En vísperas del término de la vigencia de las facultades delegadas, el Gobierno nacional anticipó este lunes el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad a través de un decreto que saldrá publicado este martes en el Boletín Oficial. Tal como venían reiterando, Manuel Adorni ratificó que las facultades extraordinarias no serán prorrogadas por DNU.

Acompañado de un video de archivo televisivo, el vocero presidencial expresó que “la causa Vialidad es un caso judicial donde se investigaron irregularidades en la adjudicación de obras viales en la provincia de Santa Cruz entre el año 2003 y 2015, es decir, a lo largo de los primeros tres gobiernos kirchneristas”.

En otro momento de la conferencia, el portavoz anunció la reorganización de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, conocida como la CNRT, que pasará a denominarse Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos del Transporte, y será la autoridad de aplicación en lo que refiere a normas y actos administrativos relacionados a la fiscalización de concesiones viales.

La noticia generó malestar en los legisladores de la oposición, quienes salieron a expresar el rechazo a través de X. Del otro flanco, los integrantes de La Libertad Avanza y los espacios aliados celebraron el cierre de los organismos de transporte.

Los primeros en manifestarse en contra de los anuncios fueron los diputados santafesinos socialistas. Primero, Esteban Paulón tituló una publicación con “imbecilidad e impericia”. Y luego, añadió: “Con el pretendido cierre de Vialidad Nacional el gobierno de Milei se aplica la motosierra en una pierna. De espaldas a las provincias y el desarrollo, pagará un enorme costo por dejar la red vial librada a su suerte”. “Vamos a recuperar Vialidad”, auguró.

Por su parte, Mónica Fein agregó que “el gobierno desmonta Vialidad Nacional, una institución clave, sin debate ni transparencia, y deja librado al mercado la seguridad vial y la conectividad del país. ¿Quién va a planificar, controlar y cuidar nuestras rutas? Otra vez, perdemos todos”.

Desde Unión por la Patria, la diputada massista Sabrina Selva también criticó la medida en X: “Adorni pretende justificar el fin de las políticas públicas en materia de seguridad vial en Argentina, con un relato que no le cree nadie”. “Lo cierto acá es que el decreto delegado de Federico Sturzenegger tiene una trampa”.

“En el artículo 19 habilitan a que el ministro Luis Caputo se quede con la plata que se recauda de las aseguradoras que hasta hoy iban para seguridad vial. ¿Qué va a hacer ‘Toto’ con esa plata y un gobierno que ni siquiera invierte un peso en obra pública?”, cargó contra el titular del Palacio de Hacienda.

También, Carolina Gaillard remarcó que “circula un borrador de proyecto de decreto delegado del gobierno que disuelve INTA, INTI, INASE y ARICCAME”. Agregó, además, que “cuando se trató ley bases advertimos que esto podía suceder si le dábamos facultades delegadas a Milei. Por eso rechazamos Ley Bases. Era como darle un revólver. Y lo está usando y lo uso, para recortar y disolver organismos”.

“Ayer fue el INT, la Conabip y ahora es el INTA y el INTi. Espero que reflexionen y no avancen sobre estos organismos técnicos que tienen profesionales altamente capacitados que honran su trabajo con profesionalismo todos los días”, cargó la diputada entrerriana.

Del mismo modo, la diputada chubutense Eugenia Alianiello sumó: "El gobierno cierra Vialidad Nacional, el Instituto del Cáncer, el Instituto de Enfermedades Cardiovasculares y otros entes prioritarios para la vida de los argentinos. Nunca olvidemos que lo pudieron hacer gracias a la complicidad de las facultades delegadas que les otorgaron". 

Vanesa Siley, diputada camporista, publicó: “¡No al desguace de vialidad nacional! Ante la inminente publicación del DNU que avanza con el desguace del organismo, mañana acompañaremos la conferencia de prensa de los trabajadores y trabajadoras de Vialidad Nacional, quienes al día de hoy no saben si continúan con su trabajo. Son ellos quienes mantienen las rutas nacionales, conectan pueblos y salvan vidas facilitando el acceso a la salud y a servicios básicos”.

En el mismo sentido, Florencia Carignano agregó: "Mañana eliminan Vialidad Nacional y concesionan más de 9200 Km…. Privatizan las rutas, Eliminan el INTA Eliminan el Instituto Nacional del Cáncer y de Enfermedades Cardiovasculares. Y No se podrán crear nuevos hospitales Nacionales. Por que y de una vez no eliminan a los 30 millones de argentinos que le sobran a este modelo económico que solo beneficia a Milei y sus amigos empresarios".

Los libertarios celebraron los anuncios

El presidente de Presupuesto y Hacienda, José Luis Espert, fue de los primeros oficialistas en manifestarse. "Disolver Vialidad Nacional es terminar con el símbolo más rancio de la 'Korrupción'. No es el fin de la obra pública nacional. esta se seguirá haciendo como hasta ahora solo donde la Nación tenga control y se justifique por cuestiones federales".

También, Carolina Píparo celebró en X: "Chau a la corrupción y al robo por vía de la obra pública. Chau Vialidad".

Ante el desfinanciamiento en la obra pública por parte del Gobierno nacional, los senadores nacionales del bloque Convicción Federal presentaron dos proyectos de ley que proponen declarar la emergencia en el sistema vial nacional por el término de dos años y, además, proteger a la Dirección Nacional de Vialidad ante una amenaza de disolución, privatización o modificaciones en su estructura que perjudiquen a los trabajadores.

“El Gobierno nacional está jugando con la seguridad vial y el desarrollo del país”, resaltaron los legisladores, quienes afirmaron que "con inversión en infraestructura vial se evitan pérdidas de vidas humanas y se bajan los costos logísticos del transporte, entre otros beneficios".

Fernando Salino, Carolina Moisés, Fernando Rejal y Guillermo Andrada mantuvieron un encuentro con representantes de la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA) y de la Asociación Gremial de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional.

Durante la reunión, los referentes gremiales expusieron un diagnóstico alarmante sobre la situación actual de la Dirección Nacional de Vialidad, señalando no sólo un impacto directo en las fuentes laborales, sino también un riesgo concreto para la seguridad de millones de personas que circulan diariamente por las rutas del país.

El objetivo de las iniciativas es "garantizar la continuidad de todas las obras públicas en la red vial nacional y mitigar el deterioro causado por la falta de inversión del Gobierno nacional, mediante la ejecución de los fondos de infraestructura de transporte", apuntaron.

“Es impostergable abordar esta situación con responsabilidad y compromiso federal. La red vial es un componente clave para el desarrollo, la conectividad y la seguridad de todos los argentinos”, sostuvieron desde la bancada que integra el interbloque Unión por la Patria.

Según un informe elaborado por FEPEVINA, más del 60% de la red vial argentina se encuentra en estado malo o regular, lo que confirma la existencia de una emergencia vial a nivel nacional. El estado crítico de las rutas afecta la seguridad vial, incrementa los riesgos de siniestros, eleva los costos logísticos y reduce la eficiencia del transporte, generando consecuencias negativas en múltiples niveles de la vida económica y social.

Los senadores expresaron su profunda preocupación por "la postura del Gobierno nacional, que sostiene una política de desfinanciamiento de la obra pública y ha anunciado la eventual eliminación de la Dirección Nacional de Vialidad. De concretarse, esta medida implicaría la pérdida de trabajadores altamente calificados y comprometería aún más la seguridad de millones de ciudadanos".

El diputado nacional Julio Cobos señaló que “recientemente, la Dirección Nacional de Vialidad firmó un acuerdo con la provincia de Mendoza, para transferir durante un lapso de tres años el mantenimiento y conservación de algunos tramos de las rutas nacionales 7, 40 y 143. Fiscalía de Estado analizó el convenio y si bien dio su aval legal, realizó una advertencia respecto del posible perjuicio que el actual esquema de asignación de recursos nacionales puede perjudicar a la provincia y plantear una situación de inequidad con el resto de los estados provinciales”, y agregó “de ser así, es fundamental que Mendoza realice los reclamos correspondientes al Gobierno nacional para defender los derechos de los mendocinos”.

El legislador radical explicó que “en virtud de la observación formulada por la Fiscalía de Estado de Mendoza respecto al régimen fiscal vigente, que podría perjudicar tanto a nuestra provincia como a otras jurisdicciones, es importante aclarar el origen de parte del presupuesto de Vialidad Nacional” y agregó, “una porción significativa de dicho presupuesto proviene de impuestos específicos sobre los combustibles, particularmente del Impuesto a los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono, creado por ley en 2002. Estos tributos tienen una asignación específica: deben destinarse al mantenimiento y desarrollo de la infraestructura vial a través del Fideicomiso de Infraestructura del Transporte”.

“De acuerdo con el Decreto 976/01, el 28,58% de lo recaudado por estos impuestos debe aplicarse al financiamiento de obras viales dentro del Sistema Vial Integrado (SISVIAL). El impuesto está compuesto por alícuotas y montos fijos que se actualizan mensualmente en función del precio del combustible”, señaló Cobos y agregó “estos recursos son recaudados por el Gobierno Nacional, pero no están siendo girados a la DNV por la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía, como corresponde por ley. Cabe recordar, además, que el desvío de fondos constituye un posible delito y una doble injusticia: es injusto que las provincias, que ya han cedido parte de su coparticipación mediante esta afectación específica, deban además utilizar recursos propios para financiar obras que no son de su competencia directa”.

El diputado explicó que con este pedido “queremos advertir que si el Gobierno Nacional no está transfiriendo estos fondos conforme lo establece la normativa vigente, y les está dando un destino diferente, corresponde exigir el cumplimiento de la ley. De lo contrario, debería derogarse la asignación específica, permitiendo así que esos recursos regresen directamente a las provincias”.

“Según lo manifestado por distintas entidades gremiales, entre enero y diciembre de 2024 la recaudación del Impuesto a los Combustibles Líquidos fue de 2.520.915 millones de pesos. En el primer bimestre de 2025, de los 600.000 millones de pesos recaudados por el mismo concepto, solo se transfirieron 18.000 millones a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), cuando deberían haberse transferido 86.000 millones conforme lo establece el Decreto 976/01, que reglamenta la Ley 23.966. Esto significa que se giró apenas el 20,96% de los fondos que le corresponden al organismo”.

Finalmente, Cobos dijo esperar “que el Ejecutivo Nacional dé respuestas para saber si se está perjudicando a las provincias y que la SIGEN y la AGN intervengan. La realidad es que esta política de abandono de la obra pública del gobierno nacional afecta seriamente a la infraestructura de las provincias, aumenta considerablemente los costos logísticos por el aumento de los seguros, afecta a la seguridad vial de millones de usuarios que transitan día a día y atenta contra el federalismo”.

La diputada nacional Micaela Morán (Unión por la Patria) presentó un proyecto de ley para que el Poder Ejecutivo Nacional declare la emergencia vial por el plazo de 24 meses. Entre los fundamentos, señaló que la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) le solicitó al Gobierno nacional un presupuesto 730 mil millones de pesos, pero debido a la prórroga de la “ley de leyes” sancionada para 2023 se le giró un monto de 475 mil millones.

Asimismo, solicita que la DNV lleve a cabo un relevamiento “urgente” del estado de las rutas nacionales para establecer prioridades de un potencial plan de inversión en todo el territorio. Allí, destacó como estructurales, en ese plan a: Los tramos esenciales para promover la seguridad vial y tutelar el derecho a la vida y salud de las personas; a los tramos de alta transpirabilidad vehicular; a los tamos nodales para el tránsito de producción, comercio y turismo; y a los de interconexión provincial y regional.

En el texto, Morán mencionó a un informe del Ministerio de Obras Públicas del 2021 por el que se detalla que solo un “31% (de las rutas del país) está en buen estado, un 27,6% en estado regular y un 40,7% en mal estado”. “Desde entonces todo empeoró”, aseveró, y añadió otro informe de la Dirección Nacional de Observatorio Vial por el que explicó que “la siniestralidad en la Argentina se lleva 6 vidas por día en las rutas”.

Tal como lo nombra en la iniciativa, este proyecto se suma a los presentados por el diputado radical Julio Cobos, por el estado de la Ruta 7; al de la senadora chubutense Andrea Cristina, referido a las rutas 3, 26 y 40; y al de la salteña Nora del Valle Giménez vinculado al trazado de la Red Vial Nacional de su provincia.

En el final del texto, faculta al Poder Ejecutivo de firmar convenios con los gobiernos provinciales a los efectos de agilizar los procesos de contratación de obras, de operación y mantenimiento de las rutas nacionales que atraviesan sus territorios. Para cerrar, exige al Gobierno nacional a adecuar el presupuesto a la DNV.