Los diputados nacionales cordobeses de Unión por la Patria, Gabriela Estévez y Pablo Carro, presentaron un proyecto de resolución dirigido al Poder Ejecutivo de la Nación para que informe en detalle sobre los aspectos relacionados a la rotura de la geomembrana de impermeabilización del Dique 3 del yacimiento minero uranífero Los Gigantes, y las consecuencias ambientales y sanitarias que esto implica para la cuenca hídrica del Río San Antonio y el Dique San Roque.

Los legisladores firmantes estructuraron el pedido de informes en seis puntos: causa y detalles técnicos del incidente; plan de acción inmediato y contención; monitoreo de la calidad de agua; estado de las filtraciones; historial de financiamiento para remediación; e impacto de la política de desfinanciamiento. Para este último ítem, exigen un informe que explique cómo la política de ajuste presupuestario y la propuesta de privatización de empresas como Dioxitek S.A.

En los fundamentos, relataron que existe una gravísima situación de riesgo ambiental y sanitario generada por la rotura de la geomembrana de impermeabilización del Dique 3, ubicado en el antiguo complejo minero uranífero Los Gigantes, a unos 30 km de la ciudad de Villa Carlos Paz, en la provincia de Córdoba.

“Este complejo, que operó entre 1982 y 1989, acumula efluentes de la actividad minera en diques de contención, entre ellos el Dique 3. La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) confirmó que la rotura fue causada por vientos de más de 100 km/h, lo que evidencia la vulnerabilidad de las medidas de contención existentes”, cargaron los legisladores de la oposición en el proyecto de resolución.

Críticos de la gestión de Javier Milei, Estévez y Carro señalaron que "la inacción del gobierno también vulnera el derecho a la información y a la participación ciudadana". Y explicaron: "La Ley 25.831 de Régimen de libre acceso a la información
pública ambiental y el Acuerdo de Escazú, garantizan el derecho de la ciudadanía a obtener información sobre la situación ambiental y a participar en la toma de decisiones. La supuesta falta de filtraciones, desmentida por los vecinos, y la opacidad en la comunicación oficial son una violación de estos principios fundamentales".