Las repercusiones de la primera sesión fallida del Frente de Todos en la Cámara baja continúan. Llegó una crítica a Juntos por el Cambio desde el Gobierno y la respuesta no tardó en llegar. Segundo, round!
El Frente de Todos intentó sesionar en Diputados sin consensuar los temas y chocó con la realidad: no tuvo número suficiente para el quórum. Y la sesión se cayó.
En ese marco, horas más tarde, el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, fustigó: “Hoy la oposición bloqueó cuatro leyes a favor de la gente. Después de acompañarlas en comisiones, faltaron a la sesión con excusas. La verdad es que nuevamente cedieron al interés y al privilegio de unos pocos por encima de los argentinos y las argentinas”.
En respuesta, el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri, manifestó: “Ministro hay una palabra el Gobierno debería empezar a internalizar: CONSENSUAR. La sesión que pidió su bloque no contempló los pedidos de la oposición. ¿Acaso la Emergencia educativa y cambiar la ley de Alquileres no son clave para la gente? El Congreso ya no es una escribanía”.
Los diputados del Pro pegaron el faltazo a la sesión convocado por el Frente de Todos y luego se reunieron con la premisa de exigir que se incluyan proyectos de índole económico. Piden que funcionen las comisiones de Diputados.
El bloque de diputados nacionales del Pro se reunió esta tarde luego de la negativa del oficialismo a incluir proyectos que proponía la oposición para ampliar el temario de la sesión especial convocada por el Frente de Todos.
Durante el encuentro, los diputados macristas resaltaron la necesidad de que el oficialismo convoque a las comisiones para tratar las leyes que tienen contenido económico, productivo e institucional, que “responden a las demandas sociales que se expresaron en las urnas”.
Al término de la reunión, el presidente del bloque Pro, Cristian Ritondo, afirmó que “el oficialismo está acostumbrado a usar su mayoría en la Cámara de Diputados para que solo se debatan los temas que a ellos les interesan”.
“Nosotros queremos que se respete a los millones de argentinos que nos votaron. Queremos ley de Etiquetado, pero también que abran el Congreso para debatir la reforma de la ley de alquileres, la emergencia educativa, la boleta única, la emergencia hídrica, la ley de reactivación productiva de la Patagonia, la ficha limpia y la extinción de dominio para bienes provenientes del narcotráfico y la corrupción, y tantos otros temas que son muy importantes para los votantes a los que representamos”, dijo Ritondo.
Tras la sesión especial frustrada por la falta de quórum luego de que Juntos por el Cambio y otros bloques opositores no asistieran al recinto de Diputados, el Frente de Todos busca consensuar un temario para sesionar la próxima semana.
Las aguas comienzan a bajar luego de los momentos de tensión que se vivieron este martes al mediodía en Diputados donde, por primera vez, el Frente de Todos tuvo su revés político y no logró reunir quórum.
Con mayor serenidad, los referentes del oficialismo y de Juntos por el Cambio almorzaron en la Presidencia de la Cámara baja que conduce Sergio Massa y acercaron posiciones para sesionar posiblemente la próxima semana, aunque todavía no hay una fecha definida y mucho menos el temario.
Junto a Massa estuvieron el jefe de bloque del Frente de Todos (FdT), Máximo Kirchner; el gobernador bonaerense Axel Kicillof; y los referentes de JxC Mario Negri, Juan Manuel López y Cristian Ritondo.
Luego, se sumaron a la reunión los jefes de los bloques más pequeños como los socialistas de Santa Fe, los diputados de Córdoba Federal y el bloque de Consenso Federal.
En el intercambio de posiciones, el oficialismo planteó que la próxima agenda tiene que incluir los 4 temas que estaban previsto para hoy: Etiquetado Frontal; personas en situación de calle; beneficios jubilatorios a trabajadores vitivinícola; y declarar monumento natural al águila harpía.
Desde JxC contaron en durante el encuentro se aclaró que “solo se buscarán temas de consenso para una sesion especial pedida por todos los bloques, sin fecha cierta”.
Fuentes parlamentarias, tras varios idas y vueltas, señalaron que el bloque Consenso Federal, con la diputada Graciela Camaño a la cabeza, impulsa el tratamiento del proyecto de ley que busca proteger la diversidad marina a través de la creación de un Área Marina Protegida Bentónica en la zona conocida como Agujero Azul, mientras que los cordobeses piden la cesión a la provincia del terreno del campo La Perla.
En tanto, el diputado rionegrino Luis Di Giácomo pidió al igual que el jefe del intebloque Federal, Alejandro Topo Rodríguez, que se incluya la ley Ovina. Por su parte, los socialistas de Santa Fe pidieron la derogación de la ley de Alquileres.
122 marcó el tablero del recinto de la Cámara de Diputados. La sesión fracasó porque el oficialismo junto a aliados y 2 opositores no llegó a los 129. El FdT tuvo 5 ausentes, 2 renuncias y una licencia.
El bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, conducido por Máximo Kirchner, apuntó contra la oposición por la sesión frustrada en la que se iba a convertir en ley el Etiquetado Frontal, pero sus ausencias también fueron centrales para no lograr el quórum necesario.
El número máximo de diputados presentes en el recinto fue de 122, 7 menos que los 129 necesarios, pero el FdT podría haber conseguido quórum si hubiese contado con los 5 diputados que estuvieron ausentes, los 2 que han renunciado y otro que está de licencia. Hubiese alcanzado los 130 diputados presentes: quórum.
AUSENTES. Al oficialismo le faltaron cinco diputados propios: José Luis Martiarena (Jujuy), Karim Alume Sbodio (San Luis), Juan Mosqueda (Chaco), Alcira Figueroa (Salta) y Graciela Navarro (Santiago del Estero).
Martiarena es justamente el diputado que días atrás presentó un proyecto de ley para nacionalizar los depósitos bancarios, lo que generó gran polémica a nivel tal que el propio bloque oficialista salió al cruce de esa iniciativa y se diferenció.
RENUNCIANTES. El FdT tiene dos bajas de diputados que renunciaron, Facundo Moyano y Cristina Álvarez Rodríguez. Debían jurar sus reemplazantes, pero una vez conseguido el quórum y no lo pudieron hacer.
LICENCIA. José Ignacio De Mendiguren se encuentra de licencia porque es el titular del BICE (Banco de Inversión y Comercio Exterior).
Con la sesión fracasada por la falta de quórum, el diputado porteño de Juntos por el Cambio (JxC) entró al recinto y dejó en su banca una foto de Marcela López, una mujer que está desaparecida desde el 22 de mayo en Río Gallegos. Tenso momento bajo la mirada de los kirchneristas.
La sesión fracasó en Diputados por la falta de quórum y en el momento en que el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, tomaba lista para dejar en evidencia a los legisladores nacionales que no asistieron el diputado porteño Fernando Iglesias (JxC) irrumpió en el recinto con un cartel en alto con la foto de Marcela López, una mujer que está desaparecida desde el pasado 22 de mayo en Río Gallegos.
Luego de levantar el cartel con el pedido de búsqueda de López ante los diputados presentes, Iglesias lo dejó sobre su banca y se retiró a los gritos del recinto.
Más tarde, en Twitter, el diputado de JxC apuntó contra el titular de la Cámara baja: “Acá tenés otro ausente, Sergio Massa. Anotala en la lista”.
“Te dejé el retrato en mi banca. No se les ocurra tocarlo porque me vas a escuchar”, advirtió Iglesias en su publicación, que fue ilustrada con la imagen del mismo cartel que expuso en su banca en Diputados.
Lo mismo hizo la diputada nacional por la Coalición Cívica Mónica Frade, quien también ingresó al recinto con la foto de López.
Marcela López es una hotelera de 61 años que desapareció el pasado 22 de mayo en Río Gallegos, y por el momento no hubo resultados en la investigación que lleva adelante la Justicia.
La ex pareja de la desaparecida es José Luis Balado, tío de Mario Balado, uno de los dos administradores de todos los bienes de la familia Kirchner.
El pasado 24 de septiembre, el juez federal de Río Gallegos Claudio Vázquez se declaró incompetente en la denuncia para investigar el caso como supuesto secuestro extorsivo y no como supuesto suicidio.
“Faciliten el tratamiento de la ley de Etiquetado y las leyes que mejoran las condiciones laborales y jubilatorias de trabajadores de Viñas”, dijo el senador mendocino en un mensaje directo a la interna de Juntos por el Cambio. Negri adelantó que JxC no dará quórum.
El senador mendocino Julio Cobos no se quedó de brazos cruzados y salió a poner presión en el interbloque de Juntos por el Cambio para que de quórum este martes en la sesión especial convocada por el Frente de Todos en Diputados.
Allí se tratará la ley de Etiquetado Frontal y dos proyectos de ley que ya tienen media sanción del Senado y que tienen el objetivo de mejora las condiciones laborales y jubilatorias de trabajadores de viñas, según el propio Cobos.
El mensaje en Twitter fue dirigido al jefe del interbloque de JxC, Mario Negri, quien horas antes había anticipado que la principal fuerza opositora no iba a sentarse en las bancas hasta que el oficialismo logre reunir el quórum, lo que hace peligrar el inicio de la sesión porque el FdT no tiene los números necesarios para alcanzar los 129 diputados necesarios.
En ese marco, Cobos escribió: “Sr. Presidente del bloque UCR, @marioraulnegri, pidan sesión especial con los temas de interés de JxC, pero también faciliten el tratamiento de la #LeydeEtiquetado y las leyes que mejoran las condiciones laborales y jubilatorias de trabajadores de viñas. Esto es lo prioritario”.
Alguien que le salió al cruce a Cobos fue el jefe del bloque de la Coalición Cívica en Diputados, Juan Manuel López, quien tuiteó: “Hay muchas cosas prioritarias señor senador. Le paso el teléfono de Negri por privado. Estamos trabajando para que no nos atropellen, para que se respete el resultado electoral y para sacar todos los temas que se necesiten. Quédese tranquilo”.
Sergio Massa firmó la resolución que establece el “Protocolo para el Funcionamiento Parlamentario con Recinto Protegido” con el total de miembros que componen la Cámara de Diputados.
El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, firmó este jueves la resolución en su despacho, acompañado por el secretario parlamentario, Eduardo Cergnul, y el secretario administrativo, Rodrigo Rodríguez, para que se vuelva a sesionar de forma presencial, lo que no se produce desde marzo de 2020 cuando se declaró la pandemia de coronavirus.
Esta determinación se acordó con la oposición durante un encuentro realizado el miércoles con el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri, tal como lo había adelantado parlamentario.com.
El artículo 1° dice: “Establécese el ‘Protocolo para el Funcionamiento Parlamentario con Recinto Protegido’ con el total de miembros que componen la Honorable Cámara de Diputados de la Nación”.
En tanto, el segundo artículo establece que en las sesiones “las diputadas y los diputados de la Nación podrán estar presentes en todas las sesiones que sean convocadas respetando las medidas de prevención establecidas por las autoridades sanitarias y siempre que posean resultado negativo de COVID-19, lo cual se podrá constatar a través de las siguientes maneras:
a) Test de PCR por hisopado nasofaríngeo o por saliva en las 72 hs previas al inicio de la sesión; o
b) Test rápido antigénico en las 48 hs previas al inicio de la sesión.
c) En los casos previstos en los incisos a) y b), los tests pueden ser realizados en la locación que elijan las diputadas y los diputados, debiendo enviar su por correo a recintoprotegido@hcdn.gob.ar.
d) Las autoridades de la Cámara dispondrán un dispositivo para el testeo quien deban participar de las sesiones y elijan realizar el testeo en el ámbito de la Cámara de Diputados.
Respecto a la labor parlamentaria en las comisiones, el artículo 3 prevé que “se permitirá la presencialidad, respetando las medidas de prevención establecidas por las autoridades sanitarias para las reuniones de comisión que se desarrollen en el ámbito de la HCDN, utilizándose espacios de dimensiones que permitan el distanciamiento establecido en los protocolos vigentes”.
“Las autoridades de las comisiones podrán decidir por la opción de trabajo mixto (presencial y remoto) o remoto. Quienes se encuentren comprendidos en los artículos 4° y 5° de la presente resolución podrán asistir y participar de las reuniones en forma remota”, agrega.
El artículo 4 marca los grupos exceptuados de participar en forma presencial:
I. Personas con Inmunodeficiencias:
• Congénita, asplenia funcional o anatómica (incluida anemia drepanocítica).
• VIH dependiendo del status (< de 350 CD4 o con carga viral detectable).
• Personas con medicación inmunosupresora o corticoides en altas dosis (mayor a 2 mg/kg/día de metilprednisona o más de 20 mg/día o su equivalente por más de 14 días)
II. Pacientes oncológicos y trasplantados:
III. Embarazadas
En el artículo 5, asegura que “no podrán asistir presencialmente a las sesiones ni a las reuniones presenciales de comisión quienes tengan un diagnóstico positivo de Covid-19 ni las personas consideradas ‘contacto estrecho’ de un caso confirmado”.
También se prevé que la Comisión de Labor Parlamentaria designará las autoridades y las diputadas y los diputados que conformarán una comisión evaluadora a los fines de considerar las excepciones establecidas en los artículos 4° y 5° de la presente resolución.
Las diputadas y los diputados exceptuados podrán participar de manera remota en los términos de lo establecido en el Protocolo de Funcionamiento Parlamentario Remoto aprobado por la Cámara el día 13 de mayo de 2020.
2021672Legisladores de la UCR presentaron un proyecto de ley que establece un crédito fiscal para los contribuyentes no deudores. Aseguran que “el alivio fiscal del oficialismo sólo beneficia a los morosos”.
Diputados del bloque de la UCR, liderados por Gustavo Menna, Mario Negri y Alfredo Cornejo, presentaron este jueves un proyecto de ley que busca equilibrar beneficios entre contribuyentes morosos y cumplidores.
La iniciativa pretende premiar a quienes están al día con el fisco otorgándoles un crédito fiscal de hasta 100 mil pesos, el mismo monto que establece el proyecto del oficialismo –firmado por el presidente del cuerpo Sergio Massa– para condonar deudas a pequeños contribuyentes.
“El oficialismo presentó un proyecto denominado de ‘alivio fiscal’ por el cual propone condonar deudas de contribuyentes, personas humanas y jurídicas, sucesiones indivisas, pequeños contribuyentes hasta 100.000 pesos”, relató el diputado Menna.
En ese sentido, advirtió: “Nosotros creemos que es hora de dar alivio fiscal también a los que han venido cumpliendo con mucho sacrificio con sus obligaciones tributarias, porque ellos también tienen problemas en el marco de la pandemia, de la caída de la actividad económica y del desastre que hizo el Gobierno con el manejo de la economía”.
Y agregó: “Con lo cual, por un principio de igualdad ante la ley, corresponde también reconocerles esa misma suma de hasta 100.000 pesos a los cumplidores. En este caso, como ellos no tienen deudas con el fisco, el proyecto lo que hace es proponer un crédito fiscal. Esto es: reconocerles 100.000 pesos, el mismo monto que en el proyecto del oficialismo le perdona a los incumplidores, pero en nuestro caso reconocemos un crédito fiscal para compensar con obligaciones futuras en materia tributaria, aduanera y de la seguridad social”, precisó.
¿Qué dice el proyecto?
Artículo 1°. -Otórgase un crédito fiscal por $ 100.000 a las MiPYMES, personas humanas y sucesiones indivisas que sean considerados pequeños contribuyentes en los términos que determine la reglamentación con efecto exclusivo para los contribuyentes que no registren deudas en mora con el Fisco al 31 de agosto de 2021.
Artículo 2°. – El crédito fiscal que se reconoce podrá ser aplicado en forma automática por el contribuyente para compensar obligaciones que se devenguen en lo sucesivo con el Fisco en materia tributaria, aduanera y de la seguridad social hasta agotar la suma de $ 100.000.
Artículo 3°.- No podrán acceder al beneficio que establece esta ley los siguientes contribuyentes:
a) Los que hubiesen adherido a la moratoria aprobada por la ley 27.541 y ampliada por la ley 27.562.
b) Los que hubiesen sido ejecutados fiscalmente o condenados, con condena firme, por multas por defraudación fiscal en los dos (2) períodos fiscales inmediatos anteriores al período fiscal 2020.
Artículo 4°.- El Poder Ejecutivo Nacional, a través de la Administración Federal de Ingresos Públicos, reglamentará la presente ley dentro de los quince (15) días corridos de su sanción y dictará la normativa complementaria e interpretativa necesaria para garantizar el beneficio que reconoce a los contribuyentes cumplidores.
Artículo 5°.- Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a adherir a este régimen, adoptando en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones similares medidas de reconocimiento a los contribuyentes cumplidores.
Artículo 6°.- La presente ley comenzará a regir a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial.
Artículo 7°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Acompañaron a Menna, Mario Negri, Alfredo Cornejo, Luis Pastori, Alejandro Cacace, José Luis Riccardo, Lorena Matzen, Gabriela Lena, Sebastián Salvador, Claudia Najul, Federico Zamarbide, Jimena Latorre, Hugo Romero, María Soledad Carrizo (UCR), e Ignacio Torres (Pro).
Los legisladores Casaretto y Siley destacaron la actualización automática por índice salarial prevista por ley. La medida elevó el piso de Ganancias a 175 mil pesos.
El Gobierno nacional decidió elevar el piso de Ganancias a 175 mil pesos y los diputados oficialistas Marcelo Casaretto y Vanesa Silley coincidieron en resaltar la medida y además recordaron que con la ley prevista por el Congreso se prevé la actualización automática por índice salarial”.
Al respecto, el diputado entrerriano se refirió al aumento en el piso de Ganancias al asegurar que “esto ha sido una preocupación permanente del Gobierno, ya que a principios de este año el mínimo no imponible estaba en $75.000”.
En ese momento, el Frente de Todos presentó un proyecto, a instancias del presidente del cuerpo, Sergio Massa, y el jefe de bloque del FdT, Máximo Kirchner, “para duplicarlo y lo llevamos a $150.000”.
“Este aumento ya lo veníamos pidiendo hace unas semanas porque nuestra convicción es que solo deben pagar ganancias solo el 10 por ciento de los trabajadores que más ganan. Por eso la ley prevé actualización automática por índice salarial”, agregó Casaretto.
En tanto, la diputada Siley consideró que “la elevación del piso del impuesto a las ganancias a $175mil es una medida estratégica para llevar un alivio fiscal a todas las y los trabajadores y jubilados, e impulsar el mercado interno”.
“la ley tiende a proteger el poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras que pagan ganancias”, subrayó.
Siley explicó que la medida estaba contemplada cuando se modificó la ley en el Congreso para elevar el piso de Ganancias.
“Previmos en el artículo 12 que en caso de que haya paritarias se pueda elevar, y así se ha hecho hoy. Se subió a 175 mil pesos”, dijo en declaraciones a El Destape radio.
“Durante el macrismo a pesar de la promesa de campaña de que nadie iba a pagar Impuesto a las Ganancias, la realidad fue inversa y terminaron siendo el doble los trabajadores y trabajadoras que los que pagaron”, fustigó.
parlamentario.com adelanta la agenda del tratamiento de la ley de leyes en la Cámara baja. Hay un cambio de modalidad: el último será el ministro de Economía.
El Presupuesto 2022 comenzará a ser presentado este jueves 23 y continuará en distintas etapas que concluirá a mediados del mes de octubre con la tradicional reunión de la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja con el ministro de Economía, Martín Guzmán.
Antes, la tradición parlamentaria marcaba que el proyecto de “la ley de leyes” comenzaba con el informe del ministro de Economía de turno y luego continuaban los informes de los distintos secretarios del área económica.
Sin embargo, en esta oportunidad será diferente ya que la agenda a la que tuvo acceso parlamentario.com prevé que este jueves 23, Guzmán se reúna con los diputados oficialistas: Sergio Massa, Máximo Kirchner, Carlos Heller, Marcelo Casaretto y aquellos que son referentes económicos del Frente de Todos.
La misma metodología se empleará la próxima semana cuando Guzmán se reúna junto a Massa con los jefes de bloques de la oposición y los referentes económicos de los sectores contrarios al Gobierno nacional.
A partir de la primera semana de octubre, los funcionarios del área económica visitarán la Comisión de Presupuesto de Diputados, presidida por el porteño Carlos Heller.
Según estimaron las fuentes parlamentarias, esto demorará una o dos semanas, y a continuación será el turno de Guzmán con toda la Comisión de Presupuesto, por lo que el ministro de Economía sería el último en presentarse en la comisión previo a que se debata entre los legisladores y se pase a la firma para lograr el dictamen de mayoría y llegar al recinto antes del mes de noviembre.
El desafío del oficialismo en la Cámara baja es que las elecciones no frenen el tratamiento del Presupuesto 2022 porque debe acelerar el trámite para evitar que este central proyecto de ley de control de gastos y administración de recursos se trate con la nueva composición del Parlamento, ya que sería aún más compleja que la actual según los resultados de las elecciones PASO.
Las sesiones ordinarias vencen el 30 de noviembre y el 10 de diciembre asumen los diputados que sean electos el pasado 14 de noviembre en las elecciones generales.
Una de los especialistas invitados que disertará será el flamante ministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus. El nuevo ministro de Educación, Jaime Perczyc, no participará. La labor de Paulo Freire en el centro de la jornada en memoria del centenario de la vida del educador brasileño.
La Cámara de Diputados rendirá este martes un homenaje a la figura del pedagogo, filósofo y escritor brasileño, Paulo Freire, al cumplirse cien años de su nacimiento, en un acto al que fue invitado a exponer el designado ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus. Sin embargo, no participará el flamante ministro de Educación, Jaime Perczyc.
El evento fue organizado por la presidenta de la Comisión de Educación, Blanca Osuna (Frente de Todos), y su par de bancada, la diputada porteña oficialista Mara Brawer, se informó en un comunicado.
El homenaje se realizará a partir de las 16.30 en el Salón de los Pasos Perdidos de la Cámara de Diputados de la Nación.
Brawer señaló que el objetivo es “rescatar y destacar la labor educativa de Paulo Freire y, para ello, contará con actividades que combinan el formato tanto presencial como virtual, con paneles expositivos y presentaciones musicales”.
El primer panel, “Freire: educación y soberanía de nuestros pueblos” contará con la presencia virtual a través de la plataforma Cisco Webex del Presidente de la Comisión de Educación y Salud de la Cámara de Diputados del Estado Plurinacional de Bolivia, Adán Palacios Puma (Bolivia).
También asistirá Odalys Barrabia Monier, profesora de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona, y será coordinado por la diputada entrerriana Osuna.
Luego, habrá espacio para la música en vivo con la interpretación de la orquesta de jóvenes Ensamble Musizap junto con la actuación de Teresa Parodi, en el Salón de Pasos Perdidos del Palacio Legislativo.
También, se informa que en el último panel, “Freire: las propuestas de un educador popular”, expondrán Filmus; la politóloga y exfuncionaria Adriana Puigross; y el educador popular Pedro Pontual (Brasil).
A su vez, este evento se verá acompañado de una muestra digital llamada “Freire en Argentina: un vínculo con su historia” que se centra en la primera visita de Paulo Freire al país, en el contexto de la Campaña de Reactivación Educativa de Adultos para la Reconstrucción (CREAR).
El evento podrá verse en vivo desde el canal de YouTube de la Cámara de Diputados de la Nación y desde el Facebook Live de la Dirección General de Cultura y Museo de la HCDN. Asimismo, en las redes sociales y el portal de Cultura podrá verse también la muestra digital.
“No hay información”, repiten desde el FdT en Diputados. El Presupuesto ya salió del Ministerio de Economía. Ahora lo están revisando en la Rosada. La derrota electoral hizo cambiar algunas políticas de gastos. Tensión en el oficialismo. Podría postergarse.
El proyecto de ley del Presupuesto 2022 debería ser presentado hasta este miércoles 15 como lo establece la ley de Administración Financiera, pero el resultado electoral negativa de estas PASO del domingo 12 cambiaron todo el escenario económico previsto para el próximo año y desde la Casa Rosada encendieron todas las alarmas sobre la norma que rige los gastos en las distintas áreas de gobierno.
El Presupuesto 2022 ya salió del Ministerio de Economía que conduce Martín Guzmán, según confirmaron a parlamentario.com fuentes del Palacio de Hacienda, pero ahora fue frenado en Gobierno por una fuerte presión de los sectores vinculados al kirchnerismo que sostienen que hay que profundizar más el gasto social y no priorizar el pago de deuda.
En ese contexto, los fuertes rumores desde Economía y el silencio en Diputados formaron un combo que cada vez crece más sobre la posible postergación del envío del Presupuesto para el año próximo, ya que se estaría estudiando modificaciones en varios puntos.
El eje central de discusión gira en torno al pago de deuda para el próximo año estimado en más de 19 mil millones de dólares -17 al Fondo y 2.300 al Club de Paris- que dependerá de una reestructuración de pagos con el FMI.
Tras la dura derrota electoral, el eje del Presupuesto elaborado por Guzmán sería modificado por el kirchnerismo más adepto a “poner el dinero en obra pública y en el bolsillo de la gente”.
El presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja, Carlos Heller (FdT), manifestó: “La información que yo tengo es que mañana se va a presentar el Presupuesto 2022, pero lo hago por una situación de descarte porque el año pasado tampoco me anticiparon cuando lo enviaban y lo enviaron el 15″.
“Nunca el Poder Ejecutivo nos anticipó cuando iba a mandar el presupuesto y casi siempre se hizo el ultimo día establecido por ley que es mañana -este miércoles 15-“, destacó Heller en Diputados TV.
En ese sentido, señaló que “una vez que se presente el Presupuesto, organizaremos el momento en que el ministro hará la presentación y como vamos a tratarlo, que no será distinto a otros años”.
Con respecto de los tiempos parlamentarios, destacó que “la idea es como todos los años que se apruebe antes del 30 de noviembre porque es un tema de una buena práctica legislativa porque esa fecha termina las sesiones ordinarias”.
Por su parte, el diputado entrerriano Marcelo Casaretto (FdT) fue contundente este martes al señalar en Diputados TV: “Estamos esperando la presentación del Presupuesto. Estimamos que se cumplirá con el plazo que establece la Constitución y seguramente estará el ministro Guzmán este jueves o viernes para presentarlo en el Congreso”.
Así son las horas que se viven en el bloque del Frente de Todos que conduce Máximo Kirchner, con muchas internas y diferencias entre los diversos sectores que componen la coalición gobernante.
Semanas atrás trascendió que los principales puntos de la iniciativa estimaban que el PBI de Argentina crecerá entre 3% y 4% en 2022, con una inflación anual de entre 30% y 40% y un déficit fiscal primario de entre 3,0% y 3,5%.
Cabe recordar que la ley de Administración Financiera establece en su artículo 26 que “el Poder Ejecutivo Nacional presentará el proyecto de ley de presupuesto general a la Cámara de Diputados de la Nación, antes del 15 de setiembre del año anterior para el que regirá, acompañado de un mensaje que contenga una relación de los objetivos que se propone alcanzar y las explicaciones de la metodología utilizada para las estimaciones de recursos y para la determinación de las autorizaciones para gastar, de los documentos que señala el artículo 24, así como las demás informaciones y elementos de juicio que estime oportunos”.
Mientras el Frente de Todos formó una alianza con el oficialismo provincial, el principal frente opositor llegó unido y presentó tres nóminas.
Este domingo en Salta los electores deberán elegir candidato a diputado nacional para renovar 3 de las 7 bancas entre 13 boletas repartidas en cinco alianzas y dos partidos que son el Frente de Todos, Unidos por Salta, Juntos por el Cambio +, SI+PRS y el Frente de Izquierda de Trabajadores-Unidad, Política Obrera (PO) y Felicidad.
El kirchnerismo y el espacio que encabeza el PJ irán unidos por el Frente de Todos, el cual a su vez formó una alianza con el oficialismo provincial y, de esta manera kirchneristas y saencistas llevarán como precandidato a diputado nacional en la lista “Salta Unida” a Emiliano Estrada, exministro de Hacienda de Salta y exsubsecretario de Relaciones con las Provincias del Ministerio del Interior, acompañado por Pamela Calleti y Marcelo Moises.
La otra nómina, “Con todos sinceramente”, está encabezada por el actual delegado en Salta del Ministerio de Trabajo de la Nación y exsecretario general de la CGT en Salta, el dirigente camionero Jorge Guaymás, quien también fue diputado provincial, María Blanco y Jorge Villazón.
En tanto, la alianza Unidos por Salta lleva como precandidato al actual senador provincial y ex diputado nacional Guillermo Durand Cornejo, junto a Silvia Loria y Baltasar Lara.
Por su parte, la agrupación Felicidad fue la única fuerza K que decidió quedar al margen de la alianza con el oficialismo provincial y terminó saliendo del FdT, por lo que decidió ir con precandidatos propios a las PASO y puso como cabeza de lista a Tane Da Souza, seguido por María Laura Thomas y Guido Giacosa.
Por otro lado, el Frente Sí + PRS, que lo integran los partidos Salta Independiente y Renovador de Salta, acordó la presentación de la lista “Por un país mejor”, encabezada por el ingeniero, Felipe Biella, Elsa Maidana y Luis Sarmiento.
El frente Juntos por el Cambio +, conformado por Propuesta Republicana, la Unión Cívica Radical (UCR) y Ahora Patria, llega a las primarias con cuatro listas, de las cuales la llamada Juntos501 está encabezada por Inés Liendo (Pro), Mateo Saravia y Graciela Lena. En su otra nómina “Juntos Somos+” llevan como candidatos al legislador provincial Carlos Zapata, acompañado por María Orozco y Alejandro Sentana.
En tanto, el Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad, integrado por el Partido de los Trabajadores por el Socialismo (PTS), el Movimiento Socialista de los Trabajadores y el Frente Unidad Trabajadora, llega a las elecciones con dos listas. Una de ellas, denominada Unidad de Izquierda, está encabezada por la exconcejala del Partido Obrero, Cristina Foffani, seguida por José Olmedo y Daniela Planes Saiz, mientras que la lista Revolucionemos la Izquierda lleva en primer término a la dirigente Andrea Villegas, Mario Silva y Anabel Renfijes
El partido Política Obrera, liderado a nivel nacional por Jorge Altamira y compuesto por dirigentes y militantes del Partido Obrero, saldrá solo en las elecciones nacionales y postula al exdiputado provincial Julio Quintana junto a Gloria Romano Ortiz y Miguel García.
Por último, el Nuevo MAS participará de las PASO en Salta con la lista “Para renovar la izquierda”, que postula a Marcos Tognolini, Carla Morales y José Cabrera.
Los diputados nacionales a los que se les finaliza el mandato son Alcira Figueroa, del Frente de Todos; Martín Grande, del Pro y Andrés Zottos, del bloque Justicialista.
A su vez y según la Cámara Electoral Nacional, en esta provincia están habilitados para votar 1.051.142 personas, en un total de 3.189 mesas dispuestas en 515 locales electorales distribuidos en todo el territorio provincial.
La oposición en la provincia del gobernador Gerardo Zamora participa con 2 propuestas en estas PASO. El Frente Cívico por Santiago presenta lista única. Las 3 bancas de la Cámara baja en juego son del FCxS en el FdT. El mandatario provincial es el precandidato 3er suplente a diputado.
Un total de 778.455 santiagueños están habilitados para votar este domingo en las PASO nacionales donde habrá 10 listas para renovar 3 bancas de diputados nacionales, con la particularidad de que el tercer suplente de la lista del Frente Cívico por Santiago (FCxS) es el propio gobernador Gerardo Zamora.
Este domingo será la primera elección en un año electoral para Santiago del Estero en la que se medirán las diferentes fuerzas en un año especial, ya que el 14 de noviembre junto con las elecciones nacionales se llevarán a cabo las provinciales para elegir gobernador, 40 diputados provinciales, 137 comisiones municipales e intendentes en las ciudades de Atamisqui y Clodomira.
En estas PASO nacionales, el FCS, que lidera Zamora, irá con la lista unida, integrado por el Partido Justicialista, Federal, Movimiento Justicia y Libertad, Una Nueva Alternativa, Kolina, Acción Vecinal, FE, De la Victoria, Social de Centro.
Santiago del Estero renueva 3 bancas en Diputados
A la vez, se adhirieron los partidos provinciales y acompañan el Movimiento Evita, Agrupaciones de Mujeres Radicales, Comunidad Afrodescendiente, Foro Social y Popular Intendentes, concejales, legisladores nacionales y provinciales, CGT Unificada Santiago del Estero, entre otras.
Los precandidatos titulares a diputados por el FCxS son: Silvia Sayago, Bernardo Herrera y María Luisa Montoto.
Las 3 bancas que se renuevan pertenecen hoy al Frente de Todos, por lo que el oficialismo arriesga todo en esa provincia.
Justamente, 2 de los diputados a los que se les vence el mandato buscarán la reelección y son Bernardo Herrera y María Luis Montoto. En tanto, a Norma Adbala de Matarazzo no renovará su banca.
Por su lado, Juntos por el Cambio dirimirá en internas sus candidaturas, entre la lista que integran Facundo Pérez Carletti, Natalia Neme y Elidio Mendoza (Lista 503-A Juntos) y la que encabeza Marcelo Lugones, Luciana Rached y Damian Orellana (Lista 503-B Cambio Santiago).
Otra interna que habrá en el partido “Unite por la Dignidad y la Libertad” que competirá con dos listas, “Cruzada Santiagueña”, que propone a Luciano Paván, Lorena Flores de Castaño y Aníbal Cabán; y Voces Libertarias SDE, que lleva a José María Robledo, María Cecilia Infante del Castaño y Álvaro Maximiliano Salazar.
Además del oficialismo y estas listas de la oposición que van a internas, competirán otras cinco fuerzas, tales como el Frente Renovador encabezado por Pablo Mirolo, también Libres del Sur que lleva como primera candidata a Marianella Lezama Hid.
Asimismo, se presenta el partido Por un Santiago Obrero que lleva como precandidata a Norma Valeria Morales; el Movimiento Socialista de los Trabajadores con Olivera María Isabel Chabela a la cabeza; el Frente Patriótico Laborista con Guillermo Suárez Melean.
Dejan la banca
FdT (3): Norma Abdala de Matarazzo, Bernardo Herrera y María Luisa Montoto.
Se quedan hasta el 23
FdT (5): Daniel Brue, Ricardo Daives, Graciela Navarro y Estela Neder.
Desde Juntos por el Cambio presentaron un proyecto para pedirle al Gobierno Nacional que se exprese en defensa de los derechos humanos en Nicaragua lo cual es una “preocupación grave”.
Diputados nacionales de la oposición, encabezados por Facundo Suárez Lastra, presentaron un proyecto por el cual expresan una “profunda preocupación por el grave deterioro de los derechos humanos en Nicaragua”, debido a que eso “imposibilita el proceso electoral”, por lo que le solicitaron al Gobierno que se exprese contra la violación esos derechos.
“La profunda preocupación por el grave deterioro de los derechos humanos en Nicaragua que se materializa en la existencia de represión por parte de las fuerzas de seguridad, perseguidos políticos y más de 130 presos políticos en condiciones inhumanas”, explica el proyecto.
Al mismo tiempo, los diputados de la coalición opositora solicitan que” el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Cultura, se exprese de manera contundente en favor de la defensa de los derechos humanos en Nicaragua en nuestro país, y en los foros internacionales correspondientes”.
En el proyecto, los legisladores señalaron que “la situación de los derechos humanos en Nicaragua experimenta un acelerado deterioro que despierta nuestra más profunda preocupación”, debido a que “el régimen de Daniel Ortega viene persiguiendo líderes políticos de la oposición, encarcelando precandidatos y reprimiendo manifestaciones sociales”.
“Este escenario político hace imposible el desarrollo del proceso electoral en curso, que culmina en noviembre con las elecciones presidenciales”, precisaron y opinaron: “Frente a ello, creemos que el Gobierno Nacional Argentino debe asumir una posición contundente en defensa de los derechos humanos y la democracia en nuestro continente”. Asimismo, pidieron “al presidente, Alberto Fernández, y a su canciller, Felipe Solá, a alzar la voz en nuestro país y en foros internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización de Naciones Unidas (ONU)”.
Por su parte, Suárez Lastra remarcó: “No podemos permanecer callados y asumir una posición de complicidad. No debemos tolerar las derivas autoritarias y dictatoriales en nuestro continente, vengan por izquierda o derecha. El lugar de la Argentina en el mundo debe ser al lado de las democracias, sosteniendo sus valores y no amparando las dictaduras y autocracias que los niegan”.
Además de Suárez Lastra, firmaron el proyecto el titular del interbloque, Mario Negri, y los diputados Maximiliano Ferraro, Silvia Lospenato, Ricardo Buryaile, Waldo Wolf, Karina Banfi, Dolores Martínez, Albor Cantard, Soher El Sukaria, Diego Mestre, Carmen Polledo, Alberto Assef y Fernando Iglesias.
Hace más de 20 días, un grupo de diputados de Juntos por el Cambio presentaron una iniciativa que coincido con los dichos del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Conocé el proyecto de ley.
Un proyecto de ley que se presentó hace veinte días por el diputado fueguino del Pro Héctor Stefani junto a varios legisladores del interbloque Juntos por el Cambio (JxC) para modificar el sistema tradicional de indemnizaciones y crear el Segurio de Garantía de Indemnización (SGI), en coincidencia con el pronunciamiento del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, a favor de la eliminación de la indemnización por despido e implantar un sistema parecido al del seguro.
“Crease el Seguro de Garantía de Indeminización (SGI) como institución indemnizatoria del trabajo en el marco de la nómina salarial a los efectos de garantizar la indemnización de los trabajadores ante eventuales pérdidas de puestos laborales o cese de actividades”.
La iniciativa del legislador fueguino propone la implementación de un seguro de garantía de indemnizaciones por el cual un trabajador despedido de una empresa dejaría de cobrar la indemnización completa y, a cambio, se le pagaría esa indemnización de manera mensual.
En su articulado, el proyecto dice que “ante caso de renuncia o cese de actividades, jubilación o retiro o despido, fuese este último con o sin causa justa, el empleado percibirá una remuneración del Seguro de Garantía de Indemnización mensual equivalente a su último salario percibido hasta el reinicio de actividades u obtención de nuevo empleo”.
Precisa también que “dichas cuotas mensuales equivalentes al Seguro de Garantía de Indemnización cesarán cuando éstas superen los meses que correspondan a los años trabajados”.
Aclara también que “en cualquier caso de despido, el empleador deberá pagar el primer mes de indemnización” y que “el trabajador comenzará a percibir las remuneraciones correspondientes a su Seguro de Garantía de Indemnización a partir del segundo mes transcurrido su despido efectivo”
En los fundamentos del proyecto, el diputado explicó que “tiene por objeto reformar la legislación laboral vigente con el fin de constituir una política pública en materia laboral que permita promover la contratación de trabajadores argentinos en el sector privado, disminuir el gasto público, reducir la carga impositiva laboral”.
También apunta a “afianzar la inversión en tecnología y, sobre todo, reducir los costos laborales que rigen actualmente en el país a través de un nuevo sistema de indemnización, promoviendo la contratación en el empleo formal”, según enumeró el diputado.
Acompañaron a Stefani en la firma del proyecto, sus compañeros de bloque Omar de Marchi; Francisco Sánchez; Pablo Torello; Alfredo Schiavoni; Fernando Iglesias; Jorge Enriquez y Camila Crescimbeni; y el radical Federico Zamarbide.
Dicho proyecto de ley fue girado a las comisiones de Trabajo, de Previsión y de Presupuesto.
3461-D-2021-Eliminar-Indemnizacion-ProEn el Salón de Honor de la Cámara de Diputados, el presidente del cuerpo legislativo recibió a referentes del sector agrícola industrial. La Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (CAFMA) es la que impulsa la iniciativa que promueve un tratamiento preferencial para las máquinas para el campo de origen nacional.
El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, mantuvo este lunes un encuentro con representantes de las cámaras empresariales que nuclean a los productores de maquinaria agrícola del país para analizar un proyecto de ley sobre la identidad de la maquinaria agrícola nacional.
En el Salón de Honor de la Cámara de baja, Sergio Massa recibió a referentes del sector agrícola industrial para evaluar un proyecto de ley para la promoción de la industria nacional de maquinaria agrícola.
La iniciativa impulsada por la Cámara Argentina Fabricantes de Maquinaria Agrícola (CAFMA) cuenta con el apoyo de las principales cámaras de fabricantes del país y promueve un tratamiento preferencial para las maquinarias agrícolas de origen nacional.
El proyecto busca identificar la maquinaria agrícola nacional de la importada y promover un tratamiento específico en materia crediticia para la producción local, que representa el 80% de la mano de obra del sector y el 20% de la facturación total de la maquinaria agrícola.
Del encuentro también participaron el Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Jorge Solmi, y el presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), José Ignacio De Mendiguren.
Estuvieron presentes el presidente de la Cámara Argentina Fabricantes de Maquinaria Agrícola (CAFMA), Néstor Cestari; el presidente de la Asociación Santafesina Industrial de la Maquinaria Agrícola (ASIMA), Ignacio Tanzi; el presidente de Maquinaria Agrícola de la Provincia de Buenos Aires (MAGRIBA), Hernan Zubeldía; el vicepresidente de CAFMA, Rubén Giorgi; el gerente ejecutivo CAFMA, Ricardo Fragueyro; el ex presidente y actual tesorero de CAFMA, Marcelo Valfiorani; el concejal de la Ciudad de Armstrong, Emiliano Gramigna junto a la asesora Eliana Gramigna.
En un acto celebrado en Pasos Perdidos, la Cámara baja le entregó la mención de honor “Diputado Nacional Dr. Juan Bautista Alberdi” al fallecido primer ministro de Salud de la Nación, Ramón Carrillo. Recibió el reconocimiento el hijo de Ramón Carillo, que tiene su mismo nombre.
La Cámara de Diputados, que preside Sergio Massa, entregó la “Mención de Honor Diputado Nacional Dr. Juan Bautista Alberdi” en reconocimiento a la figura de Ramón Carrillo (1906-1956), primer ministro de Salud Pública y Asistencia Social de la Nación.
El acto comenzó con la proyección de un video dedicado a la vida y al recorrido profesional de Carrillo y luego el diputado nacional Juan Carlos Alderete (Frente de Todos) destacó la figura del médico miembro del gabinete de Juan Domingo Perón, en tiempos de la pandemia de coronavirus, resaltando “la importancia del sistema de salud pública como política social”.
Posteriormente, tomó la palabra Ramón Carrillo (h) quién relató anécdotas personales y vivencias de su padre y recordó el impulso que dio a los análisis estadísticos que “sentaron las bases de la salud pública en Argentina”.
Visiblemente emocionado, narró también las dificultades económicas que atravesó Carrillo desde el ámbito personal y familiar, producto del exilio, donde falleció en situación de pobreza y producto de una dura enfermedad.
Por último, el secretario general de la Presidencia parlamentaria, Juan Manuel Cheppi, celebró “el placer de entregar la mención de honor en homenaje a Ramón Carrillo, quien fue nuestro primer ministro de Salud”.
“Ese hecho es sólo una pequeña parte de una carrera de investigación, de construcción y también de lucha por la salud de varias décadas”, añadió Cheppi.
“Un argentino que marcó un antes y un después en la salud pública argentina, haciendo una gran transformación para la atención de los sectores más vulnerables”, señaló el secretario general de Diputados.
Para finalizar, se hizo entrega de la distinción al hijo y al nieto de Ramón Carrillo, entre aplausos y mucha emoción.
En el acto estuvieron presentes, además, las diputadas Verónica Caliva y Mirta Tundis; los diputados Walter Correa y Danilo Flores; la presidenta de AySA, Malena Galmarini; las autoridades de la Dirección General de Cultura y Museo, su director general Ángel Gras, la subdirectora general Natalia Calcagno y su directora Andrea Barbieri; el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Rosario, Jorge Luis Molinas; el decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata, Mauricio Erben. También acompañaron científicos, trabajadores de la salud, familiares y amistades, entre otros.
Potenciar la educación, ese será el objetivo fundamental de un paquete de proyectos de ley que estudia enviar el Poder Ejecutivo al Parlamento. Otras iniciativas ya se encuentran en análisis en la Comisión de Educación. Hubo un encuentro entre Sergio Massa y Nicolás Trotta.
En el Salón de Honor de Diputados, el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, y el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, compartieron un encuentro en el que analizaron los avances de las iniciativas que persiguen el objetivo de “potenciar la educación”.
Algunas iniciativas de ley se encuentran en plena elaboración en distintas áreas del Ministerio de Educación y luego serán enviadas al Parlamento mientras que otros proyectos fueron presentados por diputados y ya se encuentran siendo analizados por asesores en la Comisión de Educación de la Cámara baja.
Entre los temas que abordan dichos proyectos se destaca la creación de universidades nacionales; formación y carrera docente; y conectividad en las escuelas, según informaron desde la Presidencia de la Cámara.
La deducción de Ganancias de la cuarta categoría inicia en $150 mil. La propuesta es aumentarlo a $180 mil por los incrementos paritarios. El autor de la iniciativa es el presidente de la Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara baja.
Otra vez Ganancias ¿Se discutirá una modificación al impuesto a las Ganancias por tercera vez en el año? Por ahora, es solo un proyecto de ley presentado por el diputado entrerriano Marcelo Casaretto (FdT), pero podría llegar al recinto o bien ser considerado por el Gobierno nacional a través de un decreto de necesidad y urgencia.
Dado que los aumentos de precios y salarios están por encima de lo previsto originalmente, la actualización debe hacerse en este momento.
Marcelo Casaretto
Lo cierto es que Casaretto, el titular de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, presentó un proyecto de resolución para aumentar el monto de 150 a 180 mil pesos del mínimo no imponible para la deducción especial de Cuarta Categoría.
El objetivo es “evitar que por los aumentos salariales más trabajadores paguen Ganancias”, explicó el diputado del Frente de Todos.
En su cuenta de Twitter, Casaretto recordó que el Gobierno nacional “por Ley N°27.617 eliminamos el impuesto a 1,3 millones de trabajadores, de los cuales 32 mil son entrerrianos”.
En la justificación de la iniciativa, el legislador oficialista planteó que “la ley actual tiene previsto una actualización automática anual, pero dado que los aumentos de precios y salarios están por encima de lo previsto originalmente, la actualización debe hacerse en este momento”.
De gira por La Pampa, el diputado lavagnista y presidente del interbloque Federal, Alejandro “Top” Rodríguez, envió malas noticias para la bancada que conduce Máximo Kirchner: no van a apoyar nada que “avasalle la Constitución”.
A semanas de las elecciones PASO del 12 de septiembre, el oficialismo no logra sumar voluntades para luego avanzar en los temas pendientes en una Cámara de Diputados en la que no cuenta con los votos suficientes para sancionar leyes que son centrales para el Gobierno de Alberto Fernández.
No vamos a facilitarles que nos sigan arrastrando por el camino del fracaso”
Alejandro “Topo” Rodríguez
En la tarea de lograr consensos que llevan adelante el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, y el jefe de bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, uno de los posibles aliados realizó criticas al Gobierno nacional y aumentó la distancia que ya se había iniciado en varios temas en lo que el interbloque Federal no apoyó al FdT.
Sin vueltas, el presidente del interbloque Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez, aseguró: “Nos opusimos y nos opondremos a que se aprueben iniciativas como la Reforma Judicial y la Reforma del Ministerio Público Fiscal, así como aquellos proyectos o iniciativas que avasallen la Constitución Nacional y cualquiera de las competencias que nuestra Carta Magna le asigna a las provincias”.
En ese sentido, fustigó: “Quienes hoy gobiernan y aquellos que los antecedieron -Cambiemos-, son responsables directos de la falta de crecimiento económico y de justicia social”.
Y remató: “No vamos a facilitarles que nos sigan arrastrando por el camino del fracaso”.
Un Topo por La Pampa
En una visita a La Pampa, Alejandro Rodríguez apoyó a los candidatos a senadores nacionales y diputados nacionales del Partido Socialista -Luis Solana y Marina Vanini, respectivamente-.
Duranta la gira, el diputado bonaerense se refirió al cierre de exportaciones de carne -vence este martes 31- al aseverar que “este Gobierno sigue porfiando en el error. Tiene la oportunidad de corregir, mañana mismo, el desastre que hizo con el cierre de exportaciones de carne, para dejar de perjudicar a todos. Pero no lo hará, porque no entiende de producción”, remató.
“Están perdiendo los productores, que reciben menos por la hacienda que venden; pierden los consumidores pagando la carne un 15 por ciento más cara; pierde el trabajador del sector, con reducción de horas extras y adicionales”, apuntó.
El Federal
El interbloque Federal está integrado por 10 diputados nacionales, que conforman los bloques Consenso Federal (3) y Córdoba Federal (4) y tres monobloques: Frente Progresista Cívico y Social; Justicialista; y Socialista.
El tiro recibido por el ex cantante de Tan Biónica por parte de un policía en un confuso episodio abrió el debate sobre la necesidad de una ley específica sobre el tratamiento y abordaje de las adicciones.
¿Se viene la ley Chano? Ante la movilización al Parlamento de distintas organizaciones para reclamar una ley específica para el tratamiento de las adicciones, el diputado rionegrino Luis Di Giacomo (Juntos Somos Río Negro) recibió a varios representantes y recibió los petitorios.
“Recibí sus petitorios y voy a tomar los aportes para el proyecto de ley que estamos preparando” explicó Di Giacomo, quien preside la Comisión de Adicciones y Control del Narcotráfico de la Cámara baja y se encuentra desarrollando con su equipo de asesores un proyecto de ley que promueve el abordaje integral de la droga dependencia.
En este sentido, afirmó: “Asumí el compromiso de impulsar encuentros, congresos y actividades que enriquezcan el proyecto y sumen a todos los actores de la Nación”.
“Lo que queremos es que este proyecto contemple acciones preventivas, control de oferta de drogas lícitas e ilícitas y la creación de un Sistema Nacional de Atención a personas droga dependientes”, explicó.
Con respecto a la reunión, señaló: “Pudimos tener un interesante intercambio y recibí sus petitorios que tienen que ver más que nada con una ley específica de adicciones, enfatizando en las dificultades que tiene el actual marco normativo para las persona afectadas”, y adelantó que “los pedidos serán tomados en cuenta en el desarrollo del proyecto de ley”.
Los petitorios fueron firmados por las organizaciones: Madres Territoriales (Nacional); Madres contra el Paco; Madres del Ser; F.O.N.G.A. (Federación de Organizaciones no gubernamentales de la Argentina para la prevención y el tratamiento del abuso de drogas); Programa Vida. (Red Nacional Cristiana de Rehabilitación; Capacitación y Prevención de Adicciones); A.E.A. (Asociación Argentina de Especialistas en Adicciones); Cámara CIPRA (Cámara de Prestadores de atención en adicciones y Vulnerabilidad Social); CAAVS (Cámara Argentina de Adicciones y Vulnerabilidad Social); Pastoral de adicciones, Diócesis de La Plata, Pastoral de Adicciones, Diócesis de Lomas de Zamora, Pastoral de Adicciones Diócesis de Morón, presente Pastoral de Hurlingham; A.C.I.E.R.A. (Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina); Foro de Habitantes a Ciudadanos. Equipo de Adicciones; Foro Provincial de Adicciones. Provincia de Santa fe.
El rector de la UBA, Alberto Barbieri, y el titular de la Cámara baja, Sergio Massa, encabezaron la presentación de un proyecto de ley para restaurar el edificio del Hospital de Clínicas. También habrá un nuevo hospital escuela.
El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, impulsó junto a las diputadas Laura Russo (Frente de Todos), Dolores Martínez (UCR) y el diputado Emiliano Yacobitti (UCR) un proyecto de ley que tiene como objetivo la restauración edilicia de la reconocida institución, así como la creación del nuevo Hospital Escuela José de San Martín.
Al respecto, Massa sostuvo que “el mejor homenaje que podemos hacer por los 200 años de la UBA es darle los recursos para seguir potenciando la educación”.
El nuevo hospital será lindante al “Hospital de Clínicas José de San Martín”, dependiente de la Universidad de Buenos Aires, señalaron los autores del proyecto de ley.
Durante la persentación, Massa destacó la importancia de que “el Congreso nacional sea protagonista a partir de un trabajo conjunto de los legisladores para poner en valor, renovar la infraestructura y tecnología del Hospital de Clínicas, símbolo de la formación en el sistema sanitario”.
“El mejor homenaje que podemos hacer por los 200 años de la UBA es darle los recursos para seguir potenciando la educación”, agregó el presidente de la Cámara baja.
Por su parte, Alberto Barbieri, rector de la UBA, sostuvo: “Es un día muy especial; este es un proyecto que venimos impulsando desde la Facultad de Medicina y esperamos que prontamente se convierta en realidad. Sería importantísimo llevarlo a la práctica porque se basa en el mejoramiento de la infraestructura destinada a la formación académica, científica y asistencial”.
En la misma línea, la diputada Russo expresó: “El proyecto se gestó con el consenso de los dos bloques mayoritarios y surge a partir de una necesidad que tiene la UBA de crecer y de conformar un nuevo centro de estudios en conjunto entre la Facultad de Medicina y el Hospital de Clínicas, para seguir mejorando sus servicios a la comunidad; y acá hay un Congreso Nacional que escucha esa demanda”.
Mientras que Marcelo Melo, director del Hospital de Clínicas consideró que el proyecto “es un sueño para que todos los que trabajamos allí podamos contar con un espacio edilicio y tecnológico adecuado, de manera de poder ofrecer la mejor docencia y asistencia posible”.
El proyecto busca ampliar y refuncionalizar la infraestructura, como también implementar políticas de apoyo y fortalecimiento al sistema educativo, sanitario y de investigación, en el ámbito de la Universidad de Buenos Aires. En ese sentido, se busca incrementar la concurrencia a consultas médicas; aumentar las vacantes de internación en cama; mejorar la internación crítica y especial; promover el desarrollo científico y tecnológico en el sector de la salud; y apoyar la tarea de formación de científicos, profesionales y técnicos, que se caractericen por la solidez de su educación y compromiso con la sociedad.
Además de los firmantes del proyecto, estuvieron presentes Matías Rojo, consejero Directivo de la UBA; Javier Andrés, consejero Superior de la UBA; Ricardo Gelpi, decano de la Facultad de Medicina de la UBA; Carlos Rojo, de la Facultad de Medicina; y Pedro Insausti, de la Facultad de Medicina.
Uno año y medio después del inicio de la pandemia de coronavirus y de los dimes y diretes entre el Frente de Todos y la oposición, varios diputados oficialistas presentaron una iniciativa que propone penalizar conductas negacionistas de epidemias. También se penaría negar la soberanía de las islas Malvinas y los delitos de lesa humanidad.
Diputados del Frente de Todos (FdT) presentaron una ley para aplicar sanciones civiles y penales a las personas que nieguen o reivindiquen los delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra, desconozcan la soberanía argentina sobre las Malvinas Argentinas, y menosprecien las políticas de salud pública que pongan en riesgo la vida en un marco de pandemia, como el actual por coronavirus.
Las penas contemplan la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante el doble de la condena que hayan recibido por haber tenido estas conductas negacionistas, según se determina en el proyecto.
La iniciativa es del diputado y secretario general de los curtiembreros, Walter Correa, y contó con el respaldo de sus compañeros de bloques Vanesa Siley, Hugo Yansky, Carlos Ortega, Pablo Carro, María Rosa Martínez, Claudia Ormachea, Carlos Cisneros, y Alicia Figueroa.
Las sanciones apunta a quién “niegue, justifique, reivindique, exalte, o de algún modo menosprecie la comisión de delitos de genocidio, de lesa humanidad o crímenes de guerra, sus consecuencias y efectos sobre las víctimas o a quienes fueron condenados por su comisión”.
La propuesta también apunta a quién “públicamente niegue, impida, o menosprecie la existencia de una epidemia o pandemia y sus efectos sobre la salud pública”.
También a quién “de algún modo obstaculice las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia o pandemia”.
La medida está destinada asimismo a quien “públicamente niegue, banalice o de algún modo menosprecie la soberanía de la Nación Argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, reconocida en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional”.
De acuerdo a lo establecido, quién realice esas acciones “será obligado, a pedido de las víctimas de tales delitos y/o de quienes vean afectado un interés legítimo, a cesar en su conducta y a reparar el daño moral y material ocasionados”.
El proyecto eleva en un tercio el mínimo y en un medio el máximo de la escala
penal de todo delito reprimido por el Código Penal o leyes complementarias y contempla la inhabilitación para el desempeño de cargos públicos por el doble del tiempo que el de la condena.
En los fundamentos, los diputados sostienen que el proyecto tiene como objeto la creación de un marco jurídico que sancione civil y penalmente una serie de conductas públicas negacionistas e incluso apologistas de delitos que “violan y ofenden la conciencia jurídica universal y el Pacto social y democrático de argentinos y argentinas”.
“La adopción de este tipo de medidas encuentra su fundamento en la proliferación de manifestaciones y opiniones de indudable carácter negacionista sobre hechos históricos” de la Argentina y de la Constitución y de tono apologista respecto a delitos del código penal”, se precisa.
Queda también establecida la necesidad de adoptar medidas ante las personas que “públicamente nieguen, impidan, o menosprecien la existencia de una pandemia y sus efectos sobre la salud pública”, o “de algún modo obstaculicen las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia”.
Este último punto está relacionado con la situación que vive el país, en un contexto mundial de pandemia en el último año y medio, en el que fue necesario dictar políticas públicas en el marco de la emergencia sanitaria, para resguardo de la salud y la vida de argentinos y argentinas frente al virus Covid-19.
“Este tipo de actos, aún reñidos y tipificados como delitos con el artículo 205 del código penal, siguen sucediéndose no sólo esmerilando la autoridad estatal, sino promoviendo lo que es aún peor: un relajamiento en las conductas colectivas que multiplica la circulación del virus y por ende las lamentables consecuencias que no solo se limitan al colapso del sistema sanitario, sino a la pérdida de vidas humanas que ya ascienden las cien mil muertes”, destacaron.
También añaden que “es necesario reforzar un sistema punitivo sobre este tipo de conductas negacionistas y apologéticas de delitos, como también reconocer un sistema sancionatorio desde lo civil que permita por parte de los damnificados, procurar el cese de dichas acciones y la reparación de los daños materias y morales ocasionados”.
Juntos por el Cambio escuchó de primera mano las historias de los periodistas Guadalupe Vázquez y Gonzalo Ziver. Prometieron recurrir a la Comisión Interamericano de Derechos Humanas.
La exconductora de C5N y en la actualidad de La Nación + Guadalupue Vázquez y el periodista Gonzalo Ziver se reunieron este martes de forma virtual con los diputados nacional de Juntos por el Cambio que integran la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara baja. No fue un encuentro formal.
Al respecto, Vázquez publicó en sus redes sociales: “Gracias Waldo Wolff, Karina Banfi, Pablo Tonelli y José Luis Patiño y todos los diputados que repudiaron la campaña sucia en contra de quienes investigamos los hechos relacionados con el Olivos Gate”.
“La libertad de prensa es un derecho humano amparado por la CN (Constitución Nacional)”, sentenció.
Por su parte, Gonzalo Ziver escribió en Twitter: “Muchas gracias diputado Waldo Wolff por invitarnos a Guadalupe Vázquez y a mí a la Comisión de Libertad de Expresión, en relación a los ataques recibidos por parte de (Horacio) Verbitsky”.
Wolff contó que “con los miembros de Juntos por el Cambio de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara baja con Guadalupe Vázquez y Gonzalo Ziver”.
“Escuchamos acerca de la intimidación estatal que recibieron por sus investigaciones de Olivos. Sacaremos un documento que haremos llegar a organismos locales e internacionales”, prometió el legislador bonaerense.
En tanto, la diputada radical Karina Banfi manifestó: “Miembros de Juntos por el Cambio de la Comisión de Libertad de Expresión escuchamos a Guadalupe Vázquez y Gonazlo Ziver, por el acoso que están recibiendo de parte de operadores del gobierno debido al Olivos Gate”.
“Nos solidarizarnos y vamos a trabajar acciones de protección con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, concluyó.
Tras un ciclo de encuentros que involucró a más de cien participantes integrados por madres, padres y ong vinculadas a la infancia y adolescencia, desde Juntos por el Cambio pidieron respuestas a una de las consecuencia de la pandemia: la salud mental. Autocrítica y cuestionamientos al presidente Alberto Fernández.
“Necesitamos impulsar el primer programa nacional de salud mental para niñas, niños y adolescentes en el país”, reclamó Carla Carrizo, la vicepresidenta del bloque de la Unión Cívica Radical en la Cámara de Diputados, junto a la diputada bonaerense Camila Crescimbeni (Pro), quienes encabezaron este jueves una mesa virtual junto a representantes de los tres poderes de la Ciudad de Buenso Aires, que debatieron sobre la otra pandemia que trajo el COVID: la “salud mental de niñas, niños y adolescentes en Argentina”.
Más de 100 participantes integrados por padres madres, responsables de hogares, referentes y ONGs que trabajan en infancia y adolescencia en Argentina, abrieron un ciclo de encuentros que se trasladará a cada provincia con el objetivo de generar el volumen político y social necesario para avanzar con políticas concretas en el Congreso nacional, según informaron a través de un comunicado.
El encuentro contó con las palabras de María Patricia Vischi, legisladora porteña y presidenta de la Comisión de Salud; Manuela Thourte, legisladora porteña y vicepresidenta de la Comisión de Mujer, Infancia y Adolescencia y Juventud; Pilar Molina, secretaria general de Gestión del Ministerio Público Tutelar de Ciudad de Buenos Aires y, Humberto Persano, director general de Salud Mental del Gobierno porteño.
Durante el debate, Carrizo se preguntó: “¿Qué pasaba con la Salud Mental de NNyA antes de la pandemia? Lo mismo que con la escuela: todos sabíamos que estaba el problema. Pero la dirigencia no reaccionaba con una acción colectiva. La estrategia fue en educación y en salud mental el salto hacia adelante”, protestó.
“¿Cuáles eran los datos antes de la pandemia? En 2017, según Unicef, su agenda prioritaria eran los adolescentes de la Argentina porque teníamos 10 muertes diarias. De esas 10 muertes, 6 eran evitables (autoagresión, accidentes, suicidios) Es decir, la emergencia de los adolescentes estaba invisibilizada para las familias y la dirigencia política Argentina”, destacó.
Y continuo: “El Congreso tenía 3 grandes leyes para la adolescencia: Ley de prevención del suicidio, sancionada en 2015; 6 años esperando ser reglamentada. Ley de salud mental integral sancionada en 2010 que omite mencionar a Niños/as y Adolescentes y la Ley de Protecciòn integral a la Infancia, sancionada en 2006, hace 16 años pero no habal de salud mental. Es decir, la respuesta del Estado estos 16 años fue evitar la patologizaciòn y no nombrar, es decir, omitir, ocultar”,
“Desde 2017 venimos trabajando en un proyecto que crea el primer programa nacional de salud mental para niñas y adolescentes, focalizado en la terapia multifamiliar, para achicar la medicalización y evitar la patologización y tampoco se pudo avanzar. Con la Pandemia todos estos datos empeoraron con un agravante. La ley de salud mental estipula que el 10% del presupuesto de salud debe asignarse a salud mental y sólo se le asignó el 2% ¿cuànto màs debemos avanzar?”, dijo la diputada radical en una autocrítica al gobierno de Mauricio Macri y también a la gestión de Alberto Fernández.
Luego, Camila Crescimbeni expresó que “siempre es interesante ver quiénes nos escuchan. Y somos, en una mayoría muy fuerte, mujeres. Lo cual por un lado es positivo por el trabajo muy particular que tenemos sobre este tema. Pero vale la pena resaltar que los temas de salud mental no son solamente nuestros. Es un tema también de los varones. Y tiene que ser una política que nos pueda atravesar. Tenemos el desafío de transmitirle a la sociedad que este es un tema del que tenemos que hablar y muy fuerte, nos atraviesa y nos recorre a todas y todos”.
“Con el proyecto que presentamos, hacer una gran campaña de concientización y de sensibilización respecto de la salud mental. Y ahí no queremos detenernos solo en la pandemia porque los puso muy en evidencia. Pero desde sectores, como el Observatorio de Psicología, nos alertaron sobre adolescencias y juventudes sobre los sentimientos agravados de angustia, depresión y soledad. Nuestro proyecto apunta a generar una campaña nacional donde podamos difundir los recursos que tenemos. Y nuestra intención es que se trabaje integralmente en temas de salud mental”, señaló la diputada bonaerense.
Por su parte, Humberto Persano, médico psiquiatra, consideró: “Creo que la escuela resolvió un problema que la salud no resolvió. Por ejemplo, a nadie se ocurría que un alumno secundario estudie junto a un niño del jardín de infantes. Pero en salud mental eso no está dividido. Entonces, tenemos en salas de pediatría bebés con adolescentes de 16 años. Eso, que parece un tema menor, es un tema muy grave porque los adolescentes carecen de un espacio propio de la salud. Hay que crear una sala de adolescentes separado de los niños. Eso la escuela lo resolvió, pero la salud no lo hizo”.
“Por otro lado, en salud mental infanto-juvenil el recurso humano es insuficiente. No alcanza con la redistribución de recursos, no alcanza con el apoyo de distintos efectores. Hay que generar muchos equipos en los lugares más cercanos a la gente. La pandemia puso sobre el tapete el pedido de la atención cercana al domicilio”, apuntó.
María Patricia Vischi, a su turno, remarcó que “los profesionales de la salud mental deben trabajar sobre medidas que orienten las acciones de los diferentes actores relevantes para proteger y evitar el sufrimiento de los niños, niñas y adolescentes que tenemos alrededor. Esto tiene que estar determinado, sin duda, por los factores que todos los días tenemos alrededor. Me parece que el compromiso de todos nosotros va a implicar tener una mejor dinámica sobre estos derechos que son humanos y sociales. Para eso vamos a comprometernos para garantizar poder salir de la mejor manera de esta pandemia que aún nos sigue sorprendiendo”.
Por su parte, Pilar Molina, dijo: “Los chicos se quedaron sin red donde se detectan vulneraciones de derechos. No es lo mismo la presencialidad, sobre todo para situaciones como organismos de Consejo de derechos, La Dirección de niñez, o la Asesoría General Tutelar. Son cuestiones que requieren escucha, mirada, abrazo, otro tipo de contención. Venimos de un tiempo muy largo de vulneración de derechos en los que no hubo un cumplimiento de ese norte que nos marca la Convención hace 32 años, que es el interés superior del niño. Frente a cualquier decisión público-privada que haya que tomar, esas decisiones deben ser lo mejor para los chicos”.
Por último, Manuela Thourte señaló que “desde la Legislatura, desde el inicio del aislamiento, trabajamos algunos proyectos que tenían que ver con permitir las salidas recreativas de los niños. Y también trabajamos para que el Ejecutivo estableciera protocolos para los tratamientos de los chicos con trastornos de salud mental porque en algún momento se habían discontinuado cualquier tipo de atención. Perder el miedo a estigmatizar cuando hablamos de salud mental y afianzar el concepto de salud integral que es fìsica, mental y emocional”.
El mensaje con el DNU 312/21 del Poder Ejecutivo ingresó este viermes a la Cámara de Diputados. El Progama Crédito a Tasa Cero 2021 prevé financiamiento de hasta 150 mil pesos para un millón y medio de monotributistas de todo el país.
El Gobierno envió a la Cámara de Diputados el decreto que establece la creación del Programa Crédito a Tasa Cero 2021, que ofrecerá financiamiento de hasta $ 150.000 para un millón y medio de monotributistas de todo el país.
El programa tiene el objetivo de asistir a trabajadores y trabajadoras adheridos y adheridas al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS), con el fin de acompañar el proceso de recuperación productiva.
De acuerdo con la iniciativa, el programa Crédito a Tasa Cero 2021 consistirá en la obtención, por parte de las beneficiarias y los beneficiarios, de un crédito con subsidio del 100% del costo financiero total.
Según se establece, podrán revestir la condición de beneficiarias y beneficiarios del Programa los sujetos que se encuentren adheridos al Monotributo, y cumplan con las condiciones que establezca el Ministerio de Desarrollo Productivo.
En tanto, no se encuentran comprendidos en el Programa los sujetos adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) que perciban ingresos en relación de dependencia, o estén inscriptos en el Sistema Integral Previsional Argentino (SIPA) como trabajadores autónomos.
Los préstamos otorgados contarán con seis meses de gracia y la devolución se realizará en 12 cuotas sin interés y se estima que, a fin de este mes, está abierta la posibilidad de solicitarlos.
Además, Desarrollo Productivo podrá definir otros sujetos no comprendidos en el presente Programa.
El Crédito a Tasa Cero 2021 consistirá en una financiación cuyo importe, según cada categoría del Monotributo, no podrá exceder de $ 90.000 para la A; $ 120.000 para la B y $ 150.000 para las restantes.
La obtención del financiamiento será compatible con haber recibido un Crédito a Tasa Cero el año pasado.
En el caso de monotributistas que no se encuentren en mora en el cumplimiento de sus obligaciones ni en las condiciones de vigencia de los beneficios que les fueran acordados, así como tampoco se encuentren con ejecución en trámite, o se les hubiera ejecutado la garantía del Fondo de Garantías Argentino (FoGAr), podrán acceder al nuevo crédito en las mismas condiciones que quiénes no hayan accedido en 2020.
En los considerandos, el Poder Ejecutivo pone de relieve que “en razón de la emergencia declarada, se adoptaron distintas medidas destinadas a ralentizar la expansión del virus SARS-CoV-2 por lo cual se debió limitar la circulación de personas y el desarrollo de actividades determinadas, lo que conllevó un impacto económico negativo que afectó a empresas y familias”.
Sostiene que, en este contexto, “no sólo se adoptaron medidas tendientes a la protección de la salud pública sino que también se coordinaron esfuerzos y se dictaron medidas para morigerar el impacto de aquellas sobre los procesos
productivos y el empleo”.
Además, el Poder Ejecutivo destaca que “se observa una recuperación parcial y heterogénea de la actividad económica sin que aún se hayan podido alcanzar los niveles de producción observados con anterioridad a la irrupción de la pandemia”.
En ese marco, señala que “en la actual coyuntura de reactivación económica del sector productivo, corresponde que el Gobierno nacional adopte medidas tendientes a acompañar la misma e incentivar el consumo, en el contexto de
recuperación y reconstrucción productiva de nuestro país”.
Entre otras cuestiones, la medida establece además que en el caso de quiénes hubieran obtenido un Crédito a Tasa Cero en el marco del Programa ATP y se encuentren en mora en el cumplimiento del crédito 2020, deberán destinar el monto del nuevo crédito a cancelar la totalidad del monto adeudado y podrán gozar libremente del saldo, si quedare remanente.
Por su parte, los monotributistas que hubieran obtenido un Crédito a Tasa Cero en 2020, respecto de las o los cuales, la entidad financiera otorgante del crédito hubiera iniciado la ejecución o ejecutado la garantía del Fondo de Garantías Argentino (FoGAr), estarán excluidas y excluidos del nuevo beneficio.
En este sentido, el FoGAr podrá establecer pautas especiales para la obtención de una refinanciación sobre el saldo de capital del crédito adeudado.
Asimismo, los beneficiarios y las beneficiarias del nuevo programa, hasta la cancelación total de la financiación, no podrán acceder al Mercado Único y Libre de Cambios para realizar operaciones correspondientes a la formación de activos externos.
Tampoco, podrán concertar ventas en el país de títulos valores con liquidación en moneda extranjera, o canjes de títulos valores por otros activos externos o transferencias de los mismos a entidades depositarias del exterior.
En forma sorpresiva, Facundo Moyano, el dirigente sindical e hijo del líder camionero Hugo Moyano, dejó su banca en la Cámara de Diputados y tomó distancia del Frente de Todos ¿Señal de ruptura de los Moyano con el FdT?
Sale Moyano, entra Yapor. Hasta ahí todo sería normal. Sin embargo, en tiempos donde el Frente de Todos quiere mostrar unidad, surgen los embates y las discusiones internas que dejó el armado de las candidaturas a las próximas elecciones, en las que no fueron beneficiados los sindicalistas de la CGT ni del entorno del líder camionero Hugo Moyano.
En ese marco, de forma sorpresiva, el diputado nacional Facundo Moyano anunció este jueves la renuncia a su banca a través de una carta posteada en redes sociales, en la que expresó que su “ideal es una Argentina con pymes, comercios e industrias que generen empleo” y consideró que puede “contribuir mejor a eso fuera del Congreso”.
“Quiero compartir con ustedes mi decisión de dejar mi banca en la Cámara de Diputados, Voy a redoblar mi compromiso para combatir la precarización laboral en el sector privado y público”, señaló el diputado de extracción sindical.
A modo de resumen de su paso por el Congreso, añadió: “En estos casi 10 años como diputado presenté cientos de proyectos para proteger a los trabajadores y garantizar más derechos y también numerosas iniciativas para mejorar la seguridad vial. Proyectos para crecer, que deseo mis compañeros legisladores hagan valer y puedan sacar adelante”.
Moyano -hijo del jefe del sindicato de Camioneros y extitular de la CGT Hugo Moyano- había renovado su mandato como diputado nacional el pasado 10 de diciembre y aun le restaban más de dos años en su banca; tras haberse desempeñado previamente por otros dos períodos.
Tras la renuncia, quien asumirá en su lugar será el dirigente de La Cámpora, Lucio Yapor, oriundo de la ciudad del interior bonaerense Chivilcoy.
Un proyecto de varios diputados de Juntos por el Cambio exige que el Ejecutivo disponga de medidas necesarias para que los usuarios con discapacidad visual tengan acceso a todos los servicios financieros.
Diputados de Juntos por el Cambio, encabezados por la cordobesa Soledad Carrizo, presentaron este lunes un proyecto de resolución a través del cuál solicitan al Poder Ejecutivo Nacional que disponga las medidas necesarias para garantizar a los usuarios con discapacidad visual la accesibilidad a todos los servicios financieros de terminales de cajeros automáticos y plataformas de servicios web.
En este sentido, Carrizo afirmó: “Esta iniciativa surge del convencimiento de la existencia de impedimentos para un ejercicio libre, igualitario y plenamente accesible de actividades cotidianas que atentan contra la autonomía e independencia de las personas con algún tipo de discapacidad”.
“Nos motiva la necesidad de asegurar la efectiva vigencia de los derechos de las personas con discapacidad y por ello debemos trabajar para eliminar todas aquellas barreras comunicacionales, arquitectónicas y socio-culturales a las que están expuestas diariamente”, agregó.
El proyecto contempla el pedido para la habilitación de operaciones seguras de transferencias y pagos de servicios por terminales de cajeros automáticos y plataforma de servicios web, la señalización indicativa de la ubicación de los cajeros automáticos habilitados para usuarios con discapacidad visual y su estado de funcionamiento dentro de las casas operativas. Además, condiciones de ingreso, movimiento y egreso seguro para el adecuado uso de terminales de cajeros automáticos y accesibilidad al medio físico.
Por otra parte y de manera complementaria, la iniciativa establece la capacitación de personal para asistir de forma virtual, telefónica o presencial a usuarios con discapacidad visual en el adecuado uso de los servicios financieros disponibles y campañas informativas y de capacitación a usuarios y clientes con discapacidad visual sobre las distintas formas, medios, operatorias habilitadas y utilización segura de terminales de cajeros automáticos y plataformas de servicios web para servicios financieros.
En este sentido, la legisladora cordobesa aseguró que para lograr ello, “el camino es visibilizar la problemática a la que diariamente se enfrentan las personas con discapacidad, generando una agenda legislativa propia que recepte su reclamo y lo transforme en políticas públicas concretas y efectivas”.
“Por eso le pedimos al Poder Ejecutivo que disponga de la readecuación del marco regulatorio existente o dictado de nuevas medidas dirigidas al universo de usuarios de servicios financieros con discapacidad visual; esto es, todas aquellas personas que reclaman un acceso irrestricto a la operatoria de plataformas web y terminales de cajeros automáticos”, finalizó.
Acompañan con su firma los diputados Lorena Matzen, Gabriela Lena, Joseì Riccardo, Gustavo Menna, Mario Arce, Ximena Garciìa, Brenda Austin, Aida Ayala, Claudia Najul, Gonzalo Del Cerro, Jorge Enriquez, Alfredo Schiavoni y Héctor Stefani.
La presidencia del intebloque conformado por distintos sectores del justicialismo que no integran el Frente de Todos en Diputados sufrió modificaciones tras el cierre de las candidaturas de las PASO. El diputado bonaerense Eduardo “Bali” Bucca renunció a la presidencia luego de su pase al FdT que se coronó con un encuentro con el presidente Alberto Fernández. El diputado de Consenso Federal Alejandro “Topo” Rodríguez será el nuevo titular de ese espacio.
El interbloque Federal es clave para el Frente de Todos en la Cámara de Diputados porque por sí solo no logra tener mayoría asegurada ni lograr el quórum, por lo que los 10 diputados de extracción justicialista son fundamentales para el oficialismo que conduce el diputado Máximo Kirchner.
Las posturas más firmes contra el Gobierno nacional de los diputados cordobeses y de los lavagnistas en varios temas como el Ministerio Público Fiscal y el marco regulatorio de la ley de Emergencia Covid-19 han provocado que este interbloque no sea considerado aliado sino que siempre se debe negociar con este sector.
En el cierre de listas de precandidaturas para las elecciones primarias previstas para el 12 de septiembre, uno de los que pasaron por la Rosada fue el propio entonces presidente de este interbloque, Eduardo “Bali” Bucca, quien debía renovar su banca.
A pesar de eso, Bucca no competirá en los comicios para obtener otro periodo en la Cámara baja y además renunció a la presidencia del interbloque y pasó a integrar las filas del Frente de Todos, según confirmaron fuentes parlamentarias.
Con su dimisión, el nuevo presidente del interbloque será el diputado bonaerense Alejandro “Topo” Rodríguez (Consenso Federal).
El Interbloque Federal está compuesto por los bloques Córdoba Federal (4), Consenso Federal (3), Socialista (1), Justicialista (1), y Progresista Cívico y Social (1).
Rodríguez también continuará ejerciendo la presidencia del bloque Consenso Federal, que integra junto a los bonaerenses Graciela Camaño y Jorge Sarghini.
En tanto, el bloque Córdoba Federal está integrado por los diputados Carlos Gutiérrez, Paulo Cassinerio, Claudia Márquez y Alejandro Vigo mientras que hay dos monobloques de los santafesinos Enrique Estevez (Socialistas) y Luis Contigiani (Progresista, Cívico y Social). Y el ahora monobloque Justicialista, del salteño Andrés Zottos.
El diputado cordobés y precandidato a senador habló de la interna en Juntos por el Cambio. “No hay una interna feroz” sostuvo el jefe del interbloque JxC en Diputados. Advirtió que “no haya que pasarse de vuelta”.
El jefe del interbloque de Juntos por el Cambio (JxC) en Diputados y precandidato a senador nacional por Córdoba, Mario Negri, cargó contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner al acusarla de haber logrado “hacer del Senado su escritorio” y convertirlo “en su madriguera del poder”.
Ante los primeros encontronazos entre los diferentes sectores de Juntos por el Cambio, el líder radical advirtió a su espacio que “hay que tener cuidado” para que las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) sean “sólo una selección de candidatos” porque “si nos pasamos de vuelta y nos subimos a la pelea entre nosotros, nos podemos ir a la banquina”.
Al cambiar de eje, Negri apuntó contra Cristina al señalar: “He sido presidente de bloque e interbloque siempre en minoría y hemos logrado frenar muchas leyes. Pero hay una idea desde 1983 que está muy instalada y sostiene que el Senado es un derecho adquirido del peronismo”.
En ese sentido, fustigó: “Cristina Kirchner ha logrado hacer del Senado su escritorio, prácticamente durante esta pandemia”, señaló en declaraciones radiales.
“Me siento con potencia y capacidad para encender las luces del Senado. Es allí donde se construye las políticas del kirchnerismo, allí está la persona más inteligente del kirchnerismo, la que quiere volver a los ‘70, la que piensa que podemos vivir del mundo aislados, en un marco de alianza solamente con Venezuela y dos o tres países más, o la que cree que los derechos humanos se pueden violar un poquito y no mucho”, remarcó.
El diputado radical también expresó: “Córdoba hace años que no tiene una voz potente en el Senado. Porque el gobierno provincial, por sus dificultades, arregla con el Gobierno nacional. Y el Senado es la madriguera del poder de Cristina, donde se elabora la política del kirchnerismo”.
En relación con la competencia que habrá en JxC de Córdoba, en las PASO del 12 de septiembre, Negri aseguró: “No hay una competencia feroz”.
“Para sacar estrés a la gente con lo que sucede en la Argentina, hay que desdramatizar las PASO. Yo soy hijo de las PASO, la primera vez que se pusieron en práctica fui precandidato contra cinco listas, en el radicalismo siempre hubo elecciones internas. El secreto es un secreto que aplico en el bloque y el interbloque: administrar las diferencias. En tiempos de pandemia hay que tener cuidado, no hay que pasarse de vueltas porque nos podemos ir a la banquina”, concluyó.
RENAVEX. Un proyecto de ley de legisladores de Juntos por el Cambio pide la creación de un Registro de Argentinos Vacunados en el Exterior contra el coronavirus.
Diputados nacionales del Pro presentaron un proyecto de ley para proponer la creación del Registro Nacional de Vacunación en el Exterior contra el Covid-19 (RENAVEX), un registro nacional de argentinos vacunados en el exterior contra el covid-19, para poder homologar las inoculaciones en el país.
Según los fundamentos de la iniciativa de ley que presentó el jefe de la bancada macrista Cristina Ritondo, el objetivo es “sistematizar la información de los argentinos inmunizados en el exterior contra el coronavirus, cualquiera sea el origen o la cantidad de dosis aplicadas”.
En ese sentido, los legisladores firmantes explicaron que “muchos ciudadanos que viajaron al exterior, por cualquier circunstancia, optaron por vacunarse, ante la incertidumbre respecto de cuándo llegarán los inoculantes y de qué marca”.
“Los viajes se realizaron principalmente a Estados Unidos, donde las dosis de varios laboratorios se aplican sin costo al que las solicite”, argumentaron.
Y continuaron: “La creación de este registro de residentes argentinos vacunados en el exterior permitirá obtener evidencia para desarrollar investigaciones y tomar decisiones de política pública respecto de la campaña de inmunización contra el Covid-19”.
Para los diputados del PRO, la información obtenida “permitirá, por ejemplo, conocer con precisión qué nivel de inmunidad colectiva hay entre la población o implementar medidas para personas vacunadas”.
Al proyecto presentado por el presidente del bloque de diputados nacionales del PRO lo acompañaron con su firma las diputadas nacionales Mercedes Joury, María Luján Rey y Carmen Polledo.
Si no alcanzan a ser incluidos en las listas que cierran este fin de semana, deberán despedirse del Congreso 127 diputados y 24 senadores.
La esperanza es lo último que se pierde y a esa norma no escapan los legisladores que concluyen este año sus mandatos en ambas cámaras. Algunos tienen ya acodada su continuidad, al aparecer en lugares “entrables” de las listas que se terminarán de elaborar este sábado. Otros se conforman con figurar al menos y cruzar los dedos por una buena elección. Son los más, en tanto, los que saben que ya pueden ir despidiéndose de la vida legislativa.
Hay de todo, y el primer filtro se conocerá este sábado cuando se cierren todas las listas. El que ya no esté en las mismas se hará a la idea de ir transitando sus últimos cinco meses en el Congreso.
Quienes transitan este delicado transe son 51 diputados del oficialismo y 76 opositores; 15 senadores del Frente de Todos y 9 de la oposición.
Veamos quiénes son los 51 diputados del Frente de Todos cuyos mandatos vencen este 10 de diciembre:
Norma Abdala de Matarazzo, Walberto Enrique Allende, Karim Augusto Alume Sbodio, Claudia Alicia Bernazza, Esteban Mateo Bogdanich, Pablo Carro, Gabriela Cerruti, Walter Correa, Mayda Cresto, José Ignacio De Mendiguren, Melina Aída Delú, Omar Chafi Félix, Héctor Fernández, Gustavo Fernández Patri, Alcira Elsa Figueroa, Danilo Adrián Flores, Ana Carolina Gaillard, Silvana Ginocchio, Josefina Victoria González, Francisco Guevara, Carlos Salomón Heller, Bernardo José Herrera, Marcelo Koenig, Dante López Rodríguez, Mónica Macha, José Luis Martiarena, Gisela Marziotta, Gladys Medina, María Luisa Montoto, Leopoldo Moreau, Juan Mosqueda, Patricia Mounier, Rosa Rosario Muñoz, Elda Pértile, Ariel Rauschenberger, Nicolás Rodríguez Saá, Jorge Antonio Romero, Victoria Rosso, Laura Russo, María Liliana Schwindt, Magdalena Sierra, Vanesa Siley, Ayelén Spósito, Mirta Tundis, Romina Uhrig, Fernanda Vallejos, Juan Benedicto Vázquez, Carlos Alberto Vivero, Hugo Yasky, Pablo Raúl Yedlin y Carolina Yutrovic.
El interbloque Juntos por el Cambio pone en juego 60 escaños. Estos son los 26 del Pro que tienen fecha de vencimiento:
Juan Aicega, Héctor Baldassi, Hernán Berisso, Sofía Brambilla, Eduardo Augusto Cáceres, Adriana Cáceres, Jorge Ricardo Enriquez, Ezequiel Fernández Langan, Alicia Fregonese, Gabriel Alberto Frizza, Alejandro García, Martín Grande, Fernando Adolfo Iglesias, Luciano Andrés Laspina, Martín Maquieyra, Martín Nicolás Medina, Osmar Antonio Monaldi, María Graciela Ocaña, José Luis Patiño, María Carla Piccolomini, Carmen Polledo, Julio Enrique Sahad, Gisela Scaglia, David Pablo Schlereth, Héctor Antonio Stefani y Natalia Soledad Villa.
A continuación, los 26 radicales que concluyen sus mandatos:
Mario Horacio Arce, Brenda Lis Austin, Aída Beatriz Máxima Ayala, Atilio Francisco Benedetti, María Gabriela Burgos, José Manuel Cano, Albor Ángel Cantard, María Soledad Carrizo, Ana Carla Carrizo, Álvaro De Lamadrid, Gonzalo Pedro Del Cerro, Carlos Alberto Fernández, Jorge Enrique Lacoste, Lorena Matzen, Josefina Mendoza, Gustavo Menna, Diego Matías Mestre, Claudia Najul, Luis Mario Pastori, Luis Petri, Fabio José Quetglas, Estela Regidor Belledone, Roxana Nahir Reyes, José Luis Riccardo, Facundo Suárez Lastra, y Federico Raúl Zamarbide.
Hay 7 diputados de la Coalición Cívica/ARI que concluyen en diciembre. A saber:
Marcela Campagnoli, Javier Campos, Héctor Flores, María Lucila Lehmann, Juan Manuel López, Paula Mariana Oliveto Lago y Alicia Terada.
Radical, pero del Frente Cívico de Catamarca, cierra el cuadro de Juntos por el Cambio Eduardo Brizuela del Moral.
Del resto de la oposición tenemos 7 miembros del interbloque Federal: los cordobeses Paulo Leonardo Cassinerio; Claudia Gabriela Márquez y Alejandra María Vigo.
Se van también Jorge Sarghini, Eduardo Bucca; Andrés Zottos y Luis Contigiani.
Del Interbloque Unidad Federal para el Desarrollo (“los Ramones”) se van 3 diputados: José Luis Ramón, Pablo Ansaloni, Flavia Morales y Ricardo Wellbach.
También dejan la Cámara baja Antonio José Carambia, Beatriz Ávila, Alma Liliana Sapag y los de Izquierda Socialista Mónica Schlotthauer y Juan Carlos Giordano.
Estos son los senadores que terminan sus mandatos a fin de año.
Inés Imelda Blas y Dalmacio Mera (Frente de Todos).
Castillo, Oscar Aníbal (Frente Cívico y Social).
Ana Claudia Almirón y Carlos Mauricio Espínola (Frente de Todos).
Néstor Pedro Braillard Poccard (Juntos por el Cambio).
Juan Mario Pais y Nancy Susana González y Alfredo Héctor Luenzo (Frente de Todos).
Carlos Alberto Caserio (Frente de Todos).
Ernesto Félix Martínez y Laura Elena Rodríguez Machado (Juntos por el Cambio).
Norma Haydée Durango y Daniel Aníbal Lovera (Frente de Todos).
Juan Carlos Marino (Juntos por el Cambio).
Anabel Fernández Sagasti (Frente de Todos).
Julio César Cleto Cobos y Pamela Verasay (Juntos por el Cambio).
Roberto Mario Mirabella y María de los Ángeles Sacnun (Frente de Todos).
María Alejandra Vucasovich (Santa Fe Federal).
José Jorge Alperovich y Beatriz Graciela Mirkin (Frente de Todos).
Silvia Beatriz Elías de Pérez (Juntos por el Cambio).
Agujero Azul. Se viene el debate por una ley de protección de una región de alta productividad primaria de la plataforma continental. Arrancó en Diputados con la posición del Gobierno nacional.
Un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados comenzó este lunes a tratar en una reunión informativa la creación de un “Área Marina Protegida Bentónica” en la zona conocida como Agujero Azul, una región de alta productividad primaria del talud continental.
Con la participación del secretario de Malvinas Argentinas, Daniel Filmus, y diferentes funcionarios involucrados en la temática, el oficialismo trató un proyecto de ley presentado por la diputada de Consenso Federal, Graciela Camaño, y además se comprometió a continuar haciendo reuniones para tratar este punto.
A pesar del calendario ajustado por el inicio de la campaña electoral, participaron por Zoom del encuentro los integrantes de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto; Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Marítimos; y Defensa Nacional, que conducen el oficialista Eduardo Valdés y los opositores de Juntos por el Cambio Juan Aicega y Carlos Fernández, respectivamente.
La exposición del Ejecutivo
En esta oportunidad, el primero en exponer fue el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus, quien destacó “el espíritu plural de esta propuesta para trabajar políticas de Estado, de mediano y largo plazo”.
“Este proyecto no está atados al calendario electoral. Involucra a un conjunto de áreas estratégicas para avanzar la soberanía del país, destacó.
Filmus, además, destacó que “se trata de una “iniciativa plural y tiene que ver esencialmente con la soberanía y el futuro de nuestro país. Necesitamos políticas de Estado de largo plazo, que no estén atadas a calendarios electorales”.
“Queremos una Argentina mirando al Sur, al océano, a las Malvinas, a la Antártida. Como estrategia y perspectiva de desarrollo, es central, dado que los recursos y riquezas del fondo marino son enormes. Las grandes potencias hoy miran el Atlántico Sur, y nosotros tenemos que tener una presencia más fuerte”, agregó.
En ese sentido, Filmus dijo que “hemos visto pesca ilegal intentando llevarse recursos que son nuestros. Buscamos defender lo que es nuestro y preservar los recursos para las futuras generaciones”.
“Hay una potencia extranjera que mantiene un territorio argentino usurpado desde 1983, y con este tipo de leyes reforzamos nuestra soberanía. No le vamos a pedir permiso a ninguna potencia para legislar sobre nuestro espacio nacional”, subrayó.
Por su parte, el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Carlos Liberman, manifestó: “Proteger a nuestros recursos, no es solo una tarea que tiene que ver con sancionar, sino también con la prevención mar y promocionar una estrategia pesquera, en definitiva tener una mirada soberana”.
A su turno, la directora Nacional de Áreas Marinas Protegidas, Mercedes Santos, señaló: “Apoyamos fuertemente la creación de un área marina protegida en este sector”.
En ese sentido, advirtió: “Creemos que un área con una extensión menor o una implementación en etapas nos permitiría fortalecer el conocimiento y avanzar hacia una zona mayor”.
El Agujero Azul, una región de alta productividad primaria, es área de alimentación de varias especies de gran importancia económica como la merluza, la anchoíta, la vieira patagónica y el calamar, y de muchas especies de aves y mamíferos.
Debido a la abundancia de recursos biológicos, el sector lindero a la Zona Económica Exclusiva registra una intensa actividad pesquera extranjera que se centra en la captura del calamar.
El proyecto de ley impulsado por los diputados de Consenso Federal Graciela Camaño busca la creación de un “Área Marina Protegida Bentónica” en la porción de “plataforma continental bajo jurisdicción argentina” que corresponden al Agujero Azul, pero al ser de carácter “bentónica” involucra solo el lecho marino excluyendo la columna de agua superior.
Asimismo, el funcionario de Cancillería Fausto López Crozet opinó que “más allá de los beneficios de preservación del medio ambiente, este proyecto va a potenciar la visibilidad de los esfuerzos conservacionistas de nuestro país en el Atlántico Sur, con implicancias en lo concerniente a la disputa de soberanía”.
También la bióloga y científica del Conicet, Paulina Martinetto, afirmó: “Quisiera resaltar la importancia científica de la creación de esta área marina protegida”.
Y agregó: “La identificación ha sido posible gracias a un sistema científico con investigadores que han dedicado sus estudios para entender nuestro mar”.
Luego fue el turno de la jefa de Gabinete del Ministerio de Ciencia y Tecnología y coordinadora del proyecto Pampa Azul, Carolina Vera, quien definió: “Pampa Azul es una iniciativa que nuclea siete ministerios, y desde sus inicios en 2014 ha tenido un foco dentro de su agenda en la zona justamente del agujero azul”.
El proyecto de Camaño
Durante el encuentro, la diputada bonaerense Graciela Camaño explicó que “este proyecto aspira en tres artículos, cerrar un círculo virtuoso para la Argentina y para la salud del planeta”.
“Hoy nuestro país tiene derecho soberano y responsabilidad de cuidado sobre el lecho y el subsuelo y toda esta zona”, remarcó la experimentada legisladora.
“La pesca ilegal no declarada constituye uno de los desafíos globales, necesita de un transbordo y los tripulantes se vuelven esclavos en estos barcos porque se pasan mucho tiempo sin controles, pescando”, señaló.
Camaño destacó: “Nosotros no estamos yendo a demarcar un área que no esté dentro de lo que nos ha aprobado ahora Naciones Unidas, queda claro que lo que pretendemos es una reserva bentónica en la zona del Fondo”.
Debate I
En el inicio del tratamiento, el diputado porteño Eduardo Valdés reconoció y agradeció a Camaño “por qué proyectos de esta envergadura son los que a uno le enorgullecen estar donde estamos”.
Con respecto a los pasos a seguir, adelantó que “a más tardar en 15 días retomaremos la continuidad de esta reunión”.
En tanto, el diputado Juan Aicega sostuvo que “este es un tipo de leyes que trasciende a las personas, a los integrantes de un bloque o partido político”.
“Es una ley que requiere de un detalle que haga a la participación de todos los sectores de la sociedad”, apuntó el legislador de Juntos por el Cambio.
El proyecto de ley en revisión de promoción de la alimentación saludable consiguió dictamen en Diputados, sin cambios a la media sanción del Senado. Hubo 4 dictámenes y varias disidencias. Se dividió el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Extenso debate.
En un plenario de las comisiones de Legislación General; Acción Social y Salud Pública; Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia; e Industria de la Cámara baja avanzó la iniciativa denominada “Etiquetado frontal de alimentos”, con la particularidad de que el Frente de Todos y Juntos por el Cambio se dividieron en apoyar a diferentes dictámenes, siendo que la media sanción que viene del Senado resultó ser el despacho de mayoría que recibió el apoyo tanto de diputados oficialistas como de opositores.
Tras un poco más de 4 horas de tratamiento en las comisiones, el dictamen de mayoría obtuvo 91 firmas, con 6 disidencias, mientras que el dictamen alternativo de la diputada porteña Carmen Polledo (JxC) cosechó 12 firmas.
En tanto, el dictamen del presidente de la Comisión de Salud, Pablo Yedlin (FdT), recibió 5 apoyos y el dictamen de rechazo del diputado porteño Alejandro García (JxC) obtuvo 2 firmas.
Luego de varias reuniones informativas y el trabajo para lograr un consenso, sorprendentemente, este proyecto dividió al oficialismo porque Yedlin, presentó un dictamen de minoría porque “la ley tiene algunos errores que no podrán ser salvados en la reglamentación”.
Para Yedlin, el etiquetado frontal solo debería ser utilizado en alimentos procesados y ultraprocesados (con algunas excepciones) al mismo tiempo que propone utilizar otro perfil de nutrientes y cambiar los plazos más amplios para adaptarse a la ley.
Otro de los puntos en que se diferenció Yedlin fue el tema Mercosur, ya que pidió “una armonización con el Mercosur”, pero el diputado tucumano no logró convencer al resto de sus compañeros de bancada para incorporar estos cambios.
En esta situación que atravezó a los bloques, logró unir a los diputados tucumanos enfrentados en distintos bloques como el diputado peronista Yedlin y el radical José Cano, que se diferenció de todos sus compañeros de bancada y avaló el dictamen de su coterraneo.
Al inicio de la reunión, la presidenta de la Comisión de Legislación General, Cecilia Moreau, planteó cual era la postura de la mayoría del Frente de Todos: “Llegamos a esta reunión para dictaminar la media sanción que viene del Senado para avanzar con esta deuda que nos reclama la sociedad y que tiene que ver con la salud pública”.
La posición del bloque oficialista fue expresada por la diputada del Frente de Todos Daniela Vilar, que coincidió con Florencia Lampreabe quien había considerado que esta iniciativa es una “herramienta de empoderamiento clave para que las y los consumidores tengan información clara para decidir su alimentación” y explicó que para que la ciudadanía pueda ejercer su derecho a decidir es “muy importante avanzar en el tratamiento para que sea ley cuanto antes”.
A estos dos dictámenes, se suma el dictamen de minoría presentado por la diputada porteña Carmen Polledo (Juntos por el Cambio), que no rechazó la media sanción, sino que retomó ese proyecto y le introdujo varios cambios porque “si bien estoy de acuerdo, pero hay temas que no son secundarios y me hacen imposible acompañar esta iniciativa”.
“El tema que observo es como se informará a la población para que la información que se brinde sea veraz, clara y precisa”, dijo Polledo, quien remató: “Otra cosa central es si nos conformamos con informar, promocionar y educar o si avanzamos en prohibiciones y censuras con herramientas de control social propias de regímenes autoritarios”.
También criticó el sistema de etiquetado frontal mediante los octágonos negros porque “hay otra forma de informar siendo menos agresivos y estigmatizantes que permitirían brindar información más precisa, más útil y más integral lo que permitirá”, dijo la legisladora.
En defensa de la industria alimentaria nacional, Polledo manifestó: “Nuestros alimentos generan trabajo y producción, no son basura ni veneno, legislemos con responsabilidad, para educar al pueblo y mejorar nuestros hábitos alimenticios”.
En tanto, gran parte del bloque de Juntos por el Cambio, especialmente los legisladores del PRO, optarán por el dictamen de minoría que impulsa el diputado porteño Alejandro García que directamente rechaza la iniciativa del Senado.
Durante su discurso, García marcó que “un proyecto alternativo era factible y no es que somos ni buenos ni malos ni cómplices si criticamos a la media sanción del Senado”.
“Hubiera sido mejor la posibilidad de buscar una real discusión y un real acercamiento al sector de la industria alimenticia y de pensar algún tipo de coordinación normativa con el Mercosur”, señaló el diputado y presidente de la Comisión de Industria.
“A los fines de lograr una mejor alimentación, no es válido como herramienta”, sentenció García, quien concluyó: “Este formato termina siendo también engañoso”.
Para marcar las divisiones que produjo este tema en los bloques parlamentarios, la diputada cordobesa Brenda Austin (Juntos por el Cambio), se diferenció de sus compañeros de bancada y anunció que apoyará esta iniciativa junto con otros legisladores radicales.
“Vamos a acompañar con el conocimiento de que estamos saldando una vieja deuda que tiene el Congreso con dos derechos como el acceso a la información y a la salud”, dijo Austin, quien defendió punto por punto el texto de la normativa.
Por su parte, la visión de los diputados de Consenso Federal fue expuesta por Graciela Camaño que manifestó que ese bloque está de acuerdo con la ley, pero presentaron observaciones al dictamen.
En sus críticas, Camaño señaló que el perfil de nutrientes que se utilizará “es erróneo y falaz” porque “yo no le dejaría el tema a los burócratas de los organismos internacionales”.
Al igual que lo expresado por los diputados de Juntos por el Cambio que apoyan esta iniciativa, la diputada de la Coalición Cívica Mariana Stilman adelantó que ese bloque avalará el proyecto y explicó sintéticamente que “la finalidad es informar al consumidor sobre los alimentos y bebidas que va a ingerir y darle a su familia”.
A su turno, el diputado mendocino José Luis Ramón (Unidad y Equidad) adelantó su voto positivo al considerar que “cuando hay un octógono de color negro, que dice que hay exceso de azúcar, de sal o de grasa, lo que se está haciendo es dar información al consumidor y es un derecho constitucional”.
Al criticar a los legisladores que “defienden los intereses de la industria alimenticia que no se quiere adaptar”, Ramón fue tajante: “Con esta ley no le prohibimos a nadie que envase y venda basura, sino que le estamos pidiendo que informe que está envasando basura y después está en el consumidor si elige ese producto, pero no podemos permitir que se siga engañando a la gente”.
En tanto, la diputada de Córdoba Federal Gabriela Márquez dijo que ese espacio comparte en términos en general porque “es muy importante la necesidad de garantizar el acceso a la salud y a una alimentación saludable”.
Con una posición favorable, pero con fuertes críticas a las empresas el diputado del Frente de Izquierda Juan Carlos Giordano manifestó: “Esta ley, a pesar de ser solo informativa, es resistida por las grandes empresas multinacionales, las mal llamadas alimenticias, que generan comida chatarra, tóxica. Son grupos que concentran el mercado de alimentos mundial”, remarcó.
Aspectos fundamentales del proyecto
La ley de Promoción de la Alimentación Saludable tiene como propósito “concientizar a la sociedad” sobre la calidad de los alimentos a través de la incorporación de etiquetas -con forma de octógono negro y letras blancas-, en el frente de los paquetes de los productos ultraprocesados, que adviertan la presencia excesiva de nutrientes críticos como azúcares, sodio, grasas saturadas y grasas totales.
Jornada II. La iniciativa para dar un mayor impulso a la enfermería en reconocimiento a la labor realizada por las enfermeras durante la pandemia volverá a ser tratada en un plenario de comisión con varios invitados.
Se viene otra reunión informativa para continuar escuchando diversas opiniones en un tema que, a priori, están todos los sectores legislativos de acuerdo aunque en la primera jornada algunos diputados expusieron varias dudas al respecto.
La convocatoria será para este jueves a las 15, en un plenario de las comisiones de Salud y de Educación de la Cámara baja, con una lista de invitados que todavía no está definida quienes asistirán.
¿Cómo fue la primera reunión de comisión?
En una extensa reunión de más de 3 horas por videoconferencia, el plenario de comisiones de Salud y de Educación de la Cámara baja dio inicio al tratamiento del proyecto de ley oficialista de promoción y desarrolla de la enfermería.
Con una reunión sin cruces políticos, el centro de la escena fue para los expositores especialistas del sector que elogiaron la decisión del Poder Ejecutivo de impulsar esa iniciativa que fue elaborada por el presidente de la Comisión de Salud, Pablo Yedlin, y otras diputadas.
A pesar de la diversidad de expositores en la reunión informativa, hubo muy pocas consideraciones y observaciones al articulado de la ley.
Una de las mayores críticas vino de parte del ex titular del PAMI Carlos Regazzoni, quien marcó que “hay muchas enfermeras y enfermeros que son ayudantes y colaboradores de enfermería y no son licenciados y en esta ley se están dejando afuera a muchos miembros de la enfermería que quizás no han pasado por la universidad y pueden hacer otras tareas”.
También planteó que “para el fortalecimiento de más y mejores enfermeros creo necesario la creación de una comisión del Congreso de la Nación para el seguimiento constante”.
En tanto, la diputada por Santa Cruz Paola Vessvessian (FdT) manifestó algunas inquietudes: “¿Cómo se piensa el acompañamiento para la reconversión de las propuestas educativas? ¿Cuál va ser el proceso para validar el proceso de profesionalización?”.
Por su parte, la legisladora rionegrina Graciela Landriscini (FdT) planteó: “Debemos insistir en la federalización para que Argentina tenga mayor capacidad instalada de personal y recursos técnicos y de recursos institucionales donde la enfermería sea protagonista”.
Al inicio de la reunión, Yedlin sostuvo que “este proyecto de ley trata sobre la jerarquización de la formación en enfermería y la enfermería como profesión en Argentina. La política integral que lleva a cabo el Gobierno busca que la ley ayude a sustentarlo y sostenerlo en el tiempo”.
A su turno, la presidenta de la Comisión de Educación, Blanca Osuna, consideró que “el proyecto no solo es necesario, sino que además se engarza en definiciones que el Gobierno adoptó. Tengamos en cuenta que lo abordamos en un contexto de pandemia, con debates y conquistas referidos al feminismo y las políticas de cuidado”.
Las exposiciones de la jornada I
El director ejecutivo del Instituto Nacional de Investigaciones Tecnológicas (INET) e investigador del CONICET, Diego Golombek, dijo que “el personal de enfermería demostró que es un gran protagonista del equipo de salud, pero la pandemia trajo virtudes y defectos, como el estamos tratando de empezar a resolver con este proyecto de ley”.
Gabriel Muntaabski, coordinador nacional del Programa Nacional de Formación de Enfermería (PRONAFE) del Ministerio de Educación, afirmó: “Consideramos trascendental la declaración del interés público de la formación de enfermería, así como el derecho a la formación continua. Esto es un antes y un después de esta ley para la enfermería en Argentina”, remarcó.
Por su parte, la directora nacional de Enfermería María Donatila Gómez Marquisio: “A pesar del contexto crítico esta es una gran ventana para promover el desarrollo profesional. Aún en un panorama de escasez, la enfermería se ha puesto al hombro todo lo que es el tratamiento de Covid-19”, destacó.
Pedro Silberman, decano en Ciencias de la Salud en Universidad Nacional del Sur y director nacional de Talento Humano en el Ministerio Salud, dijo que “este proyecto de ley tiene el destino de estructurar un proceso normativo legal que ayude a corto, mediano y seguramente a largo plazo, para ayudar sostener un crecimiento y desarrollo de la enfermería”.
Para Sergio Santa María, vicedecano a cargo de la Secretaría Académica de la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud -Universidad Autónoma de Entre Ríos-, “la pandemia dejó en relieve la necesidad de tener profesionales en el cuidado, formados y que sean reconocidos como tales. Esta propuesta tiende a reconocer y valorizar a la enfermería como una profesión de la Salud”, apuntó.
Asimismo, Alejandro Miranda, quien es el presidente de la Asociación de Enfermería de Capital Federal (AECAF) y docente de la carrera de Enfermería de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, señaló que “durante la pandemia la enfermería ha mostrado la formación que tiene, somos una profesión con el máximo grado de formación académica y por ello somos profesionales de la salud”.
¿Qué dice el proyecto?
El proyecto tiene como objetivo mejorar la calidad de las trayectorias profesionales, fortalecer el sistema sanitario aumentando el personal y a las enfermeras/os en su formación continua.
De acuerdo con la propuesta, se proveerá de recursos a instituciones formadoras de enfermería y se dispondrán becas a estudiantes de instituciones públicas y privadas de todo el país.
Entre sus puntos principales, la propuesta establece el derecho de enfermeras/os a acceder a mayores calificaciones y preparación para el desarrollo de su profesión.
Se agregan líneas de becas destinadas a auxiliares de enfermería para que validen sus conocimientos y puedan acceder a tecnicaturas y licenciaturas, al tiempo que se incluyen capacitaciones de actualización para que cuenten con mejores herramientas.
Las universidades públicas y privadas, e instituciones superiores de enfermería nacionales y provinciales, tenderán a avanzar en el diseño y aprobación de una currícula que contenga lineamientos comunes.
La Comisión Nacional de Formación y Desarrollo de Enfermería será el organismo de asesoramiento técnico encargado de brindar recomendaciones sobre cualificaciones profesionales, certificaciones educativas y estrategias de formación.
Además, se propone otorgar carácter de ley al Programa Nacional de Formación de Enfermería en la órbita del Ministerio de Educación.
Todo listo para un tema que hace meses se debate en las comisiones de la Cámara baja. Avanza sin modificaciones y será ley cuando se apruebe en el recinto porque ya tiene media sanción de Senado. Amplio consenso de todos los bloques parlamentarios para la regulación del etiquetado frontal de alimentos.
La nueva cita para tratar el proyecto de ley en revisión de promoción de la alimentación saludable denominada “Etiquetado frontal de alimentos”, que además prohíbe la publicidad de bebidas analcohólicas envasadas que contengan sello de advertencia.
Será este martes a las 15 en un plenario de 4 comisiones de Diputados: Legislación General; Acción Social y Salud Pública; Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia; e Industria.
La iniciativa ya está lista para obtener dictamen ya que cuenta con el beneplácito de todos los bloques parlamentarios, aunque en particular había algunos puntos que tenía objeciones, pero la iniciativa del oficialismo es avanzar con el proyecto de ley sin modificaciones porque sino debería volver al Senado.
Por su parte, la diputada del Frente de Todos Florencia Lampreabe consideró que esta iniciativa es una “herramienta de empoderamiento clave para que las y los consumidores tengan información clara para decidir su alimentación” y explicó que para que la ciudadanía pueda ejercer su derecho a decidir es “muy importante avanzar en el tratamiento para que sea ley cuanto antes”.
Si bien hay varios proyectos en vista, en la reunión plenaria se debatirá el proyecto de etiquetado que ya cuenta con la aprobación del Senado.
“El bloque del Frente de Todos tiene la voluntad de dictaminar sin modificaciones el proyecto que viene con la media sanción del Senado, ya que es el que mejor busca proteger la salud de las y los argentinos”, adelantó la diputada del FdT.
La ley de Promoción de la Alimentación Saludable tiene como propósito “concientizar a la sociedad” sobre la calidad de los alimentos a través de la incorporación de etiquetas -con forma de octógono negro y letras blancas-, en el frente de los paquetes de los productos ultraprocesados, que adviertan la presencia excesiva de nutrientes críticos como azúcares, sodio, grasas saturadas y grasas totales.
Aspectos fundamentales del proyecto
– Propone la incorporación en el frente de los productos ultraprocesados de una etiqueta con forma de octógono negro y letras blancas que advierta el exceso de nutrientes críticos como azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías
– Determina que los productos que contengan entre sus ingredientes edulcorantes o cafeína tendrán que informar que su consumo no se recomienda en niñas y niños.
– Prohíbe la publicidad dirigida a niños, niñas y adolescentes de productos con más de dos sellos de advertencia.
– Los productos que tengan más de un sello de advertencia no podrán incluir dibujos animados, personajes, figuras públicas, regalos ni elementos que llamen la atención de niños, niñas y adolescentes.
– Protege a las infancias regulando la comercialización de alimentos ultraprocesados con más de dos sellos de advertencia en entornos escolares.
– Determina que, ante iguales condiciones, el Estado deberá priorizar la compra de alimentos sin sellos de advertencia.
El primer debate
Al comienzo del encuentro, la presidenta de Legislación General Cecilia Moreau afirmó que este es un tema “trascendental y muy importante para todos los argentinos”, por eso “necesita de la búsqueda de consensos y de debate”. “El dictamen no va a ocurrir de manera sorpresiva ni de manera impuesta por ningún espacio”, resaltó, al tiempo que dijo que es un tema que “atraviesa a los bloques”.
Además, informó que se tendrán a la vista otros cuatro proyectos, que tienen giro a las cuatro comisiones competentes -de los diputados Julio Ferreyra, Francisco Sánchez, Graciela Camaño y Gisela Scaglia-, pero en realidad existen otras 19 iniciativas sobre la misma temática, algunos de ellos reclamados por sus autores para ser incluidos.
Con la lista de oradores arrancó la radical Brenda Austin, que destacó el trabajo realizado a lo largo de las reuniones informativas y señaló que el proyecto apunta a garantizar el “derecho de acceso a la salud”. “Argentina no escapa a un problema que tiene el mundo entero, que es la obesidad”, dijo y agregó que en nuestro país, “seis de cada diez personas adultas tienen sobrepeso u obesidad. Y cuatro de cada diez niños o adolescentes, también”.
Para la cordobesa, la iniciativa “es un aliciente, una herramienta muy importante”; y ponderó que “dirige una parte de su articulado a la regulación de lo que se vende en los entornos escolares”, al tiempo que establece reglas para que los niños “no sean carne de cañón de estrategia publicitaria”.
También valoró “la posibilidad de que el Estado adecue sus programas alimentarios a alimentación saludable”. Austin remarcó que se trata de un proyecto para que “podamos tener al alcance de la mano información sobre lo que estamos comiendo. No es un proyecto que atenta contra la industria, que busca dejar sin fuentes de trabajo”. Finalmente, aclaró que “más allá de las regulaciones que pueda establecer Mercosur, es una facultad de cada país” regular este tema.
Luego, el oficialista Julio Ferreyra, autor de un proyecto propio, manifestó su posición a favor de otro sistema de etiquetas. “Somos todos conscientes de que muchas veces la gente no lee, como pasa con la letra chica de los contratos”, sostuvo el jujeño, y defendió la aplicación del “semáforo”, el modelo Nutri-Score utilizado en Europa, en lugar de los octógonos negros.
El legislador consideró que la señalización con colores “a simple vista va a llamar la atención” y “permitiría que la persona, al ver los colores, se molestaría para ver el por qué”.
A su turno, el radical Federico Zamarbide resaltó que “no existe libertad de mercado si no existen consumidores correctamente informados”. A favor de la etiqueta negra en forma de octógono, el mendocino opinó que “claramente es el camino por el que debemos ir”. Durante su intervención, pidió que “la miel y los frutos deshidratados” estén dentro de las exenciones contempladas en el artículo 7 del proyecto, ya que “son alimentos cuyo consumo tenemos que incentivar, no desincentivar”.
En defensa de la media sanción del Senado, la oficialista Daniela Vilar solicitó “no dilatar más el proceso” y aprobar el texto, que apunta a “generar el acceso a la información de manera clara y transparente”.
Al hablar de “cifras alarmantes” en Argentina, la legisladora detalló que “el 46% de niños y niñas de entre 2 y 7 años consumen al menos una vez por día alimentos no recomendados” y “niños en contexto de pobreza tienen un 31% más de probabilidad de tener sobrepeso o mal nutrición”. “Los octógonos son necesarios y oportunos” para que “quienes brindan asistencia alimentaria en nuestros barrios populares puedan acceder a información oportuna”, opinó.
Por su parte, el radical Alejandro Cacace subrayó que “no hay prohibiciones sobre la producción o sobre el consumo, lo que se está dando es la información sobre los nutrientes de los productos, para que pueda haber un mejor consumo”.
Además, el puntano indicó que según un estudio experimental del propio Ministerio de Salud, la etiqueta negra logra “capturar mejor la atención”; y explicó que los que no sean alimentos procesados y ultraprocesados no quedarán “bajo el perfil de nutrientes críticos” establecido por la OPS (Organización Panamericana de la Salud).
Desde Consenso Federal, la diputada Graciela Camaño expresó que el rotulado actual de los productos “no es de fácil comprensión y no cumple la función de informar”. “Tenemos la necesidad de cambiar la ley”, afirmó y reforzó: “Es indispensable que promovamos una ley en defensa del interés público y la salud”. Asimismo, recordó el mandato del artículo 42 de la Constitución Nacional sobre la protección “del derecho de los usuarios de bienes y servicios”.
Como miembro de la Comisión de Industria, el oficialista Eduardo Fernández propuso que, además del plazo de un año de adecuación -a diferencia de los 180 días que se estipulan para las grandes industrias-, las MicroPyMEs, las cooperativas y la agricultura familiar puedan ser acompañadas con “colaboraciones técnicas” por parte del Estado y, si fuera necesario, “con apoyo crediticio” para poder cumplir con la norma.
En tanto, el radical Atilio Benedetti aseguró su apoyo rotundo a la ley, que definió como “una norma trascendente”, pero advirtió que “esto no va a ser neutro, las reconversiones no son gratis”. El entrerriano enfatizó que “el momento que están pasando las industrias de Argentina no son comparables con otros países”, producto no solo de la pandemia, sino de “una presión impositiva totalmente exagerada” y la “obligación de mantener los precios máximos”.
En ese sentido, el diputado apuntó que existiría “un corsé de dificultades para adaptarse” a una ley de este tipo, y consideró que 180 días es un plazo “absolutamente escaso”. Además, anunció que, en el marco del debate del impuesto a las Ganancias para sociedades, planteará que “todas las reinversiones tengan una consideración en particular a lo que refiere a Ganancias”.
El jefe del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón, enfatizó que “la demanda de los usuarios y consumidores es un derecho constitucional”. El mendocino fustigó que, a lo largo del tiempo, los oferentes “han cometido abusos que son tremendos”, y esta ley viene a proteger y garantizar “la disposición constitucional de la demanda”.
Ramón opinó que “más allá de sus preocupaciones (en alusión a las empresas) por los 180 días o los 12 meses, créanme que una imprenta de ninguna manera va a aumentar los costos por el etiquetado negro”. “Señor oferente, puede seguir ofreciendo basura”, lanzó, pero remarcó que con esta norma el usuario podrá elegir qué comprar.
Por último, pidió votar el proyecto sin modificaciones ya que, a su criterio, no se altera “la capacidad económica de las empresas, que puedan seguir haciendo trampa, o la comercialización de los productos en el Mercosur”.
Entre los oradores, la oficialista Liliana Schwindt celebró que en esta temática “nunca llegamos tan lejos en el tratamiento y en estar a punto de dictaminar”. “Tenemos una obligación con la ciudadanía de brindarle esta herramienta que facilita la información de los productos que van a consumir”, sostuvo.
La diputada reiteró que se trata de un “derecho consagrado en la Constitución”, por lo tanto “es poner en lo más alto el derecho de los consumidores y consumidoras que desde hace años ven impedido el acceso a la información clara, ordenada y práctica para hacer sus compras, para elegir qué van a llevar a su mesa, qué le van a dar de comer a sus hijos y nietos”.
Para Schwindt, el proyecto “significa una ventaja para la industria alimentaria también” porque ” permite que se oriente hacia una producción saludable sin generar grandes costos”; al tiempo que es “una iniciativa de salud pública, que tanta falta nos hace en este momento”.
Al cerrar la primera sesión informativa del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, el jefe de la bancada oficialista respaldó la gestión del Gobierno en el marco de la pandemia y concluyó con una pregunta a la oposición: “¿Cómo vamos a pagar la deuda con el Fondo Monetario en 10 años?”.
Luego de casi 8 horas de sesión, el jefe de bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Máximo Kirchner, no hizo un largo discurso ni abusó de las chicanas políticas como sí ocurrió durante varios pasajes de la jornada, y apuntó a un mensaje a la clase política para advertir que “después de la pandemia se viene un tema que hay que discutir todos juntos y es como hacemos para pagarle al Fondo”.
“¿Cómo vamos a pagar la deuda con el Fondo Monetario en 10 años?”, se preguntó Máximo Kirchner y así cerró su discurso en la primera sesión informativa del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en la Cámara baja.
En su alocución, el hijo del expresidente Néstor Kirchner y de la vicepresidenta Cristina Fernández exhortó a pensar “qué va a pasar con el Fondo, porque si un laboratorio nos hizo cambiar todo el andamiaje legal que había votado este Congreso, no me quiero imaginar cómo vamos a hacer compatible el crecimiento y desarrollo que necesita la Argentina para dar respuesta a la gente con lo que quiere el Fondo”.
Por otra parte, Máximo Kirchner consideró que “como país atravesamos un enorme duelo producto de la pandemia global”.
En ese sentido, explicó: “Vivimos un duelo en dos dimensiones, de los que perdieron a un familiar o a un amigo, y la otra dimensión es la de los proyectos de vida de muchos argentinos, ya que nadie imaginó esta realidad”.
“Lo veo al Gobierno con mucha improvisación, muy desorientado, con mucha anomia en muchos sectores de la gestión. Lo veo terco”. Fuerte diagnóstico del diputado de JxC, Mario Negri.
El jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri, afirmó este jueves durante el cierre de la sesión informativa del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, que “el Gobierno no tiene orientación, no tiene rumbo y creo que vamos a terminar mal”.
En un discurso con un tono moderado, el diputado cordobés admitió estar “preocupado” por la situación económica y social del país porque “lo veo al Gobierno desorientado y con mucha improvisación y anomia como que la cosa va sola. Aun equivocado y con errores, sigue para adelante como toro mocho”, remató.
“Es un gobierno que lo que no puede gestionar, lo prohíbe y luego se retracta en el medio de la tensión”, fustigó Negri.
En ese sentido, el legislador radical manifestó: “Cuando pase todo esto yo, como ciudadano, me voy a preguntar qué se hubiese hecho más para salvar vidas”.
En un repaso sobre los efectos de la pandemia, Negri señaló que “se cayó un pedazo de la clase media, también nos atrasamos en la educación y van a aumentar los pobres”.
“Es una gestión con mucha terquedad”, dijo el jefe de interbloque que agregó que “fue un grave error fue meter el tema de la educación en una guerra política a la Corte Suprema”.
Al finalizar su discurso, Negri afirmó que “el 14 de noviembre no se va a terminar el mundo. Se va a votar, nosotros creemos que vamos a crecer y seremos una oposición más responsable para ayudar” porque “el país se está cayendo entre los dedos del planeta”.
Pobreza, inflación, Hidrovía Paraná-Paraguay, argentinos varados en el extranjero por la limitación en el ingreso al país y la educación fueron algunas de los cuestionamientos de Juntos por el Cambio con varios discursos encendidos cargados de chicanas políticas. El Jefe de Gabinete siguió la misma tendencia y respondió con chicanas.
El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, escuchó en silencio las intervenciones de los diputados nacionales de Juntos por el Cambio que pidieron más respuestas en varios temas como pobreza, inflación, educación, argentinos varados en el exterior y la Hidrovía Paraná-Paraguay, con discursos políticos encendidos utilizando varias chicanas.
Tras el bloque de preguntas de más de una hora y media de la oposición, Cafiero respondió con un tono sereno, pero también utilizó muchas chicanas políticas y cargó contra la oposición con las estadísticas de la gestión del gobierno de Mauricio Macri desde 2015 a 2019.
Cafiero inició su respuesta afirmando: “Lamento que hubo poco de datos y hubo mucho de posicionamiento personal político, lo que va en contra de poder avanzar porque el presidente Alberto Fernández no está pensando en esta elección ni en la campaña”.
“Ninguno de los diputados del Frente de Todos está pensando en una lista o cómo hace para ganar más bancas que evidentemente tanto los desvelan a ustedes”, remató.
Y continuó: “Estamos atravesando un momento de pandemia y a veces cuando reflexionan -desde JxC- parece que el coronavirus es un invento del peronismo”.
Ante las interrupciones del diputado porteño Fernando Iglesias (Juntos por el Cambio) el presidente de la Cámara, Sergio Massa, le dijo: “Tiene que aprender a respetar cuando otros hablan. Hay un acuerdo de escuchar cuando el jefe de gabinete responde y no de comentar cada cosa”.
Luego de esa breve interrupción, Cafiero sostuvo que “en este tiempo, estamos renegociando las deudas, el endeudamiento histórico que nos dejaron y lo hacemos sin excusas. Estamos renegociando la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que nos dejaron porque los que negocian rápido siempre le representan a la Argentina una deuda mayor y un verdadero cepo al desarrollo económico”.
“La deuda histórica que tomaron -en la administración de Mauricio Macri- lo hicieron en 5 minutos y no pasó por el Congreso para que se de un debate claro, plural, republicano y democrático, por lo que parece que estos valores se los adueña un sector, pero cuando gobierna se lo olvida cuando lo tiene que ejercer”, fustigó.
Asimismo, el jefe de Gabinete señaló que el Gobierno no está “exento de errores, pero estamos haciendo un trabajo diario con mucha convicción y todos los días trabajamos para levantar a la Argentina y eso implica no cortar a las siete de la tarde para ver series”, en referencia a Macri y sus dichos sobre mirar Netflix en época de crisis.
“Estamos convocando a un trabajo en conjunto, pero si eso no fuera posible, le pedimos un poco de humildad porque fracasaron como Gobierno y ya lo dijo la sociedad en las urnas”, remató.
En el segundo bloque de preguntas y con los ánimos más calmos, llegó el turno de los discursos de los diputados de los bloques opositores que, según los temas, oscilan en el acompañamiento al Frente de Todos.
Sin ataques directos ni chicanas, Cafiero respondió varios puntos entre ellos sobre los créditos UVA, detalló datos sobre la campaña de vacunación y envió un mensaje al resto de la oposición.
En ese momento, el jefe de Gabinete pidió: “Saquemos a la vacuna y a la pandemia de la campaña electoral. No la politicemos”, remarcó.
Sin aplausos oficialistas ni gritos opositores, Cafiero cerró ese segmento del primer informe de gestión del año en Diputados, con una exhortación: “Tenemos que volver a llamar a la reflexión a todos y tenemos que tener mensajes precisos para la sociedad que se encuentra angustiada y por eso entre toda la dirigencia política tenemos que encontrar los canales para llegar con políticas publicas a solucionar los problemas de la gente”.
Pobreza
Cafiero manifestó: “Se hicieron algunas reflexiones interesantes, pero acá se habló de la pobreza. Lo que ha sucedido que ha habido un impacto de la pandemia, pero parece que recién ahora se acuerdan de la pobreza y de la inflación”.
Bajo los aplausos de los oficialistas, el jefe de Gabinete cargó contra la oposición: “Ustedes aumentaron del 26 al 35,5 por ciento la pobreza sin pandemia; dejaron una inflación del 54 por ciento; hicieron caer el empleo industrial en 11 puntos; hicieron caer el PBI un 2,2 por ciento; nos endeudaron en 50 mil millones de dólares con el FMI”, lo que hizo alborotar el recinto por la reacción de los opositores.
Inflación
Sin calmarse los ánimos, Cafiero continuó: “Plantean el tema de la inflación y me llama la atención porque en su momento decían que iban a tener una inflación del 10 por ciento para 2018 y después fue de 47 por ciento. Pero de eso no hay ningún tipo de rendición de cuenta”.
Dólar
Con respecto a un tipo de cambio en el país, Cafiero sostuvo que “el tipo de cambio es competitivo y por eso no hay presión devaluatoria, más allá de las especulaciones. Desde el Banco Central se va a seguir sosteniendo este tipo de cambio”, aseguró.
Jubilaciones
“Los aumentos a los jubilados fuero 21,2 acumulado y lo que se fue haciendo fue compensarlo con bonos hasta que la ley de Movilidad de Jubilatoria empiece a rendir frutos después de septiembre, pero hasta entonces va a haber puentes para que los haberes jubilatorios le ganen siempre a la inflación y tengan un aumento real”.
Hidrovía
Al respecto, precisó: “Lo que se determinó es el traspaso del manejo de la Hidrovía a una licitación corta en manos de la Administración de Puertos y será solamente para el manejo y el balizamiento”.
“Lo que no cuenta la Argentina para hacer es el dragado por su alto costo, pero todo lo que tiene que ver con la administración necesitamos recuperar para el Estado nacional porque necesitamos recuperar soberanía. Necesitamos recuperar esa vía de exportación. El cobro del peaje pasará a manos del Estado”, destacó.
Varados
Otro de los temas que levantó los ánimos fue el caso de los varados en el exterior por la limitación desde el extranjero de residentes que viajaron en plena pandemia y el crecimiento de la cepa Delta.
En ese sentido, manifestó: “La Justicia rechazó todos los habeas corpus porque no existe una restricción ilegítima de la libertad ambulatoria. No existe inconstitucionalidad”, dijo Cafiero al citar uno de los fallos judiciales.
“Algunos diputados hicieron presentaciones en la justicia sobre esta cuestión solamente para las cámaras de televisión porque ni siquiera lo apelaron”, cuestionó.
Educación
Al finalizar el bloque más tenso de todo el informe N°130 en la historia del país, Cafiero respondió a las críticas de la oposición por las clases presenciales al señalar: “La inversión educativa a nivel nacional cayó 33 por ciento en los 4 años del Gobierno de Mauricio Macri, se recortó a la mitad las becas, dejaron abandonas en un depósito más de cien mil netbooks, desfinanciaron todos los programas de becas, durante la campaña de 2015 prometieron 3000 jardines y solo hicieron 107”.
Bajo un griterío, concluyó: “Sin embargo, nosotros para continuar con la educación en tiempos de pandemia y cumplir con todos los protocolos, desarrollamos un plan que garantiza que el 75 por cuento de los alumnos hoy tienen clases presenciales”.
Créditos UVA
Al respecto, Cafiero manifestó: “Hemos tomado una decisión a partir de nuestro inicio de gestión con el tema de los créditos UVA e hipotecarios UVA que fue primero congelar las cuotas y después avanzamos en una convergencia de las cuotas en la búsqueda siempre de que, a partir del descongelamiento de las cuotas, esto no represente más de un 35 por ciento de los ingresos de la familia”.
“Ya con la pandemia, entre abril de 2020 y enero de 2021 se estableció un nuevo congelamiento y esta vez con un alcance total de los créditos hipotecarios destinados a vivienda única. La refinanciación fue automática para todos los que tenían saldos impagos y se dieron facilidades de pagos y se volvió a establecer la suspensión de las ejecuciones y los desalojos”, apuntó.
En ese sentido, señaló: “Lo que llevamos adelante fue la tarea de ir acompasando las cuotas y que esto no quede a tiro del mercado. En ningún momento la cuota se puede pasar de los 35 por ciento del ingreso”.
Cafiero remarcó que “la morosidad es muy baja en los créditos Uva, es de 0.4 por ciento, lo que implica que está muy por encima de lo que es la morosidad de préstamo lamentablemente en nuestro país que es del 3,8 por ciento”.
Al finalizar su respuesta, destacó: “Cualquier familia que su cuota del crédito uva supere el 35 por ciento de sus ingresos, debe ir al banco y que le refinancien el crédito”.
Con un proyecto de solo 2 artículos, varios legisladores nacionales de Junto por el Cambio firmaron una iniciativa de ley para derogar el decreto presidencial 438/21.
El diputado nacional por Buenos Aires Alberto Asseff junto a otros 17 legisladores de Juntos por el Cambio presentó un proyecto de ley con el objetivo de derogar el decreto N° 438/21 que publicó este miércoles el Gobierno nacional con el objetivo de que los trabajadores que inicien una relación laboral deberán permanecer un año en la obra social de su rama de actividad, antes de poder ejercer la opción de cambio de su cobertura médica.
Ante esta medida de la administración de Alberto Fernández, la oposición reaccionó y aseguró, en los fundamentos de la iniciativa, que “el Gobierno tiene la intención de que el Ministerio de Salud recupere la rectoría total de todo el sistema con un mayor control sobre los recursos del sistema público, de las obras sociales y de las prepagas”.
“Para evitar el avasallamiento de libertades y derechos adquiridos, solicito el acompañamiento de mis pares”, dijo Assef.
Los diputados cofirmantes son: Héctor Stefani, Francisco Sánchez, Jorge Enríquez, Alicia Terada, Pablo Torello, José Luis Patiño, Lidia Ascarate, Alfredo Schiavoni, Gerardo Cipollini, Diego Mestre, Roxana Reyes, Ricardo Buryaille, Graciela Lena, Victoria Morales Gorleri, Martin Grande, Hernán Berisso y Virginia Cornejo.
La decisión del Gobierno respecto a las obras sociales
Los trabajadores que inicien una relación laboral deberán permanecer un año en la obra social de su rama de actividad, antes de poder ejercer la opción de cambio de su cobertura médica.
Ese período de permanencia “resultará de aplicación a las relaciones laborales que se hubieren iniciado con anterioridad a la entrada en vigencia del presente decreto y no cuenten a dicha fecha con un año de antigüedad. Sin perjuicio de ello, en caso de que el trabajador o la trabajadora hubieren hecho uso del derecho de opción en forma previa a la entrada en vigencia del presente, se respetará dicha opción”, indicó el Decreto.
La opción de cambio podrá ejercerse solo una vez durante todo el año calendario y se hará efectiva a partir del primer día del mes siguiente a la formalización de la solicitud.
El derecho de opción de cambio de obra social deberá ejercerse de manera individual y personal por el beneficiario, a través de las modalidades dispuestas y/o las que en el futuro disponga la Superintendencia de Servicios de Salud.
Las modalidades y plataformas digitales que se utilicen deberán garantizar que la información correspondiente a las opciones de cambio realizadas se encuentre disponible y accesible en forma oportuna para la AFIP y para las Obras Sociales de origen y destino.
La Casa Rosada recordó que por medio del Decreto N 504/98, se reglamentó el modo de ejercicio del derecho de elección de obra social, basado en los principios de solidaridad y equidad del sistema.
En el primer informe del jefe de Gabinete en la Cámara de Diputados en el 2021 contestará más de 2.500 preguntas. Se espera un debate intenso y extenso con la oposición.
El jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero, presentará este jueves a las 11, su informe sobre la marcha del gobierno en el marco de la sesión informativa N°130 en la Cámara de Diputados.
Según el análisis de la subsecretaría de Asuntos Parlamentarios, con 2.596 preguntas enviadas por los diputados y diputadas, se trata del informe más extenso desde la creación del cargo en 1994, informaron desde la Jefatura de Gabinete a través de un comunicado.
Durante su presentación, Cafiero “pondrá el foco en los avances del Plan Estratégico de Vacunación contra el COVID-19, los programas de asistencia desplegados durante 2021, la decisión del Gobierno de lograr una recuperación del salario real y la reactivación económica en el marco de un modelo de producción y trabajo”, adelantaron desde el Gobierno.
En esa línea, el jefe de Gabinete abordará los datos del Monitor Público de Vacunación entre los que se destacan (hasta ayer) las 23.182.898 dosis aplicadas, que representan la inmunización de cerca del 30 por ciento de la población total del país, y las 25.771.343 vacunas ya distribuidas en las 24 jurisdicciones.
Otro de los temas centrales del informe será el paquete de medidas del Poder Ejecutivo para hacer frente a esta nueva etapa sanitaria.
En ese sentido, se destacan los programas de asistencia como el Repro II, que cubre hasta $22.000 por trabajador; el Potenciar Trabajo, que llega actualmente a un millón de beneficiarios de los sectores más vulnerados; el refuerzo y ampliación de la Tarjeta Alimentar alcanzando a niños de hasta 14 años; el apoyo a sectores críticos como el turismo, la cultura y la gastronomía a través de programas como Impulsar, Promover Turismo Federal y Sostenible, Integrar es Salud o la sanción del nuevo Consenso Fiscal y las líneas de crédito a MiPyMEs y cooperativas tecnológicas.
En un contexto complejo de crisis económica, el jefe de Gabinete ratificará el modelo de producción y trabajo impulsado por el Gobierno nacional, que “se evidencia en las cifras de la recuperación de la actividad económica: el incremento del PIB, que registró en el primer trimestre una suba interanual de 2,5% -la primera desde el tercer trimestre de 2019-, y el crecimiento de la inversión en un 38,4%, representando el mayor aumento desde 2004”.
“También subrayará las subas en la construcción (21,3%), industria (11,4%) y comercio (9,8%)”, agregaron.
Por otro lado, la presentación del jefe de Gabinete tendrá además “entre sus ejes la decisión del Gobierno de lograr que los salarios superen a la inflación a través de medidas como la reducción del impuesto a las ganancias, el programa de alivio fiscal que beneficiará a más de 4 millones de monotributistas, el avance en acuerdos paritarios para que los ingresos crezcan en términos reales y el próximo aumento del salario mínimo, vital y móvil, entre otros”.
Desde la oposición, la mayoría de las consultas enviadas estuvieron relacionadas con el manejo de la pandemia por parte del Gobierno nacional, la provisión de vacunas y aspectos vinculados con la situación educativa.
El último informe de Cafiero ante la Cámara de Diputados fue ofrecido el 28 de noviembre pasado, cuando respondió por escrito 1.899 preguntas de los legisladores, mientras el pasado 3 de junio expuso ante el Senado.
Faltaba un paso en comisiones y se logró este martes en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja. El proyecto de ley que prevé un régimen previsional especial para los trabajadores del sector vitivinícola ya está lista para llegar al recinto, pero no se podrá brindar con vino todavía porque el proyecto deberá volver al Senado.
La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados emitió este martes dictamen favorable sobre un proyecto de jubilación anticipada para los obreros y empleados de la actividad vitivinícola, con el fin de que puedan acceder al beneficio a los 57 años, con 25 de aportes.
El cuerpo legislativo que preside Carlos Heller (Frente de Todos) completó así el aval que el lunes le dieron a la iniciativa las comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Legislación del Trabajo, que presiden los diputados del Frente de Todos Marcelo Casaretto y Vanesa Siley.
El proyecto de jubilación anticipada beneficia a 25 mil trabajadores del sector vitivinícola e iguala condiciones con el régimen de trabajadores y trabajadoras rurales.
La iniciativa sancionada originalmente por el Senado fue impulsada por la mendocina Anabel Fernández Sagasti (Frente de Todos), pero deberá volver a la Cámara alta, ya que Diputados le hará algunos cambios “que están consensuados con el Poder Ejecutivo”, informó Casaretto.
El legislador, por haber participado en la reunión del lunes, explicó ante sus pares de Presupuesto y Hacienda los aspectos del proyecto: “En el artículo 1 se especificará que habrá un régimen previsional para los trabajadores vitícolas, en cuanto desarrollen actividades que generen un envejecimiento prematuro”.
Destacó que “siempre es bueno que el Congreso de la Nación consagre más derechos para los trabajadores”.
Por Juntos por el Cambio, los diputados Luciano Laspina (JxC) y Javier Campos (JxC), se refirieron a la posibilidad de que otros sectores reclamen el mismo derecho con “los problemas fiscales que ello traería aparejado”, por lo que anticiparon su rechazo al dictamen.
Así, ambos diputados dejaron expuestas las posiciones de todos los integrantes de esas dos bancadas que integran la comisión, a excepción del tucumano Domingo Amaya (JxC), que acompañó el texto.
Desde el radicalismo, en cambio, el mendocino Alfredo Cornejo dio su respaldo al proyecto; y sus correligionarios Luis Pastori y Atilio Benedetti se abstuvieron.
La postura del titular de la UCR nacional fue fundamentada en la reunión anterior por el puntano Alejandro Cacace, quien señaló que hay una necesidad de otorgar equidad como trabajadores, ya que estamos frente a un trabajo que merece una protección especial”.
Y explicó que “el sentido general de los regímenes diferenciales es el de atender a las condiciones de trabajo distintas que ciertos sectores tienen y por ende otorgar la protección previsional”.
El interbloque Unidad Federal para el Desarrollo también avaló el dictamen con la firma del misionero Diego Sartori, quien reafirmó los argumentos que dio el lunes el titular de su espacio legislativo, José Luis Ramón.
El mendocino afirmó que “este proyecto se relaciona con la matriz productiva de la provincia y va en el sentido correcto, porque mejora la calidad de vida de toda la vitivinicultura. Hay que defender este sector, ya que está amenazado por la megaminería contaminante”.
“Ahora que sí nos vean”, es una iniciativa que tiene la finalidad de “revertir la desigualdad y visibilizar la historia de las mujeres y personas LGBTIQ+ dentro las salas y espacios comunes de la Cámara baja”.
La Cámara de Diputados, junto a los Ministerios de Cultura, de Mujeres, Géneros y Diversidad y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, instaló el primer cuadro de una mujer dentro de la Cámara en homenaje a María Remedios del Valle, capitana del Ejército del Norte en las batallas de la independencia.
Luego de un relevamiento que hicieron las áreas de género en los edificios de la Cámara baja presidida por el diputado Sergio Massa, detectaron que los cuadros y obras de arte “representan y valoran a las masculinidades hegemónicas”.
La actividad dio inicio al proyecto “Ahora que sí nos vean” impulsado por la Dirección General de Igualdad y el Departamento de Géneros y Diversidad Sexual de Diputados en articulación con la Dirección General de Cultura, la Dirección de Obras y Mantenimiento y la Oficina de Comunicación Interna.
El objetivo, según explicaron desde Diputados a través de un comunicado, es “revertir la desigualdad y visibilizar la historia de las mujeres y personas LGBTIQ+ dentro las salas y espacios comunes de la Cámara de Diputados para seguir trabajando por un espacio libre de todo tipo de violencias de género”.
El acto de este martes estuvo encabezado por Tristán Bauer, ministro de Cultura; Cecilia Merchán, secretaria de Igualdad del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad; Horacio Pietragala, secretario de Derechos Humanos; y Mónica Macha, presidenta de la Comisión de Mujeres Géneros y Diversidad.
Al respecto, Bauer consideró que se trata de “un acto de reparación, justicia y celebración”.
“María Remedios del Valle fue injustamente borrada, negada y olvidada por la historia. Por eso, es hermoso lo que estamos haciendo”, remarcó el titular de Cultura.
En relación a la figura histórica conmemorada, Merchán remarcó que la “prioridad es poner en el centro de la política pública la realidad de las personas afrodescendientes y afroargentinas que hoy viven en nuestra tierra”.
También estuvieron presentes las diputadas Jimena López, Cristina Álvarez Rodríguez, Silvia Lospenato, Karina Banfi, autoridades de los ministerios y de la Cámara y referentes de la comunidad afrodescendiente.
En el marco de un nuevo aniversario por la Independencia de nuestra Nación, la primera figura reconocida es la de María Remedios del Valle, una mujer afrodescendiente que nació en 1766 en la capital del Virreinato del Río de la Plata y el General Manuel Belgrano le confirió el grado de Capitana por su protagonismo, lucha y valor en el campo de batalla.
Existen en la Cámara muchos proyectos parlamentarios que buscar resaltar y poner en valor esta figura. También, existe la Ley 26.852 que fue sancionada en 2013 e instituye el 8 de noviembre como el “Día Nacional de las/as afro argentinos/as y de la cultura afro” y conmemora a la figura de María Remedios del Valle.
El Ministerio de Cultura de la Nación cedió la imagen para que pueda quedar presente en la Sala 1 del Anexo A, un espacio clave en el debate parlamentario.
“Esta acción además de reivindicar la figura de una mujer de nuestra historia, también permite promover un mayor conocimiento de la diversidad de la herencia y los aportes de las y los afrodescendientes y de su contribución al desarrollo de nuestro país”, consignaron.
A último momento, Juntos por el Cambio marcó diferencias con el articulado del proyecto de ley de abordaje integral de la violencia institucional en seguridad y servicios penitenciarios. Presentará dictamen de minoría en Diputados. El oficialismo se sorprendió por la falta de acompañamiento de la oposición. La pandemia y las provincias en el centro del debate.
El Frente de Todos logró este martes emitir dictamen de mayoría al proyecto de ley de abordaje integral de la violencia institucional en seguridad y servicios penitenciarios en la reunión plenaria de las comisiones de Seguridad Interior, y de Derechos Humanos y Garantías, pero no pudo lograr los acuerdos necesarios para que haya un único dictamen porque Juntos por el Cambio presentará un dictamen de minoría.
Sorpresivamente, el proyecto de ley contra la violencia institucional consiguió el acompañamiento del Frente de Todos y algunos aliados con un dictamen de mayoría, pero la oposición firmó uno de minoría, a pesar de que se esperaba un despacho único.
Al momento de explicar la posición de Juntos por el Cambio, el diputado porteño Álvaro de Lamadrid fue contundente: “Coincidimos en el espíritu de la ley, pero no acompañamos porque diferimos en el contenido, ya que no coincidimos con la definición de violencia institucional”.
“Considero que la ley es un adorno contra la violencia institucional que se está haciendo desde el poder”, sentenció el diputado opositor.
Otro de los puntos que cuestionó fue que “para el oficialismo, solo pareciese que existe la violencia por parte de las fuerzas de seguridad y entonces este proyecto apunta a desguarnecer al personal de seguridad hasta violando el principio de inocencia”.
También uno de los puntos centrales que la oposición objetó fue que en el proyecto de ley no se modifica ningún artículo del Código Penal que en la actualidad permite establecer criterios para detener a personas en una situación especial como la pandemia de coronavirus.
En ese sentido, la diputada cordobesa Brenda Austin (JxC) sostuvo que “la violencia institucional es una deuda histórica del Estado, pero también se enmarca en el contexto de la pandemia donde a través de DNU se constituyeron restricciones a los derechos constitucionales de los ciudadanos”.
“Por la pandemia, se construyó un Estado policiaco, que es el germen del incremento de la violencia institucional en el país”, fustigó.
En esa misma línea, la diputada bonaerense Karina Banfi (JxC) planteó “su disconformidad con el artículo 205 del Código Penal porque ese es un artículo que es implementado ahora en los DNU en el marco de la pandemia para perseguir y detener a las personas y aplicar las restricciones, lo que provocó un aumento en los casos de violencia institucional”.
Al igual que Banfi, el diputado puntano Alejandro Cacace (JxC) también criticó que “se vuelve a cometer un error muy común a la hora de legislar y es que se deja librado a la voluntad de las provincias su aplicación y luego resulta que hay leyes que son reparadoras de derechos, pero las provincias no las aplican y entonces entramos en un vacío normativo como ocurre en San Luis con la ley de mecanismos para la prevención de la tortura”.
“En la redacción de los artículos no estamos resolviendo la inacción que tienen los gobiernos provinciales respecto a sus competencias”, sentenció el diputado de Juntos por el Cambio.
Al finalizar el plenario de comisiones, la presidenta de la Comisión de Seguridad Interior, Paula Penacca (Frente de Todos), manifestó que “existe la voluntad en el oficialismo de seguir trabajando cada punto de este proyecto de ley para conseguir un acuerdo en el recinto y lograr que se vote con una amplia mayoría para dar un mensaje a la sociedad”.
“Vamos a avanzar hoy con la firma del dictamen sabiendo que tenemos una instancia más para trabajar juntos antes de que se vote en el recinto y lograr así mayores acuerdos”, remarcó la diputada porteña.
En el mismo sentido, el diputado bonaerense Leonardo Grosso (FdT) pidió a la oposición que “acompañe” porque “necesitamos que esta ley sea aprobada por todos los sectores políticos más que nunca porque se necesita una respuesta contundente contra la violencia institucional”.
“Hoy no logramos un dictamen único. Reflexionen su posición porque todavía podemos lograr acuerdos y tender puentes”, dijo el diputado oficialista que reconoció: “Esta ley no es una panacea y a la violencia institucional no la vamos a resolver mañana con una ley, pero es una herramienta más y muy necesaria”.
En tanto, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Hugo Yasky, afirmó que “la concreción en ley de este proyecto expresa el compromiso democrático de la sociedad argentina más allá de los gobiernos de turno porque las víctimas de las distintas formas de violencia estatal ilegítima siempre son los que menos tienen, las barriadas más pobres, las trabajadoras y los trabajadores, las y los jóvenes, las mujeres y las disidencias, sobre todo cuando se organizan para hacer valer sus derechos”.
El proyecto del FdT
Según señala el texto, el propósito es generar herramientas integrales para prevenir y erradicar casos de violencia institucional por fuerzas policiales, de seguridad y de servicios penitenciarios en todo el territorio nacional, así como también otorgar acompañamiento y reparación a las víctimas de violencia institucional.
En ese sentido, habilita una instancia administrativa para solicitar una reparación económica en los casos de desaparición forzada de personas, homicidios y lesiones gravísimas que configuren hechos de violencia institucional.
Son también objetivos de esta ley afianzar políticas de bienestar del personal policial: se debe garantizar la protección de su integridad psicofísica y promover el fortalecimiento de la formación y entrenamiento profesional como medidas preventivas de la violencia institucional.
Es importante mencionar que el proyecto propone la creación de centros de denuncias para casos de violencia institucional que serán atendidas por personal civil ajeno a las fuerzas policiales, de seguridad y servicios penitenciarios, que deberá haber cumplido la capacitación obligatoria en género dispuesta por la Ley Micaela.
Señala que se deberán promover facilitadores interculturales para las jurisdicciones que exista población originaria, y que las vías de denuncia serán gratuitas, de fácil acceso y contarán con amplia difusión.
Asimismo, incluye un programa de reentrenamiento y formación con una perspectiva transversal de Derechos Humanos para las fuerzas de seguridad; también establece principios básicos sobre el empleo de armas letales y no letales cumpliendo con los estándares internacionales, y se dedica un capítulo a establecer los criterios de actuación de las Fuerzas Policiales y de Seguridad con perspectiva de género y de derechos humanos.
Además, propone la creación de un Tribunal de Disciplina especializado para juzgamiento disciplinario de faltas graves y muy graves vinculadas a hechos de violencia institucional, en el ámbito del Ministerio de Seguridad.
También, en el ámbito de la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Seguridad Interior, crea el Registro Nacional de Agentes, Funcionarios y Funcionarias de las Fuerzas Policiales, de Seguridad y de Servicios Penitenciarios Expulsados e Inhabilitados
Juntos por el Cambio marcó diferencias en la iniciativa de ley oficialista y pidió 48 horas para firmar dictamen. El Frente de Todos lo pasó a la firma con el compromiso de “seguir analizando punto por punto” para “lograr consensos en todos los artículos” del texto. La idea es que llegue al recinto de la Cámara baja con un amplio acuerdo.
Un proyecto de ley que propone crear una coordinación interministerial que aplique políticas transversales de salud, vivienda y trabajo para la gente en situación de calle no obtuvo el visto bueno del plenario de comisiones de Derechos Humanos y Garantías y de Acción Social y Salud Pública de la Cámara baja y quedó en suspenso por 48 horas mientras el oficialismo y la oposición logran consensuar algunos puntos en conflicto.
Al finalizar el plenario, el dictamen de mayoría del diputado del Frente de Todos Federico Fagioli, que también debe llevar el visto bueno de la Comisión de Presupuesto, pasó a la firma con el apoyo del FdT y algunos aliados, pero esperará el tiempo reglamentario de 48 horas para sumar las firmas de JxC.
Tras el debate de casi dos horas, la diputada porteña Carmen Polledo de Juntos por el Cambio fijó la postura crítica de ese interbloque al proyecto y adelantó que “si no se logran consensuar -en estas 48 horas- esos puntos del articulado y se modifican, Juntos por el Cambio presentará un dictamen propio con estas correcciones”.
Al cierre de la reunión, Federico Fagioli, el diputado oficialista autor del proyecto, manifestó: “Seguiremos trabajando fuertemente para lograr el mejor texto posible, con el mayor de los acompañamientos para dar una respuesta integral a muchas personas que están sufriendo en las calles”.
En ese sentido, Polledo consideró que “Hay voluntad entre el oficialismo y nosotros para encontrar puntos de acuerdo para poder votar oportunamente todos juntos”.
Tras detallar los programas implementados por el Gobierno porteño en la materia y señalar que JxC “está de acuerdo con el espíritu en general del proyecto”, remarcó: “Tenemos algunas diferencias en varios puntos que nos parecen relevantes”.
En primer lugar, señaló que “debe ser precisada la categoría por la cual se establece que una persona está en situación de calle, ya que la extensión prevista -según como está redactado el artículo 4- incluye a los que viven en los barrios populares, en instituciones o que no tienen seguridad en un futuro inmediato. Se propone eliminar el inciso C del artículo 4”, dijo.
Polledo, en el artículo 5, marcó que “no en todos los casos hay una vulneración de derechos o una ausencia del Estado” cuando una persona está en situación de calle.
Asimismo, consideró que “en el artículo 8 se habilita el uso indebido del espacio público a impedir que el Estado pueda intervenir para liberar cualquier ocupación”.
“Al tener inmunidad, la ocupación se transformaría en una apropiación del espacio público. Este artículo es gravísimo porque invita a incentivar las tomas de espacios públicos con diversas finalidades”, apuntó.
También pidió “incorporar una guía para dar respuestas a una intervención cuando esas personas sean niños, niñas o adolescentes”.
Otra de las críticas fue que “se podría implementar un sistema en paralelo sobre la misma temática que responda a dos autoridades distintas y eso en la práctica sería poco beneficioso, ya que habría una autoridad nacional y otra local”.
Por otra parte, señaló que “los derechos que en este proyecto de ley dicen reconocerle a las personas en situación de calle ya están reconocidos en convenciones con rango constitucional y por eso esta iniciativa tiene mucho de impacto publicitario, porque no es de buena técnica legislativa, legislar lo que ya está vigente”.
El proyecto, elaborado con aportes de organizaciones sociales como Proyecto 7, Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y Nuestramérica, propone la creación, en el Ministerio de Desarrollo Social, de una coordinación interministerial que aplique políticas transversales de salud, vivienda y trabajo para la gente en situación de calle.
La iniciativa prevé, además, la articulación con áreas y programas específicos de los ministerios de Salud, de Desarrollo Territorial y Hábitat y de las Mujeres, Géneros y Diversidad, además del Sedronar.
También estipula la creación de un sistema de atención móvil en todo el país y una “red nacional de centros de integración social” con formación y capacitación en oficios.
La iniciativa será analizada en el marco de una reunión de las comisiones de Legislación General, Salud, Industria y Defensa del Consumidor para quedar listo para llegar al recinto.
La Cámara de Diputados retomará el próximo martes 13 de julio el tratamiento de la ley de Promoción de la Alimentación Saludable (conocida como Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos). El plenario de comisiones, integrado por Legislación General, Salud, Industria y Defensa del Consumidor, buscará dictaminar el proyecto para que sea incluido en el temario de la próxima sesión.
Por su parte, la diputada del Frente de Todos Florencia Lampreabe, consideró que esta iniciativa es una “herramienta de empoderamiento clave para que las y los consumidores tengan información clara para decidir su alimentación” y explicó que para que la ciudadanía pueda ejercer su derecho a decidir es “muy importante avanzar en el tratamiento para que sea ley cuanto antes”.
Si bien hay varios proyectos en vista, en la reunión plenaria de la semana que viene se debatirá el proyecto de etiquetado que ya cuenta con la aprobación del Senado. “El bloque del Frente de Todos tiene la voluntad de dictaminar sin modificaciones el proyecto que viene con la media sanción del Senado, ya que es el que mejor busca proteger la salud de las y los argentinos”, adelantó la diputada.
La ley de Promoción de la Alimentación Saludable tiene como propósito “concientizar a la sociedad” sobre la calidad de los alimentos a través de la incorporación de etiquetas -con forma de octógono negro y letras blancas-, en el frente de los paquetes de los productos ultraprocesados, que adviertan la presencia excesiva de nutrientes críticos como azúcares, sodio, grasas saturadas y grasas totales.
“Estamos cada vez más alejados de saber qué es lo que contienen los productos que consumimos. Parece que hay que ser nutricionista o especialista para entender la letra chica de un paquete y buscar los ingredientes”, remarcó Lampreabe.
Sobre esto explicó que “el etiquetado frontal es una manera de identificar de manera clara los nutrientes críticos, cuyos excesos aparecen en la mayoría de los productos industrializados. Son mercaderías ultraprocesadas cuyo consumo está directamente relacionado con el aumento de las enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes, la hipertensión o las enfermedades cardiovasculares, que en Argentina eran la principal causa de muerte antes de la pandemia del Covid-19”.
Además, la diputada sostuvo que la ley busca combatir la “publicidad engañosa” y algunas estrategias de marketing donde se publicitan “productos que se consideran saludables” y que necesitan regularse. En este sentido, la iniciativa prohíbe la publicidad dirigida a niños, niñas y adolescentes de productos con más de dos sellos de advertencia y determina que sus envases no podrán incluir dibujos animados, figuras públicas, regalos ni elementos que llamen la atención de niños, niñas y adolescentes.
“Hay un sentido común construido a razón de la publicidad y el marketing de las empresas con paquetes coloridos que promueven hábitos insalubres y que luego nos traen consecuencias en edades cada vez más tempranas”, completó.
En este sentido, la ley también busca proteger a las infancias regulando la comercialización de alimentos ultraprocesados con más de dos sellos de advertencia en entornos escolares.
Por otra parte, Lampreabe explicó que la ley busca evitar que el acceso a “una alimentación de calidad o saludable” quede reducido a un sector de personas con mayores recursos económicos o más información: “No es que la ley vaya a solucionar todos los problemas relacionados con la alimentación, pero es una herramienta muy importante porque el consumo de la mayoría de estos productos ultraprocesados está relacionado con la malnutrición afecta sobre todo a los sectores más vulnerables”.
Aspectos fundamentales del proyecto
– Propone la incorporación en el frente de los productos ultraprocesados de una etiqueta con forma de octógono negro y letras blancas que advierta el exceso de nutrientes críticos como azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías
– Determina que los productos que contengan entre sus ingredientes edulcorantes o cafeína tendrán que informar que su consumo no se recomienda en niñas y niños.
– Prohíbe la publicidad dirigida a niños, niñas y adolescentes de productos con más de dos sellos de advertencia.
– Los productos que tengan más de un sello de advertencia no podrán incluir dibujos animados, personajes, figuras públicas, regalos ni elementos que llamen la atención de niños, niñas y adolescentes.
– Protege a las infancias regulando la comercialización de alimentos ultraprocesados con más de dos sellos de advertencia en entornos escolares.
– Determina que, ante iguales condiciones, el Estado deberá priorizar la compra de alimentos sin sellos de advertencia.
El proyecto de ley Ovina que modifica la actual Ley Ovina (N° 25.422), obtuvo dictamen de mayoría con el apoyo de todos los bloques parlamentarios y ya está lista para ser tratada en el recinto de Diputados y que se convierta en ley con celeridad, ya que la vigencia de la norma actual venció el pasado 5 de abril.
La nueva ley Ovina recibió el aval de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Agricultura de la Cámara baja, a pesar de que desde la oposición y también algunos legisladores del Frente de Todos le hicieron críticas y manifestaron sus disidencias.
Uno de los cuestionamientos es por el “monto escaso que se fijó” en 850 millones de pesos, según planeó el diputado de Juntos por el Cambio Pablo Torello mientras que su compañero de bancada Atilio Benedetti marcó como puntos en disidencia con “el sistema de reparto de los fondos y la falta de mecanismos de actualización de recursos”.
En tanto, el diputado santafesino Luis Contigiani afirmó: “Voy a acompañar esta ley porque creo que es un valor superior a las diferencias, que voy a llevar al recinto, para que tengamos ley ovina nacional”.
Al iniciar el debate, el presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, José Ruiz Aragón, señaló que “este proyecto que viene del Senado de alguna manera sintetiza la gran mayoría de las discusiones que se han dado en torno a este tema. Estamos en tiempo de descuento ya que la anterior ley venció hace más de 60 días”, recordó.
Por su parte, el diputado rionegrino Luis Di Giacomo contó: “A fines de abril de 2021 llegamos a este proyecto unificado que consensuó las distintas ideas. Esta ley es una política de Estado que ha superado los cambios de gobiernos, vaivenes y crisis, y merece ser votada si es posible por unanimidad”, cerró.
Puntos centrales de la nueva ley Ovina
En el proyecto se establece que por el plazo de 10 años el Poder Ejecutivo deberá incluir en el Presupuesto Nacional un monto anual a integrar en el Fondo Fiduciario para la Recuperación de la Actividad Ovina (FRAO) de 850 millones de pesos. Hasta el pasado 5 de abril, esa cifra era de 20 millones de pesos. Los productores estaban reclamando 1.500 millones de pesos.
La iniciativa establece el “Régimen para la Promoción, Desarrollo y Consolidación de la Ganadería Ovina y de Llamas”, el cual estará destinado “al desarrollo sostenido de la producción, la transformación y la comercialización de la ganadería y sus productos derivados, a través de la actualización permanente, modernización e innovación de los sistemas productivos, fomentando el desarrollo sostenible de sus potencialidades, el incremento del agregado de valor y la integración horizontal y vertical de todos eslabones de la cadena, el desarrollo regional y el carácter federal del presente régimen, la radicación de la población en el medio rural y la ocupación del territorio”.
Serán beneficiarios del régimen las personas humanas, jurídicas, sociedades de hecho y sucesiones indivisas que realicen estas actividades; al tiempo que se especifica la clasificación entre productores y productoras; prestadores de servicios; transformadores y comercializadores.
Para poder acogerse al régimen, los solicitantes deberán “presentar un plan de trabajo y/o un proyecto de inversión, según corresponda, ante la Unidad Ejecutora Provincial del Régimen”. “Se promoverá la igualdad de oportunidades para el desarrollo y participación de las mujeres en la cadena ovina y de llamas”, contempla la iniciativa.
El artículo 6 reza que la autoridad de aplicación, que será el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, “dará un tratamiento diferencial en los beneficios económicos y en los requisitos a cumplimentar a las pequeñas productoras y productores y al sector de la agricultura familiar campesina e indígena” que “desarrollan la actividad en reducidas superficies o cuentan con pequeñas majadas”.
Además, se dispone la creación de una Comisión Asesora Técnica del Régimen para la Promoción, Desarrollo y Consolidación de la Ganadería Ovina y de Llamas (CAT), la cual estará presidida por el ministro del área e integrada por representantes de distintos sectores, teniendo en cuenta la participación femenina en la misma.
El artículo 12 del proyecto expresa que la autoridad de aplicación, en conjunto con la CAT, “establecerá el criterio para la distribución de los fondos del FRAO, considerando prioritariamente la cantidad de cabezas de ganado ovino registradas oficialmente”.
Ese artículo agrega que “anualmente se podrán destinar hasta 5% de los fondos del FRAO para compensar los gastos administrativos, en recursos humanos y en equipamiento, tanto en el ámbito nacional como provincial, que demande la implementación, seguimiento, control y evaluación del régimen”.
En tanto, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, también en previa consulta con la CAT, “podrá destinar anualmente hasta el 20% de los fondos del FRAO para otras acciones de apoyo general a la promoción, consolidación y fomento de la ganadería ovina y de llamas que se consideren estratégicas y que sean de carácter nacional y regional”.
“Del total asignado, se deberá determinar un porcentaje no menor al 50% de dichos fondos para financiar, en forma obligatoria, el Programa para el Mejoramiento de la Calidad de la Lana (PROLANA) y el Programa de Nacional de Fomento del Consumo de Carne Ovina”, establece el texto, entre otros puntos.
Con un amplio consenso de todos los bloques políticos, la iniciativa de ley que tiene media sanción del Senado obtuvo dictamen de las comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Legislación del Trabajo de la Cámara baja. Falta el despacho de Presupuesto. Se convertiría en ley en la próxima sesión.
El proyecto de ley en revisión por el cual se crea un régimen previsional especial para trabajadores y contratistas de viñas logró avanzar este lunes en Diputados al obtener dictamen de mayoría en la reunión conjunta por videoconferencia de las comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados.
El proyecto 115-S-2020, que ya tiene media sanción de la Cámara alta, fue tratado por los diputados nacionales que expresaron su voluntad de aprobar dicha iniciativa desde los distintos sectores políticos.
Sin embargo, el proyecto obtuvo dictamen con modificaciones por lo cual deberá tratarse en el recinto y volverá a la Cámara alta para su aprobación.
Luego de lograr dictamen de ambas comisiones por unanimidad, se espera que la comisión de Presupuesto y Hacienda emita despacho este martes y así el tema llegaría al recinto en la próxima sesión de Diputados.
Juntos por el Vino
Al inicio del debate, la presidenta de la Comisión de Legislación de Trabajo, Vanesa Siley, señaló que “este proyecto busca la igualdad entre los trabajadores viñateros con el régimen de seguridad social, buscando diferencial al sector, establecido ya en la Ley 26.727. Es la ley del peón rural que existe hoy en la Argentina”, argumentó.
Luego, el presidente de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, Marcelo Casareto, sostuvo: “Lo que vamos a proponer es un texto en el cual el altículo 1 referiría a establecer un régimen previsional preferencial para los trabajadores vitícolas, en cuanto desarrollen actividades que generen un envejecimiento prematuro”.
El vicepresidente de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, Alejandro Cacace (JxC) adelantó el acompañamiento del bloque Juntos por el Cambio y remarcó que “es claramente un tema de gran importancia para las provincias productoras vitivinícolas”.
Asimismo, el vicepresidente de la Comisión de Legislación del Trabajo, Albor Cantar (JxC), sostuvo que “es muy oportuno tratar este tema que busca romper ciertos desequilibros en grupos de trabajadores muy similares porque los vitivinícolas sufren la falta de equidad que tenían con los trabajadores rurales”.
Por su parte, la diputada mendocina Marisa Uceda (FdT) destacó que “este proyecto es el resultado del camino de una lucha muy fuerte, cualquier mendocino y mendocina sabe que reconocer la jubilación anticipada de los trabajadores y trabajadoras de las viñas es otorgar igualdad, equidad y justicia social”.
A su turno, el legislador mendocino Federico Zamarbide (JxC) afirmó que “la actividad vitivinícola genera un arraigo fuerte en el territorio, una de las características que tiene, es que sigue siendo una tarea manual, aun con los últimos avances tecnológicos en cuanto a riego y a cosecha mecanizada por ejemplo”.
También el diputado mendocino José Luis Ramón manifestó que “estos proyectos van en el sentido correcto, porque pone el acento en aquel esfuerzo que debe hacer el Estado para mejorar la calidad de vida de un sector central para toda la economía de las Provincias donde hay vitivinicultura”.
A su turno, el diputado Alberto Asseff consideró que esta iniciativa “viene a establecer equidad y una justicia. No puede ser que un trabajador rural no esté equiparado a un trabajador de las viñas, o que estos tengan diferencias con los otros, cuando están haciendo un trabajo parecido”, aseveró.
Asimismo, el diputado mendocino Omar de Marchi (JxC) graficó a la actividad laboral de los viñeteros al señalar que “lo mejor para la uva y para el vino, es muy malo para el trabajo en la viña y hace muy complicada una actividad que en su mayoría de los casos es artesanal”.
La voz de los gremios
De la reunión conjunta también participaron el secretario gremial de Foeva (Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines), Juan Carlos Aguirre, quien señaló que “estos obreros empiezan a edad temprana a trabajar y tienen una larga vida laboral a intemperie, soportando la helada y el sol. El trabajador de viña sufre mucho y jubilarse a los 57 sería un acto de justicia porque así estaríamos igualados al resto de los trabajadores rurales”.
En tanto, María Belén Anchi Villareal, secretaria general del Sindicato de Obreros y Empleados Vitivinícolas (SOEVA) Valle de Uco, aseguró que el trabajo en la vid “es una actividad muy sufrida que hace que el cuerpo de los trabajadores de viña sufra mucho y el desgaste es innegable porque se trabaja con altas temperaturas y con bajo cero”.
“Nos parecer discriminatoria que no haya una normativa que equipare al sistema previsional de los trabajadores de viña con los rurales”, sentenció Anchi Villareal, quien agregó: “Es una conquista de los derechos para nuestros trabajadores, pero todavía queda por hacer”.
De qué se trata el proyecto
La iniciativa impulsada por la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti establece un régimen previsional especial para trabajadores y contratistas de viñas, que podrán jubilarse a los 57 años, sin distinción de sexo, siempre que acrediten 25 años de servicio con aportes.
De esta manera, la iniciativa equipara a estos empleados con los peones rurales, que también tienen un régimen diferenciado debido al tipo de trabajo que realizan.
Respecto del cómputo de los años de servicios, el proyecto aprobado establece que cuando el viñatero haya alternado con tareas de otro tipo “se efectuará un prorrateo en función de los límites de edad y de servicios requeridos para cada clase de tareas o actividades”.
Asimismo, se indica que la contribución patronal será la que rija en el régimen común (Sistema Integrado Previsional Argentino) incrementada en un 2% a partir de la vigencia de la ley.
Cabe aclarar que la media sanción también abarca viñas que posean olivares y frutales, siempre y cuando la actividad vitícola sea la principal.
Un plenario de comisiones de la Cámara baja dará el puntapié inicial al debate sobre un proyecto de ley que ya cuenta con media sanción del Senado. La iniciativa les otorga a los trabajadores de las viñas un régimen previsional igual al de los peones rurales, con la posibilidad de jubilarse a los 57 años.
El proyecto de ley en revisión por el cual se crea un régimen previsional especial para trabajadores y contratistas de viñas comenzará a tratarse este lunes 5 a las 15, en una reunión conjunta por videoconferencia de las comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados.
Según la convocatoria realizada por la presidenta de la Comisión de Legislación del Trabajo Vanesa Siley (FdT), el temario de la reunión conjunta incluye el proyecto 115-S-2020, que ya tiene media sanción de la Cámara alta.
Además, durante el tratamiento, se pondrán a la vista otras iniciativas referidas al tema como la del ex diputado Nicolás Del Caño y la iniciativa (4714-D-2020) de los diputados Alberto Asseff y Omar De Marchi, entre otros.
La iniciativa impulsada por la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti establece un régimen previsional especial para trabajadores y contratistas de viñas, que podrán jubilarse a los 57 años, sin distinción de sexo, siempre que acrediten 25 años de servicio con aportes.
De esta manera, la iniciativa equipara a estos empleados con los peones rurales, que también tienen un régimen diferenciado debido al tipo de trabajo que realizan.
Respecto del cómputo de los años de servicios, el proyecto aprobado establece que cuando el viñatero haya alternado con tareas de otro tipo “se efectuará un prorrateo en función de los límites de edad y de servicios requeridos para cada clase de tareas o actividades”.
Asimismo, se indica que la contribución patronal será la que rija en el régimen común (Sistema Integrado Previsional Argentino) incrementada en un 2% a partir de la vigencia de la ley.
Cabe aclarar que la media sanción también abarca viñas que posean olivares y frutales, siempre y cuando la actividad vitícola sea la principal.
Sin grieta a favor de los monotributistas y los ahorristas. A pesar de las chicanas políticas por los diferentes modelos económicos, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio votaron en común acuerdo. Ahora será el turno del Senado.
La Cámara de Diputados aprobó en la madrugada de este viernes y giró al Senado dos proyectos de ley de perfil económico con el objetivo de “generar un alivio fiscal para los monotributistas” con la reforma de la ley del Monotributo y con una inicaitiva que modifica el impuesto a las Ganancias y de Bienes Personales para “incentivar el ahorro en pesos”.
A las 3 am, luego de más de 2 horas de un debate signado por las diferencias de los modelos económicos antagónicos que representan el oficialismo y la oposición, Diputados votó en forma separado cada iniciativa a pesar de que se debatieron juntos.
Con 233 votos a favor y 2 abstenciones en general, la Cámara baja aprobó la modificación de la norma de Monotributo con el proyecto de ley denominado “Fortalecimiento fiscal para pequeños contribuyentes” con el apoyo del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio.
Las 2 abstenciones fueron de los diputados del Frente de Izquierda Juan Carlos Giordano y Mónica Schlotthauer.
En tanto, cerca de las 3.30, la modificación de la ley de Impuesto a las Ganancias y del Impuesto sobre los Bienes Personales obtuvo 227 votos a favor y 3 votos negativos.
Al inicio el debate, el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja, Carlos Heller, argumentó que este proyecto de ley “viene a complementar a la ley 27.618, generar un mayor alivio fiscal para los monotributistas y previsibilidad a la actividad económica de 4.080.151”.
Heller marcó cuatro puntos de la iniciativa al señalar que “el proyecto busca mantener las cuotas del monotributo a su valor de diciembre de 2020; financiar las deudas con planes de hasta 60 meses a un interés del 1,5% mensual; modificar las categorías ampliando las más bajas facilitando la recategorización a menor costo; y eliminar todos los intereses, cargos o multas por las deudas acumuladas al 30 de junio 2021”.
“Lo que buscamos es asistir a los 4 millones de monotributistas facilitándoles al máximo las condiciones para que, con un aporte mínimo, continúen teniendo cobertura previsional y de riesgo del trabajo, obra social y resuelta su situación impositiva”, agregó el legislador porteño.
Respecto a la segunda iniciativa basada en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo enviado el año pasado, Heller resumió estos cambios a Bienes Personales y Ganancias como “una herramienta para generar incentivos al ahorro en moneda nacional para corregir un problema que tenemos en nuestra economía con el bimonetarismo”, en referencia al ahorro y la inversión financiera en dólares.
Por su parte, el diputado santafesino Luciano Laspina (Juntos por el Cambio) adelantó que ese sector de la oposición apoyará a ambos proyectos, pero realizó varias criticas a la política económica del Gobierno del Frente de Todos porque “bajo ningun sentido es un alivio fiscal sino que viene a corregir una dilación del Ministerio de Hacienda que tuvo un error de gestión y por eso se acumuló una deuda retroactiva a los millones de monotributistas que se sorprendieron y no podían pagar”.
Al igual que el diputado de Juntos por el Cambio, el legislador del Frente de Izquierda Juan Carlos Giordano sostuvo que el cambio al régimen de Monotributo, “no es un alivio fiscal porque mantiene un aumento del 35 por ciento de la cuota para los monotributistas que están precarizados y la están pasando mal con la pandemia”.
Asimismo, Giordano sostuvo que “la ampliación de la exención impositiva a la patria financiera en pesos repite el modelo al mejor estilo (Mauricio) Macri, pero ahora lo manda el presidente Fernández”.
A su turno, la diputada bonaerense Alicia Aparicio (FdT) afirmó que “este proyecto no solo busca asistir a los sectores golpeados, también puede inscribirse en un programa mayor que tiene como objetivo lograr el crecimiento mejorando la equidad del sistema”.
En tanto, el diputado misionero Luis Pastori (JxC) afirmó: “Lamentamos que una vez más los grandes olvidados de los proyectos del gobierno sean los autónomos, que sufren las mismas vicisitudes que los monotributistas”.
Beatriz Ávila, legisladora tucumana del Partido por la Justicia Social, señaló que “el propio articulado de la norma es una gran contradicción porque el artículo 1 dice que el objetivo principal es dar mayor alivio fiscal y previsibilidad a la actividad económica de los monotributistas, y hablar de esto hoy es insólito”.
En tanto, el diputado cordobés Víctor Hugo Romero (JxC) aseveró que “esta ley que estamos tratando hoy no genera alivio para las y los monotributistas porque posterga el debate profundo que tenemos que tener, y porque seguimos sosteniendo la incertidumbre”.
Asimismo, el diputado bonaerense y líder de la CTA, Hugo Yasky (FdT), sostuvo que “este proyecto está enmarcado en la lógica del Gobierno de que el salario le gane a la inflación este año” que “va a beneficiar al sector más vulnerable de los monotributistas”.
El anuncio de Massa
Horas antes de que inicie el tratamiento en la Cámara baja de ambos proyectos de ley de perfil económico, el presidente del cuerpo Sergio Massa aseguró que “habrá un alivio fiscal para millones de monotributistas” con la aprobación del proyecto de programa fortalecimiento y alivio fiscal para pequeños contribuyentes.
Por otra parte, el titular de Diputados adelantó que en el debate en el recinto se iba a eliminar el artículo 3 del proyecto de ley de modificaciones de la ley de Impuestos a las Ganancias y de Bienes Personales para “evitar que se generen suspicacias”
Massa confirmó la decisión de sacar el artículo 3 tras un amplio acuerdo con los presidentes de bloques y consultas con el Ministerio de Economía, del proyecto que buscaba aplicar un requisito temporal para mantener la exención: no pagarían el impuesto únicamente los plazos fijos que se mantuvieran como mínimo un 75 por ciento del año, es decir 274 días.
Con lo dispuesto por Massa, los plazos fijos seguirán exentos en el impuesto sobre los bienes personales sin ningún tipo de limitación.
El resto de los alivios fiscales que se incorporan con este proyecto sí se mantienen: la exención en el impuesto a las ganancias para los intereses de plazos fijos UVA y la exención en bienes personales para las obligaciones negociables emitidas en moneda nacional y en otros instrumentos destinados a fomentar la inversión productiva, incluidos fondos comunes de inversión.
Ahorrar en pesos
El proyecto de ley apunta a ampliar las exenciones en Impuestos a las Ganancias y Bienes Personales para activos de inversiones financieras en moneda nacional.
El objetivo del proyecto es establecer medidas de incentivo de carácter tributario, a los fines de fomentar la inversión en instrumentos financieros emitidos en moneda nacional.
En el articulado se exime del pago de Ganancias a los intereses originados en los depósitos concretados en instituciones financieras en moneda nacional, así como para los intereses y rendimientos producto de la colocación de capital en instrumentos emitidos en moneda nacional destinados a fomentar la inversión productiva.
La iniciativa del Monotributo
El proyecto retrotrae el pago del retroactivo con lo cual los monotributistas no deberán afrontar ninguna deuda acumulada por la diferencia resultante entre lo que pagaron entre enero y junio y los nuevos valores establecidos por la ley 27.618.
La iniciativa también fija que en julio también se pondrá en vigencia una nueva actualización de escalas con un criterio progresivo, que incrementa en un 77% respecto de diciembre de 2020 el tope para la categoría A, por ejemplo.
A lo largo de la iniciativa se fija los incrementos que tendrás escalas en las cuales las más bajas podrán duplicar los montos de facturación.
Otro punto central es que aquellos que se excedieron de la facturación prevista en su categoría podrán permanecer en el régimen siempre que no superen la facturación de5,55 millones anuales y un patrimonio de hasta 6,5 millones de pesos.
Asimismo, se contempla un plan de pagos para regularizar la deuda de los monotributistas, con un máximo de 60 cuotas, un interés de financiación no superior a 1,5% mensual, para deudas que se venían pagando en planes de pagos vigentes y caducos, y para contribuyentes que no ingresen al Alivio Fiscal Monotributo.
Para el caso de las categorías más altas de la E a la K, deberán pagar una “cuota especial” por única vez.
Asimismo, se contempla un plan de pagos para regularizar la deuda de los monotributistas, con un máximo de 60 cuotas, un interés de financiación no superior a 1,5% mensual para deudas que se venían pagando en planes de pagos vigentes y caducos, y para contribuyentes que no ingresen al Alivio Fiscal Monotributo.
Con este proyecto se busca dar mayor alivio fiscal y previsibilidad a la actividad económica de los monotributistas que suman un total de 4.080.151 contribuyentes; de los cuales 1.592.466 (39%) se encuentran en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), y 2.487.685 (61%) en el resto del país.
La Cámara baja aprobó la iniciativa impulsada por la oposición. Se modifica el Código Procesal Penal, de modo de establecer un tiempo máximo de 90 días hábiles. Pasó al Senado.
Pasada la medianoche, la Cámara de Diputados aprobó este viernes y giró al Senado un proyecto de ley que no tuvo un extenso debate ya que se votó por unanimidad con 246 votos a favor.
Se trata de un iniciativa de ley impulsado por la legisladora María Lujan Rey (Juntos por el Cambio) con el objetivo de determina los plazos máximos para la resolución de los recursos de Casación.
En el inicio del debate, la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Ana Carolina Gaillard (Frente de Todos), consideró que este proyecto de ley “es importante” porque “en la actualidad hiciste una laguna que hace que muchas causas penales que son investigadas tardan mucho en resolverse y una justicia que tarda, no es justicia”.
Luego, la diputada bonaerense Rey señaló que “este proyecto nos cruza a los argentinos por igual. Este proyecto nace de la propia experiencia personal cuando tuve que empezar un proceso penal”.
“Esos tiempos, donde duermen las causas en Casación, hace que la causa desnaturaliza el acceso a la justicia porque la justicia lenta no es justicia”, insistió Rey, quien es madre de una víctima de la tragedia de Cromañón y remató: “Es necesario que los plazos existan para que haya justicia”.
De acuerdo al texto, se incorpora el artículo 469 bis al Código Procesal Penal de modo de que establecer que “en los casos en que el Recurso de Casación sea interpuesto contra las sentencias definitivas y/o los autos que pongan fin a la acción o a la pena, o hagan imposible que continúen las actuaciones”, el Tribunal de Alzada deberá resolver el recurso y dictar su fallo “dentro del plazo de 90 días hábiles, solo pudiendo prorrogar ese plazo por una única vez y por un plazo extra de 20 días hábiles mediante resolución fundada, la que deberá ser notificada a las partes con una antelación de 10 días hábiles, antes del vencimiento del primer plazo dispuesto”.
Asimismo, el proyecto indica que “la inobservancia de los jueces del plazo impuesto podrá derivar en sanciones y, conforme su gravedad o reiteración, importará una falta grave susceptible de sanción disciplinaria, y aun comportar mal desempeño si su gravedad, extensión o reiteración así lo pudieran justificar”.
“Dicho incumplimiento deberá ser denunciado ante el Consejo de la Magistratura, de Oficio, por el representante del Ministerio Público Fiscal actuante. La omisión de la denuncia será considerada falta grave”, sostiene, y agrega que “también estarán facultados a denunciar el incumplimiento, la parte querellante, los imputados y los condenados”.
“Solo se puede esterilizar a una persona con discapacidad si ella solicita la práctica y brinda su consentimiento por sí misma y con sistemas de apoyo”, sostuvo la Agencia de Discapacidad.
La Cámara de Diputados dio media sanción este jueves a un proyecto que modificó la Ley 26.130 de régimen para las intervenciones de contracepción quirúrgica, en los artículos referidos a personas con discapacidad, lo que fue celebrado por la Agencia Nacional de Discapacidad.
A través de un comunicado, el organismo explicó que “el objetivo es garantizar su derecho a mantener su fertilidad en igualdad de condiciones con las demás”.
De la elaboración del proyecto participó activamente la Agencia Nacional de Discapacidad, el organismo que se encarga de dictar las políticas públicas sobre el área.
Al respecto, el director ejecutivo AND, Fernando Galarraga, sostuvo: “Todas las personas con discapacidad tienen derecho a brindar su consentimiento previo, libre, pleno e informado a la esterilización quirúrgica, en igualdad de condiciones con las demás personas”.
“Solo se puede esterilizar a una persona con discapacidad si ella solicita la práctica y brinda su consentimiento por sí misma y con sistemas de apoyo”, agregó.
En esa línea, dijo que “el apoyo es siempre voluntario: solo la persona lo puede pedir y el apoyo debe seguir siempre sus instrucciones y respetar su decisión”.
Galarraga señaló: “Nunca se puede reemplazar su decisión por el consentimiento, la autorización y/o el asentimiento de terceras personas, incluidas las personas de su familia o la persona que actúa como apoyo”.
La iniciativa establece una modificación a la Ley de Intervenciones de Contracepción Quirúrgica, de modo que todas las personas puedan decidir si acceden o no a ligadura de trompas o vasectomía.
La Cámara de Diputados dio media sanción por 237 votos a favor, 1 en contra y una abstención, y giró al Senado un proyecto que busca que las personas con discapacidad puedan decidir sobre su capacidad reproductiva, en relación a la anticoncepción quirúrgica.
A pesar de lo que se esperaba, la votación no fue por una unanimidad ya que el diputado santafesino Esteban Bogdanich (Frente de Todos) votó en contra mientras que el legislador neuquino Francisco Sánchez (Juntos por el Cambio) se abstuvo.
La iniciativa se trata de una modificación a la Ley 26.130, sancionada en 2006, que estableció el derecho al acceso a las prácticas quirúrgicas denominadas “ligadura de trompas de falopio” y “ligadura de conductos deferentes o vasectomía” en los servicios de sistema de salud.
El debate
Al inicio del debate, el presidente de la Comisión de Salud, Pablo Yedlin (FdT) sostuvo que “el objetivo de esta ley tiene que ver con aquellas personas con discapacidad no puedan ser intervenidas quirúrgicamente para una contracepción sin haber expresado claramente su voluntad”.
A su turno, la diputada chaqueña Lucila Masin (FdT) dijo que “este proyecto es fruto del trabajo colectivo y se nutrió del aporte de organizaciones de personas con discapacidad y los respectivos informes técnicos. Estamos garantizando un derecho humano y saldando una deuda de la democracia”, apuntó.
Luego, la diputada bonaerense Silvia Lospennato (JxC) manifestó: “Esta reforma a la ley de contracepción quirúrgica es necesaria, es justa, es una deuda con los Derechos Humanos de las personas con discapacidad, que hoy empezamos a resolver”.
En tanto, la legisladora mendocina Claudia Najul (JxC) afirmó que “la ley perpetua una discriminación histórica, la voluntad está absolutamente reemplazada por representantes legales o por una autorización de un juez, el plan de vida y proyectos quedan en manos de otra persona”.
Por su parte, la diputada cordobesa Leonor Martínez (JxC) señaló: “Buscamos modificar estos artículos para ordenar el sistema jurídico interno con la Convención de DD.HH de las Personas con Discapacidad, brindándoles la libertad y autonomía para decidir”.
Asimismo, el diputado rionegrino Luis Di Giacomo (Juntos somos Río Negro) consideró que “las personas tienen derecho a acceder a la información objetiva, pertinente, precisa, confiable, accesible y actualizada, que sean ellas quienes puedan decidir sobre su sexualidad”.
En la misma línea, la diputada sanjuanina Graciela Caselles (FdT) este proyecto “es un acto de inclusión, de libertad y autonomía para las personas con discapacidad. Poner en agenda los temas de discapacidad y dar respuestas, es el camino para consolidar la Argentina inclusiva que todos y todas queremos”, cerró.
Actualmente, dicha norma establece que “cuando se tratare de una persona declarada judicialmente incapaz, es requisito ineludible la autorización judicial solicitada por el representante legal de aquélla”.
A través del proyecto aprobado, la nueva redacción de la ley indicará que “todas las personas con discapacidad, sin excepción, tienen derecho a brindar su consentimiento informado para acceder a intervenciones de contracepción quirúrgica, por sí mismas y en igualdad de condiciones con las demás personas”.
“Las personas con discapacidad tienen derecho a recibir información sobre las prácticas reguladas en esta ley en medios y formatos accesibles y a solicitar sistemas de apoyo y ajustes razonables que les permitan consentir en forma autónoma. Deben adoptarse salvaguardas para evitar la sustitución en la toma de decisiones”, agrega el nuevo artículo 3.
También, señala que “si se tratara de persona con capacidad restringida por sentencia judicial y la misma no refiere al ejercicio del derecho que otorga la presente ley, ella debe prestar su consentimiento informado sin ningún impedimento”.
“Si la sentencia de restricción a la capacidad designa apoyo para el ejercicio del derecho previsto en la presente ley, el consentimiento informado debe ser prestado por la persona con discapacidad con la asistencia prevista por el sistema de apoyos del artículo 32 del Código Civil y Comercial”, completa el texto del proyecto que ahora deberá ser analizado por la Cámara alta.
En la previa de la sesión, el jefe del bloque Consenso Federal expresó su decidida posición contraria y cargó contra el Gobierno de la provincia de Buenos Aires por no haberse pronunciado sobre el tema.
El diputado nacional Alejandro “Topo” Rodríguez (Consenso Federal – Buenos Aires) expresó su “decidido” rechazo al nuevo Marco Regulatorio de Biocombustibles que se debate este jueves en la Cámara baja, argumentando que la provincia que él representa es “la principal perjudicada” por esta iniciativa.
Consultado por Diputados TV sobre la postura que adoptará a la hora de votar esta iniciativa, Rodríguez no anduvo con vueltas: “Soy diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires se baja de manera brutal la obligación de combinar biodiesel con el diésel. Por lo tanto voy a votar totalmente en contra de ese proyecto”.
Pero fue más lejos al expresar que le extraña y le duele que el Gobierno que encabeza Axel Kicillof no haya dicho nada respecto de este tema. ¿Por qué? “Porque el Gobierno bonaerense quiere hacer de la provincia de Buenos Aires una provincia petrolera… Por lo tanto no le interesan los biocombustibles”, resumió.
“Esto no es algo que a mí se me ocurra, lo ha dicho públicamente”, aclaró, insistiendo en que “por lo tanto voy a votar decididamente en contra de ese proyecto que seguramente tendrá los votos suficientes para ser aprobado”.
Y ante la pregunta de si podría modificar su postura ante modificaciones que pudieran hacerse durante el debate, “Topo” Rodríguez advirtió que “a mí con sortijas de calesita en los 5 segundos finales de la vuelta nadie me hace votar un proyecto que hace varios meses debió haber sido otra cosa: la ratificación de lo que el Senado aprobó el año pasado y trabajar en un proyecto superador que tenga como consigna que no retroceda”.
Por el contario, Rodríguez insistió en que “este proyecto significa un retroceso en materia ambiental, productiva y de agregado en valor y de creación de trabajo a nivel federal, así que no hay ninguna sortija que me haga cambiar”.
Por último, el diputado de Consenso Federal reiteró que “la provincia de Buenos Aires es la principal perjudicada con este proyecto, porque baja del 10 al 5% la obligación de mezclar biocombustibles con combustibles fósiles”.
Puso primera la iniciativa oficialista presentada por el presidente Alberto Fernández a fin de dar un mayor impulso a la enfermería en reconocimiento a la labor realizada por las enfermeras durante la pandemia. Continuará en 15 días con otra reunión informativa.
En una extensa reunión de más de 3 horas por videoconferencia, el plenario de comisiones de Salud y de Educación de la Cámara baja dio inicio al tratamiento del proyecto de ley oficialista de promoción y desarrolla de la enfermería.
Con una reunión sin cruces políticos, el centro de la escena fue para los expositores especialistas del sector que elogiaron la decisión del Poder Ejecutivo de impulsar esa iniciativa que fue elaborada por el presidente de la Comisión de Salud, Pablo Yedlin, y otras diputadas.
A pesar de la diversidad de expositores en la reunión informativa, hubo muy pocas consideraciones y observaciones al articulado de la ley.
Una de las mayores críticas vino de parte del ex titular del PAMI Carlos Ragazzoni, quien marcó que “hay muchas enfermeras y enfermeros que son ayudantes y colaboradores de enfermería y no son licenciados y en esta ley se están dejando afuera a muchos miembros de la enfermería que quizás no han pasado por la universidad y pueden hacer otras tareas”.
También planteó que “para el fortalecimiento de más y mejores enfermeros creo necesario la creación de una comisión del Congreso de la Nación para el seguimiento constante”.
En tanto, la diputada por Santa Cruz Paola Vessvessian (FdT) manifestó algunas inquietudes: “¿Cómo se piensa el acompañamiento para la reconversión de las propuestas educativas? ¿Cuál va ser el proceso para validar el proceso de profesionalización?”.
Por su parte, la legisladora rionegrina Graciela Landriscini (FdT) planteó: “Debemos insistir en la federalización para que Argentina tenga mayor capacidad instalada de personal y recursos técnicos y de recursos institucionales donde la enfermería sea protagonista”.
Al inicio de la reunión, Yedlin sostuvo que “este proyecto de ley trata sobre la jerarquización de la formación en enfermería y la enfermería como profesión en Argentina. La política integral que lleva a cabo el Gobierno busca que la ley ayude a sustentarlo y sostenerlo en el tiempo”.
La presidenta de la Comisión de Educación, Blanca Osuna, consideró que “el proyecto no solo es necesario, sino que además se engarza en definiciones que el Gobierno adoptó. Tengamos en cuenta que lo abordamos en un contexto de pandemia, con debates y conquistas referidos al feminismo y las políticas de cuidado”.
En el cierre del encuentro, Yedlin adelantó que la semana siguiente a la visita del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, a Diputados, se realizará la segunda reunión informativa.
Las exposiciones
El director ejecutivo del Instituto Nacional de Investigaciones Tecnológicas (INET) e investigador del CONICET, Diego Golombek, dijo que “el personal de enfermería demostró que es un gran protagonista del equipo de salud, pero la pandemia trajo virtudes y defectos, como el estamos tratando de empezar a resolver con este proyecto de ley”.
Gabriel Muntaabski, coordinador nacional del Programa Nacional de Formación de Enfermería (PRONAFE) del Ministerio de Educación, afirmó: “Consideramos trascendental la declaración del interés público de la formación de enfermería, así como el derecho a la formación continua. Esto es un antes y un después de esta ley para la enfermería en Argentina”, remarcó.
Por su parte, la directora nacional de Enfermería María Donatila Gómez Marquisio: “A pesar del contexto crítico esta es una gran ventana para promover el desarrollo profesional. Aún en un panorama de escasez, la enfermería se ha puesto al hombro todo lo que es el tratamiento de Covid-19”, destacó.
Pedro Silberman, decano en Ciencias de la Salud en Universidad Nacional del Sur y director nacional de Talento Humano en el Ministerio Salud, dijo que “este proyecto de ley tiene el destino de estructurar un proceso normativo legal que ayude a corto, mediano y seguramente a largo plazo, para ayudar sostener un crecimiento y desarrollo de la enfermería”.
Para Sergio Santa María, vicedecano a cargo de la Secretaría Académica de la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud -Universidad Autónoma de Entre Ríos-, “la pandemia dejó en relieve la necesidad de tener profesionales en el cuidado, formados y que sean reconocidos como tales. Esta propuesta tiende a reconocer y valorizar a la enfermería como una profesión de la Salud”, apuntó.
Asimismo, Alejandro Miranda, quien es el presidente de la Asociación de Enfermería de Capital Federal (AECAF) y docente de la carrera de Enfermería de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, señaló que “durante la pandemia la enfermería ha mostrado la formación que tiene, somos una profesión con el máximo grado de formación académica y por ello somos profesionales de la salud”.
Bloque por bloque, todos los nombres de aquellos legisladores que tienen fecha de vencimiento, tanto en la Cámara baja, como en la Alta.
Abdala de Matarazzo, Norma; Allende, Walberto Enrique; Bernazza, Claudia; Bogdanich, Esteban Mateo; Carro, Pablo; Cerruti, Gabriela; Correa, Walter; Cresto, Mayda; Ginocchio, Silvana Micaela; González, Josefina Victoria; Guevara, Francisco; Heller, Carlos Salomón; Herrera, Bernardo José; López Rodríguez, Dante Edgardo; Macha, Mónica; Martiarena, José Luis; Marziotta, Gisela; Medina, Gladys; Montoto, María Luisa; Alume Sbodio, Karim; Félix, Omar Chafi; De Mendiguren, José Ignacio; Fernández, Héctor; Fernández Patri, Gustavo Ramiro; Figueroa, Alcira Elsa; Flores, Danilo Adrián; Gaillard, Ana Carolina; Koenig, Marcelo; Delú, Melina Aída; Moreau, Leopoldo; Mosqueda, Juan; Mounier, Patricia; Muñoz, Rosa Rosario; Ortega, Carlos; Pértile, Elda; Rauschenberger, Ariel ; Rodríguez Saá, Nicolás; Romero, Jorge Antonio; Rosso, Victoria; Russo, Laura; Schwindt, María Liliana; Siley, Vanesa; Spósito, Ayelén; Tundis, Mirta; Uhrig, Romina; Vallejos, Fernanda; Vázquez, Juan Benedicto; Vivero, Carlos Alberto; Yasky, Hugo; Yedlin, Pablo Raúl y Yutrovic, Carolina.
Pro (26): Aicega, Juan; Baldassi, Héctor; Berisso, Hernán; Brambilla, Sofía; Cáceres, Eduardo Augusto; Cáceres, Adriana; Enríquez, Jorge; Fernández Langan, Ezequiel; Fregonese, Alicia; Frizza, Gabriel Alberto; García, Alejandro; Grande, Martín; Iglesias, Fernando; Laspina, Luciano Andrés; Medina, Martín Nicolás; Monaldi, Osmar Antonio; Ocaña, María Graciela; Patiño, Jose Luis; Piccolomini, María Carla; Polledo, Carmen; Maquieyra, Martín; Stefani, Héctor Antonio; Sahad, Julio Enrique; Scaglia, Gisela; Schlereth, David Pablo, y Villa, Natalia Soledad.
UCR (26): Arce, Mario; Austin, Brenda Lis; Ayala, Aída Beatriz; Benedetti, Atilio Francisco; Burgos, María Gabriela; Cano, José Manuel; Cantard, Albor Ángel; Carrizo, María Soledad; Carrizo, Ana Carla; De Lamadrid, Álvaro; Del Cerro, Gonzalo; Fernández, Carlos Alberto; Lacoste, Jorge Enrique; Matzen, Lorena; Mendoza, Josefina; Menna, Gustavo; Mestre, Diego Matías; Najul, Claudia; Pastori, Luis; Petri, Luis; Quetglas, Fabio José; Regidor Belledone, Estela; Reyes, Roxana Nahir; Riccardo, José Luis; Suárez Lastra, Facundo y Zamarbide, Federico Raúl.
Coalición Cívica (7): Oliveto Lago, Paula; Flores, Héctor “Toti”, Campagnoli, Marcela; Campos, Javier; Lehmann, María Lucila; López, Juan Manuel y Terada, Alicia.
Frente Cívico y Social de Catamarca: Brizuela del Moral, Eduardo
Ansaloni, Pablo Miguel; Ramón, José Luis; Ávila, Beatriz Luisa; Bucca, Eduardo; Zottos, Andrés; Carambia, Antonio José; Cassinerio, Paulo Leonardo; Vigo, Alejandra María; Márquez, Claudia Gabriela; Contigiani, Luis Gustavo; Morales, Flavia; Wellbach, Ricardo; Sapag, Alma Liliana; Sarghini, Jorge; Schlotthauer, Mónica, y Giordano, Juan Carlos.
Frente de Todos 51
Juntos por el Cambio 60
Otros 16
Frente de Todos 15
Juntos por el Cambio 8
Otros 1
CORRIENTES
Ana Claudia Almirón (Frente de Todos)
Carlos “Camau” Espínola (Frente de Todos)
Néstor Pedro Braillard Poccard (Juntos por el Cambio)
TUCUMAN
José Alperovich (Frente de Todos)
Beatriz Mirkin (Frente de Todos)
Silvia Elías de Pérez (Juntos por el Cambio)
CATAMARCA
Inés Blas (Frente de Todos)
Dalmacio Mera (Frente de Todos)
Oscar Aníbal Castillo (Frente Cívico)
CÓRDOBA
Carlos Caserio (Frente de Todos)
Ernesto Félix Martínez (Juntos por el Cambio)
Laura Elena Rodríguez Machado (Juntos por el Cambio)
MENDOZA
Julio César Cobos (Juntos por el Cambio)
Pamela Fernanda Verasay (Juntos por el Cambio)
Anabel Fernández Sagasti (Frente de Todos)
LA PAMPA
Norma Haydée Durango (Frente de Todos)
Daniel Aníbal Lovera (Frente de Todos)
Juan Carlos Marino (Juntos por el Cambio)
CHUBUT
Nancy Susana González (Frente de Todos)
Juan Mario Pais (Frente de Todos)
Alfredo Héctor Luenzo (Frente de Todos)
SANTA FE
Roberto Mario Mirabella (Frente de Todos)
María de los Ángeles Sacnun (Frente de Todos)
Carlos Alberto Reutemann (Peronismo Federal)
Varios legisladores de peso deberían dejar sus bancas a fin de año. Muchos no pierden la esperanza de continuar, aunque no todos la tienen tan sencilla, incluso algunos cuya importancia es considerable.
La postergación de las elecciones alargó un mes más las incógnitas de la constitución de las listas. Un suspenso que se extenderá hasta el sábado de julio en el que se definirá la confección de todas las nóminas. Cosa que tampoco pondrá fin a las incógnitas respecto por ejemplo de quienes de los que hoy dejan sus bancas se mantendrán en el Congreso durante otro período, pues a partir del cierre de listas en realidad nada estará del todo definido en ese sentido. Dependerá de la ubicación que les corresponda en las nóminas para saber qué tan seguros o seguras pueden sentirse quienes transitan sus últimos meses en el Parlamento.
Como cada recambio legislativo, son muchos los que ya se están despidiendo del Congreso y no pocos los que le tomaron el gustito a sus bancas y tienen ganas de repetir. Se verá cuántos de ellos podrán hacerlo, pero ya a todos les queda claro que no es sencillo conservar ese “privilegio”. Y más ahora que rige la paridad de género, que ya entró en vigencia para la elección anterior.
Así las cosas, los varones de este recambio sufrirán las consecuencias de la reducción del porcentaje para el sexo masculino.
Nadie puede tener la certeza de que seguirá en su banca, pero hay varios que seguramente mantienen la convicción de que no se despedirán del Congreso el 10 de diciembre. No son tantos, puntualmente aquellos que por el papel que cumplen hoy en el Parlamento sienten que difícilmente las fuerzas que representan los vayan a dejar de lado.
No hay, entre los que se van, jefes de los bloques más importantes, ni en Diputados, ni en el Senado. Pero sí por ejemplo los titulares de comisiones muy relevantes, como Presupuesto y Hacienda. Los dos titulares de esa comisión por parte del oficialismo en ambas cámaras concluyen sus mandatos este año, y por la importancia de ese cargo son de los que tienen la convicción de que estarán en las listas que se conformarán el mes que viene. Mas no la certeza de que seguirán.
Carlos Heller debe sentirse inamovible, y dar por descontado que la campaña electoral de este año lo tendrá como protagonista en el distrito porteño al que representa. Lo cual es un tema para el oficialismo, ya que es un distrito donde no es favorito y habrá que ver cuántos legisladores logra colar en esta elección. Por eso es que para estar del todo seguro, el banquero debería ser uno de los dos primeros varones designados.
Su par del Senado es el cordobés Carlos Caserio, que realmente la tiene complicada en ese sentido. Pasa que es cordobés y en ese distrito el peronismo tampoco es favorito en esta elección legislativa. Y su deseo de que el peronismo vaya unido en esa provincia en esta elección está lejos de cumplirse, pues todo indica que el gobernador Juan Schiaretti mantendrá la independencia del “cordobesismo” e irá con listas propias, lo que conspira ya no con la posibilidad de ganar la elección y anotarse con los dos senadores por la mayoría, sino alcanzar al menos el senador por la minoría. Se verá.
Otra comisión clave es la de Asuntos Constitucionales y a su titular en el Senado, María de los Angeles Sacnun, se le vence el mandato. Y como en los casos anteriores mencionados, el suyo es un distrito complicado para el actual oficialismo. Se descuenta que la lapicera de Cristina Kirchner la mantendrá en las listas del oficialismo, así que conserva su expectativa de continuar representando a Santa Fe por un nuevo período.
Lo mismo podemos decir de la mendocina Anabel Fernández Sagasti, de quien muchos coinciden que es la senadora preferida de la vicepresidenta de la Nación. Titular de la Comisión de Acuerdos del Senado y vicepresidenta del bloque oficialista, la excandidata a gobernadora mendocina por el FdT es más que número puesto para su reelección en el Cuerpo.
Otro de los diputados que deben tener la íntima convicción de tener asegurada la continuidad es el radical K Leopoldo Moreau, considerado un alfil clave para el Instituto Patria en el Poder Legislativo.
En el mismo sentido habrá que considerar a la economista Fernanda Vallejos, presidenta de la Comisión de Finanzas; pero más allá de eso es una figura clave también para el kirchnerismo. Prueba de ello fue el primer lugar en la lista de candidatos de la provincia de Buenos Aires que ocupó en 2017, en ese entonces en la nómina de Unidad Ciudadana que para el Senado postuló a Cristina Fernández de Kirchner. Su continuidad es entonces una fija.
De las figuras muy conocidas del oficialismo están quienes han dejado trascender que no tienen intenciones de continuar, como la diputada por la Ciudad de Buenos Aires Gabriela Cerruti, a quien le vence el mandato a fin de mes.
También termina el mandato de Claudia Bernazza, quien asumió recién en mayo del año pasado en el marco de los recambios correspondientes al paso de varios legisladores al Poder Ejecutivo. Es de la provincia de Buenos Aires, por lo que tiene más chances de seguir, pero como sea nadie le quitará el privilegio de haber sido quien con su asunción en el bloque Frente de Todos hizo que el mismo fuera el primero en ostentar la paridad de género.
Entre las figura relevantes del bloque de diputados cuyos mandatos concluyen este año hay que tener en cuenta al tucumano Pablo Yedlin, actual presidente de la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados, y clave entonces en el marco de esta pandemia.
Otra figura muy ponderada por el oficialismo es la diputada de origen sindical Vanesa Siley, titular de Legislación del Trabajo y que ingresó por las listas bonaerenses de Unidad Ciudadana en 2017.
También sindicalista, Hugo Yasky es otro de los legisladores de peso del oficialismo que termina su mandato.
Asimismo concluyen sus mandatos figuras mediáticas como Gisela Marziotta, que asumió en enero del año pasado en reemplazo de Daniel Filmus, y Mirta Tundis, quien por razones de salud mantuvo durante los últimos tiempos un notorio perfil bajo.
Otro que se va, aunque llevará para entonces dos años ausente es José Ignacio De Mendiguren, quien está de licencia por presidir el BICE. Recordemos que el Frente de Todos resolvió no reemplazarlo nunca porque en su lugar hubiera asumido un opositor como Marcelo “Oso” Díaz, del GEN, por lo que el oficialismo prefirió tener siempre un voto menos a otorgarle a la oposición un voto más.
En el caso del Senado, otro que lleva dos años de licencia y concluye su mandato es el tucumano José Alperovich, cuya última licencia fue recientemente aprobada por el Cuerpo y se extenderá hasta el 9 de diciembre. Recordemos que por la causa judicial que se le abrió por supuesto abuso sexual de una sobrina suya, el exgobernador tucumano pidió licencia desde fines de 2019 y, como hemos dicho, ya no se reintegrará a la Cámara para completar su mandato iniciado en 2015.
En el oficialismo también se le vence el mandato al medallista olímpico Carlos “Camau” Espínola, que supo ser además candidato a gobernador de su provincia, Corrientes.
Dos mujeres de peso de la oposición en el Senado concluyen sus mandatos: la radical tucumana Silvia Elías de Pérez, quien fue candidata a gobernadora por su provincia, y la expresidenta del bloque Pro Laura Rodríguez Machado, de la provincia de Córdoba.
Otro exgobernador que termina en el Senado es el catamarqueño Oscar Castillo, y de esa misma provincia el también exgobernador -pero diputado- Eduardo Brizuela del Moral. En la misma línea tenemos al mendocino Julio César Cleto Cobos, que supo ser además vicepresidente de la Nación entre 2007 y 2011.
Otro hombre de peso por el radicalismo es el pampeano Juan Carlos Marino, quien es senador desde 2003 y va entonces por su tercer mandato en la Cámara alta. ¿Volverá a ocupar un lugar en las listas?
Por último, tenemos a quien viene atravesando una complicada situación de salud: el expiloto de fórmula 1 Carlos Alberto Reutemann, del Peronismo Federal, quien fue además dos veces gobernador de Santa Fe. El Lole también va por su tercer mandato, pues es senador desde 2003.
En la Cámara baja el Pro pone en juego 26 bancas, la misma cantidad que el radicalismo. Del partido fundado por Mauricio Macri se van (o terminan al menos sus mandatos) el exárbitro cordobés Héctor Baldassi; el hipercrítico Jorge Enríquez y el muy combativo Fernando Iglesias.
También concluye su mandato una figura clave en materia económica como el santafesino Luciano Laspina, y la mediática Graciela Ocaña.
Carmen Polledo, vicepresidenta de la Comisión de Salud, es otra que figura del Pro que concluye a fin de año.
Por el radicalismo tenemos también a la cordobesa Brenda Austin, la excandidata a gobernadora del Chaco Aída Ayala, quien a partir de las causas judiciales abiertas por su paso por la intendencia de Resistencia vio complicado su protagonismo político y desde entonces menguó en ese sentido.
Otro excandidato a diputado cuyo mandato se vence es el de Atilio Benedetti, lo mismo que el tucumano José Cano. Siguiendo por el norte, concluye el mandato de la jujeña Gabriela Burgos, y otra mujer “fuerte” cuyo mandato concluye es la porteña Carla Carrizo.
Picantes en las redes y en los medios, Alvaro de Lamadrid y el mendocino Luis Petri terminan también sus mandatos, en tanto que también se le vence al chubutense Gustavo Menna, palabra siempre presente en cuestiones constitucionales. Y en materia económica, el misionero Luis Pastori debería dejar su banca este fin de año.
Otros radicales a los que se les vence el mandato son el puntano José Luis Riccardo y el porteño Facundo Suárez Lastra.
De la Coalición Cívica hay siete diputados que terminan en diciembre, entre ellos Paula Oliveto, Héctor “Toty” Flores y Marcela Campagnoli.
Hay una franja de 23 diputados que no son ni del oficialismo, ni de Juntos por el Cambio, y es allí adonde con mayor o menor suerte suele ir el oficialismo en busca de los votos que le faltan para aprobar leyes, o el propio quórum. De esa cantidad, a casi el 70% se les termina el mandato: 16 diputados.
Entre ellos, uno clave, como es el mendocino José Luis Ramón, jefe del interbloque Unidad y Equidad Federal, la bancada conocida como “los ramones”, en la que suele apoyarse el oficialismo para lograr las leyes.
De esos diputados concluyen tres de los cuatro diputados de Córdoba Federal, entre ellos Alejandra Vigo, esposa del gobernador Juan Schiaretti, como así también la tucumana Beatriz Avila y la neuquina Alma Sapag.
Terminan sus mandatos los dos del bloque Justicialista, Eduardo “Bali” Bucca y Andrés Zottos, el muy respetado Jorge Sarghini, que ya adelantó que no buscará renovar, y los dos representantes de la izquierda, Mónica Schlotthauer (que completa el mandato de Nicolás Del Caño) y Juan Carlos Giordano.
Como se ve, la oposición es la que más escaños debe renovar, en tanto que el oficialista Frente de Todos tiene solo 51 diputados a los que se les vence el mandato: menos de la mitad, el 42% de esa bancada.
Juntos por el Cambio le produjo otro dolor de cabeza esta semana a la Casa Rosada. Sin posibilidades de sesionar por una maniobra de Juntos por el Cambio que demoró la firma de la prórroga del protocolo de funcionamiento remoto. La media sanción del Senado sobre la administración de la pandemia deberá seguir esperando…
Ante el bloqueo que tiene el oficialismo de sesionar y aprobar temas claves sin el apoyo de sectores aliados o el acompañamiento de la oposición por no alcanzar los 129 diputados, llevan al Gobierno nacional a apurar los tiempos mediante el dictado de Decretos de Necesidad de Urgencia o una resolución de algún organismo.
Luego de un mes de la aprobación del proyecto de ley en Senado que prevé fijar criterios epidemiológicos para administrar la pandemia según los índices sanitarios de cada región, el Frente de Todos, conducido por Máximo Kirchner, no logró reunir las voluntades necesarias para llevar este tema clave para el Gobierno al recinto y convertirlo en ley.
Al igual que ocurrió con el anterior vencimiento establecido por un DNU presidencial sobre Emergencia Covid, este viernes el Poder Ejecutivo volverá a prorrogar el DNU respectivo a pesar de que el sábado pasado fue el propio jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, quien marcó “la esperanza” de que “esta semana se apruebe la ley de Emergencia Covid”.
Uno de los temas que no tiene controversias y cosechó el aval de todos los sectores políticos en el debate en comisión es la modificación a la ley de pequeños contribuyentes que elimina el pago retroactivo a enero, en beneficio a los monotributistas.
Sin embargo, tampoco será tratada esta semana porque no habrá sesión.
La justificación desde el Frente de Todos es culpar a la oposición por no firmar antes el protocolo y complicar los tiempos para cumplir con el sistema de hisopados y así no sesionar esta semana.
Ante la demora en el Parlamento, el Gobierno nacional definió la prórroga del vencimiento del régimen de monotributo, que operaba este viernes, en principio hasta mediados de julio próximo, durante la reunión de gabinete económico.
A partir de esta decisión, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) indicó a las entidades bancarias y las tarjetas de crédito que no realicen los débitos automáticos de las cuentas de quienes pagan el monotributo a través de esta modalidad.
Además, durante la reunión se analizaron los alcances del proyecto de ley de monotributo que está en discusión en el Congreso.
Con algunas críticas, la oposición apoyó la iniciativa de ley que crea una comisión bicameral de seguimiento y control de la Hidrovía Paraná Paraguay. Pasó por un plenario de comisiones sin alteraciones y espera a la próxima sesión para convertirse en ley.
Un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados emitió este martes un dictamen favorable con amplio respaldo al proyecto de ley que crea la Comisión Bicameral de Seguimiento, Control de la Licitación y Funcionamiento de la Hidrovía Paraguay-Paraná y del sistema de navegación troncal con jurisdicción en la República Argentina.
El despacho fue respaldo por el Frente de Todos, Juntos por el Cambio, y los interbloques Federal y de Unidad Federal para el Desarrollo, lo cual le asegura la mayoría para ser convertido en ley.
La decisión fue adoptada en un plenario de las comisiones de Peticiones, Poderes y Reglamento y de Presupuesto y Hacienda, que conducen los oficialistas Mayda Cresto y Carlos Heller, y en las cuales respaldaron en su totalidad, aunque hubieron algunas disidencias.
Al abrir el debate, Cresto destacó la importancia de la iniciativa aprobada en el Senado ya que “tiene que ver con la creación de la Comisión Bicameral, para el contralor sobre todo el sistema de navegación troncal”.
Cresto señaló que es una “oportunidad” que tienen los legisladores de tener “una activa participación como contralor” en el sistema de navegación que incluye la hidrovía que comparten siete provincias, “todas con diferentes intereses”.
En ese sentido, manifestó que tras la concesión de la hidrovía que se extendió por 25 años “se debe tener en cuenta esa experiencia” para “una instancia superadora que tenga un salto cualitativo” a partir del sistema que rige.
Por su parte, Heller consideró que la creación de la comisión “es una valoración del Parlamento, en el seguimiento y en el control de cuestiones que son trascendentes para todos los argentinos y argentinas”.
A su turno, la diputada bonaerense Fernanda Vallejos (Frente de Todos) afirmó que “nos encontramos ante la oportunidad de recuperar, para el Estado y para todos los argentinos y las argentinas, el imprescindible control de la ruta fluvial más importante del país”.
“Es desde ese lugar, de profundo compromiso y convicción respecto de la defensa de nuestra soberanía y la recuperación del rol del estado en pos de retomar las riendas de nuestro destino y la definición sobre nuestro modelo de Desarrollo económico, social y de integración territorial”, destacó la legisladora.
A su vez, el entrerriano Atilio Benedetti (UCR) remarcó que “se trata de una de las autopistas” fluviales “más importantes para el país, de donde salen más del 70 % de las exportaciones” y pidió que se priorice a los diputados de origen ribereño, ya que la comisión debe ” tener una mirada sobre las inversiones necesarias para el desarrollo integral”.
En tanto, el tucumano José Cano (UCR) dio que “estamos frente a un enorme desafío hacia el futuro. Claramente el debate del rol que tendrá esta Bicameral de cara al proceso licitatorio, de una de las vías navegables más extensa del planeta, sin ningún lugar a dudas tiene un sentido de política pública que no puede estar atado a los cambios de Gobierno”.
El diputado socialista Enrique Estevez señaló que la comisión bicameral de controlar de la hidrovía “es una oportunidad, pero como todas las oportunidades cuando uno no sabe que quiere y o para donde va esas oportunidades pasan de largo y difícilmente puedan aprovecharse”.
La iniciativa
El proyecto le confiere a la comisión “el estudio, conocimiento, seguimiento, monitoreo, auditoría y contralor del proceso licitatorio de la hidrovía, del sistema de navegación troncal, de las inversiones necesarias para el desarrollo integral de las regiones, la integración, el crecimiento económico y el desarrollo productivo”.
La Bicameral estará integrada por seis senadores y otros seis de Diputados que serán designados de acuerdo con el Reglamento de cada Cámara.
La Comisión podrá solicitar todo tipo de documentación e información relacionada con la hidrovía, tanto del sector privado como del sector público, y de organismos locales como internacionales.
También se podrá citar a funcionarios nacionales, provinciales, municipales y comunales a prestar informes y a representantes de los organismos que manejan, controlan, ejecutan y desarrollan la licitación de ese curso fluvial.
Los legisladores están facultados para solicitar informes a las universidades, entidades empresariales, industriales, del comercio, de la producción agropecuaria y de los trabajadores.
Además, los integrantes de esta comisión podrán hacer informes con propuestas concretas y asesorar sobre su avance “haciendo especial énfasis en el desarrollo armónico de la Nación, el respeto al federalismo, el desarrollo de las economías regionales y el cuidado del medio ambiente”.
Otra de las potestades que tendrá la Bicameral será “auditar las inversiones, costos y gastos que se desprendan de la licitación de la hidrovía”, así como “ejercer el contralor del proceso licitatorio”.
Finalmente, los legisladores deberán elaborar un informe anual que será remitido a ambas Cámaras del Congreso para su publicación, con copia al Poder Ejecutivo Nacional.
El debate sobre la creación de la comisión bicameral de control de la Hidrovía Paraná – Paraguay coincidió con la celebración del gol del siglo y provocó idas y vueltas entre varios legisladores del oficialismo y el diputado Jorge Enríquez, que disparó: “Yo no soy cómplice de los que festejan goles de hace 35 años sobre los 90 mil muertos” por coronavirus. River vs Boca.
Un momento alegre se vivió este martes a las 16.09 durante la reunión plenaria de las comisiones de Petición, Poderes y Reglamento y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, pero minutos más tarde el diputado porteño de Juntos por el Cambio Jorge Enríquez prendió la mecha de una discusión que alteró los ánimos de varios legisladores del Frente de Todos.
El debate por videoconferencia sobre la creación de una comisión bicameral de control de la Hidrovía Paraná-Paraguay navegaba por aguas mansas porque, aunque con varios matices y críticas, todos los sectores políticos apoyaban esta iniciativa que cuenta con media sanción del Senado y terminaron acompañando por amplia mayoría el dictamen final.
Sin embargo, durante su discurso, Enríquez manifestó: “Soy futbolero de años, pero me dio una profunda tristeza la indiferencia por la muerte de más de 90 mil argentinos por coronavirus cuando se pusieron a festejar el gol de Maradona de hace 35 años. Les atrasa el reloj de la historia, evidentemente”, remató.
Ante los dichos del legislador de Juntos por el Cambio, el oficialista Rodolfo Tailhade interrumpió: “Me da tanta pena que estés triste, Enríquez. La verdad, es patético que te provoque tristeza un homenaje a Maradona. No te dio tristeza los millones que le pidieron -durante el gobierno de Mauricio Macri- al FMI”, fustigó.
Ante unos minutos de frases de otros diputados pidiendo orden y otros criticando al legislador porteño, Enríquez pidió “un poco más de seriedad porque sino esto se vuelve un conventillo”.
Allí, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Carlos Heller, quien fue el impulsor de interrumpir el debate un minuto y aplaudir a las 16.09 para un homenaje a Maradona, le espetó a Enríquez: “Usted es un maleducado y viola todos los límites”.
Sin quedarse en silencio, Enríquez contraatacó: “Los goles se tienen que festejar donde se tienen que festejar y no cuando hay 90 mil muertos porque hay chorros que se robaron la vacuna. Yo no voy a ser cómplice de los que festejan goles sobre 90 mil muertos que hay en Argentina”, cerró.
Tras la intervención de la presidenta de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, Mayda Cresto, el debate volvió a su cauce, pero al final de la reunión volvieron los cruces, aunque con un tono más jocoso.
Al finalizar el plenario, Heller agradeció a todos por la participación y señaló: “Disculpen por la iniciativa de aplaudir a las 16.09 en homenaje a Maradona. Siempre grité bien fuerte los goles de la Argentina y la idea era sumarnos a lo que estaba haciendo el país”.
Al respecto, el diputado riojano Sergio Casas afirmó: “Nosotros siempre gritamos los goles de Argentina, mientras otros gritan los goles que le hacen a la Argentina”, en referencia a la actitud del diputado opositor.
Enríquez, reconocido hincha de River, recogió el guante y soltó: “Yo soy bien futbolero y siempre grité los goles de Argentina”.
Antes de que se corte la transmisión, se pudo escuchar la respuesta de Heller, exvicepresidente de Boca, quien remató: “No, diputado (Enríquez). Usted me quiso chicanear diciendo que estamos haciendo cosas banales mientras debatimos cosas importantes”.
En redes sociales surgió la iniciativa que tuvo amplia repercusión de gritar el gol a las 16.09 en memoria de la segunda anotación que le marcó Diego Armando Maradona a los ingleses en el mundial de México 1986, del que se cumple este martes 35 años.
En la segunda ola de contagio de coronavirus, volvieron las clases presenciales en el AMBA. Los diputados debaten si prorrogar el protocolo para sesionar de manera remota. El acuerdo vence el miércoles 23.
Los bloques del Frente de Todos y Juntos para el Cambio deben superar un nuevo y reiterado obstáculo para continuar con las sesiones remotas en la Cámara de Diputados, en el marco de la pandemia por coronavirus, por lo que algunos estan presentes en las bancas y otros estan conectados virtualmente por la plataforma Webex.
Todo indicaba que el próximo miércoles o jueves iba a haber sesión en la Cámara baja para dar media sanción al proyecto de ley que modifica el Monotributo, una reforma que esperan los pequeños contribuyentes porque sino deben pagar en forma retroactiva al mes de enero.
Sin embargo, “no hay ninguna certeza de que haya sesión”, sostienen distintas fuentes parlamentarias y se debe a que “el próximo miércoles vence el protocolo y no hay definición alguna al respecto”.
Desde Juntos por el Cambio aseguran que “todavía no hay ninguna decisión tomada”, pero estiman que a último momento -martes- se terminará firmando una nueva prórroga del protocolo utilizado hasta ahora durante la pandemia.
Lo mismo han deslizado desde la Presidencia de la Cámara, liderada por Sergio Massa, quien además se encuentra de gira por los Estados Unidos.
A pesar de la cautela de algunos asesores, los optimistas vislumbran que habría sesión para el tema del Monotributo y exención para inversiones financieras en pesos, pero el oficialismo todavía sigue sin lograr los votos para que se apruebe la ley de Emergencia Covid-19, que ya tiene media sanción del Senado y la fecha del DNU vence este viernes 25.
Ya está listo para ser tratado en el recinto de la Cámara baja el proyecto oficialista que elimina el pago del retroactivo en el aumento del impuesto para los Monotributista. Juntos por el Cambio apoyó la iniciativa y tendría los votos para obtener la media sanción.
Sin grietas. El Frente de Todos y Juntos por el Cambio acordaron apoyar con un dictamen único el proyecto de ley presentado por los diputados Sergio Massa y Máximo Kirchner que actualiza el Monotributo, al eliminar el pago del retroactivo en el aumento del impuesto que regirá desde julio próximo y actualiza las distintas categorías que conforman el régimen.
En un clima cordial y sin un extenso debate ni chicanas políticas, la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside el legislador del Frente de Todos, Carlos Heller, avanzó en el despacho de mayoría de esta iniciativa que ya está lista para ser votada en la Cámara de Diputados y pasar al Senado.
Ahora, las principales autoridades del bloque mayoritario de la Cámara baja analizan llevarlo al recinto la próxima semana, en una sesión que se realizaría entre el miércoles y el jueves.
Heller argumentó que el proyecto de ley del fortalecimiento fiscal para pequeños contribuyentes “viene a complementar a la ley 27.618, y generar un mayor alivio fiscal para los monotributistas”.
Luego de la presentación del proyecto de Heller, el vicepresidente de la Comisión de Presupuesto, el diputado Luciano Laspina (Juntos por el Cambio) manifestó: “Vamos a acompañar este proyecto porque es básicamente el proyecto de Luis Pastori, muy similar, que trata de subsanar un error del ministro de Economía -Martín Guzmán- por el tiempo extra que se tomó en gestionar para definir y reglamentar la ley”.
“La falla de gestión del ministro de Economía generó un gran problema para los monotributistas con una demora de 6 meses, lo que generó una deuda retroactiva que se vuelve impagable para los contribuyentes en un contexto de pandemia”, agregó el diputado santafesino que pidió que este proyecto “se apruebe rápidamente porque da una solución a tema que están esperando los monotributistas”.
La iniciativa
El proyecto retrotrae el pago del retroactivo con lo cual los monotributistas no deberán afrontar ninguna deuda acumulada por la diferencia resultante entre lo que pagaron entre enero y junio y los nuevos valores establecidos por la ley 27.618.
La iniciativa también fija que en julio también se pondrá en vigencia una nueva actualización de escalas con un criterio progresivo, que incrementa en un 77% respecto de diciembre de 2020 el tope para la categoría A, por ejemplo.
A lo largo de la iniciativa se fija los incrementos que tendrás escalas en las cuales las más bajas podrán duplicar los montos de facturación.
Otro punto central es que aquellos que se excedieron de la facturación prevista en su categoría podrán permanecer en el régimen siempre que no superen la facturación de5,55 millones anuales y un patrimonio de hasta 6,5 millones de pesos.
Asimismo, se contempla un plan de pagos para regularizar la deuda de los monotributistas, con un máximo de 60 cuotas, un interés de financiación no superior a 1,5% mensual, para deudas que se venían pagando en planes de pagos vigentes y caducos, y para contribuyentes que no ingresen al Alivio Fiscal Monotributo.
Para el caso de las categorías más altas de la E a la K, deberán pagar una “cuota especial” por única vez.
Asimismo, se contempla un plan de pagos para regularizar la deuda de los monotributistas, con un máximo de 60 cuotas, un interés de financiación no superior a 1,5% mensual para deudas que se venían pagando en planes de pagos vigentes y caducos, y para contribuyentes que no ingresen al Alivio Fiscal Monotributo.
Con este proyecto se busca dar mayor alivio fiscal y previsibilidad a la actividad económica de los monotributistas que suman un total de 4.080.151 contribuyentes; de los cuales 1.592.466 (39%) se encuentran en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), y 2.487.685 (61%) en el resto del país.
Semanas atrás, durante la presentación de la iniciativa, Sergio Massa señaló: “Tomamos la decisión de bajarle la cuota del monotributo a 4 millones de argentinos a partir del impulso de la ley de recategorización y eliminar toda la deuda que se había generado por los cambios de categoría de la última ley”.
La iniciativa de Massa y Máximo Kirchner crea un programa de “fortalecimiento y alivio fiscal” para pequeños contribuyentes. Se analizará junto a un proyecto del Ejecutivo en la Comisión de Presupuesto.
El inicio del proceso legislativo del proyecto de ley del presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, y el jefe de la bancada del Frente de Todos, Máximo Kirchner, para dar una respuesta a los reclamos del sector de monotributistas tiene fecha: será este jueves a las 15.
Así lo decidió la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, presidida por Carlos Heller, que convocó a una reunión virtual para tratar dos temas vinculados en cambios al sistema impositivo para “aliviar” la carga tributaria de un sector pequeños contribuyentes en el marco de la pandemia.
Uno de los temas incluidos en la orden del día de la Comisión de Presupuesto es el Mensaje Nro. 0127/20 y proyecto de ley del 16 de octubre de 2020 del Poder Ejecutivo sobre medidas relativas a impuesto a las Ganancias e impuesto sobre los bienes personales.
En tanto, el proyecto de ley de Massa y de Máximo Kirchner, buscan dar un nuevo impulso al sector de monotributistas y gira en torno a tres cuestiones principales: se crea un programa de “Fortalecimiento y alivio fiscal para pequeños contribuyentes”; y se complementa el reciente Régimen de Sostenimiento e Inclusión Fiscal para Pequeños Contribuyentes impulsado por el Gobierno Nacional.
En general, tiene por objetivo primordial dar mayor “alivio fiscal y previsibilidad a la actividad económica de los monotributistas”, según los fundamentos de la iniciativa.
El Programa propuesto a debate en la Cámara de Diputados prevé la implementación de cuatro medidas principales:
1. El sostenimiento de los valores mensuales de las cuotas a ingresar: En general se prevé que el valor de las cuotas de enero a junio de 2021 sea el que se encontraba vigente a diciembre de 2020; es decir, la actualización de la cuota regiría recién a partir de julio de 2021.
2. Un Esquema progresivo de actualización de escalas: duplicando para las categorías más bajas el incremento (del 35%) ya previsto para este año (el aumento de la Categoría “A” sería del 77% respecto de diciembre 2020).
La propuesta fija a partir del 1º de julio de 2021, nuevos parámetros de ingresos brutos anuales que complementan el régimen vigente desde enero de 2021, sin aumentar el valor mensual de la categoría (“cuota mensual”) del monotributo.
3. Un programa específico de alivio fiscal para pequeños contribuyentes: el proyecto pretende complementar, con un mecanismo simple, el Régimen de Sostenimiento e Inclusión Fiscal para Pequeños Contribuyentes.
Este nuevo esquema tiende a permitir que los contribuyentes se puedan mantener en el monotributo a pesar de haberse excedido en la facturación.
Con el fin de “dotar a la propuesta de progresividad y llegar con el programa a los contribuyentes que realmente requieran el alivio fiscal –evitando que el mismo beneficie a contribuyentes que utilizan el régimen simplificado de manera abusiva- se establece que podrían acceder quienes:
– Registren ingresos que no superen el monto equivalente a 1,5 veces los ingresos brutos máximos de la Categoría “K” ($5.550.000 anuales).
– Que el total de bienes del país y del exterior no superen el monto de $6,5 millones ($6.500.000).
Asimismo, los monotributistas de las categorías más altas deberían pagar una cuota especial para poder mantenerse en el régimen.
4. Un régimen de regularización para deudas de monotributistas que permitiría a los contribuyentes adheridos al régimen regularizar su situación fiscal, permitiéndoles generar un esquema de previsibilidad económica y financiera.
El nuevo régimen propuesto condonaría intereses y multas y permitiría cancelar la deuda en función a los siguientes parámetros:
i) Hasta sesenta (60) cuotas mensuales.
ii) Un interés de financiación no superior al 1,5% mensual.
2513-D-2021En su gira por Norteamérica, el presidente de la Cámara baja se reunió con Juan González, asesor del mandatario estadounidense Joe Biden.
El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, dio inicio este lunes a su gira por los Estados Unidos que incluye diversas reuniones de trabajo con funcionarios y referentes políticos en Washington y Nueva York.
“Hay una enorme vocación de la política de Estados Unidos para colaborar con la situación argentina”, afirmó Massa tras concretar las primeras actividades previstas en su agenda.
Asimismo, Massa participó de una reunión de trabajo con la delegación en la embajada argentina en Estados Unidos, a cargo de Jorge Argüello.
Además este lunes tenía prevista una entrevista con el diputado demócrata Gregory Meeks, que encabeza la comisión de Relaciones Exteriores y con quien Massa intercambió mensajes luego de que respaldara la posición argentina en el contexto de negociación para la reestructuración de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), según se informó en un comunicado.
El martes, Massa se encontrará con la subsecretaria para Asuntos del Hemisferio Occidental, Julie Chung, funcionaria clave del Departamento de Estado para América Latina, y completará la tarde con una visita al Capitolio para un almuerzo interparlamentario con diputados estadounidenses
También mantendrá reuniones con el Comité Judío estadounidense, el Caucus de Congresistas Latinos y Judíos de la Cámara de Representantes, y el titular de la comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Bob Menéndez.
La actividad de ese día concluirá con una cena de honor en la embajada argentina en Estados Unidos, organizada por el embajador Argüello, a la que serán invitados empresarios.
Ese miércoles, el líder del Frente Renovador tendrá una reunión con el presidente del Subcomité del Hemisferio Occidental y Política Económica Internacional de la Cámara de Diputados de Estados Unidos, Albio Sires, y luego expondrá en el Diálogo Interamericano (Interamerican Dialogue).
Ese día finalizará con una nueva recepción en la embajada argentina con actores políticos y legislativos.
Finalmente, el jueves 17 de junio, ya en Nueva York, Massa se reunirá con el titular del Congreso Judío estadounidense, Jack Rosen; compartirá un almuerzo con la presidenta del Council of Americas, Susan Seagal, para luego hacer una disertación en ese foro; y finalmente, a las 19, se reunirá con el exmandatario Bill Clinton.
Tras casi 11 horas de sesión, los reflejos le jugaron una mala pasada al presidente de la Cámara de Diputados y le cambió el apellido a una legisladora.
Había terminado de votarse en Diputados la ley de cupo laboral trans y en el recinto se adueñó por unos minutos un espíritu alegre de celebración que junto al cansancio hicieron que el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, tuviera un furcio que volvió a generar un momento de risas.
“Es el turno de la diputada Mónica Macho”, dijo el ex intendente de Tigre, cuando se refirió a la legisladora del Frente de Todos, Mónica Macha, esposa del titular de Acumar, Martín Sabbatella.
La presidente de la Comisión de la Mujer de la Cámara baja se lo tomó bien y le respondió: “No me decían así desde la primaria”.
Sonrojado, Massa se justificó: “Mezclé su apellido con el diputado que le sigue”, dijo en referencia al legislador Pablo Carro, que hablaba después de Macha.
Precisamente al arrancar su exposición, Carro le dijo a Massa: “Si hoy me dice Pabla Carra, está todo bien”.
A la 1.20, el líder del Frente Renovador le devolvió el mensaje riendo: “Gracias, diputado. Me salvó la noche”.
La Cámara baja dio el visto bueno al proyecto de ley de Máximo Kirchner para reducir las tarifas de gas en regiones de bajas temperaturas. Se generó un debate entre la oposición y el oficialismo por las políticas energéticas de los gobiernos de Mauricio Macri y de Cristina Kirchner, pero no hubo fuertes cruces. La mayoría de la oposición no votó en contra sino que se abstuvo.
En solo 4 días, la Cámara de Diputados debatió en comisión y aprobó en el recinto el proyecto de ley que apunta a reducir las tarifas de gas en las denominadas zonas frías o de baja temperatura de distintos puntos del país para beneficiar a alrededor de tres millones de usuarios.
Tras casi 5 horas de debate, con 190 votos a favor, 16 votos en contra y 43 abstenciones, el tablero volvió a mostrar el consenso lograr por la iniciativa presentada por el titular de la bancada del Frente de Todos, Máximo Kirchner, que ya en la comisión había obtenido el respaldo de otras bancadas como Consenso Federal, Córdoba Federal, el Frente de la Concordia de Misiones, Justicialista y Unidad Federal para el Desarrollo, además del de algunos integrantes de Juntos por el Cambio.
En el cierre del debate, Máximo Kirchner manifesto que “este proyecto no es una inicaitiva de un partido” y además destacó a “algunos diputados de otros espacios políticos -de la oposición- saltaron las fronteras y apoyaron este proyecto”.
“Son patrañas que este proyecto sea una medida electoralista porque más del 50 por ciento de los nuevos beneficiarios viven en municipios gobernadores por Cambiemos”, aseveró el jefe de bloque del FdT.
Juntos por el Ni
La mayoría de los diputados de la oposición optaron por no votar en contra de la prórroga de un beneficio que rige para la Patagonia desde el 2002 y su ampliación a otras zonas frías del país, pero con el argumento de “la inequidad” y del “desfinanciamiento del fondo fiduciario al aumentar los beneficiarios de la tarifa de gas subsidiado” se abstuvieron.
La diputada mendocina Jimena Latorre (Juntos por el Cambio) consideró que “este proyecto, por más que se lo intente presentar como defensa de derechos, implica un serio compromiso de esos derechos, porque compromete los derechos actuales y también los futuros”.
“Este proyecto compromete la sostenibilidad de la política energética y económica del país, por lo que le podríamos llamarlo subsidio pre elecciones”, señaló Latorre.
A diferencia de su compañera de bancada y coprovinciano, el diputado mendocino Federico Zamarbide (Juntos por el Cambio) no dudó en asegurar que “es bueno ver que avanza un proyecto que beneficia a Mendoza y por eso creo que es justo que toda la provincia se incluya a la tarifa diferencial de gas, esto es una situación de equidad”.
Otro legislador en contra de este proyecto fue el diputado porteño Facundo Suárez Lastra, quien en el recinto sostuvo que “la paradoja de esta ley es la inequidad” porque “los pobres de las zonas cálidas van a terminar pagando el subsidio a los ricos de las zonas frías”.
En cambio, la cordobesa María Soledad Carrizo de Juntos por el Cambio aseguró que acompaña “este proyecto que beneficia a miles de argentinos en una situación muy especial que estamos viviendo con una crisis muy profunda; sin dejar de mencionar que es un proyecto incongruente, reduccionista y que le falta objetividad al incorporar un distrito”.
Otro de los argumentos para abstenerse esgrimido por varios diputados de la oposición fue que pertenecen a provincias denominadas cálidas y, si bien reconocen la importancia del subsidio del gas, piden que hay subsidio a la tarifa eléctricas en zonas calientes por las altas temperaturas.
Así lo expreso el diputado misionero Luis Pastori (Juntos por el Cambio) pidió “basta de discriminar al norte porque el calor es también menos calidad de vida” y por eso afirmó que “como un grito de protesta del norte” también reclama medidas como estas.
Una de las diputadas que también se mostró critica a la ley fue la neuquina del Movimiento Popular, Alma Sapag, que manifestó: “Para alcanzar la verdadera equidad es fundamental aumentar las redes de distribución de gas e invertir en infraestructura de distribución, para llegar a ese 40 por ciento de la ciudadanía que aún no tiene acceso de red”.
Al igual que Sapag, el neuquino de Juntos por el Cambio, David Schlereth, votó a favor de este proyecto aunque aclaró que “una política inteligente y apropiada de subsidios es la que orienta el esfuerzo del Estado a los sectores que menos tienen, la que se aplica con rigurosidad y solvencia, y esta ley no lo asegura”.
Dieron el sí
Desde el bloque del Frente de Todos señalaron que “se trabajó mucho incluso con otros bloques para dar respuesta a un reclamo histórico que hoy con el proyecto de zona fría incorpora a millones de hogares que sumarán 4 millones de hogares un promedio de 12 millones de argentinos”.
Y apuntaron contra el expresidente Mauricio Macri al señalar que “si siguiera en el gobierno pagarían casi 8 mil pesos de gas en promedio en los meses más fríos y van a pagar menos de 1.500 dependiendo de la provincia”.
Con ese espíritu, el presidente de la Comisión de Energía, Omar Félix, recordó que con la política energética del gobierno anterior “para muchos las tarifas de servicios públicos fueron teniendo un aumento enorme, mientras los niveles de ingresos de los argentinos fueron perdiendo su capacidad y eso provocó un gran desfasaje”.
En tanto, la diputada del FdT Liliana Schwindt señaló: “Destacamos que el proyecto iguala en derechos a usuarios en cuanto a asequibilidad, ya que podrán de este modo, pagar una tarifa más justa a mayor consumo”.
Por su parte, el diputado cordobés Paulo Cassinerio (Córdoba Federal) manifestó que “es muy importante la incorporación de nuevas zonas en nuestro país a los beneficios del subsidio. Es necesario y adecuado utilizar un criterio objetivo como el que llevó a cabo Enargas”, remarcó.
Con una frazada en su hombro, uno de los diputados que han trabajo este proyecto, el mendocino José Luis Ramón (Unidad y Equidad Federal), los considerar como iguales a una familia que vive en Capital Federal con una familia que vive en zonas frías, donde el invierno dura 3 meses, es muy desigual”.
“Este proyecto es federal y lo que trae es equidad porque el Estado tiene que cuidar el interés económico de las familias de menores ingresos porque esta iniciativa trae un beneficio directo a la gente y cumple con un derecho social para vivir con dignidad”, agregó Ramón, quien le puso color a la sesión al revolear su frazada y gritar: “Estamos de fiesta, brinden los que están en sus casas”.
Uno de los últimos oradores fue el jefe de bloque de Consenso Federal, Alejandro ‘Topo’ Rodríguez que resaltó el “dialogo político que se construyó maximizando las coincidencias y minimizando las diferencias” y le agradeció el trabajo realizado por Máximo Kirchner.
Cambios
El oficialismo aceptó incluir parámetros técnicos para determinar las localidades alcanzadas por el beneficio, en lugar de la redacción original que precisaba cada una de las localidades, departamentos o partidos que se incluían.
Así, zonas de Córdoba, de San Luis y del sur de Santa Fe se sumarían a los departamentos o partidos de las provincias de Buenos Aires, Mendoza, San Juan, Salta y San Luis contemplados en el texto original.
Zonas beneficiadas
Allí constaba que se aplicaría originalmente en la provincia de Mendoza; en los departamentos sanjuaninos de Jáchal, Sarmiento, Ullum, Zonda, Calingasta, Iglesia, Albardón, Capital, Chimbas, 9 de Julio, Pocito, Rawson, Rivadavia, Santa Lucía, San Martín, 25 de Mayo, Angaco y Caucete.
En los departamentos salteños de Cachi, Cafayate, La Paloma, Los Andes, Rosario de Lerma, San Carlos; la Región conocida como la “Puna” y en el Departamento General Pedernera, en San Luís.
También en los municipios bonaerenses del Partido de La Costa, Pinamar, Villa Gesell, Mar Chiquita, General Pueyrredón, General Alvarado, Lobería, Necochea, Tres Arroyos, San Cayetano, Coronel Dorrego, Monte Hermoso, Coronel Rosales, Bahía Blanca, Villarino, Patagones, Tandil, Olavarría, Azul, General La Madrid y Coronel Suárez.
También en Saavedra, Tornquist, Coronel Pringles, Laprida, Benito Juárez, Gonzales Chaves, General Juan de Madariaga, General Lavalle, Ayacucho, Rauch, Pellegrini, Salliqueló, Guaminí, Tres Lomas, Daireaux, Balcarce, Puán, Adolfo Alsina, Tapalqué, General Guido, Castelli, Dolores, Maipú, Tordillo, Hipólito Yrigoyen, Carlos Tejedor, Bolívar, Pehuajó, Trenque Lauquen, General Alvear, Rivadavia, General Villegas y Carlos Casares.
La iniciativa
El proyecto beneficiará a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo, de pensiones no contributivas y jubilados -hasta 4 salarios mínimos-, del monotributo social, usuarios que perciben seguro de desempleo y empleados de casas particulares.
También podrán tener este beneficio quienes estén exentos en el pago de ABL o tributos locales de igual naturaleza o los que tengan una pensión vitalicia como veteranos de Guerra del Atlántico Sur.
Finalmente, la Cámara baja aprobó y convirtió en ley el proyecto del Ejecutivo que plantea el acuerdo fiscal entre el Gobierno nacional y 21 provincias. La oposición lo rechazó.
La Cámara de Diputados convirtió en ley el Consenso Fiscal 2020 con el acompañamiento de los legisladores oficialistas, aliados y algunos opositores, aunque el bloque de Juntos por el Cambio votó en contra.
Con 140 votos a favor, 104 votos en contra y una abstención, el Consenso Fiscal 2020 fue sancionado en Diputados y es ley cumpliendo con la mayoría absoluta del cuerpo, es decir, 129 votos o más.
La gran mayoría de Juntos por el Cambio rechazó el proyecto a pesar de que los gobernadores de esa alianza (el jujeño Gerardo Morales, el correntino Gustavo Valdés y el mendocino Rodolfo Suárez) adhirieron al pacto.
Al igual que en la sesión pasada del 20 de mayo, el tratamiento del proyecto comenzó la palabra del presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, quien planteó que “hay hasta el momento 16 provincias cuyas legislaturas han aprobado el consenso, y dos que lo tienen en tratamiento”.
En esta oportunidad, afirmó: “El consenso fiscal es una extensión de la misma situación preexistente y en sus consideraciones principales, plantea que ante la situación de la pandemia, se evaluó conveniente suspender las obligaciones en materia de exenciones y escalas de alícuotas máximas, contempladas para los períodos fiscales 2020 y 2021 para el impuesto de ingresos brutos y las disposiciones de los impuestos inmobiliarios y a los sellos: aquellos que graban las nóminas salariales y a los tributos específicos”.
Heller detalló puntillosamente los aspectos centrales del proyecto proveniente del Senado, en tanto que el radical Luis Pastori (Misiones) planteó luego su rechazo al dictamen de mayoría por considerarlo “lesivo a los intereses de los contribuyentes de los impuestos provinciales, en particular del impuesto sobre los ingresos brutos y el impuesto de sellos”, a los que consideró “dos de los tributos más regresivos en términos económicos que integran el sistema tributario argentino”.
Para Pastori se debería “tomar conciencia desde el Poder Legislativo en poner todo el esfuerzo en disminuir y no aumentar los tributos. Y más tratándose de tributos tan regresivos en términos económicos como los que estamos tratando en este proyecto. Al menos hasta que no haya una reducción sustancial del gasto público haciendo foco en ello”.
La iniciativa cuenta con media sanción del Senado desde febrero pasado y busca ratificar el acuerdo suscripto el 4 de diciembre de 2020, que modifica el Consenso Fiscal 2017 y sus adendas de 2018 y 2019.
En esos acuerdos se fijaron exenciones y reducciones impositivas, pero la pandemia, la crisis sanitaria y la necesidad de fondos hicieron necesario rever los compromisos asumidos, que ahora se suspenderán hasta el 31 de diciembre de este año.
Además, se permite a las provincias tomar deuda en pesos y se limita el endeudamiento en dólares; se suspenden las demandas judiciales contra el Estado Nacional por un año; y se establece que la transferencia de servicios, competencias y funciones de Nación a provincias no será a través de la coparticipación.
El oficialismo dio sus explicaciones. Juntos por el Cambio logró su cometido. El Gobierno nacional está obligado a emitir un nuevo DNU porque el Congreso no cumplió con los plazos vigentes en el decreto que regula la administración de medidas de restricción, según la situación de la pandemia de coronavirus en dicha región del país.
La “Ley Semáforo sanitario” o “Ley de Superpoderes”, según la denominó el oficialismo y la oposición, no pudo ser tratada antes de la fecha límite que imponía el DNU firmado por Alberto Fernández que vence este viernes 11, y ahora deberá prorrogar el decreto que regula la administración de la pandemia de coronavirus.
Aunque parezca dos leyes diferentes, la media sanción del Senado sobre la ley de Emergencia Covid-19 enviada por el Poder Ejecutivo dividió aguas en Diputados entre el Frente para la Victoria y la oposición que tuvo el apoyo de los bloques aliados del oficialismo, por lo que al FdT le fue imposible conseguir los votos necesarios.
Desde el bloque del Frente de Todos conducido por el diputado Máximo Kirchner, explicaron: “Nosotros estamos trabajando como siempre en buscar soluciones y llegar a los consensos necesarios para avanzar con el Proyecto de Ley de Parámetros Epidemiológicos y Sanitarios Regulatorios de la Emergencia Covid-19”.
“Avanzamos con el dictamen hoy -este jueves 10- en la plenaria de comisiones, pero no podemos tratarlo porque es continuación de la sesión anterior y necesitamos 2/3 para incorporar al temario”, detallaron.
En ese sentido, señalaron: “Creemos que la voluntad de diálogo del bloque quedó demostrada una vez más por ejemplo con la convocatoria a los laboratorios” que producen vacunas contra el Covid-19.
“Nosotros nunca quisimos imponerlo, eso fue instalado por legisladores de la oposición para desviar el eje de lo verdaderamente importante que es que hoy vamos a corregir desastres que hicieron con la tarifa de gas durante el gobierno de (Mauricio) Macri donde se incrementó la pobreza energética de millones de argentinos y argentinas”.
Desde la otra vereda, el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio en la Cámara baja, Mario Negri, afirmó que “la ley de Superpoderes no está en el plan de labor de la sesión de hoy, pese a que tuvo esta mañana dictamen de mayoría del oficialismo. Esa mayoría de firmas en el despacho no expresa una mayoría en el recinto”, explicó el diputado radical.
En Pasos Perdidos, Negri manifestó: “Si el kirchnerismo quisiera incorporar este proyecto a la sesión precisa una mayoría agravada de tres cuartos, lo cual se le torna imposible ya que Juntos por el Cambio rechaza esta iniciativa”.
“Creo que el Gobierno está equivocado, persiste en un camino de confrontación institucional y va a chocar de frente. Este es un proyecto que es el resultado del fallo de la Corte Suprema, le están respondiendo al Máximo Tribunal”, agregó.
Negrí sostuvo que “la Constitución prohíbe delegar facultades y además, el Congreso no podría, aunque quisiera, delegar facultades propias de las Provincias. El fallo de la Corte le recordó esto al Gobierno, sería inconstitucional la ley si finalmente se aprueba”, remarcó.
“El Gobierno nacional debería buscar un acuerdo federal, no pedir más facultades. El Gobierno tiene la emergencia sanitaria desde diciembre de 2019 y sacó un centenar de decretos de necesidad y urgencia y de delegación legislativa. Debe escuchar más, debe abrirse más frente al enorme problema que estamos atravesando. Estamos llegando a 85.000 muertos y 4 millones de contagiados. Pero si elige el camino de la confrontación lo que obtendrá es un semillero de planteos de inconstitucionalidad, cuando la Corte Suprema ya dijo de qué manera debe actuar”, cerró Negri.
La Cámara baja volverá a realizar una sesión luego de varias semanas. En el temario se incluyó Zonas Frías, pero todavía no está definido si se debatirá la media sanción del Senado sobre Emergencia Covid-19.
La Cámara de Diputados llevará a cabo una sesión en la que buscará aprobar los proyectos que reducen las tarifas de gas en las denominadas “zonas frías” del país que sufren bajas temperaturas en el invierno y además tratará el Consenso Fiscal, el Cupo para las personas Trans-Travestis.
El presidente del bloque de diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner, pidió la sesión para este jueves a las 15 para debatir un amplio temario, que tendrá como punto central el proyecto para reducir las tarifas para más de tres millones de usuarios de las zonas de bajas temperaturas.
La única incognita es si el oficialismo logrará imponer su voluntad de aprobar la ley de Emergencia Covid-19 que establece criterios epidemiológicos para administrar la pandemia de coronavirus, con distintas medidas sanitarias restrictivas según la situación de cada región.
Ante la falta de votos que acompañen la iniciativa impulsada por Ejecutivo nacional, el Frente de Todos logró que se trate en comisión un día antes de la fecha límite del DNU que vence el viernes 11. La cita será este jueves a las 11 y puede incluirse en el orden del día si 10 diputados piden a través de un documento firmado, la ampliación del temario y su inclusión al final del debate de todos los temas ya acordados con Juntos por el Cambio, que rechaza el tratamiento y la aprobación de dicho proyecto clave para el Gobierno al denominarlo “superpoderes”.
Por eso, por ahora, el temario es este:
Ley de “Zonas Frias”.
-Ley de Consenso Fiscal.
-Ley de Cupo Laboral Trans.
-Ley de Equidad en la representación de los géneros en los servicios de comunicación audiovisual.
-Acuerdo de Reconocimiento y Convalidación Provisoria de
Títulos Universitarios para la Realización de Estudios de Posgrado, entre la República
Argentina y la República Dominicana.
-Convenio de Reconocimiento de Certificados de Estudios de Nivel Primario y Medio no Técnico o sus
denominaciones equivalentes entre la República Argentina y los Estados Unidos
Mexicanos.
-Resolución. Reconocimiento HCDN al Dr. Bernardo Houssay.
El plenario legislativo comenzará con el debate del Consenso Fiscal -tema que quedó pendiente de la sesión pasada- firmado entre el presidente Alberto Fernández y los gobernadores, que otorga 70 mil millones de pesos a las provincias para reactivar sus economías, prohíbe el aumento de la deuda pública y suspende procesos judiciales por la distribución de la Coparticipación Federal.
El nuevo acuerdo fiscal permitirá a las provincias contar con unos $70.000 millones para reactivar sus economías regionales, luego de un año atravesado por la crisis generada por la pandemia del coronavirus.
Posteriormente, la Cámara baja encarará el debate del proyecto denominado “Zonas Frías” de baja de tarifas de gas en municipios bonaerenses y de Mendoza, San Juan, San Luis y Salta, lo cual implicará un beneficio para más de tres millones de usuarios.
Los usuarios de esas zonas con temperaturas muy bajas en el invierno tendrán una disminución del 30% y 50% sobre las facturas de gas, de acuerdo a la situación económica de cada sector, según explica la iniciativa.
Los usuarios que tendrán una reducción de la mitad de la tarifa son los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación por Embarazo, de pensiones no contributivas y jubilados de hasta 4 salarios mínimos, del monotributo social, usuarios que perciben seguro de desempleo y empleados de casas particulares.
También podrán tener este beneficio quienes estén exentos en el pago de ABL o tributos locales de igual naturaleza o los que tengan una pensión vitalicia como veteranos de Guerra del Atlántico Sur.
Respecto del resto de los usuarios residenciales, la tarifa diferencial implicará una disminución del 30% de la factura de gas correspondiente.
Además la Cámara de Diputados debatirá el proyecto de inclusión laboral para la población trans-travesti, donde se establece que el Estado deberá contratar al menos el 1% de la dotación de la administración pública.
La iniciativa cosechó en comisión un amplio respaldo político ya que fue apoyado por el Frente de Todos, bloques provinciales, la izquierda y Juntos por el Cambio, aunque la principal bancada opositora planteó disidencias parciales.
Además, el plenario legislativo convertirá en ley la Equidad en la representación de los géneros en los servicios de comunicación audiovisual, un Acuerdo de Reconocimiento y Convalidación Provisoria de Títulos Universitarios para la Realización de Estudios de Posgrado, entre la República Argentina y la República Dominicana.
También se votará un convenio de reconocimiento de Certificados de Estudios de Nivel Primario y Medio no Técnico o sus denominaciones equivalentes entre la República Argentina y los Estados Unidos Mexicanos y una resolución del cuerpo en reconocimiento al doctor Bernardo Houssay.
El viernes 11 sería la fecha límite. La media sanción del Senado todavía no fue tratada en comisión y no tiene fecha. Horas decisivas para el oficialismo. Hay presión de la Rosada.
Casi sin margen de maniobra, el oficialismo en la Cámara baja, comandado por Máximo Kirchner, intenta apurar el tratamiento de un proyecto de ley clave para el Gobierno nacional como es el denominado “Emergencia Covid-19”, porque desde la Rosada aspiran a no tener que volver a emitir un DNU, sino que haya una norma sancionada por el Congreso de la Nación.
Por eso, la media sanción del Senado que prevé criterios epidemiológicos para administrar los distintos niveles de medidas sanitarias, según las regiones y sus realidades respecto a la tasa de incidencia de contagio y la cantidad de camas de terapias intensivas, es de vital importancia para el Gobierno.
La fecha límite es el viernes 11, cuando vence el plazo de las medidas previstas por el último DNU firmado por el presidente Alberto Fernández, pero el proyecto de ley -que cuenta con el aval del Senado- hace varias semanas que está disponible para ser tratado en comisión, aunque su camino legislativo por la Cámara baja fue lento y condicionado por la falta de apoyo en el recinto, ya que no solo lo rechaza la oposición de Juntos por el Cambio, sino varios aliados como Consenso Federal, entre otros.
Sin embargo, el oficialismo parece decidido en avanzar a pesar de no tener la certeza de contar con el número necesario en Diputados para su aprobación y ahora parece que el día elegido para tratarlo en un plenario de comisiones de Salud y de Asuntos Constitucionales es el jueves, el mismo día de la confirmada sesión.
Con ese espíritu, fuentes del oficialismo aseguraron a parlamentario.com que el Frente de Todos “continúa intentando” que este proyecto de Emergencia Covid se debata en comisión este jueves y se avance con la firma del dictamen para que llegue al recinto, aunque “no hay nada confirmado”.
Por ahora, la convocatoria no está definida y solo se trata de la voluntad de un oficialismo que no cuenta con los números necesarios para aprobar en soledad esta ley, por lo que el FdT negocia con sus aliados el acompañamiento a este proyecto de ley.
En este marco, no puede dejarse de mencionar que en otra ley importante sobre subsidios en las tarifas de gas en zonas frías hubo cambios que permitirán incluir a varias localidades de Santa Fe, Córdoba, Catamarca, Jujuy y La Rioja. La pregunta que circulaba este lunes en el Congreso era si estos cambios tendrán relación con los votos que el oficialismo necesita para sacar la emergencia Covid. Tengamos en cuenta que los cuatro cordobeses eran votos que hasta ahora no contaba el oficialismo, como así también los santafesinos Luis Contigiani y el socialista Enrique Estévez. Y cabe consignar, además, que no eran tantos los votos que le faltaban en este caso al Frente de Todos.
Tras la reunión en Diputados con representantes de laboratorios que producen la vacuna de coronavirus, la oposición se mantuvo en su postura y culpó al Ejecutivo nacional. “Ocho millones más de argentinos ya estarían vacunados”, aseguraron en conferencia de prensa.
El interbloque de diputados de Juntos por el Cambio aseguró este martes que si el Estado nacional hubiese acordado con Pfizer la compra de vacunas, ahora “ocho millones más de argentinos ya estarían vacunados” contra el coronavirus y además propuso “corregir el marco legal” en el Congreso para firmar con ese laboratorio.
Luego de la exposición de los representantes de laboratorios ante los diputados sobre las negociaciones con el Gobierno por las vacunas contra coronavirus, la bancada que encabeza el cordobés Mario Negri dio una conferencia de prensa donde atribuyó la falta de acuerdo con ese laboratorio a una “decisión política” de la Casa Rosada.
“Hoy quedó absolutamente claro que en el medio de la negociación que se llevaba adelante (con Pfizer), el Estado optó, mientras se discutía una ley, abrir negociaciones con otros laboratorios y países. Esa fue una decisión política que tomó el Gobierno argentino”, sostuvo Negri.
En este sentido, afirmó que “si hubiese avanzado con Pfizer en un acuerdo que hasta el día de hoy no se ha dado, que dicen que se sigue negociando, y se hubiese aprobado, ocho millones más de argentinos ya estarían vacunados” contra el Covid-19.
El jefe de la principal bancada opositora indicó que “esto se deduce de las preguntas de los colegas” durante la exposición de los laboratorios y destacó que “el representante de Pfizer dice que tiene 99% de cumplimiento en los contratos que han llevado adelante” en otros países.
Por otro lado, el diputado cordobés puso de relieve el “valor institucional” de que los representantes de los laboratorios hayan dado explicaciones ante el Congreso en medio de la polémica por la cantidad de vacunas y la negociación hasta el momento frustrada con Pfizer.
Previamente, a través de Twitter, señaló que “Nicolás Vaquer -gerente de Pfizer- dijo que la ley” de compra de vacunas aprobada el año pasado “no es compatible con lo que la empresa solicita” y resaltó: “El dato llamativo es que dijo que no fueron convocados por el Gobierno a participar de la confección de la ley”.
Luego de remarcar que “quedó claro que el Ejecutivo priorizó laboratorios como AstraZeneca”, Negri señaló que “el Gobierno es responsable por acción y omisión” y agregó: “Desde Juntos por el Cambio insistimos en colaborar para corregir el marco legal en el Congreso. Están en juego la vida de los argentinos”.
Por su parte, la diputada del PRO Carmen Polledo, vicepresidenta de la Comisión de Salud de la Cámara baja, señaló: “Hoy en la Cámara de Diputados tuvimos una conferencia con los laboratorios. Celebro que el Congreso Argentino este involucrado en el seguimiento de una política de Estado tan necesaria para la salud de los argentinos”.
El proyecto de ley impulsado por el jefe de bloque del Frente de Todos en Diputados, Máximo Kirchner, obtendrá este miércoles a partir de las 15, dictamen de la mayoría con el apoyo del oficialismo y sus bloques aliados, por lo que la iniciativa que subsidia la tarifa de gas en zonas frías será incluida […]
El proyecto de ley impulsado por el jefe de bloque del Frente de Todos en Diputados, Máximo Kirchner, obtendrá este miércoles a partir de las 15, dictamen de la mayoría con el apoyo del oficialismo y sus bloques aliados, por lo que la iniciativa que subsidia la tarifa de gas en zonas frías será incluida en el temario a tratar en la próxima sesión, que sería este jueves 10.
El tratamiento express de solo 4 días tuvo una sorpresa a último momento de parte de la oposición que modificó los planes, pero resultó un alivio para el Frente de Todos.
Omar de Marchi (Juntos por el Cambio), vicepresidente de la Comisión de Energía, prestó su conformidad y autorizó a que la reunión plenaria de las comisiones de Energía y de Presupuesto y Hacienda se realice únicamente de forma virtual y se pueda emitir dictamen sin estar en forma presencial.
Una concesión de la oposición en tiempos complejos en los que la grieta prima hasta en un simple homenaje.
En ese marco, llegará un encuentro que se espera que rápidamente pierda todo acto de cordialidad al igual que ocurrió este lunes con la participación del titular del Enargas, Federico Bernal, donde hubo cruces con tintes políticos entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio por la política energética y las tarifas que implementan ambos gobiernos.
Diputados de la oposición lo cruzaron con diferentes acusaciones. El sustento económico, la elección de las zonas beneficias, el aumento del consumo de gas y la legitimidad de su cargo fueron los ejes de Juntos por el Cambio. El intervento de Enargas recogió el guante y fustigó: “Macri aumentó la tarifa de gas a niveles increíbles. Haganse cargo”. Este miércoles se realizará la reunión plenaria para emitir dictamen de mayoría. Ramón lo defendió y también recibió las críticas de JxC.
A minutos de iniciar la reunión informativa por videoconferencia del plenario de comisiones Energía y de Presupuesto y Hacienda con la presencia del titular del Enargas, Federico Bernal, llegó la primera crítica por parte de la oposición que no esperó el informe técnico ni la visión de los especialistas sobre cuestiones tarifarias ni cuestiones climáticas y asestó el primer golpe.
El diputado chubutense Gustavo Menna (JxC) señaló que la ley que permitía que se intervenga el Enargas “está vencida” y por eso “el puesto de Bernal es ilegítimo e ilegal”, lo que no cayó bien al interventor ni al oficialismo y el clima ya se puso tenso.
Luego del informe del interventor del organismo, fue el turno de las consultas y allí otra vez Juntos por el Cambio volvió a la carga.
En esa tónica, la diputada mendocina Jimena Latorre manifestó: “El proyecto de zonas frías es discrecional y no se funda en criterios técnicos y objetivos” porque “hay regiones que por sus condiciones geográficas, térmicas y productivas ameritan una tarifa diferencial, teniendo en cuenta a su vez la capacidad de pago de los usuarios, pero este proyecto no respeta ninguno de esos criterios y dejan abierta la puerta para discrecionales nuevas incorporaciones, con un solo criterio: el interés electoral del Frente de Todos”.
“Los afectados seremos todos los Argentinos que lo pagaremos con mayor inflación, la industria y la producción, que es la que genera y sostiene con muchísimo esfuerzo las fuentes de trabajo y lo que es más grave, los que no son usuarios de gas natural, la enormísima cantidad de argentinos que aún están excluidos de la red y con sus garrafas subsidiarán a quienes ya tienen subsidios”, agregó.
En el mismo sentido, el legislador radical Fabio Quetglas afirmó: “¿Han calculado cuanto será el delta de aumento del consumo a partir del subsidio? Eso determinará una aumento de las importaciones de gas a un precio que la Argentina no determina”, advirtió.
En tanto, Menna insistió sobre el sustento del proyecto a través del Fondo Fiduciario: “Un incremento del 400% en la cantidad de usuarios aumentando de un modo tan exiguo el cargo no cierra por ningún lado”.
“¿No hay alguna cuestión prevista para controlar los aumentos de consumo? Muchas veces a las tarifas subsidiadas se les pone un límite sobre una base de consumo medio razonable”, propinó el diputado Facundo Suárez Lastra.
Ante las críticas, el interventor Bernal hizo una defensa del proyecto desde el punto de vista político y fustigó a la oposición por la política tarifaria implementada en el gobierno de Mauricio Macri, quien fue “protagonista de los tarifazos de gas y luz, empobreció a los argentinos energéticamente y en 2019 cuando dejó el gobierno, 3 de cada 10 argentinos no podía pagar el servicio, lo tenía cortado y estaba endeudado”.
“El criterio fundamental de esta ley es llevar el beneficio a aquellas regiones del país que necesitan un respaldo, ya que viven en zonas donde durante el año tienen una mayor necesidad usar el servicio público de gas por redes”, destacó Bernal, quien disparó: “Estamos ampliando un derecho como es el servicio de gas para los que más necesitan y viven en zonas de bajas temperaturas, pero desde Juntos por el Cambio no lo van a entender porque Macri aumentó el gas a niveles increíbles y no dijeron nada. Háganse cargo”, espetó.
Durante una de sus alocuciones, se pudo escuchar “y este que vino a hacer acá con ese discurso militante” deslizó uno de los diputados opositores que participaba de la videoconferencia que tuvo como centro a Bernal, que respondió las preguntas con una crítica constante a Juntos por el Cambio por el periodo anterior mientras se podía observar detrás de él un cuadro de la vicepresidenta Cristina Kirchner, en su oficina.
En uno de los momentos calientes, el diputado mendocino José Luis Ramón salió al cruce de la oposición y acusó a los diputados de “ser lobbistas, defensores de las grandes empresas y siempre que se presenta un proyecto de ley que beneficia directamente a la parte del pueblo que menos tiene, siempre, tienen un problema o una objeción y lo hacen para que nadie cambie y en defensa de las grandes empresas”.
Esto generó el repudio de varios diputados radicales y fue el propio Menna que le planteó a Ramón que “el verdadero defensor de las empresas energéticas era el Gobierno que através de Enargas le perdonaba deudas a las empresas y le saca la obligación de invertir en diferentes obras”.
Con el clima en su punto máximo, el diputado tucumano Cano señaló que “no pueden venir al Congreso a plantear que la historia comienza a partir de hoy y no hacerse cargo de lo que ocurrió entre el 2010 y 2015 en la matriz energética. Dejaron al país en 2015 con gran déficit fiscal en la balanza comercial energética”, apuntó.
Sin dudarlo, Bernal volvió a insistir en las críticas a Juntos por el Cambio por las políticas tarifarias y remató: “En el balance no puede haber solo números sino que primero tiene que estar el ser humano y nosotros ponemos por delante el bienestar de la gente y la que necesite calefaccionarse, lo pueda hacer”.
Al finalizar, el intervento de Enargas prefirió no hacer un cierre y el presidente de la Comisión de Energía, Omar Félix, convocó para este miércoles a una reunión presencial para la firma del dictamen, que apriori, tendrá un debate intenso.
Desde la Rosada presionan para que el Parlamento convierta en ley el proyecto del Ejecutivo para establecer criterios epidemiológicos para administrar la pandemia. El 11 de junio termina esta nueva etapa de las medidas sanitarias previstas por el último DNU. La iniciativa tiene media sanción del Senado, pero todavía no fue tratada en Diputados ¿El Frente de Todos tiene los votos? Clave la inclusión de localidades en el subsidio a la tarifa de gas en “Zonas Frías”.
A contrarreloj, el oficialismo en la Cámara baja, comandado por Máximo Kirchner, intenta apurar el tratamiento de un proyecto de ley clave para el Gobierno nacional como es el denominado “Emergencia Covid-19”, porque desde la Rosada aspiran a no tener que volver a emitir un DNU, sino que haya una norma sancionada por el Congreso de la Nación.
Por eso, la media sanción del Senado que prevé criterios epidemiológicos para administrar los distintos niveles de medidas sanitarias, según las regiones y sus realidades respecto a la tasa de incidencia de contagio y la cantidad de camas de terapias intensivas, es de vital importancia para el Gobierno.
La fecha límite es el viernes 11, cuando vence el plazo de las medidas previstas por el último DNU firmado por el presidente Alberto Fernández, pero el proyecto de ley -que cuenta con el aval del Senado- hace varias semanas que está disponible para ser tratado en comisión, aunque su camino legislativo por la Cámara baja fue lento y condicionado por la falta de apoyo en el recinto, ya que no solo lo rechaza la oposición de Juntos por el Cambio, sino varios aliados como Consenso Federal, entre otros.
Sin embargo, el oficialismo parece decidido en avanzar a pesar de no contar con los números necesarios en Diputados para su aprobación ¿Lo habrá conseguido?
Con ese espíritu, fuentes del oficialismo aseguraron a parlamentario.com que el Frente de Todos “está intentando” que este proyecto de Emergencia Covid se debata en comisión este miércoles y se avance con la firma del dictamen para que llegue al recinto.
Por ahora, la convocatoria no está definida y es solo un rumor que crece, pero el oficialismo negocia con sus aliados el acompañamiento a este proyecto de ley.
En este marco, no puede dejarse de mencionar que en otra ley importante sobre subsidios en la tarifas de gas en zonas frías hubo cambios que permitirán incluir a varias localidades de Santa Fe, Córdoba, Catamarca, Jujuy y La Rioja. La pregunta que circulaba este lunes en el Congreso era si estos cambios tendrán relación con los votos que el oficialismo necesita para sacar la emergencia Covid. Tengamos en cuenta que los cuatro cordobeses eran votos que hasta ahora no contaba el oficialismo, como así también los santafesinos Luis Contigiani y el socialista Enrique Estévez. Y cabe consignar, además, que no eran tantos los votos que le faltaban en este caso al Frente de Todos.
Moderna y Johnson & Johnson también participarán por la plataforma Zoom del encuentro de este martes a las 10.
La reunión en Diputados con los laboratorios que producen vacunas contra el coronavirus contará este martes con la participación de representantes de las instituciones Sinopharm (China), el Instituto Gamaleya (Rusia), del Fondo Covax y del Serum Institute (India) que elaboró la vacuna Covishield con el componente de la Universidad de Oxford -AstraZeneca.
Desde la Cámara baja se adelantó que los representantes del laboratorio AstraZeneca presentarán un escrito y no asistirán al encuentro previsto que inicie a las 10 que será transmitido en directo por televisión.
En tanto, los laboratorios con los que el Gobierno nacional se encuentra negociando con Moderna, Johnson & Johnson y Pfizer participarán por la plataforma Zoom.
También estarán la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y su equipo.
Estarán presidentes de bloques y autoridades de las comisiones de Legislación General, que preside Cecilia Moreau, y la vice, Carla Carrizo; y de Salud, que encabeza el tucumano Pablo Yedlin y secunda la macrista Carmen Polledo. También estarán los secretarios de esas comisiones.
El resto de los miembros de las comisiones podrán conectarse por Webex (remotamente).
La metodología de la convocatoria será que primero darán su informe los representantes de los laboratorios y luego los funcionarios hablarán al final.
Por ahora, es que los representantes de cada laboratorio tengan una charla con los legisladores por separado.
La convocatoria
Con el apoyo de los dos principales bloques, Massa emitió la semana pasada una resolución que cita “bajo apercibimiento de ley” a los laboratorios proveedores de vacuna o en trámite de aprobación a que rindan cuentas ante los diputados nacionales.
Según la resolución emitida, se deberán presentarse las empresas de laboratorios productores de vacunas contra el Covid-19 “a fin de dar explicaciones sobre el estado contractual vigente o en discusión y otros temas relacionados con el Ministerio de Salud”.
Al proyecto de ley original presentado por el diputado nacional del Frente de Todos, Máximo Kirchner, se le harían cambios de común acuerdo con otros bloques parlamentarios. Se sumarían Córdoba Capital y Rosario (Santa Fe). Este lunes exponen especialistas, el miércoles se emitirá dictamen y el jueves se lo incluiría en el temario de la sesión en Diputados.
El proyecto de ley de Zonas Frías, impulsado por el oficialismo junto a bloques aliados, comenzó a ser tratado este lunes en una reunión informativa conjunta -por videoconferencia- de las comisiones de Energía y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, pero luego obtendrá dictamen el miércoles y el jueves llegaría al recinto para obtener media sanción.
Según pudo averiguar parlamentario.com, la iniciativa sería más extensa y abarcará nuevas regiones de las provincias de Córdoba y Santa Fe. También a localidades de Catamarca, Jujuy y La Rioja.
Entre las nuevas localidades que se incluirían en el proyecto de ley, figurarían la ciudad santafesina de Rosario y Córdoba Capital.
Esta modificación le permitiría al oficialismo sumar los votos de los diputados cordobeses que responden al gobernador justicialista Juan Schiaretti y otros del socialismo santafesino, por lo que el proyecto de Zonas Frías tendría mayor respaldo a la hora de contar los votos en el recinto.
El proyecto original proponía la disminución de las tarifas de gas en municipios de las provincias de Buenos Aires, Mendoza, San Juan, San Luis y Salta, tiene el beneplácito del Frente de Todos, Consenso Federal y del diputado nacional José Luis Ramón.
Las zonas del proyecto ampliado:
ARTÍCULO 67.- Prorrógase por diez años, el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas del artículo 75 de la Ley Nacional N° 25.565, con las siguientes modificaciones, teniéndose como objeto financiar: a) las compensaciones tarifarias para la Región Patagónica y Mendoza.
San Juan: los departamentos de Jáchal, Sarmiento, Ullum, Zonda, Calingasta, Iglesia, Albardón, Capital, Chimbas, 9 de Julio, Pocito, Rawson, Rivadavia, Santa Lucía, San Martín, 25 de Mayo, Angaco y Caucete;
Salta: los departamentos de Cachi, Cafayate, La Puna, Los Andes, Rosario de Lerma, San Carlos, la Región conocida como la “Puna”.
San Luis: departamento de General Pedernera.
Buenos Aires: Partido de La Costa, Pinamar, Villa Gesell, Mar Chiquita, General Pueyrredón, General Alvarado, Lobería, Necochea, Tres Arroyos, San Cayetano, Coronel Dorrego, Monte Hermoso, Coronel Rosales, Bahía Blanca, Villarino, Patagones, Tandil, Olavarría, Azul, General La Madrid, Coronel Suárez, Saavedra, Tornquist, Coronel Pringles, Laprida, Benito Juárez, Gonzales Chaves, General Juan de Madariaga, General Lavalle, Ayacucho, Rauch, Pellegrini, Salliqueló, Guaminí, Tres Lomas, Daireaux, Balcarce, Puán, Adolfo Alsina, Tapalqué, General Guido, Castelli, Dolores, Maipú, Tordillo, Hipólito Yrigoyen, Carlos Tejedor, Bolívar, Pehuajó, Trenque Lauquen, General Alvear, Rivadavia, General Villegas y Carlos Casares.
Y agrega: “Las localidades que se encuentren dentro de la zona Bioambiental utilizada por ENARGAS, bajo norma IRAM 11603/2012, III, en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis, San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy, que -tengan en la actualidad o- en un futuro sean abastecidas de gas natural y/o gas licuado de petróleo de uso domiciliario, obtendrán en forma automática los beneficios aquí establecidos. Las empresas distribuidoras o subdistribuidoras zonales de gas natural y gas licuado de petróleo de uso domiciliario, deberán percibir dicha compensación por la aplicación de tarifas diferenciales a los consumos residenciales que se establece en este artículo; b) la venta de cilindros, garrafas o gas licuado de petróleo, gas propano comercializado a granel y otros para las mismas regiones, Provincias, Departamentos, Municipios y Partidos del inciso a) del presente artículo”.
Tratamiento exprés:
Tal como había adelantado parlamentario.com, Zonas Frías tendrá un tratamiento veloz en la Cámara baja.
Lunes 7: reunión informativa virtual del plenario de comisiones de Energía y de Presupuesto y Hacienda.
Martes 8: los diputados miembros de las comisiones de Energía y de Presupuesto y Hacienda deberán hisoparse para cumplir con el protocolo debido a la pandemia de coronavirus.
Miércoles 9: reunión plenaria presencial de comisiones de Energía y de Presupuesto para dictaminar favorablemente.
Jueves 10: tratamiento del proyecto en el recinto de Diputados.
La visión de Enargas
El titular del Enargas, Federico Bernal, explicó que “se hizo un estudio teniendo en cuenta información del Servicio Meteorológico Nacional, las temperaturas, y se trazó un mapa en el que se incluyeron estas regiones” denominadas “zonas frías”.
Bernal agregó que “sobre el total de los nuevos beneficiarios, 2.300.000 van a recibir un 30% de descuento y 450.000 un 50%, contemplando criterios de vulnerabilidad para recibir la tarifa social”.
El proyecto
El proyecto beneficiará a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo, de pensiones no contributivas y jubilados -hasta 4 salarios mínimos-, del monotributo social, usuarios que perciben seguro de desempleo y empleados de casas particulares.
También podrán tener este beneficio quienes estén exentos en el pago de ABL o tributos locales de igual naturaleza o los que tengan una pensión vitalicia como veteranos de Guerra del Atlántico Sur.
Respecto del resto de los usuarios residenciales, la tarifa diferencial implicará una disminución del 30% de la factura de gas correspondiente.
Zonas Frías sí, reforma del Ministerio Público Fiscal no. Luego de una semana sin sesionar, el Frente de Todos convocará a una sesión este jueves 10. Los días previos habrá reuniones de comisiones para dictaminar varios proyectos de ley pendientes.
El Frente de Todos en Diputados quiere romper con la parálisis que le impuso la oposición y algunos aliados que rechazan temas claves para el Gobierno nacional y generan que no se logre armar una sesión con “iniciativas robustas”.
Sin embargo, a última hora de este viernes, cuando parecía que otra semana más no se iba a sesionar, hubo una orden de sesionar, por lo que las autoridades de la Cámara baja trabajan a contrarreloj para incluir algunos temas no tan polémicos que ya tienen dictamen y se espera que se incluya la iniciativa del jefe de bloque del FdT, Máximo Kirchner.
Fuentes cercanas al bloque oficialista confirmaron a parlamentario.com la intención de sesionar este jueves 10 y el primer tema que se incluirá es el Consenso Fiscal, una iniciativa que ya estaba prevista aprobar en el último temario de la pasada sesión, pero no se trató por falta de tiempo.
En tanto, uno de los proyectos claves para el oficialismo y que ya cuenta dictamen es la reforma del Ministerio Público Fiscal pero no cuenta con los votos necesarios para ser tratado y el oficialismo no puede llevarlo al recinto por la falta de acuerdos con los sectores aliados que se alinearon con Juntos con el Cambio y rechazan el proyecto.
Otro de los temas que tiene media sanción del Senado pero no fue todavía discutido en comisiones es la Emergencia Covid-19, que tiene como objetivo establecer pautas para administrar la pandemia y fijar criterios epidemiológicos para aplicar las medidas restrictivas.
Así las cosas, el oficialismo trabajará hasta el jueves con mayor intensidad en las comisiones para conformar un temario con el objetivo de debatirlo en el recinto.
¡Dale Gas! La iniciativa presentada por el diputado del Frente de Todos Máximo Kirchner junto a varios aliados tardó casi un mes en llegar a comisones, pero será aprobada con un tratamiento veloz.
El proyecto de ley de Zonas Frías, impulsado por el oficialismo junto a bloques aliados, comenzará a ser tratado el próximo lunes en una reunión informativa conjunta de las comisiones de Energía y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, pero luego obtendrá dictamen el miércoles y el jueves llegaría al recinto para obtener media sanción.
Casi un mes después de ser presentado, Zonas Frías logró tener tratamiento en comisión, por lo que la cita será el próximo lunes 7 a las 15, según pudo averiguar parlamentario.com.
Fuentes parlamentarias adelantaron como será el tratamiento veloz que recibierá el proyecto de ley que impulsa el jefe de bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner.
El lunes 7 habrá un plenario informativo de modo virtual en el que participará el titular de Energas, Federico Bernal.
El martes 8 los diputados miembros de las comisiones de Energía y de Presupuesto y Hacienda deberán hisoparse para cumplir con el protocolo debido a la pandemia de coronavirus.
El miércoles 9 habrá reunión plenaria de comisiones de Energía y de Presupuesto para dictaminar favorablemente y llevar el proyecto oficialista con dictamen de mayoría al recinto de la Cámara baja el jueves 10.
El proyecto, que propone la disminución de las tarifas de gas en municipios de las provincias de Buenos Aires, Mendoza, San Juan, San Luis y Salta, tiene el beneplácito del Frente de Todos , Consenso Federal y del diputado nacional José Luis Ramón.
La visión de Enargas
El titular del Enargas, Federico Bernal, explicó que “se hizo un estudio teniendo en cuenta información del Servicio Meteorológico Nacional, las temperaturas, y se trazó un mapa en el que se incluyeron estas regiones” denominadas “zonas frías”.
Bernal agregó que “sobre el total de los nuevos beneficiarios, 2.300.000 van a recibir un 30% de descuento y 450.000 un 50%, contemplando criterios de vulnerabilidad para recibir la tarifa social”.
El proyecto
El proyecto beneficiará a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo, de pensiones no contributivas y jubilados -hasta 4 salarios mínimos-, del monotributo social, usuarios que perciben seguro de desempleo y empleados de casas particulares.
También podrán tener este beneficio quienes estén exentos en el pago de ABL o tributos locales de igual naturaleza o los que tengan una pensión vitalicia como veteranos de Guerra del Atlántico Sur.
Respecto del resto de los usuarios residenciales, la tarifa diferencial implicará una disminución del 30% de la factura de gas correspondiente.
Las zonas beneficiadas
Este beneficio se aplicará en Mendoza, en los departamentos de San Juan, de Jáchal, Sarmiento, Ullum, Zonda, Calingasta, Iglesia, Albardón, Capital, Chimbas, 9 de Julio, Pocito, Rawson, Rivadavia, Santa Lucía, San Martín, 25 de Mayo, Angaco y Caucete.
También en los departamentos de Salta de Cachi, Cafayate, La Paloma, Los Andes, Rosario de Lerma, San Carlos; la Región conocida como la “Puna” y en el Departamento de San Luis General Pedernera
Y en los municipios bonaerenses del Partido de La Costa, Pinamar, Villa Gesell, Mar Chiquita, General Pueyrredón, General Alvarado, Lobería, Necochea, Tres Arroyos, San Cayetano, Coronel Dorrego, Monte Hermoso, Coronel Rosales, Bahía Blanca, Villarino, Patagones, Tandil, Olavarría, Azul, General La Madrid y Coronel Suárez.
También en Saavedra, Tornquist, Coronel Pringles, Laprida, Benito Juárez, Gonzales Chaves, General Juan de Madariaga, General Lavalle, Ayacucho, Rauch, Pellegrini, Salliqueló, Guaminí, Tres Lomas, Daireaux, Balcarce, Puán, Adolfo Alsina, Tapalqué, General Guido, Castelli, Dolores, Maipú, Tordillo, Hipólito Yrigoyen, Carlos Tejedor, Bolívar, Pehuajó, Trenque Lauquen, General Alvear, Rivadavia, General Villegas y Carlos Casares.
Ante las polémicas surgidas respecto a las negociaciones entre el Gobierno nacional y los diversos laboratorios que elaboran las vacunas contra el coronavirus, la Cámara baja avanzó en común acuerdo y citó a una reunión informativa.
El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, lanzó este miércoles una convocatoria al Congreso a los laboratorios para que informen sobre las negociaciones con el Gobierno nacional en la adquisición de las vacunas contra el coronavirus.
Con el apoyo de los dos principales bloques, Massa emitió una resolución que cita “bajo apercibimiento de ley” a los laboratorios proveedores de vacuna o en trámite de aprobación a que rindan cuentas ante los diputados nacionales, según informaron fuentes parlamentarias.
Según la resolución emitida este miércoles por la noche por la presidencia de la Cámara baja, la reunión será el próximo martes 8 de junio a las 10, en el Salón Delia Parodi. Allí deberán presentarse las empresas de laboratorios productores de vacunas contra el Covid-19 “a fin de darexplicaciones sobre el estado contractual vigente o en discusión y otros temas relacionados con el Ministerio de Salud”.
Serán convocados para participar las autoridades de la Cámara de Diputados y los presidentes y vicepresidentas primeras de las comisiones de Legislación General y Acción Social y Salud Pública. Esto es, Además de las autoridades, podrán estar en la reunión las diputadas Cecilia Moreau, Carla Carrizo y Carmen Polledo y el diputado Pablo Yedlin.
Al respecto, el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio en Diputados, Mario Negri, señaló que “sería acertado que el Presidente de la Cámara baja cite a los laboratorios que proveen vacunas, incluyendo a Pfizer, y también al Gobierno a que brinden explicaciomes en la comisión de Salud. Los argentinos merecemos conocer toda la verdad”, destacó.
