojalá podamos completar esto con la sanción en el Senado”, destacó.
En ese marco, contó que “ya hay programadas visitas de monitoreo del GAFI al país por lo que esta media sanción es clave porque, si bien hay muchas recomendaciones, son claves para el financiamiento de organismos internacionales, para el privado, para la económica social, cooperación internacional. Dimos un paso muy importante”.
“Este proyecto va a mejorar las condiciones en las que se da la pelea en contra del delito narco en la ciudad de Rosario y la provincia de Santa Fe“, afirmó Martínez y resaltó: “No hay delito narco sin lavado de dinero, en ese sentido va nuestro proyecto”.
Al respecto, precisó que el proyecto tiene tres incorporaciones “fundamentales” y detalló: “Crea un registro de beneficiarios ilegales que permite identificar cuál es el actor principal en una cadena de la sociedad que se termina beneficiando con una acción de lavado de dinero. Aumenta las multas y sanciones contra aquellos que entran en las operaciones de lavado de dinero, algo que estaba establecido por pesos y quedó desactualizado ante el contexto del país. Pone a los proveedores de activos de criptomonedas bajo el control y seguimiento de la Comisión Nacional de Valores”.
Por otro lado, cuestionó la actitud de la principal bancada opositora: “Los integrantes de JxC decidieron hacer otra cosa a lo que habíamos negociado y buscaron armar un texto alternativo. El dictamen de minoría era una locura porque evitaba cualquier tipo de sanciones por debajo de los 12 millones de pesos en operaciones de lavado de dinero. Ellos sacaban el control de las acciones de criptomonedas, también sacaban a las asociaciones sin fines de lucro de los controles”, y fustigó: “Era un dictamen horrible, me daban la sensación que quienes lo firmaron no lo habían leído”.
“Es el camino alternativo para la diferenciación política, no solamente entre oficialismo y oposición, sino también hacia el interior de JxC porque para salvar la unidad votaron todos en contra. Me preocupa que los diputados por Santa Fe ni siquiera si hayan abstenido, después se llenan la boca. Esperaba en muchos de ellos generosidad y que acompañen porque cuando vinieron con el trabajo del fortalecimiento de la justicia de Santa Fe se acompañó”, cuestionó Martínez.
En suma, manifestó: “En esta ley clave para pensar el futuro del país y cerrar todos los grifos para evitar el lavado de dinero. Que voten en contra me pareció muy poco generoso. Lo hicieron porque estamos en campaña, es mezquindad política. Nosotros no vamos a parar”.
Por último, adelantó que “en unas semanas vamos a empezar a debatir en comisiones el Régimen de Control y Transparencias para las Sociedades Anónimas Simplificadas, un invento societario de la época del macrismo usado para el bien de gran cantidad de emprendedores y para el mal que los monos que lavaron en 36 sociedades anónimas 1200 millones de pesos, lo dice el fiscal federal N° 2 de Santa Fe”.
Así lo expresó la presidenta de la Cámara baja en sus redes. La iniciativa buscar crear el Programa Pubertad Precoz para garantizar el acceso a la detección, diagnóstico y tratamiento integral para el abordaje de la pubertad precoz central (PPC) en niñas y niños.
De cara a la próxima sesión en Diputados convocada por el oficialismo este miércoles 19 de abril, la presidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau, les pidió a los legisladores por la media sanción de una de las iniciativas que se encuentra en el temario: la creación del Programa Pubertad Precoz Central (PPPC).
La solicitud la hizo en redes sociales al contar que por la tarde de este lunes recibió a “algunas de las madres que luchan para hacer realidad la creación del Programa Pubertad Precoz”. Al respecto explicó que la iniciativa que busca, entre otras cosas, avanzar en el acceso gratuito del diagnóstico, la asistencia y la provisión de la medicación; generar protocolos de actuación; fomentar la capacitación de los profesionales de la salud e impulsar campañas de concientización”.
“La pubertad precoz es una condición que lleva a los niños y niñas a adquirir en forma temprana caracteres sexuales secundarios. Esta problemática no se reduce sólo a cambios físicos, también conduce a otros emocionales y psicológicos”, explicó Moreau.
La Comisión de Defensa Nacional emitió dictamen favorable al proyecto enviado todos los años por el Ejecutivo. También pasaron a la firma iniciativas de declaración sobre la cuestión Malvinas y se homenajeó a los caídos en la guerra.
La iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo fue tratada en el seno de la Comisión de Defensa Nacional. En la reunión, también se analizó un paquete de proyectos de declaración y resolución referidos a la guerra de Malvinas. Se realizó un homenaje a los caídos.
La Comisión de Defensa Nacional de Diputados, a cargo de Alberto Asseff (Pro), se reunió este miércoles por la tarde para tratar y emitir dictamen favorable al proyecto de ley enviado todos los años por el Poder Ejecutivo que autoriza el ingreso y egreso de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida del mismo de fuerzas nacionales, para participar en los ejercicios del programa de ejercitaciones.
Luego de conseguir el quórum, motivo que atrasó el inicio de la reunión unos 30 minutos, elcuerpo de granaderos homenajeó a los caídos en Malvinas tras cumplirse 41 años de la guerra el pasado 2 de abirl, por lo que Asseff pidió hacer un minuto de silencio tras lo que todos se pusieron de pie.
El temario de la reunión constaba de un proyecto para expresar beneplácito por la primera guarnición militar conjunta en la localidad de Tolhuin y el despliegue de radares en el territorio de la provincia de Tierra del Fuego. Otra de las iniciativas contempladas busca declarar de interés la conmemoración del día del veterano y de los caídos en la guerra de Malvinas en este cuarto aniversarios de conflicto del Atlántico Sur a celebrarse el 2 de abril de 2023. También un proyecto para expresar adhesión por el día del veterano y de los caídos en la guerra de Malvinas que se conmemora el 2 de abril de cada año. El último expresa beneplácito por la determinación del Ministerio de Defensa y el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de construir la Base Petrel con permanente en el territorio antártico.
El primer tema que pasó a la firma sin debate y con consenso fue el que autoriza la entrada y salida de tropas y, al respecto, Asseff explicó que “los ejercicios previstos son con Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Sudáfrica, Chile, Alemania, España, Irlanda, Francia, Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Ecuador y Suecia”. Al referirse a las iniciativas sobre la conmemoración del día del veterano, el presidente de la Comisión precisó que “por tener la misma materia se unifican en un solo dictamen”.
Al tratar el último tema, tomó la palabra el diputado Eduardo Toniolli (FdT – Santa Fe) quien explicó que el 22 de febrero Argentina cumplió 118 años de “presencia ininterrumpida en el continente antártico donde hubo un acto con la presencia del presidente de la Nación, ministros del gabinete y acompañamos algunos diputados la comitiva”.
“En esa comitiva el ministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus, y el ministro de Defensa, Jorge Taiana, visitaron distintas obras que se están llevando adelante en el sector antártico argentino, entre ellas, la puesta a punto de dos nuevos laboratorios y la reconstrucción de la Base Petrel que ya lleva casi 40 años inactiva a partir de haber sufrido en ese momento un incendio que la destruyó”, contó el santafecino.
En esa línea, precisó que “se tomó la decisión de avanzar y terminar con esas obras y constituir a la Base Petrel como una base permanente de la argentina en territorio antártico. Para nosotros es algo a saludar como también a todas las políticas que tiendan a profundizar y a reafirmar la soberanía argentina en el continente blanco de cara al fin del tratado antártico en el año 48’. Son muchos años, pero para la vida de una nación son muy pocos. Es importante que argentina reafirme constantemente su presencia y su soberanía en el continente blanco”.
A su turno, el correntino radical Jorge Vara expresó beneplácito porque “la autorización de entrada y salida de tropas llega en tiempo y forma. De los cuatro años que estoy en la Cámara, esta es la primera vez que lo hace en tiempo y forma. Eso me parece muy bien porque da previsibilidad en la planificación de los operativos por los cuales se van a cumplir”.
Por otro lado, comentó: “En este momento en las Islas Malvinas estamos con la presencia de alrededor de 30 veteranos de guerra correntinos con un esfuerzo importante del gobierno de la provincia que eso se venía haciendo hasta el 2019. En el 2020 se suspendió por la pandemia, pero en Malvinas la pandemia fue hasta 2021 y en el 2022 por un problema diplomático bastante complicado. Esto es un tema que más que a la defensa tiene que ver con la salud mental de los excombatientes”, y pidió que “no se olviden de los que estuvieron ahí y corresponde a las jurisdicciones hacer un reconocimiento”.
Entrada y salida de tropas
Se trata de una iniciativa habitual, enviada todos los años en virtud del cumplimiento del inciso 28 del artículo 75 de la Constitución Nacional, que establece que la autorización corresponde al Congreso. De acuerdo al texto, se contemplan ocho ejercicios militares, de los cuales siete corresponden a la Armada Argentina y uno a la Fuerza Aérea Argentina.
Del total de las ejercitaciones, cuatro son de carácter multilateral, tres tienen carácter bilateral y una de oportunidad. Por otra parte, uno de ellos (“VIEKAREN”) plantea la atención a una situación de emergencia o catástrofe y seis (“ACRUX”, “ATLASUR”, “FRATERNO”, “INALAF”, “UNITAS” y “CRUZEX”), una ejercitación en el marco de una hipotética misión de la Organización de las Naciones Unidas.
“Adicionalmente, el ejercicio ‘ATLASUR’ resulta una buena oportunidad para compartir experiencias y promover vínculos allende nuestra región por realizarse con la Armada de la República de Sudáfrica”, expresa en los argumentos el proyecto.
Y agrega que “respecto del ejercicio ‘PASSEX’, constituye un eventual ‘ejercicio/s de oportunidad’ en el que se realizan actividades básicas de adiestramiento naval cuando una unidad de guerra extranjera efectúa un pasaje por el Litoral Marítimo Argentino durante su traslado, y por ello no especifica fecha de realización, toda vez que la planificación y ejecución de este se encuentra supeditada al eventual paso de una unidad de guerra extranjera por aguas de la Zona Económica Exclusiva de la República Argentina.
La diputada oficialista Gabriela Estévez fue elegida como presidenta del grupo, mientras que, el opositor Juan Polini será vicepresidente.
Representantes de distintas fuerzas políticas participaron de la reunión constitutiva del Grupo Parlamentario de Amistad (GPA) con la República Armenia, la cual tuvo lugar en el Salón Blanco del Congreso. El grupo estará presidido por la diputada nacional Gabriela Estévez (FdT), en tanto que Juan Carlos Polini (JxC) será el vicepresidente.
Posterior a la constitución del GPA sus integrantes recibieron al Embajador de Armenia en Argentina, Hovhannés Virabyan. Durante el encuentro, además de establecer un primer contacto, comenzaron a delinear los principales puntos de la agenda de trabajo para el 2023, la cual estará centrada en la profundización de la cooperación bilateral parlamentaria.
El vínculo bilateral se remonta a 1992 cuando ambos Estados establecieron relaciones diplomáticas, cumpliéndose el año pasado 30 años de relación. Una parte importante de este vínculo está basado en el destacado rol económico y social que tiene la diáspora armenia en nuestro país. Es que Argentina es uno de los países que alberga la mayor cantidad de armenios en el exterior, con una estimación de entre 100 a 150 mil descendientes, quienes ocupan lugares destacados en la industria nacional. En este marco, se comprometieron a continuar impulsando actividades culturales que sirvan para afianzar aún más la unión de ambos pueblos.
Por otra parte, destacaron que Argentina forma parte de las decenas de países que han reconocido el genocidio armenio: desde 2007, con la sanción de la Ley 26.199, se declaró al 24 de abril como el “Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos”. En este sentido, uno de los puntos de la agenda de trabajo será generar acciones para erradicar los discursos de odio y promover la defensa de los derechos humanos.
En términos económicos, repasaron las oportunidades comerciales en materia agrícola y turística, así como también el potencial de cooperación en áreas estratégicas como tecnologías de la información y salud. Actualmente, la balanza comercial bilateral es superavitaria para Argentina y se concentra en productos agroindustriales.
Participaron de la reunión los legisladores Gabriela Estévez, Paola Vessvessian, Eduardo Valdés, Juan Martín, Eduardo Fernández, Alejandro Finocchario, Magali Mastaler y Laura Rodríguez Machado, y el director general de Diplomacia Parlamentaria, Ariel Sotelo.
La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo no respondió preguntas y, por el contrario, leyó un extenso documento en el que con “la aplicación del 2×1 fallaron favoreciendo indiscriminadamente a los genocidas”.
La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, se presentó ante la reunión de la Comisión de Juicio Político de Diputados realizada este martes en el marco de la investigación de la causal del fallo 2×1, dictado por la Corte Suprema de Justicia en 2017, que benefició al represor Luis Muiña, en la que expresó que “el fallo Muiña desnudó un profundo cinismo por parte de Rosatti, Rosenkrantz y Highton”.
Sin responder preguntas, Carlotto procedió a leer un documento en el que confirmó su asistencia para “testimoniar en este proceso de responsabilidad funcional”.
“Las Abuelas venimos recorriendo tribunales hace años, antes de nuestra creación como institución. Primero cada una de nosotras en soledad ante la desaparición de los hijos y con ello la incertidumbre de qué habría pasado con nuestros nietos y nietas”, comenzó.
En ese sentido, continuó: “La historia es más conocida y las Abuelas se juntaron y empezamos a ir juntas a asesorías de menores, juzgados federales y distintos tribunales buscando a nuestros nietos y convencida de que la lucha tenía que ser colectiva”.
“Nuestra recorrida en tribunales comenzó en la dictadura y continuó en democracia hasta nuestros días. Sin embargo, pese a los auspicios esperanzador que fue el inicio del gobierno de Alfonsín y el juicio a las juntas, la sanción de las leyes de impunidad y la convalidación por la Corte Suprema de Justicia de la Nación fueron de duro golpe para las víctimas y los familiares”, expresó.
Al respecto, planteó que “en el 2017 con el fallo Muiña volveríamos a experimentar esa sensación”, pero aseguró que “aún en estos momentos de impunidad, seguimos acudiendo al Poder Judicial para poder encontrar a nuestros nietos y nos encontramos con decisiones adversas, pero que supimos respetar institucionalmente convencida de la verdad de nuestros reclamos”.
También relató que fueron a instancias internacionales que las acompañaron y “a partir de ser oídas en el exterior, pudimos construir nuevamente en nuestro país el camino de la justicia para nuestros desaparecidos”.
“Primero con los juicios por la verdad a fines de la década del 90’, y luego con decisiones judiciales que rompieron la impunidad y permitieron volver a enjuiciar a los responsables de los crímenes de la dictadura”, sumó.
En ese recorrido histórico, contó que “en el 2004 la Corte con el fallo Arancibia-Clavel nos dio una luz de esperanza que se terminó cristalizando en el 2005 con el fallo que anuló finalmente las leyes de punto final y obediencia de vida”.
“El fallo Simón tuvo como antecedente inmediato el juicio por la apropiación de nuestra nieta Claudia Poblete cuando, habiendo sido condenado por apropiadores, quedó expuesta la insoportable impunidad de secuestradores y torturadores de sus padres y ese fue la oportunidad que encontró la Corte para reivindicarse y puso las cosas en su lugar y confirmó que el camino del sistema interamericano no había sido en vano”, agregó.
En suma, destacó: “A partir de allí vimos como de todo el país empezaron a juzgarse los responsables de los crímenes de la dictadura por sus jueces naturales y con todas las garantías del debido proceso. Pese a que en este proceso de juzgamiento hubo falencias, dificultades y sentencias con las que no estuvimos de acuerdo, ya no dudamos del compromiso de los tres poderes del Estado para la consecución de la verdad y la justicia”.
Sin embargo, Carlotto denunció que “las cosas empezaron a cambiar a fines del 2015. La situación se fue tornando desde la Corte Suprema de la Nación fue moldeando desde la escandalosa irrupción de Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti al tribunal supremo a través del decreto 83/15 firmado por Mauricio Macri ni bien comenzó su gobierno echando mano al artículo 99 inc. 19 de la Constitución referente a nombramientos en comisión en caso de vacante en empleo durante el receso legislativo”.
“Si bien es cierto que luego de los innumerables repudios que recibió la decisión de Macri como así también el de los propios Rosenkrantz y Rosatti por haber aceptado las designaciones, los pliegos de los hoy jueces pasaron por el juego constitucional que requiere el artículo 99 inc. 4 de la Constitución más el decreto 222/03. Sin embargo, lo que quedó de manifiesto fue la actitud de menosprecio al proceso constitucional deliberativo que prescribe la Carta Magna por parte de los hoy magistrados del Máximo Tribunal”, criticó.
En ese marco, relató: “Como un aviso de lo que iba a suceder después, tenemos que remontarnos a febrero de 2017 del fallo Fontevecchia. En aquel caso la Corte determinó que no estaba obligada convencionalmente a acatar la sentencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contraviniendo obligaciones internacionales asumidas por el Estado Argentino y su propia jurisprudencia como los fallos Espósito y Derecho”.
“Más allá de lo que ocurrió al aspecto puntual que se debatía en Fontevecchia, lo más peligroso fue el mensaje que dio la Corte a través del fallo de una pretendida relatividad de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de su eficacia. A Fallos de la Corte Interamericana como Velásquez- Rodríguez fueron determinantes en medio del proceso de justicia por crímenes de lesa humanidad en el país y la Corte Suprema de Justicia de aquellos momentos decidió tomarlos siendo ejemplos categóricos el célebre fallo Simón”, precisó la titular de Abuelas de Plaza de Mayo.
Y continuó: “Sin embargo en Fontevecchia la Corte advirtió que no se iba a sentir obligada a acatar los fallos de la Corte Interamericana y que las obligaciones asumidas por el Estado Argentino en materia de derechos humanos serían interpretadas desde los propios despachos de sus señorías y no se iban a sentir exigidos por el sistema interamericano, sino por sus propias conveniencias”.
“El 18 de abril de 2017 la Corte se pronunció en el fallo Alespeiti por el que concedió la prisión domiciliara al exmilitar quien ya había sido condenado a 22 años de prisión revocando el fallo de la Cámara de Casación. Lo llamativo es que la Corte allí, como luego lo haría en el caso Muiña, eligió fallar porque en casi todos los expedientes que no revisten una marcada gravedad institucional la Corte en uso de sus facultades las desestimó sin tratamiento, de echo así lo entendió Highton de Nolasco”.
Al respecto, Carlotto comparó que “en Alespeiti siendo el caso del pedido de una prisión domiciliaria, el máximo tribunal tomó el caso como para resolver sin plasmar una instancia general, como si lo había hecho por otros procedimientos, que al menos hubiera justificado su decisión de intervenir. Luego de lo dicho por Fontevecchia en este fallo fue nombrada como cita la autoridad tanto de la Corte como de la Convención Interamericana de Derechos Humanos remarcando la importancia de los juicios en general, pero favoreciendo a Alespeiti en particular y con el pleno conocimiento de que este procedente sería luego invocado por toda la defensa de todos los condenados por delitos de lesa humanidad”.
“El 3 de mayo de 2017 sucedió ese intento de golpe a la lucha de víctimas y familiares y organismos de derechos humanos, el fallo Muiña. Todos recordamos lo que significaba ese fallo abriéndole la puerta de la libertad a los genocidas a los pocos que estaban en cárceles comunes como aquellos que gozaban de la prisión domiciliaria”, denunció.
En esa línea, apuntó:“El fallo desnudó un profundo cinismo por parte de Rosatti, Rosenkrantz y Highton, ya que el resultado que propugnaron en Muiña además de lo absurdo de la aplicación en la Ley 24.390 lo adscribieron al retraso en la tramitación de las causas, ya sea de los juicios en curso como de las instancias recursivas pendientes en todas las instancias judiciales de las cuales la Corte es cúspide”.
“A diferencia de lo que escribieron en el fallo Alespeiti, en Muiña con la aplicación del 2×1 si esbozaron un estándar general y, de esta manera, los ministros Rosatti, Rosenkrantz y Highton- quien de manera espuria borró con el codo sus anteriores y distinguidos votos-, fallaron favoreciendo indiscriminadamente y generalizada a los responsables de los crímenes más atroces que recuerde la historia a sabiendas que la doctrina y jurisprudencia aplicable de la Corte Suprema de Justicia de la Nación indicaban lo contrario”, fustigó.
También cuestionó que “subestimaron al pueblo organizado que colmó la Plaza de Mayo y a la reacción de este Parlamento que en tiempo récord sancionó la Ley interpretativa consagrando legislativamente los estándares que aquellos ministros omitieron maliciosamente”.
“La inmensa mayoría de tribunales inferiores de la Corte decidieron no aplicar el estándar consagrado en Muiña, contraviniendo como nunca antes sucedió en la historia judicial del país una decisión suprema”, ponderó la testigo.
Además, remarcó que “entre febrero y marzo del 2017 la Corte Suprema de Justicia como cuerpo pretendió una regresión en la luminosa jurisprudencia iniciada en el 2004, primero generando un acotamiento de las obligaciones internacionales del Estado argentino en materia de derechos humanos y su exigibilidad a través del fallo Fontevecchia, que luego plasmaría en un caso individual, pero de proyección limitada en Alespeiti y consagrada al establecer una norma de impunidad general en el fallo Muiña”.
“No podemos dejar de señalar la lentitud en la tramitación de las causas que ya tienen sentencia, pero que aún esperan la confirmación de la Corte para adquirir firmeza con todo lo que implica eso”, apuntó Carlotto y agregó: “La Corte, más allá de algún reto puntual, jamás ejerció una labor de superintendencia que acortara los tiempos de Casación o regulara sus propios plazos, de modo que desentenderse de estas demoras la propia Corte las consiente”.
También criticó que “en una penosa sintonía, la Corte jamás esbozó una mínima directiva para optimizar los juicios ni siquiera durante la pandemia, sus acordadas brindaron una pauta clara para la tramitación de los juicios pese a los reclamos de organizaciones y propios tribunales orales federales que no sabían cómo garantizar la continuidad de los juicios”.
“Tampoco se puso en actividad la Comisión de Interpoderes que no se implementó una política judicial adecuada o un mecanismo de consulta sincero. Desde su creación en el 2009 fue un espacio de intercambio de derechos humanos y diferentes agencias del Estado abocadas a juicios de lesa humanidad y su funcionamiento fue propicio para solicitar distintas logísticas y también como receptor de inquietudes de distintos sectores”, denunció.
Y cerró: “Dado que la comisión no se reunía desde 2016 y de forma concordante, en mayo de 2020 las abuelas solicitamos ante la Corte la puesta en funcionamiento de la comisión para delinear los protocolos que reanuden las investigaciones y juicios por crímenes de lesa humanidad. De ese pedido no se obtuvo respuesta hasta que Rosenkrantz la convocó en octubre del 2020 en medio de una disputa política, pero no asistimos. El presidente de la Corte al día de la fecha tampoco lo ha hecho”.
La nueva jornada de testigos fue convocada para este martes 11 de abril a las 13. Se seguirá indagando sobre la causal relacionada al fallo 2×1.
La Comisión de Juicio Político de Diputados, presidida por Carolina Gaillard (FdT), reanudará sus audiencias con testigos este martes 11 de abril, a las 13, en la Sala 1 del Anexo de la Cámara baja, a cuya reunión fue citado el exministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, quien por cuestiones de agenda no había concurrido el pasado 21 de marzo.
Precisamente en ese último encuentro, aunque por otros argumentos, tampoco asistieron Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, operador judicial del gobierno de Cambiemos, y el senador nacional José Torello, exjefe de asesores de Mauricio Macri.
A pedido del Frente de Todos, los exfuncionarios fueron convocados en el marco de la investigación de la causal del fallo 2×1, dictado por la Corte Suprema de Justicia en 2017, que benefició al represor Luis Muiña.
La intención del oficialismo es hurgar en la hipótesis de un presunto “arreglo” de esa decisión del máximo tribunal entre la anterior gestión y el juez Carlos Rosenkrantz, con la influencia sobre el voto de la exjueza Elena Highton de Nolasco. Esto es a partir del hecho de que durante la gestión de Macri no se apeló un amparo de la jueza y pudo continuar en la Corte a pesar de haber cumplido 75 años, el límite establecido por la Constitución.
Además de Garavano fueron citados un conjunto de periodistas, que durante esa época relataron sobre el fallo. Si bien se había resuelto llamar a declarar a Jorge Lanata, éste no figura en la lista que se conoció, integrada por Irina Hauser, Luciana Bertoia, Martín Granovsky, Silvana Boschi e Ignacio Miri.
Diputados de distintos espacios políticos expresaron sus condolencias a la familia de Daniel Barrientos, el colectivero de la línea 620 asesinado en Virrey del Pino, y reclamaron por seguridad en el conurbano.
Legisladores de distintos espacios políticos expresaron sus condolencias a la familia de Daniel Barrientos, el colectivero de la línea 620 asesinado en la madrugada de este lunes en Virrey del Pino, partido de La Matanza. También reclamaron por seguridad en el conurbano y apuntaron contra el Gobierno y el ministro de seguridad bonaerense, Sergio Berni.
El jefe del bloque CC-ARI en Diputados, Juan Manuel López, apuntó: “La anomia que instaló el gobierno del Frente de Todos es el legado más peligroso que nos dejan. No hay ley, no hay Estado, ni hay autoridad. Los megalómanos cómo Berni, y tantos otros desquiciados de cualquier ideología, nos llevan a ley de la selva. Háganse cargo”.
Su par de bloque Maximiliano Ferraro lanzó: “El chanta del ministro Berni hace el show de siempre, no puede ocultar que no hay plan, que no hay política de seguridad y que los resultados son más muerte, anomia y hartazgo. El pueblo de La Matanza y millones de bonaerenses necesitan respuestas, no se trata de ‘poner la cara'”.
“Un Gobierno que rifa la confianza que le dieron los ciudadanos, que descuida el orden y desobedece la ley genera las escenas de anomia social que vemos hoy. Es muy dramático el final de ciclo del kirchnerismo”, cuestionó el titular del bloque radical en la Cámara baja, Mario Negri.
La vicepresidenta del bloque UCR, la diputada Karina Banfi, se refirió al arribo del ministro de Seguridad bonaerense al cruce de General Paz y Ruta 3 donde choferes cortaron para reclamar: “El ministro Berni se ufana de dar la cara. De nada sirve cuando a la gente la matan como moscas. El Gobierno de la Provincia debe prevenir los delitos, no llorar sobre la leche derramada. La víctima es la sociedad, no los funcionarios que no tienen resultados”.
“Repudio todo hecho de violencia siempre. Lo aclaro para que no empiecen. Pero hay que explicar lo qué pasó ahí, no justificar. Si no entendemos el quiebre de la sociedad con la política no lo vamos a recuperar y nuestro futuro será muy difícil”, agregó en otro tuit.
Además, recordó que “prometió Berni antes de la pandemia, cuando asesinaron a Leandro Alcaraz, cámaras de seguridad en los buses. NADA. Cabinas blindadas para los choferes. NADA. Custodia. NADA. Matan a alguien en un barrio y le sacan las vigilancias de las paradas a otro porque no hay personal”, y denunció que “el Centro de Monitoreo de la gestión de Cristian Ritondo desmantelado por el ministro Berni sin justificación alguna”.
“Cortada la Gral. Paz en Lomas del Mirador, más de 80 líneas de colectivos paradas. Toda La Matanza y distritos linderos, como Tres de Febrero y CABA, afectados por las improvisadas medidas luego de la conmoción por el asesinato del conductor de la línea 620 en Virrey del Pino”, encabezó su mensaje el diputado del Pro, Alejandro Finocchiaro.
Y sumó: “Vecinos, comerciantes, trabajadores y pymes ya no saben cómo enfrentar una inseguridad intolerable ante la indiferencia y la ineptitud de las autoridades de los tres niveles del Estado. No creamos que el problema sólo está en Rosario”.
“El delito ha ganado las calles de todos los conurbanos. La gente se debate entre dos males: el encierro en las casas y el miedo ante las salidas inevitables. No se puede vivir de esta manera. Mis condolencias a la familia, amigos y compañeros de Daniel Barrientos”, exigió.
El candidato a gobernador bonaerense por el Pro Diego Santilli escribió: “4.30 de la mañana arrancaba Daniel Barrientos su turno como chofer de la línea 620. Hoy lo asesinaron en La Matanza. El nivel de inseguridad en el conurbano es alarmante. Mis condolencias a la familia”.
“Mis condolencias a la familia de Daniel Barrientos, el chófer de colectivos asesinado esta madrugada en La Matanza. Estaba próximo a jubilarse. Otra vida destruida por la impericia y la desidia que impera en el conurbano bonaerense”, expresó Graciela Ocaña.
El economista Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos) sostuvo: “Años justificando robos y homicidios. Años destruyendo trabajos y oportunidades. Estas son las consecuencias, Sergio Berni. Mi solidaridad con la familia y compañeros del colectivero asesinado, y con los 17 millones de bonaerenses que dependen de este gobierno de incapaces”.
El radical Miguel Ángel Bazze consideró que “la violencia no es el camino, pero este hecho lamentable es producto del hartazgo por la indefensión en la que vive el gran Buenos Aires como consecuencia de la desastrosa gestión de Kicillof”.
La liberal Victoria Villarruel apuntó contra el oficialismo y oposición: “¡El gobierno que destrozó el país recibiendo lo que el pueblo vive desde hace 20 años! Mataron a 1 hombre en su colectivo a 2 meses de jubilarse. Y los K son los responsables de cada muerte inocente en este país, porque protegen a los delincuentes. Y Larreta manda la policía a sacarlo y reprimir”.
En otro tuit cargó contra el intendente del partido, el gobernador y la vice: “¿Dónde están Fernando Espinoza, Kicillof y Magario? ¿Y CFK que siempre se hace la picante? ¿Dónde están los responsables de que te maten por 2 pesos mientras ellos liberan delincuentes e indemnizan terroristas? ¿Dónde están los responsables de este clima social?”.
El legislador porteño Ramiro Marra (La Libertad Avanza) manifestó: “Este era Daniel Barrientos, chofer de la línea 620 asesinado por dos delincuentes que subieron al colectivo a robarle a los pasajeros. Estaba a un mes de jubilarse. La inseguridad en PBA ya no da para más, los delincuentes son los dueños de las calles y te matan por dos pesos”.
“Otro chofer asesinado en la línea 620, en la zona oeste del Gran Buenos Aires. Tercer caso en la zona. Nunca hubo respuesta del Estado y las patronales. Los trabajadores son las víctimas primeras de la inseguridad”, lanzó el precandidato a gobernador por el Frente de Izquierda Néstor Pitrola.
La iniciativa tuvo despacho favorable en las comisiones de Legislación Penal y Justicia, por lo que resta su debate en la Comisión de Presupuesto y Hacienda que ya fijó fecha y hora de reunión.
En medio de la emergencia que atraviesa la ciudad de Rosario por las balaceras, amenazas y crímenes cometidos por bandas narco, la Cámara de Diputados acelera el tratamiento del proyecto que busca fortalecer la justicia federal de la provincia de Santa Fe, con el objetivo de agilizar las investigaciones contra el narcotráfico y otros delitos de competencia federal.
La iniciativa ya fue debatida en el seno de las comisiones de Justicia y Legislación Penal el pasado 8 de marzo y solo resta su tratamiento en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, a cargo del oficialista Carlos Heller.
La reunión fue convocada para este miércoles 22 a las 10 en la sala 2 del “Anexo C” de la Cámara baja, luego de que este viernes por la tarde se conociera el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso sobre el costo fiscal del proyecto de ley que tiene por objeto fortalecer la justicia federal de Santa Fe.
Lo que propone el proyecto:
La Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara baja se reunirá este martes 21 a las 15. La iniciativa ya cuenta con media sanción del Senado.
La Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de Diputados, presidida por el radical Facundo Manes, fue convocada para este martes 21 a las 15, en la Sala 2 del Anexo de la Cámara baja, a una reunión informativa con gobernadores y expertos para comenzar con el debate del proyecto Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030 impulsado por el Gobierno.
Encabezan la lista de invitados los gobernadores de Jujuy, Gerardo Morales; de Tierra del Fuego, Gustavo Melella; de Neuquén, Omar Gutiérrez; de Rio Negro, Arabela Carreras; de Santa Fe, Omar Perotti; y de Tucumán, Juan Manzur.
También fueron convocados Adriana Sequis, presidenta de la CNEA; Darío Kusinsky, presidente de la Comisión de Ciencia, Técnica y Arte del CIN; la doctora Susana Hernández, presidenta de la Asociación Argentina para el Progreso de las Ciencias; el doctor Daniel Vega, rector de la Universidad del Sur, investigador del CONICET y presidente de Ciencia y Técnica del CIN; Félix Nieto Quintas, investigador independiente del CONICET; Lucas Luchilo, magister en política y gestión de la ciencia y tecnología UBA; Sandra Pitta, investigadora independiente CONICET; Tomás Santa Coloma, investigador CONICET; Sergio Matheos, exsubsecretario de Coordinación del MINCYT, investigador del CONICET; Fernando Stefani, investigador del CONICET y director del Centro de Investigaciones en Bionanociencias.
La iniciativa que se pondrá a consideración recibió la media sanción del Senado el 27 de octubre de 2022 y será ejecutada desde la cartera que comanda actualmente Daniel Filmus. El Ministerio coordinará las acciones necesarias para el cumplimiento de dicho plan con las jurisdicciones y entidades involucradas.
El Plan presenta los procesos centrales de su formulación e implementación en virtud de un conjunto de agendas agrupadas en cuatro clases, según ámbitos territoriales y temáticos de incumbencia: Agendas Estratégicas, Agendas Territoriales, Agendas Transversales y Agenda de Cambio Institucional.
El Plan desarrollará “Diez Desafíos Nacionales”, que serán políticas específicas de alcance nacional que expresan los temas estratégicos que requieren de conocimiento científico y tecnológico. Ellos son: erradicar la pobreza y reducir la desigualdad y la vulnerabilidad socioambiental; impulsar la bioeconomía y la biotecnología para incrementar la producción sostenible y alcanzar la soberanía alimentaria; y contribuir al diseño de políticas para fortalecer la democracia y ampliar los derechos ciudadanos.
También, los de construir una educación inclusiva y de calidad para el desarrollo nacional; lograr una salud accesible, equitativa y de calidad; desarrollar los sectores espaciales, aeronáutico, de las telecomunicaciones y de la industria para la defensa; y fortalecer la investigación marítima, la soberanía y el uso sostenible de los bienes del Mar Argentino.
Completan los desafíos, promover la industria informática y de las tecnologías de la información para la innovación productiva y la transformación digital; potenciar la transición al desarrollo sostenible; y fomentar y consolidar un sendero para la transición energética.
El Plan 2030 presenta Agendas Territoriales Integradoras de Ciencia, Tecnología e Innovación (ATI-CTI) para cada una de las 24 jurisdicciones, que expresan las prioridades y estrategias de intervención.
Las Agendas Transversales buscan consolidar la base científica y tecnológica para potenciar la capacidad de respuesta tanto a los Desafíos Nacionales como de las Agendas Territoriales. Estas se orientan a la promoción general del conocimiento, la aplicación de tecnologías a la investigación, desarrollo e innovación, la consideración de los aportes de las ciencias sociales y humanas, la promoción de una ciudadanía y cultura científica, la sostenibilidad y la incorporación de la perspectiva de género.
La Agenda de Cambio Institucional atiende a las modalidades de planificación referidas a la formación de recursos humanos, la gestión del conocimiento, la articulación multiactoral, la federalización y la internacionalización.
En cuanto a la inversión total en investigación y desarrollo, se proyecta que pasará del 0,52% del PBI en el año 2020 al 0,85% en el año 2025 y al 1,70% en el año 2030.
Las distintas iniciativas presentadas se debatirán en el marco de una reunión conjunta de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas el próximo miércoles 22 de marzo.
Luego de un año en el que se intentó sin éxito avanzar en Diputados con el tema de los créditos UVA en comisión, legisladores de todos los sectores habían solicitado una sesión especial para el próximo 22 de marzo a fin de abordar la problemática en el recinto. Sin embargo, este viernes se conoció la convocatoria de plenario de comisiones para ese mismo día.
La reunión de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, a cargo de Carlos Heller, y de Finanzas, presidida por Alicia Aparicio, fue fijada para el próximo miércoles 22 a las 12 en la sala de reunión del 2do piso del edificio “Anexo C”.
El pedido a sesión especial, realizado el pasado 28 de febrero, fue suscripto por 41 legisladores, entre ellos de la UCR, del Pro, socialistas y cuatro del Frente de Todos. Al respecto, el radical Julio Cobos –impulsor de una de las iniciativas- señaló que “durante todo el año pasado intentamos lograr una solución a la problemática de los créditos UVA; hicimos un acuerdo con las autoridades de la Cámara, logramos que se realizaran las reuniones de comisiones, escuchamos a las distintas partes y, aun así, no logramos tener un dictamen y que baje al recinto”.
Una de esas reuniones se llevó a cabo el 1ro de septiembre, precisamente el mismo plenario que se sentará a debatir la próxima semana. En esa ocasión, escucharon las opiniones de representantes de entidades bancarias, funcionarios, exfuncionarios y tomadores de créditos con el fin de alcanzar acuerdos tendientes a solucionar los reclamos de los deudores. La última vez que el tema fue puesto a consideración fue el 16 de noviembre de 2022 en una reunión de la Comisión de Finanzas.
La iniciativa tuvo despacho favorable en las comisiones de Legislación Penal y Justicia, por lo que resta su debate en la Comisión de Presupuesto y Hacienda que ya fijó fecha y hora de reunión.
En medio de la emergencia que atraviesa la ciudad de Rosario por las balaceras, amenazas y crímenes cometidos por bandas narco, la Cámara de Diputados acelera el tratamiento del proyecto que busca fortalecer la justicia federal de la provincia de Santa Fe, con el objetivo de agilizar las investigaciones contra el narcotráfico y otros delitos de competencia federal.
La iniciativa ya fue debatida en el seno de las comisiones de Justicia y Legislación Penal el pasado 8 de marzo y solo resta su tratamiento en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, a cargo del oficialista Carlos Heller.
La reunión fue convocada para el próximo miércoles 22 a las 10 en la sala 2 del “Anexo C” de la Cámara baja, luego de que este viernes por la tarde se conociera el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso sobre el costo fiscal del proyecto de ley que tiene por objeto fortalecer la justicia federal de Santa Fe.
Lo que propone el proyecto:
El diputado oficialista le pidió a la oposición que “no sean más cómplices de esta camarilla corrupta que funciona en el Poder Judicial”, y remarcó que “se está terminando un ciclo de la complicidad con grupos de poder económicos”.
En su intervención durante la reunión de la Comisión de Juicio Político de este martes, el diputado oficialista Leopoldo Moreau volvió a lanzar munición gruesa contra el Poder Judicial al plantear que “en su más alta jerarquía, tiene enquistada una mafia”, y le pidió a la oposición que “no sean cómplices de esta camarilla corrupta”.
“Para el sistema político argentino ignorar la existencia de un Poder Judicial que, en su más alta jerarquía, no solamente en la Corte, sino en Cámaras Federales y juzgados, tiene enquistada una mafia”, comenzó su alocución.
En ese sentido, planteó que “esto afecta severamente el sistema institucional del país. Desconocer el significado que tiene la banda de lago escondido, donde muchos de los que participaron de esas conversaciones confirmaron la existencia de esas conversaciones. No impulsar en el ámbito del Consejo de la Magistratura que se esclarezca este tipo de situaciones es de una gravedad inusitada porque es dejar a la honra de las personas librada a un grupo de delincuentes que habían aceptado de parte de una empresa a viajar en aviones de lujo, que por supuesto habían incurrido en el delito de dadivas que luego escuchamos cómo iban a tapar esos delitos con delitos aún más graves”.
“Sobre todo, me parece de una gravedad inusitada que el Consejo de la Magistratura que hace mucho tiempo no esté funcionando porque efectivamente fue asaltado precisamente para dejado paralizado. Fue asaltado para no reemplazar camaristas que fueron puestos a dedo, otra aberración”, denunció Moreau.
El kirchnerista, recordó que “la propia Corte en algún momento dijo que sus propios camaristas deberían ser reemplazados que, no solo llevan adelante persecución política, sino que además están allí para limpiar todas las causas que involucran al expresidente Macri”.
“El show alcanza a una oposición que no sabe cómo hacer para tapar la podredumbre de un Poder Judicial que se está cayendo a pedazos. Se está terminando un ciclo de la complicidad de este Poder Judicial con grupos de poder económicos. El ciclo de quienes dictan medidas cautelares para determinadas empresas que son las que practican las invitaciones que terminan en delitos de dádivas, sigan cobrando tarifas por encima de la inflación del país”, disparó.
Y cerró con un pedido a JxC: “No sean más cómplices de esta camarilla corrupta que funciona en el Poder Judicial, en la Corte donde se han traficado fallos y sentencias que el presidente tiene como principal colaborador que no sabemos si es el quinto cortesano. Rosatti le podría dar mucho a la Argentina si se deshace de Robles y demuestra que él no tiene nada que ver con este personaje”.
En la reunión de este martes el oficialismo interrogó al secretario de Coordinación Institucional de la Procuración, Juan Manuel Olima Espel; y a tres funcionarios de la Corte Suprema, entre ellos, Natalia Monayer quien comparte despacho con Silvio Robles.
La Comisión de Juicio Político de Diputados, a cargo de la oficialista Carolina Gaillard, recibió en la reunión de este martes- en el marco del pedido de juicio político hacia los miembros de la Corte Suprema- a cuatro nuevos testigos. Tal como lo había anticipado, el fiscal federal Carlos Stornelli se ausentó por segunda vez consecutiva.
El primer testigo interrogado fue el secretario de Coordinación Institucional de la Procuración General de la Nación, Juan Manuel Olima Espel, por una conversación que mantuvo con el ministro de Justicia y Seguridad porteño -con licencia- Marcelo D’Alessandro y que él mismo ratificó días atrás en un intercambio que tuvo a través de Twitter con la periodista Cynthia García.
Sebastián Alberto Garay, de la Secretaría de Juicio Originarios CSJN, fue el segundo testigo en ser interrogado. Fue la diputada oficialista Vanesa Siley la que abrió la ronda de preguntas quien consultó si participó por las causas que son objeto del juicio político, el testigo respondió negativamente.
Respecto a si tiene vinculación laboral con los secretarios privados letrados de la vocalía de Rosatti, en concreto Robles, Garay contó que “no tiene vinculación”, y agregó: “El señor Robles lo he visto en la secretaría, pero no más que un buen día”. Asimismo, Siley preguntó por la participación de un chat laboral y quiénes participan a lo que el testigo aclaró: “Es con los miembros de la secretaría”.
A su turno, de la vereda de enfrente Álvaro González (Pro) le consultó quién lo había designado y quién era presidente de la Corte, a lo que Garay recordó que fue Enrique Petracchi, pero no recordaba quien era el titular del máximo tribunal. También le consultó respecto de quién le firmó el pase a la Secretaría de Juicio Originarios y le retrucó: “El presidente de la Corte en ambos casos era el doctor Lorenzetti y el que firmó también fue él”.
Luego fue el turno del kirchnerista Rodolfo Tailhade apuntó directamente su consulta por el expediente, que se tramita en la Secretaría de Juicios Originarios, de Santa Fe contra Estado Nacional sobre la acción declarativa de constitucionalidad tramita un incidente de regulación de honorarios promovidos por el doctor Rosenkrantz que pidió más de 400 mil millones de pesos por haber representado a la provincia de Santa Fe. “La hipótesis tiene que ver con que el doctor Rosenkrantz intervino en temas de exclientes así que mas tarde voy a pedir unas medidas de prueba sobre este expediente”, adelantó Tailhade.
De forma breve, el titular de la CC-ARI, Juan Manuel López, consultó: “¿Tiene una noción aproximada de la cantidad de casusas que tramitan por año?”, a lo que Garay respondió de forma negativa.
A continuación, pidió la palabra el jefe del bloque radical, Mario Negri, que le preguntó al testigo si sabía el motivo de la citación. “Nada, solo escuché el apellido de mi padre, nada más que eso”, sostuvo Garay, a lo que Negri ironizó: “Vio luz y entró”.
La titular de la Comisión puntualizó su consulta por la causa de Coparticipación. “No recuerdo haber tenido participación ni haber despachado ninguna providencia en las causas de referencia”, afirmó Garay. Gaillard volvió a insistir sobre lo mismo, pero la respuesta que encontró fue negativa.
Al ser interrogado Guillermo Sebastián Garay, de la vocalía Dr. Rosatti CSJN, Siley pidió saber cuándo ingresó al máximo tribunal a lo que el testigo afirmó que fue en el 2004 como secretario letrado y en el 2016 fue convocado a integrar la vocalía de Rosatti. Además, aseguró que los expedientes se los asigna el presidente de la Corte.
“A partir de la cuarentena empecé a remitir informes a las casillas de correo a Robles y Monayer dirigidos a Rosatti para que se le acerquen los mismos. Antes se dejaban en papel en la mesa de entrada”, explicó Garay y contó que tiene un chat “directo” con ellos dos y uno colectivo con los otros integrantes de la vocalía donde ellos también están. “El chat colectivo en el 2016 sigue vigente, el chat de tres sigue vigente, pero en algún momento lo que hubo fue una limpieza de mensajes, la última fue en febrero, pero ha habido anteriores”, contó.
En el mismo sentido, Siley le preguntó si la relación que tiene con Rosatti es de forma directa a lo que el vocal relató: “Con él habitualmente me comunico por medio de la gente de mesa de entrada o a través de Silvio Robles o Monayer que me dicen cuándo me va a recibir”.
También hizo referencia a los daños que sufrió el despacho de Robles y Monayer producto de una inundación. “¿Conocía el desperfecto que sufrieron las computadoras?”, lanzó tajante Siley, ante lo que Garay manifestó: “No me consta que las computadoras de Robles y Monayer hayan quedado fuera de servicio”. Por otro lado, negó haber participado en las causas de Consejo de la Magistratura y Coparticipación.
En una breve interrupción, Juan Manuel López denunció que “estamos exponiendo a los funcionarios de la Corte a responder sobre causas en trámite y siendo que el presidente dijo el primero de marzo que él promovió el Juicio Político está muy claro que lo que hacer el bloque FdT es ser el brazo armado del presidente para inmiscuirse en causas judiciales”.
Más tarde, se hizo presente Natalia Monayer de la vocalía de Rosatti CSJN quien, ante la consulta del oficialista Leopoldo Moreau, contó que ingresó a la Corte en 2016 propuesta por Rosatti y que integra grupos de chats laborales con los miembros de la vocalía.
Moreau también consultó si recibe en su correo electrónico informes, proyectos de sentencias o información sobre el estado de las causas elaborados por secretarios de la Corte y secretarios letrados. “Secretarios de Corte no me envían por mail ningún informe, secretarios letrados de la vocalía si, son informes para el doctor Rosatti”, aclaró.
“¿Accede al sistema interno?”, preguntó el oficialista, a lo que la testigo informó que tiene clave del sistema por “el trabajo que realizo”. Sobre esto, Moreau volvió a preguntar: “¿Usted tiene clave?”, a lo que Monayer volvió a responder de forma afirmativa, pero el diputado insistió: “¿En función de qué jerarquía judicial si usted no es funcionaria letrada de la justicia? ¿cómo tiene la clave? ¿quién se la proveyó? Es un hecho irregular, pidamos informes al área de sistemas para saber a quién provee y por qué razón”.
Además, la testigo afirmó que comparte despacho con Silvio Robles y que el mismo sufrió daños este año. “Ninguna de las computadoras que está adentro del despacho sufrió daños”, aseguró Monayer.
“¿Estuvo presente en alguna audiencia de la Corte Suprema referida a coparticipación?”, interrogó Moreau, ante lo que la funcionaria contó: “Estuve en una audiencia, no estuve en toda la audiencia, sino que ingresé en un momento que se hizo entre las partes de ese caso ante los ministros de la Corte”.
Por el lado de la oposición, el diputado del Pro González inició: “Usted trabaja con Robles en el mismo espacio físico. Hay en esta Comisión todo un tema vinculado a una inundación que hubo a la que se le pretende atribuir daños que hasta ahora por lo menos en los testigos que escuchamos no han sido validados. Producto de esa inundación ¿hubo pérdida material tanto de computados y expedientes en el despacho donde ocurrió el siniestro?”.
“La inundación sucedió en varios pisos del edificio en lo que respecta al despacho donde estoy computadoras no se dañaron, expedientes judiciales tampoco, lo que se daño es el aire acondicionado, instalación eléctrica y esas cuestiones. Hay un área que realizó un relevamiento piso por piso y hay un informe hecho que a mí me llegó por mail”, explicó Monayer.
La ampliación de la prueba fue ofrecida por Rodolfo Tailhade y JxC votó de forma negativa. Por otro lado, el oficialismo rechazó con 16 votos el pedido del diputado del Pro, Pablo Tonelli, de denunciar por falso testimonio al juez Ramos Padilla.
Tras finalizar la ronda de testigos, los diputados de la Comisión de Juicio Político protagonizaron durante la reunión de este martes un debate caliente con fuertes acusaciones cruzadas. En ese contexto, el oficialismo votó afirmativamente la citación del exministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, propuesta de ampliación de prueba ofrecida por el diputado Rodolfo Tailhade.
También se sometió a votación la autorización judicial de la producción de prueba ya que, tal como explicó la presidenta de la Comisión Ana Carolina Gaillard, el reglamento dispone que debe ser por resolución fundada y explicó que “la prueba tiene que ver con las intercepciones llamadas en la causa Muiña y el 2×1”.
A su vez, comunicó que el próximo martes recibirán el testimonio de la audiencia 2×1: el exministro de Justicia Germán Garavano, el senador Pablo Torello, el doctor Fabián Rodríguez Simón, el doctor Santiago Otamendi funcionario del Ministerio de Justicia, el doctor Horacio Diez; Gladys Cuervo y Zulema Chester víctimas del Hospital Posadas; el doctor Morgenstern y el doctor Elías de la vocalía de Rosenkrantz.
“En cuanto al día 28 vamos a tener la audiencia de coparticipación para lo cual van a ser citados el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro; el Procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini; el Procurador General de la Ciudad, Gabriel Astarloa; y el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich”, informó Gaillard y aclaró que esa fecha puede modificarse ante el comentario del jefe del bloque oficialista, Germán Martínez, de que la Cámara “podría llegar a sesionar” ese día.
Gaillard también comunicó que la fiscal Laura Roteta pidió que se le reprograme su declaración para poder asistir ante la Comisión y que está a disposición a partir del 21 que “termina su licencia”.
Por otro lado, el diputado Pablo Tonelli (Pro) solicitó que se voté de forma nominal denunciar al juez Ramos Padilla por falso testimonio, pero la votación resultó rechazada con 16 votos en contra.
Al fundamentar su pedido, Tonelli planteó: “Usted nos comunicó que iba a ser una denuncia penal respecto del testigo Ramos porque suponía que podría haber incurrido en falso testimonio en la oportunidad de declarar ante la Comisión. Denuncia que se ha concretado y está en el juzgado 9”.
“La semana pasada le presenté un escrito y oralmente expliqué que el testigo Ramos Padilla había incurrido en notorias falsedades y mentiras y acompañé pruebas de esas mentiras porque él mintió cuando se refirió a un expediente que tramitó ante el Consejo de la Magistratura. Entiendo que siguiendo el mismo criterio que se aplicó en el caso del juez Ramos corresponde que usted haga una denuncia por falso testimonio respecto del juez Ramos Padilla. ¿La va a hacer? Propongo que votemos como una moción hacer esa denuncia”, explayó el diputado.
Fue el oficialista Leopoldo Moreau quien le salió a retrucar: “Reunimos información propia del expediente que el propio Ramos Padilla dejó acá respecto lo que se denomina en el Consejo una actuación de carácter preliminar. Dejó constancia de que fue el propio juez que dejó información sobre ese expediente”.
“Cuando el Dr. Ramos Padilla se refirió a esta cuestión, en primer lugar, no lo hizo en el tramo de las preguntas sino en el tramo de las generales de la ley, fue una expresión de carácter coloquial, fue una larga exposición en el que hizo referencia a esta investigación”, explicó.
Y siguió: “Investigación que, por otra parte, no salió de la nada. Esta investigación, es pertinente recordarlo, surge y vale la pena recordarlo ya que estamos hablando de la intromisión de los presidentes en causas judiciales, surge concretamente de una declaración que el 18 de marzo de 2019 en el programa de Luis Majul efectuó el presidente Mauricio Macri ‘pero esta no es la primera vez, Ramos Padilla ya hecho varias. Espero que el Consejo de la Magistratura con todas las pruebas que hay evalué seriamente si lo destituye’, ni siquiera le da la chance de tomar otra opción, ordena el presidente de la Nación que lo destituya”.
“En virtud de esa orden el ministro de justicia Garavano envía al Consejo instrucciones para avanzar con el pedido de remoción del juez Ramos Padilla”, recordó Moreau y sumó: “Ramos Padilla dijo que fue acosado y perseguido en el ámbito del Consejo de la Magistratura por una denuncia del presidente Macri”.
Al respecto, defendió: “Ahí no hubo ninguna falsedad, fue una apreciación de carácter general, no distorsionó la realidad y hay sobrados antecedentes para demostrar que se llevó adelante durante 15 meses en el Consejo un expediente que tenía como objetivo satisfacer la demanda de venganza de Macri que quería expresamente vengarse del juez”.
“No me parece marco para pedir ningún tipo de sanción. Hubo persecución política de causas armadas en este sistema perverso que funcionó entre 2015 y 2019 en materia de espionaje ilegal y persecución política que no tiene precedente en la historia democracita de la argentina. No hay razón para decir que Ramos Padilla incurrió al falso testimonio”, remató el oficialista.
Fue Tonelli quien recogió el guante y le respondió al diputado preopinante: “Durante las preguntas reiteró varias veces la misma mentira que consiste en atribuirme a mí la intención o el propósito de unas escuchas que es dudoso si son legales o ilegales. De modo que mintió claramente. El testigo dijo cosas que no son ciertas. Pareciera que el oficialismo tiene una vara distinta para denunciar a quienes mienten”.
Moreau volvió a respaldar al juez: “Tonelli insiste en la legalidad de las escuchas, yo insisto en la ilegalidad de las transcripciones”.
En el uso de la palabra, el jefe del bloque oficialista, el santafecino Germán Martínez, aclaró: “Nosotros no hemos denunciado a nadie. Nosotros lo que hemos hecho es hacer saber al juzgado penal en turno lo que paso en el caso de Sebastián ramos, nosotros no estamos denunciando. En segundo lugar, creo que, en este intento de meter a todos en la misma bolsa, me parece que lo que no queda claro, es cuáles fueron los elementos que tiene que ver por el cual Ramos Padilla dijo una cosa y en qué contexto lo dijo Sebastián Ramos, no es una cuestión de doble vara, sino que son dos situaciones distintas”.
En su breve intervención, el kirchnerista Rodolfo Tailhade retrucó de forma más picante: “Si el diputado Tonelli y la diputada Lospennato, que hoy estaba sosteniendo la misma posición, creen que hubo falso testimonio que pongan la carita y vayan a Comodoro Py a hacer la denuncia como hago yo o como hace Paula Oliveto sin necesidad de hacer poner a consideración de nadie y encubriéndose. Hagan la denuncia, vayan a hacer la denuncia”.
Por otro lado, el titular de la CC-ARI, Juan Manuel López, pidió que pongan a disposición las denuncias penales que realiza la Comisión porque “el resto de los diputados no tenemos conocimiento de cómo se procede”.
En un fuerte discurso, el jefe del bloque radical, Mario Negri, apuntó contra el oficialismo y lo denunció de “demoler” el instituto de juicio político. “Hoy, prácticamente se ha demostrado, que los cuatro puntos que usted remarcó que son el pedido de este juicio político, están en la banquina, ni los trae”, cuestionó y remató: “Se dan cuenta que están perdidos que están online todos los días para ver si alguien les pasa una nueva información o le arrima un nombre. Lo único que falta es con la próxima reunión es que hagan un casting en la calle. Esto es una vergüenza. Saquen el dictamen mañana así los aplauden todos y se ocupan de los problemas del país”.
En su alocución Graciela Ocaña (Pro) criticó: “La reunión pasada yo dije que estábamos a punto de desbarrancar. Esta Comisión se fue a la banquina. Estamos acá mientras se acaba de conocer el índice de inflación de 6.6% que es la preocupación de todos los argentinos que no llegan con su dinero a fin de mes y hay 200 mil argentinos que en este momento no tienen luz en el área metropolitana”.
“Y este Congreso, esta Comisión está hoy interrogando a testigos que son, como en algunos casos hemos escuchado, simples despachadores de expedientes viendo qué podemos pescar para ver cómo hacemos pasar sostener estas acusaciones que el FdT ha formalizado”, cuestionó Ocaña.
“El escrache que hemos visto a una familia como la de Garay simplemente por ser hijo o sobrino, nunca este Congreso ha caído tan bajo. Le pido que no se puede seguir conduciendo por este camino esta Comisión”, pidió la opositora.
Con munición gruesa, Moreau volvió a apuntar contra el Poder Judicial al denunciar que “en su más alta jerarquía tiene enquistada una mafia”. Además, le hizo un particular pedido a la oposición: “No sean más cómplices de esta camarilla corrupta que funciona en el Poder Judicial”.
La secretaria parlamentaria del interbloque de JxC, Silvia Lospennato, disparó: “Tengo absoluto convencimiento que quienes se van a arrepentir de lo que están haciendo son los diputados del FdT porque lo que estamos viviendo y lo que va a quedar registrado de este juicio político es una vergüenza que, a 40 años de democracia, no nos deberíamos permitir que sucediera, pero la historia juzgará”.
“Ustedes no dejan de vulnerar absolutamente las garantías constitucionales, el debido proceso, el derecho a la intimidad. Hoy les fue muy mal al FdT en la excursión de pesca porque llamaron a personas que nada tienen que ver con los hechos investigados. Los hostigaron, vulneraron su derecho a la intimidad, intentaron amedrentando, aludiendo a situaciones personales que no pudieron justificar qué tiene que ver con el juicio político”, denunció la macrista.
A su vez, cuestionó que “convocan a los testigos para meter pruebas ilegales como sucedió con el juez Ramos para poder denunciarlos por falso testimonio. Pero cuando los testigos que vienen a apoyar la teoría del Lawfare como Ramos Padilla y, efectivamente mienten, los protegen”.
“Ya quedó registrada la doble vara con la cual van a seguir manejándose en la Comisión. Es un día donde necesitamos volver a llamarnos a la reflexión. 102% de inflación anual, millones de argentinos en la pobreza y lo único que le importa es sostener este juicio político porque buscan la impunidad de Cristina Kirchner. Reflexionen y dediquémonos a los problemas del país y no a este circo”, propuso Lospennato.
De la vereda de enfrente, el oficialista Rodolfo Tailhade disparó: “Stornelli sigue reiterando sus conductas absolutamente antidemocráticas, ya ni siquiera en contra de su cargo, durante 8 meses le escapó a Ramos Padilla. No va a venir nunca Stornelli acá”.
“Lo que le queríamos preguntar a Stornelli es por qué en la causa cuadernos desechó toda posibilidad de descartar la prueba ilegal y en esta del juez Ramos dijo todo lo contrario. Por eso era tan importante que viniera personalmente, cosa que no vamos a conseguir”, explicó el kirchnerista.
Además, Tailhade planteó: “Pidamos nuestra propia producción de prueba. Solo nos falta pasar por un juez que nos autorice a recabar esa información”. También contó que hizo una presentación en la mesa de entrada para solicitar prueba adicional.
Y procedió a detallar: “Pruebas informativas de oficios a la Corte Suprema para que remitan copias certificadas de la carpeta de circulación interna del fallo Consejo de la Magistratura. Oficio a la Corte que remita la misma carpeta de circulación interna, pero en los autos Schiffrin Leopoldo Héctor contra el poder Ejecutivo sobre acción declarativa. Oficio para que la Corte remita la carpeta de circulación interna en la causa Muiña y oficio al Juzgado Federal N°4 a efectos que remita el expediente 3384 del 2021 y sus incidentes, denunciado Rosenkrantz y otros sobre abuso de autoridad y violación de deberes y funcionario público. Copia certificada de los exclientes de Rosenkrantz”.
“También que libre oficio al Gobierno de la Ciudad en el marco del fallo de coparticipación para que nos informen el presupuesto devengado de partidas presupuestarias y sus modificatorias asignadas a los rubros política, bomberos, desde 1016 a 2022. También los bienes transferidos”, mencionó y sumó otros expedientes.
El diputado oficialista llamó a la reflexión a toda la dirigencia política en Argentina y pidió tener “una mirada compartida, objetivos comunes de ver cómo enfrentamos esto”. Por otro lado, solicitó “dejar de pasar factura y de partidizar el narcotráfico”.
El diputado nacional Roberto Mirabella (Frente de Todos – Santa Fe) intervino durante la reunión de la Comisión de Seguridad Interior de este jueves donde se hizo presente el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández. En su alocución, alertó que “el narcotráfico y la narco-criminalidad están poniendo en riesgo la democracia argentina” e invitó al arco político a la reflexión.
“Hoy lo que está haciendo el narcotráfico, la narco-criminalidad y todo lo que está pasando está poniendo en riesgo la democracia argentina”, advirtió y precisó: “La democracia moderna del mundo tiene tres cosas: no hay democracia sin capitalismo, no hay democracia sin Estado y no hay democracia sin partidos políticos”.
En ese sentido, sostuvo que “no hay democracia sin Estado y el narcotráfico está poniendo en cuestión porque ha ganado la calle, porque está haciendo actos de terror lo que hace que la comunidad tenga miedo de salir a la calle y está generando homicidios sin importar quién sea”.
“En tercer lugar, está poniendo en crisis el sistema político. No me interesa venir acá pasar factura de uno contra otro, los únicos que van a ganar son estas bandas mafiosas. Creo que todos nos tenemos que hacer cargo de los errores que cometimos desde el punto de vista político y habernos pasado factura”, planteó el oficialista.
A su vez, consideró: “Me parece demencial que estamos partidizando las responsabilidades políticas de esa situación. Rosario del 83 hasta acá no la gobernó solo el peronismo, pero sería demencial de mi parte hacer cargo a algún intendente que pasó por Rosario en estos años del avance del narcotráfico”.
“Si no tomamos en cuenta y dimensionamos lo que pasa, va a correr riesgo la democracia argentina. Si no tomamos dimensión que esto nos lleva puesto como sistema republicano y democrático, le vamos a estar pifiando y vamos a ser responsables, con lo que nos costó poder tener un sistema democrático que sufrimos cimbronazos”, alertó.
Y siguió: “Este cimbronazo es inédito. Este delito criminal que estamos sufriendo en Rosario es inédito. Ya se dijeron todas las estadísticas de homicidios, balaceras, actos de terrorismo, el 80% de homicidios son por guerra entre bandos”.
“Llamo a la reflexión a toda la dirigencia política en Argentina en que tengamos una mirada compartida y objetivos comunes de ver cómo enfrentamos esto”, solicitó.
“Es inédito que nos sigamos tirando factura por este tema y que sigamos reclamando por esto, con lo que aporta Santa Fe. Me interesa mirar hacia adelante y al futuro, que nos pongamos de acuerdo, pero tenemos que hacer algo porque no pueden seguir pasándose celulares en las cárceles y que haya extorsiones. No se sostiene más esto, dejemos de pasar los muertos y partidizar el narcotráfico”, cerró.
Eso le respondió Aníbal Fernández a la diputada de izquierda Romina Del Plá y explicó que los grupos especiales que utilizarán las Taser serán el G1 y el G.E.O.F.
Tras darse a conocer que el Gobierno Nacional autorizó la compra de pistolas Taser, ese tema se coló entre las preguntas que los diputados le hicieron en la reunión de la Comisión de Seguridad Interior de este jueves al titular de la cartera, Aníbal Fernández.
Fue la diputada del Frente de Izquierda, Romina Del Plá, quien manifestó: “Según organizaciones internacionales de Derechos Humanos las pistolas Taser rara vez se usan como alternativa a las armas de fuego, y sí a menudo en circunstancias en las que no hay riesgo de muerte ni de lesiones. Cuando sólo deberían ser utilizadas como último recurso, se utilizan como opción de fuerza habitual contra personas que no representan una amenaza para sí mismas ni para terceros (menores indisciplinados, personas con trastornos mentales o intoxicados y presuntos delincuentes desarmados que no cumplen inmediatamente una orden”.
Ante ese contexto, puntualizó: “¿Qué hizo cambiar la consideración acerca de su utilización por parte del Ministerio con respecto a opiniones emitidas previamente?, ¿Qué trabajos de investigación realizó su Ministerio de Seguridad antes de ordenar la compra de pistolas taser?”.
A la hora de responder, Fernández explicó: “Lo de las Taser es un caso que se presentó ante la justicia y la justicia falló. La autorización va a otorgarse seguramente y hemos tomado la decisión de comprar 100 Taser para que los grupos especiales, y así va a decir el protocolo específicamente, entrenen”.
En ese sentido, precisó: “Los grupos especiales son dos, el G1 y el GEOF – El Grupo Especial de Operaciones Federales. El primero está específicamente dedicado a situaciones muy particulares cuando hay desbordes por problemas mentales o cosas por el estilo”.
“El otro hace entrenamientos, se dedica a los allanamientos. Siempre es preferible, por eso aspiramos a que sea analizada y nadie dice que se vayan a usar, sino que estamos hablando de un análisis de laboratorio, estudiarla, saber qué es exactamente. Si llegara el momento de tener que actuarla porque están dadas las condiciones es preferible que un disparo de un arma de fuego sea una de esta característica, porque cuando irrumpe el GEOF para allanar puede encontrarse con eso nos pasó el jueves pasado. Como irrumpen varios no lo mataron, sino que lo redujeron al agresor”, explayó y cerró el tema.
El ministro de Seguridad argumentó que “cuando se impacta sobre los fondos es más fácil porque una vez que le sacas la plata el producto se termina”. Por otro lado, aclaró: “Yo no me rindo, yo peleo”.
Tras la primera tanda de preguntas en la reunión de la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara baja de este jueves, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, pidió a los diputados que sancionen la ley de lavado de activos porque “cuando se impacta sobre los fondos es más fácil porque una vez que le sacas la plata el producto se termina”.
El primero en abrir la ronda de interrogantes fue el santafecino Juan Martín quien consultó tajante: “¿Es prioridad la seguridad para el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner la seguridad de Santa Fe?”. Al respecto, el funcionario respondió: “La prioridad que tenemos es la de cualquiera de las 23 jurisdicciones y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Son 2.780.400 kilómetros cuadrados a los que estamos dedicados”.
Sobre la distribución de partidas, explicó: “Las prioridades en pesos que mostramos son las que salen del Sistema Nacional de Estadística Criminal que la aportan las provincias, no la invento yo ese dato, lo hacen llegar las provincias. No hay nada que haga que nosotros fragüemos la data respecto de lo que puede estar sucediendo en Rosario porque esto es muy simple, lo que está, es lo que está, no vamos a inventar absolutamente nada”.
“Cuando hablamos de lo que representa el impacto en Rosario es pesado y sobre eso tenemos que trabajar, a mí no me asusta. Hay que trabajarlo, hay que meterse, hay que llegar al hueso y trabajar fuertemente. No me preocupa esto de que el dato sea erróneo porque viene de las bases y no las podemos inventar nosotros”, sumó.
Por otro lado, remarcó: “Nosotros asumimos el 20 de septiembre de 2021 y nos tiene acá todos los días inventando y fabricando algo nuevo que nos acerque a esa situación con resultados muy positivos. En Rosario el año 2022 tuvo 2001 procedimientos con 2077 detenidos, eso es imposible de comparar porque trabajamos fuertemente a la par del ministerio público que nos dio elementos para hacerlo”.
“Cuando planteo que esto viene sucediendo hace muchos años y nadie lo miraba, el 11 de diciembre de 2013 balearon la casa del gobernador Antonio Bonfatti, ¿ese día empezaron los problemas? no, hace mucho. Esa situación nos muestra que el dolor de cabeza venia hace mucho”, planteó Fernández.
Y agregó: “Uno puede penetrar en tanto y cuento la provincia lo requiera. No hay una capacidad supranacional del Estado Nacional de meterse en las provincias y tomar decisiones por los que tienen que hacer su papel de policías”.
Ante la consulta del jefe del bloque Pro, Cristian Ritondo: “¿Necesita alguna ley de esta Cámara para modificar y utilizar más elementos en la batalla que hay que dar contra el narcotráfico?”, el titular de la cartera de Seguridad asentó afirmativamente.
“Todos los que quieran participar de esto es bienvenido si el objetivo que tenemos que hacer es ese. Esta la ley de lavado podría darnos una mano y sacar la ley de lavado de activos”, contestó y le pidió al titular del bloque oficialista, Germán Martínez: “¿Ey presidente me podría dar una mano con ese tema de la ley de lavado?”, y explicó: “Eso es una forma de colaborar porque la realidad es que cuando se impacta sobre los fondos es más fácil que sobre el producto, una vez que le sacas la plata el producto se termina”.
Cabe mencionar que dicho proyecto fue tratado el 30 de noviembre de 2022 en un plenario de las comisiones de Legislación General y Finanzas en donde oficialismo y oposición avanzaron en consensos y plantearon modificaciones.
Respecto a su polémica frase: “Los narcos ganaron”, Fernández se defendió y retrucó: “Yo no me rindo, salgo a pelear todos los días y no hemos perdido un solo segundo para poder corregir lo que venimos encontrando y para eso hay que meterse en los barrios”.
“El plan rosario es un profundo trabajo superficial, por un lado, pero los 2/3 son por abajo porque la inteligencia criminal que no podemos detenerla un solo segundo es fundamental para resolver el problema”, explicó.
Y cerró reiterando su pedido: “La ley de lavado nos ayudará a meternos más adentro. En todo Rosario hay 4.093 efectivos de las cuatro fuerzas. En todo Santa Fe hay 5.834 efectivos, hay todo un trabajo de planificación”.
La reunión se extendió por más de 7 horas en la que fueron interrogados dos funcionarios de la Corte y el exsenador Mario Cimadevilla. El oficialismo citará otra vez a Stornelli y denunciará por falso testimonio al juez federal Sebastián Ramos.
La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, presidida por la entrerriana Carolina Gaillard (FdT), retomó este martes la segunda jornada de audiencias con testigos en el marco del proceso que se lleva adelante contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia y anunció que la próxima reunión será el martes a las 13 y luego los testigos serán citados por temas de “manera de dar un orden a las audiencias”.
La reunión se extendió por 7 horas y los diputados escucharon e interrogaron al exmiembro del Consejo de la Magistratura Mario Cimadevilla; a Gustavo Naveira, de la secretaría Judicial N°7 de la Corte y a Sergio Napoli de la Secretaría Judicial N°4.
La principal figura invitada para la jornada era el fiscal federal Carlos Stornelli, pero no asistió. El oficialismo buscaba interrogarlo por ser autor del dictamen en el que se basó el juez Sebastián Ramos –quien ya se presentó ante los diputados– para archivar la causa sobre los chats entre Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y el ministro de Justicia y Seguridad porteño con licencia, Marcelo D’Alessandro.
Stornelli se presentó ante la Procuración para dejar expresada su voluntad de responder por escrito, amparado en la Ley del Ministerio Público Fiscal.
Sin embargo, su decisión fue rechazada y cuestionada por el Frente de Todos, quien aprobó citar nuevamente al fiscal federal y anticipó que si se niega a presentarse pedirán que se le quiten los fueros. También impuso su mayoría para denunciar al juez federal Sebastián Ramos por posible falso testimonio, a partir de la declaración que dio el pasado 23 de febrero, cuando negó tener vínculos con Silvio Robles.
Por otra parte, la fiscal María Laura Roteta, de la Fiscalía Federal N°1 de La Plata, quien también había sido citada para este martes, se excusó por encontrarse de viaje esta semana, pero se puso a disposición para hacerlo en una próxima fecha.
El primero en testificar fue Cimadevilla, quien estuvo ausente en la reunión del jueves 23 de febrero y es propuesto por la Coalición Cívica por sus acusaciones puntuales contra Ricardo Lorenzetti. Durante su exposición, denunció que entre 2008 y 2009 “había una preeminencia de la Corte sobre el manejo de los recursos presupuestarios”.
Además, sostuvo que “se eliminaron todo tipo de controles efectivos en el manejo presupuestario del Consejo”, y criticó que “los jueces han tenido y tienen una actitud gremial y no defienden el buen funcionamiento de la justicia sino sus privilegios”.
Luego fue el turno de Gustavo Naveira, de la Secretaría Judicial N°7 de la Corte Suprema, quien aseguró que recibe directivas de los ministros de la Corte de forma directa o por medio de otras personas. Respecto del interpósito de la vocalía de Rosatti se comunica con “algunos de sus letrados o con el señor Silvio Robles y otras veces el propio Rosatti”.
Sobre la utilización de una aplicación de mensajería instantánea o si se ha creado un grupo de chat, Naveira aclaró: “Tenemos un chat de la secretaría por WhatsApp para cuestiones vinculadas con el quehacer de la secretaría”.
Al ser consultado si conoce a Silvio Robles, el secretario respondió de afirmativamente y explicó que la relación es “funcionarial”. “Lo conozco desde que yo ingresé a la Corte, pero no tengo relación de confianza”, sumó y aseguró desconocer que Robles sea periodista.
A su vez, negó haber estado involucrado en los fallos sobre el Consejo de la Magistratura y en el de la Coparticipación. También fue consultado sobre la vocalía de Rosenkrantz y el listado de empresas particulares u organismos estatales que hubieren sido clientes suyos: “Recuerdo que había empresas que en algún momento el ministro no intervenía porque habían sido clientes de su estudio”.
Mientras Gaillard continuaba con el interrogatorio con la causa ESSO-Quilmes y Compañía Mega con AFIP, el jefe del bloque CC-ARI, Juan Manuel López, la interrumpió con una crítica: “Las preguntas de esas causas no corresponden. La mayoría de esas causas están terminadas creo que las desconocemos la mayoría de los que estamos acá. Me parece que no corresponde. Si son causas que están terminadas me gustaría que circunscriba”, y lanzó: “Me gustaría que haga las preguntas algún otro miembro de su bloque, porque la verdad que es muy incómodo que usted, que debería ser una especie directora del proceso, esté preguntándole al testigo que está al lado, me resulta chocante la situación”.
La titular de la Comisión explicó que Naviera fue citado porque integra la secretaría que tiene que ver con temas tributarios y que “la Asociación Americana de Juristas ha denunciado que Rosenkrantz no se excusó en causas que oportunamente eran parte de los pleitos de empresas que él había asesorado anteriormente”.
A su turno, los diputados oficialistas Vanesa Siley y Leopoldo Moreau hicieron hincapié en la nota que se difundió en los medios sobre el escrito que presentó Rosenkrantz en una causa donde es parte AMX Argentina anunciando a sus partes que dejaría de excusarse incluso en las causas de sus exclientes en virtud de haber cumplido 5 años como juez de la Corte, que “fue una teoría que adoptó”. Naveira afirmó que esa decisión “fue comunicada por escrito”, y que las empresas “estaban mencionadas en esa nota”.
Tras la crítica de Rodolfo Tailhade (FdT) hacia la Corte Suprema y no una pregunta puntual, le salió al cruce el catamarqueño Francisco Monti (UCR): “Ha hecho el diputado una valoración sobre el funcionamiento de los tribunales. No entiendo cuál es la pregunta. Si sobre esa valoración pretenden montar cualquier tipo de operación, juicio político, juzgar a los jueces por sus sentencias, que procedan entonces, pero no tengan la cobardía de venir acá a sacudir a un funcionario por decisiones que han tomado eventualmente magistrados”.
Y siguió: “Me parece una indolencia, una vergüenza y una absoluta cobardía. Las valoraciones que hizo que las haga suya y proceda con lo que tengan que hacer, pero ¿qué tienen que venir a preguntarle a los funcionarios del Poder Judicial sobre criterios que han adoptado los jueces? hablan de procedimiento y la pregunta fue sobre criterios”. En medio de gritos, le lanzó: “Queres saber los criterios anda a ver el fallo”.
El último en ser interrogado fue Sergio Napoli de la Secretaría Judicial N° 4 quien también fue consultado por la comunicación vía chats con miembros de otras vocalías y afirmó hablar, entre ellos, con Robles. También fue interrogado por la falta de legitimación y de equilibrio en la Corte en ciertos expedientes.
Fue a través de una nota que le envió la diputada Mónica Frade al titular de la comisión, el oficialista Ramiro Gutiérrez. “El kirchnerismo que admite ser el responsable político de la expansión del narcotráfico, ahora elige abandonar su rol y confesar su prescindencia”, afirmaron.
La Coalición Cívica volvió a exigir, como ya lo había hecho en octubre del año pasado, que la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados se constituya para sesionar en la Ciudad de Rosario.
A través de una nota dirigida al presidente de la comisión, el oficialista Ramiro Gutiérrez, firmada por la diputada Mónica Frade, los legisladores nacionales de la CC insisten en realizar una sesión presencial de trabajo, en la que se invite para que realicen declaraciones informativas a todas las autoridades políticas, judiciales, académicos y víctimas de este accionar en aquella ciudad.
La nota es acompañada por el jefe de bloque de diputados nacionales de la CC Juan Manuel López y por el presidente del partido Maximiliano Ferraro. Frade envió, también, la nota a la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico y Prevención de las Adicciones de la Cámara, que preside el diputado Federico Angelini, que fue firmada además por la legisladora Leonor Martínez Villada, miembro de esta comisión.
“El kirchnerismo que admite, mediante la confesión de su ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, ser el responsable político de la expansión del narcotráfico, ahora elige abandonar su rol y confesar su prescindencia”, sostienen desde la Coalición Cívica.
Además, plantearon: “Luego de confesar la notable expansión del narcotráfico y la violencia durante los años en que su espacio político estuvo a cargo del Gobierno, el ministro Aníbal Fernández tomó la decisión de poner a su hombre de confianza histórico, Lucas Gancerain, como nexo entre el Ministerio que conduce y la provincia de Santa Fe”.
“Evidentemente, Fernández se aferra a su fracaso histórico para emprender esta nueva tarea”, señalaron desde la CC. Gancerain fue denunciado por Elisa Carrió y la propia Frade por su rol durante años de desplazamiento del narcotráfico por la Hidrovía.
Frade afirmó que “Gancerain es ´contador´. Es el ´especialista´ designado por el ministro para abordar esta tarea, lo que confirma que no se trata de solucionar nada, sino de tomarnos el pelo, como lo ha hecho desde que nació a la política”.
“No solo la designación de Gancerain para trabajar en este tema es la confirmación de que, en el mejor de los casos, nada va a cambiar, sino que la continuidad de un ministro de Seguridad que confesó públicamente su fracaso, es la declaración del desinterés y la irrelevancia de un presidente de la Nación que desconoce el país en el que vive”, añadieron desde la CC.
HONORABLE-CAMARA-DE-DIPUTADOS-DE-LA-NACIONEste jueves la Comisión de Juicio Político mantuvo una reunión de asesores. El próximo encuentro será el martes a las 13 al que fueron citados cuatro testigos.
Tal como había deslizado el encuentro pasado la presidenta de la Comisión de Juicio Político, la entrerriana Ana Carolina Gaillard (FdT), se llevó a cabo este jueves una reunión de asesores del oficialismo y de la oposición -sin la presencia de diputados, salvo la presidenta de la comisión- para “definir cuestiones procedimentales” de cara a la segunda audiencia para la participación de testigos en el marco de la etapa de recolección de pruebas del proceso de juicio político contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
Según informó un miembro de la comisión a parlamentario.com, “se cursaron las citaciones” al fiscal Carlos Stornelli, la fiscal María Laura Roteta, Sergio Napoli de la Secretaría Judicial N°4 CSJN y el exsenador y exintegrante del Consejo de la Magistratura, Mario Cimadevilla, quien estuvo ausente la reunión del jueves pasado.
Los cuatro deberán presentarse el próximo martes 7 de marzo a las 13 en la Sala 1 del Anexo de Diputados. Gaillard había aclarado que “no van a ser más de 4 o 5 testigos” con el objetivo de “no dilatar tanto la audiencia como ocurrió hoy para que sea algo productivo y poder llevar con lucidez la jornada”.
Previsiblemente la mayor atención está puesta en la presencia o ausencia de Carlos Stornelli. Su citación fue decidida y votada la semana pasada luego de que el juez Sebastián Ramos dijera que su fallo sobre la causa de los chats entre Silvio Robles y Marcelo D’Alessandro se había basado en el dictamen de ese fiscal.
En su dictamen, Stornelli consideró que “convalidar en este estadio embrionario un eventual avance de este proceso solo y exclusivamente a partir de elementos que, conforme se investiga, habrían sido obtenidos fruto de una actividad delictiva, colisiona con los más básicos e irrenunciables principios constitucionales, y teñiría de ilegal cuanto se actuare en consecuencia”.
La pregunta del millón es si particularmente él se presentará ante los diputados. Al respecto se refirió la diputada Carolina Gaillard a través de un hilo de tuits en los que planteó que jueces y fiscales tienen la obligación de comparecer a dar testimonio. “Si no lo hicieren se remitirán los antecedentes a los organismos que ejerzan autoridad disciplinaria sobre ellos, en ese caso el Consejo de la Magistratura de la Nación o el Min Publico Fiscal sin perjuicio de las responsabilidades penales y políticas que la comisión entienda correspondan.
En la primera audiencia testificaron los jueces Alejo Ramos Padilla y Sebastián Ramos. También lo hicieron Sergio Rubén Romero, subdirector de Gestión Interna y Habilitación, dependiente de la Secretaría General de Administración; Cristian Abritta, extitular de la Secretaría Judicial N°5; Alejandro Daniel Rodríguez, Secretaría de Juicios Originarios; Adriana Norma Valinotti, vocalía de Rosatti; Silenio Rómulo Cárdenas Ponce Ruiz, de la Secretaría Judicial N°2; y Roberto Miguel Ángel Saggese, vocalía de Rosatti.
El proyecto se debatirá en el seno de una reunión conjunta de las comisiones de Justicia y de Legislación Penal tras la amenaza narco a Lionel Messi en Rosario.
Gran repercusión trajo la amenaza narco al jugador de la selección argentina, Lionel Messi, tras el ataque a un local perteneciente a la familia de su esposa en Rosario. Tal es así que se comenzará a debatir en la Cámara baja el proyecto de Fortalecimiento de la justicia penal federal en la provincia de Santa Fe.
Fue el jefe del bloque oficialista, el santafecino Germán Martínez, quien lo confirmó en redes pese a que aún no se oficializó la convocatoria en la agenda de Diputados de la reunión conjunta de las comisiones de Justicia, presidida por el oficialista Rodolfo Tailhade, y de Legislación Penal a cargo de la opositora María Luján Rey (Pro).
El plenario se realizará el próximo miércoles 8 a las 11 en la Sala 1 del 2° piso del Anexo A con el objetivo de tratar el proyecto presentado por el oficialismo, encabezado por Roberto Mirabella.
La iniciativa fue una propuesta por todos los diputados de esa provincia, salvo uno de la CC. El proyecto busca crear 13 cargos de fiscal federal, 4 defensorías y 6 juzgados federales. También crea 6 cargos de juez penal federal con funciones de revisión.
La iniciativa fue aprobada en la Cámara baja por 227 votos afirmativos, 2 negativos y ninguna abstención. Contaba con media sanción del Senado desde 2020 y corría riesgo de perder estado parlamentario. Los principales puntos.
En la sesión extraordinaria de este martes en la Cámara de Diputados se convirtió en ley el proyecto que crea un “Programa Federal Único de Informatización y Digitalización de las Historias Clínicas de la República Argentina”, con la finalidad de instaurar, en forma progresiva, el Sistema Único de Registro de Historias Clínicas Electrónicas.
La iniciativa, que fue sancionada por 227 votos afirmativos y 2 negativos -correspondientes a los liberales Javier Milei y Victoria Villarruel-, había sido aprobada en el Senado en noviembre de 2020 y de no ser tratada antes del comienzo de un nuevo período ordinario podría haber perdido estado parlamentario.
Abrió la lista de oradores el exministro de Salud, Daniel Gollan (FdT), quien se mostró optimista para que el proyecto sea ley porque “hay un consenso generalizado”. En ese momento, interrumpió su alocución para criticar a sus pares: “Parece que hay algunos diputados que no les interesa el tema”.
Tras ese breve comentario, continuó: “Han trabajado todos los bloques en las comisiones y hemos recibido del Senado un proyecto que no tuvo prácticamente objeciones”, y destacó que “es realmente importante porque tiene que ver con la vida cotidiana de todos los argentinos”.
“Hablamos en los últimos tiempos de redefinir lo que está sucediendo con nuestro sistema de salud en el país y tenemos prácticamente la gran mayoría de los bloques una visión en común sobre muchos de esos problemas”, destacó Gollan.
Sobre el proyecto sostuvo que “genera una herramienta para poder instaurar una historia clínica digital que esté interconectada, que reciba la información de todas y cada una de todas las historias clínicas de todos y de cada uno de los argentinos que habitan el país”.
En esa línea, remarcó que “tiene una importancia primordial” porque en Argentina por año “sólo en el sector público se producen unos 150 millones de consultas anuales ambulatorias solamente hablando del sector público, esto hay que multiplicarlo por cinco para ver la dimensión de lo que se registra diariamente”. Asimismo, lamentó que el sector privado “no informa” y bregó para que “cambie a partir de esta ley porque no está conectado con las estadísticas y decisiones sanitarias”.
“35 millones de esas consultas son de urgencias o emergencias; 19 millones de medicina general; 15 millones de pediatría, y así”, detalló el diputado oficialista y siguió: “1.4 millones de egresos hospitalarios, es decir gente que está internada y se va. Todo esto está en un mundo totalmente inconexo hoy en día”.
clínica digital. Ateniendo a sus realidades en un país federal sabemos que la salud principalmente, si bien hay una función rectora del Ministerio de Salud, básicamente está sentada sobre las jurisdicciones provinciales”.
“Eso es muy bueno porque hay provincias que tienen mayor nivel de avance, otras que tienen menor, pero aún en las que tiene un buen nivel de avance, y hay que felicitarse por eso, todavía no es que contamos con una historia clínica en todos los centros de salud a los que se puede acceder en condiciones de seguridad, a los cuales los pacientes pueden acceder en forma rápida y ágil. Por lo tanto, aun en provincias que han empezado hace mucho este proceso, les falta mucho”, planteó.
El diputado oficialista volvió a criticar el sistema privado porque “no tiene interconexión, tienen desarrollos informáticos propios, historia clínica digital, pero no hay una interconexión con el conjunto del sistema”, y remarcó: “Esto es importante porque, a la hora de tomar decisiones en salud, nosotros tenemos los datos que provienen del sector público y se nos está perdiendo un 70% de esas prestaciones y es una información importante que no la tenemos”.
A su vez, explicó que “hay otra cuestión importante para tener una herramienta como esta. Como nuestro sistema sanitario está tan desorganizado, que cada vez que vamos a un centro de salud es casi como que empezamos de nuevo, nadie conoce nuestra historia anterior porque están en cartones o fichas en carpetas en cada uno de los centros de salud, eso se constituye en un punto grande de ineficiencia del sistema”.
“Si el profesional al que acudimos tiene acceso a los estudios previos, no tendríamos que estar repitiendo esos mismos estudios. Por lo tanto, desde el punto de vista de la atención, le agrega más cohesión al sistema y eficiencia en el funcionamiento y el resultado en la prestación de salud”, destacó el bonaerense.
En suma, remarcó que “es una ley que complementa la 27.553 que en el día de hoy fue reglamentada que genera una respuesta a otra problemática que es la receta digital”. En esa línea, planteó: “Deberíamos hacer las cosas antes porque tenemos que esperar tres años para que se reglamenten y perdemos tiempos”, y apeló para que “estas leyes se pongan en marcha rápido porque son una ventaja para el paciente y nos aporta una enorme y rica información epidemiológica”.
“Se ponen en marcha herramientas de la informática que son uno de los puntales centrales para integrar, construir, mejorar el sistema sanitario. Esta ley genera un instrumento que permite la interoperabilidad de todos los sistemas que ya se han desarrollado en las provincias y los nuevos que irán surgiendo”, ponderó. Gollan
También recalcó que “obliga a todos a informar como se corresponde, todos aquellos que manejen historias clínicas y cumpliendo con los mayores estándares de calidad para garantizar que esa información no caiga en manos de quien no debe y plantea todos los derechos del paciente de que es el titular de esa historia clínica”.
“Es un avance importantísimo, que las tecnologías de la información y comunicación nos dan, se avanza también en la capacitación, en la telesalud, todo este mundo nuevo que se viene de la aplicación de estas nuevas tecnologías que son útiles y necesarios”, avizoró.
Palabra autorizada para hablar, la presidenta de la Comisión de Salud Pública, la socialista Mónica Fein, remarcó que “dar quórum a veces significa dar avances” y recordó que el proyecto de no aprobarse en el día de la fecha perdería por segunda vez estado parlamentario.
“Es un sistema único de registro de historias clínicas en el país. Incluye a todas las jurisdicciones y todos subsectores porque tener un programa único y federal de informatización de todas las historias clínicas de la República Argentina genera un paso necesario para que cada uno pueda tener acceso a nuestra propia historia clínica porque es nuestra”, resaltó la santafecina.
En ese contexto, consideró que “es fundamental hacer un programa que permita progresivamente, en articulación con el Ministerio de Salud y el COFESA, tener acceso en todo el país a la historia clínica”.
En otro tramo de su discurso, explicó que el proyecto “contempla la necesidad de un protocolo, la capacitación de personal, el software de las historias clínicas es importante por la operatividad interna. Sabemos lo que cuesta empezar de cero la historia clínica. Comenzar a edades adultas a que nos pregunten cómo fueron nuestros partos. Pensémoslo en sistemas de emergencia que no tienen ninguna información de nosotros”.
“Este sistema debe ser interoperable por los diferentes subsistemas que conforman el sistema de salud. Creemos que hay que avanzar sobre la necesaria confidencialidad de la información que, si bien contempla este proyecto, creemos que hay mucho por hacer para proteger la informatización de nuestros datos, la confidencialidad, la integridad, la seguridad, la autenticidad, la confiabilidad. En fin, todas esas cosas que le den garantías de que los datos estén y sean utilizados de la mejor manera”, precisó Fein.
Por último, informó que 17 provincias tienen esta ley, pero lamentó que “en el país estamos atrasados en tener un sistema en condiciones de equidad”. “Este programa permite integrar lo farmacológico, lo ambulatorio, el diagnóstico por imágenes. Promueve una visión integral de los datos de cada persona, de cada apaciente y de su salud y marca una ventaja para los profesionales de la salud. Hoy cada vez más, la medicina remota requiere de estas leyes”, cerró.
A continuación, el diputado Rubén Manzi (Coalición Cívica – Catamarca) ponderó: “Este proyecto es un adelanto para nuestro sistema de salud”.
“Creo que es muy importante que este Parlamento asuma la tarea de que este sistema que implementamos sea lo suficientemente robusto y seguro. Sin ponerme en contra de lo que estamos legislando debo advertir que esta centralización de datos puede traer aparejado el riesgo de la violación de la privacidad de los pacientes”, alertó el catamarqueño.
Por otro lado, manifestó: “Esta ley debe ser un primer paso para ampliar la digitalización de la atención médica, ya que, esta digitalización sumada a este proyecto puede ser muy útiles para lograr la equidad a la que todos decimos adherir”.
“Los países que más éxito tuvieron en el manejo de la pandemia son los que tenían mejor instrumentada la digitalización del servicio de salud”, comparó.
La ley establece la creación del “Programa Federal Único de Informatización y Digitalización de las Historias Clínicas de la República Argentina”, con la finalidad de instaurar, en forma progresiva, el Sistema Único de Registro de Historias Clínicas Electrónicas.
La autoridad de aplicación, que será designada por el Poder Ejecutivo, tendrá entre sus funciones crear y conformar con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la estructura organizativa del Programa y reglamentar su implementación y su progresivo funcionamiento.
Además, deberá determinar las características técnicas y operativas de la informatización y digitalización de las historias clínicas; elaborar un protocolo de carga e implementar un software de historia clínica coordinando la implementación interjurisdiccional; e instalar el software de forma gratuita en todos los hospitales públicos, nacionales, provinciales y municipales, y, en la forma que se establezca por vía reglamentaria, en los centros de salud privados y de la seguridad social; entre otros puntos.
En el Sistema Único de Registro de Historias Clínicas Electrónicas se deja constancia de toda intervención médico-sanitaria a cargo de profesionales y auxiliares de la salud, que se brinde en el territorio nacional, ya sea en establecimientos públicos del sistema de salud de jurisdicción nacional, provincial o municipal, y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como en establecimientos privados y de la seguridad social, reza el articulado.
Asimismo, el Sistema Único de Registro de Historias Clínicas Electrónicas debe contener los datos clínicos de la persona o paciente, de forma clara y de fácil entendimiento, desde el nacimiento hasta su fallecimiento.
“La información suministrada no puede ser alterada, sin que quede registrada la modificación pertinente, aun en el caso de que tuviera por objeto subsanar un error acorde a lo establecido en la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales y sus modificatorias”, indica.
También señala que “el paciente es titular de los datos y tiene en todo momento derecho a conocer la información en la Historia Clínica Electrónica, que es el documento digital, obligatorio, con marca temporal, individualizada y completa, en el que constan todas las actuaciones de asistencia a la salud efectuadas por profesionales y auxiliares de la salud a cada paciente, refrendadas con la firma digital del responsable”.
“El almacenamiento, actualización y uso se efectúa en estrictas condiciones de seguridad, integridad, autenticidad, confiabilidad, exactitud, inteligibilidad, conservación, disponibilidad y acceso”, agrega.
Eso le gritó el diputado oficialista Eduardo Toniolli al referente del Pro, Fernando Iglesias, cuando éste interrumpió su alocución en la sesión de este martes.
Durante la sesión de este martes llevada a cabo en el recinto de la Cámara baja, los diputados nacionales Eduardo Toniolli (FdT – Santa Fe) y Fernando Iglesias (Pro) protagonizaron un cruce durante el debate por el plan de pago de deuda previsional.
Mientras el oficialista hacía uso de la palabra para respaldar el dictamen de mayoría y hablaba de las medidas que empezaron en 1976 a transformar el mercado de trabajo en Argentina que “se profundizaron en democracia con hiperinflación mediante los trabajadores hasta el estallido del 2001 cuando el pueblo dijo ‘basta de todo esto’. Estos fueron los primeros 25 años de mercado laboral de quienes empezaron a trabajar o empezaron su vida económica en 1966…”.
En ese momento, Iglesias lo interrumpió con críticas desde su banca, a lo que Toniolli no se quedó callado y le retrucó: “¡Cállese Iglesias, estoy hablando yo! ¡Cállese, cállese, cállese payaso!”.
Como el diputado del Pro insistía, el santafecino siguió: “¡Cállese la boca, payaso! ¡Cállese la boca y deje que los otros hablen!”, y se dirigió hacia la titular del Cuerpo, Cecilia Moreau: “Señora presidenta hágalo callar. Cállese la boca”, tras lo que sus pares de bancada lo fundieron en un fuerte aplauso.
Lejos de quedarse de brazos cruzados, Iglesias le pidió la palabra a la presidenta de la Cámara y lanzó entre abucheos: “No se pongan nerviosos compañeros, voy a leer un discurso de la querida compañera vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que se refería…”. Hizo una pausa y preguntó: “¿Puedo señora presidenta? ¿Puedo empezar?”, a lo que Moreau le respondió: “Le di la palabra”.
Tras el asentimiento, el dirigente del Pro hizo propias las palabras de CFK: “Creo que ameritan unas palabras los episodios que pudimos ver los argentinos del pasado 19 de diciembre. Es un manual de instrucciones políticas para saqueos, violencia y desestabilización de Gobierno que tiene su historia y quiero ser sincera, se inauguró con el gobierno de Alfonsín, sectores políticos y, fundamentalmente, del PJ”.
Y remató con una reflexión: “El día que dejemos de hacer golpismo en la Cámara, que es la Cámara de la Democracia quizás podamos tener un país”.
Así lo aseguró la jujeña Carolina Moisés ante los rumores infundados sobre un posible quiebre dentro del oficialismo tal como ocurrió en el Senado. “Trabajamos en la unidad del Frente de Todos tanto nacional como provincial”, remarcó.
Luego de la ruptura del bloque oficialista en el Senado, se instaló el rumor de que del otro lado del Salón Pasos Perdidos podría llegar a replicarse la situación dentro del espacio. Sin embargo, este lunes desde el Frente de Todos salieron a desmentir esa noticia.
Una de las diputadas que fue señalada con posibilidades de romper el bloque K fue la jujeña Carolina Moisés quien argumentó: “Creo en la unidad del Frente de Todos, superando las diferencias individuales a través del diálogo y la construcción colectiva de los consensos que necesitamos para sacar adelante a la Argentina”, argumentó.
“Ese es el único camino posible. Mi historia y trayectoria política, desde muy joven, testifican que los debates siempre lo di desde adentro del Partido Justicialista y en los ámbitos que corresponden”, agregó Moisés.
En esa línea, informó: “Estamos dialogando entre todos los actores a nivel provincial y nacional ya que Jujuy tiene como primer plazo en el cronograma electoral el 7 de marzo para la presentación de frentes”.
“Por eso trabajamos en la unidad del Frente de Todos tanto nacional como provincial. Los interlocutores del Frente de Todos están garantizados para todos los espacios que lo conforman, tanto en el ámbito de la política como en el ámbito parlamentario”, cerró la oficialista.
El jefe del bloque oficialista cuestionó las intervenciones de los diputados Juan Manuel López y Mario Negri lo que consideró como “una enorme falta de respeto”, y acusó a la oposición de “minimizar” el trabajo de la comisión.
El jefe del bloque oficialista, el santafecino Germán Martínez, le contestó a los titulares de los bloques CC-ARI y UCR, Juan Manuel López y Mario Negri respectivamente, en la reunión de la Comisión de Juicio Político que “nadie nos da letra y no somos ventrílocuos de nadie”, y los acusó de “minimizar” el trabajo de la comisión. Por otro lado, remarcó el juicio político es “una herramienta que hace efectiva el régimen republicano de la división de poderes”.
Al inicio de su intervención, Martínez lamentó que algunos diputados de la principal bancada opositora ya no estaban presentes, para luego destacar: “Estamos dando un paso importante hoy posibilitando la apertura de sumarios y la probatoria”.
“Se han dicho cosas que auguran para el resto del trabajo de esta comisión, algunas situaciones que a mi criterio no son convenientes”, agregó el oficialista y le habló al diputado y titular del bloque CC, Juan Manuel López: “Dijo que el juez Lorenzetti a nosotros nos daba letra. Me parece que es una enorme falta de respeto, no solamente a nosotros que estamos acá los integrantes del bloque Frente de Todos, sino también a los integrantes de la comisión”.
Y le retrucó: “No solamente no nos da letra, sino que, yo al menos no tengo problema, les doy mi teléfono. Fíjense si hay alguien que a 50 kilómetros de Lorenzetti que tenga vinculación conmigo”, a lo que chicaneó: “No sé si todos puedan decir lo mismo con Horacio Rosatti”.
“Nosotros no somos como dijo el diputado Negri ‘ventrílocuos’ del presidente de la Nación y de los gobernadores, otra enorme falta de respeto”, cruzó Martínez y planteó: “El presidente de la Nación y un grupo importante de gobernadores tomaron una iniciativa política que, varios de nosotros del interbloque, le dieron canalización parlamentaria por un elemento básico: somos el bloque oficialista en la Cámara de Diputados”.
En esa línea, recordó que en 2002-2005, pero “particularmente la de 2003 y recordamos aquella famosa fundante comunicación del presidente Néstor Kirchner respecto a la Corte de la mayoría automática después miren los expedientes que estaban fundados y firmados por diputados de distintos bloques”.
“Por lo tanto, a nosotros nadie nos da letra y no somos ventrílocuos de nadie, somos ni más ni menos diputados nacionales que integramos un bloque que le dimos canalización parlamentaria a una iniciativa del presidente de la Nación por un grupo importante de gobernadores y que vinimos a dar los debates necesarios para avanzar en ese sentido”, contestó.
Al respecto, auguró para que “que el resto de los aportes que se hagan estén lejos de este tipo de calificaciones para con nosotros que después tenemos que llevar adelante nuestra tarea cotidiana en la Cámara”.
“Se han escuchado discursos que parece que están fundando un dictamen de la comisión en el final del proceso de trabajo, en realidad lo que estamos haciendo es abrir un sumario, ni más ni menos. Aquí nada más ni nada menos estamos decidiendo si vamos a hacer una investigación que se le hace a cualquier empleado público”, explicó Martínez.
En esa línea, reiteró: “Estamos en el inicio de esa instrucción sumarial que nosotros propiciamos. Esto es lo que venimos a hacer hoy. De aprobarse la resolución que pusimos a consideración, arranca una etapa de prueba, arranca un sumario que lo haremos en virtud de lo que marca el reglamento de la Comisión de Juicio Político y podremos agregar todos los elementos que hagan falta incluso muchos de los que se mencionaron hoy en las intervenciones de los diputados de JxC”.
“Podremos agregar todos los elementos al sumario que permitan dilucidar los distintos hechos que aquí se están comentando”, remarcó el santafecino.
Respecto a la resolución que emitió este jueves JxC, observó que en el análisis que realizan “hay un momento que arrancan expediente por expediente y fijan posición respecto de ellos. En los expedientes que analizan e intenta refutar, no están los expedientes de la CC-ARI supongo que debe ser parte del formato político que han encontrado para fijar posición aquí”.
“Adentro del documento cuando trata de refutar los expedientes no hablan de los de la Coalición Cívica ¿eso quiere decir que esos dos no son refutables? ¿Cómo se encuentra la coherencia?”, preguntó el oficialista y sumó: “Aparece este argumento del rechazo in límine, ustedes no están innovando. Los argumentos para el rechazo in limine vale la pena que nos adentremos ahí, puede haber un rechazo cuando las denuncias no tienen ningún fundamento, son manifiestamente infundadas”.
Por el contrario, remarcó que “en el informe que presentamos, entre la página 5 y 15, está la descripción de los hechos, la relación con las pruebas, la atribución por cada uno de los magistrados, la indicación de la causal y la referencia a los expedientes ingresados que tuvimos en cuenta”.
“Entonces lo que hacen es minimizar el trabajo de los integrantes del bloque, decir ‘acá están juzgando por el contenido de las sentencias’. No, estamos avanzando sobre las causales de mal desempeño y posibles delitos en el ejercicio de las funciones”, defendió Martínez.
Por último, destacó: “Estamos haciendo las cosas bien en la comisión, no estamos adelantando a ninguno de los pasos para poder alcanzar, lo hicimos desde el comienzo, incluso cuando muchos dudaban de la aplicabilidad de la herramienta del juicio político. Dimos le debate sobre el contenido y la importante del juicio político porque es uno de los controles intra-órganos lo dice la Constitución Nacional. Es la herramienta que hace efectiva el régimen republicano de la división de poderes”.
En la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados la oposición no acompañó el despacho con su firma y criticó el rechazo del oficialismo a invitar más expositores y a realizar modificaciones.
La Comisión de Presupuesto y Hacienda dio por finalizado el debate en torno al proyecto que busca establecer un “Régimen Simplificado y Cambiario para Pequeños Contribuyentes Tecnológicos”. Desde la oposición criticaron el rechazo de traer más expositores para debatir.
El oficialismo se alzó con el dictamen del proyecto que busca establecer un “Régimen Simplificado y Cambiario para Pequeños Contribuyentes Tecnológicos”, más conocido como “Mono-Tech”, en el marco de una reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, presidida por Carlos Heller, que se realizó este martes en el Anexo “C”.
El debate tuvo dos jornadas nada más. En un primer encuentro, la iniciativa fue defendida por el subsecretario de Financiamiento y Regulación de la Economía del Conocimiento, Edgardo Rubén Kutner; la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini; y el subdirector general de Recaudación, José Bianchi.
Allí, desde Juntos por el Cambio solicitaron invitar a más especialistas, entre ellos abogados representantes de emprendedores, pero el oficialismo no aceptó, lo que derivó a que la principal bancada opositora no acompañe el texto con su firma.
Previo al debate, Heller recordó que el objetivo de la reunión es “producir dictamen” del proyecto entendiendo que “la información que fue suministrada y dada en el desarrollo de la reunión informativa y enviada a todos los diputados con los informes que presentaron los funcionarios del Poder Ejecutivo, entendemos que están dados los elementos informativos suficientes como para poder avanzar en el debate y cumplir con el objetivo de la comisión que es generar el dictamen”.
A su vez, informó que la presidencia les hizo llegar una nota que envió la presidencia de la Cámara del Software que “había pedido concurrir a la reunión y expliqué que la reunión ya había sucedido y no había voluntad de otra informativa y que íbamos a avanzar en el tratamiento del tema y, por consiguiente, les ofrecí que nos hagan llegar sus consideraciones para poder hacerles llegar a todos los integrantes”.
El primero en hacer uso de la palabra fue el secretario de la comisión, el entrerriano Marcelo Casaretto (FdT), quien explicó que el “Mono-Tech” es un monotributo tecnológico, un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo que ingresó con la firma del presidente de la Nación, el jefe de Gabinete y el ministro de Economía.
“En la reunión informativa tuvimos la posibilidad de escuchar a funcionarios que brindaron detalles del proyecto de ley que tiene dos partes. Por un lado, un cambio en las condiciones impositivas y, por otro lado, un cambio en el régimen cambiario relacionado con los exportadores de servicios al exterior por hasta 30 mil dólares anuales”, explicó el entrerriano.
En esa línea, remarcó que “lo que plantea es una carga de un monotributo por lo que es la exportación de servicios hasta este nivel que le da la opción al contribuyente de coexistir con el actual régimen del monotributo con lo que es el actual régimen de pago tanto en su obligación impositiva previsional y de obra social como un régimen cambiario especial”.
“Básicamente estimularía la exportación de servicios tanto de empresas tecnológicas como de personas físicas que se ocupan de este tipo de servicios como en general fuera de lo que es el concepto de economía del conocimiento, la exportación de servicios de carácter general. Eso le permitirá abrir una cuenta en dólares donde se acreditarán los dólares provenientes de esa exportación de servicios y esos dólares serán de libre disponibilidad para operar tanto en el país o extraerlo”, explayó Casaretto.
A su vez, estimó que generará “mayor venta de servicios del país al estimular los pequeños emprendimientos que se hacen de carácter general y esto va a permitir aportar dólares que Argentina necesita. Todas las leyes en esta materia apuntan a exportar servicios, exportar conocimientos, trabajo calificado y que ingresen divisas”.
A su turno, el santafecino Marcos Cleri (FdT) remarcó que “es importante la incorporación de los gamers o ciber atletas donde, en el caso de los menores, los responsables del monotributo son los padres”.
“Esto tiene que ver con la mirada integral de las nuevas relaciones de construcción de comunidad en donde la Argentina está dando un paso muy importante en ese sentido reconociendo que la revolución tecnológica 4.0 es lo que viene para lo cual tenemos que tener leyes que acompañen este desarrollo que permitan ser un polo de exportación de conocimiento, que ponga en valor todos los profesionales que ha formado la universidad pública y, principalmente también, el resto de las políticas que siguen sumando con esta mirada integral para tener un modelo de desarrollo donde todos los argentinos podamos tener el bienestar general de la comunidad”, sostuvo el santafecino.
Cleri calificó el proyecto como “excelente” que en un fututo puede ser “perfectible” y propuso tratar en paralelo un proyecto que contemple el “derecho de formación” que está solicitando la Cámara de Software y pidió a la oposición que “acompañen una mirada de futuro de la Argentina y dejen de poner palos en la rueda”.
De la vereda de enfrente, la diputada cordobesa Laura Rodríguez Machado (Pro) consultó por las modificaciones al proyecto, a lo que Heller respondió de forma breve con un “no” y lanzó: “El Ejecutivo quiere legislar sobre situaciones excepcionales e ir manejando diferentes categorías de beneficiados de este problema económico que ha generado en el país. Este proyecto, entiendo que, para muchos, pueda o no llegar a ser beneficioso, pero gestiona los desequilibrios existentes en la Argentina producto de la brecha cambiaria”.
“En vez de mirar los motivos de esa brecha, va beneficiando de acuerdo a su propio criterio, porque no se discute el texto, no nos permitieron traer oradores de distintos sectores de la economía para hablar, hemos propuestos la presencia de instituciones y ha sido rechazada la participación, sin embargo, el Ejecutivo dice que a cada sector le da un beneficio distinto para que, de esa manera, tratar de equilibrar de una forma desequilibrada el gran problema cambiario”, enfatizó la cordobesa.
“Esto es una forma de gestionar el fracaso económico de este gobierno. No hubo posibilidad de escuchar a miembros de organizaciones del espacio, no voy a firmar el despacho”, adelantó con fuertes críticas la diputada del Pro.
En el mismo sentido se pronunció el economista Martín Tetaz (Evolución Radical) manifestó su “disconformidad” de estar debatiendo en extraordinarias un proyecto particular de monotributo habiendo presentado varios proyectos de monotributo para reformas integrales que deberían beneficiar a todos los trabajadores y deberían estabilizar el funcionamiento del sistema de monotributo”.
En esa línea, Tetaz comparó: “Los proyectos que nosotros presentamos apuntan a una resolución integral del monotributo sin discriminaciones de ningún tipo. Todos los trabajadores tienen el mismo derecho. Presentamos los proyectos durante el año, hicimos pedidos a la comisión, nos dijeron que cuando dispusieran lo iban a tratar. Ahora el Ejecutivo envía este proyecto parcial porque es un parche a la problemática puntual”, y solicitó que corrija o mande un proyecto que incluya los expedientes presentados para dar un debate integral.
En el uso de la palabra, el radical Víctor Hugo Romero (Corrientes) subrayó que “se profundizó la desigualdad de distribución de los ingresos”, e informó que de los argentinos que trabajan e 75% perciben salario, el resto es informal y de ese 25% que no percibe sueldo “hay 2,3 millones de monotributistas, pero el monotributo no es empleo de calidad”.
“Este proyecto pretende corregir una situación de informalidad que hay en un sector de la economía donde tenemos argentinos con talento, exportamos servicios y que hoy están en una situación informal porque hay un achatamiento de las escalas en el monotributo y dar más derechos”, planteó Romero.
A su vez, opinó que si el proyecto se aprueba “va a haber una nueva inequidad en el sistema de recaudación tributaria que va a tener un límite de 30 mil dólares”.
A su turno el jefe del bloque oficialista, Germán Martínez (Santa Fe) le contestó a la oposición y sostuvo que “no podemos invalidar una herramienta que, a nuestro criterio puede ser muy útil, porque falte alguna reforma integral”.
“El monotributo ha sido una herramienta muy útil para no estar fuera del sistema en épocas muy difíciles con políticas económicas lesivas para los trabajadores”, respaldó el santafecino e insistió: “No nos invalidemos este esfuerzo porque estamos dando un paso importante”.
Y remató: “Abrir este debate no genera la posibilidad de que salgamos de esta situación a la que nos lleva JxC de que no podamos tener ni comisiones ni recinto. Es una muy buena iniciativa del Ministerio de Economía”.
Al cierre, Heller informó: “De 39 diputados presentes, el dictamen tiene 24 firmas con eso estaría consagrado que se ha generado ese dictamen que estará en condiciones de ser tratado en el recinto”.
El proyecto
El proyecto, enviado por el Poder Ejecutivo el pasado 20 de enero, se encuentra destinado a los pequeños contribuyentes que realicen actividades relativas a la economía del conocimiento, y a aquellos que efectúen cualquier tipo de prestación de servicios, siempre que estas actividades sean realizadas en el país, pero su utilización o explotación efectiva se lleve a cabo en el exterior.
También quedan comprendidos en este nuevo régimen los ingresos derivados por el ejercicio de “eSports” o deportes electrónicos, entendiendo por tales a las muy difundidas competiciones organizadas a nivel profesional, multijugador y de diferentes disciplinas de videojuegos con acceso desde diferentes dispositivos y plataformas de forma online u offline, “contemplando así el tratamiento tributario integral de dichas prestaciones de vanguardia en nuestro país y en el mundo”, rezan los fundamentos del proyecto.
Serán considerados “Pequeños Contribuyentes Tecnológicos” las personas humanas residentes en el país que obtengan ingresos brutos por las actividades anteriormente referenciadas, en los 12 meses calendario inmediatos anteriores a la fecha de adhesión al “Mono-Tech”, inferiores o iguales a un equivalente de 30.000 dólares.
De acuerdo a la escala, estarán comprendidos en la categoría D quienes registren ingresos hasta 10 mil dólares anuales; en la F quienes registren entre 10 mil y 20 mil dólares anuales; y en la H quienes tengan hasta 30 mil dólares anuales de ingresos.
El texto establece la compatibilización con el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) y un Régimen Cambiario que posibilite que estos sujetos se encuentren exceptuados de la obligación de liquidar las divisas percibidas por las actividades alcanzadas por la medida en el Mercado Libre de Cambios (MLC).
Eso expresó el diputado Alejandro “Topo” Rodríguez tras la reunión de la Comisión de Juicio Político. Al respecto, reiteró que el jury contra los miembros de la Corte Suprema “marcha al fracaso y daña al país”.
El titular del interbloque Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez (Identidad Bonaerense), alertó que el pedido de Juicio Político contra la Corte Suprema “genera incertidumbre en la economía” y que es “el peor aliado para la recuperación del país”. Además, volvió a plantear que el presidente de la Nación “el 1ro de enero lanzó su campaña electoral a la reelección montado en este intento de juicio a la Corte”.
“Es la primera jornada de la Comisión de Juicio Político. Como era de esperar hubo un debate de carácter introductorio y recién dentro de dos semanas se va a poner en discusión lo que se denomina la admisibilidad de esos 14 proyectos”, explicó en declaraciones a la prensa.
En ese sentido, opinó: “Tengo la impresión de que este es el intento de un Juicio Político que marcha al fracaso, que daña al país, genera incertidumbre desde el punto de vista económico. no hay peor aliado de la recuperación económica que un embate institucional como el que está poniendo en marcha el Gobierno Nacional”.
“Desde el punto de vista político, no debería generar ningún tipo de trauma. El problema de un país de una Argentina que tiene la amenaza del juicio político a toda la Corte Suprema de Justicia porque, no es a un integrante sino a todos, y a su vez la amenaza de que el ministro de Justicia de la Nación dice que va a modificar por decreto el Consejo de la Magistratura, sumado a una intención de ampliar a 15 los miembros de la Corte Suprema, eso impacta directamente en la economía y es importante que lo sepa el Ministerio de Economía y la gestión económica”, alertó el bonaerense.
Y sumó: “No hay recuperación posible, no hay forma de controlar la inflación en el país si la política, si el gobierno, juega al embate institucional como lo está haciendo”.
“Hay 14 proyectos, pero cuando el presiente de la Nación el 1ro de enero anunció que iba a hacer un juicio político a la Corte fue muy claro y contundente de que el motivo es el desacuerdo del Gobierno Nacional con fallos de la Corte y eso no es procedente, es evidente que el presidente el 1ro de enero lanzó su campaña electoral a la reelección montado en este intento de juicio a la Corte”, lanzó “Topo” Rodríguez.
Por último, explicó el cruce que tuvo con el diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade: “Plantearon que quienes pensamos de una manera distinta al oficialismo éramos empleados de oscuros intereses. Entonces recordé también que un diputado del kirchnerismo dijo en los últimos días que yo tenía una posición respecto al juicio a la Corte por miedo y que hacía político con miedo, sin que esto tenga otra connotación le aclaré a Tailhade que no le tengo miedo a nadie”.
El titular del bloque oficialista remarcó que el “mal desempeño” del máximo tribunal “no han hecho otra cosa que invadir competencias que tiene el Poder Legislativo y el Ejecutivo”.
El jefe del bloque oficialista en Diputados, el santafecino Germán Martínez, sostuvo que el debate en el seno de la Comisión de Juicio Político que se llevó a cabo este jueves fue “muy rico” y aclaró que el pedido contra los miembros del máximo tribunal “tiene que ver con la parcialidad y la arbitrariedad de las decisiones de la Corte en temas claves” porque ese “mal desempeño” han “invadido las competencias” del Poder Legislativo y Ejecutivo.
En declaraciones a la prensa tras la reunión, Martínez destacó la labor de la presidenta de la Comisión, Carolina Gaillard, que “hizo una muy buena tarea llevando un debate que sabíamos que iba a tener contenido político”.
“En algún momento pensamos que iba a ser un debate más procedimental, así varios diputados de JxC lo hacían saber a la prensa en el día de ayer, pero además de hablar de los temas específicos del funcionamiento de la Comisión, del cronograma atrasado por la presidenta de la Comisión, por los expedientes que se tienen en consideración, por los hechos que resultan claves para la acusación que queremos realizar, también hubo mucho debate político y lo logramos dar desde nuestras miradas distintas, pero me parece que fue un debate muy rico y conseguimos lo que necesitábamos”, destacó.
Y remarcó que “hubo una citación, hubo un quórum reglamentario, se trazó un plan de trabajo se pusieron los expedientes en consideración y hubo el debate político necesario”. En tanto, explicó que “estamos tratando 14 proyectos donde hay cuestiones que tienen que ver con presentaciones realizadas por diputados y diputadas, por particulares y por organizaciones”.
“También hay un proyecto que es encabezado y presentado por el diputado Eduardo Valdés que recoge gran parte de la mirada que tiene nuestro bloque sobre el juicio político”, planteó Martínez y explicó: “Allí hay dos grandes fundamentos que , a diferencia de lo que se está diciendo, no tiene que ver con el contenido de las sentencias, sino que tiene que ver con la parcialidad y la arbitrariedad de la Corte Suprema de Justicia a la hora de llevar adelante y de tomar decisiones en temas claves como el Consejo de la Magistratura y la vinculación con los fondos adicionales para Horacio Rodríguez Larreta que, para nosotros, constituye mal desempeño en la medida de que esas actitudes no han hecho otra cosa que invadir competencias que tiene el Poder Legislativo y el Ejecutivo”.
En esa línea, el oficialista aclaró que “a eso se le han agregado una cantidad de hechos que están planteado en los distintos proyectos que pusimos en consideración”, y adelantó que la próxima semana “escucharemos a los autores y el día 9 nos abocaremos al análisis de admisibilidad que es algo planeado en el reglamento”.
Al ser consultado por la citación de los magistrados a la Comisión, Martínez comentó: “Al ser los potenciales acusados tienen todo el derecho de poder presentarse cuando se conozcan los hechos, a dar su mirada al respecto pueden hacerlo o no hacerlo y, de hacerlo, puede ser presencial o por escrito”.
El jefe del bloque UCR aseguró que si el FdT reúne los números en el recinto “nosotros bajaremos a discutir como siempre”, y remarcó que “son ellos los responsables de poner en marcha el Congreso”.
Tras la primera reunión de la Comisión de Juicio Político, el jefe del bloque UCR en Diputados, Mario Negri, sostuvo que “este pedido de Juicio Político forma parte de una guerra del Gobierno contra la Constitución” y calificó las pruebas como “inconsistentes” y “lastimosas”. A su vez, aseguró que si el oficialismo consigue los números, ellos bajarán a discutir los temas.
En declaraciones a la prensa, Negri expresó: “Fue la primera reunión dentro de lo previsible. Nosotros resolvimos no venir a ser parte del espectáculo, sino la naturaleza de la seriedad de lo que ha comenzado hoy el Gobierno y el oficialismo que tiene el claro propósito disciplinario de mensaje, no solo a la Corte, sino a la justicia”.
“De 400 páginas que han presentado, lo que vamos viendo para discutir la admisibilidad, solo 85 hacen referencia a algunos hechos que para nosotros son absolutamente inconsistentes, no son viables del pedido de juicio político. A mi criterio debería ser rechazado in limine nada más, no obstante, cuando discutamos la admisibilidad vamos a ir a fondo”, planteó el radical.
Además, sostuvo que “lo que está en marcha acá es absolutamente endeble flojo”, y criticó que la Comisión de Juicio Político “estuvo 3 años cerrada, le faltaba la tela de araña”. “Está lleno de pedidos de juicio político, pero como eran a funcionarios del gobierno no la abrieron nunca”, denunció.
“Fue muy patético en este contexto que, en el medio de eso ocurra en la Argentina 40 años de democracia y que por primera vez en un hecho inédito, un funcionario viaje a Naciones Unidas para hablar de que le han violado los derechos humanos a ellos que están en el gobierno, fueron por lana y salieron esquilado, porque le recomendaron que deben respetar la independencia de los poderes y de la justicia que es el propósito de instalar en un discurso de relato de que se naturalice de que no hay ley. Esto es una guerra contra la Constitución personificada en la Corte Suprema”, manifestó Negri.
Por otro lado, remarcó que el FdT “fundamentan la denuncia en un documento de gobernadores y del presidente de la Nación que dicen ellos que es la denuncia que ellos formularon, pero no aparecen firmando la denuncia yo no sé si es un acto de cobardía”, y subrayó que “es necesario que discutamos a ver si es pasible de mal desempeño lo que ellos refrendaron muchísimas veces en materia de coparticipación, en materia de derecho federal. Es de una inconsistencia manifiesta que tienen propósitos, obviamente, desgraciadamente como vive la Argentina que es deslegitimar, raspar la creencia en el Poder Judicial por parte de la sociedad”.
Negri también remarcó que “el oficialismo sabe que este pedido de juicio político está muy flojo de papeles, que no va avanzar, pero están montando un escenario para esconder las cosas que le preocupan. Hay que recordar que falta que se lean los fundamentos del fallo contra la vicepresidenta en el caso Vialidad en la que fue condenada; y falta que se pronuncie la Cámara de casación en el caso Hotesur”.
“Además, estamos con muchos inconvenientes, teléfono para el ministro de Economía con una inflación de 95 %, con falta de certeza e incertidumbre. Si creen que con esto van a generar un clima de previsibilidad en la Argentina lo que están haciendo es ayudando a que se hunda el barco”, advirtió el cordobés.
En suma, cuestionó: “Tenemos un fenomenal desgobierno con un gran deterioro institucional y encima habla al mundo de derechos humanos y convive con los que lo violan. Entonces el oficialismo busca que se naturalicen las cosas, porque la sociedad tiene mucha fatiga social y ya no espera nada de este Gobierno”.
“Ellos se creen que están en un juego, en una cancha de fútbol. Nosotros vamos a rechazar en las causas que no tienen ningún tipo de fundamento. Para nosotros este proceso debería haber sido rechazado in limine en los hechos que invocan para el mal desempeño que hay que analizar. No hay que contar lo que pasó en el 47 o en el 50, eso es parte del anecdotario es de viejo vizcacha. Echan mano a la Comisión de Juicio Político cuando no han podido echar mano a las soluciones que necesita el país. Las pruebas son bastante lastimosas”, apuntó.
Y finalizó: “Si ellos juntan el número para tratar, nosotros bajaremos a discutir como siempre, pero el dueño del temario es el Gobierno, no lo consensuó con la oposición. A nosotros nos interesan otros temas como Ley de Alquileres, pero son ellos los responsables de poner en marcha el Congreso”.
La iniciativa, que tiene media sanción del Senado, obtuvo el despacho de la última comisión que restaba, la de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de Diputados. En la reunión JxC no dio quórum, pero estuvo en el debate.
Este miércoles se llevó a cabo la primera reunión de comisión en el período de sesiones extraordinarias y fue la de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de Diputados, presidida por el oficialista Leonardo Grosso, en cuya reunión se emitió dictamen favorable para la creación del Parque Nacional y Reserva Natural El Palmar, en la provincia de Chaco y quedó lista para ser ley en el recinto.
El encuentro duró una hora y se llevó a cabo en la en la Sala 2 del Anexo de la Cámara baja, pero para ello el Frente de Todos introdujo cuatro modificaciones para tener los números, ya que ingresaron Magalí Mastaler; Juan Manuel Pedrini; Marisa Lourdes Uceda y Mara Brawer, por Alejandra Del Huerto Obeid; Ana Fabiola Aubone; Federico Fagioli y Leandro Santoro.
De esta manera, el oficialismo logró este miércoles -con los números ajustados- el quórum en la reunión siendo el diputado Máximo Kirchner el último en ingresar a la sala, pero a los 15 minutos de iniciada la misma se retiró. De la vereda de enfrente, Juntos por el Cambio ya había anticipado que, mientras sigan con la embestida hacia el Poder Judicial “no” van a dar quórum en las comisiones, pero si participaron del debate. También estuvo presente la bonaerense Graciela Camaño.
Al comienzo del encuentro, Grosso destacó que “los diputados de esta comisión hemos trabajado durante todo el año pasado por la creación de distintos espacios en distintos lugares de nuestro hermoso país. En este momento hay miles de argentinos recorriendo esos espacios que hemos creado”.
A continuación, celebró la presencia de Federico Granato presidente de la Administración de Parques Nacionales y Natalia Jauri, vicepresidenta; Sabrina Selva, jefa de gabinete de la Administración de Parques Nacionales; Raúl Chiesa, asesor y Virginia Gassibe vocal que “han trabajado mucho”.
El primero en hacer uso de la palabra fue Federico Granato quien precisó que el proyecto es para crear un Parque Nacional con un sector de reserva natural en la Laguna El Palmar ubicado en el departamento de Bermejo en Chaco a unos 70 kilómetros de la capital chaqueña.
“Es un proyecto que tiene mucho tiempo, desde el año 1995 que fue propuesto a Parques Nacionales. Desde ese momento el organismo lo ha estado estudiando”, informó y ponderó que en el último tiempo “se ha avanzado fuertemente por decisión política del gobernador Jorge Capitanich en acuerdo con el ministro Juan Cabandié que lograron definir un polígono, una propuesta que contemple estas dos categorías de manejo que permitan cuidar la biodiversidad del lugar y pensar cómo integrar a los productores que están en la zona, a los pobladores que residen hace mucho tiempo ahí, que tienen actividades productivas de bajo impacto y cómo se puede hacer para generar un nuevo modelo de conservación porque es difícil conseguir áreas prístinas en el país que puedan ser conservados y no tengan ningún tipo de actividad”.
En ese sentido contó que tienen un proyecto de productores que “tienen actividad agropecuaria, ganadera, y venta de frutas y algún caso de pesca que hoy esta siendo desregulado, y con la presencia del área protegida lo que queremos es generar las condiciones para que esa gente pueda mejorar su calidad de vida y al mismo tiempo hacerlo sin perder de vista el cuidado de la biodiversidad”.
“Esta área integra la ecorregión de islas y Delta del Paraná, es la zona de bajo complejo del Paraguay. Contempla distintos ambientes la laguna, donde tiene una gran riqueza en su fauna y en su flora. Se ha descubierto, gracias a estudios de relevamiento previos en el lugar, nuevas especies y eso fortalece aún más la necesidad de tener un área que proteja este sector”, remarcó Granato.
En esa línea, agregó que “tenemos áreas de bosques fluviales y albardón que tiene que ver con los pulsos de las crecidas de los ríos de las zonas que se inundan cuando sube y baja, y eso hace que tengamos distintos ambientes en muy poco espacio con zona de palmera, de algarrobos y quebracho que hacen un sitio propicio para la presencia de fauna de distinta tipo”.
“La creación de áreas protegidas ha sido una de las principales banderas de esta gestión y no hubiese sido posible sin el impulso del ministro de Ambiente ni de los legisladores, en la cual nuestro país tiene una gran historia. En 1903 Argentina fue el primer país en crear un área protegida en la región. Eso se ha ido profundizando”, ponderó el funcionario.
A su vez, relató que “desde el 2003 a la fecha hemos creado más de 21 áreas protegidas nuevas. El año pasado se crearon tres y se ampliaron otras dos -Ansenuza, Parque Nacional Islote Lobos y Aconquija y Pre Delta- que enriquecieron la biodiversidad que se conserva en esos lugares”.
“Hay proyectos que se vienen trabajando que se da en un marco internacional donde en la última COP 15 (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica) se suscribió el acuerdo del 30-30-30 que la meta es que en el 2030 el 30% de las áreas terrestres y marinas tengan alguna categoría de conservación”, informó.
En tanto, planteó que “es una meta que ayuda a orientar esfuerzos, que es una necesidad. En nuestro caso como país lo veníamos haciendo antes de suscribir esa meta, pero lo hacemos con una mirada integrada porque lo mas importante es la implementación de esa área”.
Por otro lado, destacó que en el Presupuesto 2023 se le otorgó a Parques Nacionales un monto de 18.700 millones y el año anterior tenía 4 millones y eso permitió aumentar el equipamiento, comprar herramientas, maquinaria, invertir en infraestructura.
También destacó que en 2022 hubo récord de visitas en los parques, se jerarquizó al personal que “son los que hacen posible la conservación”. En el caso de Brigadistas de Incendios Forestales “se ha creado el primer convenio colectivo sectorial que hace que tengan un paso más en su reconocimiento de la labor y eso hizo que mejoren sus ingresos. Lo mismo con el cuerpo de Guardaparques Nacionales”.
“Queremos dejar las cosas un poco mejor de lo que nos encontramos, tener un organismo que cuide los espacios que tenga mayor presencia territorial, y que tenga personal cuya tarea sea reconocida. Crear o ampliar zonas de áreas protegidas es una necesidad a nivel mundial por la crisis climática. También implica sostener el estándar del país y el lugar que históricamente ha ocupado en materia de parques nacionales”, sostuvo Granato.
En una breve interrupción. Grosso informó: “Tenemos dictamen de la Laguna El Palmar, es una muy buena noticia, casi todos los diputados han firmado”.
Tomó la palabra el diputado chaqueño Juan Manuel Pedrini (FdT) quien remarcó que es “muy importante” para su provincia el Parque Nacional. “El primero fue en la década del 50 el Parque Nacional Chaco, el Parque Nacional del Impenetrable y ahora tenemos el privilegio de tener este”, enumeró.
Pedrini reconoció a la diputada Lela Insaurralde (MC) que presentó el proyecto de ley a nivel provincial que cedió las tierras a la Nación. “Esta cesión es condicional, es por 5 años y si la ley no se aprueba el dominio vuelve a la provincia”, alertó al respecto y sumó: “La otra condición de retroceso será en cesión de que se cambie el destino o la Ley 22.351 que permita la ocupación de privados y no sea el Estado quien esté al frente de la titularidad. Es una cesión condicionada, que no haya cambios en la ley y n plazo de 5 años para aprobar esta iniciativa”.
“Esta ley que viene del Senado fue impulsada por Antonio Rodas y otros. En Diputados, Lucila Masin presentó una iniciativa parlamentaria de las mismas características con el acompañamiento de muchos de los presentes”, ponderó el chaqueño.
Respecto al proyecto, contó que “se trata de una reserva de aproximadamente 5 mil hectáreas que está a la vera del Rio Paraná- Paraguay. Es una laguna que tiene conexión directa con el rio. Forma parte de las 500 mil hectáreas de humedales que tiene la provincia del Chaco. Se encuentran zorros, carpinchos, monos carayá, monos enanos, pumas, 121 especies de aves, peces, especies arbóreas, lo que mas predomina es la palmera caranday”.
“De no crearse este espacio natural, hoy se ve amenazado por quienes explotan madera de forma ilegal y quienes se dedican a la caza furtiva lo mismo que a la pesca sin control”, alertó.
El oficialista, remarcó que “es muy importante esta iniciativa y para la provincia que tiene una política de creación de áreas protegidas que excede la de parques nacionales”, al tiempo que describió: “Tenemos más de 300 mil hectáreas bajo propiedad de la tierra administrados por indígenas y se ocupan de la mantención del lugar, tenemos parques provinciales, reservas. Lo ideal es que el 30% de las superficies tengan algún tipo de protección y Chaco con esta ley llegaría al 20% de su territorio con distintos grados de protección”.
“Es la provincia con más hectáreas de tierra protegida. Es muy importante porque la provincia sufrió el embate de algunos grupos transnacionales que tratan de denostar lo que se hace en la provincia que es líder en cantidad de hectáreas bajo cuidado”, denunció Pedrini.
A continuación, la bonaerense Graciela Camaño destacó el “excelente” trabajo que hacen desde la Administración de Parques Nacionales, pero remarcó que el antecesor “también hizo un buen trabajo. En orden de ser justos”.
A su vez, ponderó el fortalecimiento de la profesión de Guardaparques que antes era considerada como algo de vocación porque “además de vivir en condiciones muy adversas y enfrentarse con peligros, en defensa de la naturaleza, también tenían un salario no calificado. Es excelente que pensemos también el sistema de jubilación”.
También felicitó la iniciativa que “han tenido de la Fundación Parques Nacionales porque la nómina presupuestaria es muy escasa. Tenemos más de 500 parques nacionales, es un buen número”.
“Este parque está ubicado en uno de los sitios Ramsar que tenemos es un viejo compromiso en materia de humedales. Lamento profundamente la desinteligencia de los bloques mayoritarios para aprobar al Ley de Humedales, acá no pasó nada raro, se ha tenido cuidado con la naturaleza”, lanzó Camaño y siguió: “Está en la zona chaqueña que es la segunda deforestación de América. La más importante la tenemos localizada en el bosque Chaqueño no es un dato menor, no tiene que ver con una gestión, sino que se viene dando en el país”.
Al apoyar el proyecto, reflexionó: “Al hablar de los parques parece que solo lo hacemos en función de turismo. Lamento que esa sea la visión porque el objetivo es proteger las especies vivas y no vivas. Tenemos que tener una misma mirada de que el ambiente es un bien de todos, hay que producir de manera sostenible protegiendo el ambiente y no lo estamos haciendo”.
Sobre el final de la reunión, el diputado Grosso expresó: “Me parece muy importante que avancemos con esta creación, esperemos poder darle la media sanción definitiva para preservar y generar conciencia en la población”.
Se trata de Recursos Naturales que volverá a reunirse este miércoles a las 14 para tratar el proyecto que crea el Parque Nacional Laguna El Palmar en Chaco. La iniciativa ya tiene media sanción del Senado.
Este lunes se inició el período de sesiones extraordinarias a las que convocó el Ejecutivo y con ello la agenda parlamentaria de Diputados comenzó a cargarse de reuniones. Todos hablan de la reunión de la Comisión de Juicio Político, que previsiblemente se lleva toda la atención, pero también la de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano volverá a encontrarse para tratar el proyecto que crea el Parque Nacional Laguna El Palmar en Chaco, que ya tiene media sanción del Senado.
La comisión que preside el diputado oficialista Leonardo Grosso se volverá a reunir este miércoles 25 de enero a las 14 en la Sala 2.
La iniciativa se encuentra ubicada en el puesto 12 del temario que envió el presidente de la Nación y reza: “Proyecto de ley de creación del Parque Nacional y de la Reserva Nacional Laguna El Palmar (Exp Senado 2553-S-2021 – Exp. Diputados 23-S-2022)”.
La misma obtuvo la media sanción del Senado el 30 de junio de 2022 por unanimidad y logró despacho de la Comisión de Legislación General de la Cámara baja el 21 de septiembre, pero desde ese momento la de Recursos estuvo abocada a debatir la Ley de Humedales que, paradójicamente, no se encuentra en el temario.
La creación del Parque Nacional y Reserva Nacional Laguna El Palmar en la provincia del Chaco estuvo en la agenda de la comisión para debatirse en dos oportunidades, pero ambas reuniones fueron suspendidas. Una estaba convocada para el 14 de diciembre, y la otra para el 20. Así, la última vez que la comisión se reunió fue el 15 de noviembre de 2022 cuando recibió a autoridades nacionales y especiales que expusieron sobre la Ley de Envases.
El proyecto propone aceptar la cesión de jurisdicción realizada por la provincia del Chaco mediante ley provincial sobre una superficie aproximada de 5600 hectáreas conformada por los inmuebles de propiedad del Estado Nacional, ubicados en el departamento Bermejo, cuyos límites y distribución se describen.
En ese sentido, se aceptan las condiciones y cargos establecidos por la provincia del Chaco en la ley 3458-R, respecto a la retrocesión de la cesión contemplada en la citada ley. Se crea el Parque Nacional y Reserva Nacional Laguna El Palmar, bajo los términos de la ley 22.351 de parques nacionales, monumentos naturales y reservas nacionales, en el área descripta en el primer párrafo.
En suma, establece que los gastos que demande el cumplimiento de esta ley serán imputados a la jurisdicción presupuestaria de la Administración de Parques Nacionales en el Presupuesto General de la Administración Nacional.
La Comisión analizará un total de 12 expedientes contra la Corte Suprema de Justicia, entre los cuales figuran los que fueron presentados por los diputados de la Coalición Cívica.
El pedido de juicio político hacia los miembros de la Corte Suprema de Justicia impulsado por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y acompañado por diez gobernadores ya tiene fecha y horario en el que comenzarán a ser analizados los 12 expedientes, debido a que la presidenta de la Comisión de Juicio Político, la oficialista Ana Carolina Gaillard, oficializó la convocatoria este viernes por la tarde.
“Por expresa indicación de la señora Presidenta de la Comisión, diputada nacional Ana Carolina Gaillard, se lo/a cita a la Reunión de esta Comisión de Juicio Político, a realizarse el próximo día jueves 26 de enero de 2023, a las 11.00 horas, en la Sala 1 del segundo piso del anexo ‘A’, de esta Honorable Cámara de Diputados de la Nación, a efectos de considerar los expedientes referidos a solicitudes de Juicio Político a integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, reza la convocatoria formal.
En el temario figuran 12 expedientes presentados por diputados tanto del kirchnerismo como de la oposición, especialmente aquellos que responden a la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió.
Las presentaciones corresponden a los oficialistas Vanesa Siley, Juliana Di Tullio, Eduardo Valdés, Antonio de Martino, María Rosa Martínez, Antonio La Greca, y Patricia Isasa; y los de la CC-ARI, Paula Oliveto, y Juan Manuel López. Así como a la Asociación Argentina de Juristas, la Asociación Civil Exigir.
Por otro lado, el oficialismo citará a más de 40 testigos, entre ellos los cuatro jueces del máximo tribunal que están citados en carácter de acusados. En suma, pedirán que se libren 13 oficios a diferentes dependencias.
La única vez que la Comisión mantuvo un encuentro fue para su constitución el 24 de mayo del 2022. En esa oportunidad, se eligió como presidenta de la misma a la entrerriana del Frente de Todos Gaillard. En el cargo de vicepresidente primero fue designado el titular del bloque CC-ARI, Juan Manuel López; y como vicepresidenta segunda a la entonces diputada oficialista Victoria Tolosa Paz. En tanto, las secretarías quedaron a cargo del jefe el bloque UCR, Mario Negri; el mendocino Omar De Marchi (Pro); y el porteño Álvaro Gustavo González (Pro).
Los demás diputados que son miembros de la comisión son, por el lado de la oposición Manuel Aguirre (UCR), Sabrina Ajmechet (Pro), Ana Carla Carrizo (Evolución Radical), Alejandro Finocchiaro (Pro), Ximena García (UCR), Graciela Ocaña (Pro), Paula Oliveto (CC-ARI), María Luján Rey (Pro), Pablo Tonelli (Pro); y el titular del interbloque Federal, Alejandro Topo Rodríguez (Identidad Bonaerense), quienes ya adelantaron que no darán quórum, pero si participarán de las reuniones.
Por el oficialismo, el jefe del bloque Germán Martínez -vocal de la Comisión- anunció que la massista Vanesa Massetani será reemplazada por el riojano Ricardo Herrera a fin de garantizarse la mayoría. Así los miembros por el FdT son Marcos Cleri, Ricardo Daives, José Luis Gioja, Leonardo Grosso, Ramiro Gutiérrez, Mario Leito, Francisco Monti, Micaela Moran, Leopoldo Moreau, Juan Manuel Pedrini, Hernán Pérez Araujo, Vanesa Siley, Rodolfo Tailhade y Hugo Yasky.
El 1ro de enero del corriente año, el presidente de la Nación convocó a través de su cuenta de Twitter a los gobernadores que acompañaron al Estado Nacional en su planteo contra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que, “en conjunto, impulsemos el juicio político al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Horacio Rosatti para que se investigue su conducta en el desempeño de sus funciones. También requeriremos que se investiguen las conductas de los restantes miembros del máximo tribunal”.
La reunión con los gobernadores se dio el 3 de enero en Casa Rosada, y solo diez acompañaron el pedido con su firma y fueron Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Ricardo Quintela (La Rioja), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Sergio Ziliotto (La Pampa), Jorge Capitanich (Chaco), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Alicia Kirchner (Santa Cruz).
La iniciativa ingresó formalmente a la Cámara baja en la noche del 12 de enero, pero fueron diputados nacionales y no el presidente de la Nación los que le pusieron la firma al texto, a los efectos de garantizar la vigencia del dictamen acusatorio por el término de tres años, cosa que no hubiera sucedido en caso de que quien impulsara el proyecto no fuera integrante del Congreso.
El número de expediente es 6905-D-2022, y lleva las firmas de los diputados nacionales Eduardo Valdés, Marisa Uceda, Marcelo Casaretto, Agustín Fernández, Julio Pereyra, Varinia Marín, Mabel Caparrós, Bernardo Herrera, Silvana Ginocchio, Gustavo González, Graciela Parola, Ricardo Herrera, Aldo Leiva, Blanca Osuna y Mara Brawer.
Entre los fundamentos del texto que consta de 410 fojas, se plantea que el jury contra Rosatti es “por haber incurrido en forma reiterada en conductas que configuran la causal de mal desempeño en sus funciones prevista en el artículo 53 de nuestra Constitución Nacional”. Asimismo, el texto solicita “se inicie el proceso de juicio político respecto de los integrantes del máximo tribunal Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
El proyecto acusa a los integrantes de la Corte de haber “realizado arbitrarios ataques sobre las facultades constitucionales asignadas al Poder Ejecutivo Nacional y al Poder Legislativo Nacional, lo que implica que han quebrantado con las obligaciones constitucionales que tienen a su cargo, incurriendo en la causal de mal desempeño prevista en el artículo 53 de nuestra Constitución Nacional”.
Más adelante, hablan de un “asalto al Consejo de la Magistratura” en relación al fallo de la Corte que declaró inconstitucional la Ley sancionada en 2016 y le “exigió al Congreso de la Nación que dicte una nueva ley en el exiguo plazo de ciento veinte días, arrogándose de manera arbitraria facultades que no le son propias y que lesionan el principio republicano de gobierno” sobre la integración del Consejo de la Magistratura, “lo que demuestra la clara intencionalidad política de la Corte al momento de resolver el caso”.
También refieren al fallo que favoreció a la Ciudad de Buenos Aires por la quita de coparticipación. Señalan los diputados que el Máximo Tribunal dictó una medida cautelar a favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y suspendió la aplicación de la Ley 27.606, sancionada por el Congreso de la Nación el 10 de diciembre de 2020. El extenso pedido de juicio político incluye una referencia a “incumplimientos y desmanejos relevados por la Comisión de Auditoría de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación”.
CITACION-COMISION-JUICIO-POLITICO-260123-11-HSLa presidenta de la Cámara de Diputados convocó a todos los legisladores “para tratar temas que están en la agenda de la gente”.
De cara al inicio de las extraordinarias, la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, señaló que “es necesario que todos los diputados y diputadas sesionemos para tratar temas que están en la agenda de la gente como es el caso del Plan de Pago de Deuda Previsional” porque es un problema que “afecta a más de 800 mil personas que no están cobrando la jubilación que les corresponde”.
En declaraciones a Infoban Radio, Moreau aseveró que “la enorme mayoría de argentinos y argentinas no reúnen los 30 años de aportes, por eso es urgente que trabajemos con acciones concretas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos”.
Asimismo, la titular de la Cámara baja enfatizó que “otro de los temas importantes que tenemos que tratar es la creación de Universidades. Hay miles de jóvenes que quieren estudiar una carrera cerca de su casa y tenemos que darles esa posibilidad para que los hijos de los trabajadores puedan tener herramientas para formar un futuro mejor”.
“Universidades como la del Delta, la de Río Tercero en Córdoba o Cañuelas, entre otras que estamos impulsando, son necesarias para que nuestros jóvenes puedan tener un mejor acceso a una educación de calidad, abierta y federal, porque a este Gobierno sí le importa que nuestros hijos puedan progresar”, sostuvo.
Con respecto al proyecto que impulsa la declaración voluntaria del ahorro argentino no exteriorizado, Moreau coincidió con el ministro de Economía, Sergio Massa, al afirmar que “forma parte de un acto de estricta justicia tributaria”, y agregó que “si queremos ordenar en serio el sistema fiscal de nuestro país, tenemos que reducir la carga impositiva para todos aquellos que cumplen con sus obligaciones y para ello es necesario que quienes evaden sus obligaciones se pongan en regla”.
En ese sentido, apuntó: “Queremos un Estado eficiente y para eso debemos priorizar el bienestar de todos los argentinos y argentinas a través de cuentas claras y medidas justas que beneficien a la sociedad y por eso también esta es una oportunidad para regularizar el mercado y terminar con algunos vivos que no cumplen con el pago de los que les corresponde”.
Así lo adelantaron varios diputados integrantes de Juntos por el Cambio a parlamentario.com
Luego de la reunión que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, mantuvo con diez gobernadores en Casa Rosada, anunciaron que este miércoles presentarían el proyecto de pedido de juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia ante la comisión homónima de la Cámara de Diputados, por “mal desempeño” y por “violar la Constitución Nacional”, haciendo alusión a los últimos fallos que dictó.
La única vez que la Comisión mantuvo un encuentro fue para su constitución el 24 de mayo del 2022. En esa oportunidad, se eligió como presidenta de la misma a la entrerriana del Frente de Todos Ana Carolina Gaillard. En el cargo de vicepresidente primero fue designado el titular del bloque CC-ARI, Juan Manuel López; y como vicepresidenta segunda a la entonces diputada oficialista Victoria Tolosa Paz.
Las secretarías quedaron a cargo del jefe el bloque UCR, Mario Negri; el mendocino Omar De Marchi (Pro); y el porteño Álvaro Gustavo González (Pro). En esa oportunidad, fijaron como fecha de reuniones los días martes a las 18.30.
Los demás diputados que son miembros de la comisión son, por el lado de la oposición Manuel Aguirre (UCR), Sabrina Ajmechet (Pro), Ana Carla Carrizo (Evolución Radical), Alejandro Finocchiaro (Pro), Ximena García (UCR), Graciela Ocaña (Pro), Paula Oliveto (CC-ARI), María Luján Rey (Pro), Pablo Tonelli (Pro); y el titular del interbloque Federal, Alejandro Topo Rodríguez (Identidad Bonaerense).
Por el oficialismo, son miembros Marcos Cleri, Ricardo Daives, José Luis Gioja, Leonardo Grosso, Ramiro Gutiérrez, Mario Leito, Germán Martínez, Vanesa Massetani, Francisco Monti, Micaela Moran, Leopoldo Moreau, Juan Manuel Pedrini, Hernán Pérez Araujo, Vanesa Siley, Rodolfo Tailhade y Hugo Yasky.
Como el Congreso está en receso, para que la comisión se ponga en funcionamiento el Poder Ejecutivo debe convocar a extraordinarias a través de un DNU y fijar un temario en el que incluya el tema. Así la comisión quedará habilitada para reunirse.
Según explicó Carolina Gaillard, “con el quórum reglamentario se dictamina la apertura del sumario de investigación que dura 60 días, es el plazo que establece el reglamento interno. Se realiza la investigación y luego se dictamina acerca de si, de dicha investigación, resultó responsabilidad. Va a haber dictamen que se vota por mayoría simple y luego se lleva al recinto y allí, en el pleno de la Cámara, donde se debate la cuestión y se requieren 2/3 para que pase al Senado. Es el Senado quien juzga”.
“Dentro del procedimiento se puede convocar a los jueces, más allá de que no es un proceso judicial, sino un juicio político el procedimiento cumple con el derecho de defensa, todas las garantías necesarias de cualquier procedimiento. Mas allá de que la Comisión puede pedir todo tipo de pruebas lo primero que hace es llamar a quien está acusado”, remarcó.
Si bien el oficialismo cuenta con mayoría simple para avanzar con la apertura del sumario que se necesita para empezar la investigación, la duda recae en la bancada opositora que, si bien ya habían anticipado su rechazo al juicio político, no habían manifestado si participarían o no de las reuniones de Comisión. Según adelantaron a parlamentario.com fuentes consultadas, “la oposición no va a participar de las reuniones de Comisión”.
El titular del interbloque Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez, a través de una columna de opinión publicada en parlamentario.com ya adelantó su rechazo. Incluso en declaraciones radiales, que hizo en los últimos dos días, planteó que “el oficialismo necesita el 66% de la Cámara de Diputados y tiene menos del 46%; y necesita el 66% de la Cámara de Senadores después y tiene menos del 49%”, por lo que precisó que “es posible, pero altísimamente improbable que esto se apruebe”.
La medida cautelar fue presentada por los diputados Mario Negri y Roxana Reyes para rechazar la resolución de la presidenta de la Cámara baja que frenó las designaciones en el órgano judicial. Piden que se ratifiquen los nombramientos.
Tras la sesión escandalosa del jueves pasado en medio de la tensión política que enfrenta a la oposición y al oficialismo que dejó paralizada a la Cámara baja, el bloque de diputados de la UCR presentó este martes un amparo para rechazar la resolución de la presidenta del Cuerpo, Cecilia Moreau, que dejó sin efecto los nombramientos para el Consejo de la Magistratura.
En la presentación plantean: “Venimos a interponer acción de amparo contra la Presidencia de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación a fin que declare la nulidad, invalidez e inconstitucionalidad de la Resolución 1634/22 de Presidencia de ese órgano legislativo mediante la cual dejó sin efecto la RP 1608/22” mediante la cual se frenaron las designaciones de los diputados para el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, encargado de nombrar y controlar a los jueces.
El amparo lleva las firmas del presidente de la bancada radical, Mario Negri, y de los diputados Roxana Reyes y Francisco Monti, quienes fueron nombrados como consejeros titular y suplente, respectivamente, para el período 2022-2026. Esta presentación se suma a la de Álvaro González, que también presentó un amparo para asumir en ese órgano, ya que consideró “nula” la resolución de la titular de la Cámara baja.
En el recurso impulsado por la UCR, los diputados también exigieron que se considere “vigente y consolidada” la resolución mediante la cual fueron nombrados a la Magistratura Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade por el oficialismo (dos por la primera minoría), Álvaro González (Pro) y Roxana Reyes (UCR).
En los fundamentos se resaltó que Cecilia Moreau a través de la resolución del 17 de noviembre del corriente año N° 1608/22, había admitido como válida la propuesta del bloque de la UCR y la designación de Reyes, quien había asumido como consejera en mayo cuando se completó la representación del Congreso en el organismo tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que declaró la inconstitucionalidad de la ley de Consejo de la Magistratura aprobada en 2006.
“Esta interpretación originaria y auténtica del cuerpo (HCDN) es determinante para la legitimidad del acto y más aún cuando se ha repetido en dos oportunidades y por distintos presidentes de la Cámara. ESTA RESOLUCIÓN DE DESIGNACIÓN NO FUE CUESTIONADA POR NADIE”, resaltaron en la presentación.
En noviembre, cuando se designaron los nuevos representantes a la Magistratura, el radicalismo volvió a ratificar a Reyes para el nuevo período. Así, Moreau emitió la resolución con los nuevos representantes y se la comunicó al Consejo de la Magistratura y a la Corte, que en una acordada decidió tomarles juramento a los representantes por la Cámara baja.
En aquella acordada, el máximo tribunal también dejó en suspenso a los designados por el Senado, a partir del conflicto generado por la decisión del kirchnerismo de dividir su bloque para quedarse con el representante de la segunda minoría, cargo para el que fue nominado el kirchnerista Martín Doñate, relegando a Luis Juez que había sido propuesto por el Pro.
“El bloque Frente de Todos, conociendo ya las reglas de integración establecidas por esta Corte, partió su bloque en dos y dispuso integrar cada uno de ellos con el número de senadores necesarios para quedarse con el bloque mayoritario y, al mismo tiempo, desplazar al Frente Pro como segunda minoría. De ese modo, se viola el indudable objetivo de pluralidad representativa que la ley 24.937 persigue en la integración del Consejo de la Magistratura al referirse a los conceptos de mayor y menor representatividad en sus disposiciones”, detallaron respecto a la situación en el Senado.
En Diputados, la controversia estalló tras conocerse el fallo del juez Martín Cormick que cuestionaba la designación de Reyes para el organismo porque según argumentó, la UCR y el Pro conforman un único espacio al integrar sus candidatos la misma lista electoral. Según esta interpretación no corresponde que la segunda minoría sea para el radicalismo si el representante de la primera minoría es el macrista Álvaro González.
“Un Juez Contencioso Administrativo Federal, hace ‘RENACER’ un expediente judicial cuya instancia estaba agotada por abstracción y en forma ‘EXTEMPORANEA, ABSURDA Y NULA’ resuelve que la anterior designación de la diputada Reyes y del diputado Monti no se correspondía con ‘SU’ PECULIAR INTERPRETACIÓN”, cuestionaron y denunciaron que ese fallo “intima a la Cámara de Diputados para que en el futuro realice las designaciones conforme lo que este juez interpreta”.
Moreau apeló el fallo de Cormick, pero en paralelo frenó las designaciones para el Consejo de la Magistratura, lo que provocó una fuerte reacción de la oposición que decidió quitarle su apoyo a la reelección de la titular de la Cámara al no acompañar con el quórum al oficialismo en la fallida sesión preparatoria.
“Se debe acotar que el fallo citado se asienta en una FALACIA, cual es la de asimilar la situación de la designación de los diputados/as a la de los senadores/as ‘Juez/Doñate’. En Senadores se llevó adelante un ardid, engaño, artimaña, para birlarle un consejero al bloque Pro, a través de la división del bloque del Frente de Todos, en dos bloques, hecho este REALIZADO A SABIENDAS Y LUEGO DE HABERSE NOTIFICADO LA SENTENCIA DE LA CORTE”, precisaron.
En ese sentido, compararon que en Diputados los bloques siempre “estuvieron divididos, son autónomos y tienen sus propias autoridades y funcionamiento independiente”, y señalaron que “el juez a través de una evidente arbitrariedad y con la clara y aviesa intención de perjudicar a la UCR y a la diputada Reyes y al diputado Monti realiza esta temeraria y falsa asimilación”.
El diputado kirchnerista apuntó contra JxC por la “estrategia delirante que asumieron decididos a interrumpir el funcionamiento del Congreso”. En ese sentido, se refirió a la polémica en torno al Consejo de la Magistratura y respaldó la decisión de Cecilia Moreau.
El diputado nacional Rodolfo Tailhade (FdT – Buenos Aires) se refirió al dictamen que firmó el oficialismo en la reunión de la Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia respecto de la investigación en el caso de “Gestapo antisindical” y afirmó que la idea es llevarlo al recinto.
Por otro lado, habló sobre el escándalo ocurrido en el recinto de la Cámara baja en la sesión de este jueves y apuntó contra JxC por la “violencia y la agresividad que manifestaron”, pero puntualmente por “estrategia delirante que asumieron decididos a interrumpir el funcionamiento del Congreso”.
“La verdad es que no sé cómo va a seguir esto, como se va a recomponer una situación que ayer llegó a un límite en varios sentidos. Por la violencia, la agresividad que manifestaron distintos diputados del bloque de la oposición contra la presidenta de la Cámara, pero fundamentalmente con la estrategia delirante que asumieron decididos a interrumpir el funcionamiento del Congreso, en una actitud rayada con la locura”, expresó Tailhade en una entrevista en Diputados TV.
En ese sentido, respaldó la decisión de la titular de la Cámara baja, Cecilia Moreau, de apelar al fallo del juez Cormick y de anular las restantes designaciones al Consejo de la Magistratura porque “lo que está haciendo es defender los intereses de la gente que lo está atacando”. Asimismo, remarcó que la decisión de Moreau “nos afectó, a Vanesa Siley y a mí que no teníamos ninguna impugnación, el juez no declaró nulidad de nuestra designación y, sin embargo, Cecilia la suspendió en función de que la Cámara de Diputados tiene que mandar una representación integral, no puede mandar uno o dos, tiene que mandar a los cuatro juntos, por lo tanto, la decisión fue perfecta a pesar de que a mí me afecto”.
Respecto al anticipo que hizo el jefe del bloque radical, Mario Negri, que pedirá una sanción en su contra de parte de la Cámara de Diputados luego de que dijera: “Negri y la Unión Cívica Radical fueron sodomizados por Macri y hoy estamos pagando esas consecuencias”, Tailhade se defendió: “Negri puede presentar lo que quiera, la verdad no es triste, no tiene remedio. Eso es la sodomización de la UCR por parte de Macri y del Pro es algo que está claro hace tiempo. Me acusó de discriminación, pero el término no tiene nada que ver ni de homofóbico”.
Por otro lado, comparó: “El gesto de (Cristian) Ritondo fue bastante más claro, yo en cambio sí puedo explicar qué es sodomización, incluso Negri puede explicar si es voluntaria o no de la UCR, pero lo de Ritondo es bastante claro, es un gesto absolutamente grosero dedicado a la presidenta del Cuerpo y alguna consecuencia tiene que tener”.
“Está muy a la vista las agresiones a la presidenta, a (Sergio) Massa no le hicieron esto. Más allá de que hubo conflictos y tensión, pero nunca le hicieron esto. En parte fue porque es mujer. Ayer tuvimos quórum, entraron a pudrir la sesión, algunos diputados que nos dieron quórum se habrán asustado y se fueron”, opinó el kirchnerista y describió: “En esa estrategia de pudrirla fueron agresivos, ordinarios, groseros, violentos con la presidenta el Cuerpo”.
En tanto, insistió en que “lo esquizofrénico de la situación, es que Cecilia está defendiendo los intereses del radicalismo porque está diciendo que la Cámara de Diputados es la única que tiene la facultad de decidir cómo mandamos a nuestros representantes y está defendiendo la designación de (Roxana) Reyes”.
“Se convirtió en representante del kirchnerismo a tal punto que dejó a los dos kirchneristas afuera del Consejo todavía, porque a mi nadie me impugnó”, ironizó Tailhade ante las acusaciones de JxC y agregó: “A Vanesa Siley nadie le presentó un amparo para que no asuma, por lo tanto, y la resolución del juez Cormick es muy clara, la designación de Reyes es nula solamente, no la de los demás, por lo tanto, lo que está haciendo Cecilia es defender esos intereses, por eso es tan delirante lo que está pasando”, y dejó en duda: “Habría que ver qué intereses reales están detrás de toda esta puesta en escena”.
Por otro lado, al ser consultado por la resolución del juez Martín Cormick, el oficialista reconoció que “no” le parece “para anda correcta” porque “el juez se mete en un tema que es privativo del Congreso de la Nación y en particular de la Cámara de Diputados”.
“Lo que pasa es que el juez está habilitado por un fallo de la Corte que es igual de delirante, es mucho peor. Pero Cormick sigue al pie de la letra los criterios, la interpretación que hace la Corte respecto de la situación en el Senado, pero la verdad es que es exactamente la misma situación, por eso no comparto lo que resolvió”, planteó y sostuvo: “Me afecta lo que decidió la presidencia de la Cámara, pero acompaño esa decisión porque en definitiva está tratando de ratificar los cuatro miembros de diputados que fueron enviados al Consejo, uno de los cuales fue rechazado por la justicia”.
Y volvió a reiterar que Moreau “lo que hace es defender los intereses de todos, pero en particular del radicalismo. Es insólito que la esté amenazando con hacer una denuncia penal por abuso de autoridad cuando está defendiendo sus intereses y, al contrario, en el Senado, ya la denunció a la vicepresidenta por hacer otra cosa distinta que, según ellos, hizo Cecilia”.
En ese marco, comparó la situación de ambas cámaras: “En el Senado, según la oposición, Cristina (Kirchner) no cumplió un fallo judicial y la denunció penalmente, y ahora Cecilia Moreau que está cumpliendo el fallo judicial, también es denunciada por el mismo sector”, y denunció que “está bastante claro que acá hay una estrategia que no pasa por las decisiones que tomó Cecilia es más amplia la cuestión”.
“Son dos casos iguales, pero en el Senado reclaman una cosa y en Diputados otra. El fallo de Cormick es un poco más idóneo que el de la Corte, porque en la Corte no hay ninguna duda que fue el periodo que terminó el 18 de noviembre, en cambio el de Cormick es explicito que dice ‘esto es para adelante’. El radicalismo es parte de la segunda fuerza, lo mismo pasa en el Senado”, argumentó el diputado del FdT.
Respecto a los pasos que faltan para que la situación se resuelva y la titular de la Cámara baja pueda enviar una nueva resolución, Tailhade detalló: “Acá hay dos planos, el del expediente propiamente dicho donde salió la resolución de Cormick declarando la nulidad de la designación de Reyes, la presidencia de la Cámara interpuso un recurso de apelación contra esa decisión y lo va a resolver la Cámara en lo Contencioso Administrativo. No se si esto puede resolverse en pocos días, o si ya va a pasar para febrero, es difícil decirlo. Ahora, la Corte también tiene cosas para decir de hecho en el periodo anterior cuando la Corte intima a todos los estamentos a que completen la integración, y particularmente el Congreso, los dos fueron judicializados”.
“En el caso de Roxana Reyes fue por Germán Martínez -jefe del bloque FdT- que es esta sentencia que aparece ahora y en el caso de Martín Doñate por el macrismo, por los jueces. Con expedientes en trámite, con los recursos de amparo en pleno trámite, la Corte le tomó juramento a Reyes y a Doñate, entonces la Corte debería decir algo”, reclamó.
El diputado aclaró que “la ley que la Corte resucitó y, es con la que se maneja el Consejo que es con una conformación de 20 derogada hace 16 años por el Congreso de la Nación, esa ley habla de bloques, no habla de mayorías”, y remarcó que “si lo que plantean los radicales está bien, Unidad Ciudadana y Doñate están bien también. Nosotros tenemos que manejar, no la justicia”.
“El Consejo no puede funcionar sin representantes del Congreso. Hay un interés en paralizar el Consejo de la Magistratura no en que funcione sin legislativo. El Consejo no va a funcionar hasta que no esté integrado en su totalidad y eso implica que estén los 8 legisladores”, advirtió.
Asimismo, apuntó contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, y a JxC porque “tienen una estrategia que, la verdad a esta altura, nadie puede desconocer que operan juntos y que están coordinados en esta estrategia de no funcionar porque si funciona se tienen que empezar a mover los concursos. Hay una actitud antidemocrática de JxC y del propio Rosatti que no sacan el concurso”.
En otro tramo de la entrevista, fue consultado por el dictamen que firmó el oficialismo esta semana en la reunión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia que investigó el caso de la “Gestapo antisindical”.
“El dictamen de la ‘Gestapo’ va a ser público, Leopoldo (Moreau) está a cargo de eso y será en breve y también vamos a publicar un informe. El trabajo de la subcomisión que investigó específicamente la Gestapo terminó en un informe, en este caso son 250 páginas que relatamos todo lo que hicimos”, contó y afirmó: “La idea es llevar ese dictamen al recinto, nunca hubo una situación de esta, sería la primera vez”.
“El dictamen concluimos algo que era lógico después de un año de investigación donde quedó claro que Mauricio Macri, María Eugenia Vidal, Gustavo Arribas, funcionarios de la provincia, de AFI participaron en el armado de causa con un dispositivo ilegal de persecución contra sindicatos y sindicalistas, en particular ‘Pata’ Medina y Hugo Moyano”, contó.
Y cerró: “Se ordenó que se abran causas contra los jueces que intervinieron, los fiscales que intervinieron, los agentes de inteligencia que intervinieron en el armado en la preparación de pruebas. Es una ratificaron judicial de lo que concluimos en sede parlamentaria”.
Eso expresó la legisladora del Pro desde Santa Cruz respecto a lo acontecido en la sesión de este jueves en la Cámara baja y lamentó: “Como diputada no me enorgullece para nada lo que sucedió en el Congreso”.
La diputada nacional María Eugenia Vidal (Pro) aseguró este viernes desde la provincia de Santa Cruz, que lo que sucedió en el Congreso este jueves durante la sesión “tiene un responsable claro y es el oficialismo”, y defendió la actitud de su interbloque: “Juntos por el Cambio hizo lo que correspondía, defender la institucionalidad”.
Vidal arribó esta mañana a Santa Cruz, la provincia número 19 que visita desde comienzo de año, donde combina una agenda de cercanía junto a vecinos, emprendedores y dirigentes locales para fortalecer el armado de Juntos por el Cambio provincial.
“En cada lugar del país a donde fui, siempre digo, cuáles son los lugares que pueden hacer crecer esta provincia y a la Argentina. El turismo es un buen ejemplo en El Calafate, que falta, para que creemos más trabajo, que hay que destrabar y ese es un proceso federal que pienso aportar desde el lugar que me toque, tal vez me toque la presidencia, pero sino somos un equipo”, expresó la exgobernadora bonaerense.
De la misma forma, aseguró que “este cambio no lo va a hacer un presidente, sino una generación, un conjunto de dirigentes que se comprometan de verdad y que se pongan la argentina al hombro, necesitamos a millones de argentinos comprometidos, necesitamos equipos en cada lugar, que empujen el cambio que queremos llevar adelante”.
La legisladora arribó en primer término a El Calafate, en donde se reunió con empresarios locales e hizo una recorrida por el centro de la localidad, donde respondió preguntas de los medios locales. Por la tarde, Vidal se trasladará a Río Gallegos, capital provincial donde estará en contacto con emprendedores, empresarios del turismo y vecinos con quienes compartirá una actividad en la zona céntrica de la capital.
“Como diputada no me enorgullece para nada lo que sucedió en el Congreso, ahora eso tiene un responsable claro y es el oficialismo”, expresó y respaldó: “Juntos por el Cambio hizo lo que correspondía, defender la institucionalidad”.
En ese sentido continuó diciendo: “Primero oponiéndose a que se eligieran autoridades cuando la presidente de La Cámara que estaba propuesta el oficialismo, había desconocido a la justicia y atropellado la representación de la Cámara de Diputados anulando el nombramiento de los diputados que van a ser consejeros de la Magistratura, cuando la Corte los había validado, en lugar de actuar como presidente de la Cámara, actuó como militante de Cristina Fernández de Kirchner”.
“El segundo límite lo pusimos, cuando violando el reglamento, en una sesión completamente ilegal, se pretendía sancionar leyes, y sin tener los números de diputados suficientes, y no se le daba la palabra a la oposición, también violando el reglamento”, agregó.
La dirigente se preguntó: “Si nosotros no podemos respetar las leyes que nosotros mismos nos damos, ¿cómo le vamos a pedir a los argentinos que respeten las leyes que sancionamos?”.
Por otro lado, ponderó: “Sin duda una política exitosa en el gobierno de Mauricio Macri, fue la política aerocomercial, y fue exitosa porque más compañías vinieron a desarrollar más vuelos y más conectividad para los argentinos, porque los precios de pasajes eran más baratos, porque había competencia y Aerolíneas Argentinas tenía que competir”, y cerró: “En aras de hacer un mercado favorable a Aerolíneas Argentinas a los argentinos vuelan menos y más caro. Nadie ganó, solo ganaron los gremios de aerolíneas. Aerolíneas debe tener equilibrio y poder competir”.
La diputada de izquierda cargó contra las principales fuerzas de la Cámara baja tras las peleas que hubo en el recinto y la suspensión de la sesión. “Todo lo que ocurrió fue vergonzoso”, describió.
La diputada nacional Myriam Bregman (Frente de Izquierda de los Trabajadores) cuestionó este viernes tanto al oficialismo como a la oposición por los incidentes que hubo en la Cámara de Diputados en la sesión de este jueves que fueron consecuencia por las designaciones de los representantes del Consejo de la Magistratura y cargó: “No los vi pelearse así por el FMI, no los vi pelearse así cuando les dan beneficios a las empresas automotrices o cuando se aumentaron las dietas”.
En diálogo por la AM 990, Bregman sostuvo que, si los bloques principales del Congreso “se pelean así por el Consejo de la Magistratura, lo aleja muchísimo de lo que pasa en la sociedad”, y añadió: “No alcanzan los calificativos. Yo en un momento me retiré, me fui al pasillo porque no podía creer lo que estaba viendo, varios hicimos eso”.
Entre gritos, insultos y algunos empujones, este jueves se cayeron las dos sesiones que estaban convocadas en la Cámara Baja. Tanto Juntos por el Cambio como la Izquierda, los liberales, así como también el interbloque Federal y SER decidieron no dar quórum a la sesión preparatoria luego de que la presidenta de Diputados, Cecilia Moreau, diera a conocer la suspensión de las postulaciones de los cuatro diputados para el Consejo de la Magistratura, a raíz del fallo del juez Martín Cormick.
El Frente de Todos, además, pretendía elegir en el recinto a las autoridades del cuerpo y avanzar con un temario consensuado que incluía la creación de nuevas universidades. “Ver a los dos grandes partidos mayoritarios, que tienen amplias mayorías en la Cámara de Diputados, peleándose de esa manera por un trasfondo que es el Consejo de la Magistratura, me parece terrible”, apuntó Bregman y sumó: “No los vi pelearse así por el FMI, no los vi pelearse así cuando les dan beneficios a las empresas automotrices o cuando se aumentaron las dietas”.
La diputada del FIT también hizo hincapié en los gestos obscenos que se viralizaron del diputado opositor y presidente del bloque del Pro, Cristian Ritondo. “Lo que hizo no tiene nombre, sus gritos, sus agresiones, sus gestos. Todo lo que ocurrió ayer fue realmente vergonzoso”, marcó y cerró: “Es una dirigencia política que ya tiene un grado de desconexión”.
La iniciativa busca otorgar un beneficio extraordinario a los familiares de víctimas de la represión de los días 19 y 20 de diciembre de 2001. Quedó listo para el tratamiento en el recinto y ser ley.
La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja se reunió este martes para tratar tres proyectos, uno de ellos es el que busca otorgar un beneficio extraordinario a los familiares de víctimas de la represión de los días 19 y 20 de diciembre de 2001, el cual recibió la media sanción por unanimidad en el Senado.
La primera en hacer uso de la palabra fue la diputada Sabrina Ajmechet (Pro) quien le acercó al titular de la Comisión, Carlos Heller, un proyecto de pensiones para familiares de víctimas del 19 y 20 de diciembre del 2001 presentado por el diputado Eduardo Toniolli que “trata sobre la misma cuestión y cuando ingresó a la Cámara, entró con giro en Presupuesto y también en Derechos Humanos”. Entonces, solicitó que el proyecto como “es importante” pase también a la Comisión de Derechos Humanos.
Heller le contestó que “es un proyecto que viene en revisión del Senado”, y le dio la razón a Ajmechet porque “el proyecto no es contradictorio”, y aclaró que “si son coincidentes se unificarán”, pero ratificó que “el proyecto fue tratado en el Senado, y la presidencia de la Cámara de Diputados le ha dado solo giro a esta Comisión”.
Retomando el uso de la palabra, Ajmechet expresó: “Sería bueno hablar de las verdaderas intenciones de este proyecto. A mi me apena mucho y me da vergüenza ajena que el kirchnerismo utilice políticamente tragedias del pueblo argentino. Son muy dolorosas y necesitan prudencia y empatía. Este proyecto esta utilizando mezquinamente lo que fue una tragedia porque realmente, estoy de acuerdo en que pensemos en darle una reparación histórica, pero sugiero que recordemos los entre 500 y 700 hombres y mujeres asesinados durante el primer gobierno de Perón en 1947, a cada uno de los asesinados durante la pandemia”.
A su turno, el radical Miguel Bazze lanzó: “A mi me sorprende el nivel de arbitrariedad del oficialismo porque, primero en diciembre del 2001 no cayó un régimen económico financiero, cayó un gobierno democrático que no pudo resolver la barbaridad economía y financiera que dejó el anterior gobierno justicialista en el país, que había inventado la ley de convertibilidad”.
“La segunda cuestión, la verdad es que hay muchos ejemplos del nivel de arbitrariedad con los que actúa el oficialismo en estos temas, pero un ejemplo es el que ocurre con los soldados muertos en 1975 en Formosa. Desde hace años en esta Cámara se reclama una indemnización a los familiares y por decisión del oficialismo no se aprobó el proyecto”, reclamó Bazze.
El titular del bloque oficialista, Germán Martínez, acusó a la oposición de “querer meter muchas cosas en el debate, tratando de correr el eje del tema específico en el cual estamos debatiendo”. “Nadie estaba anotado para el uso de la palabra, nosotros no veníamos a hacer un uso político del tema. Si tenemos en cuenta la gravedad de lo vivido, este tema debería pasar a la firma sin ningún debate”, afirmó el santefecino y pidió evitar “hacer análisis político para no embarrar el debate”.
El despacho de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados recibió 23 firmas y quedó listo para ser debatido en el recinto y ser ley. La oposición brindó los argumentos por los cuales no acompañó el proyecto.
La Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, a cargo del oficialista Carlos Heller, cerró la jornada del martes con una reunión en la que se emitió dictamen -con 23 firmas- al proyecto por el cual se establece el régimen previsional diferencial para los trabajadores combatientes de incendios forestales o rurales que viene con media sanción del Senado y quedó listo para ser debatido en el recinto.
Además, se pasó a la firma el despacho del proyecto de ley por el cual se establece una reparación histórica a las víctimas de la represión de los días 19 y 20 de diciembre de 2001, que también viene con media sanción del Senado, y también la creación del Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina – PROGRESAR -.
Heller agradeció la presencia del director del servicio nacional del manejo fuego, Alberto Seufferheld, y el trabajador de Parques Nacionales y representante de la Comisión de Carrera Combatiente de Incendio y Emergencia a Nivel Nacional, Alejo Farjone
En el uso de la palabra, el diputado Guillermo Carnaghi (FdT – Neuquén) contó que el proyecto se unificó en el Senado entre dos propuestas de la rionegrina Silvina García Larraburu (FdT) y el jujeño Mario Fiad (UCR) y resaltó que “tuvo mucho apoyo, 51 votos afirmativos y 11 negativos”.
“Es un proyecto que cristaliza un reclamo histórico de los brigadistas de incendios para mejorar su situación en función de la característica y la dureza de su trabajo para tener un mejor amparo de acuerdo a las características de ese trabajo”, precisó el neuquino y agregó: “El proyecto abarca un grupo reducido de especialistas con incidencia. Son 880 personas a la fecha son 500 trabajadores brigadistas de Parques Nacionales y ambiente, 230 son de Rio Negro, 15 de Tucumán, 7 de Salta, 59 de Jujuy, 29 de Catamarca, 20 de La Rioja y 20 de San Juan”.
Y precisó que abarca a trabajadores brigadistas de incendios que dependen del organismo nacional y de aquellas provincias que transfirieron sus cajas al Sistema Nacional de Seguridad Social. “Es un régimen especial para lograr la jubilación con 25 años acreditando servicio, 15 de esos años tienen que acreditarlos en tareas puntuales de combate de incendios y abarca que las mujeres podrán jubilarse a los 50 años y los hombres a los 57 años”, agregó Carnaghi.
De la vereda opositora, la diputada del Pro Laura Rodríguez Machado reconoció la labor que llevan a cabo los brigadistas y por la trayectoria honorífica que tienen, pero expresó: “El combate al fuego no solamente lo realizan los brigadistas, sino también los bomberos voluntarios. Los bomberos que en muchas provincias no se pueden acoger a un régimen jubilatorio, que no cobran sueldo, no tiene obra social y son compañeros de trabajó de los brigadistas en el combate de fuego porque por la cantidad de incendios requerimos el auxilio de numerosos bomberos voluntarios”.
“Cuando nos plateamos regímenes especiales, uno se pregunta ¿con quiénes se comparan las decisiones legales para dar determinaos beneficios? En este caso, es posible dar un reconociendo a los brigadistas, no necesariamente creando un régimen previsional diferencial”, cuestionó la cordobesa y recordó que habían sugerido “el mismo tratamiento que las mismas actividades declaradas insalubres, que le permiten con le mismo sistema de cómputos, jubilarse anticipadamente”, y adelantó que, al no tomarse en cuenta la sugerencia, van a seguir con la misma postura de no acompañar el despacho.
Quien le retrucó a la legisladora del Pro, fue el bonaerense Sergio Palazzo (FdT) marcó la diferencia en la voluntariedad del carácter obligatorio de la prestación porque “un bombero voluntario lo hace voluntariamente en el tiempo y horario que puede disponer y no realiza aportes porque no recibe una remuneración. En el caso de los brigadistas reciben una remuneración porque son trabajadores del Estado y estamos generando un derecho a partir de una serie de circunstancias especial que tiene que ver con la actividad”.
En el mismo sentido se pronunció su par de bancada Eduardo Fernández quien remarcó que “ha habido cajas que no han sido transferidas a la Nación por lo tanto es jurisdicción de provincia establecer regímenes especiales”, y contó que en Córdoba “hay un régimen que otorga posibilidad de pensión a los 55 años, hay regímenes especiales en lo que es bomberos voluntarios”.
De forma breve, Germana Figueroa Casas (Pro) remarcó que se financia con recursos, peor que “no provienen de afuera del Estado, sino dentro. Se paga a sí mismo porque proviene de contribuciones patronales y las personas que están dependiendo del Estado. No es que son recursos genuinos”, y se sumó al planteo de que no es federal y a lo expresado por Rodríguez Machado.
Los puntos centrales del proyecto
Esta iniciativa que beneficia a unos 900 combatientes, tuvo media sanción en el Senado el pasado 10 de agosto. Se aprobó por 51 votos a favor y 10 en contra.
Se trata de una iniciativa impulsada por la senadora nacional de Río Negro Silvina García Larraburu. Durante el debate en comisión en el Senado participó el ministro Juan Cabandié.
La iniciativa involucra a los trabajadores que se desempeñen o se hayan desempeñado como combatientes de incendios forestales o rurales en organismos nacionales o provinciales, cuyas cajas estén adheridas a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS). De acuerdo con el personal activo en la actualidad, el universo potencial al que aspira la cobertura previsional es de 876 trabajadores: 496 brigadistas que dependen de Nación, entre personal del Servicio Nacional del Manejo del Fuego y de Parques Nacionales, y 380 brigadistas provinciales.
Tendrán derecho al beneficio del régimen diferencial los brigadistas varones a partir de los 57 años y las brigadistas mujeres a partir de los 50 años. Para acceder a la jubilación los beneficiarios tendrán que acreditar 25 años de servicios en unidades operativas de lucha contra incendios forestales o rurales de los cuales, al menos 15 años, tendrán que ser como combatientes en tareas de supresión en el terreno.
Además, el proyecto establece que el haber mensual de las jubilaciones será equivalente al 82 % móvil de la remuneración mensual del cargo que tuviera asignado al momento del cese.
Cabe destacar que los servicios prestados con anterioridad al momento de la sanción de la ley serán válidos siempre que hayan sido brindados para el Estado nacional o provincial y retribuidos por estos. La autoridad de aplicación, que deberá llevar un registro de los trabajadores alcanzados, será la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.
La iniciativa impulsada por los oficialistas Paula Penacca y Daniel Gollan, con apoyo de organizaciones de familiares de pacientes de estas enfermedades, obtuvo 209 votos afirmativos y 2 negativos.
Con el respaldo de asociaciones de familiares de pacientes de estas enfermedades, la Cámara de Diputados aprobó este jueves y giró al Senado un proyecto de ley que busca ampliar y jerarquizar el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación.
La votación resultó con 209 votos afirmativos y 2 negativos, correspondientes a los diputados del bloque de La Libertad Avanza, Javier Milei y Victoria Villarroel.
La iniciativa tiene por objeto que “las personas con cardiopatías congénitas tienen derecho a todas las instancias de detección y tratamiento correspondientes en cada etapa vital. Asimismo, todas las mujeres embarazadas y/o personas gestantes tienen derecho a un control prenatal que incluya la detección precoz de cardiopatías congénitas, garantizando, si correspondiera, el traslado intrauterino”.
A través de la iniciativa se incorpora como “estudio de rutina obligatorio para todas las mujeres embarazadas y/o personas gestantes entre las semanas 18 y 24, como primer nivel de detección, la evaluación cardíaca fetal”. “Las personas gestantes que resulten con alguna sospecha de gestar un feto con una cardiopatía congénita deberán ser derivadas para la realización de la ecocardiografía fetal a cargo de un cardiólogo pediátrico, como segundo nivel de detección”, agrega y establece que este estudio deberá incorporarse al Programa Médico Obligatorio (PMO).
Entre otros puntos, el proyecto crea un Consejo Asesor de Cardiopatías Congénitas, que será de carácter honorario y estará conformado por representantes del Ministerio de Salud de la Nación, asociaciones de familiares de pacientes con cardiopatías congénitas y sociedades científicas que aborden esta temática.
Al abrir el debate, la santafesina Mónica Fein (Partido Socialista) explicó: “El conjunto de las anomalías de los recién nacidos, las cardiopatías congénitas son las más comunes, en Argentina nacen unos 7 mil niños y niñas que tienen esta patología, y es la principal causa de muerte en menores de 1 año. Por lo tanto, hablar de la prevención de la cardiopatía congénita es disminuir las muertes perinatales”.
“El 90% de las cardiopatías tienen soluciones, obviamente con un diagnóstico precoz y un traslado oportuno”, informó y opinó: “Yo diría que es fundamental para disminuir la morbimortalidad, que hace la diferencia entre la vida y la muerte, realizar una serie de acciones que detectan precozmente la posibilidad de esta patología”.
Además, destacó: “La red que hoy existe, y en ella los profesionales de la salud, que a lo largo de todo el país están actualmente desarrollando este programa de cardiopatías congénitas. Este programa tiene su eje, su centro coordinador, en el Hospital Pediátrico profesor Garrahan. Fue este hospital el que formó y desarrolló con políticas de Estado equipos en todo nuestro país”.
“Por eso, tener centros tratantes es fundamental, y esto está desarrollado con financiamiento, con trabajo, y fundamentalmente con mucho compromiso de los equipos de salud. Por eso, convertir en ley este programa permite que tenga persistencia en el tiempo, que no tenga cambios a partir de los cambios políticos, permite fortalecer y ampliar los registros que tiene el programa”, consideró la socialista.
En tanto, resaltó que “esta ley promueve fortalecer a los efectores privados en esta red de tratamiento de cardiopatías y hacer un registro nacional de prestadores”, y también “dar un seguimiento adecuado a los adolescentes con cardiopatías e incorporar la participación de la sociedad a través de las organizaciones creando un consejo asesor, que fundamentalmente permite controlar las políticas llevadas adelante y mejorar no solo el programa si no la calidad de la persistencia de este programa”.
A su turno, el diputado bonaerense Daniel Gollan remarcó que “esta ley tiene un antecedente fuerte, es un programa del Ministerio de Salud de la Nación. Programa que nación en el año 2008, y que fue creciendo de forma importante, y que en 2010 agregó el financiamiento del programa SUMAR. Todas estas cirugías, desarrollos, capacitación y de creación de la red, fueron financiados con ese programa, lo cual permitió un crecimiento importante. Basta decir que entre el año 2012 y 2015, solo en el Garrahan crecieron 60% este tipo de intervenciones quirúrgicas para solucionar cardiopatías congénitas”.
“Recuerdo bien esto porque yo, además, estaba en ese momento como ministro de Salud de la Nación y ver desarrollar esa red, y ver cómo avanzaba ese programa, cómo iba aumentando la red, la capacitación de los equipos que conformaban los equipos de tratamiento en cada hospital. Ver cómo esto permitía democratizar y federalizar el acceso a cada vez más pacientes en todo el país”, relató.
En esa línea, contó: “El programa venía funcionando bien, y por algún motivo empezó a ralentizarse. A no crecer a cómo debía crecer de acuerdo a lo que estaba programado objetivamente diseñado, que era llegar al 100% de los chicos que necesitan estas intervenciones”.
“Fue así que, por ese motivo, creo yo, cobró especial protagonismo este grupo de Cardiocongénitas argentinas, este grupo de mamás que están aquí acompañándonos, que pusieron este tema, donde la sociedad civil se hace cargo de los problemas, y muchas veces interpela a quienes están acá, al Estado, para que transformemos en leyes este tipo de programas. Porque eso le da más previsibilidad, más estabilidad en el tiempo, y lleva a que no se incumpla una ley si no se cumple adecuadamente con lo que está pautada en la misma”, destacó Gollan.
Y cerró: “Como decimos siempre, las leyes por sí mismo no garantizan todo, dan un paraguas. También hay una responsabilidad ciudadana, hay una responsabilidad de los distintos actores, en este caso del sistema de salud, pero también de la ciudadanía. Porque como se decía recién, es real que tener que estar legislando para humanizar conductas profesionales, a veces suena un poco extraño, pero evidentemente cuando se hace las cosas mejoran”.
“Y en este caso, claramente, van a seguir mejorando, porque el objetivo que tiene esta ley de diagnóstico precoz, de una intervención rápida, de resolver los problemas en el momento adecuado, de regionalizar y federalizar cada vez más, y que cada vez más a cada argentino le quede cerca la resolución del problema”, detalló y concluyó: “Nosotros pensamos que este tipo de leyes son las que nos hermanan entre todos, donde sentimos que desde este Parlamento estamos dando respuestas a cuestiones concretas que suceden todos los días en la vida cotidiana de todos los argentinos”.
La Cámara baja dio luz verde a un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo que establece modificaciones a la Ley 24.051. Los montos van desde los 115 mil a los 115 millones de pesos.
La Cámara de Diputados aprobó este jueves con 207 votos afirmativos y 2 negativos -de los liberales Javier Milei y Victoria Villarroel-, un proyecto que modifica la Ley 24.051, de modo de establecer una actualización sobre las multas que se aplican para quienes desechan residuos peligrosos.
El proyecto, que fue enviado por el Poder Ejecutivo, propone la modificación del artículo 49 de la Ley 24.051, sobre las multas y sanciones que se aplican a los infractores de la norma.
El principal cambio tiene que ver con los montos de las multas ya que actualmente la ley habla de “australes convertibles”.
Se establecen Unidades Fijas, para las cuales se toma como referencia el valor de la unidad retributiva del Convenio Colectivo de Trabajo del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público.
De esta manera, las multas irán de las 900 a 900.000 UF, lo que significa 115.623 pesos a 115.623.000 millones de pesos, de acuerdo a la actualización del pasado 30 de septiembre.
Además, se dispone que la suspensión o cancelación de la inscripción en el Registro Nacional de Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos implicará el cese de las actividades y la clausura del establecimiento o local.
Asimismo, indica que las sanciones se aplicarán con prescindencia de la responsabilidad civil o penal que pudiere imputarse al infractor o a la infractora.
Por ahora postergan la asunción de los senadores, por estar el tema judicializado, según estableció la Corte Suprema de Justicia.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió este jueves tomar juramento a los cuatro diputados nacionales elegidos para integrar el Consejo de la Magistratura. Por el contrario, los cuatro miembros correspondientes al Senado deberán seguir esperando, ya que el Tribunal seguirá estudiando el caso, que ha sido judicializado por haber considerado las autoridades del Cuerpo que ese lugar le corresponde a Martín Doñate, mientras que desde la oposición reclaman ese escaño para el bloque Pro.
Así las cosas, el presidente de la Corte Suprema y titular del Consejo de la Magistratura tomará juramento a los consejeros y consejeras Vanesa Raquel Siley, Rodolfo Tailhade, Álvaro González y Roxana Nahir Reyes.
Sin embargo no se estableció la fecha para la jura.
Para el caso de los miembros del Senado, la acordada señala que “la designación de los representantes titulares y suplentes del H. Senado de la Nación” se encuentran “a estudio del Tribunal, por razones que son de público conocimiento”.
La lista de consejeros enviada por el Senado señala a los senadores oficialistas
María Pilatti Vergara, Mariano Recalde y Martín Doñate y al radical Eduardo Vischi.
La Cámara baja aprobó con 210 votos afirmativos, 3 negativos y una abstención la transferencia de cinco inmuebles del Estado Nacional a distintas provincias.
En la sesión de este jueves, la Cámara de Diputados aprobó la transferencia de cinco inmuebles de título gratuito, pertenecientes al Estado Nacional, a las provincias de Entre Ríos, Córdoba, Santa Cruz -que se convirtió en ley- y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entre esas transferencias, figuraba la del emblemático predio donde funcionó el centro de detención La Perla, en la provincia mediterránea.
La votación resultó con 210 votos afirmativos, 3 negativos -de los liberales José Luis Espert, Javier Milei y Victoria Villaruel– y una abstención, de la tucumana Paula Omodeo.
La transferencia del inmueble del Estado Nacional en la localidad de Río Turbio, departamento de Güer Aike, provincia de Santa Cruz, a título gratuito a la Municipalidad de Río Turbio, provincia de Santa Cruz, se convirtió en ley.
Otro sobre el dominio del terreno ubicado en la calle Santiago de Liniers 395, de la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, denominado “Delegación Paraná Medio”. Transferencia a título gratuito a favor de la Municipalidad de Paraná, provincia de Entre Ríos. También el inmueble propiedad del Superior Gobierno de la Nación del departamento de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, transferencia a título gratuito a la Municipalidad de Larroque, provincia de Entre Ríos.
En este caso, la diputada Blanca Osuna propuso una modificación en el artículo 2 que fue aprobada por 209 votos afirmativos y 3 negativos.
También el dominio de una fracción de terreno que ocupa el Espacio para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos, ex-Centro Clandestino de Detención “La Perla” en el departamento de Santa María, provincia de Córdoba. Transferencia a título gratuito a la provincia de Córdoba. Por último, el inmueble propiedad del Estado nacional, ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Transferencia a título gratuito a la Universidad Nacional del Comahue.
Abrió el debate la santacruceña Roxana Reyes (UCR) puntualizó en el dictamen de transferencia de inmueble a la municipalidad de Rio Turbio por parte del Estado Nacional, lo cual celebró, pero señaló: “Quiero recordarle al Congreso que estas transferencias son con cargo y son con un tiempo para cumplir con ese cargo. Este tema es para interpelar el control que tiene que hacer el Congreso de la Nación para que se cumplan estos cargos y estos tiempos”.
“Lo menciono porque, así como hoy celebro que una localidad que esta con crecimiento demográfico este recibiendo tierras para el asentamiento de viviendas para tantos santacruceños, también destaco que hace 30 años se le ha transferido a la provincia tierras en el Chaltén que tiene una deficiencia en cuanto a tierras para poder establecerse y están viviendo los vecinos hasta en un lote 3 familias en un estado realmente que no es el aconsejable”, denunció la radical y siguió: “Es necesario estas tierras que le cedió el Estado nacional y la provincia no cumple con el cargo de subdividir los lotes para que los vecinos de Chaltén puedan establecer sus viviendas
Y cerró: “Celebro estas trasferencias de distintos inmuebles, espero que controlemos el cumplimento del cargo y del tiempo para que no suceda como en Santa Cruz que los habitantes del Chaltén hace 30 años esperan que les entreguen su lote de tierra cedido por el Estado nacional”.
Su coterráneo Jorge Verón (FdT) comentó de forma breve que “Rio Turbio se encuentra al suroeste de la Argentina. Un lugar geográfico que nos rodean montañas y valles”, y resaltó: “Este proyecto de transferencia de tierras es muy importante para dicha localidad”.
En esa línea, explicó que “esta transferencia lo va a beneficiar a nuestro pueblo, dado que son dos grandes sectores. El primero va a ser para la construcción de viviendas familiares ´+únicas y permanentes, con sus zonas comerciales sus reservas de espacios verdes. En el segundo sector será destinado a la ejecución de proyectos de emprendimientos agroganaderos y turísticos. Son derechos que necesita la gente del pueblo porque traerá trabajo, progreso y crecimiento”.
A su turno, el titular del bloque radical, Mario Negri, se refirió a la iniciativa que transfiere a la provincia de Córdoba una fracción de terreno que ocupa el Espacio para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos, ex-Centro Clandestino de Detención “La Perla” en el departamento de Santa María.
Al respecto, el radical sostuvo: “Pocas palabras cargadas de significación de profundidad abarcada por el dolor, por un tiempo que ojalá no vivamos nunca más la sociedad argentina. Y para hacer justicia un reclamo que lleva muchos años legítimo desde la provincia de Córdoba para que se transfiera la propiedad donde está ubicado lo que fue el centro de detención y tortura más grande del interior del país durante la última dictadura militar”.
“El centro de detención ‘La Perla’ a quienes muchos de los torturados y homicidas lo llamaban con cierto disimulo ‘La universidad’ casi como una epopeya sangrienta sobre las luchas de estudiantes en la Universidad de Córdoba. A los jóvenes entre 2 mil y 2.500 detenidos y torturados y desaparecidos, venía con un antecedente de sangre lo que se conoció como el ‘navarraso’. Lo recordamos como si fuera hoy en la memoria aquellos días y noches de terror. Desde el 76 hasta el 78 funcionó este centro de detención en pleno mundial, con todo lo que sucedía en otros centros de detención en el país”, recordó Negri.
Y concluyó: “Es un acto de justicia no egoísta que se transfiera a la provincia de Córdoba, lo que hoy es un centro de recuerdo de visitas, de cursos de formación, por los años de terror, como ocurre en todos los lugares del mundo donde se vivió la misma situación. En 2008 bajo la presidencia de Néstor Kirchner fue inaugurado y fue un día inmenso de recuerdo y de memoria. Suena frio si decimos la transferencia de un terreno, pero lo que va a ocurrir es que quede en el mismo lugar a donde se vivió alhorro y la muerte, cuidado por el amor de los cordobeses, la historia más negra y trágica que vivó la Argentina”.
El titular del bloque Córdoba Federal, Carlos Gutiérrez, expresó: “Este tema tiene para los cordobeses un valor especial. La Perla es un absoluto como lo es la muerte. Hay que respetar los absolutos. Antes se puede hablar de política de esos absolutos y después también”, y retomó las palabras del Poeta Antonio Machaco ‘el golpe de un ataúd en tierra, es algo perfectamente serio’, por eso la muerte es un absoluto”.
“La Perla, esta transferencia puede ser fría si o solo si se convierte en un museo sin una política de derechos humanos como nosotros, humildemente, hemos querido llevar y la hemos concretado y lo ha transformado en este museo en algo vivió, porque la memoria tiene que ser viva y no estar al servicio de posiciones políticas coyunturales que tratan de utilizarlas de un lado o del otro, porque los derechos humanos son patrimonio de todos”.
La diputada entrerriana Blanca Osuna solicitó una modificación en el dictamen que transfiere el inmueble propiedad del Superior Gobierno de la Nación del departamento de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, a título gratuito a la Municipalidad de Larroque.
“Tiene que ver con la transferencia a la municipalidad de Paraná de un predio ubicado en el puerto nuevo. En la ciudad que es la zona norte, Paraná ha tenido tres puertos, de los cuales hoy ya no funciona ninguno en términos comerciales, fluviales ni de transporte, pero si creemos que este espacio va a permitir un desarrollo muy particular con mucho potencial que abre las posibilidades en materia turística, de desarrollo productivo, deportivo y, además, de comunicación y goce para ese lugar”, explicó Osuna.
Y propuso modificar el artículo 2 que sintetiza el objetivo de la transferencia y condiciones que co-ayuden a que el lugar las transferencias en zonas portuarias se han transformado en negocios inmobiliarios.
Osuna procedió a leer la redacción de dicho artículo: “La transferencia dispuesta en el artículo 1 se efectúa con cargo a que la beneficiaria realce tareas de regeneración e integración urbana del predio en el marco del plan maestro integral del ´rea costera de Paraná formulado con enfoque de participación ciudadana y preservación del patrimonio arquitectónico ambiental y cultural. Todo ello en acuerdo a garantizar el libre acceso y circulación en espacio público y al río; respetar el patrimonio material e inmaterial ambiental y cultural; destinar para el uso en común de la dirección nacional de vías navegables delegación Paraná Medio y el Sindicato de Personal de Dragado y Balizamiento un área para el desarrollo de sus actividades específicas tales como relevamiento y estudio sobre el Rio Paraná y labor en talleres de carpintería y mecánica, así también como otorgar sitio de amarra para sus embarcaciones, dragas y navales. Las tareas de regeneración e integración urbana mencionadas deben desarrollarse en consulta con la labor educativa de la Escuela de Educación Técnica n100 Puerto Nuevo cuyo terreno fuera trasferido por Ley 26073 con la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables y Marina Mercante dependiente del Ministerio de Transporte de la Nación en su carácter de autoridad portuaria nacional y con el Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento”.
Fue en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados. La iniciativa también reforma la legislación vigente “sobre prevención y represión del de la Financiación del Terrorismo y del Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva”.
Un plenario de las comisiones de Legislación General y Finanzas de la Cámara de Diputados se reunió este miércoles para debatir un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo que propone modificaciones a las normas vigentes sobre lavado de activos, a fin de adecuarse a los estándares internacionales.
Se trata de una iniciativa que reforma la legislación vigente “sobre prevención y represión del Lavado de Activos (LA), de la Financiación del Terrorismo (FT) y del Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FP)”.
Al inicio del encuentro, que se llevó a cabo en el segundo piso del Anexo “C”, el titular de Legislación General, Lucas Godoy (Salta – FdT), agradeció la presencia de funcionarios e invitados en el tema.
El primero en disertar fue el presidente de la Unidad de Información Financiera, Juan Carlos Otero, quien remarcó que hace 11 años no se modifica el sistema de prevención de lavado de activos y lucha contra el financiamiento del terrorismo. En ese sentido, consideró que es “importante” la reforma porque “nos va a permitir mejorar la persecución de los delitos y lavado de activos”.
“En septiembre de 2023 vamos a ser evaluados por el Grupo de Acción Financiera Internacional”, adelantó y sumó: “El GAFI va a evaluar tanto al sector público en los tres poderes, como también al sector privado, para el cumplimiento técnico y la efectividad. Es muy importante este proyecto de ley para poder cumplir con los requerimientos”.
En esa línea, sostuvo que es necesario “arribar a consensos para aprobar lo antes posible este proyecto de ley para poder tener mayor efectividad de cara a la evaluación. Evalúan al país, no al Gobierno”.
A continuación, Otero destacó que la realización del proyecto fue un proceso “muy participativo” en el que trabajaron desde el Ejecutivo, miembros del Ministerio Público, el Poder Judicial, el BCRA, entre otros y contó que “se dieron discusiones interesantes”. “Esto sigue acorde con políticas de Estado que venimos desarrollando por las cuales hicimos la primera evaluación nacional de riesgo de lavado de activos que se aprobó a través del decreto 653 y, a su vez, actualizamos la evaluación nacional de riesgo y financiamiento de terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva”.
“A través de las evaluaciones se ven las amenazas y vulnerabilidades, muchas de esas están siendo mitigadas en este proyecto de ley al igual que las vulnerabilidades en materia de regulación”, explicó Otero.
Además, resaltó tres ejes centrales del proyecto. Respecto al primer eje, planteó: “En el artículo 303 respecto del lavado de activos se incorporan dos verbos típicos ‘poseer’ y ‘adquirir’”, y aclaró que “esto es acorde con la recomendación 3 del GAFI y las Convenciones de Viena y Palermo”. Asimismo, explicó: “Con respecto al monto de la actualización que actualmente es de 300 mil pesos, se decidió no modificarlo porque puede afectar las causas que están en trámite, pero hay que encarar una discusión de actualización automática teniendo en cuenta el bien jurídico protegido”.
Sobre el artículo 306 el tipo penal de financiamiento de terrorismo, informó que “se incorpora la figura de los ‘combatientes de terroristas extranjeros y se incorporan los conceptos de ‘fondos y otros activos’. Esto acorde a la recomendación cinco del GAFI y a la Resolución del Consejo de las Naciones Unidas”.
Respecto al segundo eje sobre la Reforma a la Ley 25.246, el funcionario contó que “se incorporan conceptos relevantes para el sistema de ALA/CFT, tales como enfoque basado en riesgo, activos virtuales, proveedores de activos virtuales, clientes, beneficiario final”. En suma, la UIF profundiza la autarquía funcional y económica, y sobre las facultades, amplia los casos en los que los sujetos obligados no pueden oponer el secreto; incorpora el enfoque basado en riesgos en las supervisiones del sistema preventivo; celebra acuerdos para el intercambio de información con otras entidades y autoridades nacionales, provinciales y municipales.
Por otro lado, se sube al carácter de ley las sanciones: “Congelamiento administrativo de fondo u otros activos, mediante una resolución fundada y comunicación inmediata con el Ministerio Público Fiscal o a un juez competente, vinculado a la financiación del terrorismo y al financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva”.
“También se incorporar medidas de mitigación de riesgos a las relaciones comerciales y transacciones con personas humanas y jurídicas, e instituciones financieras, procedentes de jurisdicciones de mayor riesgo”, agregó Otero y explicó que se garantiza el secreto de identidad de los sujetos reportantes de operaciones sospechosas, aún luego de formulada la denuncia al Ministerio Publico Fiscal y ponderó que “estas herramientas le dan más confianza y resguarda más la información”.
Sobre la incorporación de “nuevos sujetos obligados”, detalló: “Proveedores de servicios de activos virtuales; aquellas personas humanas o jurídicas que realizan en nombre de un tercero custodia y administración de efectivo; abogados que, en nombre de sus clientes, llevan a cabo la compra/venta de inmuebles, administración de valores, dinero y cuentas bancarias, creación y administración de personas y estructuras jurídicas, compra/venta de participación social; proveedores de servicios societarios y fiduciarios; no financieros de crédito; de servicios de pagos”.
A su vez, indicó que en “la supresión de sujetos obligados” se dejó de lado a las organizaciones sin fines de lucro; el Tribunal Nacional de Defensa y, con respecto a los intermediarios de seguros “dejan de ser sujeto obligado los peritos, los liquidadores de seguros, los productores asesores de seguros”. “Se incorpora un capítulo referido a las personas jurídicas sin fines de lucro que, aunque dejarán de ser sujetos obligados, deberán ser objeto de un análisis de riesgos de abusos para la FT y deberán establecer medidas adecuadas y proporcionales a los riesgos identificados”, sumó.
Por último, explicó el tercer eje sobre la creación de un Registro de beneficiarios final que será un registro centralizado de personas y estructuras jurídicas con información “adecuada, precisa y actualizada”, cuya autoridad de aplicación será la AFIP levantándose el secreto fiscal.
De forma breve, el secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía, Ricardo Casal, dejó constancia de “la labor llevada adelante desde que se inició el proyecto hasta hoy ha sido el fruto de un trabajo ampliamente generoso, democrático y participativo, lo cual permitió con distintas rondas de trabajo, corregir, adaptar, adecuar y redefinir algunos aspectos que fueron centrales. Sin perder el eje del proyecto, hubo un debate muy rico con diputados y diputadas y asesores que nos permitió poder actualizar el texto original y llegar al que explicó detalladamente el doctor Otero”.
A su turno, el director del BCRA, Zenón Biagosch, puntualizó en algunos aspectos de la ley que “son medulares” en relación al rol del Banco Central en el sistema integral y preventivo de lavado de activos.
“Es un hecho innegable que esta legislación debe ser actualizada, que requiere una reforma estructural en lo que hace a la relación de las temáticas atendidas por el Banco Central, no podemos desconocer que la realidad nos está demostrando que hay una mutación muy importante en todos los sistemas de oferta y contratación de servicios financieros”, resaltó.
Y siguió: “Hay una realidad objetiva que ha emergido y se vio fortalecida por la pandemia donde los mecanismos de ofertas han mutado y son distintos, por ende, los controles que tenemos que aplicar, de alguna manera tienen que ajironarse a estas nuevas realidades”. Asimismo, destacó tres aspectos de la reforma: “La actualización del artículo 20 sobre los sujetos obligados en formar operaciones sospechosas, es importante que se incorpore a los actores proveedores de servicios proveedores de cobros y pagos, los otros proveedores no financieros de créditos y los de servicios virtuales”.
“Esta es una realidad objetiva en la cual hoy tenemos en el mercado en la Argentina una cantidad de actores que brindan este tipo de servicio con una cantidad de cuentas abiertas en cabeza de residentes locales que tranzan con este tipo de activo financiero que está totalmente desregulado”, planteó Biagosch y propuso rever el régimen sancionador administrativo por parte de la UIF sobre el artículo 20 sobre sujetos obligados que hay organismos públicos que se encuentra el BCRA y se haga una salvedad que “no todo el marco sancionador es aplicable a todos los sujetos obligados, en tanto sean organismos públicos”.
Como tercer aspecto, destacó la creación del registro de beneficiarios finales “es un tema pendiente y central que hace a al trasparencia y funcionamiento del sistema. Esto es un gran avance en la reformulación de la ley. La adecuación del marco normativo es muy oportuna”.
La directora de Fiscalidad Internacional de la AFIP, Verónica Grondona, brindó las características del registro actual que lleva a cabo su institución a cargo y lo que propone el proyecto. En principio sostuvo que el concepto de beneficiario final consiste en “una verificación en cascada” controlando y requiriendo informes tanto a beneficiarios finales que sean por titularidad de acciones o a través de otros medios indirectos.
En esa línea, destacó la importancia y la necesidad de identificarlos porque “permite tener una visión sinérgica y única del problema para todos los organismos que lo requieran”. En suma, se refirió a la creación del registro que permitirá “tener acceso en tiempo real a la información y mejorar la calidad y supervisión de la misma”. En tanto, comentó que a nivel mundial se están implementando distintos tipos de registros y en Latinoamérica hay registros de beneficiarios finales en muchos más países de la región como Chile, Ecuador, México, Brasil.
Sobre el registro de AFIP contó que eran de “participación accionaria” y manifestó que “son extremadamente útiles porque sirve para la verificación de la efectiva declaración de los activos y sobre ganancias y bienes personales”. También informó que Argentina desde el 2017 participa del intercambio de informaciones de cuentas financieras.
“El registro de beneficiarios finales busca centralizar los registros e información existentes que pueden estar en otras sedes”, resaltó Grondona y añadió: “Los registros tienden a ser de difícil verificación y necesitamos de un trabajo colaborativo entre todos los organismos públicos. Se pretende una serie de accesos diferenciados”.
El último orador en presentar el proyecto fue el presidente de la Comisión Nacional de Valores, Sebastián Negri, manifestó que “quedaba pendiente por cumplir la recomendación 15 del GAFI sobre los proveedores de servicios virtuales que incluye la preocupación de que sean sujetos obligados, sino también, que exista un registro de estos actores”.
“El modelo elegido parte del análisis de qué están haciendo los países medianos de la región, así que quedó plasmado en el artículo 35 y 37, no solo contempla la preocupación sobre el lavado de dinero, sino que incluye cuestiones vinculadas con la trazabilidad, las operaciones entre el destinatario y originante, cuestiones sobre protección los inversores y datos personales”, precisó Negri.
En esta etapa de la reunión, abrió el debate el presidente del Instituto de Estudios Legislativos (IDEL) de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), Fernando Díaz Cantón, criticó la forma en el que país “viene encarando” el tema en materia de derecho penal porque “por su carácter permanente es una muestra de que, con más derecho penal, no se pone coto a la criminalidad organizada”.
Sobre la reforma de lavado de activos, se refirió a la pretensión de conversión de los abogados en sujetos informantes a la UIF sobre operaciones sospechosas y destacó la inclusión en el artículo 303 inciso 3 “de la posesión o ‘auto receptación’ para incluir a quien posea activos provenientes de un delito para aplicarlos a una operación de lavado sin haberlos recibido de otra persona o sin que se pueda probar que así haya sido”.
“Aquel proyecto a advertido una laguna de imponibilidad y en ese afán de castigar todo tampoco quiere dejar esta conducta fuera para el caso de que no se pueda probar de que los bienes poseídos fueron recibidos o entregados por algo. Este frenesí penal que no se detiene ha convertido al delito de lavado de activos en otra cosa diferente a un encubrimiento”, cuestionó Díaz Cantón y comparó que “hoy es punible cualquier tipo de lavado y a cualquier monto”, pero cuestionó que en la iniciativa “no se actualizan los montos para ingresar en la figura gravada que hoy debería ser, no de 300 mil pesos, sino de 9 millones de pesos. Todo para sumar punición y restringir libertad”.
En el mismo sentido se manifestó la expresidenta de la UIF, María Eugenia Talerico, sobre la “innecesaridad de trocar la extensión del tipo penal de acuerdo a cierta terminología que usa el estándar internacional, pero que a nuestra práctica judicial sería muy inconveniente. Tocarlo ahora sería un error”, y cuestionó: “Hay un verbo que se introduce que es ‘poseyere bienes’, poseer no tiene la lesividad necesaria que requiere ese tipo penal”.
También compartió con el orador preopinante la necesidad de “elevar el umbral de punibilidad de los 300 mil pesos. Hoy las maniobras de lavado de activos y el crimen organizado que afectan el orden económico y financiero tiene que tener una envergadura mucha más grande”.
Además, observó un error en el inciso 3 del artículo 2 que “utiliza la terminología vieja” y propuso modificarlo. En suma, expresó preocupación por la redacción del artículo 6.
En su presentación, el abogado Gustavo Juana recordó que la legislación vigente es del año 2011 y opinó que las modificaciones propuestas por la UFI “están alineadas con los cambios que ha habido en las mejores prácticas internacionales”, y ponderó: “Los activos virtuales; la inclusión de proveedores de servicios digitales como sujetos obligados. El GAFI publicó en 2021 un documento recomendando la regulación de todas las actividades vinculadas con los activos virtuales. Se estima que en Argentina hay 2,4 millones de personas que tienen criptoactivos. Es necesario un marco regulador específico”.
“El segundo punto son los abogados o estudios jurídicos como sujetos obligados. Van a ser sujetos obligados solo aquellos que brindan servicios de creación de empresas, o administran fondos de terceros”, destacó y sumó: “La ampliación a otro tipo de sanciones, la diferenciación de las multas y la actualización de las mismas. La creación de un registro se inscribe dentro de una de las mejores prácticas”.
Ricardo Gil Lavedra, presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, consideró que “en este tema como en otros, es importante que los órganos de prevención y persecución penal puedan ejercer eficazmente su tarea. La falta de actualización de la condición objetiva de punibilidad de los 300 mil pesos es un absurdo porque la cantidad de hechos son enormes”.
“Esto es lisa y llanamente un absurdo. Esto no es prevenir ni castigar el lavado de dinero, de esta manera vamos a inundar la UIF de cosas inservibles”, lanzó y siguió: “La cuestión de los cambios de tipo penal me hace ruido la incorporación del término ‘poseyere’ y la incorporación del ‘adquiriere’”.
Juan Cruz Ponce, secretario Ejecutivo Adjunto del Grupo de Acción Financiera Internacional Latinoamérica (GAFILAT), se explayó sobre los estándares internacionales y el proceso de evaluación: “Estamos ante un sistema cooperativo a nivel internacional y que engloba a 206 jurisdicciones a lo largo del planeta”.
“Las recomendaciones del GAFI ofrecen un elenco de medidas muy amplias, intersectoriales, interdisciplinarias para detectar y sancionar estos delitos y aglutinan a todos los ámbitos posibles -asociados directa o indirectamente- a un marco de prevención y lucha contra este tipo de delitos”, explicó y manifestó: “Cuando uno se acerca a la evaluación es fundamental contar con un marco normativo robusto y en línea con los estándares internacionales, la evaluación es a nivel país, se evalúa el sector público y el privado, el cumplimento técnico, pero también la efectividad”.
Por último, sostuvo: “Es un proceso muy complejo que requiere mucha planificación, coordinación y apoyo a la coordinación LA/FT/FP”.
Fue este jueves en el Salón Blanco de la Cámara de Diputados. El objetivo del grupo es promover el vínculo bilateral e integración regional.
Este jueves, en el Salón Blanco de la Cámara baja, se llevó a cabo la conformación del Grupo Parlamentario de amistad con Brasil, del cual la diputada del Frente de Todos, María Cristina Brítez, fue elegida como presidenta, mientras que el diputado Mario Negri (UCR), fue designado como vicepresidente.
En tanto, la diputada Natalia de la Sota (Córdoba Federal) y Diego Sartori (Frente de la Concordia Misionero) asumieron como secretarios.
Tras su designación, Brítez destacó la “importancia de esta herramienta para fortalecer la relación entre los Congresos de ambos países”. En otro orden, los integrantes del GPA comenzaron a diagramar la agenda de trabajo que guiará las actividades del Grupo de amistad durante el año próximo.
Además, recibieron a Adriano Botelho, consejero político de la embajada de Brasil en la Argentina. Durante el intercambio, analizaron el estado de la relación bilateral, el flujo comercial entre ambos países, así como también los retos y desafíos en materia de integración binacional y regional. El nuevo escenario político de Brasil tras la victoria de Lula Da Silva en las elecciones presidenciales del pasado mes de octubre, también fue parte de los temas conversados.
“La principal economía de Sudamérica es un socio clave para nuestro país tanto en términos comerciales como políticos. Además de compartir un ámbito de integración regional como el Mercosur, es primer destino de las exportaciones argentinas que, a su vez, absorbe gran parte de las ventas al exterior de manufacturas y productos provenientes de economías regionales. De este modo, los productos de alto valor agregado dominan el comercio bilateral, lo cual significa empleos de calidad en ambos lados de la frontera”, expresaron.
Además de las autoridades designadas, integran el GPA con Brasil los diputados nacionales Sabrina Ajmechet (Pro), Eugenia Alianiello (FdT), Constanza María Alonso (FdT), Martín Arjol (UCR), Daniel Arroyo (FdT), Héctor Bárbaro (FdT), Fabián Borda (FdT), Gustavo Bouhid (UCR), Alejandro Cacace (Evolución radical), Enrique Estévez (Socialista), Federico Fagioli (FdT), Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), Rogelio Frigerio (PRO), Santiago Igon (FdT), Ingrid Jetter (Pro), María de las Mercedes Joury (PRI), María Rosa Martínez (FdT), María Lucila Masin (FdT), Dina Rezinovsky (PRO), Francisco Sánchez (PRO), Diego Santilli (Pro), , Natalia Souto (FdT), Brenda Vargas Matyi (FdT), Pamela Verasay (UCR), y Natalia Zaracho(FdT). Asimismo, participó de la reunión constitutiva el director General de Diplomacia Parlamentaria de la Cámara de Diputados, Ariel Sotelo.
El objetivo central es fortalecer la agenda de cooperación bilateral en materia educativa, económica, parlamentaria, cultural, medioambiental, científica, espacial, de defensa y antártica.
La Cámara de Diputados realizó este jueves la reunión constitutiva del grupo parlamentario de amistar (GPA) con la República Italiana, con el objetivo central es fortalecer la agenda de cooperación bilateral en materia educativa, económica, parlamentaria, cultural, medioambiental, científica, espacial, de defensa y antártica.
La diputada nacional del Frente de Todos, Silvana Ginocchio, fue elegida por sus pares como presidenta del GPA, y agradeció “la confianza de sus colegas”, al tiempo que destacó “la importancia de la conformación del grupo dado el profundo vínculo histórico que une a la Argentina con Italia”. Además, el diputado Fernando Iglesias (Pro) fue designado como vicepresidente.
A continuación, los integrantes del GPA recibieron al embajador de la República Italiana en Argentina, Fabrizio Lucentini, para comenzar a delinear una hoja de ruta para el año 2023. El vínculo parlamentario entre ambos países, tal como sucede con otros ámbitos de la relación bilateral, está marcado por los lazos de amistad; la unión de los pueblos producto de la inmigración, y la identidad cultural compartida.
“Argentina es el país con mayor número de italianos fuera de Italia, llegando a casi 1 millón de personas”, informaron y, sobre esa base, se comprometieron en trabajar para que el grupo se consolide como “una herramienta más para afianzar la cooperación bilateral y los vínculos recíprocos”.
En materia económica, se propusieron promover acciones conjuntas para alentar una mayor cantidad de negocios entre firmas de ambos países. En la actualidad existe una gran cantidad de empresas italianas presentes en la Argentina, y viceversa, que resaltan por su larga trayectoria en el país, la gran cantidad de empleo calificado que demandan y sus perspectivas de incrementar inversiones.
En este sentido, identificaron oportunidades en sectores como minería, industria, energía e infraestructura tanto para grandes firmas como para la concreción de negocios conjuntos entre pequeñas y medianas empresas de ambas nacionalidades.
Además, integran el GPA con la República Italiana, los diputados Ana Aubone (FdT), Daniel Brue (FdT), Pamela Calletti (FdT), Guillermo Carnaghi (FdT), Mónica Litza (FdT), Dante López Rodríguez (FdT), Roberto Mirabella (FdT), Juan Marino (FdT), Nilda Moyano (FdT), Sergio Palazzo (FdT), Juan Manuel Pedrini (FdT), Leandro Santoro (FdT), Graciela Navarro (FdT), Adriana Ruarte (Pro), Pablo Tonelli (Pro), Aníbal Tortoriello (Pro), Graciela Ocaña (Pro), Diego Santilli (Pro), Laura Rodríguez Machado (Pro), Rubén Manzi (Coalición Cívica), Lidia Ascarate (UCR), Marcos Carasso (UCR), Mario Negri (UCR), Jorge Rizzotti (UCR), Danya Tavela (Evolución Radical), Natalia De la Sota (Córdoba Federal) y Florencia Randazzo (Identidad Bonaerense). Participó también de la reunión constitutiva el director General de Diplomacia Parlamentaria de la Cámara de Diputados, Ariel Sotelo.
La iniciativa fue aprobada el pasado 9 de noviembre con 225 votos a favor y 1 en contra. La diputada oficialista autora del proyecto sostuvo que “busca limitar la vida de quien no se hace responsable de sus hijos/as”.
La diputada nacional Jimena López (FdT) ponderó la media sanción que la Cámara baja le dio al proyecto de su autoría que crea un registro nacional de deudores alimentarios y expresó: “Será un gran paso”, al tiempo que explicó: “Busca limitar la vida de quien no se hace responsable de sus hijos/as”.
La Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción a la creación de un registro nacional de deudores alimentarios con 225 votos afirmativos y 1 negativo que establece que “quien figure en esta base de datos no accederá a la apertura de cuentas bancarias, otorgamiento o renovación de tarjetas de crédito o débito; inscripciones en el registro de propiedad de inmuebles y de automotor, otorgamiento de pasaporte y de licencia de conducir, Concesiones o adjudicaciones de licitaciones a nivel nacional o de jurisdicciones locales, habilitaciones de comercios, alta laboral en cualquier empleo del sector público, entre otros”.
Para la autora del proyecto: “La cobrabilidad de las cuotas alimentarias dependen de la justicia ordinaria y queda en discrecionalidad de los jueces y juezas que tardan más de 1 año para que las infancias no tengan vulnerado el derecho. Hay que cambiar el hecho de que miles de mujeres que reclaman la cuota alimentaria son también quienes deben demostrar la calidad de vida que lleva el deudor”.
“Lo que hay que traer al recinto es la inversión de la carga, tener un Estado presente en relación con las deudas alimentarias. Chile viene siendo pionero en el tema y creó la pensión alimentaria y la sancionó con la posibilidad incluso de retener los aportes jubilatorios como forma de adelanto de esa deuda alimentaria”, comparó la oficialista.
En ese sentido, remarcó que “el incumplimiento de la obligación alimentaria vulnera los derechos de las niñeces. Hay un nivel de violencia económica que se da sobre las mujeres, pero todos los proyectos que hablan sobre cuota alimentaria tienen una mirada adulto centrista y nadie habla de las consecuencias en el desarrollo de las niñeces cuando hay una ausencia de la responsabilidad parental. No pagar la cuota alimentaria es una ausencia de responsabilidad parental”.
“No podemos validar que haya varones que deciden no ejercer la responsabilidad parental. Es un delito que puede ser fraudulento –si se esconden ingresos- o doloso. Y no tiene que ver con lo mucho o poco que gane el señor. Porque hay gente que ganando muy poco igualmente paga la cuota. Tiene que ver con asumir que nuestros hijos no se alimentan del aire”, agregó.
Además, señaló que “es un hecho, por cómo funciona hoy la justicia según los miles de sentencias que dicta sobre cuota alimentaria, y entiende que la mujer tiene que sí o sí cumplir con el derecho alimentario de los hijos e hijas, mientras que el hombre puede evitarlo durante años y no tiene ningún tipo de consecuencias”.
“Creo que este Registro si bien no va a resolver la cuestión central que es la cobrabilidad de la cuota. Es un gran paso, porque busca limitar un poco la vida de quien no se hace responsable de sus hijos/as”, fundamentó la diputada.
La Comisión de Intereses Marítimos de la Cámara baja se reunirá el miércoles 16 a las 10.30 con el fin de sacar despacho al proyecto que busca crear un Sistema Unificado de Trazabilidad de la Pesca y de la acuicultura.
La Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios de Diputados, a cargo de la diputada Mariana Zuvic (CC-ARI), se reunirá el miércoles 16 las 10.30 en la Sala 2 del segundo piso del Edificio Anexo “A” con el fin de emitir dictamen consensuado para la creación del Sistema Argentino de Trazabilidad de la Pesca y la Acuicultura.
Tal como lo había anticipado Zuvic en la reunión pasada, emitirán dictamen luego de haber recibido a representantes del sector privado, público, asociaciones civiles y gremios. Los dos proyectos debatidos corresponden, uno al diputado oficialista Carlos Selva, y el otro a la radical Ximena García.
Ambos proyectos, que serán unificados, tienen por objeto crear el Sistema Unificado de Trazabilidad de la Pesca y la acuicultura (SUTRAP) que se destinan tanto al mercado interno como externo, con el fin de garantizar un adecuado control de cumplimiento de las normas de procedencia, salubridad, seguridad, competencia y sostenibilidad del recurso pesquero, mediante una Guía Única Electrónica de Tránsito (GUET).
La norma será de aplicación en todo el territorio nacional, alcanzando las operaciones de captura, traslado, transporte, industrialización y comercialización de productos y subproductos de la pesca, sea marítima o continental, y de la acuicultura.
Definen a la trazabilidad a la serie de procedimientos aplicados en todas las etapas de producción, transformación, distribución y comercialización de un producto destinado a la producción de alimento y/o una sustancia destinada a ser incorporada en alimentos.
Además, establecen que toda persona física o jurídica que intervenga en las diferentes actividades de producción primaria, comercialización, empaque, acondicionamiento, distribución mayorista, elaboración de alimentos con el producto primario, importación y exportación de todo espécimen (vivo o muerto), producto o subproducto proveniente de la pesca y acuicultura, deberá registrarse ante la Autoridad de Aplicación y operar acorde a los requerimientos del Sistema Federal de Información de Pesca y Acuicultura (SiFIPA) cuya información estará en el Parte de Pesca Electrónico, en el Certificado de Captura Legal (CCL) y la obrante en el Documento de Tránsito Electrónico.
En suma, plantean que los operadores están obligados a garantizar a la trazabilidad de cada lote en los productos de la pesca. “Cada lote trazable contará con un soporte o dispositivo con capacidad de almacenar la información que la autoridad de aplicación determine. La información deberá asimismo encontrarse legible para permitir la carga manual en el Sistema Argentino de Trazabilidad”, agrega.
“Los medios de identificación serán definidos reglamentariamente debiendo ajustarse a normas y especificaciones de reconocimiento internacional. Con anterioridad a la implementación del Sistema Argentino de Trazabilidad la autoridad de aplicación pondrá a disposición de los operadores un manual técnico del sistema, uno del usuario y una guía de identificación con la participación activa del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria -SENASA-, la cual se actualizará conforme las necesidades que determine el organismo”, explican.
Por otro lado, señalan que dentro de los tres (3) años de publicación de la ley, el Sistema Argentino de Trazabilidad deberá encontrarse plenamente implementado, por lo que el Poder Ejecutivo establecerá por tres períodos consecutivos en el presupuesto nacional una partida específica que garantice la implementación de los procesos, sistemas y tecnologías que requiera su funcionamiento.
“El Poder Ejecutivo Nacional, a través de la banca pública, establecerá una o varias líneas de crédito a tasas subsidiadas para el apoyo financiero de los operadores alcanzados por la presente ley, a efectos de la implementación de los sistemas requeridos”, señala.
También establecen que la autoridad de aplicación publicará un informe anual sobre los avances del proceso de implementación y la aplicación de los fondos presupuestarios asignados.
En una reunión plenaria de comisiones JxC se impuso con el dictamen de mayoría que recogió 57 firmas, mientras que el de minoría del FdT obtuvo 46. Aún no se sabe cuándo sesionará la Cámara para darle la media sanción.
Mientras organizaciones ambientalistas -entre ellas la Multisectorial de Humedales- se congregaban en las afueras del Congreso, puertas adentro un plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano; Agricultura y Ganadería; y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados se reunió este jueves para cerrar el tratamiento de la ley de humedales, cuyo resultado fueron dos dictámenes, el de mayoría de JxC que cosechó 57 firmas, y el de minoría del FdT con 46 firmas.
Las firmas al dictamen de mayoría (57 firmas) fueron de Ricardo Buryaile, Lidia Ascárate, Miguel Bazze, Martin Berhongaray, Gabriela Brouwer De Koning, Carrizo Soledad, Soher El Sukaria, Maximiliano Ferraro, Germana Figueroa Casas, Rogelio Frigerio, Gustavo Hein, Juan Manuel López, Martín Maquieyra, Dolores Martínez, Victoria Morales Gorleri, Graciela Ocaña, Paula Oliveto Lago, Marilú Quiroz, Dina Rezinovsky, Víctor Romero, Diego Santilli, Humberto Schiavoni, Danya Tavela, Pablo Torello, Ignacio García Aresca y Carlos Gutiérrez. En disidencia firmaron Pedro Galimberti, Jorge Rizzotti y Jorge Vara.
Por el dictamen de minoría (47 firmas) acompañaron Leonardo Grosso, Carlos Heller, Juan Carlos Alderete, Héctor Bárbaro, Lisandro Bormioli, María Brítez, Guillermo Carnaghi, Marcelo Casaretto, Marcos Cleri, Pedro Dantas, Enrique Estévez, Federico Fagioli, Eduardo Fernández, Rogelio Iparraguirre, Máximo Kirchner, Florencia Lampreabe, Susana Landriscini, Germán Martínez, María Martínez, Blanca Osuna, Sergio Palazzo, Hernán Pérez Araujo, Eber Plaza, Carlos Ponce, Leandro Santoro, Carlos Selva, Natalia Souto, Eduardo Toniolli, Lucio Yapor y Natalia Zaracho.
Al respecto, firmaron en disidencia parcial Diego Sartori y Enrique Estévez, mientas que en disidencia total lo hicieron María Luisa Chomiak (Chaco), Juan Manuel Pedrini y Jorge Romero (Corrientes).
A raíz de las recurrentes quemas en el Delta del Paraná el tema de la protección de los humedales volvió a instalarse con fuerza en la agenda pública y, el 15 de septiembre pasado, el pleno aprobó en sesión emplazar a las comisiones para avanzar con el debate de los diferentes proyectos. De las 10 iniciativas que estaban sobre la mesa, este jueves llegaron dos textos para ser dictaminados.
Por un lado, el proyecto que encabeza Leonardo Grosso, presidente de la Comisión de Recursos Naturales, cuenta con el respaldo de las organizaciones ambientalistas y es similar al que obtuvo dictamen el año pasado -solo en esa comisión- pero finalmente no avanzó. Hay quienes dudan que el oficialismo se imponga con las firmas, dado que hay diputados que responden a gobernadores de provincias que no están de acuerdo con la ley, como aquellas que tienen actividad minera.
En tanto, producto de un consenso entre los proyectos de Maximiliano Ferraro y Ximena García; Jorge Vara; y Gabriela Lena, Juntos por el Cambio puso sobre la mesa un texto unificado.
En un discurso más político que técnico, la camporista Florencia Lampreabe pidió “dar un mensaje claro a la sociedad” sobre un tema que “si hay algo que no le faltó fue debate”. En ese sentido, recordó que “esta discusión tiene más de 10 años”, durante los que hubo dos medias sanciones del Senado y multiplicidad de reuniones.
Al contar que estuvo presente en la reunión de la Comisión de Minería que se realizó este miércoles, la diputada señaló cómo los representantes de la Cámara de Empresarios Mineros “mienten” y “hacen decir a la ley lo que la ley no dice”. Así, explicó que al ser consultados por los artículos a los que se oponían de una ley de humedales, “contestaban con vaguedades” porque “no pueden sostener dónde dice la ley que es antiproductiva”. “Simplemente vienen a oponerse”, fustigó.
La bonaerense resaltó la “importancia de los humedales, estos ecosistemas que son reguladores hídricos, que son amortiguadores del cambio climático, y los servicios que prestan a quienes viven cerca”. “La ley de humedales es una herramienta de planificación estatal, una herramienta que amplía las capacidades del Estado para intervenir en nuestro vasto territorio”, defendió.
Y continuó: “Es una base de regulación, de criterios y de principios para darles también herramientas a las provincias. No prohíbe la producción, lo que da es un piso de criterios para poder proteger los humedales y planificar esa política productiva”.
“¿Quién puede decir hoy que, en este contexto de crisis, de crisis climática, energética, alimentaria, que la protección de nuestros recursos -mal llamados- naturales, de estos ecosistemas, no es estratégico para nuestra Patria?”, se preguntó y lamentó que “cueste tanto avanzar con esta ley”.
Finalmente, Lampreabe sostuvo: “Confiamos en que las instituciones de la democracia puedan más que los lobbies a los que no les importa ver el mundo prendido fuego con tal de sacar alguna tajada”. “Piensen en qué mundo le estamos dejando a nuestros hijos e hijas, qué mundo le estamos dejando a nuestros nietos y las generaciones futuras. Piensen para qué van a servir los dólares en un gran desierto”, cerró.
Luego fue el turno del diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, quien aclaró que quería “desterrar algunos supuestos, mentiras o mitos” que se “pretenden instalar sobre el interbloque al que pertenezco” respecto de una oposición a que la ley salga. Entonces habló del dictamen unificado al que llegaron dentro de su bancada y que “es el reflejo de un compromiso que también nosotros tenemos con respecto a la defensa del medioambiente, la agenda contra el cambio climático compatible con la producción y el desarrollo sostenible”.
“Pretendimos buscar un equilibrio lógico y razonable”, apuntó y afirmó que ese dictamen “fija los lineamientos para encauzar las tensiones sociales, económicas y ambientales” que hay en torno a la cuestión. “Es mentira que no queremos una ley de humedales”, insistió.
Después de manifestar que los humedales son “una de las principales fuentes de agua de nuestro planeta”, el porteño alertó que “a nivel global se han perdido más del 35% de los humedales desde los años ‘70” y, por eso, “necesitamos desarrollar planes efectivos de protección”.
Sobre la iniciativa, Ferraro reveló que se trabajó “muy seriamente en lo que es la definición” y se establecieron “parámetros uniformes para que luego cada jurisdicción en pleno de sus facultades constitucionales pueda realizar su propio ordenamiento de los humedales”.
Tener una ley “nos va a dar una mejor seguridad jurídica”, aseguró y agregó que “implica tener una trazabilidad de nuestro entramado productivo permitiéndonos acreditar procesos productivos razonables, sustentables y evitar futuras barreras arancelarias”.
Además, detalló que se prevé hacer los inventarios “en un plazo de tres años contados a partir de la sanción de la ley, en cuatro escalas espaciales”. “El inventario se pueda realizar por etapas y áreas geográficas”, sumó.
Autor de uno de los proyectos que se tomó para el dictamen unificado dentro de JxC, y con una posición particular sobre el tema, el radical Jorge Vara respondió a la pregunta de “por qué algunos gobernadores están tan preocupados”. “Están preocupados por el desarrollo de sus territorios”, señaló y, con imágenes y gráficos, intentó explicar las diferencias de cómo “el cambio climático impacta en países desarrollados y subdesarrollados”.
“No hay un negacionismo del calentamiento global”, aclaró para advertir que “la agenda que no estamos atendiendo” es la de la generación de emisiones antrópicas, que lideran las grandes potencias. “No tenemos que salir a pagar pasivos ambientales que no generamos nosotros. Hay organizaciones del hemisferio norte que inducen a nuestras mismas organizaciones a una agenda en la cual no nos estamos dando cuenta a dónde nos está llevando”, enfatizó.
En referencia a su provincia, Corrientes, Vara subrayó: “Nacimos en los humedales, nos desarrollamos en los humedales, nos criamos en los humedales y respetamos los humedales, y producimos dentro de los humedales”. Pero indicó que al colocar “un alto nivel de conservación no se está hablando de presupuestos mínimos sino de presupuestos máximos” y, de esa manera, “queda mucho más restringido el desarrollo de proyectos productivos”.
Así, explicó que su provincia, si saliera un proyecto en esas condiciones -como propone el oficialismo-, se vería afectada en un 60%. Y sumando las restricciones por la Ley de Bosques, “el 90% de la provincia queda comprometida. Nos paralizan”. “A mí no me corren los lobbies, ni nosotros le hacemos caso a ningún lobby. En la provincia de Corrientes lo que se cuida es a los productores”, remarcó el legislador.
A su turno, la diputada del Frente de Izquierda Romina Del Plá manifestó que hay una “gran inquietud” de que haya una ley de humedales que es “seguida por las zonas que son tremendamente afectadas por el impacto de depredación de toda la política que se lleva adelante de dejar hacer y arrasar con el ambiente”.
Del Pla se quejó de no conocer ninguno de los dos dictámenes puestos a consideración y sostuvo: “Estamos tan a ciegas como el que nos esta escuchando de afuera sin saber qué modificaciones se han introducido”. En ese sentido, aclaró que las organizaciones ambientales son grupos de vecinos que solo reclaman por su derecho a respirar y agregó que “son millones afectados por la depredación ambiental”.
En esa línea, la diputada denunció que “acá el único lobby que hay es el de las grandes empresas que están condicionando los textos. Hay intereses comunes en ambos bloques porque e condicionamiento de los gobernadores y diputados que tienen relación con estas empresas, es muy llamativo”.
“Acá se esta firmando algo que desconocemos el carácter general de su alcance al igual que sus afectados. No se esta respetando la opinión de todos aquellos que se movilizaron y voy a reclamar para que el proyecto que finalmente se vote tenga los principios y aspectos claves para que realmente sea una ley que proteja”, cerró.
En el uso de la palabra, el oficialista Eduardo Toniolli (Santa Fe) criticó que han instalado en torno al dictamen del FdT que “sería un proyecto anti productivista”, y aclaró que “es una mentira, no hay una ninguna contradicción entre producción y cuidado del ambiente. No hay un proyecto consensuado que sea prohibicionista, en todo caso es regulacioncita porque establece estándares de organización de todas las actividades”.
“Los humedales promueven la preservación de todos los servicios ecosistémicos que prestan los humedales a la sociedad como provisión de agua, amortización de inundaciones, provisión de hábitat, fuente y sustento de biodiversidad, estabilización climática, regulación de plagas y enfermedades, recreación, salud, bienestar humano, educación ambiental, turismo y provisión de alimentos, de medicina, y combustibles”, detalló el santafesino.
Por otro lado, remarcó que hay “muchas” leyes de cuidado del ambiente que “no” se cumplen y ejemplificó con lo que ocurre en las islas del Delta del Paraná: “Hay una falta alarmante de control efectivo de territorio por parte de los distintos niveles del Estado, nadie lo penaliza y eso va a seguir pasando”, y defendió el dictamen de minoría: “Esta propuesta ofrece las herramientas necesarias para el Estado inventario, ordenamiento territorial, monitoreo, Fondo nacional de inventarios. Este dictamen recoge el espíritu del dictamen consensuado de 2020 es el que mejor pone en marcha estos mecanismos para el control efectivo del territorio”.
En el mismo sentido que su compañera de espacio del FIT, Nicolás Del Caño cuestionó que “no” conocen los dictámenes que se van a firmar y tampoco las modificaciones. Además, denunció que “el lobby de la megaminería y agronegocio está primando en las dos coaliciones mayoritarias. Se quiere quitar el contenido principal de los textos”.
En el uso de la palabra, la diputada Graciela Camaño (Identidad Bonaerense) remarcó que “es uno de los temas más importantes que vamos a tratar en este año parlamentario en el que nos pusimos de acuerdo”, y celebró ambos dictámenes producidos por las fuerzas mayoritarias.
“Que ironía que tiene el destino porque estamos hablando de las famosas tierras pobres o tierras bajas de hace unos miles de años. Eran las tierras donde la humanidad no estaba. Recién hace unos 300 años la humanidad empezó a valorar esas tierras para dedicarlas al cultivo”, narró.
A su vez, ponderó el discurso de Vara porque “cuando habla de este tema trae mucho material científico que esta dando vueltas el mundo”. “Nosotros estamos tratando este tema casi en paralelo con lo que es la Cumbre de las Autoridades de todos los Estados que integramos las Naciones Unidas sobre el cambio climático, de eso hablaba el diputado y nosotros no tenemos la culpa, pero vivimos en un planeta y resulta que este desastre que hicimos como humanos de acelerar de esta manera el deterioro ambiental tiene consecuencias en todos lados”, advirtió Camaño.
En ese sentido, comparó que hay otros países “que han desarrollado tecnologías generaron crecimiento social en sus comunidades protegieron sus ambientes y se dedicaron a producir. Ellos tienen bienestar, pero los países como los americanos tenemos el desastre ambiental. Con el fenómeno de la ‘niña’ se están perdiendo 2.500 millones de dólares en el país sin contar de vidas humanas que se lleva el cambio climático. La realidad nos indica que llevamos una pérdida de diversidad de especies que es similar a la que aconteció hace alrededor de 65 millones de años con la extinción de los dinosaurios y lo estamos haciendo en tiempo récord”.
“El problema ambiental del planeta es más o menos de la década del 47, desde esa época venimos viendo que la aceleración del deterioro ambiental nos lleva a que tengamos que discutir estas cosas y que sean las más importantes que van a hablar de la supervivencia en la tierra o, por lo menos, de la especie humana”, alertó Camaño y, sobre el tema en cuestión, aclaró: “Cuando hablamos de humedales no es poner una tranquera e impedir, es en serio dar las reglas mínimas y básicas que nos permite la Constitución”.
La diputada bonaerense remarcó que el artículo 41 de la Norma tiene “sabiduría”, y explicó que “esta no es una discusión ni de jurisdicción ni de dominio, porque de lo que estamos hablando es de nuestros bienes naturales, la biodiversidad no tiene territorialidad. Nuestro territorio es hermoso, pese a tener un 72% de color marrón por la desertificación. No tenemos tecnología para pelearla. Se trata de cuidar lo que tenemos todos”.
Por córdoba se expresó el oficialista Eduardo Fernández quien precisó que el objetivo de la ley es “identificar, conservar, proteger, restaurar ecológica y usar racionalmente los humedales”. “Hay otras leyes, pero las organizaciones, productores, afectados, nos manifestaron la necesidad de este tema por la importancia y por la crisis ambiental que adquiere la conservación de los humedales”, expresó.
Fernández informó que en su provincia se encuentra uno de los 23 humedales reconocidos en Argentina que son Bañados de Río Dulce y Laguna Mar Chiquita que son 996.000 hectáreas y “una de las riquezas que tiene por su vinculación con la producción es el turismo. Es un centro para la preservación y concentración de aves acuáticas, pero hoy el turismo busca zonas donde haya diversidad que la destrucción y el medio ambiente han dejado ya su huella”.
“Hay una necesidad de tener presupuestos mínimos que exige la ley de humedales”, remarcó el cordobés y comentó que en el centro de Argentina se encuentran los Bañados del Saladillo “un complejo de humedales de gran importancia por no cuidarlos, por canalizar, porque algunos productores sin conocimientos realizaron canales, hoy están trayendo serias consecuencias a la producción”.
El titular del bloque Socialista, Enrique Estévez (Santa Fe), destacó el proceso de trabajo que se llevó a cabo en las comisiones y dentro del su propio espacio, al tiempo que consideró que “tenemos que empezar a trabajar algunos consensos que nos permitan dar vuelta la página. No creo que tengamos que seguir insistiendo en esta idea de la defensa de lo productivo como algo contradictorio con el cuidado del ambiente. Tenemos que repensarlo porque no va a haber plata, a nivel global, que alcance para mitigar o hacernos cargos de las consecuencias de las catástrofes ambientales”.
“Es muy difícil cambiar la matriz productiva y humana en la que estamos formados. No podemos hacernos los distraídos con algunos temas como las sequías, las inundaciones”, analizó Estévez y reflexionó: “Nosotros no podemos echarles la culpa a los pequeños productores, nosotros tenemos otra responsabilidad que es avanzar en este tipo de debates”, y lamentó que “la lógica política de la grieta no nos permitió poder unificar los dictámenes de ambos bloques que son muy similares”.
En el mismo sentido, el jefe del bloque oficialista, Germán Martínez (Santa Fe), reivindicó que, pese a las distintas miradas sobre el tema, se llegó al plenario con la posibilidad de dictaminar emitiendo dictámenes que hablan a las claras de la necesidad de poder avanzar en un piso de protección determinado para los humedales a lo largo y ancho del país”.
“Los dictámenes solo van a reflejar que algunos tienen más porotos que otros, pero van a marcar claramente la vocación, no unánime, pero si ampliamente mayoritaria de que tengamos una ley de humedales”, destacó el santafesino y agregó: “Estamos dando un paso muy importante. El debate no termina hoy, faltan cosas aún y todo es bienvenido”.
Y resumió: “Tenemos que asumir que este debate se da cuando la Argentina está atravesada por un profundo debate del modelo de desarrollo que impera. Se habló mucho del contexto de cambio climático, también de la gestión operativa del lugar, pero estamos en presencia de un pensamiento mágico que, por el hecho de tener alimentos, minerales, hidrocarburos, tenemos éxito. Creo que estamos profundamente equivocados, tenemos una enorme posibilidad de desarrollo y de trabajo para la gente”.
Al cierre del encuentro, el titular de la Comisión de Agricultura y Ganadería, el radical Ricardo Buryaile, agradeció el acompañamiento al dictamen de mayoría y analizó: “Estos plenarios tienen que servir de experiencia de que las cosas se pueden hacer mejor, que se puede escuchar, que nadie tiene la verdad absoluta, tener empatía con el otro y tratar de conciliar”.
“Esto no se terminó acá porque el proyecto tiene tres patas y si falta una no funciona. Creo en el equilibrio del triple impacto de un proyecto: social, económico y ambiental, sin esas tres patas no funciona. Hoy faltan provincias, lo digo como parte de una provincia que no está. Quizás debemos escuchar qué falta para sintetizar una ley que nos incluya a todos y no excluye”, reclamó el formoseño.
El vicepresidente de la Comisión de Ambiente, el pampeano Martín Berhongaray (Evolución Radical), celebró el arribo a los dictámenes y felicitó a sus pares por el compromiso en un tema que “no es fácil, que se sabe poco”. “Va a quedar por delante cómo hacemos para acercar las posiciones”, aseguró y reclamó que no se escucharon a los gobernadores porque “la norma debe contemplar la mirada de distintos gobernadores porque había diferencias. Hubiese sido conveniente escucharlos”.
Por último, Grosso manifestó que “cuando este tema comenzó a ser debatido había un contexto ecológico distinto al de hoy y esto es un problema enorme que tenemos que abordar y es de gobernanza y tenemos que asumirlo”.
“Logramos por primera vez sortear las presiones para que el tema no se trate en Diputados”, celebró el oficialista y precisó que ambos dictámenes tienen “cosas muy parecidas” y remarcó: “Tenemos una gran oportunidad, es decir estamos a tiempo de cumplir este año con el compromiso con el pueblo que nos reclama de darle media sanción a la Ley de humedales este año en Diputados. Tenemos un amplio acuerdo para sancionarla, solo tenemos que resolver los diferencias, el articulado, el finito como le decimos. Eso tenemos que hacer, nada termina acá”.
Cristian Ritondo solicitó al oficialismo retirar del temario un proyecto sobre asociaciones deportivas porque “necesita modificaciones”, pero el pedido fue rechazado por el FdT y el Pro se retiró. El resto del interbloque de JxC se quedó hasta el final de la sesión.
La sesión en la Cámara de Diputados de este miércoles se había desarrollado con total armonía y consenso en el que se habían aprobado cinco proyectos, pero el clima de caldeó a las 23, cuando el titular del bloque Pro, Cristian Ritondo, pidió la palabra para solicitar al oficialismo un cuarto intermedio para retirar un proyecto que el mismo había pedido incorporar al temario, mas luego de examinarlo, consideró que “necesita modificaciones”. De la vereda de enfrente rechazaron el pedido y, tras la votación del pedido de cuarto intermedio que resultó negativa, los diputados del Pro se levantaron de sus bancas y se retiraron, lo que provocó un pico de tensión en el recinto.
Cuando Cecilia Moreau, titular de la Cámara, se disponía a leer el siguiente expediente a debatir sobre asociaciones deportivas y paridad y violencia de género, Ritondo solicitó hacer uso de la palabra: “Presidenta, ahora vamos a tratar o intentar tratar dos temas que yo había solicitado al presidente de su bloque para que fuera incluida en el día de hoy. La verdad que después de examinar los dos temas necesitan de modificaciones y no estamos de acuerdo. Yo hoy lo adelanté en Labor Parlamentaria, que podía pedir el retiro porque no firmé la sesión de acuerdo”, por lo que solicitó pasar a un cuarto intermedio para revisar y ver si esos temas se podían tratar la próxima semana.
Desde la vereda de enfrente le respondió al jefe del bloque FdT, Germán Martínez: “Mire presidenta, efectivamente hoy hizo el planteo el diputado Ritondo. Nosotros consideramos que, como se dio el debate en comisión, nos parece que tranquilamente podemos avanzar en el temario”.
El santafesino remarcó que “son temas que, si bien sabemos que en las últimas horas hubo algunos planteos alrededor de esto, nosotros tranquilamente podemos seguir avanzando y en función de eso tratar de terminar una muy buena sesión que construyendo en el día de hoy2, y pidió cumplimentar con lo acordado para continuar la sesión.
Acto seguido, el jefe del bloque radical, el cordobés Mario Negri, expresó: “Sin ánimo de abrir una polémica sobre esto, no se trata de ninguna disputa política ni nada. El presidente Ritondo fue agradecido de que incorporaron los temas en el pedido de la sesión especial. Puede suceder con cualquier bloque que haya algún inconveniente con un proyecto que es propio del diputado del bloque, pero además de eso como vamos con una sesión que se han aprobado cosas muy sustanciales e importantes”.
En esa línea y a modo de advertencia, Negri les recordó que “el otro tema que sigue es un tema de Convención Internacional que va a buscar la jerarquía constitucional y son los únicos proyectos que exigen una mayoría agravada que siempre es difícil de lograr porque esta hablando de 2/3 de los miembros del Cuerpo, más de 170 votos afirmativos que nadie tiene certeza de que estén y que quizás haya gente que no este de acuerdo, pero sería una pena que eso si no logran números desaparezca. Yo apelo al bloque del Frente de Todos que, si el otro tema van a después no tratarlo, salvo que quieran someterlo igual a un debate y pasar a un cuarto intermedio significa no voltear los temas”.
“No quiero que terminemos mal, por supuesto tienen derecho a hacer lo que quieran, pero la cortesía también es un tema de fondo”, remarcó el radical.
Quien le retrucó fue la secretaria parlamentaria del FdT, Paula Penacca: “Entendemos los planteos de los diputados preopinantes, pero nos sucede que efectivamente llegamos hasta acá con estos expedientes incorporados en el temario que han sido expedientes que salieron de las comisiones por unanimidad y no tiene presentación de disidencias u observaciones”.
Y reiteró que “estos dos expedientes que se tratan a continuación tienen un trabajo previo, entonces podemos no estar de acuerdo y no votar lo mismo, pero si consignamos un temario, avanzamos con incorporar expedientes que llegaron hasta el recinto que salieron por unanimidad, que no tienen observaciones, no hay motivo para levantar la sesión por eso”.
Tomó las riendas nuevamente de la sesión Cecilia Moreau, quien aclaró que el sentido era votar ambos proyectos por separado, pero Ritondo insistió y disparó contra la bancada de enfrente: “La falta de caballerosidad por parte del oficialismo resalta como son. Yo pedí un cuarto intermedio, pido que se vote de forma nominal”.
Sin quedarse callado, Martínez le respondió: “Antes de las sesiones, a la hora de conformar los temarios tenemos instancias de diálogo con los distintos bloques para poder garantizar lo que hoy logramos de tener una sesión ordenada con quórum, para sacar temas importantes. Nosotros siempre respetamos los acuerdos políticos en este sentido, a veces, como dijimos, hay un camino previo en cada expediente y pedimos que podamos seguir avanzando, vamos a insistir en continuar con la sesión”.
A la hora de la votación de la moción solicitada por Ritondo, la misma resultó negativa, con 107 votos, 102 afirmativos. En ese instante los miembros del bloque Pro comenzaron a retirarse del recinto. “¿Dónde van, eu? preguntó en tono cansada Moreau y aclaró: “Votamos el cuarto intermedio…”.
Inmediatamente, en el uso de la palabra, el titular del interbloque Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez, lanzó: “Con todo respeto a los bloques, a los compañeros, colegas. Acá se ha propuesto una votación nominal y el conjunto del Cuerpo siempre se somete al resultado de la votación de la decisión conjunta del Cuerpo. Por supuesto que cada uno puede hacer lo que considere que tiene que hacer, simplemente acá hay una actitud reñida con las reglas del funcionamiento del Cuerpo, no puede ser que quien, en conjunto hemos decidido un procedimiento, porque pierden el partido se van con la pelota debajo del brazo. Eso no puede ser, la preocupación es que aquí”, momento en el que, tras los gritos del diputado Fernando Iglesias, Rodríguez chicaneó: “Si Iglesias quiere la palabra lo escucho”, y preguntó: “¿Hay algo más importante que esté detrás de esta decisión y no lo sabemos?”.
También expresó su enojo el jefe del interbloque Provincias Unidas, Luis Di Giacomo: “Nuestro interbloque votó a favor del cuarto intermedio porque entendíamos que era una obcecación no darlo para poder discutir, pero también entendemos que las reglas de juego democráticas tiene que dejar de lado estos infantilismos o en su defecto estas raras actuaciones para que verdaderamente honremos lo que hacemos en la banca donde las cosas se deben debatir”, y disparó: “No quiere creer que alguno ya está yendo a un canal de televisión amigo a poder decir lo quiere quiere en vez de poner la cara y discutirlo acá en las bancas”.
En el uso de la palabra, el diputado del Pro Iglesias le salió al cruce al ‘Topo’: “Los diputados pueden quedarse o retirarse porque forma parte de nuestras atribuciones, es parte del reglamento”. “Yo relato lo que veo, ustedes se fueron porque perdieron”, le retrucó de la vereda de enfrente el bonaerense.
Finalmente, por pedido de Moreau, el Cuerpo fue a un cuarto intermedio de 5 minutos, pero no se llegó a un acuerdo. El bloque Pro ratificó su retirada -mientras que el resto del interbloque de JxC se quedó hasta el final- y la sesión continuó su curso debatiendo los proyectos restantes que quedaban en el temario. Sin embargo, la iniciativa que proponía otorgar jerarquía Constitucional la Convención Belém Do Pará no fue tratada, debido a que se requieren las 2/3 partes para aprobarla.
El proyecto consensuado en la Cámara de Diputados fue votado por 227. Delega en la Agencia Nacional de Discapacidad los lineamientos para su implementación.
Tras un largo reclamo de organizaciones de personas con discapacidad, la Cámara baja aprobó en la sesión de este miércoles un proyecto consensuado que flexibiliza la renovación del Certificado Único de Discapacidad (CUD), uno de los trámites definidos como de los más engorrosos, sobre todo para quienes lo necesitan de manera permanente.
De acuerdo a la iniciativa, votada por 227 votos afirmativos, el CUD “establecido en la Ley 22.431, o la que en un futuro la reemplace, sus modificatorias y complementarias, se expedirá con o sin fecha de vencimiento”.
La Agencia Nacional de Discapacidad será la encargada de la actualización del CUD conforme la concepción dinámica de la discapacidad dispuesta por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Dicha actualización deberá implementar la flexibilización de los requisitos para su otorgamiento, establece el proyecto.
A su vez, la ANDIS tendrá que “definir las condiciones y lineamientos” para la implementación de la norma, “incluyendo el fortalecimiento de las juntas evaluadoras de las personas con discapacidad”, y teniendo en cuenta recomendaciones que realice el Consejo Federal de Discapacidad.
Un aspecto a destacar es que se indica que “la persona beneficiaria podrá solicitar la actualización del CUD en cualquier momento de acuerdo”.
El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la ley a los 90 días desde su promulgación, al tiempo que se invita a las provincias y la Ciudad de Buenos Aires a adecuar su legislación.
El debate
Como miembro informante abrió el debate el titular del interbloque Provincias Unidas y titular de la Comisión de Discapacidad, Luis Di Giacomo (Juntos Somos Rio Negro) explicó que el proyecto viene a modificar la Ley 22.431 específicamente en lo que hace al CUD, puntualmente en una de sus frases que establece que “se expedirá con o sin fecha de vencimiento”, ya que de esta manera “se quita la carga de tramitar el certificado en aquellos casos permanentes e irreversibles en los cuales, muchas veces pasa que la fecha de vencimiento o la falta de otorgamiento en tiempo y forma por distintas circunstancias como la pandemia, hace que se hayan vencido e hizo que hayan tenido dificultades quienes querían recibir determinadas prestaciones y no podían”.
“En estas consideraciones es que estamos haciendo en el artículo 2 se establece que la Agencia es la encargada de la actualización, y acá aparece un término que nos parece importante, que tiene que ver con la concepción dinámica de la discapacidad que la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad ha permitido como algo superador a un simple concepto de diagnóstico biológico, médico, físico para pasar a considerar todas las dinámicas del individuo desde el punto de vista de su funcionamiento social, de su capacidad de relación, de su capacidad de afrontar o no las actividades de las vidas diarios donde el diagnóstico es solamente un elemento más”, explayó al respecto.
Además, Di Giacomo sostuvo que dicha actualización fue remarcada y, la misma, debe contar con “la flexibilización de los requisitos para el otorgamiento”, algo que fue reclamado por las organizaciones porque “son una lista larga de requisitos que había que solicitar, certificados médicos, estudios de laboratorio, de imágenes, que en muchos casos eran repetitivos que ya habían sido diagnosticadas en toras ocasiones”.
“Es importante señalar que el CUD se le otorga, y esto es importante aclararlo porque hemos visto en los medios algunas confusiones con lo que significa la incapacidad laboral que nada tiene que ver con la discapacidad, son dos conceptos completamente diferentes con consecuencias diferentes para los individuos. En el caso de la discapacidad, se supone que la persona tiene una alteración funcional, que puede ser transitoria o permanente, que es física o no, que puede ser prolongada, y que implica desventajas considerables”, explicó el rionegrino.
En ese sentido, precisó que el Certificado Único de Discapacidad “es el que le permite acceder a la atención, a los recursos tanto al área de salud como otros, un tratamiento integral sin importar su condición económica, social o cultural. Con coberturas que son del 100% y que implican acceso a la salud, a la asistencia social, a la educación, a la seguridad social y a la accesibilidad en los medios físicos con los que deben confrontar tanto en la vía pública como edificios”.
“El CUD es un instrumento público, personal e intransferible como el documento de identidad, y su validez es para todo el territorio nacional”, precisó Di Giacomo y sumó que “también provee la posibilidad del acceso gratuito al transporte público nacional tanto para el beneficiario como para el acompañante. También le permite, en caso de que tenga su propia movilidad, acceder al libre tránsito y estacionamiento, así como situaciones particulares de asignaciones”.
Por último, remarcó que es una modificación “necesaria” a la Ley de Discapacidad porque “ya tiene sus años”, y precisó que es una Ley que “hay que modificarla”.
A su turno, la cordobesa Leonor Martínez Villada (CC-ARI) señaló que como legisladores “debemos cambiar los parámetros de acuerdo a las necesidades de la realidad en positivo de todas aquellas circunstancias que perjudiquen a las personas. Esto es acercamiento de derechos”.
“El proyecto del CUD justamente lo que hace es destrabar, remover obstáculos para el acceso de derecho para las personas con discapacidad. Nosotros creemos que el Certificado de discapacidad en todas aquellas personas que se acredite, de acuerdo a la junta de evaluación, que sea permanente e irreversible su discapacidad, este certificado no lo debe renovar periódicamente”, pidió Martínez Villada y precisó que es la Agencia de Discapacidad la que determinará el proceso y el tiempo.
Sin embargo, aclaró que “hay que tener en cuenta que fuera de estas personas que tienen la discapacidad irreversible o permanente, existen otra cantidad de personas con discapacidades temporales que pueden mejorar con el transcurso del tiempo. Esas personas van a tener que hacer el certificado”, y exigió que “se debe promover las juntas interdisciplinarias en todo el territorio nacional, que se aceleren todas estas dificultades engorrosas que tienen las personas para acceder a este certificado”.
“El 50% de las personas que tiene discapacidad tienen el certificado. Algo sucede que está en la traba y en la dificultad que no pueden tenerlo y esto abre las puertas a una serie de derechos y beneficios a las personas como ayudas económicas, subsidios, coberturas para las prácticas, insumos, sillas de ruedas que por los problemas de importación no están entrando, etc.”, denunció la cordobesa.
En el mismo sentido se pronunció el oficialista Eduardo Valdés quien describió que el CUD “otorga la posibilidad de acceder a la salud, a los tratamientos, a los remedios, a la educación, al transporte. A la socialización de la persona con discapacidad”, y reflexionó: “En el 2018 el INDEC estableció que el 10% de la población eran personas con discapacidad, 4.800.000 personas, solo de esas solo 1.488.000 tienen certificado único. Quiere decir que de la población que el censo marca como persona con discapacidad hay 3.311.000 personas que no tiene el CUD”.
“¿No lo tienen porque no lo necesitan? ¿Por qué no lo quieren? o ¿Por qué no estamos funcionando como Estado en donde se necesita? Un tercio de la Argentina están afectadas por no tener un CUD. La sociedad no puede descartar a las personas, es como una cultura del descarte que las personas no puedan acceder a este certificado, que no lo puedan renovar”, reclamó Valdés.
En su intervención, la diputada porteña Victoria Morales Gorleri (Pro) celebró estar dando la discusión sin grietas y destacó haber escuchado a muchas organizaciones y familias que “atraviesan situaciones muy complejas”.
“Argentina tiene aún tremendas deudas con las personas con discapacidad”, reclamó y sumó: “Esta Nación adhirió a la Convención de Personas con Discapacidad en donde nos planteamos como Nación un cambio de paradigma respecto a la mirada a las personas con discapacidad y sus familias. En donde entendemos a las personas con discapacidad como sujeto de derechos y esa es la mirada que nuestra Nación debe dar, pero mucho de nuestro marco normativo sigue con el viejo paradigma”.
El oficialista Daniel Arroyo afirmó que “El estado tiene una deuda con muchos argentinos, pero por sobre todo con las personas con discapacidad en muchos aspectos”, por lo que consideró que la ley “es un avance, aún hay mucho para hacer y que el consenso qué logramos lo logramos con el resto de las políticas que el Estado sigue debiéndoles a las familias y personas con discapacidad”.
A su turno, la diputada Natalia De La Sota (Córdoba Federal) remarcó que “las familias necesitaban flexibilizar o facilitar el trámite del certificado. Es difícil la renovación del mismo, es engorroso porque revictimiza y se convierte en un obstáculo. No puede transformarse en una barrera más y por eso tenemos que avanzar porque es sumamente necesaria la mano del Estado”.
Por su parte, la cordobesa Soher El Sukaria (Pro) abogó para que “sigamos trabajando por las personas con discapacidad, por más derechos y este bloque seguirá trabajando con los padres, educadores y el personal de salud para tengan una mejor calidad de vida”.
Por el bloque Evolución Radical, se expresó Martín Tetaz: “Todos vamos a ser discapacitados tarde o temprano, en muchos de los casos por simples limitaciones de la edad y la sociedad necesita empezar a ser realmente inclusiva con todos. El Estado no puede sumar una serie de trámites burocráticos que lo ponen con mayores dificultades. Estamos dando un paso muy importante de sacar parte de esa mochila pesada deshaciendo un trámite inútil”.
El diputado de Izquierda, Nicolás Del Caño sostuvo que el proyecto es “para que puedan acceder todas las personas que no lo tienen y desburocratizar los trámites, se necesitan más recursos, y es lógica la preocupación en el marco del ajuste que se está llevando adelante”.
En su alocución, el formoseño Ricardo Buryaile (UCR) manifestó que “hoy lo que nos está rigiendo en materia de personas con discapacidad es una ley de la dictadura, la 22.431, ha pasado bastante tiempo y es responsabilidad de esta Cámara cambiar esta situación”.
El titular de la Comisión de Defensa del Consumidor informó que el debate seguirá en conjunto con la Comisión de Legislación General. Además, convocarán a las áreas del Estado encargadas de la regulación y control de las empresas.
La Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia, presidida por el diputado Víctor Romero (UCR), se reunió este martes para comenzar a analizar una serie de proyectos tendientes a proteger a los suscriptores de planes de autoahorro.
Para continuar con el debate parlamentario del tema, el titular de la Comisión propuso trabajarlo junto a la Comisión de Legislación General y convocar a la Inspección General de Justicia (IGJ) y la Secretaría de Comercio, áreas del Estado encargadas de la regulación y control de las empresas.
Al comienzo del encuentro, la diputada Graciela Ocaña (Pro) defendió un proyecto de su autoría que declara la emergencia económica y financiera sobre los planes de ahorro previo para la adquisición de automotores, por el termino de 12 meses.
Ocaña precisó que el proyecto tiene su origen en el año 2020, frente al contexto de la pandemia, pero que la situación actual “nos llevó a presentar el proyecto luego de escuchar a quienes tenían planes de ahorro”.
“Decidimos representar el proyecto porque entendemos la crisis económica y la situación que atraviesan muchas personas que adhirieron a un plan automotor y se les hace imposible pagar las cuotas”, argumentó y agregó: “Se necesita trabajar en una ley que defienda al consumidor y le dé transparencia”.
Según se explicó en la reunión, el contexto de inflación genera que las cuotas de los planes de autoahorro se disparen y, como consecuencia, la posibilidad de cumplir con los pagos para acceder a un automóvil resulta imposible para las familias.
A su turno, el oficialista Juan Manuel Pedrini también expuso sobre un proyecto de ley de su autoría, que declara la emergencia crediticia para planes de ahorro aplicable a los contratos de compraventa de vehículos automotores, quien denunció que “el consumidor está indefenso frente al abuso de los planes de autoahorro”.
En el mismo sentido, el diputado Marcos Carasso (UCR) introdujo su proyecto que propone un régimen de ordenamiento de las operaciones de consumo de vehículos bajo sistemas de auto ahorro.
Carasso advirtió que las empresas “inducen al autoplan porque la financiación es el secreto de estos planes” y que “hay gente desesperada” porque no pueden pagar las cuotas. “El sueño del auto se convierte en una pesadilla”, resumió.
Invitado por el diputado Carasso, expuso también el abogado Alexis Aymar, quien retrató los casos que se registran en la provincia de Córdoba y la situación de los ahorristas afectados, cuyas cuotas han duplicado la inflación del último año.
Fue en el seno de una reunión de la Comisión de Intereses Marítimos de Diputados a la que asistieron representantes del SENASA y funcionarios de la Subsecretaría de Pesca y acuicultura de la Nación. El próximo 17 de noviembre se reunirán para sacar dictamen.
En una segunda reunión informativa, la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios de Diputados, a cargo de la diputada Mariana Zuvic (CC-ARI), recibió este martes en la Sala 2 a expertos del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentarias –SENASA– y funcionarios de la Subsecretaria de Pesca y acuicultura de la Nación, para debatir sobre los “Sistemas de Trazabilidad de la Pesca y acuicultura”.
Zuvic recordó que en la anterior reunión de Comisión “tuvimos la participación del sector privado, de la asociación civil y de gremios para seguir robusteciendo el debate y la participación de todos que venimos llevando adelante”. Además, adelantó que el próximo encuentro será el 17 de noviembre en el que emitirán dictamen.
Abrió el debate Julián Suárez, director nacional de Fiscalización Pesquera, quien agradeció la invitación al Ejecutivo para poder informar sobre el devenir de la actual gestión al frente de la Subsecretaría de Pesca. Respecto al tema de la trazabilidad, comentó que “comenzamos la gestión institucionalizando y homologando los sistemas de información que utiliza la administración tanto para la gestión interna como para la relación con los administrados del sector”.
Además, informó que pusieron en funcionamiento parte del sistema electrónico de pesca y explicó que “es la declaración jurada de las capturas que hacen los buques en las distintas jurisdicciones para robustecer el conocimiento específico de cada una de las especies”, y sumó: “Luego comenzamos a trabajar con cada una de las autoridades provinciales de nuestro litoral marítimo para suscribir convenios de mantenimiento, mediante los cuales, hemos logrado por primera vez en la historia del país, consolidar un sistema de información federal para la pesca y acuicultura”.
A su vez, detalló que el sistema de información federal consiste en consolidar todas las partes de pesca, todas las flotas que realizan capturas tanto en jurisdicciones provinciales como nacional. “Esto ha sido un gran avance porque nunca se había hecho tamaño entendimiento entre las autoridades nacionales y de las 5 provincias con litoral marítimo”, ponderó Suárez.
“El 30 de junio hemos convertido al país en ser el único y primero en certificar la captura legal de forma digital”, destacó el funcionario y agregó: “El 93 al 97% de las capturas que se producen en todas las jurisdicciones se exportan, una cantidad promedio de desembarque de 800 mil toneladas. La actividad pesquera en el país es de talante netamente exportador”.
En suma, resumió que “la certificación de la captura legal se encuentra bajo la órbita de la Subsecretaría y, para que se pueda realizar la operatoria de exportación, se debe contar con eso. Es así que, teniendo una base federal de datos, y un certificado legal digital avanzamos sustancialmente en la materialización de la trazabilidad en materia pesquera en el país”.
En otro tramo de su exposición, Suárez contó que se llevaron a cabo distintos talleres de capacitación con todos los actores del sector pesquero sobre el módulo de transacciones nacionales que propone “conocer desde la captura, el procesamiento, el almacenamiento y comercialización ene le mercado interno e internacional la trazabilidad del producto y subproducto para la pesca”.
Y ponderó: “Esto es una gran herramienta que empezará a funcionar de forma obligatoria el 25 de diciembre con el Registro de la Pesca creado por la Ley Federal de Pesca que pone en cabeza la facultad de legislar, de normar sistemas de trazabilidad”.
“Es una herramienta que va a permitir a las administraciones a tomar medidas, políticas públicas de desarrollo mucho más fehaciente, cercanas, en torno al devenir de la industria pesquera en el país. Lo entendemos como algo prioritario tener un sistema de trazabilidad porque lo necesita el sector”, finalizó Suárez.
En una breve interrupción, la vicepresidenta de la Comisión, la oficialista Marcela Passo, se mostró satisfecha de “haber podido arribar a esta instancia de poder debatir el tema y a la posibilidad de que los funcionarios vengan a contar lo que están haciendo sino también, cómo podemos trabajar en conjunto para convertir en ley este trabajo que va en consonancia con la búsqueda de la transparencia y la trazabilidad en un sector productivo tan importante para el país”.
A su turno, Alejandro Fernández (SENASA) manifestó que en los últimos 3 años coordinaron acciones y actividades en conjunto con la Subsecretaría de Pesca. Sobre el tema de la trazabilidad comentó: “Hemos venido siguiendo el trabajo de la dirección nacional y hemos participado de las distintas actividades para poder implementar a futuro y de manera coordinada los equipos informáticos para poder complementar con el resto de la información del sistema que la Subsecretaria a desarrollado, de modo tal, de poder hacer el seguimiento de los diferentes lores de capturas y acuicultura y seguir el proceso a lo largo de toda la cadena”.
“El SENASA tiene la posibilidad de poder contar con los datos de elaboración porque tiene su propio sistema de certificación y de permisos de tránsito. Son datos fundamentales para poder aportar al sistema y esto es lo que va a llevar nuestro personal de informática en este sistema de unificación”, explicó.
Además, Fernández reconoció que “aún hay cosas por hacer”, pero consideró que “este es un gran paso lo que va a permitir identificar los distintos lotes, cómo se mueven en la cadena hasta que se realice la exportación, eso es la trazabilidad”. En ese sentido, remarcó que la trazabilidad es una herramienta “básica y fundamental” para el seguimiento y control de la inocuidad y de calidad de los productos pesqueros.
En el uso de la palabra, el diputado Carlos Selva (FdT) explicó que “lo único que pretende el proyecto es generar una ley marco para darle un número a una definición de trabajo que se viene haciendo en las distintas áreas. Es una política de Estado y evitamos la burocratización unificando los sistemas para que el sector acuícola pase a ser estratégico para la Argentina”.
El radical Fabio Quetglas se sumó a las palabras del diputado preopinante porque “es el valor del acuerdo en base al trabajo. Se llega a un dictamen único en base al trabajo. Eso merece ser destacado”. También destacó que el aparato administrativo esté produciendo un conjunto de iniciativas día a día.
“Es muy importante por el valor económico que tiene para los mercados este sector, y establece un criterio de sostenibilidad política. La pesca se debe transformar en la punta de lanza porque Argentina tiene que ir adelante en todo su sistema de trazabilidad, no es un capricho, es una demanda post pandemia”, expresó el radical.
La División Explosivos de la Policía Federal acudió al lugar luego de un llamado al 911 por una mochila sospechosa hallada en el comedor del entrepiso que, tras constatar que no había peligro, la actividad se retomó con normalidad.
En medio de una jornada cargada de reuniones de comisiones, empleados y legisladores de la Cámara de Diputados fueron evacuados este lunes al mediodía luego de que se hallara una mochila sospechosa en un comedor ubicado en el entrepiso del edificio Anexo.
Personal de la División Explosivos de la Policía Federal (PFA) concurrió al lugar pasadas las 13 tras una denuncia al 911 y, al evacuar a todos los empleados del anexo, encontraron el presunto paquete sospechoso que era una mochila olvidada.
Antes de que el dueño de la mochila regresara por ella y en medio del operativo, fuentes policiales habían informado: “Están verificando, pero parece que alguien se olvidó una mochila en el comedor”. Luego de que los efectivos a cargo del operativo revisaron la mochila y, tras verificar que no había nada peligroso, se autorizó el reingreso de todos los empleados del lugar.
El edificio del Anexo de la Cámara de Diputados está ubicado sobre la avenida Callao y Combate de los Pozos, frente al edificio del Congreso Nacional.
Fue durante una breve reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara baja, en la que el presidente de la misma adelantó que en el próximo encuentro asistirá el canciller Santiago Cafiero.
La Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, a cargo del diputado nacional Eduardo Valdés (FdT), se reunió este martes para dar dictamen, entre varias iniciativas, al proyecto que aprueba la Convención Multilateral para aplicar las medidas relacionadas con los tratados fiscales para prevenir la erosión de las bases imponibles y el traslado de beneficios enviado por el Poder Ejecutivo.
En una breve reunión, también se aprobaron proyectos que tienen media sanción del Senado como el Acuerdo de Cooperación Técnica y Científico – Tecnológica con el Gobierno del Estado de Kuwait, celebrado en Buenos Aires en 2010; el acuerdo de cooperación en áreas de cultura y educación entre los gobiernos de la República Argentina y el gobierno de la República de Serbia, suscripto el 26 de noviembre de 2014; y la iniciativa por la cual se declara lugar histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, sus complementarias y modificatorias, al predio o fracción de terreno donde se emplaza la gruta en que fuera encontrada la imagen de la Santísima Virgen del Valle, propiedad del Obispado de Catamarca.
Previo a la aprobación unánime del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, el oficialista Marcelo Casareto Entre Ríos) explicó: “La Convención Multilateral es para aplicar las medidas relacionadas con los tratados fiscales y buscar que las empresas y las personas tributen en las jurisdicciones que corresponden evitando así la doble imposición”.
Además, agregó que “esta iniciativa busca asegurar que las contribuciones se realicen donde se hace la explotación de actividades y así, mejorar los mecanismos de controversias entre las naciones”.
El titular de la comisión anunció el dictamen favorable y confirmó que la reunión prevista para el próximo 22 de noviembre contará con la presencia del canciller Santiago Cafiero.
A su turno, la diputada nacional Mónica Fein (Partido Socialista) se refirió al proyecto para aprobar el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el Personal de Enfermería adoptado por la 63º Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo y expresó: “Nos permite un año de trabajo para ir articulando los desafíos que plantean y diez años para evaluar si volver a ratificarla o no. Sería un avance, una respuesta integral al rol de enfermería”.
En tal sentido, el secretario de la comisión Julio Cobos (UCR) sostuvo que “los convenios deben ser propuestos por el Poder Ejecutivo”, y agregó: “Lo comparto, pero no quisiera que haya un precedente que pase por el Poder Legislativo antes que por el Ejecutivo”.
De la vereda de enfrente, la entrerriana Blanca Osuna le respondió al radical: “En las jornadas y foros que hicimos fue prácticamente unánime. El Estado argentino tiene respaldo en la OIT”. Por otro lado, el diputado formoseño Ricardo Buryaile (UCR) afirmó que debería pasar por la Comisión de Legislación del Trabajo. Sin embargo, Valdés manifestó que el proyecto obtuvo el dictamen por mayoría y pasa a la firma de los expedientes.
Por otro lado, se trató un proyecto para declarar monumento histórico nacional al solar de Sarmiento ubicado en la ciudad de Asunción en la República del Paraguay, y fue el legislador Hernán Lombardi (Pro) quien expresó que “daba su apoyo a la iniciativa” y explicó que “el terreno donde está ubicado fue la casa de Sarmiento”.
“Creemos que es una reivindicación a Domingo Sarmiento con su mirada al futuro mediante la Educación y una enrome distribución de valores para toda la Argentina”, señalo Lombardi, quien a su vez respondió de antemano las objeciones de las diputadas Margarita Stolbizer (Encuentro Federal) y Marcela Campagnoli (Coalición Cívica).
Por pedido del diputado Alberto Asseff (Pro), los legisladores trataron el proyecto para expresar repudio por el anuncio del Reino Unido de Gran Bretaña, de otorgar el rango de ciudad a Puerto Argentino, capital de las Islas Malvinas de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, el cual acordaron tratarlo en Labor Parlamentaria, previo a la sesión especial en el recinto de este miércoles.
Los demás proyectos que pasaron a la firma por mayoría fueron: la iniciativa que aprueba el Acuerdo de Cooperación en el Sector de la Defensa entre el Gobierno de la República Italiana y el Gobierno de la República Argentina; el Proyecto de Ley por el cual se aprueba el Acuerdo sobre Reconocimiento de Títulos de Grado de Educación Superior en el Mercosur; la declaración de interés en la Cámara baja al evento Semana Santa en Alem; y la realización del festival de Iglesias Evangélicas Palau Buenos Aires a fines de noviembre del 2022.
La jornada se llevará a cabo este martes desde las 14 en el Salón Delia Parodi. De la misma participarán expositores calificados en Inteligencia Artificial (IA) de Argentina y del mundo.
La Dirección General de Innovación, Planificación y Nuevas Tecnologías de la Cámara de Diputados de la Nación junto a la diputada nacional Carolina Moisés (Frente de Todos-Jujuy) llevarán a cabo este martes una jornada de “Inteligencia artificial en el ámbito parlamentario” para reflexionar sobre el impacto de los avances tecnológicos en la labor diaria y qué es necesario legislar sobre esta materia.
El encuentro, que incluye a expositores calificados en Inteligencia Artificial (IA) de Argentina y del mundo, se desarrollará desde las 14 horas, en el Salón Delia Parodi, en el primer piso del Palacio de la HCDN. También puede seguirse en forma virtual.
“Impulsamos este debate porque la política está perdiendo la partida de la revolución tecnológica y en medio de todas las prioridades en las que debemos enfocarnos no debemos descuidar que esos avances llegaron para quedarse”, indicó Moisés.
En ese sentido, instó a “gestionar rumbo a un Parlamento 3.0 que abrirá oportunidades para un mayor ejercicio democrático en la construcción de nuestras leyes y normativas con las facilidades que nos ofrece la inteligencia artificial”.
A cargo de las palabras de bienvenida estarán el secretario general de la Cámara baja, Juan Manuel Cheppi; Sebastián Lorenzo, de la Fundación Sociedades Digitales y la diputada Moisés.
En el rol de moderadoras de los paneles participarán la diputada nacional Dolores Martínez (Evolución Radical), en el Panel I, ¿“Cómo impactará la Inteligencia Artificial en la labor legislativa?”, y la diputada nacional Mónica Litza (Frente de Todos-Buenos Aires), en el Panel II, bajo el lema: “Los desafíos de legislar sobre la Inteligencia Artificial”.
Además, en la jornada expondrán el diputado nacional Julio Pereyra (Frente de Todos-Buenos Aires) y César Ramos, diputado por Cáceres de España. Completan la nómina de especialistas en IA el director general de Innovación de la HCDN, Germán Tarasewiez; la abogada, investigadora y profesora en Derecho y Género, Cecilia Danessi; el investigador del CONICET, Ariel Vercelli y una representante de Brasil, Sara Fernn por Bussola Tech.
Esta iniciativa es parte de los pasos en post de la transformación tecnológica de la HCDN que inició la gestión del actual ministro de Economía, Sergio Massa en su presidencia de la Cámara, con el plan de innovación digital y los objetivos de garantizar la transparencia en los procesos de trabajo, en el acceso a la información pública, enriqueciendo la vida democrática que se expresa en el Congreso Nacional.
La bancada que conduce Germán Martínez cargó contra la Sala I de la Cámara Federal, vinculó a sus integrantes con Macri y Rosatti y cuestionó que la decisión se adoptara luego de las novedades conocidas los últimos días.
El bloque de diputados nacionales del Frente de Todos manifestó “su más absoluto repudio” a la resolución dictada por la Sala I de la Cámara Federal de Comodoro Py, conformada por los jueces Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, a quienes acusaron de “responder directamente a Mauricio Macri y a Horacio Rosatti”, por la cual se dispuso liberar a los integrantes de la agrupación Revolución Federal, detenidos por supuesta “incitación a la violencia e instigación” en el intento de asesinato a la vicepresidenta de la Nación.
A través de un comunicado, los diputados del Frente de Todos advirtieron que “la liberación de Jonathan Morel, Leonardo Sosa, Gastón Guerra y Sabrina Basile ocurre apenas una semana después de revelaciones de posible conocimiento del atentado por parte de sectores de la oposición, y en plena conciencia de que este grupo ultraderechista contó con financiamiento de más de 13 millones de pesos por parte de un fideicomiso de la firma Caputo Hermanos SA, propiedad del ex ministro de Finanzas y presidente del Banco Central de Mauricio Macri, Luis Caputo. En vez de profundizar en las pistas políticas y financieras, los jueces deciden otorgar la libertad considerando que no hay riesgo de fuga o alteración de la causa. Le restan gravedad al asunto, acotan la investigación y aíslan elementos claramente vinculados”.
“Tampoco es casual la absoluta irregularidad con la que se encuentra actualmente conformada la Sala I. Se han cumplido dos años desde que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó un fallo reconociendo la ilegalidad con la que Bruglia y Bertuzzi ocupan sus cargos y casi uno desde que el Consejo de la Magistratura elude el tratamiento de los dictámenes para nombrar sus reemplazos. El mismo Consejo presidido por el Presidente de la Corte, Horacio Rosatti, que se autodesignó en ese cargo reponiendo una ley derogada por nuestro Congreso hace más de una década”, agrega el comunicado del FdT.
La misiva difundida por el bloque oficialista concluye con el reclamo de que el intento de magnicidio registrado el 1° de septiembre pasado “debe ser investigado hasta las últimas consecuencias”. Por ello, “desde el bloque de diputadas y diputados nacionales del Frente de Todos le exigimos al Poder Judicial en su conjunto que haga honor a su nombre y cumpla su papel para esclarecer el hecho más grave sucedido en casi 40 años de democracia en la Argentina”.
La Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios recibió a expertos en la temática vinculada con la licitación de las obras a desarrollarse en la vía navegable que une el río Paraná y el río de la Plata.
Con el objetivo de interiorizarse en las dificultades que los usuarios de la vía navegable troncal experimentan, la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios de la Cámara baja recibió a expertos en la temática vinculada con la licitación de las obras a desarrollarse en la vía que une el río Paraná y el río de la Plata.
La presidenta de la comisión, diputada Mariana Zuvic explicó que este encuentra será el primero de una serie reunión informativa para profundizar el conocimiento sobre temas relevantes referidos a la vía navegable troncal para los próximos 50 años en el país.
Fueron invitados representan a diversos usuarios de la vía navegable troncal, “que constituye la principal vía navegable para el comercio exterior en la Argentina: más del 80% de las exportaciones que salen del país”, señaló,
Los diputados se reunieron específicamente para tratar el proyecto expediente 4723/2022, de autoría de Zuvic, en el que se marca una “preocupación” debido a “la falta de certezas respecto a los avances de la licitación y las personas y funcionarios responsables de esta licitación para la nueva concesión de dragado, balización, control y mantenimiento de la vía navegable troncal”.
El primer expositor fue Alfredo Sesé, secretario técnico de la Comisión de Transporte de la Bolsa de Comercio de Rosario, que presentó un estudio técnico sobre las dificultades que afronta el sector. En este sentido, arribó a la conclusión que la Infraestructural de transporte actual “es obsoleta y desincentiva la inversión y el crecimiento”.
“Durante las últimas dos décadas las exportaciones se han triplicado, pero la infraestructura interna del transporte no acompañó ese crecimiento. Hubo mejoras a lo largo de los años, pero ese progreso fue escaso para la magnitud del intercambio que ofrece el sector”, agregó.
Además, señaló que “fuimos el polo agro-industrial más importante del mundo. Pero hoy ocupamos el segundo puesto. Hoy ocupamos el segundo puesto. Tener políticas públicas sostenibles a mediano y largo plazo nos proporcionará un futuro de mayor certidumbre y crecimiento”.
Por esto, puntualizó cuatro acciones clave para potenciar la infraestructura del transporte: mejorar la vía navegable troncal del tramo argentino de la Hidrovía Paraguay-Paraná; desarrollar el sistema ferroviario de cargas y volverlo más competitivo; mantener y optimizar las rutas nacionales y provinciales para lograr mayor capacidad; y mejorar los accesos viales y ferroviarios a los puertos para agilizar las descargas.
Finalmente, dejó en claro que ellos “no solamente pensamos en la vía navegable troncal, si no que pensamos al transporte como realmente es, todo un sistema”.
A continuación, tomó la palabra el ingeniero Luis Palacios, gerente de innovación y desarrollo tecnológico de Molinos Agro, quien también se refirió al mismo estudio, y se centró más en los aspectos técnicos.
Al respecto, señaló la necesidad de mantener el esquema de secciones actuales, y de mejorar la planificación y la seguridad de la navegación de diversas maneras: ampliando anchos de soleras y zonas de cruces; incorporando las nuevas tecnologías digitales de ayuda a la navegación: a través de nuevos sistemas de planificación, gestión y seguridad de navegación dotados de inteligencia artificial; mejorando las cartas náuticas digitales actualizadas en tiempo real, así como los sensores hidrometeorológicos para relevamientos continuos y actualizados.
Por otro lado, se refirió a la importancia de trabajar en la sustentabilidad ambiental, principalmente sobre dos puntos: el monitoreo ambiental en tiempo real con sensores y boyas inteligentes, y avanzando en el plan de gestión ambiental sustentado en datos actualizados.
El último expositor fue Leonardo Aviad, gerente de la Federación de Empresas Navieras Argentinas, quien brindó la perspectiva de los armadores argentinos, “que básicamente la ambición tiene que ver con que más buques de bandera argentina naveguen en todo el sistema de la vía navegable troncal, y también, tomar el desafío de un mayor tráfico regional e internacional”.
Respecto a la concesión, indicó que la visión de los armadores es desde dos puntos de vista: “En primer lugar, el peaje es relevante porque implican parte de los costos de viaje que se utilizan para computar el flete marítimo. En este sentido, los costos logísticos redundan en la competitiva del país. Es decir, es la capacidad de la inserción o no de todas las exportaciones en el mundo”.
Y el segundo aspecto, es respecto al dragado insuficiente: “Esta deficiencia implica que instantáneamente se eleva el costo del flete por cada tonelada exportada, y de este modo las exportaciones argentinas carecen de competitividad. Pasa lo mismo en el tráfico de cabotaje y redonda en mayor costo en el mercado interno”.
“Para nosotros, como representantes de las empresas asociadas a las cámaras, la preocupación es que a la mayor brevedad posible se brinde previsibilidad, se establezca y se comience a ejecutar este plan de mediano a largo plazo para establecer todas las mejoras en el mantenimiento del dragado y balizamiento de toda la vía navegable troncal”, agregó.
Finalmente, sobre el sistema de peaje señaló que “hemos tenido un especial interés para que haya un beneficio exclusivo para los buques de bandera argentina. Sin duda esto promueve el crecimiento de la flota, esto que hoy está padeciendo el país, de la falta de divisas. También es una oportunidad, el crecimiento del pabellón argentino como oportunidad para empezar a generar nuestros propios fletes y exportar estos servicios de fletes que hoy importamos”.
Del encuentro participaron, además, el capitán Sergio Borrelli, presidente de la Cámara de Actividades de Practicaje y Pilotaje; y Silvia Martínez, presidenta de la Cámara de la Industria Naval Argentina.
Se dio en el marco de una reunión de la Comisión de Economías Regionales de la Cámara baja a la que estuvo de invitado expositor Jorge Neme del Ministerio de Economía.
La Comisión de Economía y Desarrollo Regional de la Cámara de Diputados, a cargo del oficialista Ramiro Fernández Patri, tuvo este martes una reunión informativa junto a varios productores agropecuarios e industriales de todo el país y funcionarios del Ministerio de Economía para brindar datos sobre la actividad.
El primer expositor fue el secretario de Planificación de Desarrollo y Competitividad Federal del Ministerio de Economía, Jorge Neme, quien manifestó que la producción de limón, yerba, vino y lana “representan al 15% del desarrollo económico del país”, y agregó que “conectan el trabajo de miles de argentinos con el mundo”.
Además, sostuvo que “las economías regionales necesitan inversiones: asistencia técnica; caminos; conectividad; y sistemas de riego porque eso mejora a las condiciones de productividad”. En tal sentido, anunció que, junto al exministro Felipe Solá están preparando un plan para agregar canales de riego en 17 provincias.
Por otro lado, explicó que “es un tema central para la Argentina fortalecer las economías regionales, un sector que contribuye a la ocupación del territorio en temas productivos, a la agregación de valor, a la generación de empleo, a la mejora de la calidad de las políticas públicas y a la proyección de la Argentina al exterior”, e informó: “Este año las exportaciones de las economías regionales va a alcanzar el orden de los 13 mil millones de dólares que es el 15% del conjunto de las exportaciones argentinas pero la diferencia es que, a través, de esas economías regionales, hay miles de argentinos que se conectan con el mundo”.
“En Río Negro hay dos proyectos para crear un sector productor con 56.000 hectáreas y otro con 36.000. Eso va a cambiar la economía social de la Patagonia. Los estudios probaron que en ese suelo se puede producir y eso, cambiará la geografía de las tierras. Está estipulado generar 18 toneladas de maíz y 8 de trigo por año”, señaló Neme y cerró: “Nos proponemos a ser muy agresivos en términos de invertir y acordar con los gobiernos provinciales, planes y proyectos que contribuyan a un rápido proceso de inversión en la base de las economías regionales”.
La subsecretaria de Planificación y Proyectos Prioritarios, Luciana Storti, presentó el Indicador Sintético de las Economías Regionales que se informa cada tres meses con datos precisos. “Las variaciones interanuales de crecimiento fueron: Cuyo 8,1 interanual; NOA y Centro 7,6; la Patagonia 7,5; y el NEA un 7,5”, expuso.
Asimismo, agregó que el desarrollo de las cinco regiones responde al segundo trimestre del 2022. Así también consideró que “venían en bajas durante 2020 y 2021 por la pandemia y por el Aislamiento, Social, Preventivo y Obligatorio”.
“Todas las regiones están superando los niveles previos de actividad y desarrollo con relación al 2019”, argumentó Storti y agregó: “El empleo registrado, la distribución de gas y energía, más la venta de combustibles registraron un crecimiento de 4 puntos, con Cuyo y el NOA superando a la región Centro”.
Así también, la subsecretaria amplió que “la región Centro recuperó actividad prepandemia, pero no logró superar los valores del 2019”. Asimismo, explicó que “fue la que más cayó durante el avance del coronavirus y es la que más se recupera en indicadores, pero sin superar a las demás regiones”.
“El NEA es la segunda de mayor crecimiento respecto a 2019, ya que tuvo un retroceso menor a otras regiones durante 2020 y 2021 y superó en 10,3 por ciento, respecto al 2019. Además, tiene tasas de crecimiento relativamente alta debido a su desarrollo exportador”, indicó y sumó: “El NOA es la región que más creció respecto a 2019 porque retrocedió menos en 2020 y comenzó su recuperación ese mismo año”, y la Patagonia “es intermedia respecto a las subas”.
En representación de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Cooperativa Limitada (CONINAGRO) estuvo su asesora económica, Silvina Campos Carles, quien a través de una presentación virtual señaló el análisis de 19 economías regionales con el método “semáforo”.
En el inicio de su presentación, explicó que “varios productos han mostrado caídas”, y alertó: “Este año han dado en rojo productos como la miel, el maní, y las hortalizas; y solo en verde la industria forestal y avícola”. “Hay actividades que han cambiado de tendencias en los últimos años, antes estaban en verde y ahora, en rojo. Ha sido de los peores años en términos de semáforo”, expresó.
En el cierre de su exposición, remarcó que “la mayoría de las distribuciones han tenido falencias post pandemia”, pero destacó que se han generado 1.314.475 puestos de trabajo nuevos directos e indirectos.
Una de las exposiciones más polémicas fue la de Benjamín Enzini (presidente de Agrogenética Riojana), acerca de “los beneficios del Cannabis como industria regional”, quien consideró: “El mundo está mucho más preparado para utilizar esta planta milenaria. El cannabis fue usado durante 5.000 años y fuimos la primera generación con en prohibirlo”.
Tras una reseña histórica sobre el uso del Cannabis a lo largo de la medicina, Enzini sostuvo que “tanto el Cannabis, como el Cáñamo son materias primas que deben ser explotadas para generar desarrollo regional en La Rioja”, y pidió que “el Estado acompañe su moción”.
“Hay que deconstruir la palabra Cannabis y pensarlo como desarrollo y trabajo. Repensar al cannabis desde otro lugar y como incorporar a un producto con oportunidad de desarrollo. La Ley 27.669 ordena el desarrollo de la industria cannábica”, manifestó.
Además, sostuvo que “para el avance se necesita deconstrucción de legisladores y funcionarios”, y añadió que “hace falta una normativa complementaria con el apoyo de SENASA y ANMAT. Este producto puede generar 500.000 empleos por año en primera instancia”.
El funcionario Neme le respondió: “Estamos construyendo una mesa de trabajo con la idea de trabajar seriamente con el Cannabis por su cadena de valor y desarrollo, y su alto de nivel de consumo en Estados Unidos y Europa”.
El diputado nacional Jorge Vara (UCR – Corrientes) también habló sobre el tema y explicó que “la ley salió y los legisladores están muy involucrados en los estados provinciales con proyectos importantes”, y agregó que “está asegurada la cuestión porque la norma tiene respaldo para avanzar”.
El presidente del Instituto Yerba Mate, Juan José Szychowski, destacó que “financian inversiones, con tasas bajas de interés a 13.066 productores, 15.000 cosecheros y 197 secaderos”. Además, dijo: “Nos distinguimos de la producción de Paraguay y Brasil”.
Szychowski señaló que la diferencia de producto entres países competidores “les da calidad reconocida y diferencia ante el mundo”, y expresó que “llevan adelante políticas de cuidado ambiental en Misiones y Corrientes”.
En tal sentido explicó que producen “282 millones de toneladas para el mercado interno argentino y 35 millones de toneladas para exportar”. A su vez, relativizó “la importancia de no tener que importar por tener cubierto con ‘stock’ para los próximos doce meses”.
“Sabemos que no va a pasar, pero la industria de la Yerba Mate podría darse el lujo de no producir por ocho meses, porque tenemos cubierta la producción para el siguiente año”, señaló. En esa línea, destacó la importancia de las provincias de Misiones y Corrientes “para cubrir el mercado interno y externo”.
Eduardo Francanzani, presidente de la Cámara Argentina del Maní, quien promueve el desarrollo de la industria desde 1975 relató que las exportaciones del 2021 “han alcanzado los 422.000 millones de toneladas”, y remarcó la exigencia que tiene con la Unión Europea: “Desde el viejo continente nos importan el 75 por ciento de lo producido”.
Sin embargo, Francanzani advirtió sobre la necesidad de reducir los aportes tributarios porque explicó que “Brasil, que antes era un comprador exigente, se transformó en un competidor directo por sus políticas tributarias más flexibles”.
En representación a la Cámara de Exportadores de Maíz Pisingallo, estuvo Sergio Casas quien afirmó que “su industria es una de las primeras exportadoras nivel mundial que abastece más de 120 países”. Además, explicó: “Nuestros principales exportadores son cines, parques de diversiones y distribuidores mayoristas. Argentina consume 210.000 millones de toneladas y Estados Unidos 145.000 millones”.
Sin embargo, coincidió con Francanzani respecto a las cargas tributarias y menciono el mismo ejemplo: “Brasil era comprador y ahora es competidor. Argentina es líder mundial, formadora de precios y contribuimos a generar divisas en el país. Además, desplazamos a Estados Unidos como máximo exportador, pero la cuestión tributaria es algo que mancomunadamente debemos trabajar entre públicos y privados para no bajarnos del primer lugar”.
Claudia Peirano de la Asociación Forestal Argentina describió que “en el país hay 280 millones de hectáreas de bosques nativos, de las cuales 55 millones están destinadas a la actividad económica de la madera”, y agregó que “el 95 por ciento de la base de la madera se provee de plantaciones forestales”.
Además, mencionó que, en menor medida, “Argentina produce nano-celulosa para reemplazar a los plásticos en la fabricación de automóviles”. A su vez, explicó: “La madera ha crecido para el aprovechamiento en la construcción de casas, ha tenido un aumento extraordinariamente el uso de pellets y chips y en la creación de recipientes de bebidas gaseosas y textiles en base a celulosa de madera”.
Por la industria arrocera estuvo Federico Gadea, quien afirmó “hay una caída de 15 por ciento y un estancamiento de 15 años”. En esa línea, explicó que “Argentina tiene capacidad para generar 2.000 millones de tonelada, pero solo se llega a 1.700 millones”.
“Necesitamos el apoyo del Estado y las herramientas que puedan generarse como la Ley de Economías Regionales que es beneficiosa. Pero nos ha aparecido un competidor que nos ha superado como es Paraguay por nuestro atraso cambiario que afecta a todas las economías. El arroz tenía 1.200 dólares de costo por hectárea de producción y hoy está en los 2.000”, sentenció.
Por la Sociedad Argentina de Apicultores, se expresó su propio presidente, Lucas Martínez, quien criticó que el sector no tiene ninguna ley que los respalde porque “las trabajan desaparecen, pierden estado parlamentario”, pero destacó que actualmente hay dos proyectos sobre apicultura de las cuales “no fuimos invitados para charlar sobre los proyectos que son temas importantes”.
En su presentación, Martínez destacó que en Argentina hay casi 4 millones de colmenas por lo que “está muy bien posicionado, es uno de los principales productores mundiales”, y remarcó: “Básicamente dependemos de la exportación, pero no es algo bueno porque cuando tenemos problemas cambiarios estamos al horno”.
“La apicultura se concentra en la región centro del país, pero hoy está en gran riesgo porque tiene dos grandes amenazas que son la agroindustria por la forma en que no se conserva la biodiversidad y como se mata al suelo lo que es 100% política eso. Nuestro insumo principal es el ambiente, si no tenemos ambiente no tenemos nada porque la abeja vive ahí y sino no tenemos nada”, advirtió y reclamó: “Se tienen que generar políticas para los pequeños apicultores, porque todas las economías regionales coincidimos en los mismos problemas”.
Mariano Tappata de la Asociación Productores Argentinos Integrados (PAI) contó que el 90% de lo que producen-manzanas y peras- se exporta, en términos de empleo hay 3 mil empleados. “Tenemos 40 años y hemos generado relaciones estables con clientes de Estados Unidos, Canadá, algo que no es fácil de sostener”, destacó y advirtió: “Nosotros pagamos costos en dólares que son cada vez más caros, y si antes estábamos en situación de flotación, ahora está claro que estamos en una coyuntura desesperante”.
En representación de SENASA-Centro Regional Patagonia Norte disertó Ricardo Sánchez quien señaló: “Hay un tema que hay que mencionar cuando hablamos de la fruticultura nacional, y es el bajo consumo per cápita que tenemos como país y la falta de programas que alienten el consumo en la infancia, que es donde se adquiere el hábito”.
A su vez, describió que “la fruticultura produce más de 13 mil toneladas de alimentos, esta actividad la producen más de 10 mil productores, más de 180 mil puestos de trabajos directos. Tiene un fuerte perfil exportados a una gran diversidad de países”. Asimismo, entre las dificultades resaltó: “El pequeño productor por un bajo nivel de asociación quien tiene más dificultades de poder acceder a nuevas tecnologías lo que hace que muchos productores abandonen la actividad. Hemos perdido 12 mil hectáreas de producción un 24%, en los últimos 10 años en un 35%; la gran diferencia que recibe el productor con el consumir”.
En su intervención, Daniel Codutti productor de miel en Chaco expresó: “Hoy estamos con ocho productos en doce provincias, no es fácil entrar en el mercado porque hay mucha competencia desleal y miel que es adulterada, necesitamos acciones concretas y financiamiento para competir en igualdad de condiciones”.
La convocatoria a un plenario de comisiones fue suscripta por el titular de la Comisión de Recursos Naturales, Leonardo Grosso, para el próximo jueves 3 a las 11. ¿Habrá dictamen?
A un mes de que se suspendiera el plenario de comisiones de Diputados que iba a dictaminar sobre el proyecto de la ley de humedales y, ante las reiteradas críticas y pedidos por parte de algunos legisladores para que el debate se reanude, este viernes se dio a conocer que el tratamiento del tema se retomará la próxima semana.
En una nota suscripta por el presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, el oficialista Leonardo Grosso, convocó a la continuación del cuarto intermedio sobre humedales, cuyo tratamiento se inició el día 22 de septiembre de 2022 con las Comisiones de Agricultura y Ganadería y de Presupuesto y Hacienda, que se llevará a cabo el próximo jueves 03 de noviembre a las 11, en el 2º piso, Edificio Anexo “C”.
La duda gira en torno a si se emitirá o no dictamen ese mismo día, ya que el motivo por el que se suspendió el plenario el pasado 29 de septiembre, en un común acuerdo entre los jefes de los principales bloques, fue con la intención de escuchar a los gobiernos provinciales antes de avanzar con el dictamen correspondiente.
En ese sentido, según pudo saber parlamentario.com para este jueves “están convocados representantes de las provincias de Catamarca y La Rioja. Con lo cual restarían muchas para ser escuchadas”, lo que hace pensar que el dictamen volverá a postergarse.
Cabe recordar, que la Comisión de Agricultura y Ganadería, a cargo del radical Ricardo Buryaile, había mantenido una reunión por su cuenta – a fin de no darle un tratamiento exprés al tema- con más de una veintena de expositores de distintas provincias que coincidieron en que “la ley de humedales no va a prevenir, ni va a apagar incendios”.
Por otro lado, este mismo viernes fue el propio ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, quien reclamó al Congreso para que avance con la norma al remarcar que “contar con esta norma permitiría enfrentar la problemática de las quemas intencionales que se hacen en el Delta del Paraná y en otras áreas del país. No es una salida inmediata, pero es de suma importancia tener esta ley y sería propicio que el proyecto ingrese pronto en el recinto para ser tratado”.
“La ley de humedales es fundamental, es una de las principales leyes que nos va a garantizar vivir en un mundo sostenible. Es una norma que nos permitiría darle un marco de protección a los humedales”, destacó.
La Libertad Avanza emitió un comunicado para fundamentar la actitud del diputado que permitió que el FdT aprobara un nuevo impuesto. En el documento sostienen que ellos “solo participan de las votaciones en general”.
El diputado libertario Javier Milei se defendió este miércoles de las duras críticas lanzadas desde Juntos por el Cambio por su ausencia en la votación de artículos clave del Presupuesto 2023 que permitieron un nuevo impuesto que crea una “tasa de seguridad de aviación”, que fue aprobado con el ajustado resultado de 123 votos a favor y 122 en contra, y sostuvo que ellos no forman “parte de las tranzas de la casta”.
A través de su bloque de La Libertad Avanza, emitió un comunicado en el que explica: “Como regla el bloque participa de las votaciones en particular si previamente se aprueba el proyecto en general”. Sobre la ausencia agregaron: “Como en este caso rechazamos la iniciativa, nos retiramos del recinto porque no formamos parte de las tranzas de la casta que se producen ante cada votación artículo por artículo. Ese fue el motivo de nuestra ausencia”.
En el texto, también apuntaron que fue la principal coalición opositora quien “habilitó la discusión” al dar quórum y remarcaron que el Presupuesto fue aprobado gracias al acompañamiento de diputados provinciales y radicales.
“El Frente de Todos contaba con 117 diputados. Para alcanzar el quórum ayudaron, al sentarse en sus bancas, legisladores radicales y de partidos provinciales. De hecho, el legislador 129 fue un diputado radical de Gerardo Morales, Jorge Rizzotti”, criticaron y remarcaron: “Por ende fue Juntos por el Cambio quien habilitó la discusión. Nosotros nos sentamos una vez que se consiguió el quórum”.
También apuntaron contra cuatro diputados de JxC que “a la votación del mencionado artículo Tasa de Seguridad de la Aviación faltaron”. En esa línea, precisó: “Ellos fueron un diputado de Martín Lousteau, uno del gobernador radical de Corrientes, la progresista Margarita Stolbizer y el exministro de Mauricio Macri, Gustavo Santos”.
“Tampoco estuvieron dos del PTS – FIT, entre ellos el excandidato presidencial, Nicolás Del Caño; además de dos del Frente de Todos”, detallaron y agregaron: “Pero lo más grave es que el voto clave fue de un diputado nacional tucumano aliado de Juntos por el Cambio. Es el caso de Domingo Amaya, candidato a vicegobernador en 2015 del radical José Cano y funcionario del gobierno del PRO/Cambiemos en el ministerio del Interior de la Nación”.
Milei no fue el único ausente a la hora de votar el nuevo impuesto, ya que también se habían retirado del recinto su compañera de bloque, Victoria Villarruel, Carolina Píparo (Avanza Libertad), detalle que es mencionado en el comunicado, pero la cuentan entre las propias al mencionar que “los tres diputados liberales” rechazaron el presupuesto.
Los representantes de la Asociación de Magistrados se reunieron con los miembros de la Comisión de Presupuesto de Diputados en rechazo a la propuesta introducida en el Presupuesto 2023 para que todos los integrantes del Poder Judicial paguen el impuesto a las Ganancias.
En vísperas del debate de la Ley de Leyes en el recinto de la Cámara de Diputados en la sesión prevista para este martes, las autoridades de la Comisión de Presupuesto y Hacienda recibieron este lunes por la tarde a los representantes de la Asociación de Magistrados y funcionarios de la Justicia Nacional.
La propuesta hecha por el diputado nacional Marcelo Casaretto el pasado jueves e introducida en el dictamen para que todos los integrantes del Poder Judicial -desde jueces a empleados- paguen el impuesto a las Ganancias, fue el motivo de la reunión que se llevó a cabo en el Salón Delia Parodi de la Cámara baja.
Además, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional también le pidieron audiencia a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que los recibirá este miércoles al mediodía. Seguramente habiéndose concretado ya la aprobación del Presupuesto 2023 en la Cámara baja. Habrá que ver si el polémico artículo vigente.
A lo largo de las presentaciones, los magistrados hicieron hincapié en que “no” están en contra de pagar Ganancias, pero quieren que “se respete la Constitución, la intangibilidad salarial y buscar vías de diálogo”.
El titular de la Comisión, el oficialista Carlos Heller, explicó: “Nos corresponde a nosotros determinar a través de las mayorías necesarias si este punto incluido en el dictamen se saca o se posterga y, en ese escenario, tener en cuenta la referencia que los jueces nos están haciendo de convocar a una mesa de diálogo para encontrar un consenso”.
Sin embargo, dejó en claro: “Nosotros no podemos en ningún caso resignar nuestro rol y las decisiones se toman por mayoría. Vamos a recoger todo lo que se dijo y formará parte, de acá a mañana, de nuestro debate para determinar qué es lo que tenemos voluntad de avanzar en la dirección y que hoy no podríamos avanzar mucho más”.
El debate
Al inicio de la reunión Heller contó que “el pasado viernes a las 19.52” recibió un pedido de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional pidiendo que “reciba a una delegación con carácter de urgente”, y aclaró: “Más urgente que esto no pude”.
“Todas las reuniones de la Comisión de Presupuesto han sido transmitidas. Hemos estado 32 horas recibiendo funcionarios del Poder Ejecutivo, donde los diputados han hecho preguntas. Hemos tenido tres días de debates intensos y todo esto ha sido público, no ha habido ninguna deliberación que haya sido privada”, explayó Heller.
El primero en hacer uso de la palabra fue Marcelo Galle Tagle, presidente de la Asociación e Magistrados, quien agradeció “enormemente” por la “prontitud” de la reunión. “Lo que queremos transmitir hoy acá es una postura, en la cual estamos abroquelados todos los integrantes del Poder Judicial. Hubo manifestaciones de todas las instituciones y asociaciones que conforman la representación de los distintos estamentos. Lo que nosotros hemos advertido acá es la uniformidad en cuanto a la opinión que se ha gestado. Incluso en aquellas representaciones que hacen al ámbito del Poder Judicial”, explicó.
Y siguió: “Hubo una manifestación unánime y uniforme en el mismo sentido. También fuimos recibidos por la Corte Suprema que daban un fuerte apoyo a la independencia del Poder Judicial aspirando a que las gestiones que estábamos realizando obtuvieran el tratamiento más razonable posible para llegar a una solución adecuada”.
“Nos preocupa la inclusión del artículo que alcanza y afecta a los integrantes del Poder Judicial y de los Ministerios Públicos como así también a los empleados tanto en el ámbito nacional, federal como provincia, en cuanto a la inclusión dentro de la Ley de Presupuesto el impuesto a las Ganancias”, manifestó puntualmente Tagle.
En esa línea, expresó que la primera preocupación que les genera es que “desde lo legal no es tolerable o correcto incorporar una ley donde se afecta con un tributo dentro de la Ley de Presupuesto que así lo establece la Ley de Administración que desde 1992 su artículo 20 señala esta prohibición”.
“Somos conscientes de que en algún Presupuesto una de estas cuestiones ha sido tratada o incluida. Lo que nosotros señalamos es que una inadecuada incorporación en una situación anterior no justifica seguir insistiendo en el mismo error”, sostuvo.
“Hay un avasallar constitucional que se refiere a la intangibilidad de los sueldos de los magistrados y de los integrantes del Poder Judicial en tanto en el artículo 110, cuya Norma fue ratificada con la Convención Constituyente de 1994 desde que, existiendo esta Norma ya en la Constitución Nacional, al momento de hacerse las modificaciones correspondientes a nuestra Constitución fue ratificada y convalidada esa misma situación”, remarcó el funcionario judicial.
En suma, resaltó que esa “intangibilidad” alcanza a “todos” los integrantes del Poder Judicial porque “ya hay miembros que están tributando impuestos a las Ganancias”. “Entendemos que esta inclusión en el Presupuesto de esta norma afecta, tanto la intangibilidad de aquellos que hoy por hoy no están alcanzados por el impuesto a las Ganancias, como la intangibilidad de aquellos que hoy, bajo la norma vigente, están si alcanzados por el impuesto a partir de la Regulación establecida desde 2017 hasta el presente”, cuestionó Tagle.
En ese sentido, aclaró que “no hay ningún juez que no esté de acuerdo en tributar el impuesto a las Ganancias”, pero consideró que “hay que trabajarlo y regularlo” de tal manera que no afecte el artículo 110 de la Constitución Nacional. “Esto no es un privilegio. Nosotros no estamos buscando la preservación de algo que no es privilegio, sino que es la intangibilidad establecida en el artículo 110 de la Constitución”, insistió el magistrado.
“Avanzar con esta idea se estaría yendo en contra de lo que el propio Poder Ejecutivo en el año 2017 al establecer el protocolo de cómo fue la modificación para la Tributación de Ganancias de los Magistrados que hoy así lo hacen. Se establecieron las normas y las pautas para seguir avanzando con el impuesto a las Ganancias por lo cual lo que se está proponiendo a través de esta norma también iría en contra de un acuerdo realizado a partir de una acción que inició la Asoc. de Magistrados, que concluyó con esta transacción en la cual el Estado Nacional fue parte y suscribió el acuerdo que hoy se estaría dejando sin efecto”, explayó.
“No estamos diciendo que ‘ningún juez no quiere pagar ganancias’, lo que queremos es que se respete la Constitución, la intangibilidad salarial y buscar vías de diálogo”.
Y sintetizó: “Lo que queremos preservar acá es que estamos frente a una cláusula constitucional que impide que se ve afectada la intangibilidad de los sueldos. Se está afectando una sentencia judicial que estableció cómo van pagando impuestos a las Ganancias los jueces designados a partir de esa fecha”, y agregó: “Estamos conscientes de lo que se aspira con esta propuesta, lo que nosotros entendemos es que no sería la vía adecuada. No estamos diciendo que ‘ningún juez no quiere pagar ganancias’, lo que queremos es que se respete la Constitución, la intangibilidad salarial y buscar vías de diálogo”.
En ese sentido, consideró que fue “excesivamente apresurado” para “sentarnos a conversar”. “Lo ideal sería tener un espacio de trabajo en conjunto en donde podamos consensuar las formas de evaluar esta situación que, avanzando de esta manera tan precipitada sin opciones de diálogo y saltando un obstáculo como es una cláusula constitucional, nos pone en una situación frágil y de mucha inseguridad porque estamos representados todos los espacios del Poder Judicial”. Por último, Tagle se mostró predispuesto a buscar canales de diálogo para “tratar de evitar que se avance con una disposición que contraría la Ley y la Constitución”.
A su turno, Mariano Llorens, vicepresidente Estamento Jueces, manifestó que, con respecto a la tributación del impuesto a las Ganancias del Poder Judicial, “hay mucha confusión” porque “hay gente que cree que estamos en contra del pago de este tributo, y eso no es cierto”. Asimismo, recordó que “esto se viene debatiendo desde la década del 90 y es este mismo Parlamento que nos dio las soluciones esa vez a partir de un acuerdo de los grandes sectores de ese momento”.
“El salario lo componen dos grandes ítems que son el salario y las compensaciones salariales. Nosotros tranquilamente podríamos pedir que en esas compensaciones nos devuelvan la matrícula para trabajar en estudios de abogados. Eso sería un escándalo”, planteó Llorens y sumó: “Nosotros no pedimos otra cosa que ser iguales ante la ley”.
Llorens recordó que esa discusión se dio en el 90’ y en el 2017, por lo que “no queremos volver a esa discusión porque ya está dada. Nosotros lo que decimos es que la intangibilidad del sueldo no pasa solo por pagar impuestos a las Ganancias, sino que es una garantía que tienen los jueces de tranquilidad. Es un impuesto que los jueces estamos dispuesto a pagar porque estamos designados para hacer cumplir la ley y cumplir la ley”, pero explicó que “cuando hay intentos de modificación legislativa solo pedimos que nos escuchen”.
Antes de ceder la palabra, Heller le aclaró a Llorens que los médicos también tienen retención de matrícula y ganan mucho menos y pagan ganancias. El vicepresidente de Estamentos le retrucó: “La diferencia es que nosotros tenemos una garantía constitucional”.
Juan Manuel Culotta, consejero de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, brindó algunos datos: “188 magistrados de la justicia federal y nacional ya están pagando, que es un 25% del padrón”, pero advirtió que hay una “enorme cantidad de vacantes en el padrón” y detalló: “Hay 27 vacantes en trámite en el Poder Legislativo, 51 en el Ejecutivo y 155 en el Consejo de la Magistratura y -según este cálculo- si se suman todas esas vacantes va a haber un 43% de magistrados que paguen el impuesto”.
“Sería contraproducente una decisión del Poder Legislativo que abarque a todos los jueces por esta gran litigiosidad que se genera al día y que complicaría la aplicación de la Ley”, cerró.
En su alocución, Paula Castro, secretaria de actas de la Asociación, remarcó que es un tema que “se viene tratando hace mucho tiempo y ha quedado zanjado en 2016 con la Ley a partir de la cual todos los magistrados, jueces, han empezado a pagar en todo el país”.
“Muchas están pagando del Ministerio Público y de la fiscalía también pagan y, también, los empleados. Quienes ingresaron a partir del 2017 están pagando Ganancias de acuerdo a lo que corresponde a la tributación. Creemos que, en todos los espacios hemos coincidido, en la intangibilidad que es una garantía constitucional hacia los magistrados”, sostuvo y aseguró que “esto se está cumpliendo en poco tiempo va a haber incremento en esos porcentajes y en poco tiempo va a haber toda una justicia que pague”.
Por su parte, Nora Monella consideró que “como representantes de los jubilados – tanto jueces, fiscales, como defensores y funcionarios -, quisiera agregar que somos respetuosos de la división de poderes; respetuosos y defensores de la independencia judicial, y por eso nos atenemos a la Ley. Es decir, los jubilados tenemos, además de la garantía constitucional, los tratados internacionales que nos respaldan y, por eso, entendemos que el consenso logrado a partir del año 2017 forma parte de esa mentada independencia judicial”.
En tanto, el diputado entrerriano Marcelo Casaretto (FdT)-impulsor de la iniciativa- realizó un repaso sobre el tema. “Hubo una Ley en 2016 que tampoco fue aceptada por el Poder Judicial. En definitiva, hubo cautelares que frenaron la aplicación de esa Ley que se había tratado en el Congreso. Y solamente se trató la resolución de las cautelares, cuando acá, en oportunidad de tratar el presupuesto 2018, se dijo ‘vamos a tratar de vuelta la derogación total’, ante lo cual se paró la discusión en el Congreso y apareció la acordada de la Corte que dejó sin efecto las cautelares. Habían pasado ya dos años, y la ley se aplicaba, producto de que nadie admitía lo que en el Congreso se había votado”.
“Ahora aparece la discusión sobre la base de que se emitió un dictamen, y ustedes pidieron esta audiencia. Pero nunca se interesaron antes en encontrar un diálogo, o en encontrar una solución. Entonces recién se habló acerca de que esto es una cosa saldada. Pero para la sociedad no lo está”, completó.
El vicepresidente de la Comisión, Luciano Laspina (Pro), manifestó: “Nuestra posición como interbloque la vamos a definir entre hoy y mañana”. Asimismo, propuso evaluar un tratamiento diferencial entre jueces y funcionarios judiciales y agregó que el costo fiscal de la exención actual que se estima en $238.000 millones es “un punto importante”.
Participaron los legisladores -del oficialismo y de la oposición- el titular del bloque oficialista Germán Martínez, Sergio Palazzo (FdT), Itaí Hagman (FdT), Víctor Romero (UCR), Danya Tavela (Evolución Radical) y Paula Oliveto (CC).
El autor de la iniciativa es el diputado oficialista Eduardo Toniolli quien será el encargado de encabezar el evento el próximo miércoles 26 a las 16.30.
El diputado nacional Eduardo Toniolli (Frente de Todos – Santa Fe) presentará el próximo miércoles 26 un proyecto de ley de Experiencias Educativas de Gestión Social, Cooperativa y Comunitaria.
La iniciativa ha sido confeccionada junto a la Asociación Civil de Educación de Gestión Social (con la participación activa de experiencias de las provincias de Río Negro, Chaco, Santa Fe, Mendoza, Buenos Aires, y de CABA); Feceaba (Federación de Cooperativas y Entidades afines de enseñanza de Bs As); CONNAF (Colectivo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia); Coordinadora de jardines maternales comunitarios de La Matanza; Movimientos Sociales por la educación popular de gestión social y la Federación Argentina de Alternativas Educativas.
El evento será a partir de las 16.30 en el Salón del 2do piso del Anexo “C” de la Cámara de Diputados de la Nación, y contará con la presencia de representantes de las organizaciones que participaron de la redacción del proyecto, de funcionarios de áreas ligadas a la temática abordada, y de diputados y diputadas que acompañan la iniciativa.
Gabriel Lerner, secretario de Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación estuvo presente ante la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes de Diputados. Además, disertaron diversos especialistas.
La Comisión de Familias, Niñez y Juventudes de la Cámara de Diputados, a cargo de la radical Roxana Reyes, se reunió este miércoles para a las autoridades de la Defensoría Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes junto a otros disertantes que expusieron sobre el impacto del Presupuesto 2023 a dicha área.
En el inicio, Gabriel Lerner, secretario de Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación abordó el Plan Nacional de Primera Infancia- que según explicó- “tiene un incremento del 90% y es el programa que más crece respecto al ejercicio 2022”. “Hay una inversión en infraestructura de espacios de cuidado y educación de niñez no inferior a 55 mil millones de pesos aclarando que este Presupuesto no es de la secretaría ni del plan primera infancia, pero lo complementa porque son obras que se incorporan a ese plan”.
“Cuando llegamos a la gestión había una distribución muy desigual en las provincias y esto no podía ser tema del Consejo Federal de Niñez, desde que expandimos a las provincias los planes de infraestructura esa distribución de espacio está concertada con las 24 jurisdicciones, excepto CABA, que no lo ha pedido. 23 gobernadores pidieron con criterios de vulnerabilidad estos espacios. Es una política de Estado y hay acuerdos federales muy importantes”, precisó el funcionario.
Respecto al programa de acompañamiento para el egreso (PAE) dijo que “el impacto que tiene es de alrededor de 3000 chicos y nos estamos acercando a universalizar este proceso”. Ante consultas sobre la ley Brisa explicó que “efectivamente tenemos dificultades en el diseño del presupuesto porque el presupuesto siempre intentamos que se comprenda, pero no siempre logramos como comunicarlo bien”.
“Este año si tuvimos una leve demora que generó preocupación, pero hoy estamos al día porque el Ministerio de Desarrollo Social nos transfirió 100 millones de pesos que se suman a los 1400 millones de créditos que habíamos ampliado durante el año y que permitió que hoy estemos al día y que si esta resolución de ampliación de crédito se incluye -que son 1050 millones- vamos a poder pagar BRISA y PAE completo en el último trimestre del año sin recortes ni demoras”, agregó.
Por su parte, la doctora Luisa Brumana, representante de Unicef Argentina, expresó agradecimiento por “esta invitación, contar con espacios de consulta, de intercambios sólo pueden lograr que la niñez y adolescencia tengan lugar en la discusión parlamentaria en torno al presupuesto con el fin último que la inversión hacia la infancia se mantenga y se promueva”. “Celebramos que incluya un capítulo transversal que permite identificar las principales iniciativas para el cumplimiento de derechos de niñez y adolescencia; también celebramos que se haya un etiquetado transversal vinculado al programa de los 1000 días”.
“Hace casi 20 años que trabajamos en articulación con el Ministerio de Economía de la Nación para asegurar que esto sea posible, saludamos en particular ese esfuerzo con el ministerio y en particular con la oficina nacional de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda que viene trabajando en etiquetado, institucionalidad y transparencia de presupuesto”, cerró Brumana.
En su intervención, el economista Sebastián Waisgrais, especialista en Inclusión Social y Monitoreo de Unicef Argentina, manifestó que en “términos positivos- tanto en las acciones de nutrición como en espacios de primera infancia- la SENAF tienen incrementos reales en términos positivos”. Pero advirtió que existe “una alerta con algunos programas con riesgo presupuestario”, y consideró que “sino median modificaciones en el tratamiento parlamentario del presupuesto hay amplias posibilidades de incumplimiento de la ley 26061 respecto a la intangibilidad.
“Entendemos el contexto y las restricciones y efectivamente en un contexto del 51% de pobreza entendemos que, si se discuten estas medidas en el proceso parlamentario, efectivamente van a poder reducir las brechas y continuar fortaleciendo y continuar fortaleciendo y generando una realización progresiva de derechos”, fundamentó a modo de reflexión.
Javier Moro, director de Monitoreo de la Defensoría de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes resaltó que el “etiquetado se viene sosteniendo a lo largo de los años y hay una ampliación de programas y nosotros venimos peticionando por algunos”. “Destaco el programa Sumar que es un programa en salud importante que no estaba incorporado y se incorporó algunas actividades con el Renaper por el derecho a la identidad de niñas y niños, y queremos ir por más”, explicó.
“En su conjunto esto que llamamos el etiquetado transversal en niñez está emparejado con la pauta inflacionaria del ejecutivo, queda 1 punto apenas por encima de esa pauta inflacionaria. Esto es heterogéneo en términos de programas y ministerios. El grueso del gasto de la administración nacional pasa por seguridad social, en el caso de Niñez y Adolescencia tiene que ver con asignaciones familiares con la AUH y efectivamente en la pauta oficial sale equiparada apenas por encima en el escenario punta a punta”. Luego, el funcionario puso algunas “alertas” sobre los programas alimentarios y las becas Progresar.
Desde la ONG infancia en deuda, Francisco Rodríguez, consideró que “no queremos ignorar el hecho de la situación económica compleja de la Argentina, pero observamos frente a la recesión económica existe la posibilidad de priorizar las partidas en niñez o no priorizarlos y lo que observamos es que el crédito devengado de 2020 hacia los programas de la niñez era de un 14%, mientras que para 2023 el proyecto de presupuesto propone una inversión del 9.82%”. “Entonces en este sentido no estaríamos cumpliendo con el mandato legal”, aseveró.
Juan Camisassa, analista de Protección Social de CIPPEC propuso hacer eje en tres políticas públicas: “Garantizar ingresos a las niñas, niños, adolescentes, a través del sistema de transferencias a la niñez y adolescencia; garantizar el derecho a un desarrollo pleno de las potencialidades de las infancias y adolescencias, a través, de mejoras y fortalecimiento de servicios de educación y cuidado; y buscando garantizar el derecho a cuidado de niñas, niños proponemos una reforma por licencia por nacimiento y adopción”, y cerró: “Estos tres tipos grupos de políticas no solamente son claves para garantizar derechos, sino que también contribuyen al desarrollo socioeconómico”.
Estuvieron presentes, Gala Diaz Langou, directora Ejecutiva del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Igualdad y el Crecimiento y representante de la ONG Infancia en Deuda; Vanesa Salgado, directora de investigación aplicada de la Defensoría de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, entre otros.
La presidenta de la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes de Diputados logró junto a sus pares obtener dictamen favorable y unificado en el proyecto de Creación del Plan Federal de Capacitación sobre Derechos de Niñas, Niños, Adolescentes.
La diputada nacional Roxana Reyes (UCR – Santa Cruz) celebró el dictamen unificado y consensuado al que se arribó este jueves en la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes de la Cámara de Diputados que preside, que propone crear un Plan Federal de Capacitación sobre Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que prevé capacitar de forma permanente y continua a las personas que se desempeñen en áreas o dependencias de los poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial de Argentina.
Al respecto, la radical destacó el trabajo en conjunto que hicieron en la Comisión y sostuvo que “esto nos hace sentir que podemos dar respuestas a algo tan urgente y que nos interpela tanto como se trata la niñez y la adolescencia que está atravesada por tantos flagelos y que requiere de quienes estemos trabajando en esta temática, estemos preparados y capacitados para ser lo más cercanos y empáticos a los problemas que los atraviesa”.
“Cuando transitamos nuestras infancias y adolescencias, es el momento de la vida donde somos más vulnerables, por ello necesitamos poner atención y garantizar la protección de derechos. Tratándolos con igualdad, respeto y dignidad dada su condición de sujetos de derechos”, dijo Reyes.
El proyecto establece que sea la Secretaría Nacional de Niñez y Adolescencia la encargada de ejecutar los planes de capacitaciones de acuerdo con las realidades de cada una de las provincias, como así también responsables de generar campañas de concientización, convenios marco con instituciones y una articulación con el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia (COFENAF).
Según la diputada santacruceña “la capacitación es una herramienta significativa y de importancia que permite problematizar la realidad y asumir una postura crítica, reflexiva y resolutiva ante las situaciones de vulneración de derechos”.
“El enfoque de derechos debe ser nuestra brújula y orientar nuestras acciones, intervenciones y abordajes buscando evitar que las niñas, niños y sus familias sean revictimizadas por intervenciones adulto céntricas despojadas de una mirada centrada en el interés Superior del Niño”, continuó.
Por último, Reyes indicó que “el presente proyecto de ley nos invita y desafía a dotar a los funcionarios y operadores de los diferentes niveles y estamento de gobierno, de herramientas que les permita conceptualizar y materializar los principios rectores de la promoción y protección de derechos”.
El proyecto fue impulsado a raíz del brutal asesinato en la provincia de La Pampa del niño de cinco años Lucio Dupuy en manos de su madre y la compañera de la misma. Además, los miembros de la Comisión determinaron que la iniciativa no será denominada “Ley Lucio”.
El proyecto prorroga la suspensión de los desalojos como garantía de implementación de la ley y del derecho a la vivienda por el plazo que dura la declaración de utilidad pública de 10 años.
Luego de que la Cámara de Diputados aprobara con 227 votos afirmativos, 2 negativos y 3 abstenciones el proyecto de ley que prorroga el Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana, el diputado nacional Javier Milei (La Libertad Avanza) cuestionó a Juntos por el Cambio y al Frente de Todos.
Ausente en el recinto durante la sesión de este miércoles, Milei se expresó a través de las redes sociales tras la aprobación del proyecto de ReNaBap y apuntó contra la principal bancada opositora: “¿Te das cuenta que cuando se trata de violentar la propiedad privada los de Juntos por el Kargo no son diferentes a los del Frente de Chorros?”, y remató: “Te asustan con el KuKo y ellos hacen lo mismo, pero sólo con buenos modales”.
La iniciativa propone la declaración de utilidad pública y expropiación de más barrios populares, que se incluyeron al ReNaBaP (Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana) después de sancionada la ley. Además, establece la prórroga de la suspensión de los desalojos como garantía de implementación de la ley y del derecho a la vivienda por el plazo que dura la declaración de utilidad pública de 10 años.
Asimismo, se extiende la declaración de la emergencia socio urbana, sanitaria y ambiental en los barrios populares identificados en el ReNaBaP por el plazo de 2 años. Otro de los puntos establece que los habitantes de estos barrios “tienen derecho a acceder a los servicios públicos con calidad, continuidad y cantidad suficientes, sin discriminación”.
También prevé que la adquisición de tierras para la producción de nuevo suelo urbano, la seguridad en la tenencia y la regularización dominial deberán ser “progresivas, integrales, participativas y con enfoque de género y diversidad”.
La norma aprobada por 223 votos introduce modificaciones a la Ley de Promoción y Fomento de la Innovación Tecnológica (Ley N°23.877), con el fin de robustecer el régimen fiscal destinado a las pequeñas y medianas empresas centradas en la investigación científico-tecnológica.
La Cámara de Diputados aprobó en la sesión de este miércoles el proyecto de ley que incorpora modificaciones a la Ley N°23.877 -o Ley de Promoción y Fomento de la Innovación Tecnológica-, orientadas a potenciar los créditos fiscales que la norma destina a pequeñas y medianas empresas vinculadas a la investigación, el desarrollo y la innovación científico-tecnológica.
Este proyecto considerado a priori como uno de los pilares de nuestro sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación, recibió el aval de los diputados por 223 votos a favor y 3 negativos que corresponde a los diputados del Frente de Izquierda Myriam Bregman, Nicolás Del Caño y Romina Del Plá.
Según establece la iniciativa, se vuelve a un crédito fiscal del 50 por ciento; a que la Autoridad de Aplicación sea el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que a su vez hará un seguimiento y un informe anual. Asimismo, se vuelven un abanico los impuestos nacionales que pueden ser utilizados para este crédito fiscal (ya que en el 2017 eran solamente los impuestos a las ganancias), y se incorpora la segmentación por empresas; porque no es lo mismo las pymes que las grandes empresas, y esto permitirá aumentar los posibles beneficiarios, y potenciar los perfiles de utilización del crédito.
La palabra de los diputados
Como miembro informante abrió el tratamiento del tema el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el oficialista Carlos Heller, quien destacó el consenso que se logró con la Comisión de Ciencia y Tecnología para “un tema tan trascendente para que el país pueda seguir desarrollando una cuestión que es fundamental que es la cuestión tecnológica para poder acortar la brecha que nos separa de los países centrales y desarrollados”.
Respecto al proyecto, señaló que “se propone efectuar una serie de sustituciones a la Ley 23.877 y a su modificatoria la Ley de 27.430 sancionada en el 2017. Se considera, por ejemplo, que el límite del 10% de los gastos elegibles realizados en investigaciones y desarrollo contemplado para el pago de impuestos nacionales de la ley modificatoria resulta claramente bajo e inferior a lo previsto por el resto de los países de la región de América Latina”.
Sobre las modificaciones que se proponen, Heller explicó que “implicarán un mejoramiento del marco legal que tendrá incidencia especial para las PyMes”. “La Ley 27.430 limitó de manera notable el desarrollo del instrumento del tema de crédito fiscal para la promoción de la investigación y desarrollo. Impuso condiciones para su acceso que acotaron el universo de actores que podían acreditar esas acciones y desmantelaron los esquemas de supervisión y orientación que requieren estas políticas públicas”.
“El instrumento de crédito fiscal prácticamente no se pudo implementar en todos estos años de 2018,2019,2020 y 2021 lo que marca la necesidad de avanzar en estos cambios”, manifestó Heller.
Y continuó con las modificaciones que se proponen: “La disminución del porcentaje y certificado de crédito fiscal que pasó del 50% al 10 de la 23.877 a la Ley 27.430 con un tope de 5 millones de pesos que, hablando en términos de desarrollo, uno piensa que es un tope bajo cuando se habla de proyectos de investigación”.
“El objetivo del proyecto puesto a consideración es que reactivemos este instrumento de crédito fiscal para los proyectos tecnológicos de inversión, promoción, desarrollo e innovación modificación destinatarios, la ecuación entre cantidad de beneficiaros y el apoyo, fortaleciendo el alcance de la ley para los distintos proyectos de innovación”, explayó el oficialista,
A su vez, sostuvo: “Estamos propiciando un proyecto que premie a las PyMes por sobre las empresas más grandes, que recuperar el análisis de los proyectos y reconozca como crédito fiscal para ser aplicado al pago del impuesto a la ganancia e impuesto al valor agregado el 50% de lo que se invierta en los gastos elegibles realizados en investigación, desarrollo, innovación y modernización tecnológica”.
“El proyecto también nos propone recuperar para el Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación la calidad de autoridad de aplicación, dotar a la Agencia Nacional de Promoción de Investigación el desarrollo tecnológico y la innovación de responsabilidades y herramientas específicas para otorgar los beneficios fiscales a presentar ante la AFIP”.
Por último, Heller explicitó los cambios introducidos: “En el artículo 1 las MyPyMes podrán obtener un certificado de crédito fiscal del 80% de los gastos elegibles realizados. Una segunda presentación les permitirá obtener un certificado de hasta el 65% y a partir de la tercera el beneficio será del 50%. Para las grandes empresas pretende una disminución, un 65% en la primera presentación y 50% en las siguientes. Los certificados de crédito fiscal podrán ser utilizados por sus beneficiarios para la cancelación de impuestos a las ganancias, impuesto al valor agregado, por el término de hasta 2 años”.
A su turno el titular de la Comisión de Ciencia y Tecnología, el radical Facundo Manes, remarcó que la ley “es uno de los pilares fundamentales de nuestro sistema nacional de ciencia, tecnología e investigación”. Además, recordó que la ley fue sancionada hace 32 años por lo que “las modificaciones tratadas son necesarias que constituyen solo una parte de las mejoras que requiere nuestro sistema institucional de investigación e innovación”.
Sobre las principales modificaciones, Manes explicó: “Se aumenta el monto del crédito fiscal al 50% de la inversión del I+D y pudiendo alcanzar el 80% para microPyMes en su primera solicitud. Comparado del 10% vigente, estos nuevos valores están más en línea con los que se aplican en otros países incluso de la región”.
“Los beneficios no están destinados a empresas o sectores, sino a proyectos de investigación y desarrollo e innovación”, aclaró y precisó que “se contemplan una serie de exclusiones como las actividades de autodesarrollo definidas como la Ley de Promoción de Economía del Conocimiento”.
Y siguió: “Las modificaciones incluyen en los gastos elegibles los referidos a series cortas de producción que es un paso clave, muy importante en el proceso de desarrollo antes de alcanzar la producción a escala”.
“Para hacer un seguimiento y una mejora continua de este tipo de incentivos se incluye la obligatoriedad de presentar al Congreso de la Nación un informe anual sobre los beneficios otorgados para evaluar la eficacia de los instrumentos”, resaltó Manes y cerró: “Las modificaciones a esta ley son lo que deberían ser una política de Estado. La falta de una estrategia nacional competitiva en materia científico-tecnológica es una de las causas de los problemas sociales y económicas porque vivimos en una cuarta revolución tecnológica”.
El titular del bloque oficialista, Germán Martínez, analizó que “el horizonte para debatir este tipo de temas debe ser positivo y poner lo que cada uno tiene para que cada una de las leyes que planteamos en el recinto solucionen y transformen realidades”.
“No me cierra mucho la idea de política de Estado porque se habal de esta Ley de 1990 como un punto de partida de una Argentina muy distinta a la actual y desde ese tiempo hasta acá hubo vaivenes donde hubo por momentos una ciencia y tecnología fortalecida con presupuestos que la incentivaban, y momentos donde eso no pasaba. hay que ver toda la historia”, indicó.
Y finalizó el santafesino: “En estos temas de ciencia y tecnología, nos permite que haya un claro camino de mejora que se vio en la presentación del ministro Daniel Filmus cuando explicó el presupuesto”.
Por el bloque Avanza Libertad se expresó el diputado José Luis Espert quien destacó la ley porque “es importante para el fomento de la investigación, desarrollo e innovación tecnológica tenga un aggiornamento”.
“El límite establecido por la actual ley es muy bajo del 10%. La región está varias veces arriba de ese límite y es adecuado ir en ese sentido”, precisó Espert, pero consideró que “debería establecerse un límite plano para todas las deducciones o para la emisión de certificado de crédito fiscal. Un plazo de dos años me parece razonable, pero falta mucho hacer para ayudar reamente a las PyMes”.
Cerró el debate la diputada de izquierda Romina Del Plá quien expresó irónica: “Algún distraído capaz piensa que se está votando algún verdadero incentivo al desarrollo científico y tecnológico”, y aclaró: “Lo que se está votando es un subsidio a la gran capital, una extensión impositiva y nuevo aumento a gastos tributarios”.
“Se exime entre un 60 y 80% de crédito fiscal a las empresas que acrediten que están haciendo alguna innovación, como ya sabemos que en este país ciertas cosas no se verifican demasiado, y el fraude fiscal es lo más votado en el país, en realidad se está votando un subsidio al gran capital”, criticó y remató: “Estamos a favor de los avances y la innovación tecnológica, pero no de la apropiación privada que se hace”.
Eso expresó el representante de la Oficina de Presupuesto del Congreso, Marcos Makón, al cerrar las jornadas de reuniones informativas de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados. Por otro lado, señaló que “está previsto un crecimiento del 4% en las proyecciones macroeconómicas”.
La Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, a cargo del oficialista Carlos Heller, cerró este martes las reuniones informativas sobre el Presupuesto 2023 con la exposición de Marcos Pedro Makón en representación de la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación quien aseguró que “aprobar el proyecto significa definir una forma de vida de la sociedad”.
En su exposición, Makón aclaró: “Vengo como parte del Poder Legislativo que tiene un rol fundamental que es apoyar y brindar elementos de juicio sólidos para mejorar el proceso de toma de decisiones”.
Por otro lado, expresó: “Me ha alegrado muchísimo lo que pasó con este presupuesto porque ha sucedido algo que no ha sido común en la Argentina de que, además de que participan en la exposición de la política el Poder Ejecutivo a través del equipo económico que, en este caso, tuvo integrado por todos sus componentes, han pasado 9 ministros”, y destacó: “Creo que esto ha servido para que el presupuesto que muchas veces solo se discute en términos financieros, también se hayan discutido políticas”.
“El presupuesto es un esquema organizador de instrumentación de políticas”, definió Makón al tiempo que remarcó la importancia y “el gran debate y discusión” sobre las políticas en base a las cuales se determina el presupuesto.
A continuación, precisó que la Oficina de Presupuesto del Congreso “en esta oportunidad tiene su objetivo no definir política porque no es nuestra responsabilidad, nuestro objetivo es clarificar la complejidad que tiene el sistema presupuestario porque significa instrumentar a través del ingreso y el gasto público, políticas de la más diversa naturaleza que requieren expresiones particulares”.
En primer lugar, Makón explicó la metodología que utilizaron para elaborar el informe: “Estamos tomando como dato la estimación de ejecución presupuestaria presentada por el Poder Ejecutivo Nacional que tiene una característica particular porque se da en el marco de un presupuesto prorrogado, por lo tanto, de acá a fin de año tenga que sufrir algún proceso de revisión porque algunos organismos ya llevan ejecutados más del 80% del gasto. Estamos siguiendo día a día la ejecución presupuestaria”.
En segundo lugar, describió los “valores nominales, pero también los reales para los que hemos deflactado el valor promedio, no la inflación punta a punta porque el gasto se va realizando a lo largo del ejercicio. La inflación punta a punta indica que el 60% estimado de la proyección es a final del año. Hemos tomado los datos de la Secretaría de Política Económica que es del 76,1%, ese es el promedio de una inflación que está prevista del 90% a bajarla a 60%”.
En tercer lugar, precisó: “Como nuestro análisis es posterior a la presentación del presupuesto, los datos macro en términos de lo que son las variables macroeconómicas hemos tomado los datos de INDEC hasta el 30 de junio”.
“Para el año 2022 se han entregado bonos por una suma de 500 mil millones de pesos. Es un tema muy necesario e importante para efectos comparativos que tiene que ser tomando variables similares. Es un tema previsto y ejecutado en el presupuesto 2022”, indicó.
Está previsto un crecimiento del 4% en las proyecciones macroeconómicas“.
Sobre las proyecciones macroeconómicas del proyecto, el funcionario del Congreso explicó: “Son tomadas en cuenta las que presentó el Ejecutivo que para 2022 está previsto un crecimiento del PBI del 4%, crecimiento importante de las importaciones, del consumo privado y público, exportaciones e inversiones. Siendo exportaciones e inversión está previsto un crecimiento mayor”.
“Tomando en cuenta los datos de INDEC el primer semestre del 2022, hicimos una proyección de cuál debería ser el crecimiento de las variables macroeconómicas en el segundo semestre. Evidentemente son menores, pero todas con un nivel de crecimiento importante 1,6% del PIB sería para lograr la proyección del 4%, es decir está previsto un crecimiento del 4% en las proyecciones macroeconómicas. Un crecimiento de importaciones del 9,6%, del 1,9% del consumo privado, la inversión un 5,6%, exportaciones del 2,3%”, detalló Makón.
Respecto a las proyecciones para el 2023 agregó: “Están en el 2% con el elemento central que caracterizan las proyecciones macro de corto y mediano plazo que es el crecimiento de las exportaciones que está previsto para el año que viene del 7,1%, el resto 2% salvo inversiones de 2,9%”.
En el caso de las proyecciones de tipo financiero -tipo de cambio, IPC-, indicó: “Presentamos acá la tasa a diciembre y promedio. Para el año 2023 a niveles de valores reales estamos trabajando una proyección promedio del 76,1% del IPC es la inflación de punta a punta que se da como consecuencia de que hay un inicio del 90% y se va reduciendo. En base a eso nosotros tomamos los datos nominales y reales”.
Sobre los datos del mediano plazo tomando desde el 2015 al 2025, Makón indicó que “se puede apreciar que, salvo el caso de las importaciones y del consumo privado, el resto de las variables macroeconómicas alcanzarían los mayores niveles de toda la serie en el 2025. Las importaciones serían levemente inferiores al nivel máximo y también el consumo privado inferiores al nivel máximo, pero las exportaciones, la inversión, el consumo público y el PBI llegarían a los máximos niveles”.
Por otro lado, el funcionario describió el balance del sector público el esquema de ahorro-inversión-financiamiento donde “además de las variaciones nominales de ingreso corriente de un 78%, los gastos corrientes un 70,1%, los gastos capitales un 85,1%”, pero desde el punto de vista real explicó: “Los ingresos corrientes estarían en un 1%, los gastos corrientes disminuirían un 3,4% y la inversión aumentaría un 5,1% y los intereses de la deuda pública crecerían un 1,1%”.
“Tomando en cuenta la estructura del gasto público el grado de flexibilidad que tiene es del 10%, el resto son gastos rígidos que son muy difíciles de modificar, salvo con modificaciones políticas profundas, cambios de marco legal”, aclaró Makón y contó: “Hemos hecho una estructura de clasificación donde explicamos el gasto corriente con prestaciones sociales, subsidios económicos, gasto en personal, bienes y servicios, transferencias a provincias, a universidades, y otros gastos corrientes de interés que no corresponde a la estructura económica con la que se presenta el Ejecutivo, esto es una estructura de tipo estadística de hacia dónde está orientado el gasto”.
En esa línea, reiteró que “el objetivo es lograr la mayor comprensión y transparencia de lo que es el presupuesto que es muy complejo y difícil, pero que aprobar el presupuesto significa definir una forma de vida de la sociedad de lo que va a contribuir y lo que va a recibir en bienes y servicios”.
Desde el punto de vista económico, Makón señaló que “todas las variables mejoran. El gasto corriente al resultado corriente pasa del -3,7% al -2,8%; el resultado primario pasa del -3,6% al -2,5%; y el resultado financiero pasa de -5,2% a -4,3%”, y explicó: “Hay una disminución por el efecto combinado de que hay un crecimiento de los ingresos y una disminución del gasto total”.
El Poder Legislativo representa el 0,6% del gasto de la Administración Nacional”.
“El presupuesto está estructurado por instituciones que son los ministerios, los poderes y los organismos descentralizados. Comparamos el presupuesto 2022 con el 2023 tomando todos los poderes y los ministerios se puede observar que hay una diversificación del gasto, pero hay una gran concentración en un Ministerio que es el de trabajo que tiene más del 40% del total del gasto porque dentro de eso está ANSES”, precisó e informó que “el Poder Legislativo representa el 0,6% del gasto de la Administración Nacional”.
Sobre las prestaciones sociales, detalló: “En el caso de seguridad social hay 370 mil millones de pesos que fueron bonos entregados a jubilados y pensionados que en el año 2023 no está previsto. En asignaciones familiares se ejecutaron bonos por 160 mil millones de pesos durante el 2022 que en 2023 está previsto 4 mil millones. En el caso de otros programas sociales está previsto un refuerzo de ingresos que se ejecutó por 132 mil millones de pesos y no está previsto en el 2023”.
En otro tramo de su presentación, manifestó que los subsidios económicos tienen tres aspectos que son energía, transporte y otros subsidios a empresas. Respecto a los subsidios de energía eléctrica señaló que “tienen una baja del 16%, pero no los del gas porque habrá aumentos de los precios de importaciones”. En esa línea, indicó que los subsidios al transporte “por ley el fondo de subsidio cuando se creó fue como un Fondo Fiduciario no está en el presupuesto nacional. Además de recibir los 170 mil millones de transporte automotor, tiene también la transferencia de combustibles 228.646 millones de pesos”.
Eso expresaron desde la cartera de Salud ante la Comisión de Presupuesto. Por otro lado, aclararon que la viruela del mono “no es una pandemia”, por lo que “no es necesario avanzar con la compra de vacunas”.
En la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados de este miércoles, presidida por el oficialista Carlos Heller, tras la presentación que hizo la jefa de Gabinete del Ministerio de Salud de la Nación, Sonia Tarragona –en representación de la ministra Carla Vizzotti-m un tema que se repitió entre los interrogantes de los diputados giró en torno a la Ley de Salud Mental, respecto de lo cual desde la cartera señalaron que “desde su reglamentación en el 2013 fue muy poco lo que se hizo”.
La primera en hablar fue Tarragona, quien precisó: “Desde esta gestión se creó una subsecretaría de Atención Primaria de la Salud, y eso ha jerarquizado la estrategia de trabajo con las provincias. La misma incluye muchas partes como la distribución de insumos, de medicamentos, la capacitación, la puesta en valor del trabajo en los centros de atención primaria, las transferencias en dinero para los centros de atención primaria y eso está integrado por varios programas del ministerio, no solo por la estrategia primaria de atención de la salud”.
“A veces se le pide al Ministerio de Salud dar respuestas respecto de las competencias indelegables de las jurisdicciones provinciales en atención de la salud. La atención de la salud no corresponde al Ministerio de la Salud de la Nación, y muchas de las cosas consultadas tiene que ver con esa estrategia de atención directamente a los pacientes”, aclaró y resaltó que “todo lo que discutimos y debatimos desde el nivel central, siempre se discute primero con ministros y ministras de salud de las provincias”.
Sobre los medicamentos para pubertad precoz, explicó: “Los medicamentos que distribuimos desde el Ministerio de Salud de la Nación lo hacemos toda vez que hay una ley que nos obliga a hacerlo. No puede distribuir medicamentos a personas, sino a provincias o a municipios. No tenemos atención a personas porque no es competencia del Ministerio de Salud. Entonces articulamos con las jurisdicciones provinciales para procurarles los insumos para que puedan dar respuesta a los pedidos que siempre llegan”.
“Tenemos infinidad de pedidos de acceso a medicamentos de alto precio que a veces no se pueden comprar porque no están disponibles en el país y, a veces, no tenemos programas que nos permitan comprar estos medicamentos porque no hay leyes que nos obliga a hacerlos. El Ministerio de Salud de la Nación solo compra medicamentos a personas cuando hay una ley o cuando un juez dice que lo tenemos que hacer, sino se trabaja con las jurisdicciones provinciales”, explayó Tarragona.
Sobre la adquisición de las vacunas por la viruela del mono, dejó en claro que “no es una pandemia, no es comparable con la situación de Covid-19. La vacuna que hoy está disponible no cuenta con la suficiente evidencia como para ser utilizada como mecanismo de prevención. Se ha llegado al acuerdo con expertos en vacunas y con la OMS de que no es necesario avanzar por el momento en la compra de ninguna vacuna”.
Por su parte, el secretario en Calidad de Salud, Alejandro Collia, fue el encargado de responder por la Ley de Salud Mental de la cual opinó que “cambia el paradigma de una atención biologicista del problema de salud mental por una atención comunitaria, social y una atención diferente. Estamos absolutamente consustanciados y estamos trabajando fuertemente en eso”.
“Esta ley no solo tiene una mirada de financiamiento sino otras cosas. Fue reglamentada en el 2013 y desde ese entonces hasta 2020 fue muy poco lo que se hizo, pero hay que entender cuestiones que están dentro del marco de la Ley y que están en el contexto general de haber sido degradadas como la CONISMA (Comisión Nacional Interministerial)”, criticó y agregó: “En el CONISMA la participación de cada área del gobierno le da ese abordaje integral, comunitario, social y otras tantas cuestiones que ponen a la persona que padece un trastorno de salud mental de una manera diferente”.
“El CONISMA había sido degradado, no funcionó hasta que nosotros pudimos darle el rango que realmente necesitaba que era la de estar en la jefatura de ministros donde ahí participan todos”, destacó Collia.
Por otro lado, manifestó que “había un montón de cosas que la Ley tiene que no estaban funcionando. Hoy por hoy en cuanto a las acciones que estamos haciendo son muchas, las hicimos en el marco de la pandemia. No impedimos que un paciente con una problemática de este tipo, no pudiera acceder a la continuidad de su tratamiento, por eso avanzamos con la receta digital, la teleconsulta y agregamos 31 prestaciones en el Programa SUMAR”.
“El financiamiento tiene que estar dirigido a resolver parte de las cuestiones que plantea la Ley. La readecuación de los hospitales, terminar con los manicomios, resocializarlos y eso necesita de la inversión. Estamos trabajando para que se puedan consumar las casas de medio camino en las distintas jurisdicciones, que tiene que tener una ubicación acorde”, precisó.
La titular de ANSES destacó que “en nueve oportunidades salimos a poner más dinero en el bolsillo de jubilados y pensionados”, y comparó: “Arrancamos la gestión con una jubilación que había perdido 19.5 en los últimos dos años del gobierno anterior, hoy ya llevamos recuperado un 4.7”.
Otro de los nombres que pasaron este miércoles por la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, a cargo de Carlos Heller (FdT), fue la directora ejecutiva de ANSeS, Fernanda Raverta, quien detalló los objetivos centrales del organismo y resaltó que “este presupuesto prevé que para las jubilaciones y pensiones haya un 74% más de la proyección de cierre del 2022”. A su vez, comparó que en la gestión anterior “las jubilaciones y pensiones perdieron un 19.5 y hoy recuperamos un 4.7”.
En su presentación, Raverta recordó que “cuando llegamos a la gestión nos hicimos cargo del organismo en un contexto muy difícil atravesando la primera ola, la curva de contagios por las nubes, pandemia, crisis humanitaria mundial, nos propusimos dos grandes objetivos además de la urgencia de la pandemia, creíamos que teníamos que cumplir con objetivos estructurales porque para eso nos habían votado, para resolver los problemas reales y buscar soluciones definitivitas”.
“Los dos objetivos fueron recuperar tiempo perdido en relación al alcance a la cobertura de nuestras prestaciones, de los derechos que cada argentino recibe por parte del organismo mes a mes y, por el otro lado, recuperar tiempo perdido en relación al poder adquisitivo a la capacidad de compra, al valor de esas asignaciones”, precisó.
En esa línea, indicó que “volver a construir un organismo empático e inteligente nos puso a trabajar con mucho compromiso y muchas horas para asistir los 7,5 millones de jubilados y pensionados, los 8,7 millones de niños y adolescentes de los que 4,4 son de AUH y 4,3 millones de AAFF de chicos cuyos padres no tienen trabajo; 1 millón de personas con otro tipo de prestaciones”.
En ese sentido, sostuvo que “instrumentar la capacidad diaria del organismo puso como objetivo estar a la altura de un tiempo de emergencia”, y detalló: “Asistimos a 9 millones de personas con el IFE aquellas personas que tenían sus ingresos informalizados, también nos ocupamos de trabajadores en relación de dependencia achicando un aporte al sector privado y a las empresas en donde allí trabajaban pagando la mitad del salario a más de 1,8 millones de personas; REPRO II”.
Y siguió: “Bonos de Salud; había que acompañar a los trabajadores de la salud que ponían el cuerpo como todos, pero de manera especial porque era un tiempo en donde quienes trabajan en salud se sacrificaban y se exponían; el Bono de Cultura de 50 mil, porque es una Argentina que atiende a todos porque los trabajadores de la cultura no pudieron trabajar durante la pandemia se instrumentó una política de asistencia económica; bonos a jubilados y pensionados: en nueve oportunidades salimos a poner más dinero en el bolsillo, además de la instrumentación de los aumentos de la fórmula que fue votada en este Cuerpo; el Refuerzo de Ingresos a trabajadores informales más de 7,5 millones de personas alcanzadas”.
“Estas medidas son medidas excepcionales, hubo que tomarlas en función de garantizar la cotidianeidad de un organismo que asiste, que dialoga prestacionalmente con 17 millones de personas esto sobrecarga nuestra capacidad, pero hemos podido estar a la altura de ese tiempo haciendo lo que había que hacer”, destacó Raverta.
A su vez, señaló que para garantizar esa afluencia diaria “son muchos los millones de ciudadanos que todos los días asistimos, estamos hablando de 90 mil personas por día que asistimos en las oficinas, realizamos 110 trámites por día, es decir, 2 millones de personas por mes y 2.3 millones de trámites mensuales”.
“Además de las más de 200 oficinas que teníamos, construimos 50 oficinas nuevas. Cuando nosotros llegamos en ANSeS eran 13.761 trabajadores, en 2022 estamos trabajando con 13.580 personas (-1,3%). Esto es algo que tenemos que atender porque tenemos más oficinas, más trabajo, más personas por atender, pero con menos empleados”, precisó la funcionaria.
Por otro lado, resaltó que “ANSeS llega a las familias argentinas dos grandes universos: a los chicos adolescentes, niños y niñas y a las personas mayores”. Sobre las personas mayores describió que “el alcance del sistema previsional argentino nos tiene que poner sumamente orgullosos como tenemos a una población en condiciones de obtener una jubilación asistida. El 95% de las personas que están en edad de estar jubiladas reciben una jubilación o pensión mensual”.
“Personas mayores de 60 años ¿qué hubiera sucedido si en pandemia no tenían la posibilidad de contar con una jubilación en ese contexto? Es la posibilidad de que hombres y mujeres en edad de riesgo que no son población económicamente activa, el sistema previsional garantiza que esas personas mayores tengan un plato de comida”, destacó Raverta.
En ese sentido, precisó: “Actualmente hay 8,8 millones de beneficiarios previsionales de los cuales más de 7 millones contributivos y 1,8 millones no contributivos. Este nivel de cobertura y de alcance es producto de dos decisiones políticas homologadas en este Cuerpo la Ley del año 2005 y otra el 2014 en donde los argentinos tuvieron la posibilidad de pagar su deuda con el Estado a través de una moratoria para poder tener la jubilación que otros con 30 años aportados tenían esa posibilidad”.
“Las jubilaciones de quienes tienen una moratoria son más bajas y las jubilaciones de quienes no tiene una moratoria y han tenido 30 años aportados tienen una jubilación más alta. El sistema previsional sigue garantizando ser un sistema solidario”, agregó.
Otro de los objetivos que se propusieron fue que “había que seguir garantizando el alcance para que todas las mujeres que tuvieran más de 60 años pudieran alcanzar una jubilación y el tiempo que está vigente para pagar esa moratoria es muy chiquito para que se puedan poner al día , por lo tanto instrumentamos una política que tiene que ver con reconocer los años de aporte por las tareas de cuidado, es decir un año de aporte por cada hijo porque el Estado reconoce que ese tiempo invertido en la familia es tiempo que dedicaron a construir una Argentina mejor”, y resaltó: “Esa política permite que más de 207.000 mujeres accedan a una jubilación”.
“También nos teníamos que hacer cargo de hombres y mujeres que tenían los años aportados y no le debían nada al Estado, pero les faltaba edad y conseguir trabajo cuando sos más grande es más difícil. Con un decreto el 674/2021 se logró instrumentar una política que tenía un antecedente en el 2005 que es la jubilación anticipada para personas que a cierta fecha que se encontraran desocupados y de esta manera poder acceder a una jubilación. Son 20 mil jubilaciones anticipadas, iniciadas 16500 en el bolsillo”, explayó la titular de ANSES.
En suma, destacó que “todos los meses estamos mejorando nuestro funcionamiento, el rendimiento jubilando más gente”, y precisó que de los últimos 6 años en el mes de septiembre fue el mes donde más jubilaciones se tramitaron que fueron “556.992 nuevos beneficios previsionales en los primeros 9 meses del año”.
“Cuando venimos a discutir un presupuesto, venimos a contarles para qué necesitamos el presupuesto y por qué necesitamos que aumente. Podemos mostrar que nuestro ejercicio cotidiano es mejorar la calidad de vida de los argentinos”, manifestó la funcionaria y retomó lo planteado al comienzo sobre “recuperar el tiempo perdido” explicando que apuntan a “mejorar el sistema previsional”.
Y cuestionó: “Arrancamos la gestión con una jubilación que había perdido 19.5 en los últimos dos años del gobierno anterior, hoy ya llevamos recuperado 4.7”, pero reconoció que “no es suficiente”, anquen señaló que “estamos en el camino correcto con una fórmula de movilidad que se votó en este Congreso para poder seguir recuperando capacidad de compra. No es fácil porque no arrancamos de cero, arrancamos de -19.5 por eso celebramos cada aumento trimestral porque nos permite seguir construyendo ese horizonte de mayor capacidad de compra con las prestaciones, con las jubilaciones y pensiones”.
“Este presupuesto prevé que para las jubilaciones y pensiones haya un 74% más de la proyección de cierre del 2022. Cuando crece el salario de los trabajadores, y la economía argentina, crece el bolsillo de los jubilados porque el presupuesto prevé que se mejore en un 79% la recaudación y un 63% los salarios y por eso necesitamos esa proyección, ese aumento”, explicó Raverta.
En otro tramo de su exposición se refirió a la seguridad social para las niñas y adolescentes que “también tenía que recuperar el alcance de la cobertura”, y enumeró la Ley 1mil días, el Programa Alimentar, el Complemento Mensual al Salario Familiar, el Refuerzo en las Asignaciones Familiares, la ampliación del PROGESAR. Son 8.7 millones de nenes a los que les llega todos los meses una asistencia que permite hace 13 años que los hijos de trabajadores tienen un plato de comida y de quienes no tienen trabajo”.
“La Asignación Universal es un esfuerzo enorme en términos presupuestarios para llegar a los hijos de los trabajadores del pueblo, desocupados, informalizados, pero también el salario familiar es un esfuerzo muy grande en términos presupuestarios”, resaltó la funcionaria.
Sobre la Ley 1000 días precisó que “teníamos 6 meses de asignación por embarazo ahora son 9, eso habla de equiparar a las embarazadas que tiene trabajo con las que no lo tienen. Son 80 mil mujeres”.
Otro de los Programas que explicó es el Alimentar, sostuvo que “son 9 mil pesos además de las AUH para los chicos menores de 14 años, $13.500 para las familias que tienen dos nenes de esa edad, y $18.000 para quienes tienen más de tres chicos. Es una erogación presupuestaria importante que es trascendente en momentos económicos complejos, prever el estimado presupuesto 2023 en $342.066 millones nos preocupa que los chicos del país puedan tener el alimento que necesitan. Además, vamos a invertir lo que sea necesaria para que ese alimento este”.
“La AUH más el Programa Alimentar garantizan un piso de ingresos para las familias más pobres de la Argentina. Recuperamos un 54.5 ese ingreso”, subrayó Raverta y remarcó que “la AUH es una política indispensable que nos pone en el mejor de los mundos en el país donde los hijos de todos tienen la misma oportunidad de ser alimentados. De esa manera construimos un lugar mejor. Va a aumentar en un 71% respecto del crédito vigente lo que representa $684.360 millones”.
Al hablar del Complemento Mensual al Salario Familiar, señaló que en octubre de 2021 duplicaron el valor de las asignaciones de Rango I y II para los trabajadores en relación de dependencia, monotributistas categorías A, B, C Y D; y prestación por desempleo. “Esto alcanza a 2 millones de chicos”, detalló.
“Hace un mes decidimos aumentar a $20.000 las AAFF para el tramo 1 aumentos para los trabajadores con menos aumentos salariales. El presupuesto tiene que apuntar hacia ese lugar”, contó y comparó: “Cuando llegamos era del 83% y ahora es del 101%”.
Y cerró pidiendo que voten el Presupuesto 2023 porque “tenemos que seguir en este contexto ayudando a las familias de quienes son tiene trabajo registrado y a las familias de los trabajadores y reconocer el esfuerzo que hacen los trabajadores para llevar el país adelante”.
El ministro de Ambiente de la Nación señaló que “la ley de Humedales y la ley de Envases serían dos leyes muy importantes”. Por otro lado, comparó: “El Presupuesto del Servicio Nacional de Manejo de Fuego lo incrementamos 35 veces en relación al ejercicio 2019”.
Tras los incendios en el Delta del Paraná y los focos activos en Córdoba, palabra esperada para escuchar era la del ministro de Medio Ambiente de la Nación, Juan Cabandié, que se hizo presente este martes ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados -a cargo de Carlos Heller- para exponer sobre el Presupuesto 2023.
En su ponencia, el funcionario comparó la gestión del expresidente Mauricio Macri con la de Alberto Fernández y señaló que “el Presupuesto del Servicio Nacional de Manejo de Fuego lo incrementamos 35 veces en relación al ejercicio 2019”. A su vez, responsabilizó -una vez más- a las provincias y a los productores rurales por los incendios.
En su presentación, Cabandié remarcó que “en cuanto al Presupuesto del Servicio Nacional de Manejo de Fuego, que es una de las áreas más sensibles del Ministerio, lo incrementamos 35 veces en relación al ejercicio 2019”.
En ese sentido, destacó que “en nuestra gestión tenemos la política vinculada a la gestión integral de los residuos sólidos urbanos. Estamos en proceso de la creación de 8 centros ambientales en distintas ciudades Quilmes, Chascomús, Concordia, Formosa, Villa María, Valle de Uco, Luján y Moreno. Dos de ellas van a inaugurarse este año la de Formosa y luego la de Concordia”.
“El resto las terminaremos de inaugurar durante el ejercicio 2023. Por otro lado, tenemos una planificación de llegar a 15 centros ambientales porque conseguimos una renovación del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo y otras fuentes de financiamiento externo”, contó
y precisó: “Hemos creado durante la gestión la Brigada de Control Ambiental que le dimos más competencia a las inspecciones que realiza el Ministerio. Las inspecciones y facultades que tenemos son dos porque son dos leyes anteriores a la reforma del 94. Una es residuos peligrosos y la otra es tráfico de fauna. El resto de las funciones no tienen competencia en el ámbito nacional por el 194 de la Constitución Nacional”.
Sobre la política de cambio climático, el funcionario de ambiente señaló que “es un tema de agenda internacional”, respecto del que “nuestro país se compromete ante el mundo, ante Naciones Unidas, ante la Comisión de Cambio Climático a limitar las emisiones de gases de efecto invernadero, al asumir compromisos de adaptación y de investigación, poner metas”.
“La última contribución ante organismos internacionales vinculado a cambio climático indica que Argentina se compromete para el 2030 reducir un 27,7 menos en relación a lo que presentó el Estado en 2016. Eso es una meta que tiene un cumplimiento que al mismo tiempo estamos llevando a cabo en una mesa de trabajo con las provincias y en un Plan de Adaptación de Cambio Climático”, informó.
En esa línea, indicó que “de no cumplir esas metas, tendríamos serios problemas a futuro en el desarrollo y en la producción”, debido a que “eso nos impediría acceso a créditos, nos quitaría liderazgo y las consecuencias ambientales. Entre la ecuación de producción y limitar las emisiones de gases de efecto invernadero es una discusión compleja que tenemos que dar entre todos, que tenemos que ponernos de acuerdo, que va a traer discusiones, que conlleva a tensiones, pero es una discusión que hay que dar porque no queda otro camino, porque es la única opción que tenemos”.
“También juegan otras variables que son la posición de otros países del hemisferio sur frente a los países del norte, por eso siempre buscamos ese equilibrio entendiendo que los países que más han contaminado y degradado al ambiente y que nosotros sufrimos esas consecuencias son los del hemisferio norte”, precisó Cabandié
Sin embargo, sostuvo que “los países del sur en desarrollo no somos ajenos a lo que nosotros también contribuimos en términos de la emisión de gases de efecto invernadero, pero son insignificantes frente a la degradación ambiental que produjeron los países centrales como China, Estados Unidos”.
“Nuestro reclamo central es que los organismos internacionales brinden lo que se comprometieron hace años como líneas de crédito para países en desarrollo y eso nunca sucedió y es un reclamo que llevamos a cabo en situación de desarrollo”, denunció y explicó que “al no obtener ese financiamiento se hace difícil alcanzar las metas del 2030 o 2050 porque son dos metas una de carbono-neutralidad y la otra no superar la línea de aumento de promedio de temperatura de 1,5 y ahora estamos en 1,1”.
Si comparamos lo presupuestado en el 2019 frente al ejercicio vigente y al próximo año, hemos multiplicado por 10 los fondos de la Ley de Bosques”.
En ese contexto, también hizo referencia a la necesidad de la “captación de esas emisiones de carbono que se da a partir de preservar y cuidar los bosques nativos”. “Tenemos una Ley de Bosques que data del 2009 que ha sido importante porque redujo la cantidad de deforestación anual, pero no alcanza y tenemos que ser más proactivos en términos de conservar los bosques nativos, las ecorregiones que tenemos”.
“Si comparamos lo presupuestado en el 2019 frente al ejercicio vigente y al próximo año, hemos multiplicado por 10 los fondos de la Ley de Bosques”, comparó el ministro, pero consideró que “no es lo suficiente porque no se llega al 0,3”. “En ejercicios como 2016 y 2017 la transferencia a las provincias fue 0 para la protección de sus bosques nativos”, reiteró.
En otro tramo de su ponencia, el funcionario destacó: “Durante estos dos años hemos tenido leyes importantes como la Ley de Educación Ambiental que fue una iniciativa del Ejecutivo, la Ley Yolanda”, y sumó: “La creación de nuevos parques como el Parque Nacional Ansenuza el humedal más grande de Latinoamérica, la creación el Parque Nacional Islote Lobos, la creación del Parque Nacional Federal San Juan, la ampliación del Pre Delta en Entre Ríos, y falta media sanción en el Senado del Agujero Azul sobre áreas marinas protegidas”.
“En la Cámara de Diputados hay dos temas importantes en cuanto a leyes de la agenda ambiental que tienen que ver con la ampliación de Aconquija y la Ley de Jubilación Anticipada de Brigadistas”, consideró.
“Quedan leyes pendientes que son estructurales y que a nadie se les escapa como Ley de Humedales, Ley de Envases serían dos leyes muy importantes que puedan sancionarse”,
Por otro lado, adelantó que están en proceso de gestión “la creación de otros parques como Arrayanes de Concepción primer Parque Nacional de Catamarca que no tiene, Parque Nacional Laguna del Palmar en Chaco, Parque Nacional Jaaukanigás en Santa Fe. Los Parques Nacionales son clave en una industria limpia y de desarrollo para el turismo”.
“Quedan leyes pendientes que son estructurales y que a nadie se les escapa como Ley de Humedales, Ley de Envases serían dos leyes muy importantes que puedan sancionarse”, subrayó Cabandié.
Sobre este punto, el titular de la cartera de Ambiente profundizó las comparaciones entre la gestión anterior y la actual, al señalar que “pasamos a tener un presupuesto más robusto. Al iniciar el ejercicio vigente, el Ministerio de Ambiente era dentro del Gabinete la jurisdicción que menos presupuesto tenía y el Ejecutivo nos posicionó en ser uno de los Ministerios con más Presupuesto 123% de aumento en relación al ejercicio anterior. Tenemos 35 mil millones de pesos de presupuesto y llevamos ejecutados 20 mil millones de pesos”.
“Tenemos cuotas de 3 mil millones de pesos para distribuir en los bosques nativos distribuidos en los meses del último trimestre, para la protección y conservación, además de compra de bienes de uso de parques nacionales”, comunicó y agregó: “La variación real pasó de ser en el 2019 de $4.359 millones de pesos, se duplicó en 2022 a $8.798 millones”.
A su vez, resaltó que “la distribución del presupuesto es equitativa”, y apuntó: “Lo que nosotros hicimos en estos años es pasar de un ministerio de consultoría de documentos a un ministerio de política pública porque no era adecuada esa manera, teníamos que pasar a la acción e hicimos hincapié en la inversión”.
“Hemos incrementado el crédito externo o donación. La agenda ambiental tiene la posibilidad de tener fuentes como donación. Hemos gestionado importantes créditos, una de ellas fue la del Banco Interamericano de Desarrollo”, ponderó y volvió a cuestionar: “Ese crédito que se consiguió a fines del 2015 en el periodo 2016 a 2019 solamente fue usado en un 18%”.
Y continuó: “Cuando nosotros asumimos nos sentamos con representantes del BID nos dijeron que cerraban el crédito porque no se había ejecutado. Les pedimos que confíen en que nosotros que queríamos ejecutarlo porque la política de gestión de residuos es muy importante para el país porque teníamos que saldar deudas vinculadas a esa situación casi medieval, ya que la mayoría de los residuos se destinan a basurales a cielo abierto, en el peor de los casos se conforman montículos y microbasurales en centros urbanos, y esa política tenía una fuerte convicción de construir plantas, centros verdes”.
“Aquellos que quizás piensan que el estilo de nuestra concepción o cosmovisión está alejado del mundo, es muy por el contrario porque incrementamos las fuentes externas de financiamiento con crédito baldo. Nos pasó muchas veces que esos créditos se devolvían, nos pasó con el Banco Mundial, había para protección y cuidado de bosques nativos había un crédito de 64 millones de dólares que la gestión anterior decidió devolver, nosotros no queríamos devolverlo queríamos usarlo”, disparó.
Y remató: “El financiamiento externo que es para la gente no se usa o se devuelve, y el financiamiento que es para la timba financiera se tiran de cabeza para conseguirlo y después nos traen serios problemas”.
Respecto a la ejecución de la Fuente Externa, Cabandié avizoró: “De efectivizarse todas las gestiones que venimos realizando, Fondo Verde para el Clima, BID, Agencia Europea de Financiamiento, vamos a llegar a casi 950 millones de dólares para la agenda ambiental”.
Sobre este punto, el ministro indicó que se incrementó 35 veces el Manejo Nacional del Fuego y destacó que “hoy tenemos 7 mil millones de pesos de presupuesto, pero al mismo tiempo y en modo de agradecimiento a partir del ejercicio 2021 quedó establecido un 0,3 por mil de las pólizas de seguro para el Plan Nacional del Manejo del Fuego que era un acto de justicia porque tiene conocimientos, misiones y objetivos específicos que tiene que ver con bosques nativos, pastizales, con los bienes naturales”.
“Eso nos permitió incrementar la cantidad de brigadistas nacionales que de 67 pasamos a 133, 395 que pertenecen a parques nacionales. Estamos en proceso de construcción de 11 bases de fuego de parques nacionales, triplicamos la cantidad de bases para cubrir las distintas zonas”, informó. Asimismo, precisó que “lo presupuestado para el 2023 esta en el orden de los 10 mil millones de pesos”.
Por otro lado, explicó: “Nuestro país alquila aviones para combatir el fuego, el Estado Nacional nunca ha tenido medios aéreos propios y estamos haciendo esfuerzos para comprar, pero las licitaciones internacionales son complejas. Cerramos este lunes la compra con Canadá de dos helicópteros de gran porte de 15 mil litros de disparo que se multiplica por 5”.
“Recién para 2026 hay entrega de aviones hidrantes y eso es una dificultad. No abocamos a dos helicópteros. Al mismo tiempo para este verano vamos a tener 2 helicópteros uno de Francia y otro canadiense de gran porte, también en modo de alquiler para complementar los medios aéreos que tenemos 22”, manifestó.
Además, señaló que “esto es responsabilidad de Nación, triplicamos las bases, superamos la cantidad de brigadistas”, pero remarcó que “los recursos naturales les pertenecen a las provincias es el 124 de la Constitución Nacional y tienen la responsabilidad, además de tener el beneficio de hacer uso de sus recursos naturales, eso conlleva obligaciones y derechos”.
Y se preguntó: “¿Por qué la Nación es la única responsable contra el fuego y no las provincias? siendo que en Jujuy el litio es de Jujuy, el fuego también”. Por consiguiente, sostuvo que “así como hay provincias que en el último tiempo han alcanzado un nivel optimo de conformación de combate de fuego, hay provincias que están en proceso y otras todavía tiene que mejorar para tener combatientes”.
“¿Quién rige el accionar? Existen las normas, la 26.815 es la que rige y establece que la Nación solo actúa en requerimiento de las provincias”, subrayó Cabandié.
Asimismo, resaltó que “estamos en contextos de aumentos de temperaturas, de sequías, que el combustible de los pastizales de bosques esta acumulado, ante situaciones de extremidad es complejo por eso estamos realizando inversiones, entregando 50 millones de pesos a las provincias, vamos a mandar 50 aviones a demanda de insumos específicos para el combate de fuego a cada provincia, un camión autobomba, un camión volcador”, y destacó: “La inversión del manejo nacional del fuego a las provincias representa el 30%”.
“El 95 % de los incendios son por causas humanas. La que tiene que cambiar es la justicia, porque ninguno de los gobiernos ejecutivos, tenemos poder de policía para perseguir, imputar y dar con aquellos que prenden. ¿Dónde esta la justicia? es lo que nos preguntamos en la situación del Delta”, denunció.
Al cierre de su presentación, apuntó contra la oposición y los reiterados mensajes en Twitter: “Más allá de los 124 caracteres que tienen para escribir lo que quieran, tienen que entender que la situación del Delta es estacional y que tiene que ver con algo productivo. Les guste o no les guste pueden escuchar declaraciones de la sociedad rural del 2018 donde ellos decían lo que estaban haciendo que queman pastizales para ampliar la zona de pastoreo”.
“La actividad agropecuaria es estructurante para la economía del país, pero tenemos que pedir que no se haga de esa manera, es ahí donde tenemos que reclamar que la justicia actúe”, cerró el ministro de Ambiente responsabilizando, una vez más, a los productores.
